Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)

• Mario R. Cancel Sepúlveda

Una mirada al pasado político de Puerto Rico no deja lugar a dudas de que el país tiene una amplia experiencia con los poderes ejecutivos fuertes. La monarquía autoritaria española, inventó la colonia en el siglo 16 y, hasta el 1898, la experiencia con regímenes participativos o de separación de poderes fue ínfima. La presencia de los vasallos en la vida pública se reducía a las elites que se insertaban en las estructuras del cabildo, donde lo había. Los Capitanes Generales que administraron el territorio desde la década de 1560, daban el aspecto temible del autócrata consumado.

Los periodos liberales de 1812, 1820, 1836 y 1868, fueron producto de graves crisis políticas en la península y se caracterizaron por la brevedad. Peor aún, durante aquellos periodos se la experiencia liberal se vivió en el marco de un gobierno colonial que siguió nombrando los gobernadores y mirando al insular, incluso a sus sectores criollos más privilegiados, con desdén y desprecio. Las prácticas económicas liberales se desarrollaron en medio de un mercado controlado por una monarquía autoritaria, y sólo sirvieron para profundizar las relaciones coloniales y  la dependencia.

El crecimiento económico del siglo 19 no significó un adelantamiento de las libertades civiles. Por el contrario, animó la sumisión de la clase criolla que confirmó su fidelidad a la hispanidad con un espíritu de sumisión total. La desconfianza de las autoridades españolas en la capacidad para el gobierno propio del pueblo puertorriqueño era compartida por los mismos intelectuales criollos que aspiraban a representarla. Los intelectuales criollos se resistían a tomar distancia de España, vejaban a separatistas independentistas, anexionistas y antillanistas e insistían, casi como un ruego, en que se equiparara la «hispanidad» insular y la peninsular. El sabor de la “democracia”  fue una rareza exótica para el paladar civil de los puertorriqueños.

A pesar de la promesa de progreso y democracia de los voceros de los invasores, el 1898, no cambió la situación. El gobierno militar producto de la guerra, dio paso a un régimen civil cuya maquinaria dependía de la voluntad de las fuerzas armadas. Algunas autorizadas voces criollas lamentaron que durara tan poco. Ese fue el caso de Salvador Brau Asencio quien pensaba que unos años más de gobierno militar no hubiesen venido mal en un país ausente de disciplina.

La relación colonial instituida por el gobierno civil acorde con la Ley Joe Foraker, una invención de un Congreso republicano que temía a los negros pobres que habitaban la isla y no era capaz de imaginarla como un Estado más de la Unión, no ha sido alterada en lo sustantivo desde 1900. Los parches jurídicos que se han puesto sobre esta relación asimétrica son pocos. Una mínima ración de poder para el Comisionado Residente, un Senado electivo en 1917, el derecho a elegir un gobernador en 1947 y una Constitución redactada localmente pero sometida a un cuerpo legislativo extranjero en 1952. La dolarización del mercado y la aplicación del cabotaje ya eran una realidad desde 1899. La ciudadanía estadounidense sin que ello significara un compromiso con la Estadidad futura del territorio impuesta en 1917, selló la relación hasta el presente.

Es curioso que la plena separación de poderes, una de las aspiraciones liberales más esperadas, sólo fuese posible desde 1917. Desde entonces, el poder legislativo se convirtió en un signo colectivo legítimo de la  identidad jurídica puertorriqueña ante el otro. En ocasiones también lo fue de identidad nacional. Estados Unidos, como el Reino de España, tampoco confiaba en dejar muchos espacios de poder a unos  colonos que despreciaba y cuya capacidad de autogobierno ponía en duda. El hecho de que entre  el 1900 y 1948 los primeros ejecutivos fuesen nombrados por una autoridad extranjera estimuló el desarrollo de poderes legislativos fuertes. Una Cámara de Delegados bajo la Ley Foraker retó la relación colonial en 1909 durante la llamada “huelga legislativa” de ese año. En 1928 un Senado dominado por aliancistas envío un mensaje descolonizador al Presidente Warren Harding de la mano de Charles Lindbergh. El consenso era que la relación estatutaria colonial no era “democrática”.

