Jayuya: monólogo de un historiador

Por Mario R. Cancel-Sepúlveda

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su cuestionable legitimación internacional por la Organización de Naciones Unidas (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco[1], quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monge [2] en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por el diplomático estadounidense Jack K. McFall, son un ejemplo de ello.[3] Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica o un juego diplomático vacío para mejorarla imagen internacional de Estados Unidos. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular que era una autoridad en derecho que comprendía el problema de la soberanía y que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo, y uno de los agentes políticos que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento y, en general, fue desoída. El proceso que a la larga condujo a la consolidación del ELA en 1952, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la “acción inmediata” por medio de la protesta armada. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, a pesar de las notables diferencias ideológicas que podía haber entre ellos, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el “Maestro”, una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, izó la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político desde la década de 1930. Con ello ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos” y un reto a la estabilidad del régimen colonial. La emblemática torre universitaria había sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939 como reconocimiento al novotratismo y su papel en la recuperación económica del territorio en medio de la Gran Depresión por lo que tenía un valor simbólico extraordinario. Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre.[4] El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión y el activismo independentista, nacionalista o socialista en el país. El lenguaje fundamentalista y autoritario de la ley sigue siendo impresionante: predicar, organizar, publicar, difundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran actos equiparados ante la ley y tratados como una acción delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación, hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monge. La calentura del Guerra Fría, la presión del discurso anticomunista, la amenaza a la hegemonía estadounidense en Europa en la segunda posguerra, había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de la dirección de los populares en el presente: la necesidad de afirmarse en el poder aliándose a los sectores moderados, presumiblemente mayoritarios, los domina. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas o demasiado liberales, fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la “Casa de Estudios” negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición occidental moderna y, acaso, fundamento de aquella. Para Benítez, ser occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta del regreso de Albizu Campos y las protestas de los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquella ley represiva e irracional pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” que se temía era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí[5]. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades nacionalistas por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo de nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.

El proyecto insurreccional

La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950 fue, entre otras cosas, una respuesta bien articulada a los retos políticos impuestos por la Guerra Fría, el proceso de descolonización que condujo a la fundación del Estado Libre Asociado y la actitud colaboracionista y sumisa del liderato del Partido Popular Democrático con las autoridades de Estados Unidos con el fin de asegurar las reformas que se les ofrecían. La acción protestó además contra la Ley 53 o La Mordaza de 1948, contra la Ley 600 y contra la Asamblea Constituyente que por aquel entonces se planificaba. Pero sobre todo fue un arriesgado acto de propaganda que se elaboró con el propósito de llamar la atención internacional sobre el caso colonial de Puerto Rico y confirmar las posibilidades de la resistencia armada en el territorio caribeño. En un sentido simbólico representó la reinvención de la situación que produjo, con efectos análogos, la Insurrección de Lares en septiembre de 1868. La retórica nacionalista de aquel entonces realizó un esfuerzo ingente por demostrar la continuidad espiritual, cultural y política entre el 1868 y el 1950.

El centro militar de la conjura fue el barrio Coabey de Jayuya. La finca de la militante Blanca Canales (1906-1996) sirvió como centro de entrenamiento y de mando, así como de depósito de armas para los rebeldes. Fue allí donde se proclamó la República y se izó la bandera de la Nación, muy parecida a la que en 1952 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico oficializara como signo del nuevo orden político. Allí se fundó, como en Lares, la Nación Simbólica y se sacralizó mediante la palabra su soberanía política.

El plan de los rebeldes era, una vez tomada la municipalidad de Jayuya, resistir el tiempo que fuese necesario hasta que la comunidad internacional reconociera la beligerancia puertorriqueña y legitimara su voluntad soberana. Algunos veteranos del ejército me comentaron en Jayuya en el 2008 que la selección de la localidad se había hecho sobre la base del notable potencial agrario de la región montañosa y sus posibilidades de sobrevivir en caso de que la insurrección no fuese efectiva en otras partes del país.  El Puerto Rico agrario que Operación Manos a la Obra dejaría atrás pesaba mucho en la cultura revolucionaria de una parte significativa del liderato, asunto que habría que indagar con más detenimiento en el futuro. Las fuerzas nacionalistas de aquella localidad estaban al mando de Carlos Irizarry, militante que era además, veterano de la Segunda Guerra Mundial. La experiencia militar en las fuerzas armadas estadounidenses o en conflictos internacionales como la Guerra Civil Española era valorada por la organización militar nacionalista.

El centro político o público fue, desde luego, San Juan donde se encontraba la casa del Partido Nacionalista y vivía su líder Albizu Campos. La voz de la nación era aquel abogado. La prensa puertorriqueña, estadounidense e internacional, miraría hacia donde él estuviese y los actos que se ejecutaran contra su persona con el fin de arrestarlo, servirían para proyectar el hecho de que en Puerto Rico se luchaba a favor de la descolonización por un camino alterno al que había marcado la Ley 600. Los centros rebeldes mejor preparados para los combates parecen haber sido los de Utuado, Mayagüez y Naranjito, aunque los combates en cada una de esas localidades fueron desiguales. Sin embargo la presencia de comandos nacionalistas era visible en una parte significativa del país.

Las acciones de Jayuya se combinaron con dos atentados que demostraban los riesgos que era capaz de tomar la militancia nacionalista. El primero fue encabezado por el militante y también veterano de guerra, Raimundo Díaz Pacheco (1906-1950) y tuvo por objetivo la residencia oficial del gobernador Muñoz Marín, es decir, La Fortaleza. Se trataba de un atrevimiento histórico que recordaba las conjuras militares del siglo 19 que siempre tenía por objetivo la toma de la casa de gobierno y la proclamación de la república. El otro estuvo compuesto por los militantes Griselio Torresola (1925-1950) y Oscar Collazo (1914-1994), quienes atacaron la Casa Blair, residencia temporera del presidente Truman en Washington.[6] Ninguno de los dos magnicidios consiguió su objetivo pero el impacto propagandístico de ambos fue enorme.

Antecedentes inmediatos

La Insurrección Nacionalista estalló el 30 de octubre de 1950. Todo parece indicar que los días previos fueron de intensa preparación para una situación que Albizu Campos había planeado con mucha calma desde su salida de la cárcel de Atlanta en 1943.  Los registros del taquígrafo de récord y funcionario de la Policía Insular Carmelo Gloró, documentan que el 26 de octubre, cuando se conmemoraba el día del natalicio del General Antonio Valero de Bernabé en Fajardo, Albizu Campos adoptó un tono marcial que inevitablemente resultaba en un llamado al combate inminente. Para quienes conocen el calendario patriótico del Partido Nacionalista, la relevancia de Valero de Bernabé y su vinculación con el mito bolivariano, explican por qué aquella fecha  resultaba idónea para informar a la militancia sobre la necesidad de una movilización.

El día 27 de octubre, un grupo de nacionalistas fueron detenidos por las autoridades mientras transitaban por el Puente Martín Peña en la capital. Durante la intervención  se les ocuparon dos pistolas  calibre  37, una subametralladora, cinco explosivos de bajo y mediano poder que incluían los clásicos cócteles molotov, algunas bombas tipo niple y varias cajas de balas. Todo parece indicar que aquel acontecimiento fue crucial para que se tomara la decisión de que la Insurrección sería el día 30 dado que se llegó a temer que aquellos arrestos fuesen la primera de una serie de intervenciones policiacas que pondrían en peligro el objetivo de los rebeldes.

