Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

enero 21, 2020

Luis Muñoz Marín y las Conferencias Godkin (1959)

Comentario sobre Pedro A. Reina Pérez y otros. Cavilando el fin del mundo.  San Juan: Proyecto ATLANTEA / Álamo West Caribbean Publishing, 2005.

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

Bajo el subtítulo “Apología y confesión en las Conferencias Godkin 1959 de Luis Muñoz Marín”, se publicó en 2005 este libro en torno al caudillo populista. El hecho de que el mismo fijase la mirada en el 1959, un año de inflexión en las posibilidades de “crecimiento del Estado Libre Asociado”, me parece de valioso. Aquel año, la Revolución Cubana alteró el panorama interamericano. También Antonio Fernós Isern, el padre jurídico de la “tercera vía” de estatus, vio como su proyecto de “culminación” moría ante un Congreso poco dispuesto a dar más de lo que ya había dado.

Reina_GodkinEl subtítulo, además, confirmó la necesidad que tienen muchos investigadores de que Muñoz Marín se excuse ante alguna autoridad simbólica superior por las transacciones ideológicas que ejecutó. El líder ha quedado reducido a la condición de un delincuente consciente tardíamente de su delito o su pecado. Esa actitud olvida que la suya fue una vida rica en experiencias que sólo él vivió, y que la misma no es más transparente ni más nebulosa que la de cualquier otra figura pública de cualquier tiempo. La actitud también supone la legitimidad de la idea de que existe un agente superior a las fuerzas del actor de la historia que le pide cuentas por sus actos y que, una vez escuchado, lo condena o lo exculpa como un dios autoritario. La otra asunción es la más frágil: conjetura que los historiadores son capaces de apropiar esa verdad y utilizarla como una herramienta analítica a la hora de reflexionar en torno a un actor o un acontecimiento.

La pregunta que me surge es, ¿ante quien debería excusarse Muñoz Marín? ¿Acaso ante la ilusión de una Historia Progresista y Unitaria en la cual ya pocos creen? ¿O ante ese Dios de la Modernidad llamado Nación Estado Moderna por el hecho de que para muchos puertorriqueños permaneció en la forma de una utopía, y para otros funcionó como una pesadilla? ¿O ante aquellos autonomistas que todavía piensan que el Estado Libre Asociado representó el atisbo del sueño de libertad que la Guerra Fría llevó a la quiebra?

Lo cierto es que esa parte de la intelectualidad puertorriqueña que ha hecho suya la “teoría de la traición muñocista”, continúa esperando el “mea culpa” y la “auto-impugnación” de este muerto venerable. La investigación sobre Muñoz Marín ha sido, en gran medida, la búsqueda de ese acto de confesión y purga en los rincones más recónditos de su obra. Una vez vieron el acto de contrición en sus conversaciones de sobremesa con el artista Rodón. Ahora lo ubicaron en las curiosas Conferencias Godkin presentadas en Harvard en 1959. Desde mi punto de vista Muñoz Marín no es otra cosa que la idea que se hace cada cual de esa figura desde el atrincheramiento de su propios pre-juicios. El problema, me parece, no es la búsqueda de ese espacio de auto-compasión que se ansía encontrar en los papeles de Muñoz Marín.  El problema es la insistencia en que el mismo ha sido descubierto en uno u otro resquicio de la discursividad del Patriarca. Ese tipo de biografía pre-juzgada me parece más propia de la redacción de la vida de los santos, que de la vida de los humanos.

La mayor aportación de este volumen es la versión bilingüe de los tres discursos de Luis Muñoz Marín en la Universidad de Harvard en 1959. En ellos Muñoz Marín intentó expresarse como una voz que ha tomado distancia de toda entelequia y que era capaz de enfrentarse al “problema de Occidente” desde el lugar de la praxis. Muñoz Marín no era un intelectual universitario y estaba muy consciente de ello.

