Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

marzo 3, 2013

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1946-1950)


  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su legitimación internacional (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron  estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco, quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monje en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por Jack K. McFall, son un ejemplo de ello. Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular soberanista que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo y uno de los agentes que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Juan Maldonado Noriega, líder estudiantil (1948)

Juan Maldonado Noriega, líder estudiantil (1948)

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento. El proceso, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la “acción inmediata” por medio de la protesta violenta. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el Maestro, una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico izaron la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político a pesar de la resistencia de la guardia universitaria, ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos”. El hecho de que la emblemática torre universitaria hubiese sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939, tenía un valor simbólico extraordinario: Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre. El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión de ideas independentistas, nacionalistas o socialistas en el país. El lenguaje fundamentalista de la ley sigue siendo impresionante: predicar, organizar, publicar, difundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran equiparados ante la ley y convertido en un acto delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación , hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monje. La calentura del Guerra Fría había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de esa organización en el presente. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

Juan Maldonado Noriega se dirige a los estudiantes en el Teatro de la Universidad

Juan Maldonado Noriega se dirige a los estudiantes en el Teatro de la Universidad

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la Casa de Estudios negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición Occidental moderna y, acaso, fundamento del mismo. Para Benítez, ser Occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta de Albizu Campos y los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquello pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo que firmaba con el nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.

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