El 28 de octubre estalló un motín en la Penitenciaría Estatal de San Juan bajo el liderato del presidiario Pedro Benejám Álvarez. El mismo desembocó en un escape masivo de presos. Benejám era también veterano de guerra y había sido traficante de armas robadas al ejército de Estados Unidos. Por aquel entonces se alegó que el motín estaba conectado con la conjura nacionalista y se aseguraba que Benejám estaba comprometido a suplir armas y hombres a la revuelta.

Durante los días 28 y 29 de octubre, las tropas nacionalistas se movilizaron y se reconcentraron en el Barrio Macaná de Peñuelas. La residencia de militante Melitón Muñiz Santos, fue usada como centro de distribución de armas y tareas para el evento que se acercaba.

Objetivos militares y el plan de combate

La meta principal de los Comandos Nacionalistas, cuerpo con entrenamiento militar que en 1934 se habían identificado como los Cadetes de la República, fue la toma de los cuarteles de la Policía, prioridad que parece demostrar la necesidad de armas que caracterizaba al movimiento rebelde. Aquel objetivo militar se unía a un plan concertado para ocupar las oficinas de teléfono y telégrafo locales con el fin de incomunicar las localidades una vez fuesen tomadas. Un segundo objetivo de los Comandos Nacionalistas fue ocupar las alcaldías, centro que representaban el poder colonial concreto cercano a la gente y ratificaban el colaboracionismo de los populares con las autoridades estadounidenses.

El tercer objetivo fueron las dependencias del Gobierno Federal en Puerto Rico tales como los correos y las oficinas del Servicio Selectivo de las Fuerzas Armadas. El Partido Nacionalista había conducido una campaña muy persistente en contra de la participación de los puertorriqueños en el ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.  Debo llamar la atención sobre otro elemento que me parece crucial. La Guerra de Corea, la primera confrontación violenta de la Guerra Fría, había iniciado en junio de aquel año y, como se sabe, ya en las primeras semanas de octubre la tropas de la Organización de la Naciones Unidas al mando del General estadounidense Douglas MacArthur, habían sido movilizadas contra los ejércitos de Corea del Norte y la República de China.  El mundo estuvo al borde de una conflagración atómica en aquel contexto por lo que la Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, se iniciaba en un momento muy complejo en que la fiebre anticomunista dominaba el lenguaje político internacional.

La táctica utilizada fue la de las guerrillas urbanas. Se trataba de bandas o grupos pequeños que se tomaban enormes riesgos militares hasta el punto de que algunos de ellos funcionaban más bien como comandos suicidas. Los soldados nacionalistas más experimentados contaban, como se sabe, con formación militar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, todo parece indicar, que los nacionalistas constituyeron un cuerpo disciplinado y dispuesto a cumplir con las órdenes de sus superiores. Los logros militares más notables de aquel esfuerzo se redujeron al hecho de que Jayuya, el centro de la conjura, permaneció en poder de los Nacionalistas hasta el 1ro. de noviembre, pero la movilización de la Guardia Nacional, cuerpo militar que contaba con armas de repetición, morteros, artillería ligera y aviones de combate, forzó la rendición de la plaza con el fin, según algunos, de evitar la devastación del barrio. En aquel momento la desventaja en capacidad de fuego de los rebeldes se hizo patente.

Un juicio tentativo

La impresión que deja aquella situación es que, igual que en el caso de la Insurrección de Lares de 1868, la Insurrección de Jayuya de 1950 parece haber sido producto de la precipitación y la prisa. Los defensores de Jayuya no contaban con armamentos capaces de enfrentar vehículos blindados, ni con artefactos bélicos antiaéreos. Entre los pertrechos ocupados a los rebeldes había pocos explosivos de alto poder: las bombas tipo niple y los explosivos a base flúor o cloro parecen haber sido el límite de su capacidad explosiva.

El gobernador Muñoz Marín, la Policía y la Guardia Nacional manejaron el asunto de una manera muy diplomática con el fin de evitar el golpe de propaganda que podría producir a nivel internacional un acto de rebelión y represión masiva contra los rebeldes. El prestigio de Albizu Campos y su proyección internacional debieron pesar mucho en aquel momento. Ejemplo de aquella actitud cuidadosa fue el hecho de que nunca se declaró un “estado de emergencia” o “ley marcial” y que, con el fin de disminuir el efecto negativo que aquel acto podía tener sobre su imagen, Muñoz Marín pidió disculpas a Estados Unidos en nombre Puerto Rico y proyectó la Insurrección como un acto aislado y de poca relevancia.

Albizu Campos, arrestado en su casa tras una intensa resistencia, fue condenado a 53 años de prisión. Su destino parecía ser morir en la cárcel. Sin embargo, la presión de una campaña humanitaria internacional a favor de su excarcelación, provocó que el líder rebelde fuese indultado por Muñoz Marín en 1953.  Como dato curioso, el indulto se ordenó el 30 de septiembre de aquel año y Albizu Campos lo rechazó. Las autoridades carcelarias tuvieron que expulsarlo de la penitenciaria a pesar de su oposición.

Albizu Campos era un mito político muy poderoso, una figura que estaba, por decirlo de algún modo, más allá de la política cotidiana y de la domesticidad. Su proyección internacional como un mártir de la independencia era incuestionable. Reducirlo a las pequeñeces de la política local en tiempos de la Guerra Fría requeriría un esfuerzo monumental. Lo cierto es que figuras como la de Albizu Campos representaban una contradicción en aquella década del 1950 en la cual el realismo, el cálculo y el pragmatismo se imponían en la vida política local. Albizu Campos era demasiado irreal para una generación política que había decidido someterse y ajustarse a la corriente que provenía de Washington.

^{Publicada originalmente en Claridad-En Rojo (1ro de noviembre de 2022)}

[1] Mario R. Cancel Sepúlveda, notas a “Vicente Géigel Polanco y la Ley Pública 600” (1972) “Ni constitución ni convenio” (Fragmento). Publicado en El Mundo, a 19 de mayo de 1951. Tomado de (1972) La farsa del Estado Libre Asociado (Río Piedras: Edil):  21-24.URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2009/11/15/vicente-geigel-polanco-y-la-ley-600/

[2]Mario R. Cancel Sepúlveda, notas a “José Trías Monge y el ELA” tomado de (2007) “Capítulo 8. En la Secretaría de Justicia” (Fragmento) Cómo fue. Memorias (San Juan: EDUPR): 200-201.URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2009/11/15/jose-trias-monge-y-el-ela/

[3]“The Origin of the Commonwealth Label” (April 20, 2011) Puerto Rico Report. URL : https://www.puertoricoreport.com/the-origin-of-the-commonwealth-label/#.Y161xXbMKUk

[4] Refiero a los interesados a Mario R. Cancel Sepúlveda (2010) “El Partido Nacionalista, los obreros y Mayagüez (1934)” en Puerto Rico entre siglos URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2010/08/09/partido-nacionalista-obreros-mayaguez-1934/

[5] Los mejores recursos para comprender el fenómeno siguen siendo Ivonne Acosta Lespier (1989) La Mordaza. Puerto Rico 1948-1957 (Río Piedras: Edil) e Ivonne Acosta Lespier (2000) La palabra como delito (San Juan: Cultural)

[6] Un relato detallado del acto puede leerse en Ramón Medina Ramírez (2016) El movimiento libertador en la historia de Puerto Rico (San Juan: Ediciones Puerto) reproducidos en redacción (25 de octubre de 2022) “CLARIDADES- 1 de noviembre de 1950” URL: https://claridadpuertorico.com/claridades-1-de-noviembre-de-1950/

Historia de la suerte: un libro de Mario Ramos Méndez

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador

Una introducción

La modernización de la suerte (2020), obra del historiador Mario Ramos Méndez publicada por Editorial Las Marías es uno de esos libros que, como tantos otros, ha pasado bajo el radar. Se trata de una elucidación ágil alrededor de un tema poco trabajado y sugerente: la legalización de las máquinas tragamonedas en 1974 en Puerto Rico bajo la administración de Rafael Hernández Colón (1936-2019). La aprobación de la ley del 30 de julio de aquel año representó un giro radical al enmendar en un sentido liberalizador la Ley 221 del 15 de mayo de 1948.