Luis_Munoz_Marin2

Luis Muñoz Marín

“Brecha para librarnos del nacionalismo” es un juicio sobre el lugar de la humanidad en el momento de la Guerra Fría, y una fórmula para enfrentar el miedo al cataclismo nuclear enfrentando su gatillo mayor: el nacionalismo. Si se extrapola esa temática del teatro puertorriqueño, lo cual me parece que es lo que hace el libro, las conferencias resultan en una reflexión inteligente sobre el presente. Si a ello se añade el papel que Puerto Rico jugaba en la Guerra Fría para Estados Unidos y el debate sobre el nacionalismo insular, las conferencias son una afirmación de su fidelidad a la causa americana en medio de un mar de desconfianza mutua.

En ese sentido, uno de los problemas de este libro es que aísla el pensamiento de Muñoz de los contextos que lo explican. El efecto concreto de ello es la sobrevaloración del papel de los asesores intelectuales del Gobernador, dos distinguidos universitarios, Juan M. García Passalacqua y Arturo Morales Carrión, en el diseño de su mensaje. La discusión evade o no reconoce la inmensa deuda ideológica de Muñoz Marín con el pensamiento de Antonio Fernós Isern y no reconocer que buena parte de los argumentos en torno a las virtudes del federalismo y la condena del nacionalismo, eran argumento de aquel jurista. Una lectura de estos tres discursos en diálogo con la obra teórica de Fernós Isern aclararía muchas de las posturas de aquella curiosa “tercera vía” política.

Aislar el pensamiento de Muñoz Marín también conduce al lector a pensar que la desconfianza del caudillo en la ciencia y la tecnología y su apelación al humanismo, eran una creación muñocista. La poética discursiva de Muñoz Marín, sus metáforas, sugieren que ello está relacionado con su populismo o su criollismo, con ciertos retazos rousseanianos en su pensamiento o hasta con su culto a la simplicidad de la vida rural. Ello pasa por alto que Luis A. Ferré sostenía una posición similar en la Nueva Vida y el Propósito Humano. La diferencia entre ambos pensadores es mucha. El sustrato rural en el primero y el sustrato urbano en el otro, me parece esenciales en el contraste. La formación del primero en literatura y en ingeniería del otro, también.

Detrás de ese cuestionamiento se encuentra una actitud propia de la intelectualidad sensible de la Segunda Pos-Guerra que se afirmó durante la Guerra Fría. Se trata de un miedo a la civilización, de una sensación de incertidumbre en cuánto a hasta dónde podía llegar la ciencia o la tecnología, en especial después de Hiroshima y Nagazaki. El miedo y la incertidumbre estaban enmarcados en esa concepción spengleriana de la civilización que en Puerto Rico se difundió por medio del pensamiento de José Ortega y Gasset y de la Generación del 1930

En aquel contexto, la civilización era aprendida como una condición ante-mortem, como un límite o un borde, como el extremo de un hijo de progreso y la cercanía del fin. La civilización era cansancio y rutina, pérdida de la vitalidad.  Las analogías entre Tácito observando el Imperio disminuido en De Germania, y Muñoz Marín doliéndose de la falta de industria y el consumismo puertorriqueño, sin muchas. Se trata de la aceptación tácita de una metáfora no lineal ni progresista del tiempo que se articula en una suerte de idea del fin de la historia. En síntesis, es conciencia decadentista pura que, como en Spengler, sólo se subsana con la panacea estética, humanista o cristiana. Me parece que ello explica el lenguaje hierático que se impone en Muñoz Marín ante el catastrofismo que adjudica al nacionalismo y la amenazante energía de átomo.

Del mismo modo, tanto Muñoz Marín como Ferré, enfrentaron la decadencia de la civilización de una manera análoga.  La alternativa fue la re-humanización o la re-cristianización. El reconocimiento de la inautencidad de la modernidad, pienso en Kierkegard, se encuentra detrás de todo esto. La autenticidad se transforma en el retorno a un espacio usurpado.  Pero también hay cierto temor a la mercantilización de lo humano según la planteaba Georg Simmel a principios del siglo 20. La idea de que lo humano está vacío pero puede ser vuelto a llenar de contenido, es evidente.

