Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico de Ché Paralitici: Un Comentario

• José Anazagasty Rodríguez (RUM)

Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico de Ché Paralitici es una historia del independentismo desde los postreros años del siglo 19 hasta nuestros días, destacando dos fases, la de finales del siglo 19 a la década de los cincuenta, y la de las décadas posteriores a esa primera fase. Paralitici también ofrece, al final del libro, unas reflexiones acerca de las posibilidades del independentismo en el siglo 21.

Para Paralitici su libro “presenta una breve historia” de las luchas por la independencia de Puerto Rico. Pero esa brevedad no es para nada equivalente a un relato simplista y ligero de esa historia. Es todo lo contrario. Se trata de una historia sucinta pero riquísima en información, la que Paralitici relata sobre la base de abarcadoras observaciones, profundas indagaciones, valiosos datos y acertados comentarios acerca del movimiento independentista y sus organizaciones. Su concisa historia de la lucha por la independencia irradia no sólo las prolongadas horas de trabajo dedicadas a la misma por el cronista, sino además su vasto conocimiento sobre el asunto. Asimismo, su libro transmite su gran compromiso con la lucha por la independencia. Toda esa riqueza de Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico lo convierte en una lectura imprescindible para los interesados en el estudio del independentismo, en particular para aquellos de nosotros que sabemos poco de ese movimiento. Pero es inclusive una lectura que debo recomendar a los estudiosos del movimiento independista y su historia. Aquellos independentistas que día a día, como activistas, luchan por la independencia de Puerto Rico también se beneficiarían grandemente de su lectura. Finalmente, es un libro que los independentistas de las nuevas generaciones encontrarán significativo, del que aprenderán muchísimo.

Coincido con Mario R. Cancel en que Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico es una mirada crítica, flexible y templada del independentismo, una que Paralitici realiza desde el independentismo mismo. Es por ello, como señaló Cancel, una contribución valiosa a la historiografía del independentismo, una historiografía de muchas formas limitada, en particular con respecto a la historia más actual del independentismo. Hacen falta interpretaciones tan acabadas y realizadas como la de Paralitici.

La historia narrada por Paralitici no es valiosa únicamente para los historiadores. Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico también es provechoso para los sociólogos y otros estudiosos de lo social, particularmente para aquellos de nosotros interesados en los movimientos sociales. Abordándolo desde la sociología, quiero a continuación, destacar sus contribuciones a lo que podríamos llamar una sociología del movimiento independentista. Las reflexiones sociológicas del independentismo como un movimiento social son escasas. El libro de Paralitici, aunque realizado desde la Historia, nos ofrece algunas observaciones sociológicas valiosas, y con ellas, algunas rutas para estudios e investigaciones posteriores del independentismo como un movimiento social.

Sidney Tarrow, en su libro Power in Movement, definió los movimientos sociales como retos colectivos lanzados por personas solidarias, copartícipes con propósitos comunes, que interactúan de forma sostenida con las élites del poder, las autoridades y con sus oponentes. Y eso es precisamente el movimiento independentista, un grupo de personas que más o menos solidarias comparten un propósito en común, lograr la independencia de Puerto Rico. Y ese es su reto a todos los puertorriqueños. El movimiento independentista también interactúa constantemente, en términos conflictivos, con las élites de poder, en Puerto Rico y Estados Unidos, las autoridades locales y federales, y con sus oponentes.

Para los sociólogos, un movimiento social es también una red relativamente informal de diversos individuos, grupos y organizaciones que comparten una identidad colectiva y cierta cultura, y que se movilizan para enfrentar asuntos y problemas sociales conflictivos, recurriendo a varias formas de protesta.  El independentismo es todas esas cosas. Se trata, como lo manifiesta el libro de Paralitici, de una extensa, heterogénea y compleja red de individuos, grupos y organizaciones que comparten, más o menos, una identidad colectiva, la de puertorriqueños independentistas, y una cultura particular, la del movimiento, y la que producen y reproducen mediante sus prácticas. Los elementos en esa red se movilizan a favor de la independencia para Puerto Rico, uno de los asuntos más controversiales y conflictivos del país. Se trata de un complejo tejido social cuyos elementos—grupos e individuos—se organizan y movilizan recurriendo a un diverso repertorio de acciones de protesta, incluyendo en ocasiones la violencia y la lucha armada. El libro de Paralitici nos ofrece detalles importantes sobre esa red en movimiento.

Una de las contribuciones más importantes del texto de Paralitici para una sociología del movimiento independentista es que confirma la heterogeneidad o diversidad del movimiento. Paralitici echa por tierra la idea estereotipada de un independentismo homogéneo, tan notable en aquellos que se oponen al movimiento o pretenden reprimirlo. Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico evidencia la diversidad ideológica del independentismo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.  Para Paralitici, el movimiento independentista se ha desarrollado y transformado, en la relación, muchas veces conflictiva, entre el nacionalismo y el socialismo. Coinciden en el movimiento independentista varias corrientes nacionalistas y diversas corrientes socialistas, lo que añade diversidad al mismo. Estas corrientes nacionalistas y socialistas, enlazadas en una dialéctica de colaboración y conflicto, convergen en el movimiento independentista. Allí también se encuentran corrientes comunistas y anarquistas. Y en el independentismo, convergen también corrientes liberales, característica de aquellos independentistas más cercanos a las instituciones políticas y los procesos electorales.

