¿Para qué sirve un historiador? En torno a un libro de Silverio Pérez

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia (RUM-UPR)
• Profesor de Estudios Puertorriqueños (CEAPRC)

Introducción

Primero quisiera agradecer a Silverio Pérez la oportunidad de ser parte de este proyecto. En el 2004 me pidió una tarea menos compleja pero igualmente retadora: prologar El humor nuestro de cada día. Las tres tristes tribus. Un año antes yo había publicado la colección Anti-figuraciones. Bocetos puertorriqueños. El contraste entre ambos títulos era enorme. El de Silverio revisaba la situación del país por la ruta del ludismo y la ironía. El mío intentaba lo mismo, pero la ventaja de su libro era que hacía el ejercicio mirando a la historia inmediata y sus personajes más visibles: la clase política. El mío se apoyaba en un pasado distante cuya clase política ya no llamaba la atención de nadie.

Uno podría derivar lecciones de esto. El paso del tiempo desgasta las huellas que dejan los seres humanos por lo que la impresión que vamos percibiendo del pasado siempre vacila entre lo real y lo irreal. Los libros, aquellos y este que hoy comento, La vitrina rota o ¿qué carajo pasó aquí? son un intento de llenar de luces y sombras esas huellas. Por eso cuando Silverio se me acercó con este proyecto no vacilé en decirle que contará conmigo. El riesgo era suyo: le habían dicho que yo era una persona “difícil” pero en Puerto Rico la indocilidad y el carácter se confunden fácilmente con eso.

La vitrina rota…  es un libro sobre la fragilidad y el desgaste de una utopía. El principio no debe sorprender a nadie. La utopías o sistemas imaginarios producto del cálculo y la ingeniería social, tiende a la inconsistencia. Su eficacia depende de que sus componentes funcionen como una máquina bien aceitada y que cada engranaje se mueva milimétricamente del mismo modo siempre.  Cuando no se dan esas condiciones la utopía desemboca en distopía. Una forma de leer este libro es apropiarlo como el comentario de un observador del tránsito de una utopía polimorfa y atractiva a una distopía degradante y antipática. Esa es la historia del Puerto Rico estadounidense reducida a un esbozo simple. La forma que tomó durante los primeros días de la invasión de 1898, la que adoptó en 1947, en 1948,  en 1952 y en 1976, era la de un arma cargada de futuro. Desde ese punto en adelante la utopía se desencaja hasta conducirnos a este presente retador. El escenario de este volumen es, por lo tanto, un largo siglo 20 que no termina y que, paradójicamente, sigue cargando problemas irresueltos de un siglo 19 emborronado, de un siglo 20 mal entendido y de un siglo 21 perturbador.

Nuestro siglo 20 parece una interminable “soap opera” o culebrón. La relación entre un segmento de los invasores y los invadidos evolucionó como una historia lineal de amor romántico, burgués y  neurótico. Relación consentida o estupro  seguidos de una corta luna de miel sobre hojuelas que confluye en una  larga relación ilegal que a veces amenaza con la separación. El  tiempo, el implacable,  ha deshecho los lazos afectivos sinceros o no de los primeros días y la oferta de matrimonio nunca ha llegado. El género de cada uno de los involucrados no es relevante. Esta utopía que se deshace es responsabilidad de mucha gente. Fue inventada por puertorriqueños de la mano de los estadounidenses en el marco de una correlación asimétrica o desigual. La vitrina rota… relata  la historia de una desilusión.

Sobre este libro

La vitrina rota… es un texto híbrido que recurre a un amplio registro de recursos a la hora de elaborar su discursividad. En sus páginas conviven la memoria, el recuerdo y la autobiografía propios del testigo del acontecer; con el ensayo historiográfico e investigativo propio del  profesional de la disciplina. Los efectos de ello en el tono de la escritura son enriquecedores. La narración de Silverio se mueve libremente desde los extremos de la emocionalidad y el impresionismo, como en los momentos en que camina de la mano de su mamá o de su papá, hasta los de la cientificidad más fría como cuando diagnóstica el desbaratamiento de la utopía en el marco de la crisis actual. Después de todo, conocer el pasado no serviría de nada si no lo sintiéramos como parte de nosotros. La única forma en que podemos poseerlo es reconociéndonos como actores o agentes de cualquier rango en medio de ese entramado complejo. Si la historia no se parece a la vida y viceversa, revisarla no tendría ningún sentido. Silverio me deja un relato entre la historia y la literatura que yo puedo poner a chocar con mi mirada de historiador profesional. Los filtros que su vida le imponen son numerosos: artista, escritor, periodista, ingeniero, empresario, humorista pero también hijo y padre, activista reflexivo y sobre todo ser humano completo.

