Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

febrero 14, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIII

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

La derrota del PNP en las elecciones de 2000 parecía segura. La candidatura de Sila M. Calderón Serra se fortaleció gracias al papel protagónico que desempeñó aquella figura durante el ejercicio plebiscitario y a su bien articulada campaña de la “fuerza positiva”. La transparencia del gobierno o glasnost fue uno de los temas dominante en la misma, lenguaje que representaba una acusación a la administración Rosselló González. Las posibilidades de que Calderón pudiese completar la tarea inacabada de Muñoz Mendoza, conducir a una mujer a la posición a ocupar la jefatura del ejecutivo, eran altas. La derrota de una aspirante como Muñoz Mendoza, la hija del fundador del PPD, debió ser interpretada como una señal de que ciertos aspectos del pasado del partido habían, la sombra diluida de Muñoz Marín, habían sido dejados atrás de una manera irreversible. Tras el ejercicio electoral del 2000 la retórica muñocista y la apelación a su imagen se ha reducido a los días intensos de las contiendas cuando se acercan las elecciones o a las conmemoraciones oficiales o no oficiales de los “logros” del Estado Libre Asociado cada 25 de julio.

Sila M. Calderón Serra, gobernadoraCalderón Serra le dio un nuevo tono al populismo con su discursividad comprometida con los nuevos pobres ahora renominadas como comunidades especiales. Con aquella actitud aseguró el apoyo de los sectores más tradicionalistas del partido revivificando el discurso del compromiso con los desposeídos y atrajo a numerosos no populares que compartían esa concepción de estado benefactor en especial en las izquierdas moderadas. Aquel lenguaje implicaba el reconocimiento de uno de los grandes fracasos de la relación colonial: dependencia y pobreza habían caminado de la mano durante todo el siglo 20. Calderón quería saludar el siglo 21 con un gobierno que enfrentará el problema de una manera eficiente. Todo ello y su vinculación y afinidad con el caudillo Hernández Colón, la convirtieron en una candidata atractiva incluso para aquellos estadoístas que habían terminado chocando con el estilo atropellado, agresivo y mediático de Rosselló González. La leyenda de Calderón Serra como la “primera secretaria de estado” abonaba las posibilidades de que fuese también la “primera gobernadora”.

Por último, los resultados de la consulta de estatus de 1998 y la victoria de la “quinta columna” o “ninguna de las anteriores”, podían ser demagógicamente interpretados como una expresión de que gente no quería resolver el estatus, postura que siempre beneficia más a los quietistas y a los estadolibristas remisos en apoyar un cambio sustancial en la relación con Estados Unidos. La imagen de la “dama impecable” que consiguió mantener Calderón Serra durante aquel cuatrienio tendría que pasar la prueba del sexismo del “político vociferante” que dominaba el escenario electoral colonial. Derrotar a Rosselló González y acceder al poder era, en ese sentido, una prueba histórica.

¿Por qué “la fuerza” abandonó a Roselló González?

¿Qué explica la debilidad del PNP y Rosselló González después del 1998? Si prescindo de la derrota de la causa estadoísta en el plebiscito que siempre incómoda a un electorado que percibe las contiendas como un deporte o un juego de habilidades, las razones son muchas. El gobernador tomó una serie de decisiones y adoptó posturas públicas que erosionaron la imagen de líder progresista, secular, atrevido y pragmático que le habían llevado al triunfo. La reducción del rossellismo a un icono le restó complejidad a una figura cuyo magnetismo era comparable al que había desarrollado Muñoz Marín en su mejor momento. El poder y la necesidad de mantenerlo en nombre de una causa, generó un culto a la personalidad que emasculó a ambas figuras reduciéndolas a una caricatura de sí mismas. Me parece que las personalidades públicas de esta categoría deberían saber cuándo guardar silencio y reconocer en qué momento despedirse o echarse a un lado. Aquella sería una manera elegante de evitar que los silencien o los echen a un lado por la fuerza. Es cierto que el culto a la personalidad de Muñoz Marín resulta insuperable, pero los efectos adversos de la voluntad de perpetuarse en líderes como Rosselló González, Berríos Martínez, Hernández Colón o Romero Barceló, entre otros, no dejan de llamar la atención: la falsa conciencia de que son “necesarios” para que el país funcione los consume.

Las decisiones erráticas fueron varias. Primero, estrechó vínculos con sectores del fundamentalismo evangélico y llegó al extremo de donar tierras de dominio público al culto-empresa denominado “Clamor a Dios”, propiedad del empresario y Reverendo Jorge Raschke. El acto llamaba la atención por la vinculación del evangelista con el republicanismo estadounidense más conservador, hecho que contrastaba con la imagen de un gobernador que siempre había hecho alarde de su compromiso con la praxis demócrata. Claro, en Puerto Rico paradójicamente se podía ser demócrata-republicano o católico-protestante: el arte del acomodo en nombre de las causas que se defienden no tiene límite en ese aspecto. El Rosselló González del final de su octenio era distinto del que inició el mismo.

