Notas sobre la lectura de un libro de Néstor R. Duprey Salgado

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia (RUM)
• Profesor de Estudios Puertorriqueños e Historia (CEA)

Reflexión inicial

En diciembre de 2015 el colega Dr. Néstor R. Duprey Salgado, historiador y comentarista político, me envió el libro A la vuelta de la esquina: el Proyecto Tyding de independencia para Puerto Rico y el diseño de una política colonial estadounidense. Supongo que lo hizo por recomendación de su mentor el Dr. José Carlos Arroyo Muñoz, historiador y amigo al cual distingo hace años por su atinado estudio en torno al activismo del “Grupo de los 22” durante la década del 1960. El título sugerente y la metáfora que contiene me llevaron a leer el volumen de inmediato. Reflexionar sobre el mismo, compromiso que contraigo cuando me hacen un obsequio de esta naturaleza, se hizo más difícil de lo que creía en un principio. Después de todo, la obra de Duprey Salgado salía de imprenta en un momento en el cual el tema de la soberanía y sus modulaciones estaba en eclosión y el país se encontraba en grandes aprietos.

Dr. Néstor R. Duprey Salgado

Estoy consciente de que las crisis materiales siempre ubican el tema de la soberanía sobre la mesa. Así ocurrió entre 1886 y 1887, entre 1929 y 1945 y entre 1971 y 1976. Así también ha sucedido desde 2006 al presente. Me da la impresión de que esa es una condición inherente a países que, como el nuestro, no tienen soberanía política plena pero han vivido bajo la ilusión de que aquella no les hace falta y que con la que poseen se sienten satisfechos. Las crisis materiales tocan puntos sensitivos e instan a cavilar sobre la legitimidad del orden establecido en el cual se desarrollan.

En nuestro caso, la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, cuya anexión se formalizó el 10 de diciembre 1898 y se ha convertido en un largo y pesado interinato, vuelve ser materia de especulación cada vez que los pilares del orden se ven erosionados. La estadidad que esperaban algunos y la independencia que aguardaban otros, nunca se completó. Desde aquel ya lejano entonces los espectros de la soberanía, en la forma en que esta se exprese jurídicamente en un futuro no determinado, nos persiguen por doquier sin que se haya encontrado la forma eficaz de exorcizarlos.

Antes quiero hacer unas aclaraciones sobre mi mirada de la historiografía y su praxis. Primero, quede claro que no soy un especialista en los asuntos de la década de 1930 ni en los avatares del populismo o el Partido Popular Democrático. Segundo, me atrae la interpretación geopolítica del pasado histórico en particular cuando se combina activamente con una mirada económica social bien articulada. Estoy bajo la impresión de que las interpretaciones  macro y micro, cuando dialogan, ofrecen un cuadro más sugerente del pasado. Tercero, me molestan las reconvenciones y los sermoneos de quienes toman por incuestionables las decisiones de los patricios y sacralizan las discursividades de las grandes figuras. Siempre es más fácil levantar un culto que ser crítico respecto a lo que se cultiva. Cuarto, que desde hace años la preocupación central de mi trabajo historiográfico han dejado de ser los hechos (lo que pasó realmente), para concentrarse en la percepción (la recepción de lo que pasó). Y por último, pero no menos importante, me parece que uno de los problemas interpretativos  más visibles de la historiografía sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos a lo largo de los últimos 118 años es que siempre ha estado centrada en nosotros mismos y se ha omitido la imaginación de la interpretación del otro.

El hecho de que me haya sentido tan cómodo leyendo la obra de Duprey Salgado me dice que me encuentro ante una pieza madura que llena mis expectativas como lector y como historiador. Este  texto demuestra que se puede observar un lugar controversial y apasionante del pasado colectivo de una manera inteligente y serena. Un libro tan poco convencional requiere una lectura poco convencional. La espera de diciembre de 2015 a mayo de 2016 no ha sido en vano.

 

Un libro

A la vuelta de la esquina es un estudio crítico, original y profundo de las percepciones o impresiones contradictorias que produjo un proyecto de independencia formulado por el Congreso de Estados Unidos en tiempos de crisis. Dado que la crisis tenía visos políticos -el auge del nacionalismo cultural-; económicos -la depresión y la necesidad de reformular el capitalismo-; y sociales -la pobreza extrema y las contradicciones que ello genera-, el Proyecto Millard Tydings de 1936 provocó una conmoción enorme al momento de plantearse. El lector puede confiar en que se encuentra ante una discusión incisiva de esa parte de la historia política del país.

A la vuelta de la esquina (2015)

Un meticuloso estudio historiográfico del affaire Tydings y su lugar en la discusión profesional y no-profesional puertorriqueña en el capítulo 1 (15 ss), se complementa con un cuidadoso estudio biográfico de Millard Tydings en el contexto de su tiempo en el capítulo 2 (41 ss). Estos capítulos llenan un espacio vacío: el personaje deja de ser el nombre de uno más de los agentes del imperialismo y se convierte en persona en la medida en que las fuentes lo permiten. El capítulo 3 (65 ss) trae a colación la conexión de tres polos narrativos: Tydings, Elisha. F. Riggs y el «Nuevo Trato». En el capítulo 4 (93 ss) se pormenorizan la genealogía del proyecto de independencia para Puerto Rico en el contexto de la “Política del Buen Vecino” y se confirma el impacto del modelo de Islas Filipinas en el caso local. En el capítulo 5 (153 ss) se desmantelan las hipótesis dominantes y se penetra en el entrejuego político con personajes nuevos como Harold Ickes y Luis Muñoz Marín. En el capítulo 5 (265 ss) se revisan las secuelas del texto de 1936 hasta el inicio de la segunda guerra mundial, su impacto en la clase política puertorriqueña  y en el surgimiento de un populismo no independentista. El volumen cierra con el retorno del proyecto bajo discusión en medio de la guerra.

