La insurrección de 1868 en la memoria: Lares en la retórica nacionalista y un centenario

• Mario Cancel Sepúlveda
• Historiador

De la memoria/historia al culto

En 1967, previo al centenario de la insurrección de Lares, el Partido Nacionalista publicó el panfleto Lares 6 proclamas del nacionalismo 1930-1935. [Descargar documento] ¿Qué papel podría adjudicarse hoy a una publicación tan poco difundida como aquella?  El esfuerzo editorial de los nacionalistas apareció un medio de una situación conflictiva. El hecho de que se difundiera el año del plebiscito, tema del interés del nacionalismo, no debe pasar inadvertido. Con aquella consulta se intentaba refrendar una relación colonial que sufría una crisis de legitimidad por los señalamientos de vestigios coloniales, junto a una del liderato dado el caso de que Luis Muñoz Marín envejecía e iba en pleno retroceso. Después de la contienda, presumían los populares, el estatus dejaría de ser un “problema”.  El proceso no condujo donde los populares esperaban y, en 1968, el PPD sufrió su primera derrota electoral desde 1940 ante un partido estadoísta de reciente fundación: el Partido Nuevo Progresista (PNP).

La conmemoración de Lares de 1968 se dio, por lo tanto, en el contexto de una inflexión política predecible. El retorno de un partido estadoísta al poder desde 1940 debió sorprender al independentismo tradicional y de nuevo cuño. La situación tuvo un efecto inmediato en la consolidación de una “nueva lucha por la independencia” cuyos antecedentes más remotos podrían trazarse hasta la segunda posguerra y las experiencias rebeldes de Guatemala y Cuba durante la década del 1950. En aquellas instancias, la retórica populista y la izquierdista convivieron según se desprende del estudio del discurso público del Movimiento Pro-Independencia (MPI) y la Federación de Universitarios Pro-Independencia (FUPI). La incapacidad de convertirse en movimientos de masas de aquellas organizaciones rebeldes podría atribuirse a la presencia directa de Estados Unidos bajo el palio una relación jurídica que la oficialidad y el derecho internacional habían validado como no-colonial: el Estado Libre Asociado.

Con la publicación de las proclamas el Partido Nacionalista se insertaba en un proceso de reflexión del cual Lares era uno de los temas centrales. La innovación del independentismo no sólo tenía que tratar el tema del ocaso de los populares y el ascenso de los estadoístas sino que, dado que se miraba desde la “izquierda”, también debía reflexionar sobre el nacionalismo. El Partido Nacionalista poseía un pasado de lucha que no podía obviarse. La meditación sobre Lares, o al menos los parámetros generales en la cual esta se inscribió en el nuevo independentismo, fueron los del nacionalismo treintista. Pedro Albizu Campos, voz principal tras la redacción de las seis proclamas, según aseguraba Juan Antonio Corretjer Montes, legaba en aquellos pliegos una teoría nacionalista del 1868 que penetraría la retórica del independentismo hasta el presente.

La reflexión científica y académica sobre la insurrección de 1868 correspondió a algunos intelectuales vinculados a la generación del 1950 y a la nueva historia social de los 1970. En su conjunto aquella búsqueda sistemática problematizó y profesionalizó la imagen que se poseía del siglo 19. Los grandes temas del 1920 y el 1930 acreedores del tema de la hispanidad, abrieron paso a la pasión por comprender las condiciones materiales y espirituales de la maduración y fractura de aquella rebelión. La oscilación entre las miradas positivistas, el sociologismo y la cliometría puntillosa en la muestra de la obras que discutieron el tema es por demás interesante y merecería una revisión más profunda. De un modo u otro, un dejo de romanticismo nostálgico respecto a los significados atribuibles al 1868 siempre estuvo presente.

La conmemoración del centenario de Lares en 1968, por su carácter contestatario, no tuvo tanto efecto en la renovación de la discusión como el que se puede adjudicar a la conmemoración de la abolición de la esclavitud que sí gozó del apoyo oficial. En cierto modo, entre 1968 y 1973 los liberales reformistas y autonomistas volvieron a ganarle la partida a los separatistas independentistas asegurando la “posesión” del “logro” abolicionista de 1873, un asunto del cual Ramón E. Betances Alacán se había quejado a fines del siglo 19.

El folleto aludido contiene una “Proclama” del Partido Nacionalista firmada por Jacinto Rivera Pérez, Presidente, y Wm. Valentín Cancel, Secretario General, fechada en marzo de 1967. El lenguaje ha sido adecuado al de Albizu Campos de manera premeditada insertando citas directas de aquel al principio y al final del hilo discursivo. Por eso el texto es capaz de reproducir el tono general de las proclamas de Albizu Campos emitidas en la década de 1930. El 23 de septiembre se proyecta como “día máximo de la gesta patria” y punto de partida de la “cronología de la República independiente”. La penetración del lenguaje místico religioso, la alusión a Lares como “Altar de la Patria”, “tierra privilegiada y consagrada”, la homologación del rebelde y el “mártir” y la independencia con la “redención”, le da cierto patetismo anacrónico. La invitación estaba servida: “el reto…no es para los políticos, es para los patriotas, únicos salvadores de los pueblos”.

Una introducción que es un eslabón

El documento oficial está acompañado de un breve texto prologal firmado por  Corretjer Montes, titulado “Un recuerdo y un punto de partida”. El hecho me parece significativo porque Corretjer, Secretario General de la organización en 1936, había transitado hacia el marxismo o comunismo en el marco de la experiencia carcelaria en Atlanta, Georgia, desde la década del 1940 sin que esa transición minara el respeto que exhibió siempre por el nacionalismo y Albizu Campos.

En otra investigación que publiqué en 2011 llegué a la conclusión de que sus antecedentes cerca de las izquierdas socialistas podían trazarse a su experiencia con la vanguardia noísta que se desarrolló alrededor de los poetas Vicente Palés Matos y Emilio R. Delgado hacia el año 1925. El noísmo articuló una protesta radical contra el modernismo, el utilitarismo y la sociedad burguesa en general, con las armas del irracionalismo y el irrealismo en un sentido innovador. Es probable que el nacionalismo de Corretjer desde 1930 haya sido una decisión táctica o un intermedio consciente a la que lo condujo la ausencia de instrumentos partidarios estables a través de los cuales expresar sus aspiraciones radicales. En 1936, cuando se fundó el Partido Comunista Puertorriqueño, tampoco vio en aquel una opción viable a pesar de que los lazos de cooperación entre los nacionalistas y los comunistas sobre la base de la común defensa de la independencia parecen haber sido intensos por lo menos hasta 1938.

El Corretjer que escribía “Un recuerdo…” era, desde 1962, el dirigente de la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP) y un innovador en el marco del socialismo en este país. Por eso al final del texto introductorio se define como marxista revolucionario. Para los que conocemos las tensiones vividas entre comunistas y nacionalistas a partir del año 1938, la afirmación no deja de ser un acto de valentía. En este breve texto el papel de Albizu Campos en la historia de Puerto Rico se elabora desde una perspectiva materialista y geopolítica incisiva por demás interesante. Para definirlo Corretjer llamaba la atención sobre las tres vertientes que, según su juicio, convergían en el abogado de Ponce. El nacionalismo “pugnaz”, “concéntrico” apoyado en la “fraternidad”; el iberoamericanismo de “fibra histórica y cultural”; y el internacionalismo basado en el “respeto” a la diversidad ideológica.

Convertir a Albizu Campos en un signo apropiado para “todos” era su meta principal: eso reclamaba el centenario que se conmemoraba. El “todos” aludía a las nuevas generaciones independentistas que estaban haciendo suyos los postulados de las izquierdas en el contexto complicado de la Guerra Fría. Por ello la sintonía simbólica entre Lares 1868/1968, el acto rebelde remoto y su centenario, debía servir de punto de giro o eslabón en dos direcciones. Por una parte cómo “síntesis” (al modo de la culminación de una reflexión histórica) y, por otro lado, como “punto de partida hacia el futuro” (al modo de resorte para la acción). La reverencia a Albizu Campos no excluía la afirmación de una saludable distancia respecto de aquel, sostenida sobre las bases de la argumentación histórica. La conmemoración del acto rebelde, que había adoptado el carácter de la peregrinación a una tierra sagrada en el marco de la retórica nacionalista de 1930, fue cuidadosamente secularizada por el poeta y teórico cialeño.