Lo otro que hace este libro es que convierte la desconfianza en el nacionalismo, la ciencia y la tecnología, en un adelanto del pensamiento postmodernista, y al caudillo en un apóstol ideológico del presente. En ese caso Ferré también lo sería. El argumento me parece exagerado e insuficiente para re-inventar a un Luis Muñoz Marín postmoderno, e inapropiado para legitimarlo entre la intelectualidad del presente. Se trata de críticas de la modernidad vertidas desde lugares tiempo-espaciales distintos. El argumento pasa por alto la variedad de contextos que nutrieron la construcción de los discursos Godkin y las que nutren la crítica de la modernidad en el presente.

Me permito aclarar dos cosas. Primero, que la ahistoricidad del planteamiento no me parece el problema. El problema es que la ahistoricidad deforma a un personaje muy rico que vivió su tiempo con plena conciencia de su contingencia. Segundo, que la postmodernidad también tiene que ver con no creer mucho en las iluminaciones manufacturadas sobre el mito de las luces. Ninguna de las argumentaciones de Muñoz Marín, lo convierte en un pensador postmoderno por anticipado. Al menos podrían alimentar la imagen de un decadentista desilusionado.

El texto de Carlos Gil puede servir para aclarar un último punto. En el mismo el autor se refiere a la idea del miedo y su riqueza.  El miedo al ámbito universitario en Muñoz Marín era el reconocimiento de una incapacidad: la suya ante ese laboratorio artificial de saber teórico. Una vez Juan M. García Passalacqua me habló del miedo de Muñoz a las cámaras de televisión. El medio llegó tarde a la vida política de caudillo. Las reservas eran lógicas. De un modo parecido, el miedo a la ciencia y la tecnología representa el reconocimiento de la incapacidad humana para enfrentar la anarquía que puede desatar la misma. Es temor a lo incomprensible del lado oscuro del poder que facilita al hombre. También es el horror que produce pensar que la ciencia y la tecnología faculten una catástrofe que termine con la humanidad.

No se trata de un cuestionamiento filosófico a la Modernidad y sus paradigmas ni de la proclamación de su fin. Muñoz Marín, igual que Ferré, consideraba que el progreso podía ser rectificado, y la humanidad salvada mediante el empeño humano y racional de rescatar una condición que, si bien agonizaba, no estaba del todo muerta.  Y eso no se parece mucho a la incertidumbre postmoderna.

febrero 23, 2018

Crónicas del siglo 20: el PNP y Ferré Aguayo en el poder (1968-1971) (2)

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

El triunfo del PNP en 1968 demostró que había una gran incomodidad con el orden instaurado desde 1952. La victoria de un partido estadoísta, la primera desde 1940, y los cuatro años de gobierno de Luis A. Ferré Aguayo colocaron al PPD en la difícil posición de partido de minoría que habían tenido en el cuatrienio de 1940 al 1944. La gran diferencia era que en 1968 no existía la posibilidad de aliarse con otros bloques políticos para quitarle poder efectivo Ferré Aguayo. Los populares se habían hecho de muchos enemigos desde 1944 en medio de su proceso de trasformación ideológica.

Unos estilos de gobierno distintos

No solo eso, el nuevo gobierno cambió las prácticas de la gobernanza local. Es cierto que cuando Ferré Aguayo accedió al poder el estatus no estaba en issue. El triunfo no debía ser interpretado como un visto bueno para “traer la estadidad” como se decía en aquel entonces. Por otro lado, todavía el PNP no había adoptado la postura de que Estados Unidos era un poder colonial y que el ELA era una colonia retrógrada. Al contrario, Ferré Aguayo era comedido al tratar aquel el asunto y se sentía “en la obligación legal y moral de defender la Constitución” del ELA en 1972. De igual manera su comisionado residente, Jorge Luis Córdova Díaz, habría de afirmar categóricamente  cuando se discutía el caso de Puerto Rico en el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que “ciertamente no somos colonia” con argumentos análogos a los de los populares. El PNP no se concebía como un partido anticolonial tal y como comenzó a proyectarse durante la era de Carlos Romero Barceló a partir de los 1980.

Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón

El estadoísmo se movía todavía en las aguas de un gradualismo moderado que se justificaba por el hecho de que, en general, su victoria electoral de 1968 era explicada a la luz de la división del PPD y pocos pensaban que, bajo condiciones de unidad en aquella organización, pudiese repetirse. Ello no impidió que el PPD, encabezado por Rafael Hernández Colón, los acusara de querer imponer subrepticiamente la estadidad. Tampoco impidió que los actos de Ferré Aguayo se proyectasen como un intento genuino de adelantarla y hacerla atractiva ante un electorado que, en general, temía al cambio.

Los efectos de la crisis económica que se produjo a partir de 1971, y esto es muy importante para conocer el Puerto Rico de los 1980, legitimaron el aumento de las transferencias federales de beneficencia en un estilo que es plausible denominar como un “nuevo Nuevo Trato”. Uno de los componentes más emblemáticos de aquel momento fue el programa de “Food Stamps” o “Cupones de Alimentos” auspiciado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Uno de los logros de Ferré Aguayo fue que, durante su administración, se negoció la aplicación del mismo al país en crisis. La lógica del programa era que, con la dádiva, se generaría una mayor “demanda agregada” en un mercado donde el consumo se venía al suelo en medio del estancamiento económico, la escasez y la carestía de los bienes de consumo.

Los “Food Stamps”, unos de los signos más claros del Estado Benefactor y Asistencial, existían desde la Segunda Guerra Mundial cuando fueron creados con el fin de  suplir las necesidades de las familias de los soldados activos y favorecer la producción agraria estadounidense. El programa fue extendido parcialmente a los territorios no incorporados o coloniales mediante sendas leyes de 1971 y 1974. A la altura de 1977 ofrecieron cubierta completa y, en 1982, se transforman en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que la lógica neoliberal acabó por condenar como el generador de una masa empobrecida dependiente del Estado. El efecto más visible de la beneficencia en el ELA, según algunos observadores, fue que profundizó la dependencia y estimuló la moderación política de las masas las cuáles, de por sí, estaban acostumbradas a la mesura. Aunque no niego los efectos de ello, me parece que se trata de un argumento simplificador que, por sí solo, no explica el complejo asunto de la dependencia colonial y psicológica creciente desde el final de la Segunda Guerra Mundial al presente.

De otra parte, el PNP en el poder revisó uno de los pilares de Operación Manos a la Obra: la Ley de Tierras de 1941. Como resultado de ello, los usufructuarios de tierras cedidas por el Estado comenzaron a recibir un título de propiedad. Los predios, fuesen fincas de beneficio mutuo o parcelas, fueron devueltos al mercado libre. En alguna medida aquel fue un proceso de “privatización” que, a la vez que creaba “propiedad privada”, rompía la subordinación del usufructuario con el Estado convirtiéndolo en propietario.

Por último, Ferré Aguayo articuló una política de aumento salarial a los empleados públicos que le ganó enormes simpatías entre la burocracia gubernativa media. Si bien la política laboral del PNP no podía eliminar la desigualdad salarial entre Puerto Rico y Estados Unidos en el mercado privado, sí se sentía en posición de mejorar los estándares de vida de los funcionarios públicos y ganarlos para su causa. Junto a ello creó un “bono de navidad” aplicable lo mismo a la empresa privada que a la pública. Es ese sentido, comenzó un proceso de encarecimiento del costo de administrar que no encontró freno sino en medio de la crisis fiscal después del 2010. Ferré Aguayo, sin darse plena cuenta de ello, fue parte de la construcción del orden que está en entredicho hoy en medio del hundimiento de las finanzas del Estado Libre Asociado y la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal.