La vitrina rota posee una arquitectura bien calculada. El lector tiene a la mano un mapa del largo siglo que aún no termina encapsulado en unos capítulos de títulos sugerentes y agresivos.  La cronología me parece impecable: entre 1898 y 1960 se crea el espacio para la “vitrina”, esta nace y madura. Desde 1972 al presente la progeria la agrede y colapsa. El intermezzo de 1960 al 1972 es la frontera entre un antes y un después bien definidos. El entretejido histórico se elabora sobre la base de varias premisas y un lenguaje metafóricamente provocativo.

El texto introductorio, “Preludio en tiempo de bombas”, y el capítulo 1, “Lo que mal comienza…”, asumen que la crisis estaba inscrita en el drama del 1898. El largo siglo 20 estadounidense posee, en efecto, un carácter teleológico difícil de evadir: la semilla del fracaso se sembró en el erial de la invasión. A veces la apelación a códigos de fuerte contenido religioso ofrece pistas al lector. El capítulo 8 “El Mesías y el Juicio Final de la vitrina”, y el capítulo 11 “Epílogo en tiempo apocalípticos”, ratifican el derrumbe de un orden con un lenguaje que el lector corriente y el informado comprenderán sin dificultad. Un velo ha sido quitado, eso significa el apocalipsis o la revelación, y el modelo de vida política que maduró en 1952 en la forma del Estado Libre Asociado muestra su verdadero rostro reducido a la condición de una mueca.

Otros títulos representan un fogonazo que de inmediato inserta su mensaje con intensidad. El capítulo 4 “Revueltas y revoltillos” llama la atención sobre la resistencia nacionalista al proyecto colonizador, pero también me recuerda unas duras palabras de Ramón E. Betances Alacán a Eugenio María Hostos Bonilla en 1863 tras la lectura de  La peregrinación de Bayoán. El caborrojeño le decía al mayagüezano que así como no se podía hacer “tortilla” sin “romper” los huevos, no se podía hacer “revolución” sin “revoltura”. El capítulo 5 “Máximo esplendor de la vitrina”, es el más testimonial y rico del volumen: un joven Silverio estudiante de ingeniería en el Recinto Universitario de Mayagüez enfrenta su lugar en el mundo cuando se autoevalúa desde lejos como si mirara a una persona que no fuese él.

A partir del capítulo 6,  “Primeras fisuras de la vitrina”, el volumen toma un tono distinto. El carpeteo de subversivos, los avances del estadoísmo, el crimen del Cerro Maravilla, las incongruencias del romerato, los choques entre aquel gobernador y Rafael Hernández Colón por controlar el país, se combinaron para crear un nuevo tipo de rebeldía acorde con el tiempo. El presente apabullante, esa larga reflexión sobre el periodo del 1992 al 2016, dejan al lector con la sensación de que tiene en las manos los restos de una bomba de tiempo con conteo regresivo iniciado en 1898 que estalló en el 2006 pero nadie estuvo en posición de ver la onda expansiva.

Silverio Pérez y Mario R. Cancel

Un libro es la persona que lo escribe. Una historia es la persona que la vive. El papel que yo podía cumplir detrás de este texto era el de mero apuntador, atar cabos sueltos y, dada mi condición de actor o agente e histórico, llamar su atención sobre las interrogantes que afloraban de mi lectura. Los libros siempre son el producto de un diálogo que se multiplica y de la ansiedad de saciar una curiosidad que nunca termina.

Después de todo ese esfuerzo, me pregunto, ¿para qué sirve un historiador? Desde 1979, año en que decidí que me dedicaría a esta tarea, me he hecho la pregunta muchas veces. No se trata de un problema académico sino de una preocupación personal y humana. El pasado convertido en historia es como un animal feral y cimarrón que seduces y domesticas durante años y un día te muerde la conciencia en respuesta de todo ese amor. “El escritor/historiador es un intérprete, un esquivo ser que teoriza (…) Ante el fin de los sueños, inventa una frágil estructura en la que habita. Esa fragilidad es todo lo que posee”. El que se dedica a esas tareas sobrevive en medio de la incertidumbre de su saber. Silverio, me parece, ha reconocido ese hecho al cabo de su vida. Pero si todo se reduce a  eso  ¿para qué sirve un historiador?

El historiador sirve para humanizar: aprender y enseñar historia demuestra que la humanidad no es reductible a fórmulas simples. Conocer las huellas del pasado es como el “trabajo” para los materialistas históricos o el “aliento de Dios” para los cristianos: el muñeco vacío que somos sin la conciencia de nuestra ubicación en el tiempo, el espacio y la cultura se llena de contenido y nos sentimos parte de algo.