Las proclamas y la inserción de un pasado en un presente

Las seis proclamas de Albizu Campos elaboraban una red compleja de tesis políticas que hablando de Lares -el pasado-, se pronunciaban sobre el nacionalismo -el presente-. El encabalgamiento o imbricación de las dos temporalidades era necesario para que la discursividad fluyera y consiguiera sus objetivos. La sincronía entre la conmemoración del 1868 y la Asamblea Nacional de 1930 serviría para ratificar la continuidad pasado/presente.

La proclama de 1930 estaba firmada por Corretjer quien admite en su introducción la responsabilidad autoral de Albizu Campos. El documento gira alrededor de una tesis que el nacionalismo reiteró desde entonces: el 1868 era el punto de partida de cronología de la República de Puerto Rico. En ese sentido, al fijar “la voluntad a ser libre” se podía argumentar que la independencia “no ha fracasado” y que la tarea que restaba por completar era “restaurarla”. El fundamento filosófico es que la “libertad” es el estado “natural” de las cosas e irrumpe como un “destino”. El calendario revolucionario, 1868 era el año 1, no contradecía el tradicional o gregoriano propio de la Europa cristiana sino que, como en el caso de revoluciones como la francesa o la rusa, se insertaba en aquel.

El elogio a la Asamblea Municipal de Lares de 1930 que declaró el día 23 feriado, se presenta como un modelo a seguir por otras municipalidades. Albizu Campos insistía en que los gobiernos municipales eran “representación legítima de la soberanía popular”, argumento que volvió a esgrimir en 1936 en el contexto de la discusión del proyecto Millard Tydings a la hora de la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente.  En aquella fecha, desilusionado con la actitud del poder legislativo y los partidos políticos, insistió en que el único valor del plan Tydings era que reconocía el hecho de la independencia y que lo que procedía de allí en adelante era articularla y no aprobarla en un referéndum. De acuerdo con Albizu Campos, los gobiernos municipales poseían las condiciones necesarias para citar una Convención Constituyente que representara a la Nación en la negociación de los términos de la soberanía. La afirmación confirmaba el respeto del jurista al autonomismo, rasgo que caracterizó al independentismo emanado de la tradición unionista.

Albizu Campos, al mirar hacia el periodo colonial hispano, identificaba autonomía, soberanía e independencia, aspecto en el cual difería del separatismo independentista betanciano, hostosiano y martiano. Su respeto a la Carta Autonómica de 1897 así lo corrobora. Se trata de una contradicción interesante a la cual valdría la pena retornar en algún momento. El texto de 1930 está dominado por un lenguaje jurídico limpio y preciso, y exterioriza un tono místico moderado que equipara a los rebeldes con los mártires a la vez que da un sentido de “urgencia” a la lucha por la independencia en el marco de la “acción inmediata” que impuso desde la presidencia de la organización. Aquella actitud no había sido parte de la discursividad dominante en las primeras dos décadas del siglo 20.

La proclama de 1931, reiteraba la tesis de la independencia como un acto de “restauración” e insiste en la “urgencia”: se trata de un deber “inaplazable”. El lenguaje místico se profundiza: Lares es “tabernáculo augusto” y conmemorarlo “depurará (…) la conciencia colectiva” revitalizándola. Ese proceso de purga de las “profanaciones”, combinado con un escenario internacional que reconocía la relevancia del caso colonial de Puerto Rico, se conjugarían para adelantar la meta deseada. Albizu Campos era, sin embargo, cuidadoso. Las condiciones internacionales por sí solas no lograrían “restaurar” la independencia:  todo “depende exclusivamente de la voluntad nacional que llegue al sacrificio”.

El internacionalismo albizuista que señalaba Corretjer se significaba en el Iberoamericanismo Bolivariano en cuya culminación “los próceres del 68, (…) encendieron en Puerto Rico, antes que los cubanos en Yara” el fuego de la libertad. La continuidad iberoamericanismo/antillanismo que sugiere Albizu Campos es otro tema polémico. Desde mi punto de vista, el antillanismo pugnaba por completar un proyecto iberoamericano que las generaciones posteriores a la de Bolívar habían olvidado. El fracaso de las gestiones de Segundo Ruiz Belvis en Chile o las críticas de Eugenio María de Hostos Bonilla al orden dominante en el cono sur me parecen cruciales para volver sobre el tema de las relaciones político-culturales entre el “sur”, como le denominaba Hostos Bonilla, y las Antillas.

El 1932 la crisis material iniciada en 1929 alcanzó unos niveles ominosos. El Partido Nacionalista participó en la convocatoria electoral confiado en las posibilidades de una victoria. Algunas de las grandes polémicas de la organización con el orden colonial se dieron en aquel contexto en el cual, además, una parte significativa de las mujeres puertorriqueñas advenían al derecho al sufragio. Para la historia del nacionalismo, aquel momento representó un giro radical. En la proclama de 1932 el lenguaje místico se impone: “algo de perfumada veste recorre nuestras recordaciones, semejante a una clarinada de fe religiosa”. Para Albizu Campos, Puerto Rico era “el único país de América que ha producido la santidad”. La referencia era a Rosa de Lima, santa reclamada como puertorriqueña por el nacionalismo y numerosos intelectuales de la sangermeñidad no precisamente nacionalistas.

El asunto me parece relevante. En cierto modo, el sentimiento patriótico y el éxtasis religioso, el libertador y el inmortal, el patriota y el mártir, son de buenas a primeras equiparados. Luchar por la independencia es apropiado como un deber ante Dios. La memoria de Lares había fructificado en una imagen altamente cuestionable: los rebeldes de 1868 “se inspiraron en Dios”. Con aquella afirmación las corrientes seculares que convergieron en el acto de la mano de Betances y Ruiz Belvis tales como la masonería, el anticlericalismo y el librepensamiento, calificado como materialismo y ateísmo por comentaristas como José Pérez Moris, no eran tomados en cuenta. De manera análoga, el respeto a los actores del pasado se adopta como un acto de “devoción” propio de un acto de la memoria o la emoción, y no como el resultado de un acto reflexivo propio de la historia o la reflexión. En 1932 se celebraba Lares para confirmar una promesa y ejecutar un voto de fe que compelería a la acción revolucionaria. Sin proponérselo y tal vez con toda la buena fe posible, la retórica invertida en el rescate de acto rebelde actuaba también como un acto de censura en nombre de un presente-la década del 1930- que reclama una versión peculiar del pasado.

La proclama de 1933 poseía un valor incalculable porque coincidía con el 150 aniversario del nacimiento de Bolívar. El tema del iberoamericanismo, al cual se aludió en la proclama de 1931, retornó con nuevos bríos. Para Albizu Campos, Bolívar era la raíz de la cual partía el 1868: “Lares es la repercusión bolivariana de Ayacucho en las Antillas”. La conmemoración se ejecuta para reafirmar “la fe en los ideales de Bolívar” y, reiterando la retórica de su concepción de la “Raza”, para renovar la confianza en la posibilidad de una “unión de las naciones de nuestra raza para imponer su hegemonía para la difusión de la civilización que el mundo necesita”, es decir, la latina.

La proclama para el 1934 fue la más densamente dirigida al presente y estaba dominada por el lenguaje incendiario. En la misma se enunciaba con diafanidad la tesis radical del nacionalismo:  los partidos políticos, la legislatura y el sufragio coloniales son una farsa. La ruptura con el orden colonial con el cual aún se podía transar en 1932, se profundiza. La crítica agresiva al imperialismo, que Albizu Campos había hecho suya desde mediados de la década de 1920 adquiere forma definitiva. Para Albizu Campos, Estados Unidos mantiene a la Coalición Puertorriqueña, una organización estadoísta, en el poder pero prefiere gobernar con el Partido Liberal Puertorriqueño, partido que defiende la independencia en buenos términos con el invasor del 1898. Con aquel argumento reconocía que el liberalismo era parte del problema en la medida en que se había aliado con el enemigo. Las posibilidades de un frente amplio popular e independentista eran nulas.