Ni lo uno ni lo otro surtió el efecto esperado y me consta que  son hechos que casi ni se recuerdan.  Sin embargo nadie puede negar que el poder legislativo, a pesar de los límites que le imponía el coloniaje, era muy vocal a la hora de manifestar sus posturas. No sé si deba aclarar que no se debe confundir lo que digo con la vulgar “nostalgia” por un pasado que se presume mejor. No soy nostálgico ni optimista y me consta que los señores legisladores de aquel entonces representaban muy bien sus intereses de clase y circulaban por los espacios del poder con el encanto que les daba su situación socialmente privilegiada.

A pesar de la difusión de la retórica estatutaria en el discurso local, después de 1952 nada más ha sucedido en ese ámbito. Los esfuerzos de “reformar” el estatus desde 1959 al presente, han colapsado ante el muro del estreñimiento manifiesto del Congreso para ampliar el margen de “libertad” de su posesión caribeña. El sabor de la democracia, que fue una de las aspiraciones más genuinas del populismo de primera fase cuando la caseta y el voto secreto y único que no se vendía, se vio reducido a migajas.

La reforma más celebrada del siglo 20, el derecho a elegir mediante el voto popular el gobernador local, cambio dramáticamente del balance de fuerzas entre el poder legislativo y el ejecutivo. La imagen del “gobernador” en la colonia recordaba, a quien poseía cierta cultura política, los malos humos de Romualdo Palacios, Emett Montgomery Riley o  Blanton Winship. Las heridas del pasado fueron cauterizadas con las figuras benévolas de Rexford G. Tugwell, “Rex the Red” para los republicanos, y Jesús T. Piñero, un popular moderado partidario del “Nuevo Trato”.

La llegada de Luis Muñoz Marín a la Fortaleza representó una “revolución» no porque fuese el primero en ocupar el puesto electo popularmente, sino porque terminó con la era de los poderes legislativos fuertes. Las legislaturas  ya no verían en el ejecutivo un adversario sino un socio poderoso al cual había que respetar y obedecer. Muñoz Marín, no hay que dudarlo, conocía las ventajas de un legislativo fuerte dado que, cuando fue electo Senador en 1940, ocupó la posición de Presidente del cuerpo. La “gobernación” entre 1940-1943, tuvo un pie en la Fortaleza y otro en el Capitolio.

El autoritarismo de Muñoz Marín era proverbial: su condición de caudillo iluminado, de figura legendaria que había guiado el Puerto Rico del siglo americano en su tránsito del “campo al pueblo” parecía justificarlo. Por eso los cuerpos legislativos sumisos se sucedieron en el panorama local bajo su gobernación. El balance se quebró, como se sabe, en medio de las  divisiones políticas que se concretaron en la década de 1960 cuando un plebiscito de estatus (1967) y el reto del Partido del Pueblo y el Partido Nuevo Progresista (1968), minaron el dominio de un Partido Popular Democrático que se abocaba a una primera crisis de identidad. Fíjese que cuando Muñoz abandonó la gobernación y regresó al Senado, la situación ya  no era la misma. Roberto Sánchez Vilella, el nuevo primer ejecutivo no podía permitir que el viejo caudillo gobernara desde su silla de Senador. Los constructores de la “democracia” la ponían en entredicho por la voracidad del poder.

El discurso “democrático” que había sido tan eficiente en la década del 1940 había perdido su solidez: se había quedado a la zaga del la realidad material de “Operación Manos a la Obra”. Siempre que reflexiono sobre aquel periodo acabo por reconocer que la experiencia de la democracia puertorriqueña ha pecado de numerosas flaquezas. La mayor candidez del paísha sido confundir el derecho a elegir mediante el voto popular a los funcionarios con la democracia, sin tomar en cuenta que esos procesos, cuando se ofrecen en un contexto colonial y de dependencia, siempre resultan cuestionables y frágiles.

 

Nota: Publicado originalmente como “Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)” El Post Antillano-Revista Dominical Letras Café y Tostadas en http://www.elpostantillano.com/revista-dominical/332-caribe-hoy/10254-mario-r-cancel-sepulveda.html. Desparecido de la red, incluyo la versión original.

Puerto Rico en la imaginación barroca: una mirada irónica

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

 

En 1989 me enteré de que el Capitán Alonso de Contreras  había visitado Puerto Rico en el año 1618. El hallazgo no había sido mío: debo el dato a una publicación casual del investigador Ángel López Cantos en la Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe de aquel año. El dato estaba en uno de los muchos textos que conforman el olvidado discurso historiográfico nacional.