El historiador como dice Jörn Rüsen, sirve para “mejorar” el pasado: lo que para la mayoría a prima facie no es más que “tiempo perdido” o caos,  deja de serlo provisionalmente tras la mirada del profesional. Es importante recordar que todo tiene algo que decirnos y, sin el historiador que interprete ese código, el mensaje se perdería. El historiador te prepara para que las circunstancias que vivas no te excedan y te aplasten y para que el pasado no se convierta en un peso insostenible sino en un reto para el cambio porque el ser humano se hace responsable del pasado no para lamentarlo sino para comprenderlo empáticamente.

El historiador sirve para demostrar que “saber historia” no equivale a “conocer todo lo que pasó” y aceptarlo. Por el contrario, “saber historia” es apropiar “una parte de lo que pasó” con libertad y sin reverencia pueril, reconociendo que al apropiarlo lo transformamos para hacerlo más accesible y que la utilidad del pasado para el presente depende únicamente de nosotros.

El historiador sirve para tomar conciencia de las inconsistencias de lo que llamamos historia, de su incapacidad para explicar los asuntos más netamente humanos y triviales. El reconocimiento de esas inconsistencias es el arma intelectual más valiosa para entender lo único que siempre está allí -el cambio- en sus diversas formas.  Hay algo emocionante y subjetivo en entender la derrota de una causa o de un proyecto. El saber histórico bien administrado revela la fragilidad de los anhelos humanos y la fragilidad de las utopías. Eso hace Silverio en este libro.

Conclusión

Cuando crecí en la ruralía de Hormigueros nunca imaginé que estaría un día aquí rodeado de gente a la que aprecio y respeto. En la década de 1970 admiré a Silverio desde los 12 o 13 años que tenía en aquel entonces. Esa imagen del  hippie benévolo que cantaba con sentido y cargaba una guitarra siempre me sedujo. En algún momento quise ser como él pero nunca aprendí a tocar la guitarra. Después de 1975, “Haciendo punto en otro son” y “Los rayos gamma” fueron parte de los componentes que me movieron en una dirección ideológica que nunca he dejado de perseguir. Por eso prologarle un libro en 2004 y otro en 2016 tienen un pasado que nadie ha escrito y que nadie escribirá porque es sólo mío: yo lo inventé para mí. Esa es mi historia.

Las causas que hicieron posible que llegara este día fueron muchas y podría estipularlas, soy historiador, dicen. Pero, dado que lo soy, también reconozco que podría equivocarme muchas veces con ellas y que escogería las más atractivas para que la historia de dos amigos casuales y esporádicos resultara coherente y simpática. También podría argumentar que fue el azar o la fortuna o la providencia quien nos trajo aquí a colaborar en la creación de un volumen en el que aparezco como una sombra.

Lo cierto es que las cosas del pasado, cuando se trata de la vida, no necesitan ser explicadas de ese modo racional para que tengan sentido. Lo que puedo afirmar sin ninguna duda es que ha sido un encuentro que celebro mucho y que nunca lamentaré. Que todos tengan buena lectura.

Nota: Texto de la presentación del libro en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan Antiguo.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

La otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XX

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La impresión que dejan en el observador entrenado los años que van de 1990 al presente es que las estructuras responsables de “orientar” a la ciudadanía sobre la naturaleza del cambio no cumplieron bien esa función. El sistema público y privado de enseñanza pre-universitaria y universitaria, los medios de comunicación masiva y los representantes de la burocracia estatal, salvo contadas excepciones, prefirieron dejar que las cosas sucedieran y observar desde la distancia. Para la gente común el neoliberalismo se ha reducido a la posibilidad de acceder a las tecnologías de consumo más diversas con una tarjeta de crédito, al privilegio de ver televisión digital o satelital de origen fundamentalmente estadounidense a un precio alto o a la proliferación de centros comerciales y megatiendas de todo tipo en las cuáles cualquier identidad puede ser construida cargándola contra una insegura línea de crédito. Los costos de una apropiación superficial del cambio más importante del mercado desde la Segunda Guerra Mundial han sido la enajenación generalizada y la despolitización de las masas quienes parecieran volver a depositar toda su confianza en la “mano invisible” de capital.

Los sectores responsables de evaluar el cambio no han podido hacer comprensibles las  tensiones que produce el giro hacia el neoliberalismo y la globalización porque ellos mismos se han visto forzados a evolucionar en direcciones inéditas o inesperadas que desestabilizan su situación en el sistema de relaciones sociales. La escuela, la universidad, los medios y la burocracia también se alteran en el nuevo orden dominante. Me parece que en conjunto hemos sido testigos de una crisis en todos esos territorios como producto de su pasividad ante el cambio, crisis que se expresado en la forma del silencio cómplice o el cinismo más decidido.

