Del anexionismo al estadoísmo: contextos e intersecciones

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador

En una columna publicada en noviembre de 2019 indiqué que  la situación actual ameritaba una revisión del desarrollo del anexionismo durante el siglo 19 y el estadoísmo o el movimiento estadista en el siglo 20. El pasado de ese discurso político durante el siglo 19 y su presencia en el espectro ideológico puertorriqueño como una “tercera voz” al lado de los autonomismos y los independentismos hasta la década de 1950, no me dejaba duda al respecto. La implicaciones sociales, culturales y económicas de la integración a otro país propuesta por sus defensores fue motivo de debate desde antes del 1868 y constituyó uno de los entornos ignorados de la Insurrección de Lares.

Los imperativos del presente

Tras medio siglo de altas y bajas, el meteórico crecimiento electoral del estadoísmo desde mediados de la década de 1950, su papel protagónico en el desenvolvimiento de bipartidismo en los últimos 50 años a partir de la década de 1970 y la heterogeneidad de su formulación ideológica abonaban en la misma dirección. El fenómeno de la Ley 600 y el Estado Libre Asociado disparó procesos políticos en direcciones opuestas tales como la Insurrección Nacionalista y el moderno auge del movimiento estadista. El ejemplo más reciente de la maleabilidad de esa ideología ha sido su reformulación en el marco de la conmemoración del centenario de 1898 bajo el concepto de “estadidad radical”, concepto  afín al radicalismo decolonial; y la crisis que desde fines de la década del 2010 asomaba en el seno de su organización más visible, el Partido Nuevo Progresista, pugna que sin ser la primera poseía una peculiar complejidad. Todos esos elementos justifican otra mirada en torno a este problema historiográfico y sus posibilidades futuras.

Es cierto que los dilemas que agobian al estadoísmo hoy tampoco son nuevos. Me refiero, por un lado, a la agresiva campaña del presidente Donald Trump, representante de un republicanismo que recuerda las actitudes de Elihu Root, Secretario de Guerra de William McKinley, y el gobernador George Davis en el contexto de la elaboración de la Ley Joseph Foraker en 1900; y por el otro, al colapso de la gestión del gobernador Dr. Ricardo Rosselló tras el verano de 2019. Este caso llama mucho la atención por el hecho de las afinidades que desde ciertos sectores se adjudicaban a esta figura con la “estadidad radical” y el discurso decolonial a la luz de su experiencia militante con “Boricua Ahora Es” desde 2012.

La aparición del fenómeno del “estadoísta no afiliado”, una práctica análoga a la del “independentista no afiliado” a la cual suele achacarse una parte de la crisis del movimiento independentista, es otro elemento relevante. Aquel repuntó al interior del estadoísmo desde mediados de la década de 1980 a través  de “Puertorriqueños en Acción Ciudadana” encabezados por la Dra. Miriam Ramírez de Ferrer y culminó con la experiencia promovida por el Dr. Hernán Padilla por medio del Partido Renovación Puertorriqueña en 1983. Pero rupturas de un carácter análogo han estado presentes en la historia del estadoísmo siempre: los hechos de 1903, 1921 y 1967 son ejemplo de ello.

Desde mi punto de vista el auge del elemento “no afiliado” confirma, por una parte, la desconfianza generalizada en las organizaciones partidistas de tradición moderna que han llegado a ser consideradas como entidades autoritarias. La “no afiliación” expresa la voluntad de emancipación del ciudadano de la condición de militante o fiel. Por otra parte, demuestra el dinamismo de los proyectos político-ideológicos que lo experimentan por lo que su estudio puede decir mucho sobre las transformaciones del siglo 20. Esta hipótesis es válida lo mismo para la “no afiliación” independentista como la estadoísta. El alcance de esta práctica queda evidenciado en las reiteradas llamadas morales a la disciplina que han caracterizado a los núcleos defensores de una tendencia o de otra durante las últimas décadas.

Por último, la presencia de activistas estadoístas en la organización Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de cara a las elecciones 2020, recuerda los afanes unionistas y frentistas que dominaron dos momentos críticos del siglo 20. Me refiero a los primeros días del régimen impuesto por la Ley Foraker de 1900, en especial el periodo iniciado en 1903 y el llamado a la “unión” por Rosendo Matienzo Cintrón el cual culminó con la crisis de 1909 y la creación de un instrumento de descolonización original pero efímero -el Partido de la Independencia en 1912-;  y los de las conmociones emanadas de la Gran Depresión durante en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial que desde las izquierdas justificó la configuración de “frentes amplios populares”. En el caso de Puerto Rico aquel reclamo, si bien sedujo a una parte significativa del Partido Comunista Puertorriqueño (1936) y el Partido Popular Democrático (1938), no tuvo el mismo efecto sobre los sectores que no defendían la independencia como aquellos. Es probable que el pasado de “mogollas”, ligaos, alianzas y coaliciones (1922-1944) actuase en contra de la tendencia aunque es obvio que un “frente” popular y un “convenio” entre partidos no eran la misma cosa.  No se debe pasar por alto que “Boricua Ahora Es” en su momento también participó de esa retórica unionista y frentista con la misma pasión que las experiencias antes señaladas.