Segundo, la política de privatización y la conflictividad que la misma generó fueron decisivas. No se puede pasar por alto que aquellas eran las primeras expresiones de aquella tendencia al desmantelamiento del Estado Interventor que había crecido como expresión del orden emanado de la segunda posguerra mundial y la Guerra Fría. Los observadores de aquel periodo coinciden en que el caso clave fue el de la PRTC y la huelga general que emanó de la resistencia a su privatización. La valoración de aquel orden tardomoderno era común en los dos partidos políticos con acceso al poder desde 1968: el PNP y el PPD. Sin tomar en cuenta la oposición el gobernador actuó, acorde con la prensa, de modo autoritario y autorizó la represión de la protesta pública, como ya se ha comentado antes.

Tercero, no puede obviarse el papel que tuvo un desastre natural: el huracán “Georges” una tormenta categoría 3 que afectó la isla desde el 21 de septiembre de 1998. Algunos sectores presionaron para que, dada la crisis material producida por el fenómeno, se pospusiese la consulta estatutaria. El gobernador fue sordo a las mismas por lo que la imagen de Rosselló González como un dignatario autoritario o soberbio se confirmó y acabó por disgustar a “electorado flotante”. Si a ello se añade la percepción generalizada de que aquel era un “gobierno corrupto”, se comprenderá la fragilidad de este candidato a la altura de 2000. La capacidad de Calderón Serra para reunificar las fuerzas dispersas del PPD en el marco de la erosión del rossellato no puede ser puesta en duda.

 

diciembre 10, 2015

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente I

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

Los caminos hacia el neoliberalismo

En términos globales la década del 1990 fue el escenario del fin de una era y el inicio de otra. Los efectos sobre Puerto Rico fueron enormes aunque su papel en el giro, dada su relación de sumisión colonial con Estados Unidos, fue muy poco. El Puerto Rico moderno y dependiente, producto de las prácticas legitimadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), vio como se cancelaban sus posibilidades, situación que abrió paso a un periodo de vacilación cuyos efectos aún no han sido superados. La incertidumbre económica, política y cultural, se manifestaron por doquier por el hecho de que las frágiles garantías que había ofrecido Operación Manos a la Obra (1947-1976) y su secuela,  la Sección 936 desde 1976, estaban en entredicho. Como se sabe, la condena final de la política de exenciones impuesta en 1976 se anunció en 1996 dejando al país con un periodo de 10 años, hasta 2006, para que hiciese los ajustes pertinentes para sobrevivir sin aquel recurso.

Los paradigmas sobre los cuales se habían apoyado las  políticas económicas de 1947 y 1976 se derrumbaron en la medida en que el capitalismo internacional, encabezado por Estados Unidos, se reorganizó recuperando la tradición del liberalismo clásico y la libre competencia desembocando en el discurso y la praxis neoliberal. La “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos, si alguna vez lo fue, dejó de serlo. El libre comercio con Estados Unidos se generalizó y la moneda común dejó de ser un rasgo exclusivo de nuestro mercado. Las “teorías del pacto” esgrimidas en 1952 por los defensores del estadolibrismo, había creado la ilusión de que existía un “pacto bilateral” entre  dos hipotéticos “iguales”. Los cambios de la década del 1990 demolieron aquella presunción.

Puerto Rico vio como las columnas sobre las cuales se había levantado el crecimiento económico (y dependiente) del Estado Libre Asociado -exenciones contributivas, trato preferencial selectivo, proteccionismo, asimetría salarial, austeridad en el gasto público, intervencionismo del estado en el mercado, ahorro individual- comenzaron a perder legitimidad en el nuevo orden. Incluso el papel adjudicado a la isla en el contexto de la Guerra Fría (1947-1991) tuvo que ser reevaluado: la “vitrina de la democracia” ante la “amenaza comunista” en Hispanoamérica era cosa del pasado tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El derrumbe de aquel espejismo hacía necesaria la reformulación de las relaciones entre, por un lado, Puerto Rico y Estados Unidos; y, por otro lado, Puerto Rico y el mundo.

 

Neoliberalismo y anticolonialismo

Aquellas circunstancias explican el hecho de que la década de 1990 fuese interpretada como un momento apropiado para la descolonización. De un modo u otro se comprendía que el orden de 1952 dejaría de ser funcional y que la soberanía, ya fuese en la forma del Estado 51, la Independencia o un Pacto de Libre Asociación, sería necesaria para facilitar la inserción del país en la economía neoliberal y global. El consenso, excepto en el influyente sector de los populares más conservadores, era que el ELA no era un estatuto soberano sino un régimen de dependencia colonial y que la interdependencia que la era global imponía como pauta, requería soberanía o independencia jurídica en buenos términos con Estados Unidos. Un tropiezo cardinal de aquel proceso fue que, cuando llegó el 2006 y cerró el periodo de transición tras la eliminación del amparo de la Sección 936, nada se había conseguido: la economía  estaba estancada y el tema del estatus empantanado.

