Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente V

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

 

Un contexto ideológico

El triunfo de Rosselló González y el inicio de la era neoliberal demostró dos cosas. Por un lado, para el estadoísmo de la que, se esperaba, fuese la década de la descolonización, el ideal de Luis A. Ferré Aguayo y Carlos Romero Barceló articulado a fines del decenio de 1960 y principios del 1970 era parte del pasado. Aquel liderato que forjó el estadoísmo pujante tal y como se conoce hoy sobre las cenizas del lento proceso de derrumbe del PPD había sido producto de la Era de la Posguerra y la Guerra Fría. Ambos confiaban en el Estado interventor y benefactor,  eran parte de la ola de pluralismo que marcó a la sociedad estadounidense en los 60’s y compartían la experiencia del tránsito de Puerto Rico de una sociedad agraria a una industrial en el marco de la dependencia colonial.

Ese conjunto de condicionamientos explica el carácter de la estadidad que buscaban. Ferré Aguayo confiaba en la posibilidad de una “estadidad jíbara” y que nuestra identidad encajara en el pluriculturalismo estadounidense. No solo eso. Su discurso estaba profundamente vinculado a los “humildes” acorde con las posturas democristianas y humanistas cristianas que se articularon con el fin de frenar la amenaza del materialismo y el comunismo en una década llena de tensiones finalistas por motivo del conflicto este-oeste. Romero Barceló continuó aquel discurso atenuando su complejidad: la estadidad era una opción para los “pobres” que buscaba la “igualdad” contravenida por el orden colonial. La idea de que el burgués y el abogado miraban hacia el “abajo social” con propósitos redentores dominaba aquel discurso que, por cierto, resultaba convincente en un país colonial marcado por la disparidad y la pobreza a pesar de los avances de la industrialización.

Pedro Rosselló González: campaña de 1998

Es importante reconocer, por otro lado, que el “populismo estadoísta” de Ferré Aguayo y Romero Barceló era una postura ética tan cargada de “pietismo” como el “populismo estadolibrista”. La diferencia era de énfasis: el estadolibrista todavía estaba marcado por su trasfondo rural, mientras que el estadoísta traducía la ansiedad de los “nuevos pobres” de la urbe. La meta utópica de Ferré Aguayo y Romero Barceló era “bajar” simbólicamente hasta los pobres y ayudarlos a “subir” a su nivel. Rosselló González significó una revolución en ese ámbito. El “neopopulismo estadoísta” de de la década de 1990 era un ejercicio distinto. La utopía de Rosselló González era “bajar” simbólicamente hasta el lugar de los “pobres” y conversar con ellos en sus términos como quien comparte la faena diaria como un igual. El “mercado” se encargaría de satisfacer sus necesidades básicas y “neuróticas”, como las llamaba Erich Fromm, pero dejándolos en el “abajo” social: la era del consumo conspicuo había iniciado ya. El elemento común del “populismo estadolibrista”  (1938-1947), el “populismo estadoísta” (1967-1972) y el “neopopulismo estadoísta” (1993-2000) siempre ha sido el mesianismo, el paternalismo y la subsecuente infantilización de las clases populares, a fin de garantizar su alianza con el poder.

Por último, el estadoísmo de la década de 1990, el de la era neoliberal y de la Posguerra Fría, no solo miraba en otra dirección sino que miraba con otros ojos. La administración Roselló González favorecía la reinvención de la relación del estado con el mercado en un sentido distinto. El estado interventor y benefactor tendría que abrir paso al estado facilitador. El compromiso prioritario de la esfera pública ya no sería  con el “abajo social” o el pueblo sino con el capital. En las tensiones entre el pueblo,  el mercado y el capital, el estado se convertiría en un aliado del mercado y el capital

 

La cultura y el poder

Como era de esperarse, la batalla cultural de la década de 1990 tuvo un carácter particular. No se debe pasar por alto que la década de 1990-1999 abrió y cerró con una reflexión oficial o institucional sobre dos momentos determinantes del pasado colectivo formal de Puerto Rico. La primera de ellas fue la que llevó a cabo entre 1992 y 1993 en torno al descubrimiento/encuentro de 1492 y 1493. Los 500 años de la hispanidad fueron el signo cultural más emblemático de la administración Hernández Colón y un momento de presumible reavivamiento hispanófilo. La revisita al pasado español no podía producir el efecto que había generado en 1910 o en 1930 en el momento del fin de la Guerra Fría pero había quien confiaba en que todavía podía ser eficaz contra la americanización y la estadidad como lo había sido en aquellos contextos.