Si bien, como anota el prologuista Carmelo Delgado Cintrón, el 1948 fue una fecha “determinante y simbólica”, nada menos se puede decir  del 1974. A mediados de la década de 1970 el proyecto industrializador articulado alrededor de la Sección 931 del Código de Rentas Internas estadounidense, el cual había dado aire a Operación Manos a la Obra (1947-1976) colapsaba. Paralelamente se  preparaba el terreno para la aprobación de un recurso que sustituyese a aquel alrededor de la Sección 936 (1976-2005) del mismo código. El Informe Tobin de 1976, en particular sus observaciones en torno a la deuda pública y los gastos gubernamentales, representó una sentencia de muerte para aquel diseño tan ligado a la figura del gobernador Luis Muñoz Marín (1898-1980)

La muerte de una forma de capitalismo liberal animado por los valores keynesianos de la segunda posguerra el cual respondía a un tipo peculiar de Estado, abría paso a mediados de la década de 1970, acorde con el historiador David Harvey, a una nueva fase de desarrollo del capital que acabó por conocerse como neoliberalismo. El propósito de poner “freno al poder del trabajo” guiaba aquel esfuerzo. En el caso particular de Puerto Rico el giro se dio en el marco de la persistente dependencia colonial.

En aquel emblemático año 1974, en el cual las expresiones del capitalismo global y el capitalismo dependiente local se torcían, Ramos Méndez narra cómo los juegos de azar entraron con fuerza a formar parte del mercado y de la vida cotidiana puertorriqueña. Había algo de paradójico en ello: una jurisdicción como esta había resistido y condenado consistentemente aquella tentación por cuestiones culturales y morales. La frase del autor, esa “modernización de la suerte” (que bien podría nombrarse “postmodernización”) recoge aquel momento de transición de modo lúcido.

En torno a un libro

“Alea iacta  est”, una expresión que podría traducirse como “la suerte está echada” que sirve de título al breve prólogo Delgado Cintrón, es un sugestivo convite a la lectura. Debo recordar que Ramos Méndez es un experto en el tema y ya había entregado en el año 2012 el volumen Sin los dados cargados. Breve genealogía de la ley de juegos de azar. El autor nacido en Yauco fungió como Director de la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. En Ramos Méndez la experiencia concreta alrededor del ámbito de estudio y la formación historiográfica se unen a la hora de formular su reflexión sobre el asunto tratado. Me parece que si se precisa una imagen de conjunto del tema propuesto, uno  y otro volumen deben ser leídos en conjunto.

Mario Ramos Méndez, historiador

En el texto “Introducción” se dispone el esquivo tema y se contextualizan las políticas de 1948 y 1974 realzando los contrastes entre la una y la otra. Tal vez sin proponérselo, el autor hace una velada invitación a que se module una mirada cultural a la actitud del Estado ante los juegos de azar y los casinos a lo largo del tiempo. A través del texto el autor aclara la situación de Puerto Rico en la historia de la introducción de la industria del juego y los casinos en el conjunto de los Estados de la Unión, ámbito en el cual se le introduce  no empecé su condición de territorio no incorporado. Lo cierto es que en 1974 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue la segunda jurisdicción después de Las Vegas Nevada en 1931, en tener una legislación de casinos. Aquella autorización precedió la que se dio a  Nueva Jersey, jurisdicción que obtuvo la autorización legal para Atlantic City, en 1978. Las circunstancias de ello no deben pasar inadvertidas. Todo sugiere cierta resistencia del Gobierno Federal a admitir ese tipo de prácticas en el territorio continental. El hecho de que Las Vegas sea conocida como la “ciudad del pecado” es un indicador cultural interesante respecto a la impresión que generaba la industria en el estadounidense común.

En la sección “Breve historia de las tragamonedas” se muestra al lector la figura del mecánico californiano Charles Fey (1862-1944) quien en 1895 inventó la primera “slot machine”. Su modelo más famoso fue la Liberty Bell, signo que no necesita presentación alguna. En 1925 y como resultado del pleito State vs. Ellis, se dispuso que aquella máquina no era otra cosa que un “gambling device” y que su uso recreativo reunía los rasgos de un “juego de azar”. Una historia llena de tropiezos culminó en la década de 1930 cuando las “fruit machines”, como se les denominaba en Inglaterra por los iconos que utilizaba, o la “one-armed bandit” como se les identificaba en Estados Unidos por la palanca que había que halar para hacerla correr, se convirtieron en un objeto común en las salas de juego de los casinos en medio de la Gran Depresión en el marco concreto de la invención de la “Sin City”: Las Vegas. 

Llama la atención el hecho de que los momentos de inflexión más relevantes de la historia de  este artefacto de la industria de las apuestas coincidan, una y otra vez, con momentos de crisis económicas generales: la había en 1895 cuando se les inventó, crisis que sirvió para legitimar los eventos del 1898, y también en 1930, preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, cuando vivieron su época de oro. La actitud del “volver la cara hacia la suerte” ha sido recurrente y parece ligada al reconocimiento de la irracionalidad del mercado capitalista y, claro está, a la disolución del prejuicio  teórico inventado por el economista escocés Adam Smith (1723-1790) respecto a la “mano invisible”, otra metáfora de la “mano de Dios”, que tanta relevancia simbólica tuvo para el desarrollo del capitalismo emergente durante los siglos 18 y 19. A mi modo de ver, era como si la cognición de la irracionalidad del mercado, con los efectos sociales que generaba cada crisis, legitimara la necesidad de “echar a correr los dados” o apostar, tal y como sugiere la frase latina citada por el prologuista Delgado Cintrón.

La sección titulada “La Ley” contiene la tesis fundamental del volumen. El capítulo gira en torno a la Ley Núm. 2 del 30 de julio de 1974, anota sus antecedentes y apunta los parámetros del debate que generó su aprobación en un Puerto Rico distinto tanto al de 1948 como al del presente. Ramos Méndez se cuida de detallar los sectores que se opusieron y los que favorecieron la implementación de una ley que resultaba innovadora y necesaria para algunos y, disruptiva respecto a la tradición para otros. Dos retóricas entraron en conflicto en aquel momento, asunto que valdría la pena trabajar con más detalle. En el recuento no olvida señalar las fidelidades político-ideológicas y partidistas de uno y otro bando, así como tampoco la forma en que aquellas incidieron en la toma de posición ante el proyecto. Esta parte de la discusión ilustra al lector sobre otro registro de discrepancias en cuanto a la representación de lo “puertorriqueño” y su “futuro” que han marcado a los defensores de cada proyecto de estatus con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

En alguna medida la discusión de esta sección demuestra que el Puerto Rico moderno y económicamente exitoso que soñaban restituir los ideólogos populares en la década de 1970, precisaba recurrir al azar, a la suerte o a la Diosa Fortuna, a fin de asegurar su supervivencia. La racionalidad a la que se había apelado desde los primeros momentos del proyecto desarrollista asociado al novotratismo ya no era suficientes para los fines propuestos. El proceder también ratificaba que el liderato popular de 1974, el cual se había formado en medio de la crisis iniciada en 1971, había recalibrado los lentes con los cuales oteaba un mañana para el Estado Libre Asociado. La representación de la meta hacia la que conducía el camino “jalda arriba” era por completo distinta a la forma en que el liderato popular había imaginado las posibilidades del país en 1948 cuando se podían depositar todas las esperanzas de crecimiento material y espiritual en el mito de la “planificación” sostenido sobre la idea de la racionalidad. La clase política vinculada al PPD no estaba dispuesta a aceptar que el “jalda arriba” se había transformado en un “cuesta abajo”. Todavía hoy hay quienes no son capaces de verlo.