Las injusticias jurídicas del orden colonial eran señaladas con precisión meridiana:  el “veto absoluto” pende sobre toda legislación, la Ley Electoral que el nacionalismo presionó para que se enmendara antes y después de los comicios de 1932 desfavorece a los partidos políticos pequeños, la “Rehabilitadora” o el “novotratismo” debilitan la “fibra viril” del “pueblo proletario” y las fuerzas políticas locales han sido reducidas a la condición de instrumento del imperio. “Y este orden es deber patriótico reversar pero, para ello hay que suprimir toda intervención extranjera”. El escenario de confrontación que marcó la historia del nacionalismo entre 1935 y 1938 estaba abonado. Las guías tácticas concretas eran la política de no participación electoral y la no cooperación con el régimen

La breve proclama de 1935 cierra un ciclo y abre otro. El documento reitera la tesis de la independencia como “restauración” y hace un llamado concreto a las armas: “Lares es la consagración de la nación a la revolución armada, la trayectoria fija de todos los pueblos libres”. La hora cero del nacionalismo había llegado.

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 8 de marzo de 2019

Notas sobre la lectura de un libro de Néstor R. Duprey Salgado

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia (RUM)
• Profesor de Estudios Puertorriqueños e Historia (CEA)

Reflexión inicial

En diciembre de 2015 el colega Dr. Néstor R. Duprey Salgado, historiador y comentarista político, me envió el libro A la vuelta de la esquina: el Proyecto Tyding de independencia para Puerto Rico y el diseño de una política colonial estadounidense. Supongo que lo hizo por recomendación de su mentor el Dr. José Carlos Arroyo Muñoz, historiador y amigo al cual distingo hace años por su atinado estudio en torno al activismo del “Grupo de los 22” durante la década del 1960. El título sugerente y la metáfora que contiene me llevaron a leer el volumen de inmediato. Reflexionar sobre el mismo, compromiso que contraigo cuando me hacen un obsequio de esta naturaleza, se hizo más difícil de lo que creía en un principio. Después de todo, la obra de Duprey Salgado salía de imprenta en un momento en el cual el tema de la soberanía y sus modulaciones estaba en eclosión y el país se encontraba en grandes aprietos.

Dr. Néstor R. Duprey Salgado

Estoy consciente de que las crisis materiales siempre ubican el tema de la soberanía sobre la mesa. Así ocurrió entre 1886 y 1887, entre 1929 y 1945 y entre 1971 y 1976. Así también ha sucedido desde 2006 al presente. Me da la impresión de que esa es una condición inherente a países que, como el nuestro, no tienen soberanía política plena pero han vivido bajo la ilusión de que aquella no les hace falta y que con la que poseen se sienten satisfechos. Las crisis materiales tocan puntos sensitivos e instan a cavilar sobre la legitimidad del orden establecido en el cual se desarrollan.

En nuestro caso, la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, cuya anexión se formalizó el 10 de diciembre 1898 y se ha convertido en un largo y pesado interinato, vuelve ser materia de especulación cada vez que los pilares del orden se ven erosionados. La estadidad que esperaban algunos y la independencia que aguardaban otros, nunca se completó. Desde aquel ya lejano entonces los espectros de la soberanía, en la forma en que esta se exprese jurídicamente en un futuro no determinado, nos persiguen por doquier sin que se haya encontrado la forma eficaz de exorcizarlos.

Antes quiero hacer unas aclaraciones sobre mi mirada de la historiografía y su praxis. Primero, quede claro que no soy un especialista en los asuntos de la década de 1930 ni en los avatares del populismo o el Partido Popular Democrático. Segundo, me atrae la interpretación geopolítica del pasado histórico en particular cuando se combina activamente con una mirada económica social bien articulada. Estoy bajo la impresión de que las interpretaciones  macro y micro, cuando dialogan, ofrecen un cuadro más sugerente del pasado. Tercero, me molestan las reconvenciones y los sermoneos de quienes toman por incuestionables las decisiones de los patricios y sacralizan las discursividades de las grandes figuras. Siempre es más fácil levantar un culto que ser crítico respecto a lo que se cultiva. Cuarto, que desde hace años la preocupación central de mi trabajo historiográfico han dejado de ser los hechos (lo que pasó realmente), para concentrarse en la percepción (la recepción de lo que pasó). Y por último, pero no menos importante, me parece que uno de los problemas interpretativos  más visibles de la historiografía sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos a lo largo de los últimos 118 años es que siempre ha estado centrada en nosotros mismos y se ha omitido la imaginación de la interpretación del otro.

El hecho de que me haya sentido tan cómodo leyendo la obra de Duprey Salgado me dice que me encuentro ante una pieza madura que llena mis expectativas como lector y como historiador. Este  texto demuestra que se puede observar un lugar controversial y apasionante del pasado colectivo de una manera inteligente y serena. Un libro tan poco convencional requiere una lectura poco convencional. La espera de diciembre de 2015 a mayo de 2016 no ha sido en vano.

 

Un libro

A la vuelta de la esquina es un estudio crítico, original y profundo de las percepciones o impresiones contradictorias que produjo un proyecto de independencia formulado por el Congreso de Estados Unidos en tiempos de crisis. Dado que la crisis tenía visos políticos -el auge del nacionalismo cultural-; económicos -la depresión y la necesidad de reformular el capitalismo-; y sociales -la pobreza extrema y las contradicciones que ello genera-, el Proyecto Millard Tydings de 1936 provocó una conmoción enorme al momento de plantearse. El lector puede confiar en que se encuentra ante una discusión incisiva de esa parte de la historia política del país.

A la vuelta de la esquina (2015)

Un meticuloso estudio historiográfico del affaire Tydings y su lugar en la discusión profesional y no-profesional puertorriqueña en el capítulo 1 (15 ss), se complementa con un cuidadoso estudio biográfico de Millard Tydings en el contexto de su tiempo en el capítulo 2 (41 ss). Estos capítulos llenan un espacio vacío: el personaje deja de ser el nombre de uno más de los agentes del imperialismo y se convierte en persona en la medida en que las fuentes lo permiten. El capítulo 3 (65 ss) trae a colación la conexión de tres polos narrativos: Tydings, Elisha. F. Riggs y el «Nuevo Trato». En el capítulo 4 (93 ss) se pormenorizan la genealogía del proyecto de independencia para Puerto Rico en el contexto de la “Política del Buen Vecino” y se confirma el impacto del modelo de Islas Filipinas en el caso local. En el capítulo 5 (153 ss) se desmantelan las hipótesis dominantes y se penetra en el entrejuego político con personajes nuevos como Harold Ickes y Luis Muñoz Marín. En el capítulo 5 (265 ss) se revisan las secuelas del texto de 1936 hasta el inicio de la segunda guerra mundial, su impacto en la clase política puertorriqueña  y en el surgimiento de un populismo no independentista. El volumen cierra con el retorno del proyecto bajo discusión en medio de la guerra.

El lector no se encuentra  ante un volumen que discuta el Proyecto Tydings sino ante un libro que captura las discusiones que condujeron al mismo y las impresiones que produjo en una generación política atribulada. En eso radica su mayor valor. El texto de Duprey Salgado no es sólo eso. Es también un estudio de la manipulación ideológica, del acomodo de ciertas versiones sobre el pasado y de los procesos semánticos por medio de los cuales se consigue su   canonización. En ese sentido, estas páginas ofrecen pistas extraordinarias para determinar la forma en que una percepción o impresión se impone sobre las otras y se hace incuestionable. Duprey Salgado elabora un elegante proceso de desmantelamiento de las “verdades sospechosas” heredadas en torno al affaire Tydings de 1936.