Efectos políticos a mediano plazo de un triunfo electoral

El triunfo del PNP y Ferré Aguayo tuvo otra secuela política: exacerbó lo mismo a las izquierdas y a los nacionalistas que a los populares. La actitud era comprensible: no había habido un partido estadoísta en el poder desde 1940 y los populares que, desde 1944, habían perdido la costumbre de ser un partido de minoría no atinaban a la hora de ajustarse al cambio. Además, la capacidad de negociar que el PPD había demostrado 1940 ante la Coalición Puertorriqueña ya no existía en 1968. Las elecciones de 1968 se constituyeron en un índice del giro inesperado que iba a tomar la política electoral puertorriqueña en adelante. El terreno estaba abonado para que un sector de los independentistas comenzase a ver en los populares identificados con la autonomía un aliado potencial. El nacionalismo de la década del 1930 nunca lo hubiese interpretado de ese modo. El fenómeno del “melonismo”, la irracionalidad y la agresividad a la hora del voto se impusieron sobre una parte significativa del electorado.

En el territorio de los populares la erosión de las simpatías se manifestó en el constante “cambia cambia” ampliamente difundido por la prensa. Se trataba de los mea culpa públicos y las conversiones de populares en penepés, las cuales constituyeron un componente llamativo de la campaña estadoísta. Cuántas de aquellas transformaciones ideológicas fueron reales y cuántas un mero truco publicitario es un asunto que nunca se podrá aclarar del todo pero su efecto en el acontecer parece haber sido relevante. Una de las fuentes del crecimiento del PNP fueron populares disgustados con el continuismo de aquella organización y los nuevos pobres de la era de la industrialización por invitación

Claro que aquel fenómeno no explica por completo un problema tan complejo. Los historiadores sociales también reconocen el papel cumplido por la inmigración cubana, el “Éxodo Camarioca” de 1965, sector que, en general, se convirtió en un aliado del estadoísmo y el PNP en el marco del discurso anticomunista auspiciado por Estados Unidos. De ese modo el anticomunismo, que ya era un fenómeno visible en la década de 1930 y 1940 entre nacionalistas y estadoístas republicanos, se intensificó. Es importante afirmar que el anticomunismo en la década de 1960 no fue solo una fiebre que contaminó a los estadoístas. El PPD no se quedó atrás en la manifestación de esa actitud y la paranoia de Luis Muñoz Marín respecto a la amenaza nacionalista/comunista a su seguridad es emblemática. La diferencia no era de fondo sino de meros grados.

En general Ferré Aguayo no resultaba simpático ni para el PPD, ni para los nacionalistas ni para  izquierdas socialistas democráticas o marxistas. Sin embargo, es importante señalar que también tenía adversarios dentro del PNP. El estadoísmo era una tendencia ideológica tan heterogénea como el independentismo y el estadolibrismo. Una fracción visible que representaba los intereses del capitalismo tradicional no comulgaban con la democracia cristiana y el corporativismo que emanaba de la retórica del “Patrimonio Para el Progreso”. Para aquellos sectores ese lenguaje no pasaba de ser una expresión idealista que no encajaba en el marco del capitalismo competitivo más eficaz. La actitud recuerda el lenguaje anti Nuevo Trato de los republicanos en el marco de la aplicación de ese proyecto a la isla en la década de 1930.

Una porción más agresiva políticamente rechazaba el “estadoísmo gradualista”. Para algunos de los más jóvenes la estadidad era “urgente” o una necesidad “inmediata”, actitud que recuerda la de Pedro Albizu Campos cuando advino a la presidencia del Partido Nacionalista en 1930. Otros ponían en duda el valor y las posibilidades de la “estadidad jíbara” y comenzaban a expresar un lenguaje que trataba a la estadidad como proyecto de “igualdad” capaz de enfrentar, de la mano del Estado Benefector y Asistencia, la “pobreza”.

Una parte de aquellos grupos tomaron distancia de Ferré Aguayo y se movieron alrededor de la figura de Carlos Romero Barceló (1932-) quien en 1976 publicó su panfleto La estadidad es para los pobres. Romero Barceló fue co-fundador del PNP y el primer alcalde electo de la capital en tiempos modernos en 1968, puesto que ocupó hasta 1976.  Su victoria en la contienda por la alcaldía de San Juan abrió un periodo de hegemonía del PNP sobre esa ciudad que continuó con Hernán Padilla (1977-1985) y culminó con Baltasar Corrada del Río (1986-1989). La relevancia del control de San Juan para el juego político colonial se hizo determinante. La alcaldía de la capital se convirtió desde aquel momento, igual que la presidencia del Senado antes, en una plataforma para aspirar a la candidatura de la gobernación.

