Puerto Rico en la década de 1970: la política y la economía (II)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

En Puerto Rico las reacciones fueron diversas. Por una parte, se lanzó una campaña para explotar el petróleo de la costa norte del territorio pero la propuesta animó la  resistencia de la militancia ambientalista que había ido creciendo y politizándose a lo largo de la década de 1960. Por otra parte, como ya se ha sugerido, el Estado se hizo más autoritario ante las protestas. La Guardia Nacional fue activada para paliar las resistencias, una práctica común en el país para enfrentar los procesos de crisis desde la Gran Depresión al presente.

Huelga universitaria de 1981

En tercer lugar, se trató de atenuar el impacto de la debacle en el pueblo mediante los recursos del Estado. Entre 1971 y 1972, el ELA negoció la inclusión de la isla en la lista de territorios  que recibiría “Food Stamps” o “Cupones para Alimentos” del Departamento de Agricultura, un programa creado en Estados Unidos con el fin de apoyar la agricultura de aquel país. A la larga, la decisión demostró una de las debilidades más notorias de “Operación Manos a la Obra” porque, hacia 1981, el 56 % de la población recibía  “Food Stamps”. El esfuerzo planificador del Estado no había conducido a la superación de la pobreza y la “Vitrina” estaba rota. Con aquel esfuerzo el Estado Interventor evolucionó en Estado Benefactor o Beneficencia con el fin de salvaguardar el orden siempre en el marco de las relaciones coloniales.

Desde entonces, la “cuestión de los fondos federales”  o las “transferencias”, se ha convertido en un tema central de la praxis del Estado. El Estadoísmo las ha interpretado como un mecanismo que favorece su proyecto de integración a Estados Unidos. El Independentismo ha tenido una relación incómoda con ellas. En la década de 1930, el Partido Nacionalista criticó el Nuevo Trato sobre la base del argumento de que trataba a los puertorriqueños como mendigos y los degradaba moralmente. En la década del 1970 y el 1980, las izquierdas y el “Nuevo Movimiento de Independencia”, que se movían ideológicamente entre el nacionalismo y el socialismo, las vieron  como un “mecanismo de control de crisis” que atentaba contra las posibilidades de una revolución social y popular en el país.

Las transferencias problemáticas para nacionalistas, izquierdistas e independentistas siempre fueron los destinados a “beneficencia” o “asistencia social”. Pero es innegable que, antes y después de 1972, las transferencias federales que llegaron a manos de ciudadanos  del ELA nunca han sido mayoritariamente de “beneficencia” o “asistencia social”. Históricamente la mayortía de las transferencias federales ciudadanos del ELA han sido “transferencias federales devengadas o ganadas”: pensiones de seguro social, veteranos, laborales o por incapacidad.

Lo único que ha pasado después de 1972 es que las “transferencias federales no devengadas o ganadas” -“Food Stamps”, Educación, Salud-, aumentaron su participación en el total de las transferencias y llegaron a representar el 37 % de la totalidad en 1980. La crisis que vivía el país entre 1980 y 1983 las justificó. Pero también es cierto que la tendencia de las mismas desde  1980 y el 2000 ha sido a la baja consistente llegando a significar el 23 %. La reducción del monto no ha tenido que ver con la disminución de la pobreza, como con la puesta en duda de los valores del “Welfare State” o Estado beneficencia de  camino al “Workfare State” o “estado Facilitador (del Capital)”  que domina en la Era Global y el Neoliberalismo.

Vistas del Cerro Maravilla

Políticamente lo más relevante es que la larga crisis, en lugar de alejar a Puerto Rico de Estados Unidos, lo acercó más a la metrópoli. La nueva situación desanimó la discusión del cambio político hacia una mayor autonomía o la independencia entre los populares, y favoreció el avance del Estadoísmo y su reformulación El Estadoísmo, bajo Ferré y Romero Barceló, se articuló sobre un lenguaje neo-populista y se proyectó como un representante fiel de los humildes o los  pobres. Romero Barceló, además, presionó para que se disociara al PNP del Partido Republicano continental y militó en el Partido Demócrata. El proyecto Populista, el ELA,  “Operación Manos a la Obra” estaban llegando a su fin sin pena ni gloria. La Corporaciones Públicas y las medidas creadas desde 1940, dislocaron el Servicio Público politizándolo. De un modo u otro, para trabaja en el gobierno entre 1940 y 1968, había que ser popular. Después de 1968, ocurrió lo mismo con las administraciones del PNP.

El clientelismo político se desarrolló paralelamente con el crecimiento de la nómina del Estado lo mismo en administraciones del PNP que del PPD. La nómina del Gobierno creció sobre la base del “clientelismo”. El servicio público nunca maduró en el camino de valorar al candidato sobre la base del “mérito” como criterio de integración a la fuerza laboral estatal. El empleado público acabó por ser considerado un trabajador privilegiado que disfrutaba de buenos salarios, excelentes beneficios marginales y seguridad después de su jubilación tras la cual, en buena parte de los casos, disfrutaría de dos ingresos, el estatal y el federal. El clientelismo es un mal que todavía hoy aqueja a agencias como la Autoridad Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado lo mismo en todos los niveles de su jerarquía.

