La crisis del PPD (1960-1980): la política internacional

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

El evento internacional que más impactó la estabilidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se desarrolló en Cuba. Se trata del triunfo del  “Movimiento 26 de julio” en el año 1959. Como consecuencia del proceso, Fidel Castro Ruz (1926-) se afirmó como un líder de fuerte carácter populista y nacionalista quien, en su primera etapa de poder, coqueteó políticamente con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, durante el mes de enero de aquel año, el rebelde realizó un media tour que lo llevó al “Ed Sullivan Show” en CBS. Castro Ruz y sus compañeros de armas se habían convertido en figuras muy populares entre la juventud estadounidense de la segunda posguerra mundial. Aquel país estaba en las puertas de la Revolución Juvenil Hippie y veía en aquellos guerrilleros caribeños un modelo.

Fidel Castro Ruz y el Vice-presidente Richard Nixon en 19 de abril de 1959 en Washington..

Sin embargo, cuando en 1961 Castro Ruz se declaró socialista y se alió con la Unión Soviética, la situación cambió y el papel de Puerto Rico en la Guerra Fría se profundizó. El Partido Popular Democrático en el poder y en la frontera de su deterioro, se vio en una situación análoga a la que vivió ante la amenaza fascista y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Si en aquel momento se vio forzado a reafirmar su compromiso con el capitalismo y la democracia, ahora se vio precisado a moverse políticamente cada vez más al centro y colocarse en los límites de la derecha. La imagen que proyectaban los militantes de la “Nueva Generación” no abonaba en aquel sentido y, en las circunstancias nuevas, resultaba amenazante.

El giro político de Castro estimuló, por otra parte, la emigración de cubanos comprometidos con el apoyo de Estados Unidos contra la “amenaza comunista”. Uno de sus destinos preferidos  fue  Puerto Rico. Favorecidos por el gobierno local en nombre del de Estados Unidos, nutrieron las filas del estadoísmo puertorriqueño en ascenso, los medios masivos de comunicación lo mismo la prensa escrita, radial que televisiva y el mundo empresarial. El “exiliado cubano” se convirtió en uno de los signos más visibles de la Guerra Fría en el país. La paradoja más interesante de aquel proceso era que, mientras el gobierno de Puerto Rico estimulaba y favorecía la emigración de puertorriqueños hacia el continente, recibía a los cubanos exiliados y les facilitaba el acceso al mercado privilegiándolos.

La Nueva Lucha por la Independencia y la ONU

Aquellos procesos estimularon una reacción: incidieron en la renovación de la oposición independentista en la Isla. Cuba y Puerto Rico tenían un pasado histórico común que había sido romantizado al extremo. La experiencia separatista común en 1868 -Lares y Yara-, y en 1895 durante la llamada “Guerra Necesaria” que culminó con la invasión de ambos territorios a Estados Unidos en 1898, era parte de ello. Desde 1959 aquella filiación se vio renovada por el triunfo de Castro Ruz y en 1961, la particular experiencia socialista cubana al amparo del comunismo soviético, entro en el escenario ideológico puertorriqueño con relativa fuerza.

La experiencia tenía sus antecedentes. La Federación de Universitarios Pro-Independencia (FUPI) fue fundada en 1956 sobre la base del culto al Nacionalismo Revolucionario y Pedro Albizu Campos y conservaba muchos de los rasgos de la vieja Federación Nacional de estudiantes Puertorriqueños (FENEP) de 1932. De mayor relevancia fue la creación del   Movimiento Pro-Independencia (MPI) y del periódico Claridad durante al año 1959. Las figuras centrales de aquel esfuerzo fueron los licenciados Juan Mari Brás (1925-2010) y César Andreu Iglesias, entre otros. Lo interesante del MPI era que se trataba de una propuesta no electoral y descolonizadora original que recordaba los esfuerzos de la Unión Puertorriqueña iniciada por el también abogado Rosendo Matienzo Cintrón en 1903. El MPI y su liderato era abiertamente filonacionalistas y veían en Albizu Campos, anciano ya, un héroe y un mártir de la nacionalidad. Es cierto que el grupo manifestaba también su admiración por la gesta de Castro Ruz y la Revolución Cubana de 1959. Pero también es patente que sólo simpatizaban críticamente con la experiencia del comunismo cubano después de 1961. Lo cierto es que en el MPI convergieron tradiciones nacionalistas y socialistas revolucionarias sin que la organización pueda ubicarse de una manera definitiva en ninguno de los dos campos. Una de las metas del movimiento era acercarse al Partido Independentista Puertorriqueño y al Partido Nacionalista a fin de producir un frente amplio por la descolonización e independencia. Sin embargo, la jerarquía del PIP, todavía encabezada por el abogado Gilberto Concepción de Gracia, los miró con reservas probablemente porque los interpretaban como una amenaza a sus propios intereses electorales.