Las desavenencias al interior del PNP y la agresividad del PPD encabezada por Hernández Colón, un miembro de la “Nueva Generación” de populares fieles a la memoria de Muñoz Marín, explican la derrota del Ferré Aguayo en los comicios de 1972 tras los cuales el PPD volvió al poder. Durante la campaña electoral Muñoz Marín regresó al país tras su retiro y, en un acto mediático de masas, le pidió a la concurrencia que votara por el joven candidato. El acto legitimó el liderato y la fidelidad del abogado de Ponce como heredero de la “Vieja Guardia”. El pasado de Hernández Colón como miembro del rebelde “Grupo de los 22” quedó atrás.

Resulta evidente que, desde aquel momento, el énfasis en el proyecto de “culminación” del ELA cambió y el PPD se vio precisado a acentuar el principio de la “asociación” o “unión permanente” entre ambos pueblos siguiendo la pauta del Muñoz Marín conservador de la década de 1960. En aquel proceso de moderación el triunfo del PNP en 1968 parece haber sido decisivo. La afirmación de la “separación” o “diferenciación” disminuyó ante la afirmación de la “integración” e “igualación”. Las circunstancias permitieron que los sectores “integristas” del PPD se impusieran sobre los sectores “soberanistas” tal y como había sucedido en 1940 y en 1946. Cuando Muñoz Marín murió en 1980, el PPD estaba en manos seguras y moderadas.

noviembre 10, 2016

Cuatrienio de grandes retos para Alejandro García Padilla y el PPD: una mirada retrospectiva

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

En 2012 los observadores del proceso electoral pensaban que el PNP iba a revalidar en los comicios. Yo era uno de ellos, lo confieso. La victoria de García Padilla nos sorprendió pero resultaba comprensible a la luz de la erosión de la imagen de la administración Fortuño Burset. Varios elementos favorecieron su triunfo.

Uno fue su apelación por medio de un lenguaje populista que recordaba al PPD de los años 1938 y 1940. El 25 de julio de 2012 García padilla ofreció un discurso en la conmemoración del ELA en Mayagüez vestido de impecable blanco como Muñoz Marín en sus mejores años. Otro recurso eficaz fue la promoción de su imagen de líder cercano a la gente y accesible que desarrolló cuando ejerció como Secretario de DACO entre el 2005 y el 2007. Parece que en Puerto Rico esos índices emocionales son suficientes para movilizar al electorado popular e indeciso.

Alejandro García Padilla

Alejandro García Padilla, gobernador saliente

Los pilares de victoria fueron varios. Primero, la promesa de enfrentar el asunto del estatus o de iniciar una discusión serena sobre el mismo. Segundo, enfrentar de la crisis fiscal poniendo el pueblo por delante de los acreedores. Eduardo Bhatia y su reclamo para que hablara el pueblo fue importante en ese momento. Tercero, había un compromiso de afrontar la crisis económica que se aceleró desde 2005. La oferta de crear 60,000 empleos y el hoy olvidado proyecto económico de Ángel Rosa, eran parte de sus municiones. Un elemento importante de todo aquello fue la seducción que provocaba su confianza inocente en la capacidad del país para enfrentar las contrariedades.

El estancamiento y el decrecimiento de la economía es uno de los ejes de la crisis fiscal, y la cuestión del estatus colonial es el entramado en el cual aquellas se cuajan. La interrelación de esos tres componentes es innegable y no se puede resolver la una sin resolver las otras. En ello radica la dificultad de nuestra situación.

