Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

octubre 31, 2013

Puerto Rico en la década de 1970: la política y la economía (II)


  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

En Puerto Rico las reacciones fueron diversas. Por una parte, se lanzó una campaña para explotar el petróleo de la costa norte del territorio pero la propuesta animó la  resistencia de la militancia ambientalista que había ido creciendo y politizándose a lo largo de la década de 1960. Por otra parte, como ya se ha sugerido, el Estado se hizo más autoritario ante las protestas. La Guardia Nacional fue activada para paliar las resistencias, una práctica común en el país para enfrentar los procesos de crisis desde la Gran Depresión al presente.

Huelga universitaria de 1981

Huelga universitaria de 1981

En tercer lugar, se trató de atenuar el impacto de la debacle en el pueblo mediante los recursos del Estado. Entre 1971 y 1972, el ELA negoció la inclusión de la isla en la lista de territorios  que recibiría “Food Stamps” o “Cupones para Alimentos” del Departamento de Agricultura, un programa creado en Estados Unidos con el fin de apoyar la agricultura de aquel país. A la larga, la decisión demostró una de las debilidades más notorias de “Operación Manos a la Obra” porque, hacia 1981, el 56 % de la población recibía  “Food Stamps”. El esfuerzo planificador del Estado no había conducido a la superación de la pobreza y la “Vitrina” estaba rota. Con aquel esfuerzo el Estado Interventor evolucionó en Estado Benefactor o Beneficencia con el fin de salvaguardar el orden siempre en el marco de las relaciones coloniales.

Desde entonces, la “cuestión de los fondos federales”  o las “transferencias”, se ha convertido en un tema central de la praxis del Estado. El Estadoísmo las ha interpretado como un mecanismo que favorece su proyecto de integración a Estados Unidos. El Independentismo ha tenido una relación incómoda con ellas. En la década de 1930, el Partido Nacionalista criticó el Nuevo Trato sobre la base del argumento de que trataba a los puertorriqueños como mendigos y los degradaba moralmente. En la década del 1970 y el 1980, las izquierdas y el “Nuevo Movimiento de Independencia”, que se movían ideológicamente entre el nacionalismo y el socialismo, las vieron  como un “mecanismo de control de crisis” que atentaba contra las posibilidades de una revolución social y popular en el país.

Las transferencias problemáticas para nacionalistas, izquierdistas e independentistas siempre fueron los destinados a “beneficencia” o “asistencia social”. Pero es innegable que, antes y después de 1972, las transferencias federales que llegaron a manos de ciudadanos  del ELA nunca han sido mayoritariamente de “beneficencia” o “asistencia social”. Históricamente la mayortía de las transferencias federales ciudadanos del ELA han sido “transferencias federales devengadas o ganadas”: pensiones de seguro social, veteranos, laborales o por incapacidad.

Lo único que ha pasado después de 1972 es que las “transferencias federales no devengadas o ganadas” -“Food Stamps”, Educación, Salud-, aumentaron su participación en el total de las transferencias y llegaron a representar el 37 % de la totalidad en 1980. La crisis que vivía el país entre 1980 y 1983 las justificó. Pero también es cierto que la tendencia de las mismas desde  1980 y el 2000 ha sido a la baja consistente llegando a significar el 23 %. La reducción del monto no ha tenido que ver con la disminución de la pobreza, como con la puesta en duda de los valores del “Welfare State” o Estado beneficencia de  camino al “Workfare State” o “estado Facilitador (del Capital)”  que domina en la Era Global y el Neoliberalismo.

Vistas del Cerro Maravilla

Vistas del Cerro Maravilla

Políticamente lo más relevante es que la larga crisis, en lugar de alejar a Puerto Rico de Estados Unidos, lo acercó más a la metrópoli. La nueva situación desanimó la discusión del cambio político hacia una mayor autonomía o la independencia entre los populares, y favoreció el avance del Estadoísmo y su reformulación El Estadoísmo, bajo Ferré y Romero Barceló, se articuló sobre un lenguaje neo-populista y se proyectó como un representante fiel de los humildes o los  pobres. Romero Barceló, además, presionó para que se disociara al PNP del Partido Republicano continental y militó en el Partido Demócrata. El proyecto Populista, el ELA,  “Operación Manos a la Obra” estaban llegando a su fin sin pena ni gloria. La Corporaciones Públicas y las medidas creadas desde 1940, dislocaron el Servicio Público politizándolo. De un modo u otro, para trabaja en el gobierno entre 1940 y 1968, había que ser popular. Después de 1968, ocurrió lo mismo con las administraciones del PNP.

El clientelismo político se desarrolló paralelamente con el crecimiento de la nómina del Estado lo mismo en administraciones del PNP que del PPD. La nómina del Gobierno creció sobre la base del “clientelismo”. El servicio público nunca maduró en el camino de valorar al candidato sobre la base del “mérito” como criterio de integración a la fuerza laboral estatal. El empleado público acabó por ser considerado un trabajador privilegiado que disfrutaba de buenos salarios, excelentes beneficios marginales y seguridad después de su jubilación tras la cual, en buena parte de los casos, disfrutaría de dos ingresos, el estatal y el federal. El clientelismo es un mal que todavía hoy aqueja a agencias como la Autoridad Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado lo mismo en todos los niveles de su jerarquía.

Lo cierto es que, si bien en 1950 el servicio público representaba el 7% del total de la fuerza laboral; en 1998 había su participación en la población laboralmente activa había aumentado hasta el 22 % convirtiendo al Estado en uno de los principales empleadores del país. El resultado fue que el Gobierno y sus procesos se burocratizaron, la gestión pública se hizo más lenta y la administración de la cosa pública más costosa, argumento que se ha utilizado persistentemente para justificar la reducción de la plantilla gubernamental y para eliminar derechos adquiridos en especial en contexto de las crisis que regularmente afectan las arcas públicas. Hacia el 1950 la maquinaria del Estado se componía de 60 organismos; pero en 1998 ya alcanzaba las 138 cuando fueron reorganizadas en 18 departamentos “sombrilla” cobijando 82 dependencias bajo la administración de Pedro Roselló González. La precariedad económica del Estado desde aquella fecha al presente ha forzado una tímida revisión del organigrama estatal que nunca ha producido los efectos deseados.

 

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