Aparte de la diversidad ideológica del movimiento independentista, Paralitici también devela su diversidad organizacional.  Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico es, aparte de una historia de esa lucha, una historia de las organizaciones independentistas involucradas en la misma. La lista de organizaciones independentistas, desde 1898 al presente, incluida por Paralitici en su libro, y la de Awilda Palau, también incluida en el mismo, son evidencia del tremendo número de organizaciones independentistas que han existido desde finales del siglo 19 hasta el presente. En el movimiento independentista encontramos distintos tipos de organizaciones sociales, incluyendo partidos políticos.  Las organizaciones independentistas no gubernamentales ni partidistas se han organizado de muchas formas, como asociaciones, agrupaciones, talleres, institutos, congresos, logias, uniones, frentes, coaliciones, alianzas, ligas, comités, brigadas, fundaciones y hasta en campamentos. Y mientras que muchas de esas organizaciones independentistas han sido legales otras han sido clandestinas.

La diversidad organizacional y su impacto sobre el movimiento independentista no ha sido estudiado. Pero, podemos suponer que la diversidad de formas organizacionales, la pluralidad de estructuras organizativas produce diversas metas y recursos.  También podemos suponer que algunas organizaciones independentistas son más centralizadas y jerárquicas que otras y que algunas son más democráticas que otras. Podemos también conjeturar que estas organizaciones también varían en términos de su membresía, sus niveles y formas de participación, sus grados de organización, en su liderato y distribución de poder, y el grado de compromiso que demandan de sus participantes o miembros. Examinar la diversidad de formas organizacionales es importante porque esto nos dice mucho no sólo sobre las estrategias y experiencias de estos grupos independentistas sino porque nos da pistas importantes sobre lo que los sociólogos llaman su “potencial de movilización”.  La forma que estos grupos se organizan y por qué toman esas formas determina si estas pueden o no aumentar, dado sus recursos, y en momentos particulares, el apoyo del público, y movilizarlos a favor de la causa independentista. También nos dice que tan bien pueden o no adaptarse a nuevas condiciones de lucha y movilización. La lista de organizaciones y detalles provistos por Paralitici sobre estas organizaciones representan una valiosísima herramienta para el estudio de la diversidad organizacional del movimiento independentista.

José «Che» Paralitici en el RUM

Finalmente, las organizaciones independentistas también varían en términos de sus acciones, en términos de cuales actividades o tipos de protesta prefieren efectuar. Las acciones más tradicionales son, por supuesto, huelgas, mítines, marchas, elecciones, peticiones, ocupaciones, insurrección, lucha armada, etc. Estas son estrategias políticas, preferidas por los movimientos políticos, como el independentista. Algunas organizaciones recurren principalmente a estrategias fundamentadas en la “lógica de los números”, movilizar apoyo popular mediante las elecciones, marchas, y recogido de firmas, entre otras. Otras organizaciones recurren a la “lógica de impactos materiales” como las huelgas, los paros, los boicots, y hasta daños directos a la propiedad. Otras organizaciones, amparadas en una lógica similar a esta última recurren a actividades mucho más violentas, como la lucha armada, característica del nacionalismo revolucionario, el socialismo y el comunismo. Otras organizaciones prefieren la lógica del testimonio o “bearing witness,” acciones riesgosas y emotivas dirigidas a demostrar el compromiso con una causa, con la independencia de Puerto Rico, en este caso. La desobediencia civil, a las que han recurrido muchos independentistas, como en la lucha contra la marina en Vieques, es un buen ejemplo. La desobediencia civil también fue la estrategia de muchos independentistas que lucharon contra el servicio militar obligatorio en Puerto Rico. Esto último es discutido por Paralitici en su libro.

Aunque la mayoría de las organizaciones independentistas han optado por estrategias políticas, varias organizaciones independentistas también han recurrido a protestas culturales y simbólicas, que los sociólogos asociamos con los nuevos movimientos sociales. Una dimensión poco estudiada del movimiento independentista ha sido precisamente su cultura, tanto sus prácticas culturales como sus productos culturales, con excepción quizás de sus valores, metas, ideologías y sus líderes más carismáticos y simbólicos, como Pedro Albizu Campos.  Pero, sus objetos simbólicos (logos, signos, artefactos, eventos, y lugares significativos para los independentistas); sus ocasiones, encuentros, y reuniones; sus productores y actores culturales; y su “persona” o estilos culturales de interacción apenas han sido examinadas. Paralitici, destaca en su libro varias actividades culturales del movimiento, como la conmemoración de símbolos, héroes y mártires del independentismo y eventos como el Grito de Lares y la Jornada a Betances. El análisis cultural del movimiento requiere examinar como es la cultura puertorriqueña adoptada y adaptada por el movimiento independistas en el contexto de la acción social y política. A la misma vez, debemos tener en cuenta el impacto cultural del independentismo en la cultura puertorriqueña. Por supuesto, también requiere una mirada analítica a las “dimensiones simbólicas de la acción colectiva” independentista, a sus esquemas y marcos interpretativos con respecto a la realidad social y la identidad nacional puertorriqueña. También requiere analizar su construcción de los problemas sociales. Además, no podemos asumir que el movimiento sea culturalmente homogéneo; las diferencias culturales entre grupos independistas y los conflictos culturales entre estos son una realidad que no podemos perder de vista.