En la “Conclusión” Ramos Méndez contextualiza la situación de las tragamonedas o traganíqueles y los casinos en el marco de la revolución tecnológica que irrumpió en el mercado desde la década de 1990 en adelante.  

Una lectura cultural

Este breve trabajo de Ramos Méndez  ilustra al investigador en torno a aspectos poco problematizados que formaron parte del proyecto modernizador impuesto durante la segunda parte del siglo 20 en Puerto Rico. En torno al juego y la industria de los casinos y otros temas relacionados, el lector apenas cuenta con algún trabajo del Dr. Luis López Rojas en torno a la mafia y la industria del turismo durante el dominio del PPD, y a algún trabajo esclarecedor de la Dra. Mayra Rosario Urrutia en relación con el popular juego de la bolita. Se trata de aproximaciones y ámbitos distintos pero los autores citados convergen en la intención de aclarar el lugar de esta práctica polémica a la hora de mirar el largo periodo de control del PPD sobre el gobierno de Puerto Rico. En su conjunto el interés señalado parece ser un elemento propio de un puñado de investigadores de los últimos 20 años. Valdría la pena mirar en esa dirección y estimular una revisión más sistemática y detallada del fenómeno y su impacto en la transición de la modernidad a la posmodernidad en el país, en especial por el hecho de que el turismo se fue convirtiendo después de 1976 en uno de los nichos económicos en el que más esperanzas se depositaron en el marco de la era de las industrias 936.  

Los juegos de azar poseen un pasado nebuloso documentable en las fuentes más diversas, asunto que ningún investigador se ha propuesto aclarar todavía. En general se les proyecta como una serie de prácticas caracterizadas por su pasado “cuestionable”. El desinterés puede deberse a la  complejidad ínsita de la práctica, pero tampoco se puede descartar la ambigüedad moral que siempre genera su ejecución en un entorno cultural, histórico, social y moral como el puertorriqueño.  Esta observación me parece aplicable tanto para la evolución cultural del país antes del 1898 cómo después de esa fecha. El sentido que se le ha dado a ese pasado “cuestionable” no ha sido formulado de manera apropiada. Las pistas sin embargo están allí, como se verá de inmediato. El ejercicio no es exhaustivo. Se trata a lo sumo de un muestreo con la intención de sugerir pistas respecto a la percepción cambiante de esta práctica en el imaginario puertorriqueño moderno a ambos lados de 1898.

El juego  fue  condenado por la moral católica y la jurisprudencia civil como un nicho de subversión propio de gente inconveniente al orden público. Por un lado, fue en medio de un juego de naipes celebrado en San Juan en 1795 donde se identificó la que ha sido considerada la primera conjura señalada como separatista en la historia de Puerto Rico. Los hallazgos hablaban por sí solos: la efigie de un rey en una moneda mutilada con letras diminutas a la altura del cuello del monarca recordaba la amenazante guillotina.  El detalle fue suficiente para que se levantara una investigación e interrogatorio a la gente que ocupaba la mesa. En el proceso investigativo el pintor José Campeche actuó como perito ilustrando el hecho subversivo en un dibujo.

Por otro lado, una de las acusaciones que con más intensidad esgrimió el periodista José  Pérez Moris en su Historia de la Insurrección de Lares (1872) a la hora de representar las personalidades de Ramón E. Betances Alacán y el licenciado segundo Ruiz Belvis tenía que ver con su propensión a la bebida, las mujeres y al juego en garitos propios para conjurarse contra el orden establecido. El hecho de que en otra parte del volumen equiparaba el separatismo a un virus ofrece al historiador cultural una imagen precisa de la idea que se tenía de aquellos espacios.

Todo sugiere que la condena del juego y el azar fue esgrimida lo mismo por el poder instituido y las fuerzas conservadoras como por la oposición crítica y educada de los liberales. Para ambos extremos se trataba de una práctica degradante y deshumanizadora indigna.  El conservadurismo moral integrista y el liberalismo racionalista recurrieron a la censura del juego como una práctica impropia de la condición moderna. Uno de los textos narrativos autobiográficos del joven  Eugenio María de Hostos escrito en 1859, el relato “La última carta de un jugador”, presenta una imagen atroz del jugador compulsivo. Hostos describía un comportamiento rayano en lo antisocial y la locura. El registro de citas podría ampliarse a numerosos observaciones de la intelectualidad criolla desde las estampas  de Manuel Alonso Pacheco hasta la observación social de Salvador Brau Asencio.

En términos generales el juego, la fortuna, el azar, se percibían como un atentado contra cualquier presunción de “orden” ya fuese teológico, natural o social. La idea de un “orden universal” era puesta en  entredicho cada vez que se tiraban los dados o se repartían los naipes. Aquellos actos proyectaban una discursividad que llamaba la atención sobre la contingencia, el acaso y la casualidad: de allí su carácter subversivo. En aquel escenario sin “orden” solo quedaba  lugar para la veleidad y la inconstancia. La feminización de la suerte parece haber jugado un papel en todo ello. Nicolás Maquiavelo, al discutir la Rueda de la Fortuna, identificaba aquel fenómeno con el culto a la popular Diosa Fortuna de origen latino, entidad que chocaba con el estricto ordenamiento patriarcal y masculino dominante. En cierto modo, el patriarcalismo del culto al orden estaba agazapado detrás de todo ataque o censura al juego. Resultaba innegable que el poder subversivo y desordenador estaba siendo asociado al femenino azar.

El juego también fue un entorno cuya praxis generó opiniones discordantes durante el siglo 20 en el marco de la presencia estadounidense. La situación se hizo más tensa en el contexto de la Gran Depresión desde 1929, condiciones que pusieron a prueba la relación entre las elites puertorriqueñas y el poder colonial. Los argumentos morales tradicionales y los económicos modernizadores pujaban en direcciones opuestas. Los primeros pugnaban para, con el fin de proteger  una  tradición y herencia comprendida de modo peculiar, oponerse a su legitimación. Los segundos para, con el fin de respaldar una modernidad comprendida de modo peculiar, favorecer su legitimación.

Aquella ambigüedad explica por qué en 1930 Muñoz Marín, un activista que se movía entre las izquierdas y el nacionalismo moderado, se opusiese a las tragamonedas o traganíqueles. Permite también comprender por qué mediante la Ley 11 del 22 de agosto de 1933 se ilegalizó aquellos artefactos hasta el punto de que, en un simbólico espectáculo, las máquinas existentes confiscadas fueron “destruidas y lanzadas al mar frente al Morro”. Era como si la tradición se hubiese impuesto ante un signo modernizador que se despreciaba:  la presunción de que Puerto Rico podía ser moderno sin apelar a la “suerte”, es decir, dependiendo sólo de la razón instrumental, estaba allí. Las posturas reflejaban valores culturales distintos.