El lector no se encuentra  ante un volumen que discuta el Proyecto Tydings sino ante un libro que captura las discusiones que condujeron al mismo y las impresiones que produjo en una generación política atribulada. En eso radica su mayor valor. El texto de Duprey Salgado no es sólo eso. Es también un estudio de la manipulación ideológica, del acomodo de ciertas versiones sobre el pasado y de los procesos semánticos por medio de los cuales se consigue su   canonización. En ese sentido, estas páginas ofrecen pistas extraordinarias para determinar la forma en que una percepción o impresión se impone sobre las otras y se hace incuestionable. Duprey Salgado elabora un elegante proceso de desmantelamiento de las “verdades sospechosas” heredadas en torno al affaire Tydings de 1936.

Este libro demuestra que, en términos generales, la imagen que poseen del pasado incluso aquellos que lo enfrentan con los instrumentos de una disciplina formal, siempre está mediado por el lugar desde el cual se le apropia, se le mira y se le desea. La idea de que  el pasado está determinado por el(los) presente(s) nunca ha sido afirmada con mejores argumentos. También corrobora que, en demasiadas ocasiones, la noción que se posee del pasado responde o sirve más a las necesidades morales del observador que a la voluntad de responder una pregunta de manera confiable o comprensiva. El logro mayor de esta tesis es su reflexión en torno a la reevaluación del Proyecto Tydings y su transformación de un acto de “venganza” del senador por el asesinado de su amigo y jefe de policía Riggs, en un proyecto legislativo redactado por un político serio con el apoyo del ejecutivo. La explicación moral de la venganza malévola de un resentido racista, ha sido suplantada por una teoría coherente apoyada en un estudio contextual muy bien documentado.

Duprey Salgado, historiador y estudioso cuidadoso, no descarta las motivaciones personales de un todo. La humanidad está allí detrás de los personajes y los seres humanos en su circunstancia, nunca se desprenden de esa emocionalidad que nace de la química. El autor tan sólo sugiere que sería apropiado ver a Tydings como el “impulsor de un diseño de política pública que dirigiera a los territorios de Filipinas y Puerto Rico de la condición colonial a la independencia” (1) Estoy por completo de acuerdo con esa propuesta: el cambio de lente siempre es enriquecedor. Como investigador profesional preocupado por la recuperación humanística y psicológica de los personajes del pasado, no puedo poner en duda la sinceridad de Tydings como favorecedor de la independencia para Filipinas y Puerto Rico.

No dudo de su sinceridad. De lo que sigo dudando es de las buenas intenciones de su proyecto. Después de todo, ese no es el tema de libro de Duprey Salgado. En verdad un Tydings transparente y sinceramente anticolonial y antiimperialista me resulta difícil de aceptar. Cada vez que vuelvo a leer su proyecto de 1936 me resisto a ello. La razón es que estoy convencido de que Washington, un Congreso o un Senador, pueden favorecer una causa simpática para muchos puertorriqueños, incluso la independencia de Puerto Rico. Pueden hacerlo y seguir siendo respetuosamente imperialistas y seguir viendo en los puertorriqueños una cultura inferior que debe dejar atrás los “fetiches”, entiéndase valores, de su pasado.

Un modelo bien conocido de que la independencia y el imperialismo no son principios antitéticos es la praxis en la filosofía jurídico política de José De Diego Martínez. El abogado de Aguadilla imaginó que la “independencia con protectorado” en la década de 1910 podía realmente depender de la  confianza, desde mi punto de vista candorosa y excesiva, en la buena voluntad de las administraciones republicanas y demócratas de Estados Unidos. El letrado de Aguadilla no interpretaba siquiera la Ley Foraker como un acto de colonialismo feroz y prefería verlo como una garantía para la identidad nacional del país por su reconocimiento de la “Ciudadanía Portorriqueña”. Por otro lado, el jurista independentista aceptada de buena fe del tutelaje yanqui como un mentorado o preparación hacia la libertad que nos daría el “otro” sobre la base de los argumentos de un “destino manifiesto criollizado” que casi no se comenta hoy. Si pienso el asunto como Rosendo Matienzo Cintrón, el Tío Sam civilizaría a Pancho Ibero para bien nuestro.

Sobre la evolución ideológica de Muñoz Marín y el papel del Departamento de Guerra en el giro antiindependentista del vate, la reflexión de Duprey Salgado confirma y documenta muchas de mis intuiciones previas. Este estudio mata un sueño: demuele la imagen pietista de Muñoz Marín como víctima inopinada o fortuita de unas circunstancias que lo excedieron. La imagen moral a la que apelan algunos soberanistas del presente, la que dibuja al líder popular como el pensador que sacrificó, a su pesar, el santo ideal de la independencia por consideraciones de utilidad política o por el amor filial a las clases populares para luego sentirse culpable por ello, se disuelve. Ese relato de mal gusto lo que hace es reducir un proceso  complejo a la metáfora de un cuadro de Francisco Rodón y una lágrima. Duprey Salgado consigue hacer todo esto sin apelar a la  figura del “traidor”, imagen tan manida por la discursividad nacionalista agresiva. Sin lugar a dudas, el Tydings y el Muñoz Marín que recupero tras la lectura del libro que tengo sobre la mesa son otros.

 

Tydings ¿Un proyecto descolonizador o neocolonizador?

El Proyecto Tydings de 1936, lejos de significar la novedad, representaba la continuidad de un discurso o de una retórica que siempre había estado allí. En la década de 1910, apelar a la “independencia con protectorado” como lo hacía De Diego Martínez, implicaba reconocer la incapacidad del país para la “independencia en pelo”.  En 1936 aceptar acríticamente el Proyecto Tydings, una impostura grosera del Congreso, implicaba el reconocimiento de la misma incapacidad para imponerle a ese cuerpo los criterios apropiados desde una colonia pobre el Caribe.

