Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)

• Mario R. Cancel Sepúlveda

Una mirada al pasado político de Puerto Rico no deja lugar a dudas de que el país tiene una amplia experiencia con los poderes ejecutivos fuertes. La monarquía autoritaria española, inventó la colonia en el siglo 16 y, hasta el 1898, la experiencia con regímenes participativos o de separación de poderes fue ínfima. La presencia de los vasallos en la vida pública se reducía a las elites que se insertaban en las estructuras del cabildo, donde lo había. Los Capitanes Generales que administraron el territorio desde la década de 1560, daban el aspecto temible del autócrata consumado.

Los periodos liberales de 1812, 1820, 1836 y 1868, fueron producto de graves crisis políticas en la península y se caracterizaron por la brevedad. Peor aún, durante aquellos periodos se la experiencia liberal se vivió en el marco de un gobierno colonial que siguió nombrando los gobernadores y mirando al insular, incluso a sus sectores criollos más privilegiados, con desdén y desprecio. Las prácticas económicas liberales se desarrollaron en medio de un mercado controlado por una monarquía autoritaria, y sólo sirvieron para profundizar las relaciones coloniales y  la dependencia.

El crecimiento económico del siglo 19 no significó un adelantamiento de las libertades civiles. Por el contrario, animó la sumisión de la clase criolla que confirmó su fidelidad a la hispanidad con un espíritu de sumisión total. La desconfianza de las autoridades españolas en la capacidad para el gobierno propio del pueblo puertorriqueño era compartida por los mismos intelectuales criollos que aspiraban a representarla. Los intelectuales criollos se resistían a tomar distancia de España, vejaban a separatistas independentistas, anexionistas y antillanistas e insistían, casi como un ruego, en que se equiparara la «hispanidad» insular y la peninsular. El sabor de la “democracia”  fue una rareza exótica para el paladar civil de los puertorriqueños.

A pesar de la promesa de progreso y democracia de los voceros de los invasores, el 1898, no cambió la situación. El gobierno militar producto de la guerra, dio paso a un régimen civil cuya maquinaria dependía de la voluntad de las fuerzas armadas. Algunas autorizadas voces criollas lamentaron que durara tan poco. Ese fue el caso de Salvador Brau Asencio quien pensaba que unos años más de gobierno militar no hubiesen venido mal en un país ausente de disciplina.

La relación colonial instituida por el gobierno civil acorde con la Ley Joe Foraker, una invención de un Congreso republicano que temía a los negros pobres que habitaban la isla y no era capaz de imaginarla como un Estado más de la Unión, no ha sido alterada en lo sustantivo desde 1900. Los parches jurídicos que se han puesto sobre esta relación asimétrica son pocos. Una mínima ración de poder para el Comisionado Residente, un Senado electivo en 1917, el derecho a elegir un gobernador en 1947 y una Constitución redactada localmente pero sometida a un cuerpo legislativo extranjero en 1952. La dolarización del mercado y la aplicación del cabotaje ya eran una realidad desde 1899. La ciudadanía estadounidense sin que ello significara un compromiso con la Estadidad futura del territorio impuesta en 1917, selló la relación hasta el presente.

Es curioso que la plena separación de poderes, una de las aspiraciones liberales más esperadas, sólo fuese posible desde 1917. Desde entonces, el poder legislativo se convirtió en un signo colectivo legítimo de la  identidad jurídica puertorriqueña ante el otro. En ocasiones también lo fue de identidad nacional. Estados Unidos, como el Reino de España, tampoco confiaba en dejar muchos espacios de poder a unos  colonos que despreciaba y cuya capacidad de autogobierno ponía en duda. El hecho de que entre  el 1900 y 1948 los primeros ejecutivos fuesen nombrados por una autoridad extranjera estimuló el desarrollo de poderes legislativos fuertes. Una Cámara de Delegados bajo la Ley Foraker retó la relación colonial en 1909 durante la llamada “huelga legislativa” de ese año. En 1928 un Senado dominado por aliancistas envío un mensaje descolonizador al Presidente Warren Harding de la mano de Charles Lindbergh. El consenso era que la relación estatutaria colonial no era “democrática”.

