La crisis del PPD (1960-1980): la política nacional

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La década de 1960 fue crucial en el deterioro del poder electoral del Partido Popular Democrático. Los procesos de industrialización y urbanización que le mantuvieron en el poder desde 1940 minaron las bases de su  poder. Una serie de condiciones propiciaron el desprestigio del proyecto y del Estado Libre Asociado y facilitaron el triunfo del estadoísmo en 1968 a través de una organización original llamada Partido Nuevo Progresista.

El choque generacional

Lo primero que llama la atención del observador es el desarrollo de una confrontación generacional dentro del PPD. La denominada “Vieja Guardia”, representada por el liderato que había dado vida al partido en 1938, fue retada por la “Nueva Generación”, un conjunto de  líderes producto del proceso de industrialización y urbanización al que los hombres de Muñoz Marín habían dado vida desde 1940. El choque entre ambas tendencia  estaba en proceso de maduración desde 1960 y coincide con el último cuatrienio de Muñoz Marín como Gobernador.

La reacción inicial de la “Vieja Guardia”, como era de esperarse, fue resistirse al cambio. Todo parece indicar que una de las pocas figuras de poder que se identificó con la “Nueva generación” fue el ingeniero mayagüezano Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). Sánchez Vilella no solo poseía un “estilo” distinto al de Muñoz Marín sino que se había proyectado como uno de posibles sucesores de aquel para las elecciones de 1964.

La “Nueva Generación” se organizó alrededor del llamado “Grupo de los 22” asociación fundada en Manatí. Algunas de las figuras, entre los ya fallecidos, que llaman la atención de aquel colectivo están el abogado y profesor Juan Manuel García Passalacqua (1937-2010) y el legislador Severo Colberg Ramírez (1924-1990). Entre los que aún viven habría que destacar a Victoria Muñoz Mendoza (1940- ) y el abogado Rafael Hernández Colón (1936- ), dos personalidades que todavía hoy siguen siendo pilares del PPD. Otras figuras que se han distinguido en las últimas década por su presencia publican vinculados a aquella vanguardia son el abogado Marcos A. Rigau, el historiador y profesor Samuel Silva Gotay, el profesor y abogado José Arsenio Torres (1926- ) y el abogado independentista Noel Colón Martínez , entre otros. El grupo fundó el periódico Foro libre para expresar sus ideas.

Juan Manuel García Passalacqua

Las críticas del “Grupo de los 22” a la “Vieja Guardia” al PPD fueron incisivas. En términos generales se quejaban de la poca participación que tenían los jóvenes en el partido y del  distanciamiento que la organización había desarrollado con respecto del pueblo común al cual, alegaban, reducían a la condición de votantes o electores. Para algunos militantes del grupo, Muñoz Marín se había convertido en un líder obsoleto que ya había cumplido su función histórica y debía abrir paso a los más jóvenes. Visto desde la distancia, de lo que se trataba era de una lucha abierta por el control de una maquinaria política exitosa. La confrontación se justificada sobre la base del reconocimiento de que la política práctica en la era industrial y urbana, ya no podía hacerse con las tácticas que habían sido exitosas en el Puerto Rico agrario y rural que produjo la experiencia del primer PPD, el de las elecciones de 1940. Aquella lógica era más que razonable pero la racionalidad no produce respuestas de la misma índole cuando se trata del poder político.

Los efectos de las críticas fueron diversos. Por una parte, promovió la discusión ideológica y llamó la atención sobre la necesidad de revisar el ELA en busca de “más soberanía”. Aquella había sido también una preocupación de Muñoz Marín, por cierto, pero en la década del 1960 el lenguaje se tornó más incisivo y exigente. Lo cierto es que algunos ideólogos del PPD reconocieron los rasgos coloniales del ELA. Uno de ellos fue el abogado y escritor Vicente Géigel Polanco (1904-1979) quien acabó fuera del partido militando en el Partido Independentista Puertorriqueño. Otro fue el historiador y jurista José Trías Monge (1920-2003) quien llegó a ser Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Un segmento significativo de la intelligentsia del PPD, favorecía la idea de culminar el ELA sobre la base de una mayor soberanía respecto al Gobierno federal, pero temían que en ese proceso se les confundiera con los nacionalistas y los independentistas a quienes tanto habían atacado. El atasco más importante en e proceso de revisión del ELA, aparte del desinterés del Congreso de Estados Unidos, ha sido ese sin duda.