El giro al neoliberalismo vino acompañado en Puerto Rico por el desprestigio del “orden democrático” emanado de la Segunda Guerra Mundial. La discursividad de la guerra contra el totalitarismo nazi y fascista había sido uno de los componentes del populismo del primer Partido Popular Democrático (1938). La confianza en la democracia electoral y el saneamiento de la imagen maltrecha de los partidos políticos como instrumento confiable de lucha para los puertorriqueños no tuvo un efecto permanente. El escándalo de la aplicación de la Ley Smith criollizada en la forma de la Ley de la Mordaza de 1948,  el asunto de la recopilación de las carpetas informativas de ciudadanos considerados potencialmente  subversivos  destapado en 1986,  su devolución y la demanda civil que generó el caso en 1992, desenmascararon el significado de la “democracia” en la era de la Guerra Fría. Aquella democracia electoral, partidista y constitucionalista había violado los derechos civiles de numerosos ciudadanos comunes de múltiples formas. Entre la Cheká, la Schutzstaffel, el Buró Federal de Investigaciones y la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico no había mucha diferencia. La discusión sobre este verdadero “déficit democrático” en el marco de la relación colonial, se hizo pública en numerosas publicaciones académicas y en la prensa del país.

La inestabilidad del orden heredado propició un auge inusitado pero comprensible del estadoísmo y sus organizaciones. Después de todo, el PPD era uno de los principales acusados y el independentismo, ya fuese socialdemócrata, socialista o nacionalista, atravesaba por un momento de reflexión que más bien parecía una crisis. Por eso la década de 1990 da la impresión de haber sido el decenio de un estadoísmo dinámico, encabezado por un liderato innovador y agresivo. El estadoísmo radical, exigente e inmediatista en cuanto al reclamo de Estado 51, cuya genealogía podría trazarse hasta la figura del abogado Carlos Romero Barceló, se impuso como el estilo dominante. Lo cierto es que desde 1968 al presente el estadoísmo ha ejecutado una revisión profunda de las posturas de su fundador, Luis A. Ferré Aguayo, y ha tomado tanta distancia de aquel como ya había tomado de José Celso Barbosa.

Pedro Rosselló González

Pedro Rosselló González

Uno de los misterios que valdría la pena indagar en cuanto a aquel giro se develaría  si se pudiera responder la pregunta de cuánto pesa  dentro de estadoísmo puertorriqueño la afiliación demócrata y la republicana a la hora de diseñar una táctica para alcanzar la meta propuesta. La transición de un estadoísmo gradualista a uno inmediatista que se da entre 1968 y 1976 está marcada por ese fenómeno. En la década de 1990 los estadoístas  demócratas con  Pedro Rosselló González a la cabeza, coincidieron con el dominio demócrata en Estados Unidos con Bill Clinton. Pero no hay que olvidar que los demócratas de la segunda pos-guerra mundial, Franklyn D. Roosevelt y Harry S. Truman, y los del tránsito al neoliberalismo como Clinton,  eran distintos por completo. Roosevelt y Truman estuvieron dispuestos a  trabajar con un PPD que no quería ni la estadidad ni la independencia, a la vez que  manifestaba simpatías con las políticas del Nuevo Trato y la formulación del Estado Interventor. La relación Clinton/Rosselló era escabrosa: el presidente tuvo que trabajar con demócratas que presionaban por la incorporación y el  Estado 51 que él no defendía. Del mismo modo, el interés del gobierno federal por “descolonizar” que dominó en la década de 1940, ya no era tan visible en década de 1990 porque, entre otras cosas, el fin de la Guerra Fría (1989-1991) convirtió el tema de Puerto Rico, que nunca había sido  prioritario, en un asunto invisible. En 1990, la incomprensión entre las partes involucradas era bidireccional o mutua.

 

Conservadores y soberanistas

El auge estadoísta de la década de 1990 estimuló el reavivamiento de lo que ahora se conocía como “soberanismo” en el PPD, actitud que persistía en la creencia de que el Estado Libre Asociado era una forma de “autonomía” que serviría como preparación para la independencia. El soberanismo reproducía la teoría de los “tres pasos o etapas” que sirvió de apoyo a Luis Muñoz Rivera y José De Diego Martínez cuando fundaron el Partido Unión de Puerto Rico, y la teoría de la “independencia a la vuelta de la esquina” apoyada por Luis Muñoz Marín en la década de 1940.  La paradoja de aquella hipótesis interpretativa era que, tanto los unionistas como los populares, terminaron por renunciar a la independencia en algún momento.