Otra contribución importante de Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico para una sociología del movimiento independentista es que apunta hacia el carácter cíclico de las protestas independentistas. Como Paralitici afirmó: “No dudo que la lectura de este ensayo sobre la historia del independentismo puertorriqueño, que concluye que la lucha por este ideal ha tenido sus bajas y sus altas, sus flujos y reflujos, sus viejos y nuevos independentismos, lleve a ampliar el análisis y las luchas correctas para que en este siglo 21 se encuentre un resultado final a la férula colonial que ha tenido Puerto Rico desde el siglo 16”. (354)

Los ciclos de protesta o contención se refieren a ciclos de apogeo y ocaso en la actividad de un movimiento social. En su libro Paralitici identificó tres periodos de la lucha independentista: de 1898 al surgimiento de un nuevo independentismo en los treinta; de los treinta a la década de los cincuenta; y de finales de los cincuenta al presente. En este periodo ocurrieron dos ciclos de auge y ocaso en el movimiento independista. Los surgimientos de los nuevos independentismos, en los treinta y los cincuenta, marcan los dos momentos de auge del movimiento independentista.  En su libro Paralitici considera las posibilidades de otro nuevo independentismo, de un tercer auge y ciclo de protestas en los años por venir.  Si logramos escapar o no del dominio estadounidense, de esa férula a la que se refiere Paralitici, depende de muchos factores. Pero coincido con él, en que un requisito fundamental para ello es la reflexión crítica, profunda y sosegada de los ciclos de protesta independentista; lo que él ha ya ha avanzado en su libro. Para los estudiosos de los movimientos sociales, incluyendo los analistas del movimiento independentista, es también menester estudiar los ciclos de protesta porque corresponden a los momentos de intensificación de la acción colectiva.

Los ciclos de protesta muestran ciertas características en común. Estos coinciden con una fase intensa de conflictos y contenciones en el sistema social, con diversas crisis, económicos, políticas, sociales y hasta ambientales. La intensidad de esos conflictos produce la difusión rápida de la acción colectiva, no sólo la movilización de los sectores más activos de un movimiento sino inclusive de los menos activos y de los simpatizantes del movimiento. Los ciclos de protestan coinciden también con la innovación en las formas de protesta y con nuevo marcos o esquemas de acción colectiva. Estos lapsos también involucran no sólo la actividad de los grupos más organizados sino también la de los menos organizados y hasta provocan acciones espontaneas. Pero, los ciclos de protesta también coinciden, con las acciones y respuestas de aquellos individuos, grupos y organizaciones opuestas a un movimiento, los que promueven y ejecutan, inclusive la represión de un movimiento social. Los ciclos de protesta influencian de muchas formas las decisiones estratégicas de las organizaciones vinculadas a los movimientos sociales. Las formas adoptadas en un momento dado por estas organizaciones dependen en gran medida de su apreciación de los ciclos de protesta y de las actividades de otras organizaciones, incluyendo las vinculadas a otros movimientos sociales y la de aquellos que se oponen al movimiento.

El libro de Paralitici nos ofrece pistas importantes sobre todo esto, sobre la respuesta del independentismo a los momentos de crisis en Puerto Rico; la difusión de acción política desde las organizaciones independentistas más activas hacia otras menos activas; y la respuesta de la oposición al independentismo.  En el primer ciclo de protesta examinado por Paralitici el Partido Nacionalista fue determinante en la movilización de los independentistas. En el segundo, fueron la FUPI y el MPI las organizaciones más influyentes. Ambos momentos de auge coincidieron con nuevas estrategias de lucha y protesta, nuevos esquemas de acción colectiva.  En ambos momentos la respuesta de los opositores, y particularmente de las autoridades federales y locales, fue la persecución y represión del movimiento independentista.  Como nos recuerda y demuestra Paralitici, el independentismo ha sido perseguido y reprimido a lo largo de toda la historia del dominio colonial estadounidense sobre los puertorriqueños. Los ciclos de protesta independentista y las consecuencias de esas protestas, como las de todos los movimientos sociales, están atados a la represión o respuesta de las instituciones y actores políticos.  La incesante represión del independentismo puertorriqueño, muchas veces tremendamente perversa, cruel, aterradora y devastadora, aunque no el único factor, ha obstaculizado efectivamente, la independencia de Puerto Rico, y con ello su descolonización.

Otra contribución de Paralitici y su libro a una sociología del movimiento independentista es que nos ofrece datos valiosos sobre la “estructura de oportunidades” del movimiento independentista, sobre aquellos factores que han facilitado u obstaculizado la movilización de grupos y organizaciones independentistas desde 1898. La respuesta represiva del sistema de instituciones y prácticas políticas que engloba el régimen colonial, que involucra tanto instituciones locales como federales, y hasta partidos políticos y organizaciones contrarios al independentismo, ha reducido las oportunidades de participación política de los independentistas, reduciendo aún más los estrechos canales institucionales de los que dispone para influir en los procesos políticos del país. De manera simultánea, la estructura institucional del régimen ha provocado que el movimiento independentista haya adoptado en ocasiones formas extra-institucionales de acción política, incluyendo el que algunas organizaciones hayan recurriendo, en distintos momentos de su historia, formas radicales y hasta clandestinas de acción política. Esto a vez ha provocado en varias ocasiones que el gobierno recurra a la represión para detener la movilización social independentista. Por último, como resultado de la interacción entre el movimiento independentista y las respuestas gubernamentales, la influencia que los independentistas tienen en la toma de decisiones es marginada y rezagada, aunque no por ello ha dejado de ser un movimiento relativamente visible, activo y dinámico. No ha dejado de ser un movimiento crítico y desafiante, que como señala el subtítulo de Historia de la Lucha por la Independencia sigue luchando incesantemente por la soberanía y la igualdad social.