La “Vieja Guardia” se organizó en el llamado “Grupo de Jájome”, localidad de Cayey donde ubica la residencia veraniega del gobernador y el mismo estuvo encabezado por las figuras de Santiago Polanco Abreu (1920-1988) y Luis Negrón López (1909-1991), ambos personas de confianza de Muñoz Marín y con aspiraciones a la candidatura a la gobernación para los comicios de 1964. En medio de aquella pugna se decidió el retiro político de Muñoz Marín. El anuncio se hizo en una Asamblea celebrada en Mayagüez (1964) donde se impuso la candidatura de Sánchez Vilella a pesar de las protestas intensas de multitud que no estaba en condición de desprenderse de su caudillo político. Lo cierto es que el retiro de Muñoz Marín implicaba un giro histórico. El líder o no quería o no se sentía capaz de gobernar con la “Nueva Generación” y sacrificaba sus aspiraciones por el bien de la unidad del partido.

Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Villella

¿Qué había cambiado? En 1964 Puerto Rico era otro -urbano e industrial- y se reconocía que Muñoz Marín representaba un pasado que se había dejado atrás. Las campañas políticas directas con el pueblo que había caracterizado al PPD entre 1938 y 1940, apoyadas en el contacto directo, micro y el macro mitin, cumplieron la función de comprometer a la gente con unas estructuras político-partidistas en las que no tenían confianza. La evolución de los medios masivos de comunicación alteró aquel panorama: los medios masivos de comunicación se fueron convirtiendo en el espacio protagónico para el diseño de la opinión pública. La radio estaba accesible en Puerto Rico desde 1922 -WKAQ en San Juan fue la primera de ellas-, y entre 1934 y 1937 se inauguraron la WNEL también en la capital, la WPRP en Ponce y la WPRA en Mayagüez. Del mismo modo, en 1954 apareció la televisión y ya en 1958 había radio y televisión del Estado. Aquellos fenómenos tecnológicos innovadores junto con el desarrollo de la prensa diaria masiva, fueron decisivos para las formas de hacer política en el país.

El asunto no ha sido estudiado con propiedad, pero lo cierto es que ya en 1968 sátira política televisada: se trataba de la comedia “Se alquilan habitaciones” con la actriz y escritora Gilda Galán (1917-2009) transmitida por el Canal 11. La sátira fue tan intensa que el programa fue sacado del aire cinco veces por presiones políticas de Partido Nuevo Progresista organización que entró en el panorama electoral exitosamente en 1968. Ese mismo año se fundó el grupo musical satírico “Los Rayos Gamma”,  obra del ingenio del periodista y comediante Eddie López (1940-1971), quien falleció víctima del cáncer en plena juventud. Y en 1969 ya se difundía la serie de pasos de comedia y crítica, “Esto no tiene nombre”, producido por Tommy Muñiz (1922-2009) para el Canal 4. La mordacidad de la sátira y la crítica seria de programas como “Cara a cara ante el país” democratizaron la relación entre la gente, el Gobierno y el Estado.

Una confrontación con la  Iglesia Católica

En 1960, la Iglesia católica todavía conservaba algunos de los rasgos que había obtenido producto de la invasión de 1898. La institución estaba dominada por obispos de estadounidenses y una jerarquía puertorriqueña en la que el papel de los sacerdotes estadoístas parece haber sido decisivo. Las relaciones ideológicas dentro del sacerdocio y en la jerarquía eclesiástica puertorriqueña, es un asunto que, me parece, requiere una discusión sosegada que no puedo desarrollas en este espacio. Las figuras dominantes en aquel escenario eran el Obispo de Ponce James Edward McManus (1900-1976), el Obispo de San Juan James P. Davis (1904-1988) y el Padre Luis Aponte Martínez (1922-2012), quien fungía como superintendente de colegios católicos para la diócesis de Ponce.