Blanton Winship, Lawrence Kramer y Millard Tydings

En el primer caso (1910), las limitaciones que imponía el protectorado eran tantas que la situación de Puerto Rico libre no hubiese sido distinta a la de la Cuba plattista. En el segundo caso (1936), el Puerto Rico libre hubiese funcionado como una neocolonia o una dependencia más de Estados Unidos una vez proclamada la misma por el presidente de Estados Unidos casualmente un 4 de julio tras 4 años de atropellada transición hacia una dimensión desconocida. La paradoja de que el libertador de la nación tuviese que coincidir con el primer ejecutivo del imperio no deja de ser sorprendente y amarga. No olvide el lector que un 25 de julio, aniversario de la invasión, izaron la bandera del Estado Libre Asociado. La aceptación pasiva de una oferta de aquella naturaleza implicaba el reconocimiento implícito de la sumisión al “otro” y del poco poder de regateo del “yo” ante una situación irrisoria. Y también en ambos casos, depositar la esperanza de liberación en las promesas del “otro” conduciría a un callejón sin salida caracterizado por la desmovilización de la militancia puertorriqueña en un afán comprensible por esperar que las aguas llegaran a su nivel. El Dr. Ramón E. Betances Alacán denominaba a ese estado intermedio entre la esclavitud y la libertad una “media independencia” o “hipotecada”.

Lo cierto es que los términos del Proyecto Tydings y la actitud de la administración Franklyn D. Roosevelt ante Puerto Rico dejaban mucho que desear en 1936. Ratificaban que la impresión de que los puertorriqueños eran incapaces para el gobierno propio que justificó la relación colonial desde 1898 seguía siendo un problema. Una cosa sí demuestra esa experiencia: los espacios que se abren para el cambio radical o moderado en tiempos de crisis suelen ser movedizos e inconstantes.

La sinceridad de Tydings y la naturaleza de la propuesta sintetizan la otra gran paradoja de aquel momento. El proyecto del 24 de febrero de 1936 sugería la convocatoria de un referéndum independencia “sí” o “no” tras el cual, de ganar el “sí” como se auguraba acorde con el entusiasmo de la clase política, se autorizaría la celebración de una Convención Constituyente a no más tardar el 1ro de junio de 1937. Los 4 años de transición política y económica de la dependencia colonial a la  independencia neocolonial se proyectaban llenos de incertidumbre.

Antes del retiro de Estados Unidos, los puertorriqueños debían garantizar su fidelidad a ese gobierno y declarar exentos de pago de contribuciones cualquier propiedad suya en la isla. El tutelaje jurídico y la doctrina de la supremacía federal seguirían activas. La Corte Federal continuaría allí y la política exterior de Puerto Rico estaría bajo el control de Estados Unidos quien conservaría el poder para expropiar tierras a su discreción para fines militares y para enlistar insulares para sus fuerzas armadas sin que ello implicara un compromiso con la defensa de Puerto Rico en caso de agresión extranjera. No solo eso, Puerto Rico debería reconocer el derecho de intervención de Estados Unidos en caso de necesidad.  Las transferencias federales del “Nuevo Trato” cesarían de inmediato, las agencias federales dejarían de expedir préstamos a las agencias locales y cesarían de inmediato de gastar dineros en el territorio liberado.

La constitución del Estado Libre, Mancomunidad o Commonwealth of Puerto Rico, una vez redactada, debía ser aprobada por el presidente de Estados Unidos y refrendada  otra vez por los puertorriqueños, y aquel gobierno se reservaba el derecho de enmendar la misma incluso luego de fundada la república. Las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos se tramitarían por medio de un Comisionado Residente en Washington y un Alto Comisionado de Estados Unidos en la isla. La constitución de la República no aplicaría a Culebra ni a sus cayos adyacentes cuya jurisdicción absoluta Estados Unidos se reservaba.

Al cabo de esos 4 años,  los productos de la isla pagarían tarifa completa como cualquier país extranjero y los puertorriqueños tendrían que  escoger entra las dos ciudadanías pero no podrían tenerlas las dos. Una de las preocupaciones centrales de Tydings era la cuestión del manejo de la deuda de Puerto Rico. Durante el periodo de transición de 4 años se mantendrían los márgenes prestatarios impuestos por la Ley Jones, se prohibía al país endeudarse con otro gobierno extranjero a menos que lo autorizara el Presidente y dejaba en manos del gobierno por nacer las deudas acumuladas durante la relación colonial previa. El gobierno de Puerto Rico libre tendría que liquidar los bonos en circulación y asumir las deudas del ejecutivo y de los municipios y los costos de las obligaciones de Estados Unidos respecto a Puerto Rico desde el Tratado de Paris de 1898. Y, por último,  el Presidente se reservaba el derecho de suspender cualquier ley que afectase el pago de las obligaciones de Puerto Rico o el pago de sus deudas aún después de la proclamación de la independencia para lo cual se destacaría un alto Comisionado estadounidense en la isla con el poder de incautarse de los derechos de aduana para garantizar los procesos de cobro. Estados Unidos no estaba dispuesto a hacerse cargo de la deuda generada durante una relación colonial que aquel país había impuesto y de la cual había sacado enormes beneficios.

No se trataba de una Junta de Control Fiscal en el sentido en que se propone hoy pero la mirada contable y fría de las autoridades estadounidenses, no ha cambiado mucho. Visto desde el presente las condiciones ofrecidas eran lógicamente inaceptables sin que ello deba interpretarse como que que Muñoz Marín tenía razón y Pedro Albizu Campos no: la razón es una contingencia más. La palpable algarabía con las propuestas y el apoyo masivo que recibió, demostraba el agotamiento de una relación que debió terminar hace tiempo y la desconfianza entre las partes involucradas en una negociación que nunca se dio. Los cantos de sirena y la esperanzas se confundían con mucha facilidad.

Federico Nietzsche en su escrito póstumo Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral (1903) se preguntaba “¿Qué es entonces la verdad?” Su respuesta informará sobre cómo veo este dilema del pasado-presente:

(La verdad es) una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal.

Los libros me parecen excelentes si me mueven a la reflexión. Este título de Néstor R. Duprey Salgado definitivamente lo es.

 

 

Reformas económicas y cambio social: el papel de la Guerra Fría

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La “Operación Manos a la Obra” inició formalmente bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín, una vez este fue electo por voto popular en 1948. Aquellas prácticas marcaron el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico hasta 1964, cuando el veterano líder abandona el poder y señala como sucesor al ingeniero  Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). “Operación Manos a la Obra” se desarrolló en el contexto peculiar: el capitalismo acababa de salir de salir de una crisis económica enorme que había desembocado en la debacle política de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) mientras en el horizonte maduraba la Guerra Fría (1947-1991). La Gran Depresión había conducido a la conflagración mundial pero la paz no había impedido la división del mundo de la posguerra entre socialistas y capitalistas. En verdad, la competencia por el control de los mercados coloniales y el capital internacional seguía siendo la orden del día en la posguerra.