Este libro demuestra que, en términos generales, la imagen que poseen del pasado incluso aquellos que lo enfrentan con los instrumentos de una disciplina formal, siempre está mediado por el lugar desde el cual se le apropia, se le mira y se le desea. La idea de que  el pasado está determinado por el(los) presente(s) nunca ha sido afirmada con mejores argumentos. También corrobora que, en demasiadas ocasiones, la noción que se posee del pasado responde o sirve más a las necesidades morales del observador que a la voluntad de responder una pregunta de manera confiable o comprensiva. El logro mayor de esta tesis es su reflexión en torno a la reevaluación del Proyecto Tydings y su transformación de un acto de “venganza” del senador por el asesinado de su amigo y jefe de policía Riggs, en un proyecto legislativo redactado por un político serio con el apoyo del ejecutivo. La explicación moral de la venganza malévola de un resentido racista, ha sido suplantada por una teoría coherente apoyada en un estudio contextual muy bien documentado.

Duprey Salgado, historiador y estudioso cuidadoso, no descarta las motivaciones personales de un todo. La humanidad está allí detrás de los personajes y los seres humanos en su circunstancia, nunca se desprenden de esa emocionalidad que nace de la química. El autor tan sólo sugiere que sería apropiado ver a Tydings como el “impulsor de un diseño de política pública que dirigiera a los territorios de Filipinas y Puerto Rico de la condición colonial a la independencia” (1) Estoy por completo de acuerdo con esa propuesta: el cambio de lente siempre es enriquecedor. Como investigador profesional preocupado por la recuperación humanística y psicológica de los personajes del pasado, no puedo poner en duda la sinceridad de Tydings como favorecedor de la independencia para Filipinas y Puerto Rico.

No dudo de su sinceridad. De lo que sigo dudando es de las buenas intenciones de su proyecto. Después de todo, ese no es el tema de libro de Duprey Salgado. En verdad un Tydings transparente y sinceramente anticolonial y antiimperialista me resulta difícil de aceptar. Cada vez que vuelvo a leer su proyecto de 1936 me resisto a ello. La razón es que estoy convencido de que Washington, un Congreso o un Senador, pueden favorecer una causa simpática para muchos puertorriqueños, incluso la independencia de Puerto Rico. Pueden hacerlo y seguir siendo respetuosamente imperialistas y seguir viendo en los puertorriqueños una cultura inferior que debe dejar atrás los “fetiches”, entiéndase valores, de su pasado.

Un modelo bien conocido de que la independencia y el imperialismo no son principios antitéticos es la praxis en la filosofía jurídico política de José De Diego Martínez. El abogado de Aguadilla imaginó que la “independencia con protectorado” en la década de 1910 podía realmente depender de la  confianza, desde mi punto de vista candorosa y excesiva, en la buena voluntad de las administraciones republicanas y demócratas de Estados Unidos. El letrado de Aguadilla no interpretaba siquiera la Ley Foraker como un acto de colonialismo feroz y prefería verlo como una garantía para la identidad nacional del país por su reconocimiento de la “Ciudadanía Portorriqueña”. Por otro lado, el jurista independentista aceptada de buena fe del tutelaje yanqui como un mentorado o preparación hacia la libertad que nos daría el “otro” sobre la base de los argumentos de un “destino manifiesto criollizado” que casi no se comenta hoy. Si pienso el asunto como Rosendo Matienzo Cintrón, el Tío Sam civilizaría a Pancho Ibero para bien nuestro.

Sobre la evolución ideológica de Muñoz Marín y el papel del Departamento de Guerra en el giro antiindependentista del vate, la reflexión de Duprey Salgado confirma y documenta muchas de mis intuiciones previas. Este estudio mata un sueño: demuele la imagen pietista de Muñoz Marín como víctima inopinada o fortuita de unas circunstancias que lo excedieron. La imagen moral a la que apelan algunos soberanistas del presente, la que dibuja al líder popular como el pensador que sacrificó, a su pesar, el santo ideal de la independencia por consideraciones de utilidad política o por el amor filial a las clases populares para luego sentirse culpable por ello, se disuelve. Ese relato de mal gusto lo que hace es reducir un proceso  complejo a la metáfora de un cuadro de Francisco Rodón y una lágrima. Duprey Salgado consigue hacer todo esto sin apelar a la  figura del “traidor”, imagen tan manida por la discursividad nacionalista agresiva. Sin lugar a dudas, el Tydings y el Muñoz Marín que recupero tras la lectura del libro que tengo sobre la mesa son otros.

 

Tydings ¿Un proyecto descolonizador o neocolonizador?

El Proyecto Tydings de 1936, lejos de significar la novedad, representaba la continuidad de un discurso o de una retórica que siempre había estado allí. En la década de 1910, apelar a la “independencia con protectorado” como lo hacía De Diego Martínez, implicaba reconocer la incapacidad del país para la “independencia en pelo”.  En 1936 aceptar acríticamente el Proyecto Tydings, una impostura grosera del Congreso, implicaba el reconocimiento de la misma incapacidad para imponerle a ese cuerpo los criterios apropiados desde una colonia pobre el Caribe.

Blanton Winship, Lawrence Kramer y Millard Tydings

En el primer caso (1910), las limitaciones que imponía el protectorado eran tantas que la situación de Puerto Rico libre no hubiese sido distinta a la de la Cuba plattista. En el segundo caso (1936), el Puerto Rico libre hubiese funcionado como una neocolonia o una dependencia más de Estados Unidos una vez proclamada la misma por el presidente de Estados Unidos casualmente un 4 de julio tras 4 años de atropellada transición hacia una dimensión desconocida. La paradoja de que el libertador de la nación tuviese que coincidir con el primer ejecutivo del imperio no deja de ser sorprendente y amarga. No olvide el lector que un 25 de julio, aniversario de la invasión, izaron la bandera del Estado Libre Asociado. La aceptación pasiva de una oferta de aquella naturaleza implicaba el reconocimiento implícito de la sumisión al “otro” y del poco poder de regateo del “yo” ante una situación irrisoria. Y también en ambos casos, depositar la esperanza de liberación en las promesas del “otro” conduciría a un callejón sin salida caracterizado por la desmovilización de la militancia puertorriqueña en un afán comprensible por esperar que las aguas llegaran a su nivel. El Dr. Ramón E. Betances Alacán denominaba a ese estado intermedio entre la esclavitud y la libertad una “media independencia” o “hipotecada”.

Lo cierto es que los términos del Proyecto Tydings y la actitud de la administración Franklyn D. Roosevelt ante Puerto Rico dejaban mucho que desear en 1936. Ratificaban que la impresión de que los puertorriqueños eran incapaces para el gobierno propio que justificó la relación colonial desde 1898 seguía siendo un problema. Una cosa sí demuestra esa experiencia: los espacios que se abren para el cambio radical o moderado en tiempos de crisis suelen ser movedizos e inconstantes.

La sinceridad de Tydings y la naturaleza de la propuesta sintetizan la otra gran paradoja de aquel momento. El proyecto del 24 de febrero de 1936 sugería la convocatoria de un referéndum independencia “sí” o “no” tras el cual, de ganar el “sí” como se auguraba acorde con el entusiasmo de la clase política, se autorizaría la celebración de una Convención Constituyente a no más tardar el 1ro de junio de 1937. Los 4 años de transición política y económica de la dependencia colonial a la  independencia neocolonial se proyectaban llenos de incertidumbre.

Antes del retiro de Estados Unidos, los puertorriqueños debían garantizar su fidelidad a ese gobierno y declarar exentos de pago de contribuciones cualquier propiedad suya en la isla. El tutelaje jurídico y la doctrina de la supremacía federal seguirían activas. La Corte Federal continuaría allí y la política exterior de Puerto Rico estaría bajo el control de Estados Unidos quien conservaría el poder para expropiar tierras a su discreción para fines militares y para enlistar insulares para sus fuerzas armadas sin que ello implicara un compromiso con la defensa de Puerto Rico en caso de agresión extranjera. No solo eso, Puerto Rico debería reconocer el derecho de intervención de Estados Unidos en caso de necesidad.  Las transferencias federales del “Nuevo Trato” cesarían de inmediato, las agencias federales dejarían de expedir préstamos a las agencias locales y cesarían de inmediato de gastar dineros en el territorio liberado.