A dónde conducirá la crisis actual es lo que está en discusión. Claro que las justificaciones teóricas para afrontar un problema interpretativo como este no forzarán a ninguno de los involucrados a enfrentarlo. El énfasis militante acrítico de los partidos políticos no les deja mucho tiempo para este tipo de reflexión, ni siquiera cuando un segmento de su liderato proceda de los sectores llamados “intelectuales”. La mirada a la bidireccional relación pasado/presente resulta urgente.

José Celso Barbosa

Anexionismo/estadoísmo: subversión e izquierdismo

El estudio del anexionismo, el estadoísmo o el movimiento estadista, así como el de cualquier otra ideología, es un territorio lleno de escollos. Para desarrollar una interpretación ecuánime del problema planteado habría que desarrollar definiciones precisas de los conceptos a los que se alude. Anexionismo, estadoísmo, movimiento estadista así como autonomismo, independentismo, traducen prácticas diversas, cambiantes, volubles o líquidas que, en parte, son el resultado de las especificidades históricas y culturales en las cuales se desenvolvieron.

Ser anexionista en 1868 no es lo mismo que ser estadista en 1968. Aquel de 1868 tenía el escollo de que Puerto Rico era posesión colonial de España por lo que para conseguir su meta debía separar a Puerto Rico de aquel país por los medios que tuviese a su alcance para, desde la soberanía y la independencia, completar su proyecto de anexión. Por eso el anexionismo era parte de un proyecto subversivo que apelaba a las armas lo mismo en Cuba que en Puerto Rico en 1868. El estadoísta del 1967 había pasado por un proceso de anexión producto de una guerra (1898), un tratado de paz (1899) y una conversión ciudadana (1917). Dadas esa condiciones, a nadie debería sorprender que los estadoístas imaginaran que la anexión conduciría de manera “natural” a la estadidad en un futuro cercano, cosa que no sucedió.

La nueva situación no les dejó en posición de reclamar por medios agresivos el acta de incorporación que se le había negado en 1900 durante las discusiones para configurar la Ley Foraker, por lo que un “estadoismo gradualista” y “paciente” se impuso en figuras como Miguel A. García Méndez y Luis A. Ferré Aguayo. Un juicio análogo podría utilizarse para describir la actitud de los independentistas y nacionalistas moderados que, como José De Diego en el seno del Partido Unión, esperaban que el tutelaje colonial desembocara de manera “natural” en la independencia con protectorado y que la República de Puerto Rico se transformaría en una facsímil de la Cuba plattista. Unos y otros eran esclavos del mismo pecado moderno: la confianza acrítica en un determinismo progresista mal entendido, actitud que también había penetrado a las izquierdas, por cierto.

Una de las cosas que habría que evitar a toda costa en una indagación de esta naturaleza sería aislarlo de los contextos ideológicos y políticos con los cuáles interactuó durante el siglo 19. La ruptura entre los separatistas anexionistas y los independentistas a raíz de los eventos del 1898 y el 1900, no fue total: ninguna ruptura lo es. Esto significa que para comprender la experiencia anexionista en el siglo 19 sería necesario aclarar su dialéctica con los autonomismos, los independentismos, los movimientos anticoloniales y las izquierdas en general. Lo mismo puede afirmarse respecto al estadoísmo durante la primera mitad del siglo 20: confinarlo equivaldría a  amputarle una parte significativa de su complejidad. En ambos casos las fronteras entre unas y otras de las propuestas aludidas siempre fueron porosas, condición que solo los esencialistas y los fundamentalistas obtusos de uno y otro sector son incapaces de reconocer. Anexión, autonomía e independencia son conceptos políticos históricos cuyos significados concretos han cambiado a lo largo del tiempo.

El asunto es más complejo porque incluso una parte importante de las izquierdas socialistas, anarquistas, sindicalistas e incluso comunistas de fines del siglo 19, en medio de la pugna entre socialismo y nacionalismo, favorecían la anexión de territorios como Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos en lugar de su independencia. Ni siquiera la insistencia en la futura confederación antillana, un emblema de la solidaridad internacional les hizo cambiar de opinión. El tema ha sido ampliamente documentado en los estudios de Paul Estrade sobre la negociaciones diplomáticas de Ramón E. Betances Alacán con las izquierdas mientras fungió como representante de los intereses de Cuba en Armas en París entre 1898 y 1898.

Aquella proximidad de las izquierdas al anexionismo a fines del siglo 19 explica las afinidades de una parte significativa de las izquierdas y el movimiento obrero puertorriqueños con el estadoísmo en la primera parte del siglo 20 en organizaciones tales como el Partido Obrero Socialista, el Partido Socialista, la Federación Regional de Trabajadores y la Federación Libre de Trabajadores, entre otras. Un estadoísmo apoyado por las izquierdas sólo resultará una anomalía para quien desconozca la evolución de las propuestas anticapitalistas en general. En realidad las afinidades entre estadoístas y socialistas amarillos o rojos ratificaba una tradición interpretativa.