La legitimación del juego de azar en 1948 puso frente a frente el conjunto de los valores tradicionales y modernos. El dualismo maniqueo de la oposición no me sorprende. Puerto Rico se encontraba entre dos aguas, al garete quizá,  si pienso en la metáfora de Antonio S. Pedreira. El país se movía por las aguas inseguras de su modernización material y espiritual dependiente. En aquel momento daba sus primeros pasos dentro del proceso de industrialización por invitación conocido como Operación Manos a la Obra (1947-1976).  Los opositores al juego se apoyaban en los parámetros de un idealismo abstracto y en el culto a la limpieza moral y al valor del trabajo propios de la ética burguesa. Los defensores del juego se apoyaban en los parámetros de un realismo pragmático y en el culto a la necesidad de un hipotético acceso a los bienes materiales a cualquier costo.

A nadie debería extrañar que la revisión del estatuto de 1948 se diese en 1974, momento en que la crisis del proyecto económico de 1947 era evidente y se cuajaba su reformulación en el marco de Era de las Empresas 936 (1976- 2005). La garantía de que los juegos de azar no desembocaran en la disolución moral correspondía el Estado. Estatalizadas las traganíqueles se presumía que cumplirían una función sanadora en un mercado que se asomaba al colapso. De igual manera los avatares del mercado, revisión que debe hacerse con sumo cuidado, justificaron la privatización del recurso y estimularon su multiplicación en el año 1996 bajo una administración PNP, la de Pedro Rosselló González (1944- ).

Este libro de Ramos Méndez ratifica la importancia de la historia de las tragamonedas o traganíqueles y la industria de los casino como un indicador  más de la evolución de un mercado dependiente y anómalo desde el periodo entreguerras y la Gran Depresión hasta la fractura del orden de posguerra y la intrusión del neoliberalismo colonial. El autor hace un esfuerzo loable por comprender el papel de aquel giro, la intolerancia o la tolerancia a los juegos de azar por cuenta de las fuerzas del Estado, en el contexto mayor de la transición de una economía liberal moderna desarrollada en medio de la segunda posguerra mundial, a una economía neoliberal posmoderna en medio de la transición al fin de la guerra fría y el inicio de la posguerra fría, siempre en el marco de la dependencia colonial. Tampoco pasa por alto las transformaciones del productor directo y el ciudadano de consumidores moderados a consumidores neuróticos o gente que “vive para consumir” como sugería el sociólogo Zygmund Bauman. La transición de un estadio a otro, fases siempre superpuestas e imposibles de separar,  requería acorde con este volumen,  una mayor confianza en la alea o la suerte y el liderato del PPD estuvo dispuesto a negociar en esa dirección.

^{Notas en torno al libro de Mario Ramos Méndez (2020) La modernización de la suerte: la legalización de las máquinas tragamonedas en 1974. (San Juan): Editorial Las Marías. 87 págs.}

Crónicas del siglo 20: el PNP y Ferré Aguayo en el poder (1968-1971) (2)

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador

El triunfo del PNP en 1968 demostró que había una gran incomodidad con el orden instaurado desde 1952. La victoria de un partido estadoísta, la primera desde 1940, y los cuatro años de gobierno de Luis A. Ferré Aguayo colocaron al PPD en la difícil posición de partido de minoría que habían tenido en el cuatrienio de 1940 al 1944. La gran diferencia era que en 1968 no existía la posibilidad de aliarse con otros bloques políticos para quitarle poder efectivo Ferré Aguayo. Los populares se habían hecho de muchos enemigos desde 1944 en medio de su proceso de trasformación ideológica.

 

Unos estilos de gobierno distintos

No solo eso, el nuevo gobierno cambió las prácticas de la gobernanza local. Es cierto que cuando Ferré Aguayo accedió al poder el estatus no estaba en issue. El triunfo no debía ser interpretado como un visto bueno para “traer la estadidad” como se decía en aquel entonces. Por otro lado, todavía el PNP no había adoptado la postura de que Estados Unidos era un poder colonial y que el ELA era una colonia retrógrada. Al contrario, Ferré Aguayo era comedido al tratar aquel el asunto y se sentía “en la obligación legal y moral de defender la Constitución” del ELA en 1972. De igual manera su comisionado residente, Jorge Luis Córdova Díaz, habría de afirmar categóricamente  cuando se discutía el caso de Puerto Rico en el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que “ciertamente no somos colonia” con argumentos análogos a los de los populares. El PNP no se concebía como un partido anticolonial tal y como comenzó a proyectarse durante la era de Carlos Romero Barceló a partir de los 1980.

Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón

El estadoísmo se movía todavía en las aguas de un gradualismo moderado que se justificaba por el hecho de que, en general, su victoria electoral de 1968 era explicada a la luz de la división del PPD y pocos pensaban que, bajo condiciones de unidad en aquella organización, pudiese repetirse. Ello no impidió que el PPD, encabezado por Rafael Hernández Colón, los acusara de querer imponer subrepticiamente la estadidad. Tampoco impidió que los actos de Ferré Aguayo se proyectasen como un intento genuino de adelantarla y hacerla atractiva ante un electorado que, en general, temía al cambio.

Los efectos de la crisis económica que se produjo a partir de 1971, y esto es muy importante para conocer el Puerto Rico de los 1980, legitimaron el aumento de las transferencias federales de beneficencia en un estilo que es plausible denominar como un “nuevo Nuevo Trato”. Uno de los componentes más emblemáticos de aquel momento fue el programa de “Food Stamps” o “Cupones de Alimentos” auspiciado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Uno de los logros de Ferré Aguayo fue que, durante su administración, se negoció la aplicación del mismo al país en crisis. La lógica del programa era que, con la dádiva, se generaría una mayor “demanda agregada” en un mercado donde el consumo se venía al suelo en medio del estancamiento económico, la escasez y la carestía de los bienes de consumo.

Los “Food Stamps”, unos de los signos más claros del Estado Benefactor y Asistencial, existían desde la Segunda Guerra Mundial cuando fueron creados con el fin de  suplir las necesidades de las familias de los soldados activos y favorecer la producción agraria estadounidense. El programa fue extendido parcialmente a los territorios no incorporados o coloniales mediante sendas leyes de 1971 y 1974. A la altura de 1977 ofrecieron cubierta completa y, en 1982, se transforman en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que la lógica neoliberal acabó por condenar como el generador de una masa empobrecida dependiente del Estado. El efecto más visible de la beneficencia en el ELA, según algunos observadores, fue que profundizó la dependencia y estimuló la moderación política de las masas las cuáles, de por sí, estaban acostumbradas a la mesura. Aunque no niego los efectos de ello, me parece que se trata de un argumento simplificador que, por sí solo, no explica el complejo asunto de la dependencia colonial y psicológica creciente desde el final de la Segunda Guerra Mundial al presente.

De otra parte, el PNP en el poder revisó uno de los pilares de Operación Manos a la Obra: la Ley de Tierras de 1941. Como resultado de ello, los usufructuarios de tierras cedidas por el Estado comenzaron a recibir un título de propiedad. Los predios, fuesen fincas de beneficio mutuo o parcelas, fueron devueltos al mercado libre. En alguna medida aquel fue un proceso de “privatización” que, a la vez que creaba “propiedad privada”, rompía la subordinación del usufructuario con el Estado convirtiéndolo en propietario.