La represión del movimiento independentista opera no únicamente desde la violencia y coerción estatal sino además desde todos los ámbitos institucionales, logrando que una gran parte de la población consienta la represión del independentismo. Los independentistas enfrentan todo un régimen de desigualdad, concepto de la teórica feminista Joan Acker. Me refiero a todas esas prácticas, procesos, acciones y significados interconectados que mantienen a los independistas en una posición de desigualdad, y que institucionalizan o normalizan diversas prácticas discriminatorias y restrictivas contra estos.

Pero hoy, el independentismo no sólo enfrenta esas formas de represión, también sufre un difícil agotamiento, uno que no podemos reducir al mero efecto de la represión.   Como explica Paralitici:

El independentismo ya entrado en el siglo 21 hacia la primera quinta parte del mismo es uno muy dividido, poco organizado, con poca presencia en la calle, con mucha debilidad electoral, con exigua participación de la juventud, con pocos portavoces de gran influencia , con algunos con buen reconocimiento pero en su longevidad y, además, si un fuerte liderato nacional, y con muy poca presencia en Estados Unidos, entre otras características negativas, parecidas muchas de ellas a las que precedieron  a los dos previos momentos del “nuevo independentismo” de las décadas de 1930 y de 1960. (352-53)

Precisamos un nuevo independentismo, uno diligente, militante y dinámico pero también profundamente reflexivo y crítico, inclusive de sí mismo. Lo precisamos porque hoy los puertorriqueños enfrentamos demasiadas crisis.  Por un lado, los puertorriqueños enfrentamos una profunda y devastadora crisis económica, que requiere que lo independistas contribuyan a la defensa de los trabajadores, que luchen contra la privatización y contra las devastadoras reformas laborales y económicas propuestas por el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Enfrentamos además lo que Jürgen Habermas llamó una crisis de racionalidad; nuestro sistema político, administrado por una kakistocracia tan corrupta como inepta, no ha generado decisiones y políticas adecuadas para manejar la crisis económica. Y esa crisis de racionalidad se ha traducido en una crisis de legitimidad, una generalizada falta de confianza en las instituciones políticas, que lamentablemente no se han transformado en protestas masivas contra esas instituciones. Pero, una crisis adicional retarda las protestas contra las instituciones políticas, una profunda crisis de motivación. Muchos puertorriqueños, la mayoría de ellos, no se sienten lo suficientemente motivados como para ser participantes activos en la esfera pública.  Algunos no se sienten capaces de efectuar cambios sociales significativos y muchos otros, enfrentando vidas precarias, la pobreza, simplemente no tiene los medios o recursos que le permitan hacerlo. Muchos de ellos, buscando alternativas a esa precariedad, no han tenido otra opción que emigrar. Un nuevo independentismo es por todas esas cosa , apremiante.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

La otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La derrota del PNP en las elecciones de 2000 parecía segura. La candidatura de Sila M. Calderón Serra se fortaleció gracias al papel protagónico que desempeñó aquella figura durante el ejercicio plebiscitario y a su bien articulada campaña de la “fuerza positiva”. La transparencia del gobierno o glasnost fue uno de los temas dominante en la misma, lenguaje que representaba una acusación a la administración Rosselló González. Las posibilidades de que Calderón pudiese completar la tarea inacabada de Muñoz Mendoza, conducir a una mujer a la posición a ocupar la jefatura del ejecutivo, eran altas. La derrota de una aspirante como Muñoz Mendoza, la hija del fundador del PPD, debió ser interpretada como una señal de que ciertos aspectos del pasado del partido habían, la sombra diluida de Muñoz Marín, habían sido dejados atrás de una manera irreversible. Tras el ejercicio electoral del 2000 la retórica muñocista y la apelación a su imagen se ha reducido a los días intensos de las contiendas cuando se acercan las elecciones o a las conmemoraciones oficiales o no oficiales de los “logros” del Estado Libre Asociado cada 25 de julio.

Calderón Serra le dio un nuevo tono al populismo con su discursividad comprometida con los nuevos pobres ahora renominadas como comunidades especiales. Con aquella actitud aseguró el apoyo de los sectores más tradicionalistas del partido revivificando el discurso del compromiso con los desposeídos y atrajo a numerosos no populares que compartían esa concepción de estado benefactor en especial en las izquierdas moderadas. Aquel lenguaje implicaba el reconocimiento de uno de los grandes fracasos de la relación colonial: dependencia y pobreza habían caminado de la mano durante todo el siglo 20. Calderón quería saludar el siglo 21 con un gobierno que enfrentará el problema de una manera eficiente. Todo ello y su vinculación y afinidad con el caudillo Hernández Colón, la convirtieron en una candidata atractiva incluso para aquellos estadoístas que habían terminado chocando con el estilo atropellado, agresivo y mediático de Rosselló González. La leyenda de Calderón Serra como la “primera secretaria de estado” abonaba las posibilidades de que fuese también la “primera gobernadora”.

Por último, los resultados de la consulta de estatus de 1998 y la victoria de la «quinta columna» o “ninguna de las anteriores”, podían ser demagógicamente interpretados como una expresión de que gente no quería resolver el estatus, postura que siempre beneficia más a los quietistas y a los estadolibristas remisos en apoyar un cambio sustancial en la relación con Estados Unidos. La imagen de la “dama impecable” que consiguió mantener Calderón Serra durante aquel cuatrienio tendría que pasar la prueba del sexismo del “político vociferante” que dominaba el escenario electoral colonial. Derrotar a Rosselló González y acceder al poder era, en ese sentido, una prueba histórica.

¿Por qué “la fuerza” abandonó a Roselló González?