Me parece sustancial tomar en cuenta los referidos antecedentes a la hora de evaluar la “estadidad radical” de los años 1990 en la medida en que esa reflexión rompió con un mito que se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría: que la izquierda y el independentismo poseían una relación “natural”. Cualquier mirada que no tome en cuenta esa dialéctica será fragmentaria y parcial. Una discusión de ese tipo llamaría la atención en torno a la polisemia del anexionismo/estadoísmo y serviría para abrir un diálogo inter ideológico que involucrase de manera pensada a estadoístas, independentistas y soberanistas en busca de un lenguaje anticolonial común estable. En efecto, siempre deberá tomarse en cuenta la contingencia e historicidad del sentido de los conceptos ideológicos que han guiado esos intercambios. Como se sabe, a lo largo de todo el siglo 20 los intentos en aquella dirección que he identificado antes como unionistas o frentistas, siempre condujeron a un callejón sin salida en medio de intensas luchas caudillistas por el poder y nada sugiere que los esfuerzos del presente no desemboquen en lo mismo.

Un problema teórico central salta a la vista: tomar como “natural” cualquier práctica o asociación y como “homogénea” y “definitiva” siempre obstaculizará su apropiación. En estos territorios no hay “sustancias” sino “formas”, es decir, no hay nada “fijo” sino “acomodos” que pueden ser explicados al socaire de numerosos componentes. Sobre la base de ese principio abordaré las tenues fronteras entre estadoísmo, autonomismo e independentismo más adelante.

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 21 de febrero de 2020.

La insurrección de 1868 en la memoria: el tránsito del siglo 19 al 20

• Mario Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

 A los colegas y amigos José Paralitici y Miguel Rodríguez López

Punto de partida: dos pretextos betancinos

En agosto de 1891 Ramón E. Betances Alacán respondía una carta fechada el 29 de junio de Manuel Sanguily en la cual este le interrogaba sobre los hechos de Lares en 1868.  Sanguily planeaba escribir una historia de la revolución de Cuba por lo que Lares y Yara, movimientos antiespañoles sin conexión política concreta, eran temas de reflexión.  Dos cosas evidencian la respuesta de Betances. La primera era la desazón que le producía recordar el evento. La segunda, lo poco que podía aportar por “no tener a la mano ni el libro de Labra ni el de Moris y Cueto”.  Había perdido incluso las notas periodísticas escritas para Le XIXe Siècle, colección que “se ha llevado el viento con otras tantas cosas, como se lleva el humo de un tiroteo de guerrillas”. Sin libros ni archivos solo le quedaba la memoria, esa materia en bruto que un buen historiador podía pulir si se lo proponía.

En mayo de 1894 respondió otra nota enviada en abril esta vez por Sotero Figueroa quien se encontraba en Nueva York. Figueroa le consultaba porque quería escribir sobre, según Betances, los “patriotas puertorriqueños que tuvieron la osadía de lanzarse a lo que llama Muñoz Rivera la raquítica algarada de Lares” . El líder de Barranquitas no era el único que había devaluado el acto rebelde por motivaciones políticas sino quizá el más notable. Los autonomistas fueron consistentes en aquella actitud a fin de que no se les relacionara con el separatismo de cualquier tipo, ni el independentista ni el anexionista. La congoja que embargaba a Betances tenía que ver con lo que llamaba la ingratitud de Muñoz Rivera ante “el acto único de dignidad” de Puerto Rico al reclamar la abolición de la esclavitud y la independencia en un acto de la envergadura de Lares.

José Pérez Moris

El recuerdo de la insurrección, un icono de la lucha anticolonial para el exilio independentista resultaba embarazoso para los liberales y los autonomistas. La revolución separatista fue un tema marginal en la historiografía puertorriqueña decimonónica. La autocensura y el olvido voluntario se impusieron entre los intelectuales coloniales quienes, sin embargo, fueron capaces de configurar una Historia Regional moderada centrada en el respeto y la sumisión a los valores hispanos.

El núcleo de la versión liberal y autonomista giró alrededor del tema de las motivaciones y desembocó en un bien acoplado relato del fracaso que excluía la separación de España como una opción racional o legítima. Alejandro Tapia y Rivera (1882) lo calificó como un acto de “descontentos”, Francisco Mariano Quiñones (1888) como una “asonada” o “calaverada”, “mal planificada” y “peor ejecutada”; y Salvador Brau Asencio (1904) como un acto “prematuro” y “precipitado” que culminó en una mera “algarada”.  El Muñoz Rivera que citaba Betances en 1891 representaba un sector muy amplio de la case criolla no separatista. La idea de Lares como un motín sin sentido no sólo devaluaba sus metas políticas sino que colocaba a los no separatistas en la frontera del anti-separatismo integrista.