Por último, Ferré Aguayo articuló una política de aumento salarial a los empleados públicos que le ganó enormes simpatías entre la burocracia gubernativa media. Si bien la política laboral del PNP no podía eliminar la desigualdad salarial entre Puerto Rico y Estados Unidos en el mercado privado, sí se sentía en posición de mejorar los estándares de vida de los funcionarios públicos y ganarlos para su causa. Junto a ello creó un “bono de navidad” aplicable lo mismo a la empresa privada que a la pública. Es ese sentido, comenzó un proceso de encarecimiento del costo de administrar que no encontró freno sino en medio de la crisis fiscal después del 2010. Ferré Aguayo, sin darse plena cuenta de ello, fue parte de la construcción del orden que está en entredicho hoy en medio del hundimiento de las finanzas del Estado Libre Asociado y la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal.

 

Efectos políticos a mediano plazo de un triunfo electoral

El triunfo del PNP y Ferré Aguayo tuvo otra secuela política: exacerbó lo mismo a las izquierdas y a los nacionalistas que a los populares. La actitud era comprensible: no había habido un partido estadoísta en el poder desde 1940 y los populares que, desde 1944, habían perdido la costumbre de ser un partido de minoría no atinaban a la hora de ajustarse al cambio. Además, la capacidad de negociar que el PPD había demostrado 1940 ante la Coalición Puertorriqueña ya no existía en 1968. Las elecciones de 1968 se constituyeron en un índice del giro inesperado que iba a tomar la política electoral puertorriqueña en adelante. El terreno estaba abonado para que un sector de los independentistas comenzase a ver en los populares identificados con la autonomía un aliado potencial. El nacionalismo de la década del 1930 nunca lo hubiese interpretado de ese modo. El fenómeno del “melonismo”, la irracionalidad y la agresividad a la hora del voto se impusieron sobre una parte significativa del electorado.

En el territorio de los populares la erosión de las simpatías se manifestó en el constante “cambia cambia” ampliamente difundido por la prensa. Se trataba de los mea culpa públicos y las conversiones de populares en penepés, las cuales constituyeron un componente llamativo de la campaña estadoísta. Cuántas de aquellas transformaciones ideológicas fueron reales y cuántas un mero truco publicitario es un asunto que nunca se podrá aclarar del todo pero su efecto en el acontecer parece haber sido relevante. Una de las fuentes del crecimiento del PNP fueron populares disgustados con el continuismo de aquella organización y los nuevos pobres de la era de la industrialización por invitación

Claro que aquel fenómeno no explica por completo un problema tan complejo. Los historiadores sociales también reconocen el papel cumplido por la inmigración cubana, el “Éxodo Camarioca” de 1965, sector que, en general, se convirtió en un aliado del estadoísmo y el PNP en el marco del discurso anticomunista auspiciado por Estados Unidos. De ese modo el anticomunismo, que ya era un fenómeno visible en la década de 1930 y 1940 entre nacionalistas y estadoístas republicanos, se intensificó. Es importante afirmar que el anticomunismo en la década de 1960 no fue solo una fiebre que contaminó a los estadoístas. El PPD no se quedó atrás en la manifestación de esa actitud y la paranoia de Luis Muñoz Marín respecto a la amenaza nacionalista/comunista a su seguridad es emblemática. La diferencia no era de fondo sino de meros grados.

En general Ferré Aguayo no resultaba simpático ni para el PPD, ni para los nacionalistas ni para  izquierdas socialistas democráticas o marxistas. Sin embargo, es importante señalar que también tenía adversarios dentro del PNP. El estadoísmo era una tendencia ideológica tan heterogénea como el independentismo y el estadolibrismo. Una fracción visible que representaba los intereses del capitalismo tradicional no comulgaban con la democracia cristiana y el corporativismo que emanaba de la retórica del «Patrimonio Para el Progreso”. Para aquellos sectores ese lenguaje no pasaba de ser una expresión idealista que no encajaba en el marco del capitalismo competitivo más eficaz. La actitud recuerda el lenguaje anti Nuevo Trato de los republicanos en el marco de la aplicación de ese proyecto a la isla en la década de 1930.

Una porción más agresiva políticamente rechazaba el “estadoísmo gradualista”. Para algunos de los más jóvenes la estadidad era “urgente” o una necesidad “inmediata”, actitud que recuerda la de Pedro Albizu Campos cuando advino a la presidencia del Partido Nacionalista en 1930. Otros ponían en duda el valor y las posibilidades de la “estadidad jíbara” y comenzaban a expresar un lenguaje que trataba a la estadidad como proyecto de “igualdad” capaz de enfrentar, de la mano del Estado Benefector y Asistencia, la “pobreza”.

Una parte de aquellos grupos tomaron distancia de Ferré Aguayo y se movieron alrededor de la figura de Carlos Romero Barceló (1932-) quien en 1976 publicó su panfleto La estadidad es para los pobres. Romero Barceló fue co-fundador del PNP y el primer alcalde electo de la capital en tiempos modernos en 1968, puesto que ocupó hasta 1976.  Su victoria en la contienda por la alcaldía de San Juan abrió un periodo de hegemonía del PNP sobre esa ciudad que continuó con Hernán Padilla (1977-1985) y culminó con Baltasar Corrada del Río (1986-1989). La relevancia del control de San Juan para el juego político colonial se hizo determinante. La alcaldía de la capital se convirtió desde aquel momento, igual que la presidencia del Senado antes, en una plataforma para aspirar a la candidatura de la gobernación.

Las desavenencias al interior del PNP y la agresividad del PPD encabezada por Hernández Colón, un miembro de la “Nueva Generación” de populares fieles a la memoria de Muñoz Marín, explican la derrota del Ferré Aguayo en los comicios de 1972 tras los cuales el PPD volvió al poder. Durante la campaña electoral Muñoz Marín regresó al país tras su retiro y, en un acto mediático de masas, le pidió a la concurrencia que votara por el joven candidato. El acto legitimó el liderato y la fidelidad del abogado de Ponce como heredero de la “Vieja Guardia”. El pasado de Hernández Colón como miembro del rebelde “Grupo de los 22” quedó atrás.

Resulta evidente que, desde aquel momento, el énfasis en el proyecto de “culminación” del ELA cambió y el PPD se vio precisado a acentuar el principio de la “asociación” o “unión permanente” entre ambos pueblos siguiendo la pauta del Muñoz Marín conservador de la década de 1960. En aquel proceso de moderación el triunfo del PNP en 1968 parece haber sido decisivo. La afirmación de la “separación” o “diferenciación” disminuyó ante la afirmación de la “integración” e «igualación». Las circunstancias permitieron que los sectores “integristas” del PPD se impusieran sobre los sectores “soberanistas” tal y como había sucedido en 1940 y en 1946. Cuando Muñoz Marín murió en 1980, el PPD estaba en manos seguras y moderadas.

 

Crónicas del siglo 20: el PNP y Ferré Aguayo en el poder (1968-1971) (1)

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador

En el contexto concreto de su tiempo el pensamiento y la praxis política de Luis A. Ferré Aguayo (1904-2003) y el Partido Nuevo Progresista representaron lo que puede denominarse como un “nuevo estadoísmo”. Su actitud revisionista de la experiencia del Partido Estadista Republicano (PER) merecería un comentario más profundo a la luz de los condicionamientos de clase y el escenario cultural en el cual se desarrollaron. Sus posturas se apoyaban en varios principios.