La efeméride se combinó con otras acciones concretas con el fin de afirmar la identidad puertorriqueña según la había configurado el nacionalismo cultural del 1950 y el 1960. En 1991 se aprobó la Ley # 4  que establecía el español como idioma oficial del ELA, y Puerto Rico recibió el Premio Príncipe de Asturias de letras por su voluntad de afirmar la lengua española.  La imagen de la colonia caribeña como un símbolo de la más castiza hispanidad estaba completa. Aquel fue el último gesto cultural del gobernador Hernández Colón a fin de  testimoniar la resistencia del país a la estadidad y la absorción por el otro. Su proyecto se apoyaba en una concepción de la puertorriqueñidad que emanaba de la discusión cultural modernista (1920) y que se había reformulado en la Generación de 1930 y en la de 1950. Las ideas culturales del establecimiento cultural no comenzaron a erosionarse hasta que la llamada Generación de 1970 y los intelectuales del 1980 y el 1990, apoyados en las posturas contraculturales del 1968, el socialismo y la crítica a la modernidad, la minaron en el debate académico y en la praxis social.

El esfuerzo de afirmación de los valores hispanos emanado del poder fue reproducido desde otros escenarios de modo alternativo. Entre 1991 y 1993, una junta local de Ponce auspició la conmemoración del primer centenario del natalicio de  Pedro Albizu Campos como respuesta contracultural. Lo cierto es que entre el discurso de los populares y el de los nacionalistas, el único diferendo era el de la independencia. Albizu Campos y el nacionalismo compartían la afinidad hispanófila con la misma pasión. El triunfo de Rosselló González organizó una respuesta agresiva al nacionalismo cultural de Hernández Colón. Ante la hispanofilia romántica que reverdecía se antepuso la anglofilia esperanzada y modernizante de las primeros estadoístas republicanos surgidos en el contexto del 1898. Por eso, una vez obtuvo el poder y en cumplimiento de una promesa de campaña, firmó en 1993 firma la Ley #1 que establecía la oficialidad tanto del inglés como del español y que derogaba la Ley # 4 de 1991. Una nueva batalla por la lengua comenzaba en el escenario puertorriqueño. Para el nacionalismo cultural y político la cuestión del idioma seguía teniendo poder de convocatoria en los ’90.

Rosselló González no se limitó a la táctica de anteponer la anglofilia a la hispanofilia. En 1995 autorizó la conmemoración del día de la bandera puertorriqueña pero, a fin de producir el efecto deseado, en 1996 se hizo lo propio con la bandera estadounidense. El hecho de que la bandera de 1895 hubiese sido diseñada en Nueva York por una organización, la Sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano en donde separatistas independentistas y anexionistas compartían tareas, creaba la suficiente incertidumbre en cuanto al sentido político que se le daba a  aquella enseña en la cultura popular. Del mismo modo que el nacionalismo apelaba a ella para la independencia, el estadoísmo podía recurrir a ella para su causa. El efecto simbólico de aquella bien pensada campaña era, por un lado, que afirmaba que ya no éramos puertorriqueños-españoles sino puertorriqueños-estadounidenses en el sentido en que los estadoístas republicanos de las primeras décadas del siglo 20 habían afirmado. Por otro lado, descriminalizaba el uso de la bandera puertorriqueña cuya sola posesión, durante la efectividad de la Ley # 53 o de la Mordaza (1948-1956) había sido considerada un delito punible. El “presente” acusaba al “pasado” y reivindicaba una práctica que señalaba a los populares por sus antecedentes autoritarios.

Ese mismo año 1995 se firmó la Resolución # 2283 que autorizaría la celebración de un acto de conmemoración de la invasión de Estados Unidos en 1898. La ofensiva mediática cultural estadoísta continuó en 1996 cuando, en enero, Rosselló González proclamó que Puerto Rico no era, ni ha sido nunca, una nación. El entonces senador Kenneth McClintock Hernández, recomendó que se eliminase el vocablo “nacional” del lenguaje oficial y el exgobernador Ferré Aguayo, apoyó la postura de ambos. La ofensiva cultural pro-estadidad estaba completa. Aquellas decisiones político-culturales de la administración Rosselló González favorecieron  una imagen de integración entre Puerto Rico y Estados Unidos que la oposición, popular o no, resintió.