Acorde con aquella postura inculparon al separatismo y al 1868, no a España, por el retraso en la concesión de “libertades” hasta el 1897 olvidando que aquellas se articularon en el contexto de una crisis internacional insostenible y como expresión de la desesperación de una España débil. Independientemente de lo errado que hoy pueda resultar semejante juicio la postura resulta comprensible. Los liberales y los autonomistas eran también críticos puntillosos e inteligentes de la relación con España, pero no querían aventurarse a que se les confundiera con los separatistas porque ello ponía en peligro sus aspiraciones concretas. Las disputas por el control del protagonismo de la oposición a España en defensa del proyecto liberal y modernizador no se circunscribieron, en efecto, a la política. Los liberales y los autonomistas también compitieron a los separatistas el logro de la supresión de la esclavitud y la libreta de jornaleros en 1873, es decir, el paso clave para la modernización del mercado, triunfo que Betances reclamaba para el separatismo en la nota a Figueroa de 1894.

La censura del tema de Lares no fue responsabilidad solo de liberales y autonomistas. La versión conservadora o incondicional, la del José Pérez Moris y Luis Cueto que Betances no tenía a la mano en 1891, trató al separatismo como un virus social peligroso que había que erradicar a la fuerza en términos análogos a los que había usado Pedro Tomás de Córdova, Secretario de la Gobernación de Miguel de la Torre, en la década de 1830. Los sinsabores que produjo la separación de Hispanoamérica siguieron vivos durante una parte significativa del siglo 19. A pesar de todo, el médico rebelde sabía que la historia publicada por aquellos en 1872 era indispensable a la hora de reflexionar sobre la rebelión. El libro era un registro documental muy minucioso que informaba sobre la mentalidad del integrismo y la interpretación que daban aquellos a los valores de la hispanidad, culto que terminaría por imponerse como un canon  en el Puerto Rico posterior al 1898. El texto informaba sobre otros asuntos de gran interés: el carpeteo decimonónico y las redes de informantes de entonces no eran diferentes de las que alimentaron el fichado político en el siglo 20. El libro citado, como he comentado en otro artículo, motejaba al liderato de Lares como uno incapaz para la tarea que se propuso, insistía en que servía a intereses egoístas y extranjeros y le imputaba una disolución moral que servía para justificar su exclusión de la hispanidad.

La versión separatista que adelantaban Sanguily y Figueroa, surgía cuando más falta hacía evaluar un pasado de luchas y fracasos. Los actos del 1868 no habían conducido a donde se esperaba y el separatismo independentista había sido testigo del crecimiento del interés de Estados Unidos en la región y del anexionismo. Una nueva generación de rebeldes reconoció a la altura de 1890 la necesidad de construir un pasado con los restos de la memoria de los sobrevivientes del liderato del medio siglo 19. La segunda la segunda fase del Ciclo Revolucionario Antillano, que comienza después del Pacto de Zanjón (1878) y el fracaso de la Guerra Chiquita (1879) en el exilio, no tuvo el mismo impacto en Cuba y en Puerto Rico. La pequeña Antilla se transformó en un apéndice incómodo de la causa cubana. En ese sentido la conversión de la memoria en historia poseía una importancia particular para los antillanos puertorriqueños.

La gestión de los amigos de la memoria en especial Figueroa, cerca de Betances, fue exitosa. Su curiosidad en una colección de biografías publicada en 1888, y en una serie de artículos sobre la insurrección de Lares difundida en el periódico cubano Patria en 1892 gracias al apoyo de un revolucionario de la nueva generación, José Martí Pérez. El proceso de convertir a Lares en el signo de la identidad nacional había comenzado. El asunto no deja de contener una curiosa paradoja. Figueroa, era un ex autonomista mulato de Ponce que no veía la relación de Puerto Rico y España en los mismos términos que los liberales y autonomistas más influyentes. Sus escritos inauguraron un discurso laudatorio y romántico comprometido con la reivindicación de un acto selectivamente negado. Su retórica estaba acorde por completo con la queja de Betances en torno a la actitud de Muñoz Rivera en la carta de 1894. A pesar de que no se puede garantizar cuanta penetración tuvieron los escritos de Figueroa en el universo de lectores potenciales, lo cierto es que el tono adoptado se reiteraría en distintos momentos en la discursividad del nacionalismo puertorriqueño del siglo 20. La idea del “rescate” de la gesta olvidada implicaba una queja franca respecto al omisión, voluntario o no, por parte de las elites intelectuales coloniales no separatistas.

Un evento que sin duda animó el recuerdo del 1868 fue el retorno de los restos de Betances a Puerto Rico, proyecto que involucró al gobernador colonial Arthur Yager (Dem. 1913-1921) y a los sectores nacionalistas moderados que militaban en el partido Unión de Puerto Rico, en particular a   Félix Córdova Dávila, Alfonso Lastra Charriez y Antonio R. Barceló, colaboradores cercanos al gobernador y defensores del self government.  Los autonomistas de nuevo cuño diferían de los del siglo 19: miraban con alguna nostalgia la vida y ejecuciones del líder rebelde decimonónico. Aquellas voces reiteraban, en gran medida, las ambigüedades que habían caracterizado a Muñoz Rivera, un antiguo adversario de la memoria de Lares, y José de Diego Martínez, prominente abogado de Aguadilla y fundamento de lo que luego el licenciado Pedro Albizu Campos motejó como el “nacionalismo ateneísta”.