Luis Aponte Martínez y el Papa Pablo VI

La Iglesia Católica desarrolló una campaña contra las políticas de control natalidad impuestas por el PPD en el poder: me refiero  a la esterilización masiva y la distribución de píldoras anticonceptivas. A aquella campaña de fuerte tinte moral, se añadió otra que presionaba a favor de que se instituyera la educación religiosa en las escuelas públicas a pesar de la división de la Iglesia y el Estado que se había instituido desde 1898, y otra para que se usara el inglés como idioma de la educación pública como se hacía antes de 1947. La moral, el conservadurismo político y la americanización cultura propia de los estadoístas más exigentes se daban la mano para retar la legitimidad del PPD y su figura dominante el gobernador Muñoz Marín, un hombre con una pasado bohemio que no pasaba la prueba de  “probidad moral” a la que los católico extremos aspiraban.

La propuesta atrajo a numerosos adversarios políticos del PPD: estadoístas, independentistas y nacionalistas quienes, en vista de su catolicismo y su oposición común al PPD, se comprometieron con aquel discurso. Sobre aquella base se fundó en julio de 1960 el Partido Acción Cristiana, un partido democrata cristiano que aspiraba instrumentar las aspiraciones del liderato católico. Durante la campaña de 1960, desde la tribuna del PAC se amenazó con excomulgar a quienes votaran por el PPD. Lo cierto es que en las elecciones de 1960 el PAC obtuvo 52,096 votos muchos de los cuales parecen haber sido militantes del PIP, situación que provocó que aquel partido perdiera su franquicia electoral. Fue la primera vez, y no la última, que el PIP fue descertificado como partido legalmente inscrito por falta de apoyo electoral.

Durante el cuatrienio de 1961 a 1964 el PPD y el PIP, organizaciones que chocaban abiertamente la una con la otra, tuvieron la capacidad de concertarse con el fin de acusar al PAC de haber cometido actos fraudulentos en el proceso de inscripción. Ese mismo año, consiguieron que los candidatos electos a la Legislatura por el PAC fueran  expulsados del cuerpo y el partido descertificado. La situación es interesante. Todo parece indicar que el PPD prefería la oposición del PIP a la del PAC. Las autoridades fueron eficaces en aquel propósito: entre 1962 y 1964, la organización católica fue desmantelada desde el poder y el catolicismo organizado no volvió a representar un peligro para el PPD. La situación culminó con la intensificación a las autoridades católicas estadounidenses y la “puertorriqueñización” la Iglesia Católica.

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1946-1950)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su cuestionable legitimación internacional por la Organización de Naciones Unidas (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron  estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco, quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monge en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por el diplomático estadounidense Jack K. McFall, son un ejemplo de ello. Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular soberanista que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo y uno de los agentes politicos que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Juan Maldonado Noriega, líder estudiantil (1948)

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento y, en general, fue desoída. El proceso que a la larga condujo a la consolidación del ELA en 1952, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la «acción inmediata» por medio de la protesta violenta. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el «Maestro», una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, izó la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político desde la década de 1930, ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos”. La emblemática torre universitaria había sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939 como reconocimiento al novotratismo y su papel en la recuperación económica del territorio en medio de la Gran Depresión y tenía un valor simbólico extraordinario. Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre. El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión y el activismo independentista, nacionalista o socialista en el país. El lenguaje fundamentalista y autoritario de la ley sigue siendo impresionante: predicar, organizar, publicar, difundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran actos equiparados ante la ley y tratados como una acción delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación , hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monge. La calentura del Guerra Fría, la presión del discurso anticomunista, la amenaza a la hegemonía estadounidense en Europa en la segunda posguerra, había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de la dirección de los populares en el presente: la necesidad de afirmarse en el poder aliándose a los sectores moderados, presumiblemente, mayoritarios, los domina. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

Juan Maldonado Noriega se dirige a los estudiantes en el Teatro de la Universidad

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la «Casa de Estudios» negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición occidental moderna y, acaso, fundamento de aquella. Para Benítez, ser occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta del regreso de Albizu Campos y las protestas de los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquella ley represiva e irracional pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” que se temía era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades nacionalistas por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo de nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.