En  1998 se realizó la conmemoración de la invasión estadounidense, evento en el cual el Historiador Oficial Luis González Vales, fue una figura esencial. El resultado de un proyecto intelectual oficial de aquella envergadura debía ser una reflexión colectiva seria en torno a un  siglo, el 20, que se había caracterizado por la profundización de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sin embargo, el  balance crítico del centenario de 1898, como el del 1492 y el 1493 fue, como era de esperarse, desigual. Lo cierto es que no todos los que participaron de la recordación de las dos “invasiones” -yo fui parte de ambos procesos-  “celebraron” las mismas. De igual manera, no todos “conmemoraron” del mismo modo.

El forcejeo cultural desde “arriba”, que fue intenso, no puede ser comprendido del todo sin tomar en cuenta que la hispanofilia y la anglofilia no eran sólo discursos culturales, historiográficos y jurídicos o meras presunciones teóricas sin conexión con la materialidad. El laboratorio más eficiente  de la anglofilia (antes americanización) era el mercado, la dependencia, el hecho de que al cabo de 100 años el puertorriqueño común podía seguir siendo católico y hablar bien o mal el idioma español pero, como consumidor, no era muy distinto de cualquier otro estadounidense. En el marco del neoliberalismo, eso era más importante que cualquier otro asunto. El sentido que se había adjudicado a la identidad en el Puerto Rico del siglo 20 también había cambiado. A pesar del nacionalismo cultural la asimilación se había impuesto y seguía profundizándose en el puertorriqueño común.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente III

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Un abismo económico y político

Al final de la Guerra Fría el ELA, una colonia inventada al calor de las tensiones este-oeste, entraba en un territorio desconocido. En 1993 se firmó el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA en inglés); y en 1994, Canadá, Estados Unidos y México crearon una “zona de libre comercio” para la circulación trilateral de mercancías y servicios en los tres países por un término de 15 años. Ese mismo año se autorizó el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT en inglés) con lo que occidente entraba con firmeza en una era económica nueva. El efecto de aquellas decisiones sobre la economía de Puerto Rico fue dramático, en gran medida,  porque la relación  que había desarrollado con Estados Unidos desde 1900 ya no era excepcional o única y más bien se convirtió en la regla. El territorio entró a la era global sin los instrumentos para poder acomodarse a ella.

Equipo de trabajo de Pedro Roselló González

En lo político y lo jurídico, no poseía soberanía; en lo económico social, no tenía una burguesía industrial y comercial madura capaz de llenar las expectativas de aquella situación. La relación de dependencia colonial había creado una burguesía sumisa al capital estadounidense y al american way of life que, como en tiempos de España los sectores de la burguesía agraria criolla, aspiraba sin éxito que se le aceptara como un igual en el seno del imperio. Los sectores más vigorosos de la era de las empresas 936 tales como la banca y la construcción, entraron en un ciclo de ralentización, estancamiento y luego decrecimiento. Por si eso fuera poco, el gobierno y la oposición estaban minados por el espíritu partidista ajeno a las nociones de servicio público.

En diciembre de 1993, cuando el New York Times entrevistó sobre el tema al ex gobernador Hernández Colón, su afirmación fue categórica: “If there is no 936, there is nothing to talk about”. El líder popular aseguraba que ello conduciría al “total collapse” de la economía y no se equivocó. El entonces presidente del Banco Gubernamental de Fomento adoptaba una actitud paralela. Ante el panorama que se abría para Puerto Rico, Marcos Rodríguez-Ema alegaba en tono de sorda queja: “I’dont think it is fair for Congress to suddenly eliminate all or part of 936 and not give us anything in return”.  La realidad de la dependencia colonial era patente e innegable: el pesimismo de Hernández Colón y las esperanzas no cumplidas de Rodríguez-Ema demostraban la frustración que dominaba a quienes habían confiado en las bondades de aquel país para con su colonia tropical. Aquella fue la antesala de la crisis que inició en 2006 y continúa hasta el presente.