La responsabilidad por la situación crítica ha sido desplazada hacia el “abajo social”, es decir, los empleados que laboran  para permitir la subsistencia del sistema y los clientes de cada día: estudiantes, educadores, consumidores de información y la burocracia gubernamental menor que subsiste con bajos salarios al amparo de unas estructuras materiales e ideológicas decadentes. La actitud asumida ante la huelga estudiantil del sistema universitario público en   2010 por la cuestión de la imposición de una cuota de estudios que luego fue eliminada en 2013 para reanimarla en 2016; y el conflicto con los maestros por la debacle de su sistema de retiro en 2012 y 2013 adjunto a la prisa de las fuerzas políticas en el poder por “reformar” el sistema de educación pre-universitaria pública al costo de la estabilidad del magisterio, demuestra que demagogia y democracia se han convertido en sinónimos para la clase política dominante en el país.

Esa democracia selectiva que protege los derechos adquiridos de unos pocos -empresas foráneas, judicatura, ex-gobernadores, alcaldes- pero en nombre de la debacle demuele los derechos adquiridos por las mayorías, actúa como una oligarquía que lucha por su supervivencia en medio del naufragio. Un asunto que llama la atención es la forma en que un sector no pequeño del “abajo social” adopta el discurso de la oligarquía y lo hace suyo contra los que, bien o mal, protestan contra el mismo. El neoliberalismo no han necesitado que un gobernador, un presidente del senado o de la cámara, un intelectual, un periodista ancla, un economista o un comentarista político  lo apoyen. En Puerto Rico no hay mucha gente de prestigio capaz de ello. La gente común ha legitimado el desplazamiento hacia un nuevo orden producto de la furia y el encono aliándose de facto con la misma clase política que lo ha conducido a esa deplorable condición.

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia afuera

La lógica de la historia de un siglo sugería la posibilidad de aprovechar la relación con Estados Unidos y nuestra condición de pueblo Latino (Hispano) Americano y Caribeño pare insertarnos en la economía global de modo eficiente. Pero en la era global habría que mirar el “mundo” más allá de “Estados Unidos”. La probabilidad de que una clase política asociada al penepé o a los populares fuera capaz de ello era ninguna. Las limitaciones de esa opción resultan innegables. El pasado de Puerto Rico como posesión sumisa y representante de los intereses de Estados Unidos en el orbe tampoco ayudaba mucho a su imagen. Además las tensiones regionales e internacionales no facilitaron el proceso. El ascenso de Hugo Chávez (1999-2013) y su discursividad presuntamente “bolivariana” con matices de “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, y el fenómeno trágico por demás pero comprensible del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas que involucró a la organización islámica Al Qaeda, reanimaron las tensiones y los temores de la Guerra Fría, todavía frescos en el recuerdo de muchos, en Latino (Hispano) América y alentaron el etnonacionalismo más feroz en Estados Unidos. Del fenómeno George Bush hijo al disparate Donald Trump existe una distancia muy corta.

La ausencia de soberanía no permitía a Puerto Rico participar plenamente en las organizaciones internacionales que hubiesen allanado su inserción en el orden emergente, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), por ejemplo. Las Leyes de Cabotaje (1900) constituían y constituyen un monopolio que veda las posibilidades de que el país se inserte en el mercado libre global y lo niegan por su condición análoga a la de un oligopolio mercantil. El contexto es, por demás, sugerente. Desde  1936 se sabe que se puede ser una dependencia de Estados Unidos sin las Leyes de Cabotaje: esa es la situación de las Islas Vírgenes, por ejemplo. Desde 1984 se sabe que las autoridades imperiales  pueden hacer excepciones a las mismas como ha ocurrido con su Ley de Pasajeros y Cruceros en la isla, uno de los pocos reglones económicos en el cual la administración de Alejandro García Padilla ha podido reclamar algún éxito en 2015 y 2016. A pesar de que en la praxis la necesidad de revisar la aplicación de cabotaje parecía mandatoria, en Puerto Rico fue poco lo que se hizo en esa dirección hasta el 2013 cuando la senadora Rossana López León (PPD) se interesó vivamente en el tema. El éxito de su gestión en 2016, cuando la crisis arropa al país, ha convertido un tema cardinal en un asunto secundario a pesar de que estados como Alaska y Hawai han caminado en la misma dirección de manera persistente y con un auditorio más grande que el de la senadora popular.