La “Nueva Tesis” de Rafael Hernández Colón (1978-1979) fue un intento de cerrar desde arriba y autoritariamente el debate sobre la relación colonial dentro del PPD.  El momento en que se formuló representó, desde mi punto de vista, una respuesta defensiva a la victoria del PNP entonces bajo la dirección de Romero Barceló. El alegato de Hernández Colón era que, dada que la  independencia era irrealizable y la estadidad económicamente inconveniente, había que aceptar que el  ELA era la “solución final” al debate estatutario. La tesis no obligaba al inmovilismo pero reducía el margen de acción del cambio estatutario a los límites dominantes desde el 1952. El conservadurismo se impuso en ese segmento de la cúpula del PPD.

Williie MIranda Marín

Willie Miranda Marín

El problema era que, en la década de 1990 el argumento de Hernández Colón,  no hacía sentido. Las razones de los críticos de la “Nueva Tesis” dentro y fuera del PPD eran predecibles. El orden que había inventado al ELA ya no existía y el “déficit democrático” del régimen de relaciones había de ser reconocido por el mismo Hernández Colón en 1998. En su retórica jurídica, el reconocimiento del problema no  tenía que interpretarse como una señal de que debía romperse con los esquemas del 1952. Por el contrario, los conservadores han insistido en que lo más práctico es y será trabajar el cambio -superar el “déficit democrático”- en el marco del ELA sin quebrar sus fundamentos más celebrados: la autonomía fiscal y arancelaria. La actitud es comprensible pero, me parece, debería ser discutida con más profundidad a fin de que resulte más convincente al día de hoy. La meta de una táctica política como la de los conservadores del PPD ha sido denominada en ocasiones con el nombre de ELA Soberano o Culminado, pero el concepto jurídico no parece encajar en el lenguaje estándar del Derecho Internacional como tampoco encajaba el concepto jurídico del ELA.  Del mismo modo, tampoco ha tenido mucho éxito entre los soberanistas más exigentes que parecen concebirlo como una propuesta contradictoria, poco clara o como una paradoja de derecho.

El soberanismo articuló durante la década de 1990 una respuesta más o menos coherente al problema del estatus al calor de dos procesos de consulta: los plebiscitos de estatus de 1993 y 1998. La década de estadoísmo radical necesitaba medir el pulso de su proyecto y los plebiscitos siempre han sido considerados en la tradición electoral local como la más precisa encuesta de opinión. Lo interesante es que las figuras dominantes de la nueva ola soberanista del 1990  no surgiese del alto liderato de la organización popular sino de tres poderosos alcaldes: William Miranda Marín de Caguas, José Aponte de la Torre de Carolina y Rafael Cordero Santiago de Ponce, todos ya fallecidos. Me da la impresión de que, ideológicamente y en su praxis, los tres representaban la tradición populista y radical del primer PPD, el de 1938 a 1943. La gran diferencia entre estos y aquellos es que el soberanismo populista de los años 1940 se alimentaba de un fuerte corriente ruralista propia de un Puerto Rico preindustrial y agrario. En la década del 1990 la propuesta ideológica ya se había urbanizado y poseía una tesitura completamente distinta. El resultado de aquel proceso fue la fundación de Alianza Pro Libre Asociación Soberana cuyo efecto sobre los sectores moderados del PPD sigue siendo poco. El superviviente de aquel grupo fundacional fue Marco A. Rigau, figura fuerte detrás de la líder soberanista Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de la capital.

julio 12, 2015

Miradas al treinta: del Aliancismo al Nacionalismo

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador escritor

 

El otro lugar de esta genealogía es el 1930, la coyuntura que marca la radicalización del Partido Nacionalista y que se ha vinculado a la gestión presidencial de Pedro Albizu Campos. Muchas de las fisuras de la Generación del 1930 se pueden leer en el albizuísmo de aquellos años. La radicalización del Partido Nacionalista ha sido reducida a su disposición, cada vez más visible, al uso de la violencia. La justificación moral de Albizu Campos era que ya se habían agotado todos los recursos de negociación diplomática y se imponía dar el frente al invasor de una manera franca y sin dobleces. El abogado estaba convencido de que estaba inventando un “Nacionalismo de Verdad” sobre las cenizas de otro “Nacionalismo de Cartón”. Se trataba de una fuerte acusación a la historia política del país. Entre los imputados se encontraban desde José De Diego hasta Antonio R. Barceló. Pero su comentario también incluía a universitarios y ateneístas de todo tipo a los que, me parece, veía como las virtuales “lenguas sin manos” del Cid.

En términos simbólicos y mediáticos, Albizu Campos había echado a “los mercaderes del templo”, según La Democracia. En términos tácticos y de praxis, apelaba a la “acción inmediata”, una traducción de la urgencia que, de acuerdo con los periódicos El Tiempo y El Mundo, imponía una era de crisis. Otra vez en El Mundo de agosto de 1930, Albizu Campos fue más gráfico cuando aseveró: “si no nos oye, recurriremos entonces a las armas”. Albizu Campos es el síntoma político de un aspecto del 1930 que se ha olvidado: la irascibilidad y la desesperación. La actitud lo condujo a cuestionar varios pilares de la cultura del treinta, hecho que lo convirtió en una figura marginal de la época en la que se formó.