¿Qué explica la debilidad del PNP y Rosselló González después del 1998? Si prescindo de la derrota de la causa estadoísta en el plebiscito que siempre incómoda a un electorado que percibe las contiendas como un deporte o un juego de habilidades, las razones son muchas. El gobernador tomó una serie de decisiones y adoptó posturas públicas que erosionaron la imagen de líder progresista, secular, atrevido y pragmático que le habían llevado al triunfo. La reducción del rossellismo a un icono le restó complejidad a una figura cuyo magnetismo era comparable al que había desarrollado Muñoz Marín en su mejor momento. El poder y la necesidad de mantenerlo en nombre de una causa, generó un culto a la personalidad que emasculó a ambas figuras reduciéndolas a una caricatura de sí mismas. Me parece que las personalidades públicas de esta categoría deberían saber cuándo guardar silencio y reconocer en qué momento despedirse o echarse a un lado. Aquella sería una manera elegante de evitar que los silencien o los echen a un lado por la fuerza. Es cierto que el culto a la personalidad de Muñoz Marín resulta insuperable, pero los efectos adversos de la voluntad de perpetuarse en líderes como Rosselló González, Berríos Martínez, Hernández Colón o Romero Barceló, entre otros, no dejan de llamar la atención: la falsa conciencia de que son “necesarios” para que el país funcione los consume.

Las decisiones erráticas fueron varias. Primero, estrechó vínculos con sectores del fundamentalismo evangélico y llegó al extremo de donar tierras de dominio público al culto-empresa denominado “Clamor a Dios”, propiedad del empresario y Reverendo Jorge Raschke. El acto llamaba la atención por la vinculación del evangelista con el republicanismo estadounidense más conservador, hecho que contrastaba con la imagen de un gobernador que siempre había hecho alarde de su compromiso con la praxis demócrata. Claro, en Puerto Rico paradójicamente se podía ser demócrata-republicano o católico-protestante: el arte del acomodo en nombre de las causas que se defienden no tiene límite en ese aspecto. El Rosselló González del final de su octenio era distinto del que inició el mismo.

Segundo, la política de privatización y la conflictividad que la misma generó fueron decisivas. No se puede pasar por alto que aquellas eran las primeras expresiones de aquella tendencia al desmantelamiento del Estado Interventor que había crecido como expresión del orden emanado de la segunda posguerra mundial y la Guerra Fría. Los observadores de aquel periodo coinciden en que el caso clave fue el de la PRTC y la huelga general que emanó de la resistencia a su privatización. La valoración de aquel orden tardomoderno era común en los dos partidos políticos con acceso al poder desde 1968: el PNP y el PPD. Sin tomar en cuenta la oposición el gobernador actuó, acorde con la prensa, de modo autoritario y autorizó la represión de la protesta pública, como ya se ha comentado antes.

Tercero, no puede obviarse el papel que tuvo un desastre natural: el huracán “Georges” una tormenta categoría 3 que afectó la isla desde el 21 de septiembre de 1998. Algunos sectores presionaron para que, dada la crisis material producida por el fenómeno, se pospusiese la consulta estatutaria. El gobernador fue sordo a las mismas por lo que la imagen de Rosselló González como un dignatario autoritario o soberbio se confirmó y acabó por disgustar a “electorado flotante”. Si a ello se añade la percepción generalizada de que aquel era un “gobierno corrupto”, se comprenderá la fragilidad de este candidato a la altura de 2000. La capacidad de Calderón Serra para reunificar las fuerzas dispersas del PPD en el marco de la erosión del rossellato no puede ser puesta en duda.

 

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente II

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

 

Las  tendencias de la economía

La década del 1990 estuvo dominada  por la última  ofensiva congresional contra la aplicación de la Sección 936 esta vez bajo la administración del demócrata Bill Clinton (1993-2001). El Congreso volvió a poner sobre la mesa el asunto desde 1996 esgrimiendo los mismos argumentos articulados a mediados de la década de 1980 por una administración republicana: los impuestos no pagados en Puerto Rico eran necesarios para balancear el presupuesto nacional y enfrentar una creciente deuda pública. Demócratas y republicanos convenían en la “necesidad” del giro hacia el neoliberalismo y en reducir la presión del estado hacia el capital. La diferencia fue de matices: el lenguaje utilizado contra las exenciones toleradas en Puerto Rico se hizo más acrimonioso.

Otra novedad fue que la discusión sobre la aplicación o no aplicación del recurso se politizó. En el proceso se acusó a la Sección 936 de haberse convertido en una suerte de “mantengo corporativo” y algunos sectores, en especial los adversarios del Estado Libre Asociado que favorecían la estadidad, argumentaron que el privilegio fiscal  favorecía la permanencia de la relación colonial instituida en 1952. La lógica dominante entre algunos estadoístas era que la eliminación de la Sección 936 cumpliría dos funciones. Por un lado, aceleraría la disolución del Estado Libre Asociado y forzaría una decisión sobre el asunto inconcluso del estatus. En cierto modo tenían razón. Lo que resultaba irrazonable era la presunción de que, si se eliminaba el privilegio, se adelantaría la estadidad. La impresión que da aquella argumentación silogística es que dentro del movimiento estadoísta la imagen del imperio benévolo, inocente y bonachón dominaba. Se le podía acusar de colonialista, el estadoísmo radical lo hacía y lo ha seguido haciendo, pero se confiaba en que la solución que derivaría de sería de una quiebra del régimen colonial sería inevitablemente la estadidad. La confianza de los estadoístas en el Estado 51 era tan profunda como la de los nacionalistas en la inevitabilidad de la Libertad.