Ni lo uno ni lo otro surtió el efecto esperado y me consta que  son hechos que casi ni se recuerdan.  Sin embargo nadie puede negar que el poder legislativo, a pesar de los límites que le imponía el coloniaje, era muy vocal a la hora de manifestar sus posturas. No sé si deba aclarar que no se debe confundir lo que digo con la vulgar “nostalgia” por un pasado que se presume mejor. No soy nostálgico ni optimista y me consta que los señores legisladores de aquel entonces representaban muy bien sus intereses de clase y circulaban por los espacios del poder con el encanto que les daba su situación socialmente privilegiada.

A pesar de la difusión de la retórica estatutaria en el discurso local, después de 1952 nada más ha sucedido en ese ámbito. Los esfuerzos de “reformar” el estatus desde 1959 al presente, han colapsado ante el muro del estreñimiento manifiesto del Congreso para ampliar el margen de “libertad” de su posesión caribeña. El sabor de la democracia, que fue una de las aspiraciones más genuinas del populismo de primera fase cuando la caseta y el voto secreto y único que no se vendía, se vio reducido a migajas.

La reforma más celebrada del siglo 20, el derecho a elegir mediante el voto popular el gobernador local, cambio dramáticamente del balance de fuerzas entre el poder legislativo y el ejecutivo. La imagen del “gobernador” en la colonia recordaba, a quien poseía cierta cultura política, los malos humos de Romualdo Palacios, Emett Montgomery Riley o  Blanton Winship. Las heridas del pasado fueron cauterizadas con las figuras benévolas de Rexford G. Tugwell, “Rex the Red” para los republicanos, y Jesús T. Piñero, un popular moderado partidario del “Nuevo Trato”.

La llegada de Luis Muñoz Marín a la Fortaleza representó una “revolución» no porque fuese el primero en ocupar el puesto electo popularmente, sino porque terminó con la era de los poderes legislativos fuertes. Las legislaturas  ya no verían en el ejecutivo un adversario sino un socio poderoso al cual había que respetar y obedecer. Muñoz Marín, no hay que dudarlo, conocía las ventajas de un legislativo fuerte dado que, cuando fue electo Senador en 1940, ocupó la posición de Presidente del cuerpo. La “gobernación” entre 1940-1943, tuvo un pie en la Fortaleza y otro en el Capitolio.

El autoritarismo de Muñoz Marín era proverbial: su condición de caudillo iluminado, de figura legendaria que había guiado el Puerto Rico del siglo americano en su tránsito del “campo al pueblo” parecía justificarlo. Por eso los cuerpos legislativos sumisos se sucedieron en el panorama local bajo su gobernación. El balance se quebró, como se sabe, en medio de las  divisiones políticas que se concretaron en la década de 1960 cuando un plebiscito de estatus (1967) y el reto del Partido del Pueblo y el Partido Nuevo Progresista (1968), minaron el dominio de un Partido Popular Democrático que se abocaba a una primera crisis de identidad. Fíjese que cuando Muñoz abandonó la gobernación y regresó al Senado, la situación ya  no era la misma. Roberto Sánchez Vilella, el nuevo primer ejecutivo no podía permitir que el viejo caudillo gobernara desde su silla de Senador. Los constructores de la “democracia” la ponían en entredicho por la voracidad del poder.

El discurso “democrático” que había sido tan eficiente en la década del 1940 había perdido su solidez: se había quedado a la zaga del la realidad material de “Operación Manos a la Obra”. Siempre que reflexiono sobre aquel periodo acabo por reconocer que la experiencia de la democracia puertorriqueña ha pecado de numerosas flaquezas. La mayor candidez del paísha sido confundir el derecho a elegir mediante el voto popular a los funcionarios con la democracia, sin tomar en cuenta que esos procesos, cuando se ofrecen en un contexto colonial y de dependencia, siempre resultan cuestionables y frágiles.

 

Nota: Publicado originalmente como “Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)” El Post Antillano-Revista Dominical Letras Café y Tostadas en http://www.elpostantillano.com/revista-dominical/332-caribe-hoy/10254-mario-r-cancel-sepulveda.html. Desparecido de la red, incluyo la versión original.