1930Aquella agresividad era contraria a la sobriedad y moderación que caracterizó la generalidad de los intelectuales de la Generación del 1930. Lo que me interesa ahora es mirar aquellos pilares del treinta que no le conmovieron, sus diferendos y choques con varios iconos del pensamiento del treinta. Se trata de temas fundamentales: la democracia electoral, el socialismo y los obreros, la mujer y la universidad. Son cuatro asuntos consustanciales con la filosofía de la Generación del 1930 y que fueron esenciales para la Modernización que vivió el país después de la Segunda Guerra Mundial. En todos los casos, Albizu Campos manifestaba con pasión posturas antitéticas y, por lo tanto, inesperadas. El núcleo de todas ellas radicaba en una concepción exclusivista de la Nacionalidad.

Lo que más se recuerda es su opinión sobre la democracia electoral. A Albizu Campos le molestó la Ley Electoral que facultó la legalización de la anómala Alianza Puertorriqueña pero, a pesar de ello, concurrió a las elecciones de 1932. El resultado de las elecciones le condujo a aconsejar a los electores “a no recurrir a las urnas”. El boicot que nació como un acto de protesta, se convirtió en cuestión de principios, dejando todo el espacio a la táctica de la “acción inmediata”. La idea de producir una “crisis” a Estados Unidos en Puerto Rico, no dependía de la “acción inmediata” o de la violencia solamente. Lo cierto es que también se le podía crear una “crisis” a través de la contienda electoral. Bastaba que el Partido Nacionalista ganara los comicios, reclamara la Convención Constituyente y se le negara la petición. La paradoja consistía en que el antielectoralismo contradecía la lógica dominante desde el 1930, periodo en el cual las “elecciones limpias” fueron vistas como un logro excepcional del Popularismo.

El otro punto deriva de las opiniones de Albizu Campos respecto al socialismo y los obreros. El Novotratismo fue un tipo de Populismo Providencialista y Benefactor que ganó para Franklyn Delano Roosevelt y el gobernador Rexford Guy Tugwell, el mote de comunistas y radicales. El Popularismo se montó en el carro sin problemas sobre la base de su idea de la Independencia con Justicia Social. El Partido Nacionalista se negó. En junio de 1923, en una entrevista para El Mundo, Albizu Campos, casi como un lamento, reconocía en el socialismo “una actitud que va in crescendo” en todas partes. Su relación con el Partido Socialista siempre fue problemática por el hecho de que aquella organización fundada en 1915, favorecía de facto al Estadoísmo. El abogado los acusaba de ignorar lo que defendían: “desconoce (n) las teorías políticas filosóficas y religiosas que inspiraron el socialismo” y sugiere que “debe desarmársele con concesiones económicas”. Sin embargo, a pesar de que el arma para detener el socialismo era el Novotratismo, en 1932 condenó las ayudas federales de ese tipo como un acto de inmoral mendicidad. Sobre bases tan frágiles, descartó cualquier posibilidad de alianzas con los socialistas puertorriqueños. La contradicción radica en que todos los investigadores reconocen hoy el papel que cumplieron numerosos socialistas y comunistas en la consolidación del Popularismo entre 1936 y 1938.

El tercer nudo tiene que ver con las mujeres y con la proyección del Partido Nacionalista como una organización masculina y patriarcalista. La virtud, en una organización presumiblemente combatiente, era una posesión viril: las mujeres servían al soldado pero no peleaban. Sin embargo, debo aclarar que la cuestión femenina siempre fue una prioridad para los socialistas y los republicanos los cuales, una vez en el poder en 1932, favorecieron la institucionalización del sufragio femenino. La reticencia venía de antiguo: en una entrevista para El Mundo en mayo de 1924, Albizu Campos criticaba la promesa de Partido Unión de legalizar el sufragio femenino, acusando a aquella organización de que se valía “de la falda de una mujer como escudo” para defenderse de las críticas. Todavía en 1930, cuando advino a la presidencia del Partido Nacionalista, acusó a las mujeres de “flojedad cívica” y aseguraba que “las mujeres no pueden entrar en el juego ridículo y suicida de nuestra política partidista”. Lo que estaba detrás de aquellas palabras era el hecho de muchas de las sufragistas puertorriqueñas apoyaban el estadoísmo de cara a las elecciones de 1932, hecho que Albizu Campos tildaba como un acto de desorientación propio del género. Albizu Campos entró en un debate sordo con las sufragistas que, a la larga, afectó su imagen ante aquel sector social. La feminidad vista como ausencia de valor, traducía bien su rancio catolicismo. Pero en un orden social que, bien o mal, comenzaba a reevaluar la cuestión femenina a la luz de la secularización de los valores colectivos, resultaba chocante.