La constitución del Estado Libre, Mancomunidad o Commonwealth of Puerto Rico, una vez redactada, debía ser aprobada por el presidente de Estados Unidos y refrendada  otra vez por los puertorriqueños, y aquel gobierno se reservaba el derecho de enmendar la misma incluso luego de fundada la república. Las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos se tramitarían por medio de un Comisionado Residente en Washington y un Alto Comisionado de Estados Unidos en la isla. La constitución de la República no aplicaría a Culebra ni a sus cayos adyacentes cuya jurisdicción absoluta Estados Unidos se reservaba.

Al cabo de esos 4 años,  los productos de la isla pagarían tarifa completa como cualquier país extranjero y los puertorriqueños tendrían que  escoger entra las dos ciudadanías pero no podrían tenerlas las dos. Una de las preocupaciones centrales de Tydings era la cuestión del manejo de la deuda de Puerto Rico. Durante el periodo de transición de 4 años se mantendrían los márgenes prestatarios impuestos por la Ley Jones, se prohibía al país endeudarse con otro gobierno extranjero a menos que lo autorizara el Presidente y dejaba en manos del gobierno por nacer las deudas acumuladas durante la relación colonial previa. El gobierno de Puerto Rico libre tendría que liquidar los bonos en circulación y asumir las deudas del ejecutivo y de los municipios y los costos de las obligaciones de Estados Unidos respecto a Puerto Rico desde el Tratado de Paris de 1898. Y, por último,  el Presidente se reservaba el derecho de suspender cualquier ley que afectase el pago de las obligaciones de Puerto Rico o el pago de sus deudas aún después de la proclamación de la independencia para lo cual se destacaría un alto Comisionado estadounidense en la isla con el poder de incautarse de los derechos de aduana para garantizar los procesos de cobro. Estados Unidos no estaba dispuesto a hacerse cargo de la deuda generada durante una relación colonial que aquel país había impuesto y de la cual había sacado enormes beneficios.

No se trataba de una Junta de Control Fiscal en el sentido en que se propone hoy pero la mirada contable y fría de las autoridades estadounidenses, no ha cambiado mucho. Visto desde el presente las condiciones ofrecidas eran lógicamente inaceptables sin que ello deba interpretarse como que que Muñoz Marín tenía razón y Pedro Albizu Campos no: la razón es una contingencia más. La palpable algarabía con las propuestas y el apoyo masivo que recibió, demostraba el agotamiento de una relación que debió terminar hace tiempo y la desconfianza entre las partes involucradas en una negociación que nunca se dio. Los cantos de sirena y la esperanzas se confundían con mucha facilidad.

Federico Nietzsche en su escrito póstumo Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral (1903) se preguntaba “¿Qué es entonces la verdad?” Su respuesta informará sobre cómo veo este dilema del pasado-presente:

(La verdad es) una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal.

Los libros me parecen excelentes si me mueven a la reflexión. Este título de Néstor R. Duprey Salgado definitivamente lo es.

 

 

Miradas al treinta: del Aliancismo al Nacionalismo

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador escritor

El otro lugar de esta genealogía es el 1930, la coyuntura que marca la radicalización del Partido Nacionalista y que se ha vinculado a la gestión presidencial de Pedro Albizu Campos. Muchas de las fisuras de la Generación del 1930 se pueden leer en el albizuísmo de aquellos años. La radicalización del Partido Nacionalista ha sido reducida a su disposición, cada vez más visible, al uso de la violencia. La justificación moral de Albizu Campos era que ya se habían agotado todos los recursos de negociación diplomática y se imponía dar el frente al invasor de una manera franca y sin dobleces. El abogado estaba convencido de que estaba inventando un «Nacionalismo de Verdad» sobre las cenizas de otro «Nacionalismo de Cartón». Se trataba de una fuerte acusación a la historia política del país. Entre los imputados se encontraban desde José De Diego hasta Antonio R. Barceló. Pero su comentario también incluía a universitarios y ateneístas de todo tipo a los que, me parece, veía como las virtuales «lenguas sin manos» del Cid.

En términos simbólicos y mediáticos, Albizu Campos había echado a «los mercaderes del templo», según La Democracia. En términos tácticos y de praxis, apelaba a la «acción inmediata», una traducción de la urgencia que, de acuerdo con los periódicos El Tiempo y El Mundo, imponía una era de crisis. Otra vez en El Mundo de agosto de 1930, Albizu Campos fue más gráfico cuando aseveró: «si no nos oye, recurriremos entonces a las armas». Albizu Campos es el síntoma político de un aspecto del 1930 que se ha olvidado: la irascibilidad y la desesperación. La actitud lo condujo a cuestionar varios pilares de la cultura del treinta, hecho que lo convirtió en una figura marginal de la época en la que se formó.

Aquella agresividad era contraria a la sobriedad y moderación que caracterizó la generalidad de los intelectuales de la Generación del 1930. Lo que me interesa ahora es mirar aquellos pilares del treinta que no le conmovieron, sus diferendos y choques con varios iconos del pensamiento del treinta. Se trata de temas fundamentales: la democracia electoral, el socialismo y los obreros, la mujer y la universidad. Son cuatro asuntos consustanciales con la filosofía de la Generación del 1930 y que fueron esenciales para la Modernización que vivió el país después de la Segunda Guerra Mundial. En todos los casos, Albizu Campos manifestaba con pasión posturas antitéticas y, por lo tanto, inesperadas. El núcleo de todas ellas radicaba en una concepción exclusivista de la Nacionalidad.

Lo que más se recuerda es su opinión sobre la democracia electoral. A Albizu Campos le molestó la Ley Electoral que facultó la legalización de la anómala Alianza Puertorriqueña pero, a pesar de ello, concurrió a las elecciones de 1932. El resultado de las elecciones le condujo a aconsejar a los electores «a no recurrir a las urnas». El boicot que nació como un acto de protesta, se convirtió en cuestión de principios, dejando todo el espacio a la táctica de la «acción inmediata». La idea de producir una «crisis» a Estados Unidos en Puerto Rico, no dependía de la «acción inmediata» o de la violencia solamente. Lo cierto es que también se le podía crear una «crisis» a través de la contienda electoral. Bastaba que el Partido Nacionalista ganara los comicios, reclamara la Convención Constituyente y se le negara la petición. La paradoja consistía en que el antielectoralismo contradecía la lógica dominante desde el 1930, periodo en el cual las «elecciones limpias» fueron vistas como un logro excepcional del Popularismo.

El otro punto deriva de las opiniones de Albizu Campos respecto al socialismo y los obreros. El Novotratismo fue un tipo de Populismo Providencialista y Benefactor que ganó para Franklyn Delano Roosevelt y el gobernador Rexford Guy Tugwell, el mote de comunistas y radicales. El Popularismo se montó en el carro sin problemas sobre la base de su idea de la Independencia con Justicia Social. El Partido Nacionalista se negó. En junio de 1923, en una entrevista para El Mundo, Albizu Campos, casi como un lamento, reconocía en el socialismo «una actitud que va in crescendo» en todas partes. Su relación con el Partido Socialista siempre fue problemática por el hecho de que aquella organización fundada en 1915, favorecía de facto al Estadoísmo. El abogado los acusaba de ignorar lo que defendían: «desconoce (n) las teorías políticas filosóficas y religiosas que inspiraron el socialismo» y sugiere que «debe desarmársele con concesiones económicas». Sin embargo, a pesar de que el arma para detener el socialismo era el Novotratismo, en 1932 condenó las ayudas federales de ese tipo como un acto de inmoral mendicidad. Sobre bases tan frágiles, descartó cualquier posibilidad de alianzas con los socialistas puertorriqueños. La contradicción radica en que todos los investigadores reconocen hoy el papel que cumplieron numerosos socialistas y comunistas en la consolidación del Popularismo entre 1936 y 1938.