Los extremos ficticios -estadoísmos e independentismos- debieron avanzar sobre el centro o estatus quo con agresividad hasta demolerlo durante la década de 1990 a 1999. Después de todo, a la altura de 2010, muy poco quedaba en pie de aquel orden emanado de la Segunda Guerra Mundial. Algo inmunizó al centro dominante de los ataques de los extremos ficticios, probablemente la inacción, la ignorancia o el desinterés de las autoridades del imperio. Pero, sin lugar a dudas, la ventaja en la ofensiva parece haberla tenido el estadoísmo.  Lo más  interesante es que la fragilidad del centro -representado por los populares, el ELA, la colonia, la tercera vía que conduce a un callejón sin salida- no creciera tanto como lo esperado hasta que las mismas autoridades federales por voz del Congreso, el Departamento del Tesoro, el Tribunal Supremo o el presidente se expresaron sobre la nulidad del orden de 1952 en 2016. Me da la impresión de que, incluso para el reclamo legítimo del cambio, la autoridad de Estados Unidos tenía  que expresarse primero. El coloniaje había cumplido bien su función.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIX

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

El neoliberalismo criollo y el fin de una gran ilusión

El tránsito hacia el neoliberalismo y la globalización del 1991 al presente no ha sido comprendido del todo ni por la gente ni por la clase política. La actitud dominante en ambos sectores se ha traducido en una sensación de “pérdida” proclive a la “nostalgia”. El fin del estado providencial, interventor o beneficencia, la terminación de los privilegios fiscales a la colonia y la desarticulación de la imagen de una “bonanza” siempre cuestionable, se ha hecho evidente. La metáfora de la “gran desilusión” con respecto a las esperanzas en el orden emanado de la Segunda Guerra Mundial se generalizó. La actitud dominante ha sido dejar que las cosas pasen a ver a dónde conduce un proceso sobre el cual no se tiene control.

Algo que saltó de inmediato a la vista fue que el fin de los incentivos contributivos federales dejaría al ELA  sin opciones de crecimiento. El daño social producido por un siglo de sumisión política ya estaba hecho. La otrora poderosa y agresiva burguesía nacional puertorriqueña ahora se caracterizaba por su debilidad y subordinación al otro, por lo que en 1990 carecía de un proyecto nacional viable y se volcaba hacia el sueño del estado 51 o la continuación del orden de la posguerra.

De modo paralelo las clases medias, es decir, los profesionales, los intelectuales, la burguesía mediana y el comercio local, un sector diverso, desarticulado y contradictorio, no estaba en posición de llenar el vacío de aquella. La intelectualidad en particular se había transformado en un sector motejado de radical y atrabiliario que caminaba entre el optimismo romántico y el pesimismo cínico. Y la clase obrera, minada por la pobreza tendría que replantearse su situación en el entramado de la lucha de clase en medio del avance del neoliberalismo.

Ese vacío  explica en parte el hecho de que, al menos desde el 1996 y en medio del “rosellato”, las esperanzas de crecimiento económico se fueron cifrando en el fortalecimiento de los pequeños y medianos negocios (PYMES), conglomerado que el mercado abocaría al sinuoso tercer sector o de los servicios en el escenario del virus del  consumo conspicuo. Es como si se hubiese colocado toda la fe en la posibilidad de que se desarrollase una “nueva clase media” que, por la fragilidad de su situación, se mantendría en los márgenes de la moderación y el apoliticismo que, precisamente por ello, sería capaz de tolerar el giro hacia un orden considerado innovador e inevitable: el neoliberalismo. Lo cierto es que la realidad posible excede toda teoría y que las clases sociales no nacen como producto de la gestión o el cálculo del estado sino como resultado de complejos procesos que estaban y están fuera del alcance de la legislación. Hoy resulta innegable que la fragilidad del mercado en los últimos 25 años no ha permitido la evolución saludable de ese proyecto.

 

La necesidad de reformular la resistencia

La resistencia al cambio se ha materializado de diversas formas en las que las posturas presuntamente progresistas y reaccionarias se intersecan. Las organizaciones de la sociedad civil y no partidistas desempeñaron un papel relevante en aquel proceso por lo menos hasta el 2010. Pero,  aparte del frente amplio que culminó en la manifestación “Todo Puerto Rico Con Vieques” (1999)  y el movimiento LGBTT (2009), el éxito de la resistencia ha sido relativo. La incapacidad de reproducir la experiencia solidaria más allá de aquellos proyectos concretos habla de las limitaciones de la conciencia cívica en el país. De modo análogo, el movimiento “Playas P’al Pueblo” (2005) representó una experiencia única por su capacidad de vincular el ambientalismo y los reclamos civiles en el marco colonial. Pero resulta significativo que las  izquierdas, ya fuesen socialdemócratas, socialistas o comunistas; y el movimiento independentista moderado o nacionalista, no han podido recuperar la influencia que tuvieron en las décadas de 1960 y 1970 en el giro hacia el neoliberalismo.