Si se trata de las áreas menos exitosas me parece que allí están las mismas. La devaluación el crédito y el cierre de los mercados financieros minaron la unidad del PPD y lesionaron su liderato: el país era gobernable pero el PPD no lo era. El debate al interior del partido por el asunto de IVA y la rebelión de los soberanistas encabezados por Carmen Yulín Cruz lo ratifican. Me parece que la unidad perdida en 2013 no ha sido recuperada a la altura de las elecciones de 2016. David Bernier Rivera no ha sido capaz de restablecerla. Nada me indica que un PPD unido tenga mayores opciones que con uno que no lo está. Me sorprende, no lo niego, el silencio reciente de figuras de la legislatura en las cuáles solía confianza: Rossana López León, por ejemplo. La crisis creciente silenció a las mejores voces más confiables y le dio voz a los acólitos. La imagen de que el PPD se derrumba es ineludible.

Los mayores éxitos, al menos los que ha reclamado esta administración, tienen que ver con el estímulo de la agricultura, el crecimiento del turismo en general y del de cruceros en particular y con el establecimiento de representantes de negocios del ELA en algunos países. Los tomo con pinzas y con mucho escepticismo. Ese es un discurso que está circulando desde la década de 1990 con muchas altas y bajas. Se trata de escenarios que se caracteriza por la fragilidad. Me consta que la aplicación de PROMESA puede erosionar los avances de la agricultura y las relaciones interamericanas del ELA. No solo eso: un fenómeno natural como un mosquito y el zika lastiman con facilidad las posibilidades del turismo en un momento en que una Cuba que retorna al mercado capitalista apasiona al turista con dinero de Estados Unidos continental. En los tres renglones las trampas de la relación colonial se hacen evidentes. El cabotaje marítimo y aéreo, la competencia de la agricultura de aquel país con la nuestra y la falta de soberanía para proteger los interese de los puertorriqueños limitan las posibilidades del país.

Un último punto: la tolerancia, a pesar de todo, ha ganado algo durante este cuatrienio tan intolerante y trágico. La discusión, atropellada y superficial en ocasiones, de algunos asuntos tocantes al género, al cannabis medicinal y recreativo y a las minorías, resultó refrescante. El problema, me parece, es que su utilización para fines político-partidistas era muy obvia y generó contradicciones. El liderato PPD quería rejuvenecer su imagen de organización liberal y abierta. No funcionó. La justicia y el partidismo son asuntos que chocan y, una vez se les vincula en la gobernanza, no subsanan los defectos de una cultura dominada por el prejuicio, el discrimen y el conservadurismo.

Nota: Versión completa de una reflexión publicada en Metro 10 de noviembre de 2016:8.

julio 13, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

la-nueva-pavaLa otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

mayo 26, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVIII

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

El panorama del futuro de Puerto Rico a  principios del siglo 21 era incierto. El consenso de los observadores era que el ELA no encajaba en la era global y neoliberal por razones precisas. La principal era la falta de soberanía: el ELA era un régimen político pensado para la Guerra Fría (1947-1991) al servicio de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Tras la caída del socialismo real el Congreso y la clase política local habían sido incapaces de  transformar esa relación en un sentido soberano e innovador. El resultado fue que Puerto Rico advino a la pos-guerra fría sin las condiciones para insertarse en una economía global interdependiente compuesta de países independientes.

Un recurso desde mi punto de vista demagógico usado para tranquilizar a los observadores ha sido afirmar que el ELA adelantó en 1952 un orden en el cual la “independencia” abría paso a la “interdependencia”. La integración europea se usaba como marco de comparación: aquellos países avanzados y modernos estaban en disposición para ceder parte de su soberanía al calor de un proyecto común. La intención era que se viera la relación de Puerto Rico y Estados Unidos como algo equivalente cuando, en realidad, no lo era. El argumento ha regresado esporádicamente a la palestra pública hasta el presente. La argucia interpretativa no toma en cuenta que nuestra “interdependencia”, como se limita políticamente a Estados Unidos, ha hecho del ELA un régimen dependiente, colonial y pobre. La inmoralidad de la situación no es más importante que su ineficacia y su impunidad.