El proyecto económico de Rosselló González miró en otras direcciones. En términos generales, Operación Manos a la Obra (OMO) disolvió al “primer sector”, el agrario, en favor del “segundo sector”, el manufacturero.  La cancelación de los privilegios de la Sección 936 disolvería sin remedio  el “segundo sector”, por lo que la lógica oficialista era que se debía sacar provecho del  “tercer sector” que había crecido alrededor del capital foráneo en la era de las 936. Nadie puede negar que las orientaciones por las que se optó hicieran sentido: apoyarse en el tercer sector para articular un proyecto económico exitoso era con lo que se contaba. Sin embargo, articular una nueva economía tras el fin de la Guerra Fría sin tocar el sistema de relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos establecido en 1952 podía limitar las posibilidades de éxito de aquel esfuerzo. Es probable que un Puerto Rico estado 51,  independiente o  con un pacto de libre asociación con Estados Unidos, hubiese sacado más provecho del nuevo escenario que uno colonial. Me parece que la necesidad de renegociar la relación con Estados Unidos nunca fue tan visible como en la década de 1990.

 

Las opciones económicas del rosellato: la reformulación del turismo

La primera dirección de la administración Rosselló González fue fortificar el turismo de todo tipo y su diversificación. El turismo exótico tropical y urbano que había nacido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por la concentración de la mayor parte de las actividades en la región noreste de la isla, no era suficiente. El asunto de la diversificación tenía que ver con la descentralización de los destinos hacia otras partes de la isla grande en la forma de turismo interno; pero también con la apertura de nuevos líneas de explotación del recurso como el ecoturismo, el turismo deportivo o de aventura, médico, religioso, cultural, de compras  entre otros. Una de las limitaciones de dicho proyecto era que muchos de aquellos turismos alternativos requerían una infraestructura nueva más allá de las playas, el paisaje tropical o la ciudad antigua murada.  El otro y quizá el más importante era que la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos  imponía limitaciones a su articulación y al mercadeo de la isla.

Marcos Rodríguez-Ema

Dada la relación de Puerto Rico con Estados Unidos y el control de ese país sobre las políticas  migratorias locales, los viajeros de la mayor parte del mundo necesitan una visa de turista de Estados Unidos para venir a nuestro país. Los turistas privilegiados de un régimen de esa naturaleza son los estadounidenses que viajan a un territorio doméstico. De hecho, la imagen de Puerto Rico como un “resort privado” de la clase media de aquel país es un asunto que había entrado en la discusión del futuro de la isla en manos de Estados Unidos desde la invasión de 1898. La implicación de todo esto es que el turista del alto consumo europeo o hispanoamericano encuentran escollos burocráticos cuando considera viajar a este territorio. Bajo esas condiciones que son estrictamente de carácter político, competir con República Dominicana, las Antillas Menores o Centroamérica no era sencillo. Me parece que, reiniciadas las relaciones con Cuba, la situación será la misma.

La Ley de Pasajeros de las Leyes de Cabotaje también limitaba las posibilidades de crecimiento óptimo del sector pero, con ese aspecto comenzó a trabajarse hace bastante tiempo incluso antes del fin de la era de las 936. De hecho, en 1984 se había autorizado una excepción a la misma para que los cruceros estadounidenses y de otras banderas pudieran atracar aquí. En 2011, cuando la crisis de 2006 ya había madurado, se aprobó una Ley de Cruceros con la intención de expandir el sector a su mayor potencial. Uno de los desfases de aquel esfuerzo es que la industria sigue padeciendo por su limitación a la costa noreste del país y la restricción de los destinos de los cruceros al puerto de la Capital. El hecho de que la práctica sea comprensible, la industria de los cruceros ha sido pensada para beneficia a una ciudad capital en penas lo mismo bajo la administración de penepés que de populares, la situación no deja de ser injusta. La industria puede crecer tal y como alega la actual administración Alejandro García Padilla,  pero difícilmente impactará otras zonas de la isla aparte del “rostro” del turismo exótico tropical y urbano.

En cuanto al asunto de los visados de turistas es poco lo que se ha hecho quizá porque es en verdad poco lo que se puede hacer en el marco de la relación colonial. En febrero de 2014 el Secretario de Estado de la administración García Padilla, David Bernier, entró en conversaciones con el gobierno federal y el Homeland Security para que se exonerara al Estado Libre Asociado del requisito de un visado estadounidense como ya había hecho ese gobierno con otros 37 países incluso con la isla de Guam. La lógica de Bernier era que, sin ese requisito, se reforzarían las relaciones de Puerto Rico con otros destinos del Caribe e Hispanoamérica y el turismo repuntaría acorde con las necesidades de una economía en crisis cuyo crédito ya había sido degradado para aquella fecha. Las razones del Homeland Security para negarse eran de seguridad nacional por lo que, desde febrero de 2014 al presente, nada ha resultado de dichas gestiones. Todo parece indicar que la guerra contra el terrorismo frenará cualquier liberalización de la regla.