El último nudo tiene que ver con la universidad y los universitarios, otro de los signos de la Generación del 1930. En 1930, ya presidente de su colectividad, criticaba el colaboracionismo de la Universidad de Puerto Rico con el régimen colonial. En marzo de ese año, otra vez en El Mundo, descartaba el activismo estudiantil como una opción política cuando alegaba que “los jóvenes que actualmente estudian en la universidad no deben hacer política activa. Ellos necesitan sus energías para el estudio”. En 1935 tuvo su mayor choque con la Universidad. En un discurso público en Maunabo, acusó a la institución de producir “traidores”, “cobardes” y “afeminados” y recordaba a la institución la necesidad producir “patriotas viriles”. En la práctica, le reclamaba a la Universidad Territorial y Colonial, los deberes de una Universidad Nacional. Albizu Campos siempre consideró al Canciller Carlos Chardón, uno de los artífices del Novotratismo y de la Modernización Populista, como un enemigo de la Nacionalidad. La contradicción radica en que en esa universidad se gestó la Generación del Treinta.

 

Mal llamadas conclusiones

Ahora retorno a las premisas iniciales:

  1. La década del 1930 se caracteriza por la peor crisis económica del siglo 20.
  2. La Generación del 1930 interpretó y apropió la crisis, la enfrentó con eficacia y salvó la Identidad y la Nacionalidad Puertorriqueña.
  3. Los intelectuales universitarios fueron los responsables de aquel proceso de recuperación económica y cultural.

La deriva es que la primera conduce a la otra, la crisis a la síntesis original. Todo esto me parece una simpleza que evade la complejidad y las contradicciones. El Partido Nacionalista y el Nacionalismo de “acción inmediata” representan un contrapunto generacional, si cabe el concepto. No compartieron todos los valores de la Generación del 1930. A pesar de ello, todavía se les proclama como el rostro político más emblemático de aquel momento.

La tendencia a la racialización de la historia en la que insistió el Nacionalismo Treintista, no condujo a la confrontación con el otro. Pesó más la idea de la hibridación o del mestizaje articulado por los aliancistas y que luego maduró en el contexto de Novotratismo y el Popularismo. La concepción exclusivista de la Nacionalidad -una Nación sin socialistas, sin obreros, sin mujeres y sin universitarios colonizados-, en lugar de favorecer la victoria del Partido Nacionalista, vigorizó a la Coalición Puertorriqueña de tendencias estadoístas en 1932 y 1936.

Lo cierto es que el Nacionalismo de Albizu Campos, representó un fenómeno único de su tiempo, fue una cuña interesante en la década y en la Generación de 1930. Hubo otras igualmente originales. El Independentismo con Justicia Social, luego Popularismo, fue otra de ellas. La conciencia del 1930 fue el escenario de dos nacionalismos o bien de populismos. Una serie de condiciones como el Nuevo Trato y la Segunda Guerra Mundial, movieron la balanza a favor del Popularismo y forzaron la cancelación del sueño de la independencia. Lo que se salvó para la cultura no fue poca cosa: una versión de la Identidad y la Nacionalidad Puertorriqueña que transgredía numerosas tradiciones. Se trataba de un collage que garantizaba la renovación del ideal de la Modernidad que muchos consideraban perdida en tiempos de la Gran Depresión.

 

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 11 de Mayo de 2012.

marzo 29, 2013

Reformas económicas y cambio social: una introducción

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

 

El período que va de 1940 a 1964 fue determinante en la configuración de la imagen del Puerto Rico moderno. A lo largo de aquellos 24 años, se consolidaron las estructuras de lo que se denominaría el Estado Interventor, Providencial o Benefactor que el país ha visto disolverse desde la década de 1990. Aquel proceso tuvo la peculiaridad de que se ofreció en el contexto de una relación de dependencia colonial con Estados Unidos que fue refinada en 1952 por medio de la constitución del territorio no incorporado en un Estado Libre Asociado. El caso de Puerto Rico es, por lo tanto, único.

La victoria parcial del Partido Popular Democrático en las elecciones de 1940 jugó un papel determinante. La intención de los populares estaba por cumplirse: la relación entre la gente y el Estado sufrió un cambio interesante. En términos generales, la impresión de que el Estado actuaría como un mediador justo en las tensas relaciones entre el Pueblo y el Mercado se afirmó. Los cuadros administrativos del PPD tenían una gran responsabilidad a cuestas. La tarea no debía ser difícil por el hecho de que el referente inmediato que poseía la gente era el gobierno de la Coalición Puertorriqueña. Los Republicanos y los Socialistas eran considerado como lo socios naturales de los grandes intereses y el capital absentista.