En el campo socialista dominaba una aparente seguridad con respecto a la función del Estado como agente protagónico de los procesos económicos. En el campo capitalista, el momento era apropiado para revisar algunos artículos de fe de la economía liberal tal y como se había conducido hasta aquel momento. Los cuestionamientos al capitalismo clásico miraban hacia sus fundamentos teóricos. La idea de que el Mercado se autorregulaba por obra de la “mano invisible” y la “ley de oferta y demanda”, comenzó a parecer una ilusión y fue dejada atrás.

Del mismo modo, la confianza en que el avance del capitalismo garantizaría acceso igual a la riqueza a todos y eliminaría las carencias sobre la base de la libre competencia ya no resultaba convincente. Los espasmos producidos por la Gran Depresión y la profundización de la desigualdad, fenómenos que se repiten en la crisis del presente, minaban la confianza en el capitalismo liberal y estimulaban la oposición a ese orden social a nivel global. Después de la guerra el socialismo internacional encontró el terreno preparado para su difusión como una opción real. Incluso los teóricos del capitalismo reconocían la validez de ciertos razonamientos del socialismo teórico: la experiencia concreta de aquel orden social podía palparse en la Unión Soviética desde 1917.

Earl Browder, dirigente de Partido Comunista de Estados Unidos

Para Estados Unidos y  Puerto Rico aquello significaba que se penetraba en una nueva era económica. El Estado no sería un observador ajeno de la actividad económica y el mercado sino que intervendría como un agente activo en ambas e incluso competiría como un agente más en igualdad de condiciones y, por aquel entonces, con numerosas ventajas. Con ello se consolidaba lo que se ha denominado el Estado Interventor. La implicación era que el Estado fungiría como un árbitro o mediador que representaría los intereses del Pueblo en aquel juego de lucha de clases e intereses contradictorios. Su arbitraje iría dirigido a reducir o  podar los desequilibrios y las injusticias del mercado capitalista, a la vez que estimularía una justa distribución de la riqueza a la vez que adelantaba la igualdad y la justicia social. Para ello articularía políticas que favorecieran a los parados o desempleados, los pobres y los marginados.

El parentesco intelectual de aquella propuesta con los movimientos asociacionistas, mutualistas y cooperativistas del siglo 19 era  evidente. En cierto modo, los capitalistas clásicos podían ver con resentimiento un esfuerzo público que parecía atentar contra la libre competencia a favor de un sistema menos competitivo pero más eficaz y estable. Al día de hoy se sabe, ya se reconocíaen aquel entonces, que la intención  era estimular la descomprensión de las contradicciones sociales existentes que, en el contexto de la Guerra Fría, podían estimular las respuestas socialistas al problema. Se trataba de una bien articulada campaña para salvar el capitalismo con un nuevo rostro más humano. El producto neto de ello fue lo que se ha denominado el Estado Providencial o Benefactor. La justicia social sería planificada y administrada desde arriba.

La Revolución Socialista era una “amenaza” real después de 1945.  La Unión Soviética no abandonó los territorios ocupados durante la guerra tras su avance hacia Europa. Aquellos territorios comenzaron a adoptar bajo la presión interna y externa, el modelo socialista de producción. En 1946 lo hicieron Albania y Bulgaria, aquel  mismo año en China y Filipinas los comunistas presionaban militarmente. Ya para el 1947,  las tensiones entre Estados Unidos y Unión Soviética llegaron al extremo de la confrontación en Berlín. Y en 1948, Checoslovaquia y Corea del Norte proclamaron el socialismo con apoyo soviético. Para esa fecha ya se hablaba de la existencia de un “Telón de Acero” que separaba las dos Europas, la occidental y la oriental, el  “Bloque Socialista” comenzaba a consolidarse y el bipolarismo de la era de la Guerra Fría estaba por madurar.

Norman Thomas, dirigente del Partido Socialista de Estados Unidos

El Estado Interventor, Providencial y Benefactor se instituyó para frenar aquella tendencia y el Puerto Rico el “Nuevo Trato”, el Partido Popular Democrático, Rexford G. Tugwell, Luis Muñoz Marín, la Ley 600 y el Estado Libre Asociado, representaban cabalmente la situación. La meta de aquel esfuerzo reformista y racionalizador era estimular el crecimiento  y evitar una crisis que podría facilitar la expansión de los movimientos socialistas.

Una pregunta que se cae del tintero es si Puerto Rico corría peligro de “caer en manos de los comunistas” en los años 1940 y 1950. En la isla existía un Partido Comunista desde 1934. Se trataba de una organización  prosoviética pequeña que, en 1938 recomendó a su militancia que apoyara al Partido Popular Democrático a la luz de la política de “frentes populares” auspiciadas por el Comunismo Internacional. También existía desde 1915 un Partido Socialista. Pero se trataba de una organización amarilla y no roja, es decir, no respaldaba la revolución proletaria y tendía al reformismo y al obrerismo. Por otro lado, su dirección era estadoísta y se reconocía que estaba asociada al capital puertorriqueño y extranjero por lo que  no era para nada amenazante. Aliados con el Partido Republicano, habían estado en el poder entre 1933 y 1940 en la denominada Coalición Puertorriqueña. Una vez ganó el PPD, su influencia en el movimiento obrero quedó en entredicho. Ninguno de ellos era un agente capaz de hacer una revolución socialista en el país.

Mirando hacia fuera del país, el Partido Comunista de Estados Unidos, dirigido por Earl Browder (1891-1973) hasta 1945, apoyaba abiertamente a la independencia para Puerto Rico. Las relaciones entre aquella organización y el Partido Nacionalista se habían profundizado por los contactos entre prisioneros políticos de ambas tendencias en la cárcel de Atlanta entre los años 1937 y 1943. Una vez los presos comenzaron a salir de la penitenciaría, las mismas se hicieron más profundas. En Nueva York, militantes nacionalistas bona fide como Juan Antonio Corretjer, Clemente Soto Vélez, Juan Gallardo Santiago, José Enamorado Cuesta, entre otros, se afiliaron al comunismo. Sin embargo, las relaciones entre las comunistas y nacionalistas se rompieron cuando Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial como un aliado de la Unión Soviética.