El fin de la Era de las 936: Puerto Rico ante la Era Global

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La segunda ofensiva en contra de la aplicación de la Sección 936 en Puerto Rico aconteció bajo la administración Bill Clinton (1993-2001) concluyó, como se sabe,  con la demolición del privilegio fiscal del Estado Libre Asociado. Un Congreso dominado por los Republicanos volvió a llamar la atención sobre los impuestos federales no pagados e insistió en que los mismos eran necesarios para balancear el presupuesto de Estados Unidos y enfrentar su  Deuda Pública, la más alta del mundo.

Los Congresistas Republicanos acusaron a la Sección 936 de actuar como un tipo de “Mantengo Corporativo”. En Puerto Rico el argumento condujo a algunos señalar la permanencia de la medida favorecía la continuación de la relación colonial denominada  ELA cuya legitimidad había sido cuestionada duramente por los ideólogos Republicanos desde 1989 sin que ello redundara en un apoyo abierto a la estadidad para el país.

La administración Pedro Roselló González (1993-2001) defendió la permanencia de la Sección 936 de una manera moderada. Uno de los problemas con los que contó fue que su Comisionado Residente Carlos Romero Barceló cabildeó para que la eliminaran coincidiendo de este modo con las políticas republicanas dominantes.  En 1996 se decidió la cancelación del privilegio fiscal efectiva en enero de 2006. En Puerto Rico los ideólogos del Partido Popular Democrático responsabilizaron a Roselló González y Romero Barceló por la eventualidad.

Lo cierto es que Roselló González y sus asesores reconocían que aquella decisión colocaba al ELA ante un abismo y que ni la Independencia ni la Estadidad estaban a la vuelta de la esquina. Un cambio de  Estatus  no podía plantearse como un mecanismo para enfrentar la nueva situación. Los especialistas de aquel gobierno solicitaron el amparo de la Sección 30-A del Código de Rentas Internas Federal con el cual pretendían ofrecer como estímulo para la inversión en la isla una exención contributiva a las empresas acorde con la cantidad de empleos que produjeran en el territorio. Los planes de aquellos asesores  se combinarían con la promoción del desarrollo de la alta tecnología en el país, apoyados en el hecho de que ya la Revolución Informática había comenzado y representaba una esperanza económica a nivel global. También aspiraban a promover que las empresas extranjeras subcontrataran servicios a compañías puertorriqueñas con el fin de  animar el empresarismo local. El Congreso de Estados Unidos  rechazó todas aquellas opciones.

Conclusiones

Entre 1999 y 2006 se vivió el fin de una época. La Sección 936 fue la última política económica que usaba las exenciones contributivas como estímulo para la inversión aplicable en el ELA. Se trataba de  una práctica común de la Era de Guerra Fría. Todo aquel engranaje dependía de la  Providencia del Estado y el crecimiento emanaba de la exención de tributos federales y estatales  y del Mercado Libre entre las dos partes impuesto en 1900. Pero el Neoliberalismo y la Globalización ya no admitirían ese tipo de prácticas.

 En 1993 se consolidó lo que se llamó el “Tratado Norteamericano de Libre Comercio” (TNLC o NAFTA: North American Free Trade Agreement). Ya en 1994, Canadá, Estados Unidos y México habían creado una “zona de libre comercio” que facultaba la circulación trilateral de mercancías y servicios en los tres países por un término de 15 años. Aquel mismo año 1994 se emitió el “Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio” (AGSAC o GATT: General Agreement of Tariffs and Trade). Para esa fecha la  “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos ya no era única y se convertía en regla del mercado mundial. La responsabilidad de Romero Barceló o Roselló González  en la desaparición de la Sección 936 fue realmente poca.

El ELA, la Industrialización Por Invitación, el Estado Interventor y Benefactor con su preocupación asistencial y la concepción del Estado como amparo del Ciudadano ante la voracidad del Capital y el Mercado, no hacían sentido en la Era Global. Puerto Rico entraba en la Era Global con los rasgos de un Estado Colonial de la Guerra Fría. la situación no ha cambiado mucho a la altura del 2013, por cierto.