Puerto Rico, Puerto Pobre

Puerto Rico, Puerto Pobre

Para consolidar su imagen, el PPD se apoyó en un conjunto de actos que confirmaban su compromiso moral y material con la gente. El lenguaje del “Nuevo Trato” fue instrumentalizado con eficacia por el liderato que rodeaba a Luis Muñoz Marín, una figura carismática no exenta del autoritarismo que caracterizó a los líderes de los movimientos populistas de su tiempo. Las acciones de los populares traducían las políticas de los Demócratas en Estados Unidos. Muñoz, Roosevelt y Tugwell, fueron las figuras emblemáticas de aquel momento de cambio al cual todavía se apela en momento de crisis hoy.

El proceso no se desarrolló sin tropiezos. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, las derechas políticas, identificadas con los Republicanos, calificaron como socialistas aquellas prácticas. Su alegato era que el Novotratismo atentaba contra los valores de la Libre Empresa y la Libre Competencia y minaban las bases del capitalismo liberal clásico. Pero no tomaban en cuenta que aquellas prácticas se llevaban a cabo con el fin de salvar el capitalismo y no con el propósito de socializar la riqueza y eliminar la propiedad privada. Las derechas perdieron la compostura ante el reformismo una vez vieron amenazado el control sobre el capital y, con ello, su posición social.

La aplicación del “Nuevo Trato” tuvo el efecto de suavizar las tensiones políticas y las tensiones de clase en Puerto Rico dentro de los sectores más propensos a la moderación. El único sector que no se tranquilizó fue el Partido Nacionalista, representado por la voz de su Presidente Pedro Albizu Campos. Tanto en 1930, en medio de la Gran Depresión, como en 1950 en el preámbulo de la construcción del ELA, sus posturas se endurecieron y respondió con la violencia.

El elemento más característico de aquel período fue, como se ha dicho, que el Estado desempeñó un papel muy activo en el mercado y la economía. La práctica de “dejar hacer, dejar pasar” propia del capitalismo clásico fue revisada, y el Estado comenzó a intervenir y regular las prácticas económicas y, cuando fue posible se convirtió en un agente activo. La novedad era que el capital público estuvo en posición de competir con el capital privado, todo ello en nombre del Pueblo. La diversificación de las funciones del Estado fue clave en el proceso de profesionalización de su plantilla de funcionarios y el crecimiento del mismo. El servicio público según lo conocemos y lo que acabó por denominarse el “gigantismo estatal”, encuentran sus fuentes en aquel proceso.

Teodoro Moscoso: un signo del Puerto Rico industrial y dependiente

Teodoro Moscoso: un signo del Puerto Rico industrial y dependiente

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la imagen que se tenía en aquel entonces se apoyaba en el convencimiento de que el Estado podía ofrecer servicios de más alta calidad y a un costo más bajo que la empresa privada. El egoísmo en que se apoyaba la empresa privada no era entonces una característica atribuible al Estado. La percepción dominante era que el Estado era el representante sincero del pueblo ante la explotación del capital. Si se compara aquella situación con los argumentos que se han utilizado en los últimos 20 años para justificar las privatizaciones de los bienes públicos, se comprenderá el abismo que existe entre aquel momento y el presente.

El PPD consiguió sus metas inmediatas mediante la instauración de una serie de medidas y la creación de un conjunto de entidades que estimularon y racionalizaron las estructuras económicas del país. El modelo más importante fueron una serie de corporaciones públicas que tuvieron el deber de invertir capital público en infraestructura útil y una serie de obras modernizadoras. El proceso marcó el camino del país a la modernización de una manera convincente y palpable, y cambió las percepciones sociales y culturales de la mayoría de los puertorriqueños. La idea de que se estaba “rompimiento con el pasado” resultaba innegable para aquella generación de puertorriqueños. La gente estuvo en posición de apreciar el “cambio que se ve” más que en ninguna otra época de la historia nacional. Si fuera a hablar de un momento “traumático” en el pasados colectivo, no escogería el 1898 y el “cambio de soberanía” sino el camino que se abrió para el país después de 1940.

 

Las medidas

Las medidas más significativas que se tomaron iban en dos direcciones: una miraba hacia el pasado y la otra hacia el futuro. De cara al pasado, en 1941 se aprobó una Ley de Tierras con el fin de cumplir una promesa esperada por muchos: la articulación de una reforma agraria y minar el latifundismo mediante el cumplimiento de la vieja Ley de los 500 acres que prohibía a la corporaciones acaparar tierras más allá de aquella extensión. Para ese fin se fundó una agencia denominada Autoridad de Tierras. De cara al futuro, luego de algunos esfuerzos infructuosos en aquella dirección en 1944 y 1945, no fue hasta 1947 que se aprobó una Ley de Incentivos Industriales que concedía exención contributiva a los inversionistas extranjeros y que fue la base de la “Operación Manos a la Obra”, fundamento del proceso de industrialización del país. La industrialización había sido sugerida como una alternativa de futuro para el país del 1934 por el entonces Canciller o rector de la Universidad de Puerto Rico el Dr. Carlos Chardón por lo que se trataba de una opción que habían compartido los intelectuales del Partido Liberal Puertorriqueño y luego del PPD.