Lo cierto es que, si bien en 1950 el servicio público representaba el 7% del total de la fuerza laboral; en 1998 había su participación en la población laboralmente activa había aumentado hasta el 22 % convirtiendo al Estado en uno de los principales empleadores del país. El resultado fue que el Gobierno y sus procesos se burocratizaron, la gestión pública se hizo más lenta y la administración de la cosa pública más costosa, argumento que se ha utilizado persistentemente para justificar la reducción de la plantilla gubernamental y para eliminar derechos adquiridos en especial en contexto de las crisis que regularmente afectan las arcas públicas. Hacia el 1950 la maquinaria del Estado se componía de 60 organismos; pero en 1998 ya alcanzaba las 138 cuando fueron reorganizadas en 18 departamentos «sombrilla» cobijando 82 dependencias bajo la administración de Pedro Roselló González. La precariedad económica del Estado desde aquella fecha al presente ha forzado una tímida revisión del organigrama estatal que nunca ha producido los efectos deseados.

 

Reformas económicas y cambio social: el papel de la Guerra Fría

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La “Operación Manos a la Obra” inició formalmente bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín, una vez este fue electo por voto popular en 1948. Aquellas prácticas marcaron el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico hasta 1964, cuando el veterano líder abandona el poder y señala como sucesor al ingeniero  Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). “Operación Manos a la Obra” se desarrolló en el contexto peculiar: el capitalismo acababa de salir de salir de una crisis económica enorme que había desembocado en la debacle política de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) mientras en el horizonte maduraba la Guerra Fría (1947-1991). La Gran Depresión había conducido a la conflagración mundial pero la paz no había impedido la división del mundo de la posguerra entre socialistas y capitalistas. En verdad, la competencia por el control de los mercados coloniales y el capital internacional seguía siendo la orden del día en la posguerra.

En el campo socialista dominaba una aparente seguridad con respecto a la función del Estado como agente protagónico de los procesos económicos. En el campo capitalista, el momento era apropiado para revisar algunos artículos de fe de la economía liberal tal y como se había conducido hasta aquel momento. Los cuestionamientos al capitalismo clásico miraban hacia sus fundamentos teóricos. La idea de que el Mercado se autorregulaba por obra de la “mano invisible” y la “ley de oferta y demanda”, comenzó a parecer una ilusión y fue dejada atrás.

Del mismo modo, la confianza en que el avance del capitalismo garantizaría acceso igual a la riqueza a todos y eliminaría las carencias sobre la base de la libre competencia ya no resultaba convincente. Los espasmos producidos por la Gran Depresión y la profundización de la desigualdad, fenómenos que se repiten en la crisis del presente, minaban la confianza en el capitalismo liberal y estimulaban la oposición a ese orden social a nivel global. Después de la guerra el socialismo internacional encontró el terreno preparado para su difusión como una opción real. Incluso los teóricos del capitalismo reconocían la validez de ciertos razonamientos del socialismo teórico: la experiencia concreta de aquel orden social podía palparse en la Unión Soviética desde 1917.

Earl Browder, dirigente de Partido Comunista de Estados Unidos

Para Estados Unidos y  Puerto Rico aquello significaba que se penetraba en una nueva era económica. El Estado no sería un observador ajeno de la actividad económica y el mercado sino que intervendría como un agente activo en ambas e incluso competiría como un agente más en igualdad de condiciones y, por aquel entonces, con numerosas ventajas. Con ello se consolidaba lo que se ha denominado el Estado Interventor. La implicación era que el Estado fungiría como un árbitro o mediador que representaría los intereses del Pueblo en aquel juego de lucha de clases e intereses contradictorios. Su arbitraje iría dirigido a reducir o  podar los desequilibrios y las injusticias del mercado capitalista, a la vez que estimularía una justa distribución de la riqueza a la vez que adelantaba la igualdad y la justicia social. Para ello articularía políticas que favorecieran a los parados o desempleados, los pobres y los marginados.

El parentesco intelectual de aquella propuesta con los movimientos asociacionistas, mutualistas y cooperativistas del siglo 19 era  evidente. En cierto modo, los capitalistas clásicos podían ver con resentimiento un esfuerzo público que parecía atentar contra la libre competencia a favor de un sistema menos competitivo pero más eficaz y estable. Al día de hoy se sabe, ya se reconocíaen aquel entonces, que la intención  era estimular la descomprensión de las contradicciones sociales existentes que, en el contexto de la Guerra Fría, podían estimular las respuestas socialistas al problema. Se trataba de una bien articulada campaña para salvar el capitalismo con un nuevo rostro más humano. El producto neto de ello fue lo que se ha denominado el Estado Providencial o Benefactor. La justicia social sería planificada y administrada desde arriba.