Por último, el Partido Socialista de Estados Unidos dirigido por Norman Thomas (1884-1968), apoyaba las políticas del “Nuevo Trato” y prefería mayor autonomía para Puerto Rico y no la independencia ni la estadidad. En realidad, la amenaza socialista en Puerto Rico era un fantasma y una invención de la histeria anticomunista estadounidense. La única revuelta política violenta, la Insurrección Nacionalista de 1950, no respondía a reclamos socialistas o de igualdad social en el sentido que las izquierdas adjudican a esos principios. Lo cierto es que el Partido Nacionalista no encajaba en el lenguaje de la Guerra Fría sino más bien en el discurso antifascista de la Segunda Guerra Mundial.  La tendencia de las autoridades federales y estatales a asociarlos al fascismo, al nazismo e incluso a la Cosa Nostra o mafia fue muy común. A pesar de ello se les arrastró hacia las invectivas propias de las Guerra Fría y se les asoció al comunismo y al socialismo si mucho recato.

Conclusiones

El Puerto Rico contemporáneo, como se habrá podido palpar, se configuró en el contexto de complejas crisis globales y nacionales. La Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la Guerra Fría y el anticomunismo exhibicionista de la Doctrina Truman de 1947 impactaron, sin quitarle toda su autonomía de acción, a la clase política puertorriqueña dominada por el Partido Popular Democrático. Pero es importante recordar que Puerto Rico pasó por aquel proceso sin soberanía política, lo que significa que siempre alguna fuerza externa decidió en su nombre hacia dónde debía dirigirse y cuál discurso era legítimo esgrimir desde la oficialidad y cuál no. La transfiguración de la Ley Smith en Ley de la Mordaza (1947-1948) es la prueba más dramática de ello. Fue en aquel contexto complejo que las reformas se aplicaron al país.

Reformas económicas y cambio social: una introducción

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

 

El período que va de 1940 a 1964 fue determinante en la configuración de la imagen del Puerto Rico moderno. A lo largo de aquellos 24 años, se consolidaron las estructuras de lo que se denominaría el Estado Interventor, Providencial o Benefactor que el país ha visto disolverse desde la década de 1990. Aquel proceso tuvo la peculiaridad de que se ofreció en el contexto de una relación de dependencia colonial con Estados Unidos que fue refinada en 1952 por medio de la constitución del territorio no incorporado en un Estado Libre Asociado. El caso de Puerto Rico es, por lo tanto, único.

La victoria parcial del Partido Popular Democrático en las elecciones de 1940 jugó un papel determinante. La intención de los populares estaba por cumplirse: la relación entre la gente y el Estado sufrió un cambio interesante. En términos generales, la impresión de que el Estado actuaría como un mediador justo en las tensas relaciones entre el Pueblo y el Mercado se afirmó. Los cuadros administrativos del PPD tenían una gran responsabilidad a cuestas. La tarea no debía ser difícil por el hecho de que el referente inmediato que poseía la gente era el gobierno de la Coalición Puertorriqueña. Los Republicanos y los Socialistas eran considerado como lo socios naturales de los grandes intereses y el capital absentista.

Puerto Rico, Puerto Pobre

Para consolidar su imagen, el PPD se apoyó en un conjunto de actos que confirmaban su compromiso moral y material con la gente. El lenguaje del “Nuevo Trato” fue instrumentalizado con eficacia por el liderato que rodeaba a Luis Muñoz Marín, una figura carismática no exenta del autoritarismo que caracterizó a los líderes de los movimientos populistas de su tiempo. Las acciones de los populares traducían las políticas de los Demócratas en Estados Unidos. Muñoz, Roosevelt y Tugwell, fueron las figuras emblemáticas de aquel momento de cambio al cual todavía se apela en momento de crisis hoy.

El proceso no se desarrolló sin tropiezos. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, las derechas políticas, identificadas con los Republicanos, calificaron como socialistas aquellas prácticas. Su alegato era que el Novotratismo atentaba contra los valores de la Libre Empresa y la Libre Competencia y minaban las bases del capitalismo liberal clásico. Pero no tomaban en cuenta que aquellas prácticas se llevaban a cabo con el fin de salvar el capitalismo y no con el propósito de socializar la riqueza y eliminar la propiedad privada. Las derechas perdieron la compostura ante el reformismo una vez vieron amenazado el control sobre el capital y, con ello, su posición social.

La aplicación del “Nuevo Trato” tuvo el efecto de suavizar las tensiones políticas y las tensiones de clase en Puerto Rico dentro de los sectores más propensos a la moderación. El único sector que no se tranquilizó fue el Partido Nacionalista, representado por la voz de su Presidente Pedro Albizu Campos. Tanto en 1930, en medio de la Gran Depresión, como en 1950 en el preámbulo de la construcción del ELA, sus posturas se endurecieron y respondió con la violencia.

El elemento más característico de aquel período fue, como se ha dicho, que el Estado desempeñó un papel muy activo en el mercado y la economía. La práctica de “dejar hacer, dejar pasar” propia del capitalismo clásico fue revisada, y el Estado comenzó a intervenir y regular las prácticas económicas y, cuando fue posible se convirtió en un agente activo. La novedad era que el capital público estuvo en posición de competir con el capital privado, todo ello en nombre del Pueblo. La diversificación de las funciones del Estado fue clave en el proceso de profesionalización de su plantilla de funcionarios y el crecimiento del mismo. El servicio público según lo conocemos y lo que acabó por denominarse el “gigantismo estatal”, encuentran sus fuentes en aquel proceso.