«Migrantes» por Ismael Rodríguez Báez

Contreras había sido un aventurero madrileño con amplia hoja militar quien, además, practicó la piratería  contra berberiscos y turcos y llegó a ser gobernador de Pantelaria, una isla de los mares italianos tan desconocida como él mismo. Amigo alegado de Lope de Vega, escribió su autobiografía por petición del “Monstruo de la Naturaleza”. El militar y el pícaro que convivían en Contreras se proyectaban en una autobiografía que lindaba la frontera de la novela, como suele suceder. Tuve la oportunidad de visitar la casa  de Contreras en los alrededores de la Plazuela de San Ginés en Madrid en el verano de 2008.

Contreras fue  recibido por el Felipe de Biamonte (Beaumont) y Navarra), Gobernador entre los años 1614 y 1620. La  experiencia del visitante en Puerto Rico fue episódica pero no deja de llamar la atención del lector. Cuando el gobernador le pidió que “le dejase cuarenta soldados para reforzar el presidio”, uno de los eslabones más importantes en la seguridad del Imperio Español y su control de las Indias, “no se quería quedar ninguno, y todos casi lloraban por quedar allí”. El Capitán, a pesar de la rudeza de su vida, no les quitaba la razón porque aceptaba que, permanecer en la isla, “era quedar esclavos eternos”. “Llorar” era lamentar un infortunio, reconocerse pobre y mísero. Puerto Rico era un lugar del cual había que distanciarse.

Para Contreras el deseo del gobernador debía ser era una orden. Para no hacerse responsable de la desgracia de terceros, el Capitán decidió dejar la selección en manos de Fortuna. Fortuna era una deidad femenina veleidosa muy popular  en el Imperio Romano Tardío la cual  Maquiavelo rescató en las argumentaciones de El Príncipe.  Se quedarían en Puerto Rico quienes al azar recibiesen una “boleta negra”. El juego lingüístico es muy sabroso en este caso. En milicia dar “bola negra” es rechazar el servicio inmediato de un recluta: un hecho degradante que no lo libera del deber castrense futuro. El “bola negra” era un reservista que quedaba a expensas de los hechos futuro, de la Fortuna. La veleidosa dama, según se recoge en el mito, traicionó al Capitán cuando “le tocó también a un criado mío que me servía de barbero, el cual quedó el primero”.

Las implicaciones del breve relato de Contreras sobre la imagen de Puerto Rico son devastadoras. “Huir” o “evadir” a San Juan Bautista era la regla en 1618. Se trataba de un lugar que había que evitar. Basta recordar como el “Dios me lleve al Perú” se impuso en la década 1530. En 1690, en una novela firmada por Carlos Sigüenza y Góngora titulada  Los infortunios de Alonso Ramírez se narra como un chico de 13 años decide salir del Puerto-Rico en 1675 y acaba dándole la vuelta al mundo. Todavía a fines del siglo 18 el destierro San Juan de Puerto Rico se utilizaba como “castigo ejemplar”, tal y como ocurrió en el caso del pintor Luis Paret y Alcázar.

La caricatura del Capitán Alonso de  Contreras posee una actualidad extraordinaria. La idea de que Puerto Rico es un lugar del cual hay que “huir” tiene un largo pedigrí. Arico sólo se retorna cuando la crisis en el “afuera” es peor que en el “adentro”. El pasado no retorna. En realidad no tiene que hacerlo: siempre está allí agazapado mirando el presente con la ventaja de que para las mayorías la historia es el gran arcano y un misterio incomprensible.

Lo cierto es que siempre se encontrará una razón legítima para evadir los sistemas en crisis. El hecho de que entre el 2000 y el 2010 la población del país se haya reducido y que hoy vivan más puertorriqueños fuera del país que en él, es una prueba de ello. La paradoja es que el Puerto Rico que hemos presumido “moderno”, el que se forjó bajo el impacto de “Operación Manos a la Obra”, se apoyó en la evacuación de un porcentaje significativo de la población hacia el norte. La emigración era entonces un mecanismo de control de crisis que el Estado utilizaba para reducir la presión de una olla a punto de estallar y garantizar su imagen de proyecto exitoso y de “milagro económico”.