 

Populares y soberanistas

Las soluciones al desencaje parecían claras. La estadidad, en el contexto del nuevo federalismo del 1990 o del federalismo clásico, parecía ser la más popular desde 1990. Las otras eran la  independencia, la libre asociación o “la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. La fuente a la que se ha apelado es la Resolución 2625 de la vigesimoquinta Asamblea General de la ONU autorizada el 24 de octubre de 1970. Aunque se presume que la estadidad, la independencia o la libre asociación son propuestas transparentes, la situación real de Puerto Rico en cualquiera de las tres sigue siendo poco discutida.

tiemposLos estadoístas y los independentistas confían en el ideal que defienden de un modo, en ocasiones, irracional o cándido, elemento que conduce a un irreflexivo exceso de confianza en las virtudes de su meta. Claro que, dada la situación que vive el país y el colapso de orden establecido, ello resulta comprensible. Pero, a no dudarlo, esa es una actitud apropiada para una militancia poco informada sobre la complejidad que implica un cambio de esa naturaleza. El lenguaje jurídico ha tenido un  impacto ideológico negativo en el campo de los populares por que el ELA no se encuentra entre las alternativas.

Los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, los más cuidadosos o moderados, se han amparado en esa descripción abierta -“cualquier otra condición política”- con el fin de legitimar una reformulación del ELA adjetivado como “soberano”, “mejorado” o “culminado”. También han re-articulado inteligentemente el significado del concepto soberanía  insistiendo en que se refieren a la soberanía popular que consideran más democrática, y no a la nacional que estiman más restrictiva. El argumento es que la soberanía nacional depende de la soberanía popular y no al revés. Para lo que creemos que la gente está por encima del estado a la hora del hacer social el argumento es bueno.

Pero la cultura política en una colonia es un medio extraño. El propósito de ese procedimiento parece ser tomar distancia de los independentistas y los nacionalistas que usan el concepto soberanía vinculado a la nación con un sentido distinto presuntamente más radical. Para los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, la soberanía popular o del pueblo es distinta de la soberanía nacional. Probablemente imaginan que es más democrática. En cierto modo el PPD está a las puertas de un debate frontal entre soberanistas radicales y moderados que no sé si habrá de darse en lo inmediato. El  proyecto definitivo de ese sector soberanista moderado todavía está por precisarse pero, en muchos aspectos, coincide con el de los radicales. Ese procedimiento interpretativo, sin embargo,  acerca mucho a los soberanistas moderados a la discursividad de los más conservadores del PPD que confían en que el ELA pueda servir de base para la formulación de una estructura innovadora que no será la Libre Asociación pero que la equipará en virtudes jurídicas.

Lo único claro es que las 4 opciones que se barajan tiene que garantizar que no son coloniales por lo que deben responder al “principio de la igualdad soberana de los pueblos” defendido por la ONU. Me consta que un segmento de los soberanistas del PPD favorece la Libre Asociación pero son tímidos a la hora de expresarse al respecto. La educación política de la militancia en organizaciones grandes como el PPD y el PNP siempre plantea problemas: un taller de formación se convierte en un mitin con mucha facilidad. Aquellos que aspiran al ELA “soberano”, “mejorado” o “culminado”, tendrán que negociar con los soberanistas radicales que defienden la libre asociación una alianza inteligente a fin de descolonizar al Puerto Rico sin asustar a los populares conservadores remisos al cambio.

Desde mi punto de vista, se  trata de una discusión a destiempo sin que ello signifique que no es urgente o relevante. La decisión sobre el estatus debió tomarse en la década de 1980 o, a más tardar, la del 1990. Debió ser parte del acomodo de Puerto Rico alrededor de los tratados de libre comercio de 1994. Un problema es que en el país dominaba el PNP y el Congreso no quería un Puerto Rico estado 51. De haber sido así, los resultados pudieron haber sido más llevaderos para el país.  Se trata de una especulación legítima solamente. A la altura del 2016, si se presume que un cambio de estatus, es decir la descolonización en la dirección que sea, será un atenuante para la crisis o creará las condiciones para superarla, entonces estamos a tiempo para esa discusión pospuesta. Esa es la actitud de los estadoístas y los independentistas pero no parece ser la de todos los populares.  La gran  pregunta es, ¿cuán dañada está la economía local para un cambio de esa naturaleza hoy?

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