El escenario del retorno contenía sus propias paradojas. La primera tenía que ver con la violación de la petición de un muerto. Traer los restos de Betances a Puerto Rico era atentar contra su voluntad testamentaria. En el inciso 15 de su testamento había sido muy enfático en que sólo “cuando llegue el anhelado día” se le devolviera a su “querido Puerto Rico (…) envuelto en la sagrada bandera de la patria mía”. Sin duda “el anhelado día” se refería a la independencia y el Puerto Rico de 1921 no era soberano, sino que seguía sometido a una relación colonial bajo el palio de la Ley Jones de 1917.  La voz del médico esbozaba en aquel inciso el sabor de un nacionalismo emotivo que presagiaba los tonos que dominarían el de los 1930.

La segunda paradoja se relacionaba con el gobernador al cual los estadoístas republicanos consideraban un aliado de los unionistas.  Aquellos afirmaban que Yager trabajaba de acuerdo con aquellos “contra el americanismo en Puerto Rico”, asunto que ya he comentado en otro momento. La alianza tenía un costo para los unionistas: Yager esperaba que los unionistas lo favorecieran en sus aspiraciones a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico.

La tercera contradicción tenía que ver con Lastra Charriez, entonces vice-presidente de la Cámara, y una figura que merecería un estudio aparte más allá de biografía laudatoria. Su creciente moderación política lo convierte en un modelo respecto a cómo un profesional educado colonial se insertaba en las redes del poder colonial desde el unionismo. En 1936 el abogado fue parte de la defensa de los policías insulares acusados de asesinar a Elías Beauchamp e Hiram Rosado en el cuartel de San Juan tras la ejecución del jefe de la policía Elisha F. Riggs. Su presencia fue suficiente para que el testigo de los hechos, el periodista Enrique Ramírez Brau, guardara silencio sobre el asunto por algún favor que le debía al abogado según aseguraba en sus Memorias de un periodista (1968)

Yager, en un probable acto de astucia política, estuvo ausente de la isla durante los días de los actos y encargó al gobernador interino José E. Benedicto Géigel que atendiera los mismos. Además de los unionistas mencionados, el acto movilizó intelectuales estadoístas hispanófilos como Cayetano Coll y Toste, Historiador Oficial; a distinguidas figuras de anexionismo del siglo 19 y el estadoísmo del siglo 20 incluyendo a un viejo amigo de Betances y Eugenio María de Hostos Bonilla, Julio Henna, y el educador y escritor Juan B. Huyke. Henna y Huyke, como se sabe, mantenían una sana distancia del estadoísmo republicano y del doctor José Celso Barbosa, por cierto.  La figura central de la efemérides fue Simplicia Jiménez Carlo, la viuda de Betances responsable de otorgar un poder para traerlo a la isla a pesar de la voluntad testada de su compañero.

En 1920 Betances fue reinventado y ajustado a la nueva situación. En su evaluación Coll y Toste afirmó que aquel “nunca sintió odio hacia España”, un argumento que luego el nacionalismo repetirá acríticamente, a la vez que aseguraba que, si la Corona le hubiese reconocido los “10 Mandamientos de los Hombres Libres” jamás hubiese sufrido el exilio. Coll y Tosta veía en aquel documento sedicioso algo asó como un adelanto metafísico de la Carta de Derechos de Estados Unidos. Con ello el historiador validaba la apropiación de la causa del caborrojeño como una que se completaba con la invasión del 1898. La retórica es comprensible en el escenario en que se articulaba la misma.

La idea de un Betances Alacán amigo y admirador de los logros de Estados Unidos está bien documentada. La admiración a la figura en la prensa estadounidense de los días de la invasión no puede ser puesta en entredicho y algunos foros lo veían como un candidato idóneo para la presidencia de una Cuba Libre amiga del invasor y no a Tomás Estrada Palma. Sus concepciones políticas antianexionista también son bien conocidas. Pero resulta innegable que una relación entre iguales entre Puerto Rico y Estados Unidos desde la soberanía era geopolítica y económicamente inevitable en el contexto de fines del siglo 19. Admirar y respetar a aquel país y querer evitar su absorción material e inmaterial no eran posturas excluyentes.

El problema de la lógica de Coll y Toste era que reincidía en al argumento de los liberales y los autonomistas del siglo 19: la insurrección había sido un acto azaroso e innecesario.  La imagen de Lares en la educación pública no era muy distinta. También el doctor Paul G. Miller reprodujo la interpretación liberal y autonomista en un libro de historia publicado en 1922. En aquel el autor insistió en que Lares respondía a intereses extranjeros y no a la voluntad de los puertorriqueños. La idea de que Lares no representaba lo mejor del país era clara. A la altura de 1920, Betances Alacán era una caricatura de sí mismo y Lares había sido reconfigurado para ponerlo al servicio de los proyectos de autonomistas y estadoístas. El ejercicio retórico no se hacía para asegurar que “Lares nos pertenece a todos”, como románticamente aspiran algunos en el presente. La meta era que “Lares nos pertenece a todos…excepto a los independentistas” quienes nunca comprendieron su verdadero sentido. Historiográficamente en 1921 Lares y betances habían sido reducidos a un simple “bache” de poca relevancia en la “autopista” del Progreso que la hispanidad había construido y que Estados Unidos continuaba.