Sorprende que, a la altura de 2013 pretendan convertir la disyuntiva entre  emigrar o permanecer en una cuestión moral. El discurso de que el que se va hoy traiciona una hipotética “causa nacional” o “proyecto de país” no tiene sentido. En Puerto Rico, las elites de poder no poseen ni lo uno ni lo otro. Lo que lamenta esa mentalidad contable es la huida de un consumidor potencial cuya ausencia del mercado se convierte en una ganancia para el mercado al cual se integra. Lo peor de todo es que nada parece indicar que las condiciones que justifican la fuga cambiarán en un futuro cercano. Los soldados de Contreras y los Alonsos que huyen seguirán reproduciéndose, sin duda.

El fin de la Era de las 936: Puerto Rico ante la Era Global

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La segunda ofensiva en contra de la aplicación de la Sección 936 en Puerto Rico aconteció bajo la administración Bill Clinton (1993-2001) concluyó, como se sabe,  con la demolición del privilegio fiscal del Estado Libre Asociado. Un Congreso dominado por los Republicanos volvió a llamar la atención sobre los impuestos federales no pagados e insistió en que los mismos eran necesarios para balancear el presupuesto de Estados Unidos y enfrentar su  Deuda Pública, la más alta del mundo.

Los Congresistas Republicanos acusaron a la Sección 936 de actuar como un tipo de “Mantengo Corporativo”. En Puerto Rico el argumento condujo a algunos señalar la permanencia de la medida favorecía la continuación de la relación colonial denominada  ELA cuya legitimidad había sido cuestionada duramente por los ideólogos Republicanos desde 1989 sin que ello redundara en un apoyo abierto a la estadidad para el país.

La administración Pedro Roselló González (1993-2001) defendió la permanencia de la Sección 936 de una manera moderada. Uno de los problemas con los que contó fue que su Comisionado Residente Carlos Romero Barceló cabildeó para que la eliminaran coincidiendo de este modo con las políticas republicanas dominantes.  En 1996 se decidió la cancelación del privilegio fiscal efectiva en enero de 2006. En Puerto Rico los ideólogos del Partido Popular Democrático responsabilizaron a Roselló González y Romero Barceló por la eventualidad.

Lo cierto es que Roselló González y sus asesores reconocían que aquella decisión colocaba al ELA ante un abismo y que ni la Independencia ni la Estadidad estaban a la vuelta de la esquina. Un cambio de  Estatus  no podía plantearse como un mecanismo para enfrentar la nueva situación. Los especialistas de aquel gobierno solicitaron el amparo de la Sección 30-A del Código de Rentas Internas Federal con el cual pretendían ofrecer como estímulo para la inversión en la isla una exención contributiva a las empresas acorde con la cantidad de empleos que produjeran en el territorio. Los planes de aquellos asesores  se combinarían con la promoción del desarrollo de la alta tecnología en el país, apoyados en el hecho de que ya la Revolución Informática había comenzado y representaba una esperanza económica a nivel global. También aspiraban a promover que las empresas extranjeras subcontrataran servicios a compañías puertorriqueñas con el fin de  animar el empresarismo local. El Congreso de Estados Unidos  rechazó todas aquellas opciones.

Conclusiones

Entre 1999 y 2006 se vivió el fin de una época. La Sección 936 fue la última política económica que usaba las exenciones contributivas como estímulo para la inversión aplicable en el ELA. Se trataba de  una práctica común de la Era de Guerra Fría. Todo aquel engranaje dependía de la  Providencia del Estado y el crecimiento emanaba de la exención de tributos federales y estatales  y del Mercado Libre entre las dos partes impuesto en 1900. Pero el Neoliberalismo y la Globalización ya no admitirían ese tipo de prácticas.

 En 1993 se consolidó lo que se llamó el “Tratado Norteamericano de Libre Comercio” (TNLC o NAFTA: North American Free Trade Agreement). Ya en 1994, Canadá, Estados Unidos y México habían creado una “zona de libre comercio” que facultaba la circulación trilateral de mercancías y servicios en los tres países por un término de 15 años. Aquel mismo año 1994 se emitió el “Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio” (AGSAC o GATT: General Agreement of Tariffs and Trade). Para esa fecha la  “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos ya no era única y se convertía en regla del mercado mundial. La responsabilidad de Romero Barceló o Roselló González  en la desaparición de la Sección 936 fue realmente poca.

El ELA, la Industrialización Por Invitación, el Estado Interventor y Benefactor con su preocupación asistencial y la concepción del Estado como amparo del Ciudadano ante la voracidad del Capital y el Mercado, no hacían sentido en la Era Global. Puerto Rico entraba en la Era Global con los rasgos de un Estado Colonial de la Guerra Fría. la situación no ha cambiado mucho a la altura del 2013, por cierto.