Esa resistencia del PIP a transar para fines estratégico con el MPI, fue una de las bases de la escisión del independentismo en dos bandos irreconciliables a la vez que estimuló la fragmentación de su militancia que, desde entonces, no ha sido capaz de elaborar un frente común anticolonial. La hora del PIP llegaría en 1970 con el ascenso a la presidencia de la organización del abogado y profesor Rubén Berríos Martínez (1939-). A pesar de que Berríos Martínez manejaba un discurso socialista, su resistencia a trabar relaciones con el MPI, convertido en Partido Socialista Puertorriqueño en 1971, en la dirección de un Frente Amplio Independentista fueron notables.

Juan Mari Brás

La otra novedad que trajo la década del 1960 es el producto de la convergencia entre los factores interno señalados en el comentario anterior y la nueva situación internacional: se trata de las intensas campañas por animar la discusión del caso colonial de Puerto Rico en la Organización de Naciones Unidas. En cierto modo, se alegaba que Puerto Rico no había sido amparado por la carta del Atlántico y no había ejercido su derecho a la “libre determinación” y la “independencia”. En la práctica, lo que intentaba era negar la validez de la  Res. 748 (VIII) de 1953. Los pioneros de aquel proyecto  en 1960 los ya citados Géigel Polanco y Mari Brás, entre otros. La tesis jurídica era que debía revocarse la Resolución 748 (VIII) de 1953 y que Puerto Rico fuese amparado por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU titulada “Resolución Sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales”. En 1965 el caso de Puerto Rico  fue discutido en el “Comité de Descolonización” de la ONU pero el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que relación con la isla es un asunto “doméstico” y no uno de competencia “internacional”.

En conclusión, todos los pilares ideológicos sobre los que se apoyaba el PPD, se estaban viniendo abajo hacia el año 1967. Las lecciones de los comicios de 1968 fueron enormes. El PPD ya no era lo que había sido desde 1938.

La crisis del PPD (1960-1980): la política nacional

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La década de 1960 fue crucial en el deterioro del poder electoral del Partido Popular Democrático. Los procesos de industrialización y urbanización que le mantuvieron en el poder desde 1940 minaron las bases de su  poder. Una serie de condiciones propiciaron el desprestigio del proyecto y del Estado Libre Asociado y facilitaron el triunfo del estadoísmo en 1968 a través de una organización original llamada Partido Nuevo Progresista.

El choque generacional

Lo primero que llama la atención del observador es el desarrollo de una confrontación generacional dentro del PPD. La denominada “Vieja Guardia”, representada por el liderato que había dado vida al partido en 1938, fue retada por la “Nueva Generación”, un conjunto de  líderes producto del proceso de industrialización y urbanización al que los hombres de Muñoz Marín habían dado vida desde 1940. El choque entre ambas tendencia  estaba en proceso de maduración desde 1960 y coincide con el último cuatrienio de Muñoz Marín como Gobernador.

La reacción inicial de la “Vieja Guardia”, como era de esperarse, fue resistirse al cambio. Todo parece indicar que una de las pocas figuras de poder que se identificó con la “Nueva generación” fue el ingeniero mayagüezano Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). Sánchez Vilella no solo poseía un “estilo” distinto al de Muñoz Marín sino que se había proyectado como uno de posibles sucesores de aquel para las elecciones de 1964.

