Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La derrota del PNP en las elecciones de 2000 parecía segura. La candidatura de Sila M. Calderón Serra se fortaleció gracias al papel protagónico que desempeñó aquella figura durante el ejercicio plebiscitario y a su bien articulada campaña de la “fuerza positiva”. La transparencia del gobierno o glasnost fue uno de los temas dominante en la misma, lenguaje que representaba una acusación a la administración Rosselló González. Las posibilidades de que Calderón pudiese completar la tarea inacabada de Muñoz Mendoza, conducir a una mujer a la posición a ocupar la jefatura del ejecutivo, eran altas. La derrota de una aspirante como Muñoz Mendoza, la hija del fundador del PPD, debió ser interpretada como una señal de que ciertos aspectos del pasado del partido habían, la sombra diluida de Muñoz Marín, habían sido dejados atrás de una manera irreversible. Tras el ejercicio electoral del 2000 la retórica muñocista y la apelación a su imagen se ha reducido a los días intensos de las contiendas cuando se acercan las elecciones o a las conmemoraciones oficiales o no oficiales de los “logros” del Estado Libre Asociado cada 25 de julio.

Calderón Serra le dio un nuevo tono al populismo con su discursividad comprometida con los nuevos pobres ahora renominadas como comunidades especiales. Con aquella actitud aseguró el apoyo de los sectores más tradicionalistas del partido revivificando el discurso del compromiso con los desposeídos y atrajo a numerosos no populares que compartían esa concepción de estado benefactor en especial en las izquierdas moderadas. Aquel lenguaje implicaba el reconocimiento de uno de los grandes fracasos de la relación colonial: dependencia y pobreza habían caminado de la mano durante todo el siglo 20. Calderón quería saludar el siglo 21 con un gobierno que enfrentará el problema de una manera eficiente. Todo ello y su vinculación y afinidad con el caudillo Hernández Colón, la convirtieron en una candidata atractiva incluso para aquellos estadoístas que habían terminado chocando con el estilo atropellado, agresivo y mediático de Rosselló González. La leyenda de Calderón Serra como la “primera secretaria de estado” abonaba las posibilidades de que fuese también la “primera gobernadora”.

Por último, los resultados de la consulta de estatus de 1998 y la victoria de la «quinta columna» o “ninguna de las anteriores”, podían ser demagógicamente interpretados como una expresión de que gente no quería resolver el estatus, postura que siempre beneficia más a los quietistas y a los estadolibristas remisos en apoyar un cambio sustancial en la relación con Estados Unidos. La imagen de la “dama impecable” que consiguió mantener Calderón Serra durante aquel cuatrienio tendría que pasar la prueba del sexismo del “político vociferante” que dominaba el escenario electoral colonial. Derrotar a Rosselló González y acceder al poder era, en ese sentido, una prueba histórica.

¿Por qué “la fuerza” abandonó a Roselló González?

¿Qué explica la debilidad del PNP y Rosselló González después del 1998? Si prescindo de la derrota de la causa estadoísta en el plebiscito que siempre incómoda a un electorado que percibe las contiendas como un deporte o un juego de habilidades, las razones son muchas. El gobernador tomó una serie de decisiones y adoptó posturas públicas que erosionaron la imagen de líder progresista, secular, atrevido y pragmático que le habían llevado al triunfo. La reducción del rossellismo a un icono le restó complejidad a una figura cuyo magnetismo era comparable al que había desarrollado Muñoz Marín en su mejor momento. El poder y la necesidad de mantenerlo en nombre de una causa, generó un culto a la personalidad que emasculó a ambas figuras reduciéndolas a una caricatura de sí mismas. Me parece que las personalidades públicas de esta categoría deberían saber cuándo guardar silencio y reconocer en qué momento despedirse o echarse a un lado. Aquella sería una manera elegante de evitar que los silencien o los echen a un lado por la fuerza. Es cierto que el culto a la personalidad de Muñoz Marín resulta insuperable, pero los efectos adversos de la voluntad de perpetuarse en líderes como Rosselló González, Berríos Martínez, Hernández Colón o Romero Barceló, entre otros, no dejan de llamar la atención: la falsa conciencia de que son “necesarios” para que el país funcione los consume.

Las decisiones erráticas fueron varias. Primero, estrechó vínculos con sectores del fundamentalismo evangélico y llegó al extremo de donar tierras de dominio público al culto-empresa denominado “Clamor a Dios”, propiedad del empresario y Reverendo Jorge Raschke. El acto llamaba la atención por la vinculación del evangelista con el republicanismo estadounidense más conservador, hecho que contrastaba con la imagen de un gobernador que siempre había hecho alarde de su compromiso con la praxis demócrata. Claro, en Puerto Rico paradójicamente se podía ser demócrata-republicano o católico-protestante: el arte del acomodo en nombre de las causas que se defienden no tiene límite en ese aspecto. El Rosselló González del final de su octenio era distinto del que inició el mismo.

Segundo, la política de privatización y la conflictividad que la misma generó fueron decisivas. No se puede pasar por alto que aquellas eran las primeras expresiones de aquella tendencia al desmantelamiento del Estado Interventor que había crecido como expresión del orden emanado de la segunda posguerra mundial y la Guerra Fría. Los observadores de aquel periodo coinciden en que el caso clave fue el de la PRTC y la huelga general que emanó de la resistencia a su privatización. La valoración de aquel orden tardomoderno era común en los dos partidos políticos con acceso al poder desde 1968: el PNP y el PPD. Sin tomar en cuenta la oposición el gobernador actuó, acorde con la prensa, de modo autoritario y autorizó la represión de la protesta pública, como ya se ha comentado antes.

Tercero, no puede obviarse el papel que tuvo un desastre natural: el huracán “Georges” una tormenta categoría 3 que afectó la isla desde el 21 de septiembre de 1998. Algunos sectores presionaron para que, dada la crisis material producida por el fenómeno, se pospusiese la consulta estatutaria. El gobernador fue sordo a las mismas por lo que la imagen de Rosselló González como un dignatario autoritario o soberbio se confirmó y acabó por disgustar a “electorado flotante”. Si a ello se añade la percepción generalizada de que aquel era un “gobierno corrupto”, se comprenderá la fragilidad de este candidato a la altura de 2000. La capacidad de Calderón Serra para reunificar las fuerzas dispersas del PPD en el marco de la erosión del rossellato no puede ser puesta en duda.

 

Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)

• Mario R. Cancel Sepúlveda

Una mirada al pasado político de Puerto Rico no deja lugar a dudas de que el país tiene una amplia experiencia con los poderes ejecutivos fuertes. La monarquía autoritaria española, inventó la colonia en el siglo 16 y, hasta el 1898, la experiencia con regímenes participativos o de separación de poderes fue ínfima. La presencia de los vasallos en la vida pública se reducía a las elites que se insertaban en las estructuras del cabildo, donde lo había. Los Capitanes Generales que administraron el territorio desde la década de 1560, daban el aspecto temible del autócrata consumado.

Los periodos liberales de 1812, 1820, 1836 y 1868, fueron producto de graves crisis políticas en la península y se caracterizaron por la brevedad. Peor aún, durante aquellos periodos se la experiencia liberal se vivió en el marco de un gobierno colonial que siguió nombrando los gobernadores y mirando al insular, incluso a sus sectores criollos más privilegiados, con desdén y desprecio. Las prácticas económicas liberales se desarrollaron en medio de un mercado controlado por una monarquía autoritaria, y sólo sirvieron para profundizar las relaciones coloniales y  la dependencia.

El crecimiento económico del siglo 19 no significó un adelantamiento de las libertades civiles. Por el contrario, animó la sumisión de la clase criolla que confirmó su fidelidad a la hispanidad con un espíritu de sumisión total. La desconfianza de las autoridades españolas en la capacidad para el gobierno propio del pueblo puertorriqueño era compartida por los mismos intelectuales criollos que aspiraban a representarla. Los intelectuales criollos se resistían a tomar distancia de España, vejaban a separatistas independentistas, anexionistas y antillanistas e insistían, casi como un ruego, en que se equiparara la «hispanidad» insular y la peninsular. El sabor de la “democracia”  fue una rareza exótica para el paladar civil de los puertorriqueños.

A pesar de la promesa de progreso y democracia de los voceros de los invasores, el 1898, no cambió la situación. El gobierno militar producto de la guerra, dio paso a un régimen civil cuya maquinaria dependía de la voluntad de las fuerzas armadas. Algunas autorizadas voces criollas lamentaron que durara tan poco. Ese fue el caso de Salvador Brau Asencio quien pensaba que unos años más de gobierno militar no hubiesen venido mal en un país ausente de disciplina.

La relación colonial instituida por el gobierno civil acorde con la Ley Joe Foraker, una invención de un Congreso republicano que temía a los negros pobres que habitaban la isla y no era capaz de imaginarla como un Estado más de la Unión, no ha sido alterada en lo sustantivo desde 1900. Los parches jurídicos que se han puesto sobre esta relación asimétrica son pocos. Una mínima ración de poder para el Comisionado Residente, un Senado electivo en 1917, el derecho a elegir un gobernador en 1947 y una Constitución redactada localmente pero sometida a un cuerpo legislativo extranjero en 1952. La dolarización del mercado y la aplicación del cabotaje ya eran una realidad desde 1899. La ciudadanía estadounidense sin que ello significara un compromiso con la Estadidad futura del territorio impuesta en 1917, selló la relación hasta el presente.

Es curioso que la plena separación de poderes, una de las aspiraciones liberales más esperadas, sólo fuese posible desde 1917. Desde entonces, el poder legislativo se convirtió en un signo colectivo legítimo de la  identidad jurídica puertorriqueña ante el otro. En ocasiones también lo fue de identidad nacional. Estados Unidos, como el Reino de España, tampoco confiaba en dejar muchos espacios de poder a unos  colonos que despreciaba y cuya capacidad de autogobierno ponía en duda. El hecho de que entre  el 1900 y 1948 los primeros ejecutivos fuesen nombrados por una autoridad extranjera estimuló el desarrollo de poderes legislativos fuertes. Una Cámara de Delegados bajo la Ley Foraker retó la relación colonial en 1909 durante la llamada “huelga legislativa” de ese año. En 1928 un Senado dominado por aliancistas envío un mensaje descolonizador al Presidente Warren Harding de la mano de Charles Lindbergh. El consenso era que la relación estatutaria colonial no era “democrática”.

Ni lo uno ni lo otro surtió el efecto esperado y me consta que  son hechos que casi ni se recuerdan.  Sin embargo nadie puede negar que el poder legislativo, a pesar de los límites que le imponía el coloniaje, era muy vocal a la hora de manifestar sus posturas. No sé si deba aclarar que no se debe confundir lo que digo con la vulgar “nostalgia” por un pasado que se presume mejor. No soy nostálgico ni optimista y me consta que los señores legisladores de aquel entonces representaban muy bien sus intereses de clase y circulaban por los espacios del poder con el encanto que les daba su situación socialmente privilegiada.

A pesar de la difusión de la retórica estatutaria en el discurso local, después de 1952 nada más ha sucedido en ese ámbito. Los esfuerzos de “reformar” el estatus desde 1959 al presente, han colapsado ante el muro del estreñimiento manifiesto del Congreso para ampliar el margen de “libertad” de su posesión caribeña. El sabor de la democracia, que fue una de las aspiraciones más genuinas del populismo de primera fase cuando la caseta y el voto secreto y único que no se vendía, se vio reducido a migajas.

La reforma más celebrada del siglo 20, el derecho a elegir mediante el voto popular el gobernador local, cambio dramáticamente del balance de fuerzas entre el poder legislativo y el ejecutivo. La imagen del “gobernador” en la colonia recordaba, a quien poseía cierta cultura política, los malos humos de Romualdo Palacios, Emett Montgomery Riley o  Blanton Winship. Las heridas del pasado fueron cauterizadas con las figuras benévolas de Rexford G. Tugwell, “Rex the Red” para los republicanos, y Jesús T. Piñero, un popular moderado partidario del “Nuevo Trato”.

La llegada de Luis Muñoz Marín a la Fortaleza representó una “revolución» no porque fuese el primero en ocupar el puesto electo popularmente, sino porque terminó con la era de los poderes legislativos fuertes. Las legislaturas  ya no verían en el ejecutivo un adversario sino un socio poderoso al cual había que respetar y obedecer. Muñoz Marín, no hay que dudarlo, conocía las ventajas de un legislativo fuerte dado que, cuando fue electo Senador en 1940, ocupó la posición de Presidente del cuerpo. La “gobernación” entre 1940-1943, tuvo un pie en la Fortaleza y otro en el Capitolio.

El autoritarismo de Muñoz Marín era proverbial: su condición de caudillo iluminado, de figura legendaria que había guiado el Puerto Rico del siglo americano en su tránsito del “campo al pueblo” parecía justificarlo. Por eso los cuerpos legislativos sumisos se sucedieron en el panorama local bajo su gobernación. El balance se quebró, como se sabe, en medio de las  divisiones políticas que se concretaron en la década de 1960 cuando un plebiscito de estatus (1967) y el reto del Partido del Pueblo y el Partido Nuevo Progresista (1968), minaron el dominio de un Partido Popular Democrático que se abocaba a una primera crisis de identidad. Fíjese que cuando Muñoz abandonó la gobernación y regresó al Senado, la situación ya  no era la misma. Roberto Sánchez Vilella, el nuevo primer ejecutivo no podía permitir que el viejo caudillo gobernara desde su silla de Senador. Los constructores de la “democracia” la ponían en entredicho por la voracidad del poder.

El discurso “democrático” que había sido tan eficiente en la década del 1940 había perdido su solidez: se había quedado a la zaga del la realidad material de “Operación Manos a la Obra”. Siempre que reflexiono sobre aquel periodo acabo por reconocer que la experiencia de la democracia puertorriqueña ha pecado de numerosas flaquezas. La mayor candidez del paísha sido confundir el derecho a elegir mediante el voto popular a los funcionarios con la democracia, sin tomar en cuenta que esos procesos, cuando se ofrecen en un contexto colonial y de dependencia, siempre resultan cuestionables y frágiles.

 

Nota: Publicado originalmente como “Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)” El Post Antillano-Revista Dominical Letras Café y Tostadas en http://www.elpostantillano.com/revista-dominical/332-caribe-hoy/10254-mario-r-cancel-sepulveda.html. Desparecido de la red, incluyo la versión original.

Puerto Rico en la década de 1970: la política y la economía (I)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La década de 1970 al 1979 representó un momento de inflexión en la historia contemporánea de Puerto Rico. La mayor parte de los logros de la era de la segunda pos-guerra fueron puestos en entredicho.

Vida política en la década de 1970

En lo externo, el vuelco fue el reflejo de situaciones fuera del control del Estado Libre Asociado. La más relevante de ellas fue la primera Crisis del Petróleo en 1973. En lo interno, el resultado más visible fue el fin del control electoral del Partido Popular Democrático y el inicio de la era del bipartidismo. Desde 1968 el PPD ha ganado 6 elecciones y ha gobernado 24 años; y el Partido Nuevo Progresista ha vencido en  6 contiendas manejando el poder igual número de años. Los  gobiernos de 1968 bajo Luis A. Ferré; de  1980 bajo Carlos Romero Barceló; y el de  2004 bajo Aníbal Acevedo Vilá, fueron “compartidos”, es decir, el control del Ejecutivo y el Legislativo estuvo en manos distintas por lo cerrado de la contienda electoral. En los tres cuatrienios, la conflictividad dominó la gestión pública y los gobiernos “compartidos” desembocaron en el lenguaje contencioso y el inmovilismo administrativo.

Luis A. Ferré y Roberto Sánchez Vilella (1969)

A lo largo de la década de 1960 a 1969, como antesala, el PPD enfrentó un conjunto muy peculiar de desafíos. Entre 1960 y 1964, recibió en reto de una propuesta vinculada a la Social Democracia que se concretó en el activismo del Partido Acción Cristiana, una alianza táctica entre Estadoístas e Independentistas que puso  entredicho la legitimidad moral del poder de Luis Muñoz Marín y el ELA sin éxito. El otro reto fue el de una “Nueva Generación” que sembró la duda respecto a la capacidad del gobernador para ajustarse a los intereses de los más jóvenes.. Ambos procesos coadyuvaron a  acelerar la decisión de “El Vate” de retirarse de cara a las elecciones de 1964.

La derrota electoral de 1968 y el ascenso del PNP con el ingeniero e industrial  Ferré a la cabeza, culminó aquellos procesos de un modo trágico para los populares. Durante el Plebiscito de estatus de 1967, el grupo  “Estadistas Unidos” hizo un papel extraordinario al obtener 274,312 votos o el 38.98 %. Refundado aquel movimiento bajo el nombre de Partido Progresistas Unidos,  luego Partido Nuevo Progresista, el estadoísmo no dejó de crecer en simpatías. En los comicios  de 1968 aquella organización novel obtuvo 400,815 votos o el 43.6 % ante un PPD dividido por la figura pujante de Roberto Sánchez Villela y su Partido del Pueblo, de tendencias abiertamente soberanistas y anti-caudillistas, quienes obtuvieron 107,359 votos o el 11.7 % de las boletas para la gobernación.

Aunque el PP fue responsabilizado de la derrota, lo cierto es que el desgaste de Muñoz Marín y su discurso, responde a numerosas razones. La derrota del PPD en 1968 respondió a aquella división, sin duda. Pero el ELA no estaba en su mejor momento: la naturaleza colonial de aquel arreglo de 1952 se discutía en la Organización de Naciones Unidas mismo en la ONU. El mismo hecho de que el Estadoísmo estuviese en el poder abonaba a la fragilidad de su imagen. Ello a pesar de que, en el Plebiscito de 1967, 6 de cada 10 electores habían favorecido el ELA. La polarización entre el ELA y la Estadidad se confirmó a la larga por el hecho de que el Independentismo electoral perdió poder y fluctuó apenas entre el 3.5 %  de los votos en 1968, y el 5.4%  en las de 1980 y nunca superó los 90,000 sufragios. Debo recordar que a la contienda de 1968 comparecieron tres partidos independentistas que, sin duda, ayudaron a debilitar el voto popular llamando la atención de los Soberanistas que militaban en el partido rojo.

Esto significa que, en enero de 1969, se estrenó una situación que no se veía desde 1944. El Presidente del Senado controlado por el PPD bajo Ferré, el Lcdo. Rafael Hernández Colón un abogado de Ponce,  afirmó su poder en la organización. Hernández Colón había sido miembro de la “Nueva Generación” y era una figura de confianza para  Muñoz Marín.

 

Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón

Vida económica en la década de 1970

La década de 1970 a 1979 marcó, por otro lado,  el colapso de “Operación Manos a la Obra”. Después de 1979 el costo del barril de crudo superó la media de los $10.00 por unidad y ya no volvió a bajar. El proyecto económico del ELA, para la década de 1960 se había apoyado  en el refinamiento de crudo barato, por lo cual corría peligro. A la altura de año 1982 la CORCO, el emblema de las refinerías, cerró casi todas sus operaciones y sus funciones se redujeron a mero centro almacenamiento de crudo.

La primera Crisis del Petróleo (1973) generó dos crisis locales que recuerdan la que azota al país desde el 2008. Una de ellas ocupó el periodo que va entre 1973 y 1976: siendo gobernador Hernández Colón. Entre 1976 y 1979 cuando gobernaba C. Romero Barceló, hubo una “recuperación” parcial que no ilusionó a muchos observadores. De inmediato se aceleró otro periodo recesivo entre los años  1980 y 1983. La gravedad de las circunstancias generó violencia social, sindical y estudiantil y justificó la represión del Estado a los sectores protestatarios.

Los dos signos más conocidos de aquel periodo son el crimen del Cerro Maravilla (1979) y Huelga Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (1981). En términos generales, el ELA estuvo en crisis desde 1973 hasta 1983 y la “recuperación” no fue sino fue una ralentización de la degradación económica dominante. En su momento, la situación llegó a ser comparada con la Gran Depresión de 1929, pero su naturaleza era distinta.

Los rasgos dominantes de la crisis fueron los siguientes:

            1. El estancamiento económico, manifiesto en el hecho de que el  Producto Interno Bruto decayó y los niveles de ingreso personal se estancaron empobreciendo a las clases medias

            2. La inflación de los precios incluso los de primera necesidad

            3. El desempleo galopante, índice que  en 1977 llegó al 20 % y en 1984 alcanzó el 22%

            4. La consolidación de la resistencia popular en todos los niveles: bajo el gobierno de Hernández Colón (1972-1976) hubo 270 huelgas laborales y estudiantiles, y  la criminalidad se disparó en el renglón de delitos contra la persona y la propiedad

A ello habría que añadir que  la  “emigración de retorno” de 1975 cuando un segmento de la diáspora puertorriqueña que  huía de los estragos de la crisis en Estados Unidos regresó al país a pasar los malos momentos. Los economistas del 1970 acuñaron el concepto “estagflación” para sintetizar el fenómeno que vivía el capitalismo internacional.

La crisis del PPD (1960-1980): la política nacional

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La década de 1960 fue crucial en el deterioro del poder electoral del Partido Popular Democrático. Los procesos de industrialización y urbanización que le mantuvieron en el poder desde 1940 minaron las bases de su  poder. Una serie de condiciones propiciaron el desprestigio del proyecto y del Estado Libre Asociado y facilitaron el triunfo del estadoísmo en 1968 a través de una organización original llamada Partido Nuevo Progresista.

El choque generacional

Lo primero que llama la atención del observador es el desarrollo de una confrontación generacional dentro del PPD. La denominada “Vieja Guardia”, representada por el liderato que había dado vida al partido en 1938, fue retada por la “Nueva Generación”, un conjunto de  líderes producto del proceso de industrialización y urbanización al que los hombres de Muñoz Marín habían dado vida desde 1940. El choque entre ambas tendencia  estaba en proceso de maduración desde 1960 y coincide con el último cuatrienio de Muñoz Marín como Gobernador.

La reacción inicial de la “Vieja Guardia”, como era de esperarse, fue resistirse al cambio. Todo parece indicar que una de las pocas figuras de poder que se identificó con la “Nueva generación” fue el ingeniero mayagüezano Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). Sánchez Vilella no solo poseía un “estilo” distinto al de Muñoz Marín sino que se había proyectado como uno de posibles sucesores de aquel para las elecciones de 1964.

La “Nueva Generación” se organizó alrededor del llamado “Grupo de los 22” asociación fundada en Manatí. Algunas de las figuras, entre los ya fallecidos, que llaman la atención de aquel colectivo están el abogado y profesor Juan Manuel García Passalacqua (1937-2010) y el legislador Severo Colberg Ramírez (1924-1990). Entre los que aún viven habría que destacar a Victoria Muñoz Mendoza (1940- ) y el abogado Rafael Hernández Colón (1936- ), dos personalidades que todavía hoy siguen siendo pilares del PPD. Otras figuras que se han distinguido en las últimas década por su presencia publican vinculados a aquella vanguardia son el abogado Marcos A. Rigau, el historiador y profesor Samuel Silva Gotay, el profesor y abogado José Arsenio Torres (1926- ) y el abogado independentista Noel Colón Martínez , entre otros. El grupo fundó el periódico Foro libre para expresar sus ideas.

Juan Manuel García Passalacqua

Las críticas del “Grupo de los 22” a la “Vieja Guardia” al PPD fueron incisivas. En términos generales se quejaban de la poca participación que tenían los jóvenes en el partido y del  distanciamiento que la organización había desarrollado con respecto del pueblo común al cual, alegaban, reducían a la condición de votantes o electores. Para algunos militantes del grupo, Muñoz Marín se había convertido en un líder obsoleto que ya había cumplido su función histórica y debía abrir paso a los más jóvenes. Visto desde la distancia, de lo que se trataba era de una lucha abierta por el control de una maquinaria política exitosa. La confrontación se justificada sobre la base del reconocimiento de que la política práctica en la era industrial y urbana, ya no podía hacerse con las tácticas que habían sido exitosas en el Puerto Rico agrario y rural que produjo la experiencia del primer PPD, el de las elecciones de 1940. Aquella lógica era más que razonable pero la racionalidad no produce respuestas de la misma índole cuando se trata del poder político.

Los efectos de las críticas fueron diversos. Por una parte, promovió la discusión ideológica y llamó la atención sobre la necesidad de revisar el ELA en busca de “más soberanía”. Aquella había sido también una preocupación de Muñoz Marín, por cierto, pero en la década del 1960 el lenguaje se tornó más incisivo y exigente. Lo cierto es que algunos ideólogos del PPD reconocieron los rasgos coloniales del ELA. Uno de ellos fue el abogado y escritor Vicente Géigel Polanco (1904-1979) quien acabó fuera del partido militando en el Partido Independentista Puertorriqueño. Otro fue el historiador y jurista José Trías Monge (1920-2003) quien llegó a ser Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Un segmento significativo de la intelligentsia del PPD, favorecía la idea de culminar el ELA sobre la base de una mayor soberanía respecto al Gobierno federal, pero temían que en ese proceso se les confundiera con los nacionalistas y los independentistas a quienes tanto habían atacado. El atasco más importante en e proceso de revisión del ELA, aparte del desinterés del Congreso de Estados Unidos, ha sido ese sin duda.

La “Vieja Guardia” se organizó en el llamado “Grupo de Jájome”, localidad de Cayey donde ubica la residencia veraniega del gobernador y el mismo estuvo encabezado por las figuras de Santiago Polanco Abreu (1920-1988) y Luis Negrón López (1909-1991), ambos personas de confianza de Muñoz Marín y con aspiraciones a la candidatura a la gobernación para los comicios de 1964. En medio de aquella pugna se decidió el retiro político de Muñoz Marín. El anuncio se hizo en una Asamblea celebrada en Mayagüez (1964) donde se impuso la candidatura de Sánchez Vilella a pesar de las protestas intensas de multitud que no estaba en condición de desprenderse de su caudillo político. Lo cierto es que el retiro de Muñoz Marín implicaba un giro histórico. El líder o no quería o no se sentía capaz de gobernar con la “Nueva Generación” y sacrificaba sus aspiraciones por el bien de la unidad del partido.

Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Villella

¿Qué había cambiado? En 1964 Puerto Rico era otro -urbano e industrial- y se reconocía que Muñoz Marín representaba un pasado que se había dejado atrás. Las campañas políticas directas con el pueblo que había caracterizado al PPD entre 1938 y 1940, apoyadas en el contacto directo, micro y el macro mitin, cumplieron la función de comprometer a la gente con unas estructuras político-partidistas en las que no tenían confianza. La evolución de los medios masivos de comunicación alteró aquel panorama: los medios masivos de comunicación se fueron convirtiendo en el espacio protagónico para el diseño de la opinión pública. La radio estaba accesible en Puerto Rico desde 1922 -WKAQ en San Juan fue la primera de ellas-, y entre 1934 y 1937 se inauguraron la WNEL también en la capital, la WPRP en Ponce y la WPRA en Mayagüez. Del mismo modo, en 1954 apareció la televisión y ya en 1958 había radio y televisión del Estado. Aquellos fenómenos tecnológicos innovadores junto con el desarrollo de la prensa diaria masiva, fueron decisivos para las formas de hacer política en el país.

El asunto no ha sido estudiado con propiedad, pero lo cierto es que ya en 1968 sátira política televisada: se trataba de la comedia “Se alquilan habitaciones” con la actriz y escritora Gilda Galán (1917-2009) transmitida por el Canal 11. La sátira fue tan intensa que el programa fue sacado del aire cinco veces por presiones políticas de Partido Nuevo Progresista organización que entró en el panorama electoral exitosamente en 1968. Ese mismo año se fundó el grupo musical satírico “Los Rayos Gamma”,  obra del ingenio del periodista y comediante Eddie López (1940-1971), quien falleció víctima del cáncer en plena juventud. Y en 1969 ya se difundía la serie de pasos de comedia y crítica, “Esto no tiene nombre”, producido por Tommy Muñiz (1922-2009) para el Canal 4. La mordacidad de la sátira y la crítica seria de programas como “Cara a cara ante el país” democratizaron la relación entre la gente, el Gobierno y el Estado.

Una confrontación con la  Iglesia Católica

En 1960, la Iglesia católica todavía conservaba algunos de los rasgos que había obtenido producto de la invasión de 1898. La institución estaba dominada por obispos de estadounidenses y una jerarquía puertorriqueña en la que el papel de los sacerdotes estadoístas parece haber sido decisivo. Las relaciones ideológicas dentro del sacerdocio y en la jerarquía eclesiástica puertorriqueña, es un asunto que, me parece, requiere una discusión sosegada que no puedo desarrollas en este espacio. Las figuras dominantes en aquel escenario eran el Obispo de Ponce James Edward McManus (1900-1976), el Obispo de San Juan James P. Davis (1904-1988) y el Padre Luis Aponte Martínez (1922-2012), quien fungía como superintendente de colegios católicos para la diócesis de Ponce.

Luis Aponte Martínez y el Papa Pablo VI

La Iglesia Católica desarrolló una campaña contra las políticas de control natalidad impuestas por el PPD en el poder: me refiero  a la esterilización masiva y la distribución de píldoras anticonceptivas. A aquella campaña de fuerte tinte moral, se añadió otra que presionaba a favor de que se instituyera la educación religiosa en las escuelas públicas a pesar de la división de la Iglesia y el Estado que se había instituido desde 1898, y otra para que se usara el inglés como idioma de la educación pública como se hacía antes de 1947. La moral, el conservadurismo político y la americanización cultura propia de los estadoístas más exigentes se daban la mano para retar la legitimidad del PPD y su figura dominante el gobernador Muñoz Marín, un hombre con una pasado bohemio que no pasaba la prueba de  “probidad moral” a la que los católico extremos aspiraban.

La propuesta atrajo a numerosos adversarios políticos del PPD: estadoístas, independentistas y nacionalistas quienes, en vista de su catolicismo y su oposición común al PPD, se comprometieron con aquel discurso. Sobre aquella base se fundó en julio de 1960 el Partido Acción Cristiana, un partido democrata cristiano que aspiraba instrumentar las aspiraciones del liderato católico. Durante la campaña de 1960, desde la tribuna del PAC se amenazó con excomulgar a quienes votaran por el PPD. Lo cierto es que en las elecciones de 1960 el PAC obtuvo 52,096 votos muchos de los cuales parecen haber sido militantes del PIP, situación que provocó que aquel partido perdiera su franquicia electoral. Fue la primera vez, y no la última, que el PIP fue descertificado como partido legalmente inscrito por falta de apoyo electoral.

Durante el cuatrienio de 1961 a 1964 el PPD y el PIP, organizaciones que chocaban abiertamente la una con la otra, tuvieron la capacidad de concertarse con el fin de acusar al PAC de haber cometido actos fraudulentos en el proceso de inscripción. Ese mismo año, consiguieron que los candidatos electos a la Legislatura por el PAC fueran  expulsados del cuerpo y el partido descertificado. La situación es interesante. Todo parece indicar que el PPD prefería la oposición del PIP a la del PAC. Las autoridades fueron eficaces en aquel propósito: entre 1962 y 1964, la organización católica fue desmantelada desde el poder y el catolicismo organizado no volvió a representar un peligro para el PPD. La situación culminó con la intensificación a las autoridades católicas estadounidenses y la “puertorriqueñización” la Iglesia Católica.