Puerto Rico en la década de 1970: la política y la economía (II)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

En Puerto Rico las reacciones fueron diversas. Por una parte, se lanzó una campaña para explotar el petróleo de la costa norte del territorio pero la propuesta animó la  resistencia de la militancia ambientalista que había ido creciendo y politizándose a lo largo de la década de 1960. Por otra parte, como ya se ha sugerido, el Estado se hizo más autoritario ante las protestas. La Guardia Nacional fue activada para paliar las resistencias, una práctica común en el país para enfrentar los procesos de crisis desde la Gran Depresión al presente.

Huelga universitaria de 1981

En tercer lugar, se trató de atenuar el impacto de la debacle en el pueblo mediante los recursos del Estado. Entre 1971 y 1972, el ELA negoció la inclusión de la isla en la lista de territorios  que recibiría “Food Stamps” o “Cupones para Alimentos” del Departamento de Agricultura, un programa creado en Estados Unidos con el fin de apoyar la agricultura de aquel país. A la larga, la decisión demostró una de las debilidades más notorias de “Operación Manos a la Obra” porque, hacia 1981, el 56 % de la población recibía  “Food Stamps”. El esfuerzo planificador del Estado no había conducido a la superación de la pobreza y la “Vitrina” estaba rota. Con aquel esfuerzo el Estado Interventor evolucionó en Estado Benefactor o Beneficencia con el fin de salvaguardar el orden siempre en el marco de las relaciones coloniales.

Desde entonces, la “cuestión de los fondos federales”  o las “transferencias”, se ha convertido en un tema central de la praxis del Estado. El Estadoísmo las ha interpretado como un mecanismo que favorece su proyecto de integración a Estados Unidos. El Independentismo ha tenido una relación incómoda con ellas. En la década de 1930, el Partido Nacionalista criticó el Nuevo Trato sobre la base del argumento de que trataba a los puertorriqueños como mendigos y los degradaba moralmente. En la década del 1970 y el 1980, las izquierdas y el “Nuevo Movimiento de Independencia”, que se movían ideológicamente entre el nacionalismo y el socialismo, las vieron  como un “mecanismo de control de crisis” que atentaba contra las posibilidades de una revolución social y popular en el país.

Las transferencias problemáticas para nacionalistas, izquierdistas e independentistas siempre fueron los destinados a “beneficencia” o “asistencia social”. Pero es innegable que, antes y después de 1972, las transferencias federales que llegaron a manos de ciudadanos  del ELA nunca han sido mayoritariamente de “beneficencia” o “asistencia social”. Históricamente la mayortía de las transferencias federales ciudadanos del ELA han sido “transferencias federales devengadas o ganadas”: pensiones de seguro social, veteranos, laborales o por incapacidad.

Lo único que ha pasado después de 1972 es que las “transferencias federales no devengadas o ganadas” -“Food Stamps”, Educación, Salud-, aumentaron su participación en el total de las transferencias y llegaron a representar el 37 % de la totalidad en 1980. La crisis que vivía el país entre 1980 y 1983 las justificó. Pero también es cierto que la tendencia de las mismas desde  1980 y el 2000 ha sido a la baja consistente llegando a significar el 23 %. La reducción del monto no ha tenido que ver con la disminución de la pobreza, como con la puesta en duda de los valores del “Welfare State” o Estado beneficencia de  camino al “Workfare State” o “estado Facilitador (del Capital)”  que domina en la Era Global y el Neoliberalismo.

Vistas del Cerro Maravilla

Políticamente lo más relevante es que la larga crisis, en lugar de alejar a Puerto Rico de Estados Unidos, lo acercó más a la metrópoli. La nueva situación desanimó la discusión del cambio político hacia una mayor autonomía o la independencia entre los populares, y favoreció el avance del Estadoísmo y su reformulación El Estadoísmo, bajo Ferré y Romero Barceló, se articuló sobre un lenguaje neo-populista y se proyectó como un representante fiel de los humildes o los  pobres. Romero Barceló, además, presionó para que se disociara al PNP del Partido Republicano continental y militó en el Partido Demócrata. El proyecto Populista, el ELA,  “Operación Manos a la Obra” estaban llegando a su fin sin pena ni gloria. La Corporaciones Públicas y las medidas creadas desde 1940, dislocaron el Servicio Público politizándolo. De un modo u otro, para trabaja en el gobierno entre 1940 y 1968, había que ser popular. Después de 1968, ocurrió lo mismo con las administraciones del PNP.