Nota: Primera parte del conversatorio “La insurrección de Lares de 1868 en la memoria nacionalista” en Lares: memoria y promesa en el Aula Magna del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe, San Juan, P.R. 15 de septiembre de 2018.

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 17 de noviembre de 2018

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

La otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVIII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

El panorama del futuro de Puerto Rico a  principios del siglo 21 era incierto. El consenso de los observadores era que el ELA no encajaba en la era global y neoliberal por razones precisas. La principal era la falta de soberanía: el ELA era un régimen político pensado para la Guerra Fría (1947-1991) al servicio de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Tras la caída del socialismo real el Congreso y la clase política local habían sido incapaces de  transformar esa relación en un sentido soberano e innovador. El resultado fue que Puerto Rico advino a la pos-guerra fría sin las condiciones para insertarse en una economía global interdependiente compuesta de países independientes.

Un recurso desde mi punto de vista demagógico usado para tranquilizar a los observadores ha sido afirmar que el ELA adelantó en 1952 un orden en el cual la “independencia” abría paso a la “interdependencia”. La integración europea se usaba como marco de comparación: aquellos países avanzados y modernos estaban en disposición para ceder parte de su soberanía al calor de un proyecto común. La intención era que se viera la relación de Puerto Rico y Estados Unidos como algo equivalente cuando, en realidad, no lo era. El argumento ha regresado esporádicamente a la palestra pública hasta el presente. La argucia interpretativa no toma en cuenta que nuestra “interdependencia”, como se limita políticamente a Estados Unidos, ha hecho del ELA un régimen dependiente, colonial y pobre. La inmoralidad de la situación no es más importante que su ineficacia y su impunidad.

 

Populares y soberanistas

Las soluciones al desencaje parecían claras. La estadidad, en el contexto del nuevo federalismo del 1990 o del federalismo clásico, parecía ser la más popular desde 1990. Las otras eran la  independencia, la libre asociación o “la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. La fuente a la que se ha apelado es la Resolución 2625 de la vigesimoquinta Asamblea General de la ONU autorizada el 24 de octubre de 1970. Aunque se presume que la estadidad, la independencia o la libre asociación son propuestas transparentes, la situación real de Puerto Rico en cualquiera de las tres sigue siendo poco discutida.

Los estadoístas y los independentistas confían en el ideal que defienden de un modo, en ocasiones, irracional o cándido, elemento que conduce a un irreflexivo exceso de confianza en las virtudes de su meta. Claro que, dada la situación que vive el país y el colapso de orden establecido, ello resulta comprensible. Pero, a no dudarlo, esa es una actitud apropiada para una militancia poco informada sobre la complejidad que implica un cambio de esa naturaleza. El lenguaje jurídico ha tenido un  impacto ideológico negativo en el campo de los populares por que el ELA no se encuentra entre las alternativas.

Los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, los más cuidadosos o moderados, se han amparado en esa descripción abierta -“cualquier otra condición política”- con el fin de legitimar una reformulación del ELA adjetivado como “soberano”, “mejorado” o “culminado”. También han re-articulado inteligentemente el significado del concepto soberanía  insistiendo en que se refieren a la soberanía popular que consideran más democrática, y no a la nacional que estiman más restrictiva. El argumento es que la soberanía nacional depende de la soberanía popular y no al revés. Para lo que creemos que la gente está por encima del estado a la hora del hacer social el argumento es bueno.

Pero la cultura política en una colonia es un medio extraño. El propósito de ese procedimiento parece ser tomar distancia de los independentistas y los nacionalistas que usan el concepto soberanía vinculado a la nación con un sentido distinto presuntamente más radical. Para los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, la soberanía popular o del pueblo es distinta de la soberanía nacional. Probablemente imaginan que es más democrática. En cierto modo el PPD está a las puertas de un debate frontal entre soberanistas radicales y moderados que no sé si habrá de darse en lo inmediato. El  proyecto definitivo de ese sector soberanista moderado todavía está por precisarse pero, en muchos aspectos, coincide con el de los radicales. Ese procedimiento interpretativo, sin embargo,  acerca mucho a los soberanistas moderados a la discursividad de los más conservadores del PPD que confían en que el ELA pueda servir de base para la formulación de una estructura innovadora que no será la Libre Asociación pero que la equipará en virtudes jurídicas.