Su fragilidad no puede explicarse con teorías de la conspiración. La táctica de esas formas tradicionales de la resistencia ha sido tratar de penetrar las organizaciones de la sociedad civil pero la oposición no madura. Las alianzas de independentistas e izquierdistas con el centro político, entiéndase el PPD a la altura de 2012 y 2016, y el hecho de que un sector del independentismo y el izquierdismo apoyaran un candidato presidencial, Bernie Sanders en 2016, demuestran una inteligencia política que lo más tradicionales y los más críticos han cuestionado. Los efectos divisionistas de estos debates en un sector abatido por la relación colonial y la crisis pueden ser terribles para su causa. Es bien probable que la ofensiva colonial que representa la Junta de Control Fiscal reanime aquellas vertientes combativas en los próximos meses. Me parece que el país lo necesita.

 

La gente y el estado ¿una relación contenciosa?

La cultura ciudadana ha dado un giro interesante. Desde 2000 al presente la desconfianza de la gente en la clase política, un rasgo propio de las minorías opositoras, ha penetrado incluso entre los simpatizantes de los partidos con acceso al poder. El largo  ciclo de confianza en los procesos electorales y en los métodos de la democracia representativa que inició el PPD desde su fundación en 1938 parece haber terminado. La partidocracia y el bipartidismo están en el banquillo de los acusados pero el proceso de su enjuiciamiento apenas comienza. Los indicadores más confiables de ese fenómeno son varios.

El primero es la multiplicación de las organizaciones no gubernamentales, los grupos políticos  locales y los partidos políticos emergentes con aspiraciones nacionales. El segundo son las  fisuras ideológicas dentro de las organizaciones principales en el ejemplo del soberanismo, el libre asociacionismo y la estadidad radical en el seno de los dos partidos principales. El hecho de que se pueda hablar de penepés no estadoístas, de populares estadoístas y de independentistas populares o melones, demuestra que las preferencias partisanas se apoyan menos en la emocionalidad o los principios y más en el pragmatismo y las necesidades de la táctica. La incomodidad que estas actitudes generan han sido muchas. Los  agrios choques entre quienes todavía interpretan las posturas políticas como un rasgo determinado por el ADN  y los que las apropian como un producto contingente de la sociabilidad se hacen cada vez más visibles en la medida en que la crisis actual avanza. Los sectores conscientes se mueven entre la transigencia y la intransigencia con incomodidad.

El tercero indicador tiene que ver con la aparición de candidatos independientes a los cargos públicos como ocurrió en el 2012 con el caso de Amado Martínez Lebrón quien se postuló para la alcaldía de San Juan. El hecho se repetirá en los comicios de 2016, cuando Manuel Cidre y Alexandra Lúgaro se presenten para la candidatura a la gobernación. La visibilidad de este tipo de candidato parece depender de su situación de clase, de su vinculación al capital y de los lazos que haya establecido a través de su vida pública y privada con las organizaciones que han dominado el panorama electoral desde 1940 al presente. El fenómeno merece un estudio cuidadoso y profundo que espera por un autor capaz de contextualizarlo en el escenario material y espiritual del presente.

El cuarto indicador y no menos relevante es la proliferación de la discusión política en las comunidades cibernéticas y redes sociales. Me parece que el ciberactivismo bien articulado ha sido y seguirá siendo un elemento determinante para garantizar la eficacia de las resistencias en los próximos años. El debate sobre este asunto ha girado en torno a que el slacktivismo o el activismo virtual o de sillón, le ha dado “voz” a mucha gente que antes no la tenía. La reacción ante la presencia de esas voces nuevas en el ruedo del debate ha sido diversa. Algunos observadores la percibieron como algo que democratizaría un escenario por lo regular aristocrático e intelectualizado. Otros, siguiendo a Umberto Eco, han afirmado que la internet le “ha dado el derecho a hablar a una legión de idiotas” o, completando a Javier Marías afirman que las redes sólo han servido para “organizar la imbecilidad”. Las redes sociales, sean la expresión de la democracia o de la imbecilidad, continuarán allí y no parece que desaparecerán.