El clientelismo político se desarrolló paralelamente con el crecimiento de la nómina del Estado lo mismo en administraciones del PNP que del PPD. La nómina del Gobierno creció sobre la base del “clientelismo”. El servicio público nunca maduró en el camino de valorar al candidato sobre la base del “mérito” como criterio de integración a la fuerza laboral estatal. El empleado público acabó por ser considerado un trabajador privilegiado que disfrutaba de buenos salarios, excelentes beneficios marginales y seguridad después de su jubilación tras la cual, en buena parte de los casos, disfrutaría de dos ingresos, el estatal y el federal. El clientelismo es un mal que todavía hoy aqueja a agencias como la Autoridad Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado lo mismo en todos los niveles de su jerarquía.

Lo cierto es que, si bien en 1950 el servicio público representaba el 7% del total de la fuerza laboral; en 1998 había su participación en la población laboralmente activa había aumentado hasta el 22 % convirtiendo al Estado en uno de los principales empleadores del país. El resultado fue que el Gobierno y sus procesos se burocratizaron, la gestión pública se hizo más lenta y la administración de la cosa pública más costosa, argumento que se ha utilizado persistentemente para justificar la reducción de la plantilla gubernamental y para eliminar derechos adquiridos en especial en contexto de las crisis que regularmente afectan las arcas públicas. Hacia el 1950 la maquinaria del Estado se componía de 60 organismos; pero en 1998 ya alcanzaba las 138 cuando fueron reorganizadas en 18 departamentos «sombrilla» cobijando 82 dependencias bajo la administración de Pedro Roselló González. La precariedad económica del Estado desde aquella fecha al presente ha forzado una tímida revisión del organigrama estatal que nunca ha producido los efectos deseados.

 

Puerto Rico en la década de 1970: la política y la economía (I)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La década de 1970 al 1979 representó un momento de inflexión en la historia contemporánea de Puerto Rico. La mayor parte de los logros de la era de la segunda pos-guerra fueron puestos en entredicho.

Vida política en la década de 1970

En lo externo, el vuelco fue el reflejo de situaciones fuera del control del Estado Libre Asociado. La más relevante de ellas fue la primera Crisis del Petróleo en 1973. En lo interno, el resultado más visible fue el fin del control electoral del Partido Popular Democrático y el inicio de la era del bipartidismo. Desde 1968 el PPD ha ganado 6 elecciones y ha gobernado 24 años; y el Partido Nuevo Progresista ha vencido en  6 contiendas manejando el poder igual número de años. Los  gobiernos de 1968 bajo Luis A. Ferré; de  1980 bajo Carlos Romero Barceló; y el de  2004 bajo Aníbal Acevedo Vilá, fueron “compartidos”, es decir, el control del Ejecutivo y el Legislativo estuvo en manos distintas por lo cerrado de la contienda electoral. En los tres cuatrienios, la conflictividad dominó la gestión pública y los gobiernos “compartidos” desembocaron en el lenguaje contencioso y el inmovilismo administrativo.

Luis A. Ferré y Roberto Sánchez Vilella (1969)

A lo largo de la década de 1960 a 1969, como antesala, el PPD enfrentó un conjunto muy peculiar de desafíos. Entre 1960 y 1964, recibió en reto de una propuesta vinculada a la Social Democracia que se concretó en el activismo del Partido Acción Cristiana, una alianza táctica entre Estadoístas e Independentistas que puso  entredicho la legitimidad moral del poder de Luis Muñoz Marín y el ELA sin éxito. El otro reto fue el de una “Nueva Generación” que sembró la duda respecto a la capacidad del gobernador para ajustarse a los intereses de los más jóvenes.. Ambos procesos coadyuvaron a  acelerar la decisión de “El Vate” de retirarse de cara a las elecciones de 1964.

La derrota electoral de 1968 y el ascenso del PNP con el ingeniero e industrial  Ferré a la cabeza, culminó aquellos procesos de un modo trágico para los populares. Durante el Plebiscito de estatus de 1967, el grupo  “Estadistas Unidos” hizo un papel extraordinario al obtener 274,312 votos o el 38.98 %. Refundado aquel movimiento bajo el nombre de Partido Progresistas Unidos,  luego Partido Nuevo Progresista, el estadoísmo no dejó de crecer en simpatías. En los comicios  de 1968 aquella organización novel obtuvo 400,815 votos o el 43.6 % ante un PPD dividido por la figura pujante de Roberto Sánchez Villela y su Partido del Pueblo, de tendencias abiertamente soberanistas y anti-caudillistas, quienes obtuvieron 107,359 votos o el 11.7 % de las boletas para la gobernación.