La “Nueva Generación” se organizó alrededor del llamado “Grupo de los 22” asociación fundada en Manatí. Algunas de las figuras, entre los ya fallecidos, que llaman la atención de aquel colectivo están el abogado y profesor Juan Manuel García Passalacqua (1937-2010) y el legislador Severo Colberg Ramírez (1924-1990). Entre los que aún viven habría que destacar a Victoria Muñoz Mendoza (1940- ) y el abogado Rafael Hernández Colón (1936- ), dos personalidades que todavía hoy siguen siendo pilares del PPD. Otras figuras que se han distinguido en las últimas década por su presencia publican vinculados a aquella vanguardia son el abogado Marcos A. Rigau, el historiador y profesor Samuel Silva Gotay, el profesor y abogado José Arsenio Torres (1926- ) y el abogado independentista Noel Colón Martínez , entre otros. El grupo fundó el periódico Foro libre para expresar sus ideas.

Juan Manuel García Passalacqua

Las críticas del “Grupo de los 22” a la “Vieja Guardia” al PPD fueron incisivas. En términos generales se quejaban de la poca participación que tenían los jóvenes en el partido y del  distanciamiento que la organización había desarrollado con respecto del pueblo común al cual, alegaban, reducían a la condición de votantes o electores. Para algunos militantes del grupo, Muñoz Marín se había convertido en un líder obsoleto que ya había cumplido su función histórica y debía abrir paso a los más jóvenes. Visto desde la distancia, de lo que se trataba era de una lucha abierta por el control de una maquinaria política exitosa. La confrontación se justificada sobre la base del reconocimiento de que la política práctica en la era industrial y urbana, ya no podía hacerse con las tácticas que habían sido exitosas en el Puerto Rico agrario y rural que produjo la experiencia del primer PPD, el de las elecciones de 1940. Aquella lógica era más que razonable pero la racionalidad no produce respuestas de la misma índole cuando se trata del poder político.

Los efectos de las críticas fueron diversos. Por una parte, promovió la discusión ideológica y llamó la atención sobre la necesidad de revisar el ELA en busca de “más soberanía”. Aquella había sido también una preocupación de Muñoz Marín, por cierto, pero en la década del 1960 el lenguaje se tornó más incisivo y exigente. Lo cierto es que algunos ideólogos del PPD reconocieron los rasgos coloniales del ELA. Uno de ellos fue el abogado y escritor Vicente Géigel Polanco (1904-1979) quien acabó fuera del partido militando en el Partido Independentista Puertorriqueño. Otro fue el historiador y jurista José Trías Monge (1920-2003) quien llegó a ser Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Un segmento significativo de la intelligentsia del PPD, favorecía la idea de culminar el ELA sobre la base de una mayor soberanía respecto al Gobierno federal, pero temían que en ese proceso se les confundiera con los nacionalistas y los independentistas a quienes tanto habían atacado. El atasco más importante en e proceso de revisión del ELA, aparte del desinterés del Congreso de Estados Unidos, ha sido ese sin duda.

La “Vieja Guardia” se organizó en el llamado “Grupo de Jájome”, localidad de Cayey donde ubica la residencia veraniega del gobernador y el mismo estuvo encabezado por las figuras de Santiago Polanco Abreu (1920-1988) y Luis Negrón López (1909-1991), ambos personas de confianza de Muñoz Marín y con aspiraciones a la candidatura a la gobernación para los comicios de 1964. En medio de aquella pugna se decidió el retiro político de Muñoz Marín. El anuncio se hizo en una Asamblea celebrada en Mayagüez (1964) donde se impuso la candidatura de Sánchez Vilella a pesar de las protestas intensas de multitud que no estaba en condición de desprenderse de su caudillo político. Lo cierto es que el retiro de Muñoz Marín implicaba un giro histórico. El líder o no quería o no se sentía capaz de gobernar con la “Nueva Generación” y sacrificaba sus aspiraciones por el bien de la unidad del partido.

Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Villella

¿Qué había cambiado? En 1964 Puerto Rico era otro -urbano e industrial- y se reconocía que Muñoz Marín representaba un pasado que se había dejado atrás. Las campañas políticas directas con el pueblo que había caracterizado al PPD entre 1938 y 1940, apoyadas en el contacto directo, micro y el macro mitin, cumplieron la función de comprometer a la gente con unas estructuras político-partidistas en las que no tenían confianza. La evolución de los medios masivos de comunicación alteró aquel panorama: los medios masivos de comunicación se fueron convirtiendo en el espacio protagónico para el diseño de la opinión pública. La radio estaba accesible en Puerto Rico desde 1922 -WKAQ en San Juan fue la primera de ellas-, y entre 1934 y 1937 se inauguraron la WNEL también en la capital, la WPRP en Ponce y la WPRA en Mayagüez. Del mismo modo, en 1954 apareció la televisión y ya en 1958 había radio y televisión del Estado. Aquellos fenómenos tecnológicos innovadores junto con el desarrollo de la prensa diaria masiva, fueron decisivos para las formas de hacer política en el país.

El asunto no ha sido estudiado con propiedad, pero lo cierto es que ya en 1968 sátira política televisada: se trataba de la comedia “Se alquilan habitaciones” con la actriz y escritora Gilda Galán (1917-2009) transmitida por el Canal 11. La sátira fue tan intensa que el programa fue sacado del aire cinco veces por presiones políticas de Partido Nuevo Progresista organización que entró en el panorama electoral exitosamente en 1968. Ese mismo año se fundó el grupo musical satírico “Los Rayos Gamma”,  obra del ingenio del periodista y comediante Eddie López (1940-1971), quien falleció víctima del cáncer en plena juventud. Y en 1969 ya se difundía la serie de pasos de comedia y crítica, “Esto no tiene nombre”, producido por Tommy Muñiz (1922-2009) para el Canal 4. La mordacidad de la sátira y la crítica seria de programas como “Cara a cara ante el país” democratizaron la relación entre la gente, el Gobierno y el Estado.

Una confrontación con la  Iglesia Católica

En 1960, la Iglesia católica todavía conservaba algunos de los rasgos que había obtenido producto de la invasión de 1898. La institución estaba dominada por obispos de estadounidenses y una jerarquía puertorriqueña en la que el papel de los sacerdotes estadoístas parece haber sido decisivo. Las relaciones ideológicas dentro del sacerdocio y en la jerarquía eclesiástica puertorriqueña, es un asunto que, me parece, requiere una discusión sosegada que no puedo desarrollas en este espacio. Las figuras dominantes en aquel escenario eran el Obispo de Ponce James Edward McManus (1900-1976), el Obispo de San Juan James P. Davis (1904-1988) y el Padre Luis Aponte Martínez (1922-2012), quien fungía como superintendente de colegios católicos para la diócesis de Ponce.

Luis Aponte Martínez y el Papa Pablo VI

La Iglesia Católica desarrolló una campaña contra las políticas de control natalidad impuestas por el PPD en el poder: me refiero  a la esterilización masiva y la distribución de píldoras anticonceptivas. A aquella campaña de fuerte tinte moral, se añadió otra que presionaba a favor de que se instituyera la educación religiosa en las escuelas públicas a pesar de la división de la Iglesia y el Estado que se había instituido desde 1898, y otra para que se usara el inglés como idioma de la educación pública como se hacía antes de 1947. La moral, el conservadurismo político y la americanización cultura propia de los estadoístas más exigentes se daban la mano para retar la legitimidad del PPD y su figura dominante el gobernador Muñoz Marín, un hombre con una pasado bohemio que no pasaba la prueba de  “probidad moral” a la que los católico extremos aspiraban.