Lo único claro es que las 4 opciones que se barajan tiene que garantizar que no son coloniales por lo que deben responder al “principio de la igualdad soberana de los pueblos” defendido por la ONU. Me consta que un segmento de los soberanistas del PPD favorece la Libre Asociación pero son tímidos a la hora de expresarse al respecto. La educación política de la militancia en organizaciones grandes como el PPD y el PNP siempre plantea problemas: un taller de formación se convierte en un mitin con mucha facilidad. Aquellos que aspiran al ELA “soberano”, “mejorado” o “culminado”, tendrán que negociar con los soberanistas radicales que defienden la libre asociación una alianza inteligente a fin de descolonizar al Puerto Rico sin asustar a los populares conservadores remisos al cambio.

Desde mi punto de vista, se  trata de una discusión a destiempo sin que ello signifique que no es urgente o relevante. La decisión sobre el estatus debió tomarse en la década de 1980 o, a más tardar, la del 1990. Debió ser parte del acomodo de Puerto Rico alrededor de los tratados de libre comercio de 1994. Un problema es que en el país dominaba el PNP y el Congreso no quería un Puerto Rico estado 51. De haber sido así, los resultados pudieron haber sido más llevaderos para el país.  Se trata de una especulación legítima solamente. A la altura del 2016, si se presume que un cambio de estatus, es decir la descolonización en la dirección que sea, será un atenuante para la crisis o creará las condiciones para superarla, entonces estamos a tiempo para esa discusión pospuesta. Esa es la actitud de los estadoístas y los independentistas pero no parece ser la de todos los populares.  La gran  pregunta es, ¿cuán dañada está la economía local para un cambio de esa naturaleza hoy?

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La década de 2000 a 2009, dominada por las administraciones populares Calderón Serra y Acevedo Vilá (2001-2008), se caracterizó por el comportamiento errático de la economía como era de esperarse. En el bienio del 2003 y el 2004, aún bajo la gobernadora,  mostró un crecimiento moderado entre el 2.1 y el 2.7 %. Sin embargo, a la altura del 2006, ya bajo Acevedo Vilá cuando el periodo de transición al mundo post-936 canceló y se impuso el IVU, el crecimiento  se redujo al 0.5 %. La economía estaba en caída libre: en 2009 cuando la gobernación la ocupaba Fortuño Burset, decrecía en un 3.8 %

 

Crisis económica, crisis social ¿qué más?

Los efectos sociales de aquel fenómeno que se veía venir fueron devastadores. Durante la década la población se redujo en un 2.2 %. El país perdió 82,821 habitantes y lo que habían sido considerados nuestros grandes centros urbanos -San Juan, Ponce, Mayagüez- vieron disminuida su población entre un 9-10 %. El censo presentaba un panorama paradójico. Si durante los primeros 30 años del siglo 20 y durante el proceso de industrialización de la segunda pos-guerra la población urbana crecía dramáticamente, en el mundo postindustrial y en medio de la desindustrialización dominante en los 2000 las ciudades aparentaban vaciarse.

Una cosa no cambió. La gente huía de las ciudades en crisis pero no regresaba al campo. El círculo se completaba con el clásico “salto del charco” hacia los espacios de la “promesa americana”. Durante esa década el porcentaje de la población puertorriqueña viviendo en Estados Unidos alcanzó el 55 % cuadruplicando la estadística de 1950 cuando el tope fue del 12 %. Eso significaba que había más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla. En términos matemáticos unas 300.000 personas emigraron a alguno de los estados de la unión.

La diferencia más visible entre ambos procesos es que, si bien en 1950 el estado auspiciaba la emigración con lo que reconocía la incapacidad de la economía colonial para enfrentar el problema de la superpoblación, en el 2000 se oponía. La nueva actitud se concretó por medio de un discurso nacionalista y moralizador que pretendía comprometer emocionalmente a la gente para que no se fuera de su patria en crisis. Lo cierto es el centro de la preocupación parece haber sido puramente material. La emigración hacía el mercado más pequeño y la crisis cumplía la función de moderar al consumidor más moderado por lo que  los ingresos del estado, la captación de impuestos,  se estaba reduciendo de manera notable. La desindustrialización, la emigración y la moderación del consumo en un orden económico que atravesaba por una crisis fiscal y económica  sin solución plausible en lo inmediato hablaban de la profundidad y complejidad de la crisis. La sociedad de consumo conspicuo o hiperconsumo que produjo el proceso de industrialización por invitación y dependiente ha ido perdiendo consistencia. Los efectos de ello en el orden político y en la confianza de la gente en la clase política y en el sistema de relaciones con Estados Unidos fueron enormes.

Las alternativas del estado eran varias. La lógica administrativa le sugería, por un lado, que debían mejorarse  los procesos de captación de impuestos de todo tipo  y enfrentar la evasión, asunto que si bien insistía en mirar hacía lo que se llamaba la economía subterránea o ilegal, también debía tomar en cuenta aquella que no lo era, es decir, la visible o la legal. Un problema de esta actitud es que resulta más sencillo refinar la captación de tributos de los sectores medios y medios bajos que laboran para el estado que para los sectores medios y bajos medios que laboran independientemente o para la empresa privada. La experiencia en el 2016, los embargos preventivos del Departamento de Hacienda, han demostrado que la evasión contributiva era muy común de empresas medianas y grandes en tiempos de crisis y fuera de ellos y que el estado era más tolerante con esos sectores que con los sectores medios y bajos que trabajan bajo condiciones de presión.

