Reformas económicas y cambio social: el papel de la Guerra Fría

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La “Operación Manos a la Obra” inició formalmente bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín, una vez este fue electo por voto popular en 1948. Aquellas prácticas marcaron el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico hasta 1964, cuando el veterano líder abandona el poder y señala como sucesor al ingeniero  Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). “Operación Manos a la Obra” se desarrolló en el contexto peculiar: el capitalismo acababa de salir de salir de una crisis económica enorme que había desembocado en la debacle política de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) mientras en el horizonte maduraba la Guerra Fría (1947-1991). La Gran Depresión había conducido a la conflagración mundial pero la paz no había impedido la división del mundo de la posguerra entre socialistas y capitalistas. En verdad, la competencia por el control de los mercados coloniales y el capital internacional seguía siendo la orden del día en la posguerra.

En el campo socialista dominaba una aparente seguridad con respecto a la función del Estado como agente protagónico de los procesos económicos. En el campo capitalista, el momento era apropiado para revisar algunos artículos de fe de la economía liberal tal y como se había conducido hasta aquel momento. Los cuestionamientos al capitalismo clásico miraban hacia sus fundamentos teóricos. La idea de que el Mercado se autorregulaba por obra de la “mano invisible” y la “ley de oferta y demanda”, comenzó a parecer una ilusión y fue dejada atrás.

Del mismo modo, la confianza en que el avance del capitalismo garantizaría acceso igual a la riqueza a todos y eliminaría las carencias sobre la base de la libre competencia ya no resultaba convincente. Los espasmos producidos por la Gran Depresión y la profundización de la desigualdad, fenómenos que se repiten en la crisis del presente, minaban la confianza en el capitalismo liberal y estimulaban la oposición a ese orden social a nivel global. Después de la guerra el socialismo internacional encontró el terreno preparado para su difusión como una opción real. Incluso los teóricos del capitalismo reconocían la validez de ciertos razonamientos del socialismo teórico: la experiencia concreta de aquel orden social podía palparse en la Unión Soviética desde 1917.

Earl Browder, dirigente de Partido Comunista de Estados Unidos

Para Estados Unidos y  Puerto Rico aquello significaba que se penetraba en una nueva era económica. El Estado no sería un observador ajeno de la actividad económica y el mercado sino que intervendría como un agente activo en ambas e incluso competiría como un agente más en igualdad de condiciones y, por aquel entonces, con numerosas ventajas. Con ello se consolidaba lo que se ha denominado el Estado Interventor. La implicación era que el Estado fungiría como un árbitro o mediador que representaría los intereses del Pueblo en aquel juego de lucha de clases e intereses contradictorios. Su arbitraje iría dirigido a reducir o  podar los desequilibrios y las injusticias del mercado capitalista, a la vez que estimularía una justa distribución de la riqueza a la vez que adelantaba la igualdad y la justicia social. Para ello articularía políticas que favorecieran a los parados o desempleados, los pobres y los marginados.

El parentesco intelectual de aquella propuesta con los movimientos asociacionistas, mutualistas y cooperativistas del siglo 19 era  evidente. En cierto modo, los capitalistas clásicos podían ver con resentimiento un esfuerzo público que parecía atentar contra la libre competencia a favor de un sistema menos competitivo pero más eficaz y estable. Al día de hoy se sabe, ya se reconocíaen aquel entonces, que la intención  era estimular la descomprensión de las contradicciones sociales existentes que, en el contexto de la Guerra Fría, podían estimular las respuestas socialistas al problema. Se trataba de una bien articulada campaña para salvar el capitalismo con un nuevo rostro más humano. El producto neto de ello fue lo que se ha denominado el Estado Providencial o Benefactor. La justicia social sería planificada y administrada desde arriba.

La Revolución Socialista era una “amenaza” real después de 1945.  La Unión Soviética no abandonó los territorios ocupados durante la guerra tras su avance hacia Europa. Aquellos territorios comenzaron a adoptar bajo la presión interna y externa, el modelo socialista de producción. En 1946 lo hicieron Albania y Bulgaria, aquel  mismo año en China y Filipinas los comunistas presionaban militarmente. Ya para el 1947,  las tensiones entre Estados Unidos y Unión Soviética llegaron al extremo de la confrontación en Berlín. Y en 1948, Checoslovaquia y Corea del Norte proclamaron el socialismo con apoyo soviético. Para esa fecha ya se hablaba de la existencia de un “Telón de Acero” que separaba las dos Europas, la occidental y la oriental, el  “Bloque Socialista” comenzaba a consolidarse y el bipolarismo de la era de la Guerra Fría estaba por madurar.

Norman Thomas, dirigente del Partido Socialista de Estados Unidos

El Estado Interventor, Providencial y Benefactor se instituyó para frenar aquella tendencia y el Puerto Rico el “Nuevo Trato”, el Partido Popular Democrático, Rexford G. Tugwell, Luis Muñoz Marín, la Ley 600 y el Estado Libre Asociado, representaban cabalmente la situación. La meta de aquel esfuerzo reformista y racionalizador era estimular el crecimiento  y evitar una crisis que podría facilitar la expansión de los movimientos socialistas.