La propuesta atrajo a numerosos adversarios políticos del PPD: estadoístas, independentistas y nacionalistas quienes, en vista de su catolicismo y su oposición común al PPD, se comprometieron con aquel discurso. Sobre aquella base se fundó en julio de 1960 el Partido Acción Cristiana, un partido democrata cristiano que aspiraba instrumentar las aspiraciones del liderato católico. Durante la campaña de 1960, desde la tribuna del PAC se amenazó con excomulgar a quienes votaran por el PPD. Lo cierto es que en las elecciones de 1960 el PAC obtuvo 52,096 votos muchos de los cuales parecen haber sido militantes del PIP, situación que provocó que aquel partido perdiera su franquicia electoral. Fue la primera vez, y no la última, que el PIP fue descertificado como partido legalmente inscrito por falta de apoyo electoral.

Durante el cuatrienio de 1961 a 1964 el PPD y el PIP, organizaciones que chocaban abiertamente la una con la otra, tuvieron la capacidad de concertarse con el fin de acusar al PAC de haber cometido actos fraudulentos en el proceso de inscripción. Ese mismo año, consiguieron que los candidatos electos a la Legislatura por el PAC fueran  expulsados del cuerpo y el partido descertificado. La situación es interesante. Todo parece indicar que el PPD prefería la oposición del PIP a la del PAC. Las autoridades fueron eficaces en aquel propósito: entre 1962 y 1964, la organización católica fue desmantelada desde el poder y el catolicismo organizado no volvió a representar un peligro para el PPD. La situación culminó con la intensificación a las autoridades católicas estadounidenses y la “puertorriqueñización” la Iglesia Católica.

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1946-1950)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su cuestionable legitimación internacional por la Organización de Naciones Unidas (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron  estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco, quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monge en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por el diplomático estadounidense Jack K. McFall, son un ejemplo de ello. Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular soberanista que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo y uno de los agentes politicos que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Juan Maldonado Noriega, líder estudiantil (1948)

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento y, en general, fue desoída. El proceso que a la larga condujo a la consolidación del ELA en 1952, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la «acción inmediata» por medio de la protesta violenta. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el «Maestro», una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, izó la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político desde la década de 1930, ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos”. La emblemática torre universitaria había sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939 como reconocimiento al novotratismo y su papel en la recuperación económica del territorio en medio de la Gran Depresión y tenía un valor simbólico extraordinario. Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre. El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión y el activismo independentista, nacionalista o socialista en el país. El lenguaje fundamentalista y autoritario de la ley sigue siendo impresionante: predicar, organizar, publicar, difundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran actos equiparados ante la ley y tratados como una acción delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación , hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monge. La calentura del Guerra Fría, la presión del discurso anticomunista, la amenaza a la hegemonía estadounidense en Europa en la segunda posguerra, había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de la dirección de los populares en el presente: la necesidad de afirmarse en el poder aliándose a los sectores moderados, presumiblemente, mayoritarios, los domina. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

Juan Maldonado Noriega se dirige a los estudiantes en el Teatro de la Universidad

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la «Casa de Estudios» negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición occidental moderna y, acaso, fundamento de aquella. Para Benítez, ser occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta del regreso de Albizu Campos y las protestas de los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquella ley represiva e irracional pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” que se temía era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades nacionalistas por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo de nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.

Vicente Géigel Polanco y la Ley 600

“Ni constitución ni convenio” (Fragmento). Publicado en El Mundo, a 19 de mayo de 1951. Tomado de La farsa del estado Libre Asociado. Río Piedras: Edil, 1972. Págs. 21-24.

Pues bien, la Sección 4 (de la Ley Pública 600) provee que todas las disposiciones  de la Ley Jones que tratan sobre las relaciones políticas y económicas entre Puerto Rico y Estados Unidos quedarán subsistentes y se conocerán como la “Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico”. Esto significa que quedarán inalteradas las actuales relaciones políticas y económicas

Nada menos

Esas relaciones son, nada menos, que las siguientes.