Teodoro Moscoso: un signo del Puerto Rico industrial y dependiente

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la imagen que se tenía en aquel entonces se apoyaba en el convencimiento de que el Estado podía ofrecer servicios de más alta calidad y a un costo más bajo que la empresa privada. El egoísmo en que se apoyaba la empresa privada no era entonces una característica atribuible al Estado. La percepción dominante era que el Estado era el representante sincero del pueblo ante la explotación del capital. Si se compara aquella situación con los argumentos que se han utilizado en los últimos 20 años para justificar las privatizaciones de los bienes públicos, se comprenderá el abismo que existe entre aquel momento y el presente.

El PPD consiguió sus metas inmediatas mediante la instauración de una serie de medidas y la creación de un conjunto de entidades que estimularon y racionalizaron las estructuras económicas del país. El modelo más importante fueron una serie de corporaciones públicas que tuvieron el deber de invertir capital público en infraestructura útil y una serie de obras modernizadoras. El proceso marcó el camino del país a la modernización de una manera convincente y palpable, y cambió las percepciones sociales y culturales de la mayoría de los puertorriqueños. La idea de que se estaba “rompimiento con el pasado” resultaba innegable para aquella generación de puertorriqueños. La gente estuvo en posición de apreciar el “cambio que se ve” más que en ninguna otra época de la historia nacional. Si fuera a hablar de un momento “traumático” en el pasados colectivo, no escogería el 1898 y el “cambio de soberanía” sino el camino que se abrió para el país después de 1940.

 

Las medidas

Las medidas más significativas que se tomaron iban en dos direcciones: una miraba hacia el pasado y la otra hacia el futuro. De cara al pasado, en 1941 se aprobó una Ley de Tierras con el fin de cumplir una promesa esperada por muchos: la articulación de una reforma agraria y minar el latifundismo mediante el cumplimiento de la vieja Ley de los 500 acres que prohibía a la corporaciones acaparar tierras más allá de aquella extensión. Para ese fin se fundó una agencia denominada Autoridad de Tierras. De cara al futuro, luego de algunos esfuerzos infructuosos en aquella dirección en 1944 y 1945, no fue hasta 1947 que se aprobó una Ley de Incentivos Industriales que concedía exención contributiva a los inversionistas extranjeros y que fue la base de la “Operación Manos a la Obra”, fundamento del proceso de industrialización del país. La industrialización había sido sugerida como una alternativa de futuro para el país del 1934 por el entonces Canciller o rector de la Universidad de Puerto Rico el Dr. Carlos Chardón por lo que se trataba de una opción que habían compartido los intelectuales del Partido Liberal Puertorriqueño y luego del PPD.

La meta era convertir a Puerto Rico en un lugar apropiado para la inversión de capital americano. Las razones para ello era que Europa y Japón estaban reconstruyéndose de la devastación producida por la guerra; mientras África y el Sudeste Asiático, estaban en proceso de salir del coloniaje a la vez que China caminaba hacia el Comunismo, sistema que se consolidó en aquel inmenso país en 1949. Recuerde el lector que tras la guerra, los imperios coloniales inglés, francés y holandés se estaban disolviendo y la Unión Soviética, el principal aliado de Estados Unidos contra el nazismo, se había convertido en el enemigo desde 1947.

Aquellas políticas de los populares trabajaban los dos frentes más importantes del partido de gobierno y de Muñoz Marín. El agrario, con la intención de establecer acceso democrático a la tierra, y el industrial, estableciendo las condiciones concretas para su fomento: hacer de Puerto Rico un paraíso fiscal sobre la base de exenciones. Es curioso que, todavía al presente, se siga pensando en que esa es la única salida que tiene el país a pesar de que históricamente, se pueda demostrar que aquellas prácticas nunca han garantizado un crecimiento seguro y permanente.

 

Las entidades

Las entidades de mayor relevancia fueron la Junta de Planificación, creada en 1942, la cual tendría la responsabilidad de desarrollar un “Plan Maestro de Desarrollo” cuya articulación descansaría en manos de la Compañía de Fomento Industrial. El culto a la “planificación” como alternativa a la “anarquía capitalista” se generalizó después de la Gran Depresión en espacios tan disímiles como Washington y Moscú. Roosevelt y Stalin caminaban el mismo sendero que trataba de imponer la racionalidad al mercado en nombre del progreso material.

Aquel mismo año 1942, se creó el Banco de Fomento, institución que apoyaría con crédito barato el financiamiento de empresas privadas y públicas que allanaran el camino a la industrialización. Otra vez mirando hacia el pasado agrario, se estatuyó en 1945 Compañía de Fomento Agrícola cuyo objetivo era responder los reclamos de los agricultores medianos y los colonos de la caña. Cuando en 1950 la Compañía de Fomento se puso en manos de Teodoro Moscoso, el Banco de Fomento ya era uno de los motores de crecimiento de renglones como el de la construcción que ha sido considerado uno de los pilares del desarrollo industrial del país hasta el presente.

Sobre esa base se manufacturó una imagen de Puerto Rico en la que este ofrecía un espacio privilegiado de producción caracterizado por la paz social, la mano de obra barata y la exención contributiva al capital extranjero. El problema era que el “extranjero” en Puerto Rico, que tenía una relación de libre mercado con Estados Unidos, se limitaba a aquel país. El paraíso fisca fue también un paraíso para la inversión americana y, mientras aquellas condiciones se mantuvieran, el esquema debía ser al menos funcional.

 

Turismo: el paraíso tropical

Las corporaciones públicas

Las corporaciones públicas cumplieron un papel protagónico en la inversión en infraestructura, aspecto más visible del cambio y la modernización. En 1941 se fundó la Autoridad de Recursos Hidráulicos que tenía la responsabilidad de promover la electrificación del país mediante el aprovechamiento del potencial hidrológico de la isla, una de las mejor irrigadas del Caribe, y facilitar el acceso a agua potable a bajo costo a las mayorías. El papel que tuvo el consumo de agua potable en la higiene y la salud pública fue enorme, por cierto, pero es un asunto que no se puede discutir en este espacio. En 1942 se instituyó una Autoridad de Transportes que desarrollaría la transportación pública en la zona metropolitana de San Juan, región privilegiada de las políticas desarrollistas de los populares; y una Autoridad de Comunicaciones que difundiría la telefonía y la telegrafía, recurso que apenas habían asomado en las zonas urbanas del país hacia la década de 1890. En 1945, como último ejemplo, se creó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cual se encargaría de distribuir agua potable y de disponer eficazmente de los desperdicios sanitarios por medio de un sistema de alcantarillados urbanos que todavía en el presente no ha llegado a todas las regiones del país.