Pedro Rosselló González

En el PNP no había un consenso respecto a ese asunto. La administración Rosselló González (1993-2001) defendió de manera moderada la permanencia de la Sección 936 durante su primer cuatrienio. Desde mi punto de vista se trataba de una cuestión de realismo político. La herramienta era única y Puerto Rico seguían siendo la jurisdicción más pobre de la Unión sin ser parte de la Unión y, de eliminarla, los sectores que se habían beneficiado de ella -la banca y la construcción- sufrirían un rudo golpe a sus intereses. Sin embargo, el Comisionado Residente en Washington, Romero Barceló cabildeó en el Congreso para que las eliminaran. Todo parece indicar que el abogado estadoísta le daba un significado político estratégico al asunto que Roselló González no compartía. Las primeras décadas del siglo 21 han demostrado que Romero Barceló se equivocó: el fin de la era de las 936 no adelantó la estadidad ni un centímetro.

En 1994 el Congreso acabó por disminuir los beneficios de la Sección 936 mediante la aprobación del Tax Equity and Fiscal Responsability Act. La excusa para ello, como se sabe, era la necesidad balancear el presupuesto federal. La secuela de todo ello fue que en 1996, ya se había decidido que la cancelación de su aplicación sería efectiva para enero de 2006. El hecho produjo una conmoción entre los estadolibristas y los defensores del estatus quo colonial. Rosselló González y Romero Barceló fueron responsabilizados por el hecho pero lo cierto es que tras ellos había poderosas fuerzas neoliberales que hubieran cancelado cualquier esfuerzo por mantener el privilegio. El asunto que se jugaba entre 1994 y 1994 no era la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, sino la estructura sobre la cual se apoyaría el mercado mundial de allí en adelante.

 

El fin de las 936 y la política

La administración Rosselló González enfrentó el asunto de un modo convencional. La alternativa para el país volvió a buscarse en el Código de Rentas Internas Federal por lo que se  solicitó el amparo de la Sección 30-A del mismo. La intención era que se le permitiera a Puerto Rico ofrecer créditos contributivos federales a las empresas vinculadas a la Sección 936, acorde con la cantidad de empleos que produjeran en el territorio. El objetivo era convertir el privilegio en un mecanismo para generar empleos bien pagados en una economía que sufría el mal crónico del desempleo estructural. El Congreso rechazó la petición. La impresión que deja aquel momento es que el Estado Libre Asociado se iba a quedar sin opciones en 2006, pero populares y penepés no parecían capaces de mirar en otra dirección que no fuese Washington cuando trataban de  mantener una imagen de progreso y crecimiento en la isla caribeña. El observador debería esperar que la imagen del imperio benévolo, inocente y bonachón comenzara a erosionarse desde 1996. Nada parece sostener ese criterio.

El efecto de la decisión de 1996 en el mercado local fue que desde 2001  los depósitos en los bancos locales comenzaron a menguar y la banca se contrajo. El ELA, que comenzó a dejar de percibir ingresos, tuvo que recurrir a explotar sus líneas de crédito para suplir la huida de los Fondos 936. La venta de bonos triplemente exentos de pago de contribuciones (federales o estatales) y seguros fue un éxito. No cabe la menor duda de que la “crisis fiscal” del presente tiene su base en el aumento en aquellas emisiones de bonos o compromisos de pago. Pero me parece que es necesario insistir en que la “crisis económica” rondaba al país desde 1970 y que la misma crecía vinculada a los cambios que conducía hacia el orden neoliberal.

El futuro económico incierto del Estado Libre Asociado, tenía que generar igual incertidumbre en torno a su futuro político. En ambos casos, estaba ante un “abismo”. El significado del “crecimiento del ELA” tenía que ser explicado. El hecho de que el Congreso cambiara las reglas de juego de manera radical, significaba que Puerto Rico tendría que manejar su futuro económico sin ningún tipo de privilegio fiscal del Tesoro Federal y que lo único que le quedaba era (y es) su presunta “autonomía” fiscal sostenida en su relación colonial con Estados Unidos. Entre 1996 y 2006 los ajustes no se llevaron a cabo en parte  porque el país no tenía soberanía para ello, y en parte porque el Congreso tampoco se ocupó del asunto.

La Sección 936 fue la última política económica de la posguerra que se aplicó en Puerto Rico. Lo cierto es que, visto a la distancia, el crecimiento de la economía local siempre había dependido de las exenciones contributivas y de la providencia o permisibilidad del estado. Pero en la década de 1990 el mercado libre entre Puerto Rico y Estados Unidos impuesto en 1900 ya no era exclusivo y por el contrario, como se verá más adelante,  se compartía con el resto del mundo. Teóricamente el neoliberalismo no admitía el exclusivismo ni el trato preferencial de un mercado

Pero en el caso de Puerto Rico la tentativa neoliberal resultaba contradictoria. El idealizado  regreso del liberalismo y la libre competencia no tocó el monopolio que posee Estados Unidos sobre el mercado local al amparo de las Leyes de Cabotaje (1900). Tampoco minó los privilegios de las compañías navieras de Jacksonville sobre el tráfico con Puerto Rico: el puerto suple el 90 % de los consumos de la isla. Ambas instancias, a no dudarlo, eran y son la expresión de una forma del “monopolio” o “cautividad” de un mercado ante otro que viola los fundamentos filosóficos del neoliberalismo.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente I

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Los caminos hacia el neoliberalismo

En términos globales la década del 1990 fue el escenario del fin de una era y el inicio de otra. Los efectos sobre Puerto Rico fueron enormes aunque su papel en el giro, dada su relación de sumisión colonial con Estados Unidos, fue muy poco. El Puerto Rico moderno y dependiente, producto de las prácticas legitimadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), vio como se cancelaban sus posibilidades, situación que abrió paso a un periodo de vacilación cuyos efectos aún no han sido superados. La incertidumbre económica, política y cultural, se manifestaron por doquier por el hecho de que las frágiles garantías que había ofrecido Operación Manos a la Obra (1947-1976) y su secuela,  la Sección 936 desde 1976, estaban en entredicho. Como se sabe, la condena final de la política de exenciones impuesta en 1976 se anunció en 1996 dejando al país con un periodo de 10 años, hasta 2006, para que hiciese los ajustes pertinentes para sobrevivir sin aquel recurso.