Un quinto elemento que no debe pasarse por alto es la evidente apatía de los más jóvenes con la participación en procesos electorales, actitud que no puede traducirse en un desinterés en los asuntos que atañen al país. Mi experiencia universitaria me dice que esa apatía no es un sinónimo de enajenación voluntaria respecto al acontecer social. Muchos de estos jóvenes no se identifican con ninguno de los grupos o proyectos que se discuten en el ámbito público pero tampoco poseen el entrenamiento o la voluntad para articular grupos o proyectos alternos. El orden dominante tampoco los anima a inventarlos porque probablemente los interpretará  como un peligro para la partidocracia y el orden bipartidista dominante. Esa enajenación defensiva también debería ser investigada a fondo a fin de comprender la apatía de los más jóvenes con los procesos electorales y la democracia liberal.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La década de 2000 a 2009, dominada por las administraciones populares Calderón Serra y Acevedo Vilá (2001-2008), se caracterizó por el comportamiento errático de la economía como era de esperarse. En el bienio del 2003 y el 2004, aún bajo la gobernadora,  mostró un crecimiento moderado entre el 2.1 y el 2.7 %. Sin embargo, a la altura del 2006, ya bajo Acevedo Vilá cuando el periodo de transición al mundo post-936 canceló y se impuso el IVU, el crecimiento  se redujo al 0.5 %. La economía estaba en caída libre: en 2009 cuando la gobernación la ocupaba Fortuño Burset, decrecía en un 3.8 %

 

Crisis económica, crisis social ¿qué más?

Los efectos sociales de aquel fenómeno que se veía venir fueron devastadores. Durante la década la población se redujo en un 2.2 %. El país perdió 82,821 habitantes y lo que habían sido considerados nuestros grandes centros urbanos -San Juan, Ponce, Mayagüez- vieron disminuida su población entre un 9-10 %. El censo presentaba un panorama paradójico. Si durante los primeros 30 años del siglo 20 y durante el proceso de industrialización de la segunda pos-guerra la población urbana crecía dramáticamente, en el mundo postindustrial y en medio de la desindustrialización dominante en los 2000 las ciudades aparentaban vaciarse.

Una cosa no cambió. La gente huía de las ciudades en crisis pero no regresaba al campo. El círculo se completaba con el clásico “salto del charco” hacia los espacios de la “promesa americana”. Durante esa década el porcentaje de la población puertorriqueña viviendo en Estados Unidos alcanzó el 55 % cuadruplicando la estadística de 1950 cuando el tope fue del 12 %. Eso significaba que había más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla. En términos matemáticos unas 300.000 personas emigraron a alguno de los estados de la unión.

La diferencia más visible entre ambos procesos es que, si bien en 1950 el estado auspiciaba la emigración con lo que reconocía la incapacidad de la economía colonial para enfrentar el problema de la superpoblación, en el 2000 se oponía. La nueva actitud se concretó por medio de un discurso nacionalista y moralizador que pretendía comprometer emocionalmente a la gente para que no se fuera de su patria en crisis. Lo cierto es el centro de la preocupación parece haber sido puramente material. La emigración hacía el mercado más pequeño y la crisis cumplía la función de moderar al consumidor más moderado por lo que  los ingresos del estado, la captación de impuestos,  se estaba reduciendo de manera notable. La desindustrialización, la emigración y la moderación del consumo en un orden económico que atravesaba por una crisis fiscal y económica  sin solución plausible en lo inmediato hablaban de la profundidad y complejidad de la crisis. La sociedad de consumo conspicuo o hiperconsumo que produjo el proceso de industrialización por invitación y dependiente ha ido perdiendo consistencia. Los efectos de ello en el orden político y en la confianza de la gente en la clase política y en el sistema de relaciones con Estados Unidos fueron enormes.

Las alternativas del estado eran varias. La lógica administrativa le sugería, por un lado, que debían mejorarse  los procesos de captación de impuestos de todo tipo  y enfrentar la evasión, asunto que si bien insistía en mirar hacía lo que se llamaba la economía subterránea o ilegal, también debía tomar en cuenta aquella que no lo era, es decir, la visible o la legal. Un problema de esta actitud es que resulta más sencillo refinar la captación de tributos de los sectores medios y medios bajos que laboran para el estado que para los sectores medios y bajos medios que laboran independientemente o para la empresa privada. La experiencia en el 2016, los embargos preventivos del Departamento de Hacienda, han demostrado que la evasión contributiva era muy común de empresas medianas y grandes en tiempos de crisis y fuera de ellos y que el estado era más tolerante con esos sectores que con los sectores medios y bajos que trabajan bajo condiciones de presión.