Vistas en su conjunto, aquellas reformas significaban el aspecto más visible de la modernización de Puerto Rico y desprenderlas del Partido Popular Democrático resulta extremadamente difícil. En su conjunto, hacían al país más atractivo para los inversionistas americanos quienes, en su mayoría, estaban acostumbrados a las comodidades de la vida moderna desde hacía más de 50 años. Para los puertorriqueños comunes, los cambios eran una demostración de progreso social que había que aplaudir. Celebrándolos celebraban al PPD en el poder, organización que entre 1940 y 1964, ganó todas las elecciones por una amplia mayoría.

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1946-1950)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su cuestionable legitimación internacional por la Organización de Naciones Unidas (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron  estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco, quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monge en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por el diplomático estadounidense Jack K. McFall, son un ejemplo de ello. Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular soberanista que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo y uno de los agentes politicos que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Juan Maldonado Noriega, líder estudiantil (1948)

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento y, en general, fue desoída. El proceso que a la larga condujo a la consolidación del ELA en 1952, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la «acción inmediata» por medio de la protesta violenta. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el «Maestro», una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, izó la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político desde la década de 1930, ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos”. La emblemática torre universitaria había sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939 como reconocimiento al novotratismo y su papel en la recuperación económica del territorio en medio de la Gran Depresión y tenía un valor simbólico extraordinario. Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre. El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión y el activismo independentista, nacionalista o socialista en el país. El lenguaje fundamentalista y autoritario de la ley sigue siendo impresionante: predicar, organizar, publicar, difundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran actos equiparados ante la ley y tratados como una acción delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación , hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monge. La calentura del Guerra Fría, la presión del discurso anticomunista, la amenaza a la hegemonía estadounidense en Europa en la segunda posguerra, había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de la dirección de los populares en el presente: la necesidad de afirmarse en el poder aliándose a los sectores moderados, presumiblemente, mayoritarios, los domina. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

Juan Maldonado Noriega se dirige a los estudiantes en el Teatro de la Universidad

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la «Casa de Estudios» negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición occidental moderna y, acaso, fundamento de aquella. Para Benítez, ser occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta del regreso de Albizu Campos y las protestas de los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquella ley represiva e irracional pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” que se temía era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades nacionalistas por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo de nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.

El Partido Nacionalista, los obreros y Mayagüez (1934)

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor

La Gran Depresión y la inclusión de Puerto Rico en los programas de transferencias federales del Nuevo Trato, alteraron el panorama político local. La crisis económica fue un espacio que favoreció la inserción del Partido Nacionalista y de la carismática figura de Pedro Albizu Campos en las luchas obreras.

La tesis dominante entre los investigadores de izquierda y la tradición de la Nueva Historia Social y Económica, ha sido que el Partido Nacionalismo fue incapaz de aprovechar la oportunidad que tuvo para vincular a la clase trabajadora con las luchas nacionales. En cierto modo, lo que sugieren es que esa situación garantizó el fracaso del Proyecto Nacionalista, y allanó el camino al triunfo del Proyecto Populista.

Huelga de estibadores en Ponce (1938)

La interpretación aludida se consideró legítima en una época en que la confianza en una concepción progresista de la historia  dominaba el panorama interpretativo. La situación condujo a que se generalizara la evaluación del Nacionalismo como una ideología anquilosada, actitud que se volvió más radical en el marco de la interpretación Postmodernista y el Giro Lingüístico. La fragilidad de la concepción radica en que nada garantiza que, si el Partico Nacionalista hubiese aprovechado la coyuntura del 1934, la situación del país hubiese sido otra. Tampoco evalúa con propiedad la debilidad ideológica y material de las izquierdas, socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, en aquel momento crucial de la historia social puertorriqueña.

Contextos de una relación

La relación de las clases trabajadoras con sus representantes, con el Capital y el Estado presentaban entonces una situación única. Primero, la desconfianza de los sectores en sus representantes políticos había decaído. El Partido Nacionalista, como se sabe, había insistido mucho en cuestionar la sinceridad tanto del Partido Socialista, como de la Federación Libre de Trabajadores con argumentos económicos, culturales y jurídicos. A muchos trabajadores lo que más les molestaba era la trabazón de aquellas organizaciones con el partido homónimo de Estados Unidos y con la  American Federation of Labor. A ello se unía el compromiso abierto del liderato socialista y federacionista con los grandes intereses azucareros y tabacaleros, y la condición del Partido Socialista como  “partido de gobierno” y su alianza con el Partido Unión Republicana en la Coalición Puertorriqueña.

Segundo, y no menos importante, muchos socialistas críticos reconocían la notable incapacidad de liderato obrero tradicional para enfrentar la crisis económica y resentían la renuencia de la Coalición Puertorriqueña a apoyar los proyectos de reconstrucción económico-social promovidos por la administración de Franklyn D. Roosevelt. En ese renglón, sin embargo, Nacionalistas y Coalicionistas coincidían aunque sobre la base de argumentos diferentes. En aquella situación, tanto el Partido Socialista como la Federación Libre de Trabajadores, entraron en un proceso de fragmentación y reorganización ampliamente investigado por la historia social y económica y la historiografía del Populismo.

Las fisuras del socialismo y el sindicalismo

En 1934 tres líderes socialistas, Tadeo Rodríguez, Florencio Cabello y Luis Pino, organizaron Afirmación Socialista. Se trató del primer reto al liderato de la organización con un discurso que sugería la necesidad de recuperar una tradición de militancia que se había dejado atrás. Paralelamente, el Dr. Eugenio Vera, líder nacionalista asociado a Albizu Campos, impulsaba desde Guayama la creación de una Asociación de Trabajadores que retara al liderato de la Federación Libre de Trabajadores. Albizu Campos manifestó su optimismo respecto a las posibilidades de crecimiento de aquel proyecto organizativo.

Por otro lado, en septiembre de 1934 se fundó el Partido Comunista Puertorriqueño en Ponce, bajo la dirección de Alberto Sánchez, Secretario General. El partido tuvo entre sus fundadores a los señores Juan Sáez Corrales, Juan Santos Rivera, y los ex nacionalistas Luis Vergne y Eugenio Font Suárez. Se trataba de una organización pro-soviética de férrea postura estalinista que aspiraba crear la República Soviética de Puerto Rico. En 1935, como era de esperarse, se afilió a la III Internacional Comunista y articuló en la colonia la conocida política de los Frentes Populares. Un segmento del Partido Nacionalista siempre miró con reserva aquel proyecto político y llegaron a considerarla como una propuesta amenazante para la personalidad puertorriqueña, como se podrá deducir de una lectura cuidadosa de la Carta a Irma de 1939. Aquellas fisuras iniciaron una era nueva en la historia social y política de Puerto Rico que todavía debe investigarse con cuidado.

Las respuestas del Estado

La respuesta del estado como se sabe, fue en dos direcciones: transferencias federales para paliar la crisis; y mano dura para reprimir la oposición radical. Por eso, entre los años 1933 y 1934,  bajo las gobernaciones sucesivas de Robert H. Gore y Blanton Winship, la Policía Insular aumentó sus efectivos y fue reentrenada. Parte de la reforma consistió en rearmar la fuerza con tercerolas, subametralladoras Thompson conocidas como las tommyboy. Aquella AK-47 de la década del 1930 era la favorita de los gansters y arma básica del British Army. Además de eso, se creó una Fuerza Antimotines con 150 agentes especiales, tarea que se inició desde diciembre de 1933.

Pedro Albizu campos (1934)

La otra novedad fue que se refinaron los protocolos de cooperación entre la Policía Insular, la Guardia Nacional y el Regimiento 65 de Infantería. Todo parece indicar que el temor a la violencia social y/o política era enorme en aquel entonces. En la práctica se equiparaba la violencia civil de los consumidores, desempleados y obreros con la violencia política de los Cadetes Nacionalistas. Hacia el 1935, en efecto, había 9,474 obreros en huelga. La apelación al sabotaje de los obreros y al macaneo policiaco era común. El Estado favoreció el uso de rompehuelgas protegidos por la Policía Insular y la alianza defensiva entre el Capital, el Estado y las fuerzas del orden público nunca fue más evidente.

En ese momento tan grave, Albizu Campos y el Partido Nacionalista entraron en las luchas obreras en un momento difícil no solo por la actitud de potencialmente agresiva de las fuerzas del orden, sino por que la organización atravesaba por una crisis que tenía sus raíces en la derrota electoral de 1932. Los viejos dilemas aparentemente vencidos en la Asamblea de mayo de 1930 habían retornado. Volvía a cuestionarse el lenguaje agresivo y la apelación a la “Acción Inmediata” que Albizu Campos había impuesto.

La fisuras políticas: la división de Mayagüez

El foco de la crítica y de la crisis fue la Junta Municipal de Mayagüez, por cierto, una de las más grandes e influyentes. Y la piedra de toque fue la visita del Presidente Roosevelt a la isla en el contexto concreto del Nuevo Trato. Roosevelt atracaría en el puerto de Mayagüez en agosto de 1934 para una visita a la región oeste. La Junta Nacional del partido, órgano supremo del mismo, lo proclamó persona non grata para la Nación puertorriqueña. Lo que nadie esperaba era que la Junta Municipal de Mayagüez se resistiera a la decisión y se opusiera a distribuir una propaganda que consideraban insultante y ofensiva para el Presidente. El alegato de los mayagüezanos fue que se trataba de una imposición: la Junta Municipal no había sido consultada democráticamente respecto al asunto y devolvieron al mensajero, Juan A. Corretjer Montes, con las hojas para San Juan. Se trataba de un acto de indisciplina y rebelión que un carácter como el de Corretjer, a quien conocí en la ancianidad, no podía tolerar. Lo que aquella situación demostraba era que el liderato de Albizu Campos no era tan monolítico: la Junta de Mayagüez había puesto en entredicho el mismo, acusándolo de falta de democracia y autoritarismo.

Los cabecillas de aquella revuelta fueron los historiadores y juristas Juan A. y Salvador Perea, el mulato y luego coleccionista Regino Cabassa, y Emilio Soler López descendiente de cafetaleros catalanes. No sólo encabezaron la resistencia sino que fundaron una Junta Independiente en la ciudad. Cabassa recibió la visita de Roosevelt con una bandera de Estados Unidos en su casa. La amenaza de que los desobedientes serían “castigados físicamente” no se hizo esperar. La actitud de la Junta de Mayagüez tenía que ver con que no todos los Nacionalistas rechazaban el Nuevo Trato como un acto de limosna, tal y como sugería la política oficial del partido.

El Partido Nacionalista y su Junta Nacional, enviaron otra vez a Corretjer y Ulises Pabón a Mayagüez y crearon una Junta Provisional que el propio Albizu Campos inauguró con un discurso el 19 de agosto de 1934. La Junta Nacional favoreció que se eligiera a Juan Gallardo Santiago, alias  El Indio y natural de Hormigueros, como Presidente. Gallardo Santiago fue luego reclutador del Ejército de Liberación o los Cadetes de la República con oficina en la calle San Vicente y acompañó a la prisión de Atlanta, Georgia a Albizu Campos y Corretjer, entre otros, tras los procesos de 1936. Los disidentes fundaron la Junta de Mayagüez Pro Independencia de Puerto Rico, luego  Partido Independentista Puertorriqueño.

Esta debilidad organizativa del Partido Nacionalista me parece crucial en su incapacidad de enfrentar el problema obrero de un modo más inteligente y eficaz. En todo caso, la prioridad del Nacionalismo no es el conflicto entre las clases sino el conflicto que atañe a la Nación como un todo imaginario. Es en el contexto de esa contradicción que las luchas obreras deben insertarse para que sean eficaces para la Nación.