Los paradigmas sobre los cuales se habían apoyado las  políticas económicas de 1947 y 1976 se derrumbaron en la medida en que el capitalismo internacional, encabezado por Estados Unidos, se reorganizó recuperando la tradición del liberalismo clásico y la libre competencia desembocando en el discurso y la praxis neoliberal. La “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos, si alguna vez lo fue, dejó de serlo. El libre comercio con Estados Unidos se generalizó y la moneda común dejó de ser un rasgo exclusivo de nuestro mercado. Las “teorías del pacto” esgrimidas en 1952 por los defensores del estadolibrismo, había creado la ilusión de que existía un “pacto bilateral” entre  dos hipotéticos “iguales”. Los cambios de la década del 1990 demolieron aquella presunción.

Puerto Rico vio como las columnas sobre las cuales se había levantado el crecimiento económico (y dependiente) del Estado Libre Asociado -exenciones contributivas, trato preferencial selectivo, proteccionismo, asimetría salarial, austeridad en el gasto público, intervencionismo del estado en el mercado, ahorro individual- comenzaron a perder legitimidad en el nuevo orden. Incluso el papel adjudicado a la isla en el contexto de la Guerra Fría (1947-1991) tuvo que ser reevaluado: la “vitrina de la democracia” ante la “amenaza comunista” en Hispanoamérica era cosa del pasado tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El derrumbe de aquel espejismo hacía necesaria la reformulación de las relaciones entre, por un lado, Puerto Rico y Estados Unidos; y, por otro lado, Puerto Rico y el mundo.

 

Neoliberalismo y anticolonialismo

Aquellas circunstancias explican el hecho de que la década de 1990 fuese interpretada como un momento apropiado para la descolonización. De un modo u otro se comprendía que el orden de 1952 dejaría de ser funcional y que la soberanía, ya fuese en la forma del Estado 51, la Independencia o un Pacto de Libre Asociación, sería necesaria para facilitar la inserción del país en la economía neoliberal y global. El consenso, excepto en el influyente sector de los populares más conservadores, era que el ELA no era un estatuto soberano sino un régimen de dependencia colonial y que la interdependencia que la era global imponía como pauta, requería soberanía o independencia jurídica en buenos términos con Estados Unidos. Un tropiezo cardinal de aquel proceso fue que, cuando llegó el 2006 y cerró el periodo de transición tras la eliminación del amparo de la Sección 936, nada se había conseguido: la economía  estaba estancada y el tema del estatus empantanado.

El giro al neoliberalismo vino acompañado en Puerto Rico por el desprestigio del “orden democrático” emanado de la Segunda Guerra Mundial. La discursividad de la guerra contra el totalitarismo nazi y fascista había sido uno de los componentes del populismo del primer Partido Popular Democrático (1938). La confianza en la democracia electoral y el saneamiento de la imagen maltrecha de los partidos políticos como instrumento confiable de lucha para los puertorriqueños no tuvo un efecto permanente. El escándalo de la aplicación de la Ley Smith criollizada en la forma de la Ley de la Mordaza de 1948,  el asunto de la recopilación de las carpetas informativas de ciudadanos considerados potencialmente  subversivos  destapado en 1986,  su devolución y la demanda civil que generó el caso en 1992, desenmascararon el significado de la “democracia” en la era de la Guerra Fría. Aquella democracia electoral, partidista y constitucionalista había violado los derechos civiles de numerosos ciudadanos comunes de múltiples formas. Entre la Cheká, la Schutzstaffel, el Buró Federal de Investigaciones y la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico no había mucha diferencia. La discusión sobre este verdadero “déficit democrático” en el marco de la relación colonial, se hizo pública en numerosas publicaciones académicas y en la prensa del país.

La inestabilidad del orden heredado propició un auge inusitado pero comprensible del estadoísmo y sus organizaciones. Después de todo, el PPD era uno de los principales acusados y el independentismo, ya fuese socialdemócrata, socialista o nacionalista, atravesaba por un momento de reflexión que más bien parecía una crisis. Por eso la década de 1990 da la impresión de haber sido el decenio de un estadoísmo dinámico, encabezado por un liderato innovador y agresivo. El estadoísmo radical, exigente e inmediatista en cuanto al reclamo de Estado 51, cuya genealogía podría trazarse hasta la figura del abogado Carlos Romero Barceló, se impuso como el estilo dominante. Lo cierto es que desde 1968 al presente el estadoísmo ha ejecutado una revisión profunda de las posturas de su fundador, Luis A. Ferré Aguayo, y ha tomado tanta distancia de aquel como ya había tomado de José Celso Barbosa.