La otra alternativa y la más utilizada por las administraciones PNP y PPD, ha sido crear nuevos renglones impositivos o aumentar significativamente las áreas de aplicación de los ya existentes. A ese se ha llamado con insistencia “meter la mano en el bolsillo” de los ciudadanos. La cantidad de renglones impositivos innovadores creados por las administraciones de Fortuño Burset y García Padilla del 2009 al presente ha sido impresionante pero sus efectos concretos en el ámbito del endeudamiento o la estabilidad financiera del fisco han sido muy pocos. No  se debe pasar por alto que el problema de ambas políticas, así lo han reconocido numerosas autoridades en economía,  es que ambas prácticas ralentizaban el consumo y la inversión.

Al final de la década de 2000-2009 la situación tendió a agravarse y la tendencia se profundizó desde 2010 en adelante. De hecho, el desempleo alcanzó el 14.7 % y la tasa de participación laboral se redujo a un 41.7 % en 2013 bajo la administración de Fortuño Burset y entre los años de  2010 a 2013 la emigración a Estados Unidos  se aceleró. Los observadores se han fijado en especial en el destino de la Florida. En 2014  un total de 1,006,542 personas de origen puertorriqueño vivían en la península subtropical. El destino preferido de los viajeros era Orlando-Kissimmee-Sanford donde su presencia sumaba 324,301.  La fuente más confiable en el análisis de ese fenómeno el colega Jorge Duany (UPR) quien los nominó recientemente como “Floriricans”

La emigración, un viaje doméstico desde la perspectiva legal, ha vuelto a ser un problema en el país en el siglo 21. Algunos han interpretado el fenómeno como una “válvula de escape” que servirá para evitar o retrasar el colapso del sistema. En ese sentido, actúa como un mecanismo de control de crisis. Otros se han referido a la misma como una expresión de rechazo al ELA y a la colonia y una afirmación de la ansiedad por “vivir la Estadidad”. Pero lo cierto es que ambos recursos retóricos miran hacia los aspectos y las posibles consecuencias políticas del fenómeno y dan la impresión errada de que la emigración soluciona todos los problemas de los que emigran. La recepción de los emigrantes o refugiados puertorriqueños en sus destinos migratorios es un asunto que está todavía por investigarse. La percepción que de ellos desarrollan las comunidades de los estados que los reciben tampoco ha sido indagada. Me consta por experiencia personal que los puertorriqueños de Chicago o Nueva York, a pesar de que llevan allí decenas de años, siguen siendo vistos en términos generales como una minoría hispana más por el estadounidense común. La impresión que daba Puerto Rico en la prensa internacional era que, por primera vez desde el siglo 19, Puerto Rico parecía “vaciarse”

 

Los avatares de un fisco en desbandada

En el ámbito fiscal los años 2000 a 2009 mostraron un panorama patético: lo que se denominaba de modo genérico el “gigantismo” del estado y los costos de su mantenimiento se convirtieron en temas claves. La cuestión del “gigantismo” se combinó con la crítica a la burocratización la cual comenzó a verse como un freno al crecimiento económico y a la ineficacia del servicio público. El discurso favorecía el “enanismo” del estado, la desburocratización que sugería la necesidad dejar hacer, dejar pasar al capital y el desplazamiento de bienes públicos al sector privado, es decir, la privatización.

Todo aquel discurso redundaba en la devaluación del servidor público cuya imagen nunca había sido del todo buena, por cierto. Un problema de ese tipo de juicios es que el “gigantismo” y los costos de mantenimiento se explicaban preferentemente a la luz de los muchos puestos de trabajo producto del caciquismo político partidista. Reducir los puestos de empleo, congelar plazas de trabajo y despedir trabajadores fue legitimado. Sin embargo, la mirada al ámbito gerencial bien pagado, espacio ocupado por cuadros ideológicos sumisos a las maquinarias políticas penepé o populares que los nombraron, parecía intocable. Lo cierto es que, en aquel contexto, la sentencia de muerte del estado interventor emanado de la segunda posguerra mundial estaba completa. El acta de nacimiento del estado facilitador que pugnaba por salir del vientre de la colonia desde la década de 1990 fue adjudicada como algo inevitable.

Desde 2003, bajo Calderón Serra,  la brecha entre el Producto Nacional Bruto (PNB) que se reducía,   y la Deuda Pública (DP) que aumentaba, se fue cerrando. En 2003 la DP era el 61.3 % del PNB, mientras que en 2012 la DP era el 93.6 % del PNB. Resulta imposible negar que la reducción en la producción y el endeudamiento público, fue el rasgo dominante desde 1996 al 2013. Desde esa fecha  ya no era posible emitir más deuda porque el sistema estaba en quiebra. La actitud de Standard & Poors, Fitch y Moody’s de degradar el crédito de Puerto Rico fue la expresión más concreta de ello. La deuda, intereses aparte, no ha crecido más desde 2013 al presente porque el mercado no lo ha permitido.