La Revolución Socialista era una “amenaza” real después de 1945.  La Unión Soviética no abandonó los territorios ocupados durante la guerra tras su avance hacia Europa. Aquellos territorios comenzaron a adoptar bajo la presión interna y externa, el modelo socialista de producción. En 1946 lo hicieron Albania y Bulgaria, aquel  mismo año en China y Filipinas los comunistas presionaban militarmente. Ya para el 1947,  las tensiones entre Estados Unidos y Unión Soviética llegaron al extremo de la confrontación en Berlín. Y en 1948, Checoslovaquia y Corea del Norte proclamaron el socialismo con apoyo soviético. Para esa fecha ya se hablaba de la existencia de un “Telón de Acero” que separaba las dos Europas, la occidental y la oriental, el  “Bloque Socialista” comenzaba a consolidarse y el bipolarismo de la era de la Guerra Fría estaba por madurar.

Norman Thomas, dirigente del Partido Socialista de Estados Unidos

El Estado Interventor, Providencial y Benefactor se instituyó para frenar aquella tendencia y el Puerto Rico el “Nuevo Trato”, el Partido Popular Democrático, Rexford G. Tugwell, Luis Muñoz Marín, la Ley 600 y el Estado Libre Asociado, representaban cabalmente la situación. La meta de aquel esfuerzo reformista y racionalizador era estimular el crecimiento  y evitar una crisis que podría facilitar la expansión de los movimientos socialistas.

Una pregunta que se cae del tintero es si Puerto Rico corría peligro de “caer en manos de los comunistas” en los años 1940 y 1950. En la isla existía un Partido Comunista desde 1934. Se trataba de una organización  prosoviética pequeña que, en 1938 recomendó a su militancia que apoyara al Partido Popular Democrático a la luz de la política de “frentes populares” auspiciadas por el Comunismo Internacional. También existía desde 1915 un Partido Socialista. Pero se trataba de una organización amarilla y no roja, es decir, no respaldaba la revolución proletaria y tendía al reformismo y al obrerismo. Por otro lado, su dirección era estadoísta y se reconocía que estaba asociada al capital puertorriqueño y extranjero por lo que  no era para nada amenazante. Aliados con el Partido Republicano, habían estado en el poder entre 1933 y 1940 en la denominada Coalición Puertorriqueña. Una vez ganó el PPD, su influencia en el movimiento obrero quedó en entredicho. Ninguno de ellos era un agente capaz de hacer una revolución socialista en el país.

Mirando hacia fuera del país, el Partido Comunista de Estados Unidos, dirigido por Earl Browder (1891-1973) hasta 1945, apoyaba abiertamente a la independencia para Puerto Rico. Las relaciones entre aquella organización y el Partido Nacionalista se habían profundizado por los contactos entre prisioneros políticos de ambas tendencias en la cárcel de Atlanta entre los años 1937 y 1943. Una vez los presos comenzaron a salir de la penitenciaría, las mismas se hicieron más profundas. En Nueva York, militantes nacionalistas bona fide como Juan Antonio Corretjer, Clemente Soto Vélez, Juan Gallardo Santiago, José Enamorado Cuesta, entre otros, se afiliaron al comunismo. Sin embargo, las relaciones entre las comunistas y nacionalistas se rompieron cuando Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial como un aliado de la Unión Soviética.

Por último, el Partido Socialista de Estados Unidos dirigido por Norman Thomas (1884-1968), apoyaba las políticas del “Nuevo Trato” y prefería mayor autonomía para Puerto Rico y no la independencia ni la estadidad. En realidad, la amenaza socialista en Puerto Rico era un fantasma y una invención de la histeria anticomunista estadounidense. La única revuelta política violenta, la Insurrección Nacionalista de 1950, no respondía a reclamos socialistas o de igualdad social en el sentido que las izquierdas adjudican a esos principios. Lo cierto es que el Partido Nacionalista no encajaba en el lenguaje de la Guerra Fría sino más bien en el discurso antifascista de la Segunda Guerra Mundial.  La tendencia de las autoridades federales y estatales a asociarlos al fascismo, al nazismo e incluso a la Cosa Nostra o mafia fue muy común. A pesar de ello se les arrastró hacia las invectivas propias de las Guerra Fría y se les asoció al comunismo y al socialismo si mucho recato.

Conclusiones

El Puerto Rico contemporáneo, como se habrá podido palpar, se configuró en el contexto de complejas crisis globales y nacionales. La Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la Guerra Fría y el anticomunismo exhibicionista de la Doctrina Truman de 1947 impactaron, sin quitarle toda su autonomía de acción, a la clase política puertorriqueña dominada por el Partido Popular Democrático. Pero es importante recordar que Puerto Rico pasó por aquel proceso sin soberanía política, lo que significa que siempre alguna fuerza externa decidió en su nombre hacia dónde debía dirigirse y cuál discurso era legítimo esgrimir desde la oficialidad y cuál no. La transfiguración de la Ley Smith en Ley de la Mordaza (1947-1948) es la prueba más dramática de ello. Fue en aquel contexto complejo que las reformas se aplicaron al país.