Primero estaba su “estadoísmo gradualista”, una propuesta moderada con respecto al proceso de integración política de Puerto Rico a Estados Unidos que recordaba la del abogado José Tous Soto en la década del 1920. En el caso de Ferré Aguayo ello no tenía que conducir a una componenda con el autonomismo colonial como ocurrió con Tous Soto. Su lógica, atinada por demás desde mi punto de vista, era que el Estado 51 no era una opción para Estados Unidos en lo inmediato. El tono que tomó la discusión del estatus entre el Proyecto Fernós-Murray de 1959 y el plebiscito de 1967 parecía demostrarlo. Por lo tanto, para Ferré Aguayo la meta alcanzable no era “hacer la estadidad” durante el cuatrienio que estuviese en el poder sino “adelantarla” por medio de una administración justa que enfrentara los problemas que el Partido Popular Democrático (PPD) no había resuelto. Durante las elecciones que lo llevaron al poder el estatus no estaba en issue igual que tampoco había estado en cuestión para Luis Muñoz Marín en 1940. Me da la impresión que, para Ferré Aguayo, lo que por aquel entonces se denominaba la “analogía” del Estado Libre Asociado con un Estado garantizaba la estadidad futura. Lo que había que mirar con reserva era cualquier esfuerzo en profundizar la “diferencia” entre el ELA y un Estado por lo que cualquier proyecto que aspirase a una mayor “autonomía” levantaba sospechas.

Segundo, estaba la cuestión de la “Estadidad Jíbara”. Ferré Aguayo criolliza la estadidad a fin de frenar el temor a la asimilación o absorción cultural por el otro. También se trató de una actitud moderada y cuidadosa respecto al proceso de asimilación o americanización dada la persistente voluntad de la cultura sajona por devaluar la cultura hispano-latina a lo largo del siglo 20, asunto que ya he discutido en al menos dos libros. Ferré Aguayo usaba recursos retóricos del populismo agrarista en un nuevo nivel. La idea de que se podía ser estadoísta y puertorriqueño a la vez era clave: el Estado 51 no tenía que ser interpretado como la tumba de una identidad nacional que los estadoístas valoraban. El objetivo concreto de aquel argumento era atraer a los sectores no soberanistas y ruralistas de la base del PPD hacia su proyecto.

El debate sobre la absorción cultural en la Estadidad no era una novedad: había estado allí desde el siglo 19 y era uno de los paradigmas del Estado Libre Asociado y el PPD, organización que desde 1956 dio un giro decisivo hacia la defensa de la “unión permanente” con Estados Unidos. El lenguaje de Ferré Aguayo encajaba en el pluralismo cultural manifiesto en Estados Unidos en la década de 1960. En cierto modo, el populismo ruralista del PPD de 1940 había sido sustituido por el populismo urbano original del PNP desde 1968. En el proceso la organización se alejó del lenguaje del republicanismo estadounidense y se acercó al lenguaje de los demócratas de una manera inteligente, asunto que también había sido tema de discusión en el seno del movimiento estadoísta a lo largo del siglo 20.

 

Gobernar en tiempos de la Guerra Fría

El programa social de Ferré Aguayo y el PNP, la “Nueva Vida”, estaba dirigido a los olvidados del proceso de crecimiento industrial dependiente generados por la experiencia de “Operación Manos a la Obra” (OMO) que pronto llegaría a su fin: los “nuevos pobres” urbanos. Su lenguaje reproducía el optimismo estadounidense de mediados de la década de 1960. En aquel inquieto decenio el presidente Lyndon B. Johnson (1908-1973) había firmado la “Ley de Derechos Civiles” (1964), una transacción con las minorías negras que reclamaban la igualdad ante la ley en el centenario del fin de la Guerra Civil. La situación era más complicada porque las minorías hispanas e indígenas presionaban en la misma dirección. El propósito de la administración Johnson era construir “The Great Society”, plan que funcionaba como un “mecanismo de control de crisis” para mediar con la conflictividad de una década de revolución cultural.

Lo que resultaba innegable era que el orden emanado de las paces de la Segunda Guerra Mundial se venía abajo. La Guerra Fría alcanzaba un nivel de tensiones extremo en medio de la era de la “mutual deterrance” o “mutua disuasión” entre estadunidenses y soviéticos. El consenso alcanzado afirmaba que poseer arsenales de armas nucleares masivos impediría una guerra este-oeste a la vez que beneficiaría al complejo militar industrial.  Vietnam, conflicto heredado de Francia tras la II Guerra Mundial (1955-1975), era el problema principal para Moscú y Washington. El choque con los vietnamitas del Frente Nacional para la Liberación de Vietnam (Vietcong) movilizó intereses chinos y rusos y las tres potencias involucradas poseían capacidad nuclear.

La situación colocó al ELA en una situación incómoda: la fidelidad de los puertorriqueños estuvo bajo examen más que nunca. Un efecto de ello en la praxis política local fue que favoreció la moderación del centro y la derecha, a la vez que estimuló la radicalización de las izquierdas políticas: fue una década de polarización irracional pero comprensible. Entre 1960 y 1971, el FBI administró el programa COINTELPRO que vigiló, investigó e intervino con las actividades del independentismo, el socialismo e, incluso, con estadolibristas sospechosos que boicotearon el plebiscito de estatus de 1967. El anticomunismo se convirtió en un signo de lealtad a Estados Unidos alcanzando cotas tan notables como el antinacionalismo en 1930 y 1940. El arribo a Puerto Rico del “Éxodo Camarioca” (1965 ss.) de Cuba, estrenada como república socialista desde 1961, hizo la situación más difícil para los elementos radicales en la isla

 

Un programa social para los “humildes”

Al final de su gobierno Ferré Aguayo había madurado su proyecto emblemático para la década del 1970. El “Patrimonio Para el Progreso” (PPP) era su “carta de triunfo” para las elecciones de 1972. Ferré Aguayo era un demócrata cristiano que se apoyaba en los principios del corporativismo católico. Una de las fuentes de su propuesta de futuro derivaba de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. En la década de 1960 esa institución había intensificado la reflexión sobre la desigualdad social. El revisionismo del rito religioso, la nueva práctica de ofrecer la misa en lengua vulgar por ejemplo o con el sacerdote de frente a la feligresía, fue un gesto interesante que vino acompañado de una revisión de su actitud ante las injusticias sociales: había que despertar del letargo y avivar la fe. Una de las razones para actuar de ese modo en aquel momento era, sin duda, la amenaza que representaba la socialdemocracia, el socialismo y el comunismo al orden cristiano. El cristianismo y el anticomunismo se combinaron para generar un justicialismo que no fuese acusado de anticapitalista. El PPP requería una convergencia racional y humanitaria entre el Estado por su capacidad para intervenir en el mercado, y la buena fe de la burguesía por su acceso al capital.

Ferré Aguayo no estaba descubriendo el Mediterráneo en 1972. Muñoz Marín y el PPD habían afirmado las virtudes de Estado Interventor para construir una sociedad más justa siguiendo el modelo del Nuevo Trato (1941-1946). El Estado debía servir como mediador entre el capital y el trabajo en nombre del pueblo pobre y sencillo en el marco de la sociedad industrial. Y el Partido Nacionalista (PN) tenía en su programa electoral de 1932 el corporativismo cristiano como modelo, actitud que también necesitaba de Estado Fuerte capaz de articular un orden de igualación social desde arriba mediante una alianza eficaz con el capital nacional. Las diferencias entre el PPP y el Estado Interventor o el Estado Fuerte eran varias. Primero, que el PPD y el PNP buscaban articular su meta al lado de Estados Unidos y el Partido Nacionalista separándose de ese país. Y segundo, que si el PNP y el PN se apoyaban en la iglesia, el PPD era un partido más secular que había chocado con esa institución en 1960.