José Trías Monge y el ELA

“Capítulo 8. En la Secretaría de Justicia” (Fragmento) de Cómo fue. Memorias.  San Juan: EDUPR, 2005, 2007. Págs. 200-201.

Las discusiones con delegados de otras naciones en la ONU (en 1953) sobre el estatus de Puerto Rico fueron arduas. Había entonces y todavía hay al menos doce razones indicativas de la condición colonial de Puerto Rico:

1)      Las leyes de Estados Unidos se aplican a Puerto Rico sin su participación o consentimiento.

2)      Las leyes de Estados Unidos tienen rango superior a las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico. En caso de conflicto prevalecen aquéllas sobre éstas. Eso ocurre también con las constituciones estatales, pero al menos cada estado participa en la aprobación o rechazo de esas leyes.

3)      El presidente y sus delegados pueden negociar tratados y tomar otras acciones que afecten a Puerto Rico sin su participación o consentimiento.

4)      En virtud de concesión unilateral del Congreso de jurisdicción por diversidad de ciudadanía, la corte federal en Puerto Rico puede resolver asuntos de carácter local. Filipinas no tuvo nunca una corte federal, creándose en el caso de Puerto Rico sin su consentimiento.

5)      No existe igualdad o aun comparabilidad de derechos entre los ciudadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico y los residentes en los estados de la Unión.

6)      El gobierno de Estados Unidos sostiene que la soberanía sobre la isla reside en él y no en el pueblo de Puerto Rico.

7)      El Congreso de Estados Unidos asume que puede ejercer poder plenario sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos.

8)      Tanto el Congreso como la rama ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos actúan en consecuencia como si no existiera pacto alguno entre Estados Unidos y Puerto Rico y aun algunos funcionarios argumentan que ninguno es constitucionalmente posible. A pesar de expresiones judiciales en contrario, las otras ramas del Gobierno de Estados Unidos se comportan como si Puerto Rico continuase siendo un territorio o posesión de Estados Unidos.

9)      Aun si se sostuviese finalmente que las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos se fundan en un pacto irrevocable entre las partes, excepto por mutuo acuerdo, y que dicho pacto comprende la Ley de Relaciones Federales, el consentimiento prestado en 1951 a dicho arreglo fue demasiado amplio. No se puede consentir, por ejemplo, que las leyes de un país, todas las pasadas y todas las futuras, gobiernen a otro y sostener a la vez, que ello es compatible con un estatus de libertad. Por eso es por lo que desde la creación del Estado Libre Asociado se ha intentado convertir el consentimiento genérico prestado en consentimiento específico.

10)  Puerto Rico no juega papel alguno en la vida de la comunidad internacional, ni directamente ni mediante participación en las decisiones que tome el Gobierno de Estados Unidos.

11)  El estatus actual de Puerto Rico no satisface los criterios establecidos por las Naciones Unidas en 1960 para determinar si un pueblo ha sido descolonizado.

12)  No se conoce situación alguna en que un pueblo ejerza sobre otros poderes tan vastos como los que Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico y aun así se sostenga que la relación entre ellos no sea de carácter colonial.

Para el momento en que se discutió el caso de Puerto Rico ante las Naciones Unidas en 1953 y 1954 todavía no se habían aprobado por la Asamblea General los criterios para precisar cuándo un pueblo dependiente dejaba de ser colonia. Aun así, la decisión fue atrevida. Los delegados aun de naciones muy amigas de Estados Unidos escuchaban con cortesía, pero con evidente escepticismo, los argumentos al efecto de que se había descolonizado a Puerto Rico. A la larga Estados Unidos lograría una escueta mayoría a favor de su punto de vista pero al costo de una extraordinaria presión política y la expresión por la Asamblea General de su jurisdicción para determinar si un pueblo dependiente podía ser descolonizado o no. Quince años más tarde  (1967 y 1968), cuando la composición de la Asamblea general aumentaría notablemente con la admisión de gran número de países africanos y caribeños, a Estados Unidos le hubiese sido imposible obtener un voto favorable a su decisión de descontinuar el envío de información sobre Puerto Rico por razón de que éste se había convertido en un pueblo autónomo.