Pedro Rosselló González

Uno de los misterios que valdría la pena indagar en cuanto a aquel giro se develaría  si se pudiera responder la pregunta de cuánto pesa  dentro de estadoísmo puertorriqueño la afiliación demócrata y la republicana a la hora de diseñar una táctica para alcanzar la meta propuesta. La transición de un estadoísmo gradualista a uno inmediatista que se da entre 1968 y 1976 está marcada por ese fenómeno. En la década de 1990 los estadoístas  demócratas con  Pedro Rosselló González a la cabeza, coincidieron con el dominio demócrata en Estados Unidos con Bill Clinton. Pero no hay que olvidar que los demócratas de la segunda pos-guerra mundial, Franklyn D. Roosevelt y Harry S. Truman, y los del tránsito al neoliberalismo como Clinton,  eran distintos por completo. Roosevelt y Truman estuvieron dispuestos a  trabajar con un PPD que no quería ni la estadidad ni la independencia, a la vez que  manifestaba simpatías con las políticas del Nuevo Trato y la formulación del Estado Interventor. La relación Clinton/Rosselló era escabrosa: el presidente tuvo que trabajar con demócratas que presionaban por la incorporación y el  Estado 51 que él no defendía. Del mismo modo, el interés del gobierno federal por “descolonizar” que dominó en la década de 1940, ya no era tan visible en década de 1990 porque, entre otras cosas, el fin de la Guerra Fría (1989-1991) convirtió el tema de Puerto Rico, que nunca había sido  prioritario, en un asunto invisible. En 1990, la incomprensión entre las partes involucradas era bidireccional o mutua.

 

Conservadores y soberanistas

El auge estadoísta de la década de 1990 estimuló el reavivamiento de lo que ahora se conocía como “soberanismo” en el PPD, actitud que persistía en la creencia de que el Estado Libre Asociado era una forma de “autonomía” que serviría como preparación para la independencia. El soberanismo reproducía la teoría de los “tres pasos o etapas” que sirvió de apoyo a Luis Muñoz Rivera y José De Diego Martínez cuando fundaron el Partido Unión de Puerto Rico, y la teoría de la “independencia a la vuelta de la esquina” apoyada por Luis Muñoz Marín en la década de 1940.  La paradoja de aquella hipótesis interpretativa era que, tanto los unionistas como los populares, terminaron por renunciar a la independencia en algún momento.

La “Nueva Tesis” de Rafael Hernández Colón (1978-1979) fue un intento de cerrar desde arriba y autoritariamente el debate sobre la relación colonial dentro del PPD.  El momento en que se formuló representó, desde mi punto de vista, una respuesta defensiva a la victoria del PNP entonces bajo la dirección de Romero Barceló. El alegato de Hernández Colón era que, dada que la  independencia era irrealizable y la estadidad económicamente inconveniente, había que aceptar que el  ELA era la “solución final” al debate estatutario. La tesis no obligaba al inmovilismo pero reducía el margen de acción del cambio estatutario a los límites dominantes desde el 1952. El conservadurismo se impuso en ese segmento de la cúpula del PPD.

Willie Miranda Marín

El problema era que, en la década de 1990 el argumento de Hernández Colón,  no hacía sentido. Las razones de los críticos de la “Nueva Tesis” dentro y fuera del PPD eran predecibles. El orden que había inventado al ELA ya no existía y el “déficit democrático” del régimen de relaciones había de ser reconocido por el mismo Hernández Colón en 1998. En su retórica jurídica, el reconocimiento del problema no  tenía que interpretarse como una señal de que debía romperse con los esquemas del 1952. Por el contrario, los conservadores han insistido en que lo más práctico es y será trabajar el cambio -superar el “déficit democrático”- en el marco del ELA sin quebrar sus fundamentos más celebrados: la autonomía fiscal y arancelaria. La actitud es comprensible pero, me parece, debería ser discutida con más profundidad a fin de que resulte más convincente al día de hoy. La meta de una táctica política como la de los conservadores del PPD ha sido denominada en ocasiones con el nombre de ELA Soberano o Culminado, pero el concepto jurídico no parece encajar en el lenguaje estándar del Derecho Internacional como tampoco encajaba el concepto jurídico del ELA.  Del mismo modo, tampoco ha tenido mucho éxito entre los soberanistas más exigentes que parecen concebirlo como una propuesta contradictoria, poco clara o como una paradoja de derecho.

El soberanismo articuló durante la década de 1990 una respuesta más o menos coherente al problema del estatus al calor de dos procesos de consulta: los plebiscitos de estatus de 1993 y 1998. La década de estadoísmo radical necesitaba medir el pulso de su proyecto y los plebiscitos siempre han sido considerados en la tradición electoral local como la más precisa encuesta de opinión. Lo interesante es que las figuras dominantes de la nueva ola soberanista del 1990  no surgiese del alto liderato de la organización popular sino de tres poderosos alcaldes: William Miranda Marín de Caguas, José Aponte de la Torre de Carolina y Rafael Cordero Santiago de Ponce, todos ya fallecidos. Me da la impresión de que, ideológicamente y en su praxis, los tres representaban la tradición populista y radical del primer PPD, el de 1938 a 1943. La gran diferencia entre estos y aquellos es que el soberanismo populista de los años 1940 se alimentaba de un fuerte corriente ruralista propia de un Puerto Rico preindustrial y agrario. En la década del 1990 la propuesta ideológica ya se había urbanizado y poseía una tesitura completamente distinta. El resultado de aquel proceso fue la fundación de Alianza Pro Libre Asociación Soberana cuyo efecto sobre los sectores moderados del PPD sigue siendo poco. El superviviente de aquel grupo fundacional fue Marco A. Rigau, figura fuerte detrás de la líder soberanista Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de la capital.