El corporativismo cristiano del PPP requería un compromiso de la burguesía capitalista con sus fines y la disposición a elaborar una distribución de la riqueza más justa e igualitaria. Pero una de las peculiaridades del ELA y OMO era que la asimetría entre la burguesía puertorriqueña débil y la foránea, en lo esencial estadounidenses, fuerte. Aquellos sectores no veían a Puerto Rico del mismo modo. El Estado Corporativo cristiano no era fácil de construir sobre esa base pero, como expresión de protesta ante el orden, poseía una gran riqueza. El PPP crearía un fondo de inversiones que facilitaría el acceso al capital para los potenciales inversionistas puertorriqueños. Sin duda, aquella era la mejor crítica a OMO y al PPD, fuerzas que habían favorecido al capital foráneo minando las posibilidades del desarrollo del capital puertorriqueño.

El propósito final era simple: “todo puertorriqueño, un capitalista”. Aspiraba construir una sociedad de mercado idealmente competitiva con justicia distributiva para los productores directos para con ello atenuar la conflictividad y la lucha de clases. Las contradicciones se cancelarían en la medida en que los productores directos y los dueños de los medios de producción armonizaran sus intereses. Al abolir la desigualdad y atenuar la pobreza, se evitaría la revolución social y la confianza en el Estado se restauraría. El PPP era una refinada política anticomunista de improbable aplicación a una realidad social que la excedía. Los hechos de Cuba (1961) y los de República Dominicana (1963), donde los gobiernos de Fidel Castro y Juan Bosch miraran hacia la izquierda, fueron determinantes. Ferré Aguayo se proponía una Revolución Social Burguesa Humanitaria desde “arriba”. EL PPP se hizo público cuando la promesa de “progreso” estadounidense estaba en problemas. El capitalismo se abocaba a una crisis enorme (1971-1973) y OMO se derrumbaría hasta desaparecer en 1976.

 

Últimos apuntes

Dos situaciones afectaron el gobierno de Ferré Aguayo. En lo local, un gobierno “compartido” con el Senado controlado por el PPD, cuerpo presidido por el Lcdo. Rafael Hernández Colón (1936-2019), limitó las posibilidades de acción del ejecutivo. En lo internacional, la crisis iniciada en 1971 que implicó el abandono del patrón oro y la primera devaluación del dólar en su historia junto a la crisis petrolera y el aumento de los precios del crudo en 1973, inauguraron una era nueva. El comportamiento del capitalismo de posguerra comenzó su larga evolución hacia el capitalismo neoliberal (1970-1990). El estadoísmo tendría que reformularse sobre bases innovadoras.

Cuatrienio de grandes retos para Alejandro García Padilla y el PPD: una mirada retrospectiva

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

En 2012 los observadores del proceso electoral pensaban que el PNP iba a revalidar en los comicios. Yo era uno de ellos, lo confieso. La victoria de García Padilla nos sorprendió pero resultaba comprensible a la luz de la erosión de la imagen de la administración Fortuño Burset. Varios elementos favorecieron su triunfo.

Uno fue su apelación por medio de un lenguaje populista que recordaba al PPD de los años 1938 y 1940. El 25 de julio de 2012 García padilla ofreció un discurso en la conmemoración del ELA en Mayagüez vestido de impecable blanco como Muñoz Marín en sus mejores años. Otro recurso eficaz fue la promoción de su imagen de líder cercano a la gente y accesible que desarrolló cuando ejerció como Secretario de DACO entre el 2005 y el 2007. Parece que en Puerto Rico esos índices emocionales son suficientes para movilizar al electorado popular e indeciso.

Alejandro García Padilla, gobernador saliente

Los pilares de victoria fueron varios. Primero, la promesa de enfrentar el asunto del estatus o de iniciar una discusión serena sobre el mismo. Segundo, enfrentar de la crisis fiscal poniendo el pueblo por delante de los acreedores. Eduardo Bhatia y su reclamo para que hablara el pueblo fue importante en ese momento. Tercero, había un compromiso de afrontar la crisis económica que se aceleró desde 2005. La oferta de crear 60,000 empleos y el hoy olvidado proyecto económico de Ángel Rosa, eran parte de sus municiones. Un elemento importante de todo aquello fue la seducción que provocaba su confianza inocente en la capacidad del país para enfrentar las contrariedades.

El estancamiento y el decrecimiento de la economía es uno de los ejes de la crisis fiscal, y la cuestión del estatus colonial es el entramado en el cual aquellas se cuajan. La interrelación de esos tres componentes es innegable y no se puede resolver la una sin resolver las otras. En ello radica la dificultad de nuestra situación.

Si se trata de las áreas menos exitosas me parece que allí están las mismas. La devaluación el crédito y el cierre de los mercados financieros minaron la unidad del PPD y lesionaron su liderato: el país era gobernable pero el PPD no lo era. El debate al interior del partido por el asunto de IVA y la rebelión de los soberanistas encabezados por Carmen Yulín Cruz lo ratifican. Me parece que la unidad perdida en 2013 no ha sido recuperada a la altura de las elecciones de 2016. David Bernier Rivera no ha sido capaz de restablecerla. Nada me indica que un PPD unido tenga mayores opciones que con uno que no lo está. Me sorprende, no lo niego, el silencio reciente de figuras de la legislatura en las cuáles solía confianza: Rossana López León, por ejemplo. La crisis creciente silenció a las mejores voces más confiables y le dio voz a los acólitos. La imagen de que el PPD se derrumba es ineludible.

Los mayores éxitos, al menos los que ha reclamado esta administración, tienen que ver con el estímulo de la agricultura, el crecimiento del turismo en general y del de cruceros en particular y con el establecimiento de representantes de negocios del ELA en algunos países. Los tomo con pinzas y con mucho escepticismo. Ese es un discurso que está circulando desde la década de 1990 con muchas altas y bajas. Se trata de escenarios que se caracteriza por la fragilidad. Me consta que la aplicación de PROMESA puede erosionar los avances de la agricultura y las relaciones interamericanas del ELA. No solo eso: un fenómeno natural como un mosquito y el zika lastiman con facilidad las posibilidades del turismo en un momento en que una Cuba que retorna al mercado capitalista apasiona al turista con dinero de Estados Unidos continental. En los tres renglones las trampas de la relación colonial se hacen evidentes. El cabotaje marítimo y aéreo, la competencia de la agricultura de aquel país con la nuestra y la falta de soberanía para proteger los interese de los puertorriqueños limitan las posibilidades del país.

Un último punto: la tolerancia, a pesar de todo, ha ganado algo durante este cuatrienio tan intolerante y trágico. La discusión, atropellada y superficial en ocasiones, de algunos asuntos tocantes al género, al cannabis medicinal y recreativo y a las minorías, resultó refrescante. El problema, me parece, es que su utilización para fines político-partidistas era muy obvia y generó contradicciones. El liderato PPD quería rejuvenecer su imagen de organización liberal y abierta. No funcionó. La justicia y el partidismo son asuntos que chocan y, una vez se les vincula en la gobernanza, no subsanan los defectos de una cultura dominada por el prejuicio, el discrimen y el conservadurismo.

Nota: Versión completa de una reflexión publicada en Metro 10 de noviembre de 2016:8.