1)      Que Estados Unidos ejerce y seguirá ejerciendo soberanía sobre Puerto Rico, en virtud de la cesión que consagró el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898;

2)      Que Puerto Rico es y seguirá siendo una posesión territorial de Estados Unidos, según se expresa en la sección de la Ley Jones, que pasará a ser también la sección 1 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico;

3)      Que Estados Unidos tiene y seguirá teniendo plenos poderes sobre el territorio de Puerto Rico bajo los términos del inciso 2, sección 3, del artículo IV de la Constitución federal, que faculta al Congreso para disponer de los territorios pertenecientes a Estados Unidos y dictar en cuanto a ellos las leyes, reglas y reglamentos que considere necesarios;

4)      Que Puerto Rico seguirá sujeto a las leyes de tarifas de Estados Unidos en sus relaciones comerciales con países extranjeros, quedando todas las importaciones que haga la Isla de tales países sujetas al pago de los derechos de aduana que imponen las referidas leyes de tarifas, en cuya redac­ción y aprobación no ha intervenido ni podrá intervenir el pueblo de Puerto Rico.

5)      Que Puerto Rico no podrá negociar tratados de comercio con países extranjeros;

6)      Que Puerto Rico está y seguirá sujeto a las leyes de cabotaje de Estados Unidos, que significa que está y seguirá obligado a usar barcos de matrícula norteamericana en sus relaciones comercia­les con Estados Unidos;

7)      Que continuará la presente relación de comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos, en virtud de la cual la mercadería de Estados Unidos entrará libre de derechos en Puerto Rico, y la de Puerto Rico, a su vez, libre de derechos en Estados Unidos;

8)      Que los habitantes naturales de Puerto Rico seguirán siendo ciudadanos de Estados Unidos;

9)      Que los ingresos por concepto de arbitrios federales sobre artículos producidos en Puerto Rico que entren al mercado de Estados Unidos, tales como ron, cigarrillos, etc., y los ingresos de aduana sobre mercaderías importadas por Puerto Rico, se seguirán devolviendo al Tesoro de Puerto Rico;

10)  Que la industria azucarera de Puerto Rico seguirá sujeta al sistema de cuotas fijado por el Congreso de Estados Unidos, quedando así limitada por acción congresional la capacidad de producción de nuestro pueblo en su industria básica;

11)  Que el refinado de azúcar en Puerto Rico quedará igualmente sujeto a la exigua cuota, que se fija ahora bajo la Ley Azucarera del Congreso de Estados Unidos, quedando así la Isla impedida de refinar todo su azúcar;

12)  Que Puerto Rico seguirá sujeto a numerosas leyes del Congreso de Estados Unidos, tales como la Ley Federal de Horas y Salarios, la Ley de Inquilinato, la Ley del Servicio Selectivo, las leyes que proveen ayuda económica a los estados y territorios para fines educativos, de fomento agrícola, protección de la salud, construcción de puertos y carreteras, etcétera.

13)  Que en Puerto Rico seguirá funcionando la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Dis­trito de Puerto Rico (Corte Federal) con su actual jurisdicción;

14)  Que todas las diligencias judiciales en Puerto Rico se harán a nombre de «Estados Unidos de América, SS, El Presidente de Estados Unidos»;

15)  Que Puerto Rico seguirá sujeto al sistema judicial de Estados Unidos, en el sentido de que las decisiones de nuestro Tribunal Supremo no serán finales, sino revisables por la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston y el Tribunal Supremo de Estados Unidos conforme a las leyes federales;

16)  Que todos los funcionarios en Puerto Rico deberán ser ciudadanos de Estados Unidos y antes de entrar en el desempeño de sus respectivas funciones, prestarán juramento de sostener la Constitución de Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico;

17)  Que el pueblo de Puerto Rico seguirá eligiendo cada cuatro años un Comisionado Residente, sin voz ni voto, quien tendrá derecho a reconocimiento oficial como tal Comisionado por todos los Departamentos del Gobierno de Estados Unidos:

18)  Que Puerto Rico seguirá sujeto al sistema monetario y postal de Estados Unidos.

Bajo la Ley 600, tales son, en apretada pero no agotadora síntesis, las relaciones políticas y económicas que subsistirán como «Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico».