Del anexionismo al estadoísmo: contextos e intersecciones

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador

En una columna publicada en noviembre de 2019 indiqué que  la situación actual ameritaba una revisión del desarrollo del anexionismo durante el siglo 19 y el estadoísmo o el movimiento estadista en el siglo 20. El pasado de ese discurso político durante el siglo 19 y su presencia en el espectro ideológico puertorriqueño como una “tercera voz” al lado de los autonomismos y los independentismos hasta la década de 1950, no me dejaba duda al respecto. La implicaciones sociales, culturales y económicas de la integración a otro país propuesta por sus defensores fue motivo de debate desde antes del 1868 y constituyó uno de los entornos ignorados de la Insurrección de Lares.

Los imperativos del presente

Tras medio siglo de altas y bajas, el meteórico crecimiento electoral del estadoísmo desde mediados de la década de 1950, su papel protagónico en el desenvolvimiento de bipartidismo en los últimos 50 años a partir de la década de 1970 y la heterogeneidad de su formulación ideológica abonaban en la misma dirección. El fenómeno de la Ley 600 y el Estado Libre Asociado disparó procesos políticos en direcciones opuestas tales como la Insurrección Nacionalista y el moderno auge del movimiento estadista. El ejemplo más reciente de la maleabilidad de esa ideología ha sido su reformulación en el marco de la conmemoración del centenario de 1898 bajo el concepto de “estadidad radical”, concepto  afín al radicalismo decolonial; y la crisis que desde fines de la década del 2010 asomaba en el seno de su organización más visible, el Partido Nuevo Progresista, pugna que sin ser la primera poseía una peculiar complejidad. Todos esos elementos justifican otra mirada en torno a este problema historiográfico y sus posibilidades futuras.

Es cierto que los dilemas que agobian al estadoísmo hoy tampoco son nuevos. Me refiero, por un lado, a la agresiva campaña del presidente Donald Trump, representante de un republicanismo que recuerda las actitudes de Elihu Root, Secretario de Guerra de William McKinley, y el gobernador George Davis en el contexto de la elaboración de la Ley Joseph Foraker en 1900; y por el otro, al colapso de la gestión del gobernador Dr. Ricardo Rosselló tras el verano de 2019. Este caso llama mucho la atención por el hecho de las afinidades que desde ciertos sectores se adjudicaban a esta figura con la “estadidad radical” y el discurso decolonial a la luz de su experiencia militante con “Boricua Ahora Es” desde 2012.

La aparición del fenómeno del “estadoísta no afiliado”, una práctica análoga a la del “independentista no afiliado” a la cual suele achacarse una parte de la crisis del movimiento independentista, es otro elemento relevante. Aquel repuntó al interior del estadoísmo desde mediados de la década de 1980 a través  de “Puertorriqueños en Acción Ciudadana” encabezados por la Dra. Miriam Ramírez de Ferrer y culminó con la experiencia promovida por el Dr. Hernán Padilla por medio del Partido Renovación Puertorriqueña en 1983. Pero rupturas de un carácter análogo han estado presentes en la historia del estadoísmo siempre: los hechos de 1903, 1921 y 1967 son ejemplo de ello.

Desde mi punto de vista el auge del elemento “no afiliado” confirma, por una parte, la desconfianza generalizada en las organizaciones partidistas de tradición moderna que han llegado a ser consideradas como entidades autoritarias. La “no afiliación” expresa la voluntad de emancipación del ciudadano de la condición de militante o fiel. Por otra parte, demuestra el dinamismo de los proyectos político-ideológicos que lo experimentan por lo que su estudio puede decir mucho sobre las transformaciones del siglo 20. Esta hipótesis es válida lo mismo para la “no afiliación” independentista como la estadoísta. El alcance de esta práctica queda evidenciado en las reiteradas llamadas morales a la disciplina que han caracterizado a los núcleos defensores de una tendencia o de otra durante las últimas décadas.

Por último, la presencia de activistas estadoístas en la organización Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de cara a las elecciones 2020, recuerda los afanes unionistas y frentistas que dominaron dos momentos críticos del siglo 20. Me refiero a los primeros días del régimen impuesto por la Ley Foraker de 1900, en especial el periodo iniciado en 1903 y el llamado a la “unión” por Rosendo Matienzo Cintrón el cual culminó con la crisis de 1909 y la creación de un instrumento de descolonización original pero efímero -el Partido de la Independencia en 1912-;  y los de las conmociones emanadas de la Gran Depresión durante en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial que desde las izquierdas justificó la configuración de “frentes amplios populares”. En el caso de Puerto Rico aquel reclamo, si bien sedujo a una parte significativa del Partido Comunista Puertorriqueño (1936) y el Partido Popular Democrático (1938), no tuvo el mismo efecto sobre los sectores que no defendían la independencia como aquellos. Es probable que el pasado de “mogollas”, ligaos, alianzas y coaliciones (1922-1944) actuase en contra de la tendencia aunque es obvio que un “frente” popular y un “convenio” entre partidos no eran la misma cosa.  No se debe pasar por alto que “Boricua Ahora Es” en su momento también participó de esa retórica unionista y frentista con la misma pasión que las experiencias antes señaladas.

A dónde conducirá la crisis actual es lo que está en discusión. Claro que las justificaciones teóricas para afrontar un problema interpretativo como este no forzarán a ninguno de los involucrados a enfrentarlo. El énfasis militante acrítico de los partidos políticos no les deja mucho tiempo para este tipo de reflexión, ni siquiera cuando un segmento de su liderato proceda de los sectores llamados “intelectuales”. La mirada a la bidireccional relación pasado/presente resulta urgente.

José Celso Barbosa

Anexionismo/estadoísmo: subversión e izquierdismo

El estudio del anexionismo, el estadoísmo o el movimiento estadista, así como el de cualquier otra ideología, es un territorio lleno de escollos. Para desarrollar una interpretación ecuánime del problema planteado habría que desarrollar definiciones precisas de los conceptos a los que se alude. Anexionismo, estadoísmo, movimiento estadista así como autonomismo, independentismo, traducen prácticas diversas, cambiantes, volubles o líquidas que, en parte, son el resultado de las especificidades históricas y culturales en las cuales se desenvolvieron.

Ser anexionista en 1868 no es lo mismo que ser estadista en 1968. Aquel de 1868 tenía el escollo de que Puerto Rico era posesión colonial de España por lo que para conseguir su meta debía separar a Puerto Rico de aquel país por los medios que tuviese a su alcance para, desde la soberanía y la independencia, completar su proyecto de anexión. Por eso el anexionismo era parte de un proyecto subversivo que apelaba a las armas lo mismo en Cuba que en Puerto Rico en 1868. El estadoísta del 1967 había pasado por un proceso de anexión producto de una guerra (1898), un tratado de paz (1899) y una conversión ciudadana (1917). Dadas esa condiciones, a nadie debería sorprender que los estadoístas imaginaran que la anexión conduciría de manera “natural” a la estadidad en un futuro cercano, cosa que no sucedió.

La nueva situación no les dejó en posición de reclamar por medios agresivos el acta de incorporación que se le había negado en 1900 durante las discusiones para configurar la Ley Foraker, por lo que un “estadoismo gradualista” y “paciente” se impuso en figuras como Miguel A. García Méndez y Luis A. Ferré Aguayo. Un juicio análogo podría utilizarse para describir la actitud de los independentistas y nacionalistas moderados que, como José De Diego en el seno del Partido Unión, esperaban que el tutelaje colonial desembocara de manera “natural” en la independencia con protectorado y que la República de Puerto Rico se transformaría en una facsímil de la Cuba plattista. Unos y otros eran esclavos del mismo pecado moderno: la confianza acrítica en un determinismo progresista mal entendido, actitud que también había penetrado a las izquierdas, por cierto.

Una de las cosas que habría que evitar a toda costa en una indagación de esta naturaleza sería aislarlo de los contextos ideológicos y políticos con los cuáles interactuó durante el siglo 19. La ruptura entre los separatistas anexionistas y los independentistas a raíz de los eventos del 1898 y el 1900, no fue total: ninguna ruptura lo es. Esto significa que para comprender la experiencia anexionista en el siglo 19 sería necesario aclarar su dialéctica con los autonomismos, los independentismos, los movimientos anticoloniales y las izquierdas en general. Lo mismo puede afirmarse respecto al estadoísmo durante la primera mitad del siglo 20: confinarlo equivaldría a  amputarle una parte significativa de su complejidad. En ambos casos las fronteras entre unas y otras de las propuestas aludidas siempre fueron porosas, condición que solo los esencialistas y los fundamentalistas obtusos de uno y otro sector son incapaces de reconocer. Anexión, autonomía e independencia son conceptos políticos históricos cuyos significados concretos han cambiado a lo largo del tiempo.

El asunto es más complejo porque incluso una parte importante de las izquierdas socialistas, anarquistas, sindicalistas e incluso comunistas de fines del siglo 19, en medio de la pugna entre socialismo y nacionalismo, favorecían la anexión de territorios como Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos en lugar de su independencia. Ni siquiera la insistencia en la futura confederación antillana, un emblema de la solidaridad internacional les hizo cambiar de opinión. El tema ha sido ampliamente documentado en los estudios de Paul Estrade sobre la negociaciones diplomáticas de Ramón E. Betances Alacán con las izquierdas mientras fungió como representante de los intereses de Cuba en Armas en París entre 1898 y 1898.

Aquella proximidad de las izquierdas al anexionismo a fines del siglo 19 explica las afinidades de una parte significativa de las izquierdas y el movimiento obrero puertorriqueños con el estadoísmo en la primera parte del siglo 20 en organizaciones tales como el Partido Obrero Socialista, el Partido Socialista, la Federación Regional de Trabajadores y la Federación Libre de Trabajadores, entre otras. Un estadoísmo apoyado por las izquierdas sólo resultará una anomalía para quien desconozca la evolución de las propuestas anticapitalistas en general. En realidad las afinidades entre estadoístas y socialistas amarillos o rojos ratificaba una tradición interpretativa.

Me parece sustancial tomar en cuenta los referidos antecedentes a la hora de evaluar la “estadidad radical” de los años 1990 en la medida en que esa reflexión rompió con un mito que se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría: que la izquierda y el independentismo poseían una relación “natural”. Cualquier mirada que no tome en cuenta esa dialéctica será fragmentaria y parcial. Una discusión de ese tipo llamaría la atención en torno a la polisemia del anexionismo/estadoísmo y serviría para abrir un diálogo inter ideológico que involucrase de manera pensada a estadoístas, independentistas y soberanistas en busca de un lenguaje anticolonial común estable. En efecto, siempre deberá tomarse en cuenta la contingencia e historicidad del sentido de los conceptos ideológicos que han guiado esos intercambios. Como se sabe, a lo largo de todo el siglo 20 los intentos en aquella dirección que he identificado antes como unionistas o frentistas, siempre condujeron a un callejón sin salida en medio de intensas luchas caudillistas por el poder y nada sugiere que los esfuerzos del presente no desemboquen en lo mismo.

Un problema teórico central salta a la vista: tomar como “natural” cualquier práctica o asociación y como “homogénea” y “definitiva” siempre obstaculizará su apropiación. En estos territorios no hay “sustancias” sino “formas”, es decir, no hay nada “fijo” sino “acomodos” que pueden ser explicados al socaire de numerosos componentes. Sobre la base de ese principio abordaré las tenues fronteras entre estadoísmo, autonomismo e independentismo más adelante.

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 21 de febrero de 2020.

Luis Muñoz Marín y las Conferencias Godkin (1959)

Comentario sobre Pedro A. Reina Pérez y otros. Cavilando el fin del mundo.  San Juan: Proyecto ATLANTEA / Álamo West Caribbean Publishing, 2005.

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

Bajo el subtítulo “Apología y confesión en las Conferencias Godkin 1959 de Luis Muñoz Marín”, se publicó en 2005 este libro en torno al caudillo populista. El hecho de que el mismo fijase la mirada en el 1959, un año de inflexión en las posibilidades de “crecimiento del Estado Libre Asociado”, me parece de valioso. Aquel año, la Revolución Cubana alteró el panorama interamericano. También Antonio Fernós Isern, el padre jurídico de la “tercera vía” de estatus, vio como su proyecto de “culminación” moría ante un Congreso poco dispuesto a dar más de lo que ya había dado.

El subtítulo, además, confirmó la necesidad que tienen muchos investigadores de que Muñoz Marín se excuse ante alguna autoridad simbólica superior por las transacciones ideológicas que ejecutó. El líder ha quedado reducido a la condición de un delincuente consciente tardíamente de su delito o su pecado. Esa actitud olvida que la suya fue una vida rica en experiencias que sólo él vivió, y que la misma no es más transparente ni más nebulosa que la de cualquier otra figura pública de cualquier tiempo. La actitud también supone la legitimidad de la idea de que existe un agente superior a las fuerzas del actor de la historia que le pide cuentas por sus actos y que, una vez escuchado, lo condena o lo exculpa como un dios autoritario. La otra asunción es la más frágil: conjetura que los historiadores son capaces de apropiar esa verdad y utilizarla como una herramienta analítica a la hora de reflexionar en torno a un actor o un acontecimiento.

La pregunta que me surge es, ¿ante quien debería excusarse Muñoz Marín? ¿Acaso ante la ilusión de una Historia Progresista y Unitaria en la cual ya pocos creen? ¿O ante ese Dios de la Modernidad llamado Nación Estado Moderna por el hecho de que para muchos puertorriqueños permaneció en la forma de una utopía, y para otros funcionó como una pesadilla? ¿O ante aquellos autonomistas que todavía piensan que el Estado Libre Asociado representó el atisbo del sueño de libertad que la Guerra Fría llevó a la quiebra?

Lo cierto es que esa parte de la intelectualidad puertorriqueña que ha hecho suya la “teoría de la traición muñocista”, continúa esperando el “mea culpa” y la “auto-impugnación” de este muerto venerable. La investigación sobre Muñoz Marín ha sido, en gran medida, la búsqueda de ese acto de confesión y purga en los rincones más recónditos de su obra. Una vez vieron el acto de contrición en sus conversaciones de sobremesa con el artista Rodón. Ahora lo ubicaron en las curiosas Conferencias Godkin presentadas en Harvard en 1959. Desde mi punto de vista Muñoz Marín no es otra cosa que la idea que se hace cada cual de esa figura desde el atrincheramiento de su propios pre-juicios. El problema, me parece, no es la búsqueda de ese espacio de auto-compasión que se ansía encontrar en los papeles de Muñoz Marín.  El problema es la insistencia en que el mismo ha sido descubierto en uno u otro resquicio de la discursividad del Patriarca. Ese tipo de biografía pre-juzgada me parece más propia de la redacción de la vida de los santos, que de la vida de los humanos.

La mayor aportación de este volumen es la versión bilingüe de los tres discursos de Luis Muñoz Marín en la Universidad de Harvard en 1959. En ellos Muñoz Marín intentó expresarse como una voz que ha tomado distancia de toda entelequia y que era capaz de enfrentarse al “problema de Occidente” desde el lugar de la praxis. Muñoz Marín no era un intelectual universitario y estaba muy consciente de ello.

Luis Muñoz Marín

“Brecha para librarnos del nacionalismo” es un juicio sobre el lugar de la humanidad en el momento de la Guerra Fría, y una fórmula para enfrentar el miedo al cataclismo nuclear enfrentando su gatillo mayor: el nacionalismo. Si se extrapola esa temática del teatro puertorriqueño, lo cual me parece que es lo que hace el libro, las conferencias resultan en una reflexión inteligente sobre el presente. Si a ello se añade el papel que Puerto Rico jugaba en la Guerra Fría para Estados Unidos y el debate sobre el nacionalismo insular, las conferencias son una afirmación de su fidelidad a la causa americana en medio de un mar de desconfianza mutua.

En ese sentido, uno de los problemas de este libro es que aísla el pensamiento de Muñoz de los contextos que lo explican. El efecto concreto de ello es la sobrevaloración del papel de los asesores intelectuales del Gobernador, dos distinguidos universitarios, Juan M. García Passalacqua y Arturo Morales Carrión, en el diseño de su mensaje. La discusión evade o no reconoce la inmensa deuda ideológica de Muñoz Marín con el pensamiento de Antonio Fernós Isern y no reconocer que buena parte de los argumentos en torno a las virtudes del federalismo y la condena del nacionalismo, eran argumento de aquel jurista. Una lectura de estos tres discursos en diálogo con la obra teórica de Fernós Isern aclararía muchas de las posturas de aquella curiosa “tercera vía” política.

Aislar el pensamiento de Muñoz Marín también conduce al lector a pensar que la desconfianza del caudillo en la ciencia y la tecnología y su apelación al humanismo, eran una creación muñocista. La poética discursiva de Muñoz Marín, sus metáforas, sugieren que ello está relacionado con su populismo o su criollismo, con ciertos retazos rousseanianos en su pensamiento o hasta con su culto a la simplicidad de la vida rural. Ello pasa por alto que Luis A. Ferré sostenía una posición similar en la Nueva Vida y el Propósito Humano. La diferencia entre ambos pensadores es mucha. El sustrato rural en el primero y el sustrato urbano en el otro, me parece esenciales en el contraste. La formación del primero en literatura y en ingeniería del otro, también.

Detrás de ese cuestionamiento se encuentra una actitud propia de la intelectualidad sensible de la Segunda Pos-Guerra que se afirmó durante la Guerra Fría. Se trata de un miedo a la civilización, de una sensación de incertidumbre en cuánto a hasta dónde podía llegar la ciencia o la tecnología, en especial después de Hiroshima y Nagazaki. El miedo y la incertidumbre estaban enmarcados en esa concepción spengleriana de la civilización que en Puerto Rico se difundió por medio del pensamiento de José Ortega y Gasset y de la Generación del 1930

En aquel contexto, la civilización era aprendida como una condición ante-mortem, como un límite o un borde, como el extremo de un hijo de progreso y la cercanía del fin. La civilización era cansancio y rutina, pérdida de la vitalidad.  Las analogías entre Tácito observando el Imperio disminuido en De Germania, y Muñoz Marín doliéndose de la falta de industria y el consumismo puertorriqueño, sin muchas. Se trata de la aceptación tácita de una metáfora no lineal ni progresista del tiempo que se articula en una suerte de idea del fin de la historia. En síntesis, es conciencia decadentista pura que, como en Spengler, sólo se subsana con la panacea estética, humanista o cristiana. Me parece que ello explica el lenguaje hierático que se impone en Muñoz Marín ante el catastrofismo que adjudica al nacionalismo y la amenazante energía de átomo.

Del mismo modo, tanto Muñoz Marín como Ferré, enfrentaron la decadencia de la civilización de una manera análoga.  La alternativa fue la re-humanización o la re-cristianización. El reconocimiento de la inautencidad de la modernidad, pienso en Kierkegard, se encuentra detrás de todo esto. La autenticidad se transforma en el retorno a un espacio usurpado.  Pero también hay cierto temor a la mercantilización de lo humano según la planteaba Georg Simmel a principios del siglo 20. La idea de que lo humano está vacío pero puede ser vuelto a llenar de contenido, es evidente.

Lo otro que hace este libro es que convierte la desconfianza en el nacionalismo, la ciencia y la tecnología, en un adelanto del pensamiento postmodernista, y al caudillo en un apóstol ideológico del presente. En ese caso Ferré también lo sería. El argumento me parece exagerado e insuficiente para re-inventar a un Luis Muñoz Marín postmoderno, e inapropiado para legitimarlo entre la intelectualidad del presente. Se trata de críticas de la modernidad vertidas desde lugares tiempo-espaciales distintos. El argumento pasa por alto la variedad de contextos que nutrieron la construcción de los discursos Godkin y las que nutren la crítica de la modernidad en el presente.

Me permito aclarar dos cosas. Primero, que la ahistoricidad del planteamiento no me parece el problema. El problema es que la ahistoricidad deforma a un personaje muy rico que vivió su tiempo con plena conciencia de su contingencia. Segundo, que la postmodernidad también tiene que ver con no creer mucho en las iluminaciones manufacturadas sobre el mito de las luces. Ninguna de las argumentaciones de Muñoz Marín, lo convierte en un pensador postmoderno por anticipado. Al menos podrían alimentar la imagen de un decadentista desilusionado.

El texto de Carlos Gil puede servir para aclarar un último punto. En el mismo el autor se refiere a la idea del miedo y su riqueza.  El miedo al ámbito universitario en Muñoz Marín era el reconocimiento de una incapacidad: la suya ante ese laboratorio artificial de saber teórico. Una vez Juan M. García Passalacqua me habló del miedo de Muñoz a las cámaras de televisión. El medio llegó tarde a la vida política de caudillo. Las reservas eran lógicas. De un modo parecido, el miedo a la ciencia y la tecnología representa el reconocimiento de la incapacidad humana para enfrentar la anarquía que puede desatar la misma. Es temor a lo incomprensible del lado oscuro del poder que facilita al hombre. También es el horror que produce pensar que la ciencia y la tecnología faculten una catástrofe que termine con la humanidad.

No se trata de un cuestionamiento filosófico a la Modernidad y sus paradigmas ni de la proclamación de su fin. Muñoz Marín, igual que Ferré, consideraba que el progreso podía ser rectificado, y la humanidad salvada mediante el empeño humano y racional de rescatar una condición que, si bien agonizaba, no estaba del todo muerta.  Y eso no se parece mucho a la incertidumbre postmoderna.

Crónicas del siglo 20: el PNP y Ferré Aguayo en el poder (1968-1971) (2)

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador

El triunfo del PNP en 1968 demostró que había una gran incomodidad con el orden instaurado desde 1952. La victoria de un partido estadoísta, la primera desde 1940, y los cuatro años de gobierno de Luis A. Ferré Aguayo colocaron al PPD en la difícil posición de partido de minoría que habían tenido en el cuatrienio de 1940 al 1944. La gran diferencia era que en 1968 no existía la posibilidad de aliarse con otros bloques políticos para quitarle poder efectivo Ferré Aguayo. Los populares se habían hecho de muchos enemigos desde 1944 en medio de su proceso de trasformación ideológica.

 

Unos estilos de gobierno distintos

No solo eso, el nuevo gobierno cambió las prácticas de la gobernanza local. Es cierto que cuando Ferré Aguayo accedió al poder el estatus no estaba en issue. El triunfo no debía ser interpretado como un visto bueno para “traer la estadidad” como se decía en aquel entonces. Por otro lado, todavía el PNP no había adoptado la postura de que Estados Unidos era un poder colonial y que el ELA era una colonia retrógrada. Al contrario, Ferré Aguayo era comedido al tratar aquel el asunto y se sentía “en la obligación legal y moral de defender la Constitución” del ELA en 1972. De igual manera su comisionado residente, Jorge Luis Córdova Díaz, habría de afirmar categóricamente  cuando se discutía el caso de Puerto Rico en el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que “ciertamente no somos colonia” con argumentos análogos a los de los populares. El PNP no se concebía como un partido anticolonial tal y como comenzó a proyectarse durante la era de Carlos Romero Barceló a partir de los 1980.

Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón

El estadoísmo se movía todavía en las aguas de un gradualismo moderado que se justificaba por el hecho de que, en general, su victoria electoral de 1968 era explicada a la luz de la división del PPD y pocos pensaban que, bajo condiciones de unidad en aquella organización, pudiese repetirse. Ello no impidió que el PPD, encabezado por Rafael Hernández Colón, los acusara de querer imponer subrepticiamente la estadidad. Tampoco impidió que los actos de Ferré Aguayo se proyectasen como un intento genuino de adelantarla y hacerla atractiva ante un electorado que, en general, temía al cambio.

Los efectos de la crisis económica que se produjo a partir de 1971, y esto es muy importante para conocer el Puerto Rico de los 1980, legitimaron el aumento de las transferencias federales de beneficencia en un estilo que es plausible denominar como un “nuevo Nuevo Trato”. Uno de los componentes más emblemáticos de aquel momento fue el programa de “Food Stamps” o “Cupones de Alimentos” auspiciado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Uno de los logros de Ferré Aguayo fue que, durante su administración, se negoció la aplicación del mismo al país en crisis. La lógica del programa era que, con la dádiva, se generaría una mayor “demanda agregada” en un mercado donde el consumo se venía al suelo en medio del estancamiento económico, la escasez y la carestía de los bienes de consumo.

Los “Food Stamps”, unos de los signos más claros del Estado Benefactor y Asistencial, existían desde la Segunda Guerra Mundial cuando fueron creados con el fin de  suplir las necesidades de las familias de los soldados activos y favorecer la producción agraria estadounidense. El programa fue extendido parcialmente a los territorios no incorporados o coloniales mediante sendas leyes de 1971 y 1974. A la altura de 1977 ofrecieron cubierta completa y, en 1982, se transforman en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que la lógica neoliberal acabó por condenar como el generador de una masa empobrecida dependiente del Estado. El efecto más visible de la beneficencia en el ELA, según algunos observadores, fue que profundizó la dependencia y estimuló la moderación política de las masas las cuáles, de por sí, estaban acostumbradas a la mesura. Aunque no niego los efectos de ello, me parece que se trata de un argumento simplificador que, por sí solo, no explica el complejo asunto de la dependencia colonial y psicológica creciente desde el final de la Segunda Guerra Mundial al presente.

De otra parte, el PNP en el poder revisó uno de los pilares de Operación Manos a la Obra: la Ley de Tierras de 1941. Como resultado de ello, los usufructuarios de tierras cedidas por el Estado comenzaron a recibir un título de propiedad. Los predios, fuesen fincas de beneficio mutuo o parcelas, fueron devueltos al mercado libre. En alguna medida aquel fue un proceso de “privatización” que, a la vez que creaba “propiedad privada”, rompía la subordinación del usufructuario con el Estado convirtiéndolo en propietario.

Por último, Ferré Aguayo articuló una política de aumento salarial a los empleados públicos que le ganó enormes simpatías entre la burocracia gubernativa media. Si bien la política laboral del PNP no podía eliminar la desigualdad salarial entre Puerto Rico y Estados Unidos en el mercado privado, sí se sentía en posición de mejorar los estándares de vida de los funcionarios públicos y ganarlos para su causa. Junto a ello creó un “bono de navidad” aplicable lo mismo a la empresa privada que a la pública. Es ese sentido, comenzó un proceso de encarecimiento del costo de administrar que no encontró freno sino en medio de la crisis fiscal después del 2010. Ferré Aguayo, sin darse plena cuenta de ello, fue parte de la construcción del orden que está en entredicho hoy en medio del hundimiento de las finanzas del Estado Libre Asociado y la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal.

 

Efectos políticos a mediano plazo de un triunfo electoral

El triunfo del PNP y Ferré Aguayo tuvo otra secuela política: exacerbó lo mismo a las izquierdas y a los nacionalistas que a los populares. La actitud era comprensible: no había habido un partido estadoísta en el poder desde 1940 y los populares que, desde 1944, habían perdido la costumbre de ser un partido de minoría no atinaban a la hora de ajustarse al cambio. Además, la capacidad de negociar que el PPD había demostrado 1940 ante la Coalición Puertorriqueña ya no existía en 1968. Las elecciones de 1968 se constituyeron en un índice del giro inesperado que iba a tomar la política electoral puertorriqueña en adelante. El terreno estaba abonado para que un sector de los independentistas comenzase a ver en los populares identificados con la autonomía un aliado potencial. El nacionalismo de la década del 1930 nunca lo hubiese interpretado de ese modo. El fenómeno del “melonismo”, la irracionalidad y la agresividad a la hora del voto se impusieron sobre una parte significativa del electorado.

En el territorio de los populares la erosión de las simpatías se manifestó en el constante “cambia cambia” ampliamente difundido por la prensa. Se trataba de los mea culpa públicos y las conversiones de populares en penepés, las cuales constituyeron un componente llamativo de la campaña estadoísta. Cuántas de aquellas transformaciones ideológicas fueron reales y cuántas un mero truco publicitario es un asunto que nunca se podrá aclarar del todo pero su efecto en el acontecer parece haber sido relevante. Una de las fuentes del crecimiento del PNP fueron populares disgustados con el continuismo de aquella organización y los nuevos pobres de la era de la industrialización por invitación

Claro que aquel fenómeno no explica por completo un problema tan complejo. Los historiadores sociales también reconocen el papel cumplido por la inmigración cubana, el “Éxodo Camarioca” de 1965, sector que, en general, se convirtió en un aliado del estadoísmo y el PNP en el marco del discurso anticomunista auspiciado por Estados Unidos. De ese modo el anticomunismo, que ya era un fenómeno visible en la década de 1930 y 1940 entre nacionalistas y estadoístas republicanos, se intensificó. Es importante afirmar que el anticomunismo en la década de 1960 no fue solo una fiebre que contaminó a los estadoístas. El PPD no se quedó atrás en la manifestación de esa actitud y la paranoia de Luis Muñoz Marín respecto a la amenaza nacionalista/comunista a su seguridad es emblemática. La diferencia no era de fondo sino de meros grados.

En general Ferré Aguayo no resultaba simpático ni para el PPD, ni para los nacionalistas ni para  izquierdas socialistas democráticas o marxistas. Sin embargo, es importante señalar que también tenía adversarios dentro del PNP. El estadoísmo era una tendencia ideológica tan heterogénea como el independentismo y el estadolibrismo. Una fracción visible que representaba los intereses del capitalismo tradicional no comulgaban con la democracia cristiana y el corporativismo que emanaba de la retórica del «Patrimonio Para el Progreso”. Para aquellos sectores ese lenguaje no pasaba de ser una expresión idealista que no encajaba en el marco del capitalismo competitivo más eficaz. La actitud recuerda el lenguaje anti Nuevo Trato de los republicanos en el marco de la aplicación de ese proyecto a la isla en la década de 1930.

Una porción más agresiva políticamente rechazaba el “estadoísmo gradualista”. Para algunos de los más jóvenes la estadidad era “urgente” o una necesidad “inmediata”, actitud que recuerda la de Pedro Albizu Campos cuando advino a la presidencia del Partido Nacionalista en 1930. Otros ponían en duda el valor y las posibilidades de la “estadidad jíbara” y comenzaban a expresar un lenguaje que trataba a la estadidad como proyecto de “igualdad” capaz de enfrentar, de la mano del Estado Benefector y Asistencia, la “pobreza”.

Una parte de aquellos grupos tomaron distancia de Ferré Aguayo y se movieron alrededor de la figura de Carlos Romero Barceló (1932-) quien en 1976 publicó su panfleto La estadidad es para los pobres. Romero Barceló fue co-fundador del PNP y el primer alcalde electo de la capital en tiempos modernos en 1968, puesto que ocupó hasta 1976.  Su victoria en la contienda por la alcaldía de San Juan abrió un periodo de hegemonía del PNP sobre esa ciudad que continuó con Hernán Padilla (1977-1985) y culminó con Baltasar Corrada del Río (1986-1989). La relevancia del control de San Juan para el juego político colonial se hizo determinante. La alcaldía de la capital se convirtió desde aquel momento, igual que la presidencia del Senado antes, en una plataforma para aspirar a la candidatura de la gobernación.

Las desavenencias al interior del PNP y la agresividad del PPD encabezada por Hernández Colón, un miembro de la “Nueva Generación” de populares fieles a la memoria de Muñoz Marín, explican la derrota del Ferré Aguayo en los comicios de 1972 tras los cuales el PPD volvió al poder. Durante la campaña electoral Muñoz Marín regresó al país tras su retiro y, en un acto mediático de masas, le pidió a la concurrencia que votara por el joven candidato. El acto legitimó el liderato y la fidelidad del abogado de Ponce como heredero de la “Vieja Guardia”. El pasado de Hernández Colón como miembro del rebelde “Grupo de los 22” quedó atrás.

Resulta evidente que, desde aquel momento, el énfasis en el proyecto de “culminación” del ELA cambió y el PPD se vio precisado a acentuar el principio de la “asociación” o “unión permanente” entre ambos pueblos siguiendo la pauta del Muñoz Marín conservador de la década de 1960. En aquel proceso de moderación el triunfo del PNP en 1968 parece haber sido decisivo. La afirmación de la “separación” o “diferenciación” disminuyó ante la afirmación de la “integración” e «igualación». Las circunstancias permitieron que los sectores “integristas” del PPD se impusieran sobre los sectores “soberanistas” tal y como había sucedido en 1940 y en 1946. Cuando Muñoz Marín murió en 1980, el PPD estaba en manos seguras y moderadas.

 

Crónicas del siglo 20: el PNP y Ferré Aguayo en el poder (1968-1971) (1)

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador

En el contexto concreto de su tiempo el pensamiento y la praxis política de Luis A. Ferré Aguayo (1904-2003) y el Partido Nuevo Progresista representaron lo que puede denominarse como un “nuevo estadoísmo”. Su actitud revisionista de la experiencia del Partido Estadista Republicano (PER) merecería un comentario más profundo a la luz de los condicionamientos de clase y el escenario cultural en el cual se desarrollaron. Sus posturas se apoyaban en varios principios.

Primero estaba su “estadoísmo gradualista”, una propuesta moderada con respecto al proceso de integración política de Puerto Rico a Estados Unidos que recordaba la del abogado José Tous Soto en la década del 1920. En el caso de Ferré Aguayo ello no tenía que conducir a una componenda con el autonomismo colonial como ocurrió con Tous Soto. Su lógica, atinada por demás desde mi punto de vista, era que el Estado 51 no era una opción para Estados Unidos en lo inmediato. El tono que tomó la discusión del estatus entre el Proyecto Fernós-Murray de 1959 y el plebiscito de 1967 parecía demostrarlo. Por lo tanto, para Ferré Aguayo la meta alcanzable no era “hacer la estadidad” durante el cuatrienio que estuviese en el poder sino “adelantarla” por medio de una administración justa que enfrentara los problemas que el Partido Popular Democrático (PPD) no había resuelto. Durante las elecciones que lo llevaron al poder el estatus no estaba en issue igual que tampoco había estado en cuestión para Luis Muñoz Marín en 1940. Me da la impresión que, para Ferré Aguayo, lo que por aquel entonces se denominaba la “analogía” del Estado Libre Asociado con un Estado garantizaba la estadidad futura. Lo que había que mirar con reserva era cualquier esfuerzo en profundizar la “diferencia” entre el ELA y un Estado por lo que cualquier proyecto que aspirase a una mayor “autonomía” levantaba sospechas.

Segundo, estaba la cuestión de la “Estadidad Jíbara”. Ferré Aguayo criolliza la estadidad a fin de frenar el temor a la asimilación o absorción cultural por el otro. También se trató de una actitud moderada y cuidadosa respecto al proceso de asimilación o americanización dada la persistente voluntad de la cultura sajona por devaluar la cultura hispano-latina a lo largo del siglo 20, asunto que ya he discutido en al menos dos libros. Ferré Aguayo usaba recursos retóricos del populismo agrarista en un nuevo nivel. La idea de que se podía ser estadoísta y puertorriqueño a la vez era clave: el Estado 51 no tenía que ser interpretado como la tumba de una identidad nacional que los estadoístas valoraban. El objetivo concreto de aquel argumento era atraer a los sectores no soberanistas y ruralistas de la base del PPD hacia su proyecto.

El debate sobre la absorción cultural en la Estadidad no era una novedad: había estado allí desde el siglo 19 y era uno de los paradigmas del Estado Libre Asociado y el PPD, organización que desde 1956 dio un giro decisivo hacia la defensa de la “unión permanente” con Estados Unidos. El lenguaje de Ferré Aguayo encajaba en el pluralismo cultural manifiesto en Estados Unidos en la década de 1960. En cierto modo, el populismo ruralista del PPD de 1940 había sido sustituido por el populismo urbano original del PNP desde 1968. En el proceso la organización se alejó del lenguaje del republicanismo estadounidense y se acercó al lenguaje de los demócratas de una manera inteligente, asunto que también había sido tema de discusión en el seno del movimiento estadoísta a lo largo del siglo 20.

 

Gobernar en tiempos de la Guerra Fría

El programa social de Ferré Aguayo y el PNP, la “Nueva Vida”, estaba dirigido a los olvidados del proceso de crecimiento industrial dependiente generados por la experiencia de “Operación Manos a la Obra” (OMO) que pronto llegaría a su fin: los “nuevos pobres” urbanos. Su lenguaje reproducía el optimismo estadounidense de mediados de la década de 1960. En aquel inquieto decenio el presidente Lyndon B. Johnson (1908-1973) había firmado la “Ley de Derechos Civiles” (1964), una transacción con las minorías negras que reclamaban la igualdad ante la ley en el centenario del fin de la Guerra Civil. La situación era más complicada porque las minorías hispanas e indígenas presionaban en la misma dirección. El propósito de la administración Johnson era construir “The Great Society”, plan que funcionaba como un “mecanismo de control de crisis” para mediar con la conflictividad de una década de revolución cultural.

Lo que resultaba innegable era que el orden emanado de las paces de la Segunda Guerra Mundial se venía abajo. La Guerra Fría alcanzaba un nivel de tensiones extremo en medio de la era de la “mutual deterrance” o “mutua disuasión” entre estadunidenses y soviéticos. El consenso alcanzado afirmaba que poseer arsenales de armas nucleares masivos impediría una guerra este-oeste a la vez que beneficiaría al complejo militar industrial.  Vietnam, conflicto heredado de Francia tras la II Guerra Mundial (1955-1975), era el problema principal para Moscú y Washington. El choque con los vietnamitas del Frente Nacional para la Liberación de Vietnam (Vietcong) movilizó intereses chinos y rusos y las tres potencias involucradas poseían capacidad nuclear.

La situación colocó al ELA en una situación incómoda: la fidelidad de los puertorriqueños estuvo bajo examen más que nunca. Un efecto de ello en la praxis política local fue que favoreció la moderación del centro y la derecha, a la vez que estimuló la radicalización de las izquierdas políticas: fue una década de polarización irracional pero comprensible. Entre 1960 y 1971, el FBI administró el programa COINTELPRO que vigiló, investigó e intervino con las actividades del independentismo, el socialismo e, incluso, con estadolibristas sospechosos que boicotearon el plebiscito de estatus de 1967. El anticomunismo se convirtió en un signo de lealtad a Estados Unidos alcanzando cotas tan notables como el antinacionalismo en 1930 y 1940. El arribo a Puerto Rico del “Éxodo Camarioca” (1965 ss.) de Cuba, estrenada como república socialista desde 1961, hizo la situación más difícil para los elementos radicales en la isla

 

Un programa social para los “humildes”

Al final de su gobierno Ferré Aguayo había madurado su proyecto emblemático para la década del 1970. El “Patrimonio Para el Progreso” (PPP) era su “carta de triunfo” para las elecciones de 1972. Ferré Aguayo era un demócrata cristiano que se apoyaba en los principios del corporativismo católico. Una de las fuentes de su propuesta de futuro derivaba de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. En la década de 1960 esa institución había intensificado la reflexión sobre la desigualdad social. El revisionismo del rito religioso, la nueva práctica de ofrecer la misa en lengua vulgar por ejemplo o con el sacerdote de frente a la feligresía, fue un gesto interesante que vino acompañado de una revisión de su actitud ante las injusticias sociales: había que despertar del letargo y avivar la fe. Una de las razones para actuar de ese modo en aquel momento era, sin duda, la amenaza que representaba la socialdemocracia, el socialismo y el comunismo al orden cristiano. El cristianismo y el anticomunismo se combinaron para generar un justicialismo que no fuese acusado de anticapitalista. El PPP requería una convergencia racional y humanitaria entre el Estado por su capacidad para intervenir en el mercado, y la buena fe de la burguesía por su acceso al capital.

Ferré Aguayo no estaba descubriendo el Mediterráneo en 1972. Muñoz Marín y el PPD habían afirmado las virtudes de Estado Interventor para construir una sociedad más justa siguiendo el modelo del Nuevo Trato (1941-1946). El Estado debía servir como mediador entre el capital y el trabajo en nombre del pueblo pobre y sencillo en el marco de la sociedad industrial. Y el Partido Nacionalista (PN) tenía en su programa electoral de 1932 el corporativismo cristiano como modelo, actitud que también necesitaba de Estado Fuerte capaz de articular un orden de igualación social desde arriba mediante una alianza eficaz con el capital nacional. Las diferencias entre el PPP y el Estado Interventor o el Estado Fuerte eran varias. Primero, que el PPD y el PNP buscaban articular su meta al lado de Estados Unidos y el Partido Nacionalista separándose de ese país. Y segundo, que si el PNP y el PN se apoyaban en la iglesia, el PPD era un partido más secular que había chocado con esa institución en 1960.

El corporativismo cristiano del PPP requería un compromiso de la burguesía capitalista con sus fines y la disposición a elaborar una distribución de la riqueza más justa e igualitaria. Pero una de las peculiaridades del ELA y OMO era que la asimetría entre la burguesía puertorriqueña débil y la foránea, en lo esencial estadounidenses, fuerte. Aquellos sectores no veían a Puerto Rico del mismo modo. El Estado Corporativo cristiano no era fácil de construir sobre esa base pero, como expresión de protesta ante el orden, poseía una gran riqueza. El PPP crearía un fondo de inversiones que facilitaría el acceso al capital para los potenciales inversionistas puertorriqueños. Sin duda, aquella era la mejor crítica a OMO y al PPD, fuerzas que habían favorecido al capital foráneo minando las posibilidades del desarrollo del capital puertorriqueño.

El propósito final era simple: “todo puertorriqueño, un capitalista”. Aspiraba construir una sociedad de mercado idealmente competitiva con justicia distributiva para los productores directos para con ello atenuar la conflictividad y la lucha de clases. Las contradicciones se cancelarían en la medida en que los productores directos y los dueños de los medios de producción armonizaran sus intereses. Al abolir la desigualdad y atenuar la pobreza, se evitaría la revolución social y la confianza en el Estado se restauraría. El PPP era una refinada política anticomunista de improbable aplicación a una realidad social que la excedía. Los hechos de Cuba (1961) y los de República Dominicana (1963), donde los gobiernos de Fidel Castro y Juan Bosch miraran hacia la izquierda, fueron determinantes. Ferré Aguayo se proponía una Revolución Social Burguesa Humanitaria desde “arriba”. EL PPP se hizo público cuando la promesa de “progreso” estadounidense estaba en problemas. El capitalismo se abocaba a una crisis enorme (1971-1973) y OMO se derrumbaría hasta desaparecer en 1976.

 

Últimos apuntes

Dos situaciones afectaron el gobierno de Ferré Aguayo. En lo local, un gobierno “compartido” con el Senado controlado por el PPD, cuerpo presidido por el Lcdo. Rafael Hernández Colón (1936-2019), limitó las posibilidades de acción del ejecutivo. En lo internacional, la crisis iniciada en 1971 que implicó el abandono del patrón oro y la primera devaluación del dólar en su historia junto a la crisis petrolera y el aumento de los precios del crudo en 1973, inauguraron una era nueva. El comportamiento del capitalismo de posguerra comenzó su larga evolución hacia el capitalismo neoliberal (1970-1990). El estadoísmo tendría que reformularse sobre bases innovadoras.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente V

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

 

Un contexto ideológico

El triunfo de Rosselló González y el inicio de la era neoliberal demostró dos cosas. Por un lado, para el estadoísmo de la que, se esperaba, fuese la década de la descolonización, el ideal de Luis A. Ferré Aguayo y Carlos Romero Barceló articulado a fines del decenio de 1960 y principios del 1970 era parte del pasado. Aquel liderato que forjó el estadoísmo pujante tal y como se conoce hoy sobre las cenizas del lento proceso de derrumbe del PPD había sido producto de la Era de la Posguerra y la Guerra Fría. Ambos confiaban en el Estado interventor y benefactor,  eran parte de la ola de pluralismo que marcó a la sociedad estadounidense en los 60’s y compartían la experiencia del tránsito de Puerto Rico de una sociedad agraria a una industrial en el marco de la dependencia colonial.

Ese conjunto de condicionamientos explica el carácter de la estadidad que buscaban. Ferré Aguayo confiaba en la posibilidad de una “estadidad jíbara” y que nuestra identidad encajara en el pluriculturalismo estadounidense. No solo eso. Su discurso estaba profundamente vinculado a los “humildes” acorde con las posturas democristianas y humanistas cristianas que se articularon con el fin de frenar la amenaza del materialismo y el comunismo en una década llena de tensiones finalistas por motivo del conflicto este-oeste. Romero Barceló continuó aquel discurso atenuando su complejidad: la estadidad era una opción para los “pobres” que buscaba la “igualdad” contravenida por el orden colonial. La idea de que el burgués y el abogado miraban hacia el “abajo social” con propósitos redentores dominaba aquel discurso que, por cierto, resultaba convincente en un país colonial marcado por la disparidad y la pobreza a pesar de los avances de la industrialización.

Pedro Rosselló González: campaña de 1998

Es importante reconocer, por otro lado, que el “populismo estadoísta” de Ferré Aguayo y Romero Barceló era una postura ética tan cargada de “pietismo” como el “populismo estadolibrista”. La diferencia era de énfasis: el estadolibrista todavía estaba marcado por su trasfondo rural, mientras que el estadoísta traducía la ansiedad de los “nuevos pobres” de la urbe. La meta utópica de Ferré Aguayo y Romero Barceló era “bajar” simbólicamente hasta los pobres y ayudarlos a “subir” a su nivel. Rosselló González significó una revolución en ese ámbito. El “neopopulismo estadoísta” de de la década de 1990 era un ejercicio distinto. La utopía de Rosselló González era “bajar” simbólicamente hasta el lugar de los “pobres” y conversar con ellos en sus términos como quien comparte la faena diaria como un igual. El “mercado” se encargaría de satisfacer sus necesidades básicas y “neuróticas”, como las llamaba Erich Fromm, pero dejándolos en el “abajo” social: la era del consumo conspicuo había iniciado ya. El elemento común del “populismo estadolibrista”  (1938-1947), el “populismo estadoísta” (1967-1972) y el “neopopulismo estadoísta” (1993-2000) siempre ha sido el mesianismo, el paternalismo y la subsecuente infantilización de las clases populares, a fin de garantizar su alianza con el poder.

Por último, el estadoísmo de la década de 1990, el de la era neoliberal y de la Posguerra Fría, no solo miraba en otra dirección sino que miraba con otros ojos. La administración Roselló González favorecía la reinvención de la relación del estado con el mercado en un sentido distinto. El estado interventor y benefactor tendría que abrir paso al estado facilitador. El compromiso prioritario de la esfera pública ya no sería  con el “abajo social” o el pueblo sino con el capital. En las tensiones entre el pueblo,  el mercado y el capital, el estado se convertiría en un aliado del mercado y el capital

 

La cultura y el poder

Como era de esperarse, la batalla cultural de la década de 1990 tuvo un carácter particular. No se debe pasar por alto que la década de 1990-1999 abrió y cerró con una reflexión oficial o institucional sobre dos momentos determinantes del pasado colectivo formal de Puerto Rico. La primera de ellas fue la que llevó a cabo entre 1992 y 1993 en torno al descubrimiento/encuentro de 1492 y 1493. Los 500 años de la hispanidad fueron el signo cultural más emblemático de la administración Hernández Colón y un momento de presumible reavivamiento hispanófilo. La revisita al pasado español no podía producir el efecto que había generado en 1910 o en 1930 en el momento del fin de la Guerra Fría pero había quien confiaba en que todavía podía ser eficaz contra la americanización y la estadidad como lo había sido en aquellos contextos.

La efeméride se combinó con otras acciones concretas con el fin de afirmar la identidad puertorriqueña según la había configurado el nacionalismo cultural del 1950 y el 1960. En 1991 se aprobó la Ley # 4  que establecía el español como idioma oficial del ELA, y Puerto Rico recibió el Premio Príncipe de Asturias de letras por su voluntad de afirmar la lengua española.  La imagen de la colonia caribeña como un símbolo de la más castiza hispanidad estaba completa. Aquel fue el último gesto cultural del gobernador Hernández Colón a fin de  testimoniar la resistencia del país a la estadidad y la absorción por el otro. Su proyecto se apoyaba en una concepción de la puertorriqueñidad que emanaba de la discusión cultural modernista (1920) y que se había reformulado en la Generación de 1930 y en la de 1950. Las ideas culturales del establecimiento cultural no comenzaron a erosionarse hasta que la llamada Generación de 1970 y los intelectuales del 1980 y el 1990, apoyados en las posturas contraculturales del 1968, el socialismo y la crítica a la modernidad, la minaron en el debate académico y en la praxis social.

El esfuerzo de afirmación de los valores hispanos emanado del poder fue reproducido desde otros escenarios de modo alternativo. Entre 1991 y 1993, una junta local de Ponce auspició la conmemoración del primer centenario del natalicio de  Pedro Albizu Campos como respuesta contracultural. Lo cierto es que entre el discurso de los populares y el de los nacionalistas, el único diferendo era el de la independencia. Albizu Campos y el nacionalismo compartían la afinidad hispanófila con la misma pasión. El triunfo de Rosselló González organizó una respuesta agresiva al nacionalismo cultural de Hernández Colón. Ante la hispanofilia romántica que reverdecía se antepuso la anglofilia esperanzada y modernizante de las primeros estadoístas republicanos surgidos en el contexto del 1898. Por eso, una vez obtuvo el poder y en cumplimiento de una promesa de campaña, firmó en 1993 firma la Ley #1 que establecía la oficialidad tanto del inglés como del español y que derogaba la Ley # 4 de 1991. Una nueva batalla por la lengua comenzaba en el escenario puertorriqueño. Para el nacionalismo cultural y político la cuestión del idioma seguía teniendo poder de convocatoria en los ’90.

Rosselló González no se limitó a la táctica de anteponer la anglofilia a la hispanofilia. En 1995 autorizó la conmemoración del día de la bandera puertorriqueña pero, a fin de producir el efecto deseado, en 1996 se hizo lo propio con la bandera estadounidense. El hecho de que la bandera de 1895 hubiese sido diseñada en Nueva York por una organización, la Sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano en donde separatistas independentistas y anexionistas compartían tareas, creaba la suficiente incertidumbre en cuanto al sentido político que se le daba a  aquella enseña en la cultura popular. Del mismo modo que el nacionalismo apelaba a ella para la independencia, el estadoísmo podía recurrir a ella para su causa. El efecto simbólico de aquella bien pensada campaña era, por un lado, que afirmaba que ya no éramos puertorriqueños-españoles sino puertorriqueños-estadounidenses en el sentido en que los estadoístas republicanos de las primeras décadas del siglo 20 habían afirmado. Por otro lado, descriminalizaba el uso de la bandera puertorriqueña cuya sola posesión, durante la efectividad de la Ley # 53 o de la Mordaza (1948-1956) había sido considerada un delito punible. El “presente” acusaba al “pasado” y reivindicaba una práctica que señalaba a los populares por sus antecedentes autoritarios.

Ese mismo año 1995 se firmó la Resolución # 2283 que autorizaría la celebración de un acto de conmemoración de la invasión de Estados Unidos en 1898. La ofensiva mediática cultural estadoísta continuó en 1996 cuando, en enero, Rosselló González proclamó que Puerto Rico no era, ni ha sido nunca, una nación. El entonces senador Kenneth McClintock Hernández, recomendó que se eliminase el vocablo “nacional” del lenguaje oficial y el exgobernador Ferré Aguayo, apoyó la postura de ambos. La ofensiva cultural pro-estadidad estaba completa. Aquellas decisiones político-culturales de la administración Rosselló González favorecieron  una imagen de integración entre Puerto Rico y Estados Unidos que la oposición, popular o no, resintió.

En  1998 se realizó la conmemoración de la invasión estadounidense, evento en el cual el Historiador Oficial Luis González Vales, fue una figura esencial. El resultado de un proyecto intelectual oficial de aquella envergadura debía ser una reflexión colectiva seria en torno a un  siglo, el 20, que se había caracterizado por la profundización de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sin embargo, el  balance crítico del centenario de 1898, como el del 1492 y el 1493 fue, como era de esperarse, desigual. Lo cierto es que no todos los que participaron de la recordación de las dos “invasiones” -yo fui parte de ambos procesos-  “celebraron” las mismas. De igual manera, no todos “conmemoraron” del mismo modo.

El forcejeo cultural desde “arriba”, que fue intenso, no puede ser comprendido del todo sin tomar en cuenta que la hispanofilia y la anglofilia no eran sólo discursos culturales, historiográficos y jurídicos o meras presunciones teóricas sin conexión con la materialidad. El laboratorio más eficiente  de la anglofilia (antes americanización) era el mercado, la dependencia, el hecho de que al cabo de 100 años el puertorriqueño común podía seguir siendo católico y hablar bien o mal el idioma español pero, como consumidor, no era muy distinto de cualquier otro estadounidense. En el marco del neoliberalismo, eso era más importante que cualquier otro asunto. El sentido que se había adjudicado a la identidad en el Puerto Rico del siglo 20 también había cambiado. A pesar del nacionalismo cultural la asimilación se había impuesto y seguía profundizándose en el puertorriqueño común.