El tercer nudo tiene que ver con las mujeres y con la proyección del Partido Nacionalista como una organización masculina y patriarcalista. La virtud, en una organización presumiblemente combatiente, era una posesión viril: las mujeres servían al soldado pero no peleaban. Sin embargo, debo aclarar que la cuestión femenina siempre fue una prioridad para los socialistas y los republicanos los cuales, una vez en el poder en 1932, favorecieron la institucionalización del sufragio femenino. La reticencia venía de antiguo: en una entrevista para El Mundo en mayo de 1924, Albizu Campos criticaba la promesa de Partido Unión de legalizar el sufragio femenino, acusando a aquella organización de que se valía «de la falda de una mujer como escudo» para defenderse de las críticas. Todavía en 1930, cuando advino a la presidencia del Partido Nacionalista, acusó a las mujeres de «flojedad cívica» y aseguraba que «las mujeres no pueden entrar en el juego ridículo y suicida de nuestra política partidista». Lo que estaba detrás de aquellas palabras era el hecho de muchas de las sufragistas puertorriqueñas apoyaban el estadoísmo de cara a las elecciones de 1932, hecho que Albizu Campos tildaba como un acto de desorientación propio del género. Albizu Campos entró en un debate sordo con las sufragistas que, a la larga, afectó su imagen ante aquel sector social. La feminidad vista como ausencia de valor, traducía bien su rancio catolicismo. Pero en un orden social que, bien o mal, comenzaba a reevaluar la cuestión femenina a la luz de la secularización de los valores colectivos, resultaba chocante.

El último nudo tiene que ver con la universidad y los universitarios, otro de los signos de la Generación del 1930. En 1930, ya presidente de su colectividad, criticaba el colaboracionismo de la Universidad de Puerto Rico con el régimen colonial. En marzo de ese año, otra vez en El Mundo, descartaba el activismo estudiantil como una opción política cuando alegaba que «los jóvenes que actualmente estudian en la universidad no deben hacer política activa. Ellos necesitan sus energías para el estudio». En 1935 tuvo su mayor choque con la Universidad. En un discurso público en Maunabo, acusó a la institución de producir «traidores», «cobardes» y «afeminados» y recordaba a la institución la necesidad producir «patriotas viriles». En la práctica, le reclamaba a la Universidad Territorial y Colonial, los deberes de una Universidad Nacional. Albizu Campos siempre consideró al Canciller Carlos Chardón, uno de los artífices del Novotratismo y de la Modernización Populista, como un enemigo de la Nacionalidad. La contradicción radica en que en esa universidad se gestó la Generación del Treinta.

Mal llamadas conclusiones

Ahora retorno a las premisas iniciales:

1. La década del 1930 se caracteriza por la peor crisis económica del siglo 20.
2. La Generación del 1930 interpretó y apropió la crisis, la enfrentó con eficacia y salvó la Identidad y la Nacionalidad Puertorriqueña.
3. Los intelectuales universitarios fueron los responsables de aquel proceso de recuperación económica y cultural.

La deriva es que la primera conduce a la otra, la crisis a la síntesis original. Todo esto me parece una simpleza que evade la complejidad y las contradicciones. El Partido Nacionalista y el Nacionalismo de «acción inmediata» representan un contrapunto generacional, si cabe el concepto. No compartieron todos los valores de la Generación del 1930. A pesar de ello, todavía se les proclama como el rostro político más emblemático de aquel momento.

La tendencia a la racialización de la historia en la que insistió el Nacionalismo Treintista, no condujo a la confrontación con el otro. Pesó más la idea de la hibridación o del mestizaje articulado por los aliancistas y que luego maduró en el contexto de Novotratismo y el Popularismo. La concepción exclusivista de la Nacionalidad -una Nación sin socialistas, sin obreros, sin mujeres y sin universitarios colonizados-, en lugar de favorecer la victoria del Partido Nacionalista, vigorizó a la Coalición Puertorriqueña de tendencias estadoístas en 1932 y 1936.

Lo cierto es que el Nacionalismo de Albizu Campos, representó un fenómeno único de su tiempo, fue una cuña interesante en la década y en la Generación de 1930. Hubo otras igualmente originales. El Independentismo con Justicia Social, luego Popularismo, fue otra de ellas. La conciencia del 1930 fue el escenario de dos nacionalismos o bien de populismos. Una serie de condiciones como el Nuevo Trato y la Segunda Guerra Mundial, movieron la balanza a favor del Popularismo y forzaron la cancelación del sueño de la independencia. Lo que se salvó para la cultura no fue poca cosa: una versión de la Identidad y la Nacionalidad Puertorriqueña que transgredía numerosas tradiciones. Se trataba de un collage que garantizaba la renovación del ideal de la Modernidad que muchos consideraban perdida en tiempos de la Gran Depresión.

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 11 de Mayo de 2012.

Reformas económicas y cambio social: el papel de la Guerra Fría

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La “Operación Manos a la Obra” inició formalmente bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín, una vez este fue electo por voto popular en 1948. Aquellas prácticas marcaron el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico hasta 1964, cuando el veterano líder abandona el poder y señala como sucesor al ingeniero  Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). “Operación Manos a la Obra” se desarrolló en el contexto peculiar: el capitalismo acababa de salir de salir de una crisis económica enorme que había desembocado en la debacle política de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) mientras en el horizonte maduraba la Guerra Fría (1947-1991). La Gran Depresión había conducido a la conflagración mundial pero la paz no había impedido la división del mundo de la posguerra entre socialistas y capitalistas. En verdad, la competencia por el control de los mercados coloniales y el capital internacional seguía siendo la orden del día en la posguerra.

En el campo socialista dominaba una aparente seguridad con respecto a la función del Estado como agente protagónico de los procesos económicos. En el campo capitalista, el momento era apropiado para revisar algunos artículos de fe de la economía liberal tal y como se había conducido hasta aquel momento. Los cuestionamientos al capitalismo clásico miraban hacia sus fundamentos teóricos. La idea de que el Mercado se autorregulaba por obra de la “mano invisible” y la “ley de oferta y demanda”, comenzó a parecer una ilusión y fue dejada atrás.

Del mismo modo, la confianza en que el avance del capitalismo garantizaría acceso igual a la riqueza a todos y eliminaría las carencias sobre la base de la libre competencia ya no resultaba convincente. Los espasmos producidos por la Gran Depresión y la profundización de la desigualdad, fenómenos que se repiten en la crisis del presente, minaban la confianza en el capitalismo liberal y estimulaban la oposición a ese orden social a nivel global. Después de la guerra el socialismo internacional encontró el terreno preparado para su difusión como una opción real. Incluso los teóricos del capitalismo reconocían la validez de ciertos razonamientos del socialismo teórico: la experiencia concreta de aquel orden social podía palparse en la Unión Soviética desde 1917.

Earl Browder, dirigente de Partido Comunista de Estados Unidos

Para Estados Unidos y  Puerto Rico aquello significaba que se penetraba en una nueva era económica. El Estado no sería un observador ajeno de la actividad económica y el mercado sino que intervendría como un agente activo en ambas e incluso competiría como un agente más en igualdad de condiciones y, por aquel entonces, con numerosas ventajas. Con ello se consolidaba lo que se ha denominado el Estado Interventor. La implicación era que el Estado fungiría como un árbitro o mediador que representaría los intereses del Pueblo en aquel juego de lucha de clases e intereses contradictorios. Su arbitraje iría dirigido a reducir o  podar los desequilibrios y las injusticias del mercado capitalista, a la vez que estimularía una justa distribución de la riqueza a la vez que adelantaba la igualdad y la justicia social. Para ello articularía políticas que favorecieran a los parados o desempleados, los pobres y los marginados.

El parentesco intelectual de aquella propuesta con los movimientos asociacionistas, mutualistas y cooperativistas del siglo 19 era  evidente. En cierto modo, los capitalistas clásicos podían ver con resentimiento un esfuerzo público que parecía atentar contra la libre competencia a favor de un sistema menos competitivo pero más eficaz y estable. Al día de hoy se sabe, ya se reconocíaen aquel entonces, que la intención  era estimular la descomprensión de las contradicciones sociales existentes que, en el contexto de la Guerra Fría, podían estimular las respuestas socialistas al problema. Se trataba de una bien articulada campaña para salvar el capitalismo con un nuevo rostro más humano. El producto neto de ello fue lo que se ha denominado el Estado Providencial o Benefactor. La justicia social sería planificada y administrada desde arriba.