La otra alternativa y la más utilizada por las administraciones PNP y PPD, ha sido crear nuevos renglones impositivos o aumentar significativamente las áreas de aplicación de los ya existentes. A ese se ha llamado con insistencia “meter la mano en el bolsillo” de los ciudadanos. La cantidad de renglones impositivos innovadores creados por las administraciones de Fortuño Burset y García Padilla del 2009 al presente ha sido impresionante pero sus efectos concretos en el ámbito del endeudamiento o la estabilidad financiera del fisco han sido muy pocos. No  se debe pasar por alto que el problema de ambas políticas, así lo han reconocido numerosas autoridades en economía,  es que ambas prácticas ralentizaban el consumo y la inversión.

Al final de la década de 2000-2009 la situación tendió a agravarse y la tendencia se profundizó desde 2010 en adelante. De hecho, el desempleo alcanzó el 14.7 % y la tasa de participación laboral se redujo a un 41.7 % en 2013 bajo la administración de Fortuño Burset y entre los años de  2010 a 2013 la emigración a Estados Unidos  se aceleró. Los observadores se han fijado en especial en el destino de la Florida. En 2014  un total de 1,006,542 personas de origen puertorriqueño vivían en la península subtropical. El destino preferido de los viajeros era Orlando-Kissimmee-Sanford donde su presencia sumaba 324,301.  La fuente más confiable en el análisis de ese fenómeno el colega Jorge Duany (UPR) quien los nominó recientemente como “Floriricans”

La emigración, un viaje doméstico desde la perspectiva legal, ha vuelto a ser un problema en el país en el siglo 21. Algunos han interpretado el fenómeno como una “válvula de escape” que servirá para evitar o retrasar el colapso del sistema. En ese sentido, actúa como un mecanismo de control de crisis. Otros se han referido a la misma como una expresión de rechazo al ELA y a la colonia y una afirmación de la ansiedad por “vivir la Estadidad”. Pero lo cierto es que ambos recursos retóricos miran hacia los aspectos y las posibles consecuencias políticas del fenómeno y dan la impresión errada de que la emigración soluciona todos los problemas de los que emigran. La recepción de los emigrantes o refugiados puertorriqueños en sus destinos migratorios es un asunto que está todavía por investigarse. La percepción que de ellos desarrollan las comunidades de los estados que los reciben tampoco ha sido indagada. Me consta por experiencia personal que los puertorriqueños de Chicago o Nueva York, a pesar de que llevan allí decenas de años, siguen siendo vistos en términos generales como una minoría hispana más por el estadounidense común. La impresión que daba Puerto Rico en la prensa internacional era que, por primera vez desde el siglo 19, Puerto Rico parecía “vaciarse”

 

Los avatares de un fisco en desbandada

En el ámbito fiscal los años 2000 a 2009 mostraron un panorama patético: lo que se denominaba de modo genérico el “gigantismo” del estado y los costos de su mantenimiento se convirtieron en temas claves. La cuestión del “gigantismo” se combinó con la crítica a la burocratización la cual comenzó a verse como un freno al crecimiento económico y a la ineficacia del servicio público. El discurso favorecía el “enanismo” del estado, la desburocratización que sugería la necesidad dejar hacer, dejar pasar al capital y el desplazamiento de bienes públicos al sector privado, es decir, la privatización.

Todo aquel discurso redundaba en la devaluación del servidor público cuya imagen nunca había sido del todo buena, por cierto. Un problema de ese tipo de juicios es que el “gigantismo” y los costos de mantenimiento se explicaban preferentemente a la luz de los muchos puestos de trabajo producto del caciquismo político partidista. Reducir los puestos de empleo, congelar plazas de trabajo y despedir trabajadores fue legitimado. Sin embargo, la mirada al ámbito gerencial bien pagado, espacio ocupado por cuadros ideológicos sumisos a las maquinarias políticas penepé o populares que los nombraron, parecía intocable. Lo cierto es que, en aquel contexto, la sentencia de muerte del estado interventor emanado de la segunda posguerra mundial estaba completa. El acta de nacimiento del estado facilitador que pugnaba por salir del vientre de la colonia desde la década de 1990 fue adjudicada como algo inevitable.

Desde 2003, bajo Calderón Serra,  la brecha entre el Producto Nacional Bruto (PNB) que se reducía,   y la Deuda Pública (DP) que aumentaba, se fue cerrando. En 2003 la DP era el 61.3 % del PNB, mientras que en 2012 la DP era el 93.6 % del PNB. Resulta imposible negar que la reducción en la producción y el endeudamiento público, fue el rasgo dominante desde 1996 al 2013. Desde esa fecha  ya no era posible emitir más deuda porque el sistema estaba en quiebra. La actitud de Standard & Poors, Fitch y Moody’s de degradar el crédito de Puerto Rico fue la expresión más concreta de ello. La deuda, intereses aparte, no ha crecido más desde 2013 al presente porque el mercado no lo ha permitido.