Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XV

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La discusión del estatus en el ámbito federal durante la década de 2000 tuvo un giro interesante. El 23 de diciembre de ese año, el Pres. William “Bill” Clinton (Dem), ordenó la creación de un “Comité Interagencial del Congreso” para tratar el asunto. Entre los deberes del  “Comité…” estaba el deber de rendir un informe en los primeros meses del 2001. Su sucesor, el Pres. George Bush, hijo (Rep) extendió  en abril de ese años el periodo de trabajo del “Comité…” hasta agosto. El sentido de urgencia respecto al estatus parecía dominar al ejecutivo federal. Algo que no debe pasarse por alto en este respecto es que los cambios de gobierno tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico siempre han afectado la discusión del escabroso tema de las relaciones jurídicas entre ambos países. El hecho de que en las elecciones puertorriqueñas la cuestión del estatus sea una de las municiones más eficaces a la hora de llamar la atención de los electores explica esa situación. Sin embargo en las elecciones de 2000 el triunfo de Calderón Serra sobre el Ing. Carlos I. Pesquera, parecía ser una garantía de que el estatus no estaría en issue por aquellos cuatro años. La moderación de la gobernadora no era compartida por todo el liderato del PPD. La presión de Washington condujo en enero de 2001 al Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá (Com. Res.), a proponer que aquella organización política adoptara la táctica de la Asamblea Constituyente con el objetivo de enfrentar con mayor eficacia el centenario dilema estatutario.

Pres. William Clinton

Desde mi punto de vista la legitimidad de aquel reclamo se apoyaba en varias premisas.  Una de ellas era el pasado del PPD: una Asamblea Constituyente avalada por el gobierno de estados Unidos había servido para construir el ELA (1952) por lo que presumir que sus reconocidas carencias democráticas podían ser superadas por otro ejercicio análogo tenía sentido. La otra premisa estaba relacionada con la necesidad político-práctica de atraer las simpatías de los electores o activistas anti-estadistas que no eran populares en especial aquellos independentistas amigos de los populares, los denominados  “melones”,  o los sectores no afiliados o “flotantes” para quienes las preferencias partidistas se apoyaban en consideraciones inmediatas. Lo cierto es que una parte del liderato independentista que había sido testigo del 1952 había respaldado esa táctica. El caso más notable era el del Lcdo. Juan Mari Brás, quien había hecho pública su propuesta en un panfleto en 1986.

Los populares soberanistas o libre asociacionistas, por otro lado, obtenían con la Asamblea Constituyente una propuesta moderada en el marco del derecho internacional que les permitiría evadir la adopción del lenguaje de la Libre Asociación que, en general, atemorizaba a los soberanistas más blandos. La idea de negociar un tratado e igualdad de condiciones y desde la soberanía con Estados Unidos no es simpática para la mayoría de los populares. La insistencia de los estadoístas y estadolibristas moderados en que ello equivale a una “república asociada” ha penetrado a un pueblo conservador que no le gusta arriesgar lo que le garantiza la relación colonial.  La Libre Asociación no es muy distinta de la República con  Protectorado que soñaba De Diego Martínez a principios del siglo 20 o de la independencia en “buenos términos” con Estados Unidos que dominó el discurso de ese sector por lo menos hasta la década de 1930.

La situación del PPD en 2001 era peculiar. Su liderato sabía que necesitaba votos de opositores a la estadidad que no fueran populares para volver a ganar las elecciones. Los plebiscito de 1967, 1993 y 1998 demostraban que el apoyo al ELA se había reducido a menos del 50 % del electorado durante ese largo periodo de tiempo. Por lo bajo debían reconocer que también había perdido la confianza de las autoridades federales desde el fin de la Guerra Fría. Como no podía contar con los nacionalistas, los pipiolos socialdemócratas  y las izquierdas radicales, debía ir a la busca del independentismo más moderado al cual presumía más dispuesto a colaborar con el PPD por consideraciones de “realismo político” a sabiendas de que no podría negociar una alianza abierta con aquellos. Con ello deseaba fortalecer la lucha por obtener más soberanía en el marco de las relaciones existentes sin resultar amenazante para el popular común que  se resiste a todo tipo de cambio.

Rafael Hernández Colón y Aníbal Acevedo Vilá

Los efectos del escenario del 2001 no fueron los esperados. Entre esa fecha y el 2008, aparte de la discusión esporádica en torno al “método” apropiado para resolver el estatus, no se tocó el tema en ninguna de las dos administraciones populares, Calderón Serra y Acevedo Vilá, evadieron el tema a pesar de la presiones desde adentro y afuera del PPD. Las fuerzas que detonarían la crisis que hoy se vive, aunque eran inseparables de la cuestión del estatus, estaban en otra parte. El periodo de gracia para que el ELA se ajustara a una situación inédita -sin el sostén de los depósitos de las empresas 936- se agotaba. La espiral de la deuda pública, que había comenzado a acelerarse desde 1993 bajo la administración de Rosselló González quien la dejó en 27.6 billones de dólares, se había duplicado al cabo de la administración de Acevedo Vilá llegando a la suma de 53.8 billones.