La Revolución Socialista era una “amenaza” real después de 1945.  La Unión Soviética no abandonó los territorios ocupados durante la guerra tras su avance hacia Europa. Aquellos territorios comenzaron a adoptar bajo la presión interna y externa, el modelo socialista de producción. En 1946 lo hicieron Albania y Bulgaria, aquel  mismo año en China y Filipinas los comunistas presionaban militarmente. Ya para el 1947,  las tensiones entre Estados Unidos y Unión Soviética llegaron al extremo de la confrontación en Berlín. Y en 1948, Checoslovaquia y Corea del Norte proclamaron el socialismo con apoyo soviético. Para esa fecha ya se hablaba de la existencia de un “Telón de Acero” que separaba las dos Europas, la occidental y la oriental, el  “Bloque Socialista” comenzaba a consolidarse y el bipolarismo de la era de la Guerra Fría estaba por madurar.

Norman Thomas, dirigente del Partido Socialista de Estados Unidos

El Estado Interventor, Providencial y Benefactor se instituyó para frenar aquella tendencia y el Puerto Rico el “Nuevo Trato”, el Partido Popular Democrático, Rexford G. Tugwell, Luis Muñoz Marín, la Ley 600 y el Estado Libre Asociado, representaban cabalmente la situación. La meta de aquel esfuerzo reformista y racionalizador era estimular el crecimiento  y evitar una crisis que podría facilitar la expansión de los movimientos socialistas.

Una pregunta que se cae del tintero es si Puerto Rico corría peligro de “caer en manos de los comunistas” en los años 1940 y 1950. En la isla existía un Partido Comunista desde 1934. Se trataba de una organización  prosoviética pequeña que, en 1938 recomendó a su militancia que apoyara al Partido Popular Democrático a la luz de la política de “frentes populares” auspiciadas por el Comunismo Internacional. También existía desde 1915 un Partido Socialista. Pero se trataba de una organización amarilla y no roja, es decir, no respaldaba la revolución proletaria y tendía al reformismo y al obrerismo. Por otro lado, su dirección era estadoísta y se reconocía que estaba asociada al capital puertorriqueño y extranjero por lo que  no era para nada amenazante. Aliados con el Partido Republicano, habían estado en el poder entre 1933 y 1940 en la denominada Coalición Puertorriqueña. Una vez ganó el PPD, su influencia en el movimiento obrero quedó en entredicho. Ninguno de ellos era un agente capaz de hacer una revolución socialista en el país.

Mirando hacia fuera del país, el Partido Comunista de Estados Unidos, dirigido por Earl Browder (1891-1973) hasta 1945, apoyaba abiertamente a la independencia para Puerto Rico. Las relaciones entre aquella organización y el Partido Nacionalista se habían profundizado por los contactos entre prisioneros políticos de ambas tendencias en la cárcel de Atlanta entre los años 1937 y 1943. Una vez los presos comenzaron a salir de la penitenciaría, las mismas se hicieron más profundas. En Nueva York, militantes nacionalistas bona fide como Juan Antonio Corretjer, Clemente Soto Vélez, Juan Gallardo Santiago, José Enamorado Cuesta, entre otros, se afiliaron al comunismo. Sin embargo, las relaciones entre las comunistas y nacionalistas se rompieron cuando Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial como un aliado de la Unión Soviética.

Por último, el Partido Socialista de Estados Unidos dirigido por Norman Thomas (1884-1968), apoyaba las políticas del “Nuevo Trato” y prefería mayor autonomía para Puerto Rico y no la independencia ni la estadidad. En realidad, la amenaza socialista en Puerto Rico era un fantasma y una invención de la histeria anticomunista estadounidense. La única revuelta política violenta, la Insurrección Nacionalista de 1950, no respondía a reclamos socialistas o de igualdad social en el sentido que las izquierdas adjudican a esos principios. Lo cierto es que el Partido Nacionalista no encajaba en el lenguaje de la Guerra Fría sino más bien en el discurso antifascista de la Segunda Guerra Mundial.  La tendencia de las autoridades federales y estatales a asociarlos al fascismo, al nazismo e incluso a la Cosa Nostra o mafia fue muy común. A pesar de ello se les arrastró hacia las invectivas propias de las Guerra Fría y se les asoció al comunismo y al socialismo si mucho recato.

Conclusiones

El Puerto Rico contemporáneo, como se habrá podido palpar, se configuró en el contexto de complejas crisis globales y nacionales. La Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la Guerra Fría y el anticomunismo exhibicionista de la Doctrina Truman de 1947 impactaron, sin quitarle toda su autonomía de acción, a la clase política puertorriqueña dominada por el Partido Popular Democrático. Pero es importante recordar que Puerto Rico pasó por aquel proceso sin soberanía política, lo que significa que siempre alguna fuerza externa decidió en su nombre hacia dónde debía dirigirse y cuál discurso era legítimo esgrimir desde la oficialidad y cuál no. La transfiguración de la Ley Smith en Ley de la Mordaza (1947-1948) es la prueba más dramática de ello. Fue en aquel contexto complejo que las reformas se aplicaron al país.

Reformas económicas y cambio social: una introducción

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

 

El período que va de 1940 a 1964 fue determinante en la configuración de la imagen del Puerto Rico moderno. A lo largo de aquellos 24 años, se consolidaron las estructuras de lo que se denominaría el Estado Interventor, Providencial o Benefactor que el país ha visto disolverse desde la década de 1990. Aquel proceso tuvo la peculiaridad de que se ofreció en el contexto de una relación de dependencia colonial con Estados Unidos que fue refinada en 1952 por medio de la constitución del territorio no incorporado en un Estado Libre Asociado. El caso de Puerto Rico es, por lo tanto, único.

La victoria parcial del Partido Popular Democrático en las elecciones de 1940 jugó un papel determinante. La intención de los populares estaba por cumplirse: la relación entre la gente y el Estado sufrió un cambio interesante. En términos generales, la impresión de que el Estado actuaría como un mediador justo en las tensas relaciones entre el Pueblo y el Mercado se afirmó. Los cuadros administrativos del PPD tenían una gran responsabilidad a cuestas. La tarea no debía ser difícil por el hecho de que el referente inmediato que poseía la gente era el gobierno de la Coalición Puertorriqueña. Los Republicanos y los Socialistas eran considerado como lo socios naturales de los grandes intereses y el capital absentista.

Puerto Rico, Puerto Pobre

Para consolidar su imagen, el PPD se apoyó en un conjunto de actos que confirmaban su compromiso moral y material con la gente. El lenguaje del “Nuevo Trato” fue instrumentalizado con eficacia por el liderato que rodeaba a Luis Muñoz Marín, una figura carismática no exenta del autoritarismo que caracterizó a los líderes de los movimientos populistas de su tiempo. Las acciones de los populares traducían las políticas de los Demócratas en Estados Unidos. Muñoz, Roosevelt y Tugwell, fueron las figuras emblemáticas de aquel momento de cambio al cual todavía se apela en momento de crisis hoy.

El proceso no se desarrolló sin tropiezos. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, las derechas políticas, identificadas con los Republicanos, calificaron como socialistas aquellas prácticas. Su alegato era que el Novotratismo atentaba contra los valores de la Libre Empresa y la Libre Competencia y minaban las bases del capitalismo liberal clásico. Pero no tomaban en cuenta que aquellas prácticas se llevaban a cabo con el fin de salvar el capitalismo y no con el propósito de socializar la riqueza y eliminar la propiedad privada. Las derechas perdieron la compostura ante el reformismo una vez vieron amenazado el control sobre el capital y, con ello, su posición social.

La aplicación del “Nuevo Trato” tuvo el efecto de suavizar las tensiones políticas y las tensiones de clase en Puerto Rico dentro de los sectores más propensos a la moderación. El único sector que no se tranquilizó fue el Partido Nacionalista, representado por la voz de su Presidente Pedro Albizu Campos. Tanto en 1930, en medio de la Gran Depresión, como en 1950 en el preámbulo de la construcción del ELA, sus posturas se endurecieron y respondió con la violencia.