Aunque el PP fue responsabilizado de la derrota, lo cierto es que el desgaste de Muñoz Marín y su discurso, responde a numerosas razones. La derrota del PPD en 1968 respondió a aquella división, sin duda. Pero el ELA no estaba en su mejor momento: la naturaleza colonial de aquel arreglo de 1952 se discutía en la Organización de Naciones Unidas mismo en la ONU. El mismo hecho de que el Estadoísmo estuviese en el poder abonaba a la fragilidad de su imagen. Ello a pesar de que, en el Plebiscito de 1967, 6 de cada 10 electores habían favorecido el ELA. La polarización entre el ELA y la Estadidad se confirmó a la larga por el hecho de que el Independentismo electoral perdió poder y fluctuó apenas entre el 3.5 %  de los votos en 1968, y el 5.4%  en las de 1980 y nunca superó los 90,000 sufragios. Debo recordar que a la contienda de 1968 comparecieron tres partidos independentistas que, sin duda, ayudaron a debilitar el voto popular llamando la atención de los Soberanistas que militaban en el partido rojo.

Esto significa que, en enero de 1969, se estrenó una situación que no se veía desde 1944. El Presidente del Senado controlado por el PPD bajo Ferré, el Lcdo. Rafael Hernández Colón un abogado de Ponce,  afirmó su poder en la organización. Hernández Colón había sido miembro de la “Nueva Generación” y era una figura de confianza para  Muñoz Marín.

 

Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón

Vida económica en la década de 1970

La década de 1970 a 1979 marcó, por otro lado,  el colapso de “Operación Manos a la Obra”. Después de 1979 el costo del barril de crudo superó la media de los $10.00 por unidad y ya no volvió a bajar. El proyecto económico del ELA, para la década de 1960 se había apoyado  en el refinamiento de crudo barato, por lo cual corría peligro. A la altura de año 1982 la CORCO, el emblema de las refinerías, cerró casi todas sus operaciones y sus funciones se redujeron a mero centro almacenamiento de crudo.

La primera Crisis del Petróleo (1973) generó dos crisis locales que recuerdan la que azota al país desde el 2008. Una de ellas ocupó el periodo que va entre 1973 y 1976: siendo gobernador Hernández Colón. Entre 1976 y 1979 cuando gobernaba C. Romero Barceló, hubo una “recuperación” parcial que no ilusionó a muchos observadores. De inmediato se aceleró otro periodo recesivo entre los años  1980 y 1983. La gravedad de las circunstancias generó violencia social, sindical y estudiantil y justificó la represión del Estado a los sectores protestatarios.

Los dos signos más conocidos de aquel periodo son el crimen del Cerro Maravilla (1979) y Huelga Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (1981). En términos generales, el ELA estuvo en crisis desde 1973 hasta 1983 y la “recuperación” no fue sino fue una ralentización de la degradación económica dominante. En su momento, la situación llegó a ser comparada con la Gran Depresión de 1929, pero su naturaleza era distinta.

Los rasgos dominantes de la crisis fueron los siguientes:

            1. El estancamiento económico, manifiesto en el hecho de que el  Producto Interno Bruto decayó y los niveles de ingreso personal se estancaron empobreciendo a las clases medias

            2. La inflación de los precios incluso los de primera necesidad

            3. El desempleo galopante, índice que  en 1977 llegó al 20 % y en 1984 alcanzó el 22%

            4. La consolidación de la resistencia popular en todos los niveles: bajo el gobierno de Hernández Colón (1972-1976) hubo 270 huelgas laborales y estudiantiles, y  la criminalidad se disparó en el renglón de delitos contra la persona y la propiedad

A ello habría que añadir que  la  “emigración de retorno” de 1975 cuando un segmento de la diáspora puertorriqueña que  huía de los estragos de la crisis en Estados Unidos regresó al país a pasar los malos momentos. Los economistas del 1970 acuñaron el concepto “estagflación” para sintetizar el fenómeno que vivía el capitalismo internacional.