La presión a favor de una discusión serena y más sistemática del estatus provenía, como era de esperarse, de los populares soberanistas y los defensores de la Libre Asociación. En el seno del PPD, los alcaldes soberanistas ganaban presencia e influencia pública. En los márgenes del PPD,  independentismo no afiliado y los “melones” que habían colaborado con la causa popular, esperaban una “radicalización” del reclamo de soberanía que no maduraba. Desde la oposición, como era de esperarse, el PNP y el PIP insistían en el discurso “anticolonial”.

La impresión que dejaron aquellos ocho años fue que el liderato popular, moderado o no, usaba el anzuelo del estatus para ganar adeptos para las elecciones pero sin comprometerse a resolverlo una vez en el poder. Los sectores moderados del PPD, que defendían la legitimidad del ELA con los argumentos de la “Nueva Tesis” de Hernández Colón, pudieron evitar la discusión del asunto mientras estuvieron en el poder. La diferencia era que lo que en 2008 resultaba “económicamente inconveniente” era el ELA a menos que ese régimen fuese revisado radicalmente y, en consecuencia, dejara de ser un ELA. La ansiedad por la consulta estatutaria se concentraría en estadoístas e independentistas, como era lo usual desde 1967.

 

La crisis del PPD (1960-1980): la política internacional

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

El evento internacional que más impactó la estabilidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se desarrolló en Cuba. Se trata del triunfo del  “Movimiento 26 de julio” en el año 1959. Como consecuencia del proceso, Fidel Castro Ruz (1926-) se afirmó como un líder de fuerte carácter populista y nacionalista quien, en su primera etapa de poder, coqueteó políticamente con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, durante el mes de enero de aquel año, el rebelde realizó un media tour que lo llevó al “Ed Sullivan Show” en CBS. Castro Ruz y sus compañeros de armas se habían convertido en figuras muy populares entre la juventud estadounidense de la segunda posguerra mundial. Aquel país estaba en las puertas de la Revolución Juvenil Hippie y veía en aquellos guerrilleros caribeños un modelo.

Fidel Castro Ruz y el Vice-presidente Richard Nixon en 19 de abril de 1959 en Washington..

Sin embargo, cuando en 1961 Castro Ruz se declaró socialista y se alió con la Unión Soviética, la situación cambió y el papel de Puerto Rico en la Guerra Fría se profundizó. El Partido Popular Democrático en el poder y en la frontera de su deterioro, se vio en una situación análoga a la que vivió ante la amenaza fascista y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Si en aquel momento se vio forzado a reafirmar su compromiso con el capitalismo y la democracia, ahora se vio precisado a moverse políticamente cada vez más al centro y colocarse en los límites de la derecha. La imagen que proyectaban los militantes de la “Nueva Generación” no abonaba en aquel sentido y, en las circunstancias nuevas, resultaba amenazante.

El giro político de Castro estimuló, por otra parte, la emigración de cubanos comprometidos con el apoyo de Estados Unidos contra la “amenaza comunista”. Uno de sus destinos preferidos  fue  Puerto Rico. Favorecidos por el gobierno local en nombre del de Estados Unidos, nutrieron las filas del estadoísmo puertorriqueño en ascenso, los medios masivos de comunicación lo mismo la prensa escrita, radial que televisiva y el mundo empresarial. El “exiliado cubano” se convirtió en uno de los signos más visibles de la Guerra Fría en el país. La paradoja más interesante de aquel proceso era que, mientras el gobierno de Puerto Rico estimulaba y favorecía la emigración de puertorriqueños hacia el continente, recibía a los cubanos exiliados y les facilitaba el acceso al mercado privilegiándolos.

La Nueva Lucha por la Independencia y la ONU

Aquellos procesos estimularon una reacción: incidieron en la renovación de la oposición independentista en la Isla. Cuba y Puerto Rico tenían un pasado histórico común que había sido romantizado al extremo. La experiencia separatista común en 1868 -Lares y Yara-, y en 1895 durante la llamada “Guerra Necesaria” que culminó con la invasión de ambos territorios a Estados Unidos en 1898, era parte de ello. Desde 1959 aquella filiación se vio renovada por el triunfo de Castro Ruz y en 1961, la particular experiencia socialista cubana al amparo del comunismo soviético, entro en el escenario ideológico puertorriqueño con relativa fuerza.

La experiencia tenía sus antecedentes. La Federación de Universitarios Pro-Independencia (FUPI) fue fundada en 1956 sobre la base del culto al Nacionalismo Revolucionario y Pedro Albizu Campos y conservaba muchos de los rasgos de la vieja Federación Nacional de estudiantes Puertorriqueños (FENEP) de 1932. De mayor relevancia fue la creación del   Movimiento Pro-Independencia (MPI) y del periódico Claridad durante al año 1959. Las figuras centrales de aquel esfuerzo fueron los licenciados Juan Mari Brás (1925-2010) y César Andreu Iglesias, entre otros. Lo interesante del MPI era que se trataba de una propuesta no electoral y descolonizadora original que recordaba los esfuerzos de la Unión Puertorriqueña iniciada por el también abogado Rosendo Matienzo Cintrón en 1903. El MPI y su liderato era abiertamente filonacionalistas y veían en Albizu Campos, anciano ya, un héroe y un mártir de la nacionalidad. Es cierto que el grupo manifestaba también su admiración por la gesta de Castro Ruz y la Revolución Cubana de 1959. Pero también es patente que sólo simpatizaban críticamente con la experiencia del comunismo cubano después de 1961. Lo cierto es que en el MPI convergieron tradiciones nacionalistas y socialistas revolucionarias sin que la organización pueda ubicarse de una manera definitiva en ninguno de los dos campos. Una de las metas del movimiento era acercarse al Partido Independentista Puertorriqueño y al Partido Nacionalista a fin de producir un frente amplio por la descolonización e independencia. Sin embargo, la jerarquía del PIP, todavía encabezada por el abogado Gilberto Concepción de Gracia, los miró con reservas probablemente porque los interpretaban como una amenaza a sus propios intereses electorales.

Esa resistencia del PIP a transar para fines estratégico con el MPI, fue una de las bases de la escisión del independentismo en dos bandos irreconciliables a la vez que estimuló la fragmentación de su militancia que, desde entonces, no ha sido capaz de elaborar un frente común anticolonial. La hora del PIP llegaría en 1970 con el ascenso a la presidencia de la organización del abogado y profesor Rubén Berríos Martínez (1939-). A pesar de que Berríos Martínez manejaba un discurso socialista, su resistencia a trabar relaciones con el MPI, convertido en Partido Socialista Puertorriqueño en 1971, en la dirección de un Frente Amplio Independentista fueron notables.

Juan Mari Brás

La otra novedad que trajo la década del 1960 es el producto de la convergencia entre los factores interno señalados en el comentario anterior y la nueva situación internacional: se trata de las intensas campañas por animar la discusión del caso colonial de Puerto Rico en la Organización de Naciones Unidas. En cierto modo, se alegaba que Puerto Rico no había sido amparado por la carta del Atlántico y no había ejercido su derecho a la “libre determinación” y la “independencia”. En la práctica, lo que intentaba era negar la validez de la  Res. 748 (VIII) de 1953. Los pioneros de aquel proyecto  en 1960 los ya citados Géigel Polanco y Mari Brás, entre otros. La tesis jurídica era que debía revocarse la Resolución 748 (VIII) de 1953 y que Puerto Rico fuese amparado por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU titulada “Resolución Sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales”. En 1965 el caso de Puerto Rico  fue discutido en el “Comité de Descolonización” de la ONU pero el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que relación con la isla es un asunto “doméstico” y no uno de competencia “internacional”.

En conclusión, todos los pilares ideológicos sobre los que se apoyaba el PPD, se estaban viniendo abajo hacia el año 1967. Las lecciones de los comicios de 1968 fueron enormes. El PPD ya no era lo que había sido desde 1938.

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1946-1950)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su cuestionable legitimación internacional por la Organización de Naciones Unidas (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron  estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco, quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monge en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por el diplomático estadounidense Jack K. McFall, son un ejemplo de ello. Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular soberanista que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo y uno de los agentes politicos que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Juan Maldonado Noriega, líder estudiantil (1948)

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento y, en general, fue desoída. El proceso que a la larga condujo a la consolidación del ELA en 1952, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la «acción inmediata» por medio de la protesta violenta. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el «Maestro», una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, izó la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político desde la década de 1930, ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos”. La emblemática torre universitaria había sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939 como reconocimiento al novotratismo y su papel en la recuperación económica del territorio en medio de la Gran Depresión y tenía un valor simbólico extraordinario. Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre. El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión y el activismo independentista, nacionalista o socialista en el país. El lenguaje fundamentalista y autoritario de la ley sigue siendo impresionante: predicar, organizar, publicar, difundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran actos equiparados ante la ley y tratados como una acción delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación , hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monge. La calentura del Guerra Fría, la presión del discurso anticomunista, la amenaza a la hegemonía estadounidense en Europa en la segunda posguerra, había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de la dirección de los populares en el presente: la necesidad de afirmarse en el poder aliándose a los sectores moderados, presumiblemente, mayoritarios, los domina. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

Juan Maldonado Noriega se dirige a los estudiantes en el Teatro de la Universidad

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la «Casa de Estudios» negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición occidental moderna y, acaso, fundamento de aquella. Para Benítez, ser occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta del regreso de Albizu Campos y las protestas de los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquella ley represiva e irracional pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” que se temía era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades nacionalistas por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo de nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.