El elemento más característico de aquel período fue, como se ha dicho, que el Estado desempeñó un papel muy activo en el mercado y la economía. La práctica de “dejar hacer, dejar pasar” propia del capitalismo clásico fue revisada, y el Estado comenzó a intervenir y regular las prácticas económicas y, cuando fue posible se convirtió en un agente activo. La novedad era que el capital público estuvo en posición de competir con el capital privado, todo ello en nombre del Pueblo. La diversificación de las funciones del Estado fue clave en el proceso de profesionalización de su plantilla de funcionarios y el crecimiento del mismo. El servicio público según lo conocemos y lo que acabó por denominarse el “gigantismo estatal”, encuentran sus fuentes en aquel proceso.

Teodoro Moscoso: un signo del Puerto Rico industrial y dependiente

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la imagen que se tenía en aquel entonces se apoyaba en el convencimiento de que el Estado podía ofrecer servicios de más alta calidad y a un costo más bajo que la empresa privada. El egoísmo en que se apoyaba la empresa privada no era entonces una característica atribuible al Estado. La percepción dominante era que el Estado era el representante sincero del pueblo ante la explotación del capital. Si se compara aquella situación con los argumentos que se han utilizado en los últimos 20 años para justificar las privatizaciones de los bienes públicos, se comprenderá el abismo que existe entre aquel momento y el presente.

El PPD consiguió sus metas inmediatas mediante la instauración de una serie de medidas y la creación de un conjunto de entidades que estimularon y racionalizaron las estructuras económicas del país. El modelo más importante fueron una serie de corporaciones públicas que tuvieron el deber de invertir capital público en infraestructura útil y una serie de obras modernizadoras. El proceso marcó el camino del país a la modernización de una manera convincente y palpable, y cambió las percepciones sociales y culturales de la mayoría de los puertorriqueños. La idea de que se estaba “rompimiento con el pasado” resultaba innegable para aquella generación de puertorriqueños. La gente estuvo en posición de apreciar el “cambio que se ve” más que en ninguna otra época de la historia nacional. Si fuera a hablar de un momento “traumático” en el pasados colectivo, no escogería el 1898 y el “cambio de soberanía” sino el camino que se abrió para el país después de 1940.

 

Las medidas

Las medidas más significativas que se tomaron iban en dos direcciones: una miraba hacia el pasado y la otra hacia el futuro. De cara al pasado, en 1941 se aprobó una Ley de Tierras con el fin de cumplir una promesa esperada por muchos: la articulación de una reforma agraria y minar el latifundismo mediante el cumplimiento de la vieja Ley de los 500 acres que prohibía a la corporaciones acaparar tierras más allá de aquella extensión. Para ese fin se fundó una agencia denominada Autoridad de Tierras. De cara al futuro, luego de algunos esfuerzos infructuosos en aquella dirección en 1944 y 1945, no fue hasta 1947 que se aprobó una Ley de Incentivos Industriales que concedía exención contributiva a los inversionistas extranjeros y que fue la base de la “Operación Manos a la Obra”, fundamento del proceso de industrialización del país. La industrialización había sido sugerida como una alternativa de futuro para el país del 1934 por el entonces Canciller o rector de la Universidad de Puerto Rico el Dr. Carlos Chardón por lo que se trataba de una opción que habían compartido los intelectuales del Partido Liberal Puertorriqueño y luego del PPD.

La meta era convertir a Puerto Rico en un lugar apropiado para la inversión de capital americano. Las razones para ello era que Europa y Japón estaban reconstruyéndose de la devastación producida por la guerra; mientras África y el Sudeste Asiático, estaban en proceso de salir del coloniaje a la vez que China caminaba hacia el Comunismo, sistema que se consolidó en aquel inmenso país en 1949. Recuerde el lector que tras la guerra, los imperios coloniales inglés, francés y holandés se estaban disolviendo y la Unión Soviética, el principal aliado de Estados Unidos contra el nazismo, se había convertido en el enemigo desde 1947.

Aquellas políticas de los populares trabajaban los dos frentes más importantes del partido de gobierno y de Muñoz Marín. El agrario, con la intención de establecer acceso democrático a la tierra, y el industrial, estableciendo las condiciones concretas para su fomento: hacer de Puerto Rico un paraíso fiscal sobre la base de exenciones. Es curioso que, todavía al presente, se siga pensando en que esa es la única salida que tiene el país a pesar de que históricamente, se pueda demostrar que aquellas prácticas nunca han garantizado un crecimiento seguro y permanente.

 

Las entidades

Las entidades de mayor relevancia fueron la Junta de Planificación, creada en 1942, la cual tendría la responsabilidad de desarrollar un “Plan Maestro de Desarrollo” cuya articulación descansaría en manos de la Compañía de Fomento Industrial. El culto a la “planificación” como alternativa a la “anarquía capitalista” se generalizó después de la Gran Depresión en espacios tan disímiles como Washington y Moscú. Roosevelt y Stalin caminaban el mismo sendero que trataba de imponer la racionalidad al mercado en nombre del progreso material.

Aquel mismo año 1942, se creó el Banco de Fomento, institución que apoyaría con crédito barato el financiamiento de empresas privadas y públicas que allanaran el camino a la industrialización. Otra vez mirando hacia el pasado agrario, se estatuyó en 1945 Compañía de Fomento Agrícola cuyo objetivo era responder los reclamos de los agricultores medianos y los colonos de la caña. Cuando en 1950 la Compañía de Fomento se puso en manos de Teodoro Moscoso, el Banco de Fomento ya era uno de los motores de crecimiento de renglones como el de la construcción que ha sido considerado uno de los pilares del desarrollo industrial del país hasta el presente.

Sobre esa base se manufacturó una imagen de Puerto Rico en la que este ofrecía un espacio privilegiado de producción caracterizado por la paz social, la mano de obra barata y la exención contributiva al capital extranjero. El problema era que el “extranjero” en Puerto Rico, que tenía una relación de libre mercado con Estados Unidos, se limitaba a aquel país. El paraíso fisca fue también un paraíso para la inversión americana y, mientras aquellas condiciones se mantuvieran, el esquema debía ser al menos funcional.

 

Turismo: el paraíso tropical

Las corporaciones públicas

Las corporaciones públicas cumplieron un papel protagónico en la inversión en infraestructura, aspecto más visible del cambio y la modernización. En 1941 se fundó la Autoridad de Recursos Hidráulicos que tenía la responsabilidad de promover la electrificación del país mediante el aprovechamiento del potencial hidrológico de la isla, una de las mejor irrigadas del Caribe, y facilitar el acceso a agua potable a bajo costo a las mayorías. El papel que tuvo el consumo de agua potable en la higiene y la salud pública fue enorme, por cierto, pero es un asunto que no se puede discutir en este espacio. En 1942 se instituyó una Autoridad de Transportes que desarrollaría la transportación pública en la zona metropolitana de San Juan, región privilegiada de las políticas desarrollistas de los populares; y una Autoridad de Comunicaciones que difundiría la telefonía y la telegrafía, recurso que apenas habían asomado en las zonas urbanas del país hacia la década de 1890. En 1945, como último ejemplo, se creó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cual se encargaría de distribuir agua potable y de disponer eficazmente de los desperdicios sanitarios por medio de un sistema de alcantarillados urbanos que todavía en el presente no ha llegado a todas las regiones del país.

Vistas en su conjunto, aquellas reformas significaban el aspecto más visible de la modernización de Puerto Rico y desprenderlas del Partido Popular Democrático resulta extremadamente difícil. En su conjunto, hacían al país más atractivo para los inversionistas americanos quienes, en su mayoría, estaban acostumbrados a las comodidades de la vida moderna desde hacía más de 50 años. Para los puertorriqueños comunes, los cambios eran una demostración de progreso social que había que aplaudir. Celebrándolos celebraban al PPD en el poder, organización que entre 1940 y 1964, ganó todas las elecciones por una amplia mayoría.