Una pregunta que se cae del tintero es si Puerto Rico corría peligro de “caer en manos de los comunistas” en los años 1940 y 1950. En la isla existía un Partido Comunista desde 1934. Se trataba de una organización  prosoviética pequeña que, en 1938 recomendó a su militancia que apoyara al Partido Popular Democrático a la luz de la política de “frentes populares” auspiciadas por el Comunismo Internacional. También existía desde 1915 un Partido Socialista. Pero se trataba de una organización amarilla y no roja, es decir, no respaldaba la revolución proletaria y tendía al reformismo y al obrerismo. Por otro lado, su dirección era estadoísta y se reconocía que estaba asociada al capital puertorriqueño y extranjero por lo que  no era para nada amenazante. Aliados con el Partido Republicano, habían estado en el poder entre 1933 y 1940 en la denominada Coalición Puertorriqueña. Una vez ganó el PPD, su influencia en el movimiento obrero quedó en entredicho. Ninguno de ellos era un agente capaz de hacer una revolución socialista en el país.

Mirando hacia fuera del país, el Partido Comunista de Estados Unidos, dirigido por Earl Browder (1891-1973) hasta 1945, apoyaba abiertamente a la independencia para Puerto Rico. Las relaciones entre aquella organización y el Partido Nacionalista se habían profundizado por los contactos entre prisioneros políticos de ambas tendencias en la cárcel de Atlanta entre los años 1937 y 1943. Una vez los presos comenzaron a salir de la penitenciaría, las mismas se hicieron más profundas. En Nueva York, militantes nacionalistas bona fide como Juan Antonio Corretjer, Clemente Soto Vélez, Juan Gallardo Santiago, José Enamorado Cuesta, entre otros, se afiliaron al comunismo. Sin embargo, las relaciones entre las comunistas y nacionalistas se rompieron cuando Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial como un aliado de la Unión Soviética.

Por último, el Partido Socialista de Estados Unidos dirigido por Norman Thomas (1884-1968), apoyaba las políticas del “Nuevo Trato” y prefería mayor autonomía para Puerto Rico y no la independencia ni la estadidad. En realidad, la amenaza socialista en Puerto Rico era un fantasma y una invención de la histeria anticomunista estadounidense. La única revuelta política violenta, la Insurrección Nacionalista de 1950, no respondía a reclamos socialistas o de igualdad social en el sentido que las izquierdas adjudican a esos principios. Lo cierto es que el Partido Nacionalista no encajaba en el lenguaje de la Guerra Fría sino más bien en el discurso antifascista de la Segunda Guerra Mundial.  La tendencia de las autoridades federales y estatales a asociarlos al fascismo, al nazismo e incluso a la Cosa Nostra o mafia fue muy común. A pesar de ello se les arrastró hacia las invectivas propias de las Guerra Fría y se les asoció al comunismo y al socialismo si mucho recato.

Conclusiones

El Puerto Rico contemporáneo, como se habrá podido palpar, se configuró en el contexto de complejas crisis globales y nacionales. La Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la Guerra Fría y el anticomunismo exhibicionista de la Doctrina Truman de 1947 impactaron, sin quitarle toda su autonomía de acción, a la clase política puertorriqueña dominada por el Partido Popular Democrático. Pero es importante recordar que Puerto Rico pasó por aquel proceso sin soberanía política, lo que significa que siempre alguna fuerza externa decidió en su nombre hacia dónde debía dirigirse y cuál discurso era legítimo esgrimir desde la oficialidad y cuál no. La transfiguración de la Ley Smith en Ley de la Mordaza (1947-1948) es la prueba más dramática de ello. Fue en aquel contexto complejo que las reformas se aplicaron al país.

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1946-1950)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su cuestionable legitimación internacional por la Organización de Naciones Unidas (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron  estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco, quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monge en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por el diplomático estadounidense Jack K. McFall, son un ejemplo de ello. Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular soberanista que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo y uno de los agentes politicos que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Juan Maldonado Noriega, líder estudiantil (1948)

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento y, en general, fue desoída. El proceso que a la larga condujo a la consolidación del ELA en 1952, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la «acción inmediata» por medio de la protesta violenta. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el «Maestro», una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, izó la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político desde la década de 1930, ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos”. La emblemática torre universitaria había sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939 como reconocimiento al novotratismo y su papel en la recuperación económica del territorio en medio de la Gran Depresión y tenía un valor simbólico extraordinario. Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre. El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión y el activismo independentista, nacionalista o socialista en el país. El lenguaje fundamentalista y autoritario de la ley sigue siendo impresionante: predicar, organizar, publicar, difundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran actos equiparados ante la ley y tratados como una acción delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación , hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monge. La calentura del Guerra Fría, la presión del discurso anticomunista, la amenaza a la hegemonía estadounidense en Europa en la segunda posguerra, había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de la dirección de los populares en el presente: la necesidad de afirmarse en el poder aliándose a los sectores moderados, presumiblemente, mayoritarios, los domina. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

Juan Maldonado Noriega se dirige a los estudiantes en el Teatro de la Universidad

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la «Casa de Estudios» negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición occidental moderna y, acaso, fundamento de aquella. Para Benítez, ser occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta del regreso de Albizu Campos y las protestas de los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquella ley represiva e irracional pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” que se temía era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades nacionalistas por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo de nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.