MigracionLa meta era convertir a Puerto Rico en un lugar apropiado para la inversión de capital americano. Las razones para ello era que Europa y Japón estaban reconstruyéndose de la devastación producida por la guerra; mientras África y el Sudeste Asiático, estaban en proceso de salir del coloniaje a la vez que China caminaba hacia el Comunismo, sistema que se consolidó en aquel inmenso país en 1949. Recuerde el lector que tras la guerra, los imperios coloniales inglés, francés y holandés se estaban disolviendo y la Unión Soviética, el principal aliado de Estados Unidos contra el nazismo, se había convertido en el enemigo desde 1947.

Aquellas políticas de los populares trabajaban los dos frentes más importantes del partido de gobierno y de Muñoz Marín. El agrario, con la intención de establecer acceso democrático a la tierra, y el industrial, estableciendo las condiciones concretas para su fomento: hacer de Puerto Rico un paraíso fiscal sobre la base de exenciones. Es curioso que, todavía al presente, se siga pensando en que esa es la única salida que tiene el país a pesar de que históricamente, se pueda demostrar que aquellas prácticas nunca han garantizado un crecimiento seguro y permanente.

 

Las entidades

Las entidades de mayor relevancia fueron la Junta de Planificación, creada en 1942, la cual tendría la responsabilidad de desarrollar un “Plan Maestro de Desarrollo” cuya articulación descansaría en manos de la Compañía de Fomento Industrial. El culto a la “planificación” como alternativa a la “anarquía capitalista” se generalizó después de la Gran Depresión en espacios tan disímiles como Washington y Moscú. Roosevelt y Stalin caminaban el mismo sendero que trataba de imponer la racionalidad al mercado en nombre del progreso material.

Aquel mismo año 1942, se creó el Banco de Fomento, institución que apoyaría con crédito barato el financiamiento de empresas privadas y públicas que allanaran el camino a la industrialización. Otra vez mirando hacia el pasado agrario, se estatuyó en 1945 Compañía de Fomento Agrícola cuyo objetivo era responder los reclamos de los agricultores medianos y los colonos de la caña. Cuando en 1950 la Compañía de Fomento se puso en manos de Teodoro Moscoso, el Banco de Fomento ya era uno de los motores de crecimiento de renglones como el de la construcción que ha sido considerado uno de los pilares del desarrollo industrial del país hasta el presente.

Sobre esa base se manufacturó una imagen de Puerto Rico en la que este ofrecía un espacio privilegiado de producción caracterizado por la paz social, la mano de obra barata y la exención contributiva al capital extranjero. El problema era que el “extranjero” en Puerto Rico, que tenía una relación de libre mercado con Estados Unidos, se limitaba a aquel país. El paraíso fisca fue también un paraíso para la inversión americana y, mientras aquellas condiciones se mantuvieran, el esquema debía ser al menos funcional.

 

Turismo: el paraíso tropical

Turismo: el paraíso tropical

Las corporaciones públicas

Las corporaciones públicas cumplieron un papel protagónico en la inversión en infraestructura, aspecto más visible del cambio y la modernización. En 1941 se fundó la Autoridad de Recursos Hidráulicos que tenía la responsabilidad de promover la electrificación del país mediante el aprovechamiento del potencial hidrológico de la isla, una de las mejor irrigadas del Caribe, y facilitar el acceso a agua potable a bajo costo a las mayorías. El papel que tuvo el consumo de agua potable en la higiene y la salud pública fue enorme, por cierto, pero es un asunto que no se puede discutir en este espacio. En 1942 se instituyó una Autoridad de Transportes que desarrollaría la transportación pública en la zona metropolitana de San Juan, región privilegiada de las políticas desarrollistas de los populares; y una Autoridad de Comunicaciones que difundiría la telefonía y la telegrafía, recurso que apenas habían asomado en las zonas urbanas del país hacia la década de 1890. En 1945, como último ejemplo, se creó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cual se encargaría de distribuir agua potable y de disponer eficazmente de los desperdicios sanitarios por medio de un sistema de alcantarillados urbanos que todavía en el presente no ha llegado a todas las regiones del país.

Vistas en su conjunto, aquellas reformas significaban el aspecto más visible de la modernización de Puerto Rico y desprenderlas del Partido Popular Democrático resulta extremadamente difícil. En su conjunto, hacían al país más atractivo para los inversionistas americanos quienes, en su mayoría, estaban acostumbrados a las comodidades de la vida moderna desde hacía más de 50 años. Para los puertorriqueños comunes, los cambios eran una demostración de progreso social que había que aplaudir. Celebrándolos celebraban al PPD en el poder, organización que entre 1940 y 1964, ganó todas las elecciones por una amplia mayoría.

enero 26, 2011

La Universidad y la Generación del 30: ¿una historia del presente? (Primera parte)

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

 

Puerto Rico y la Universidad

Puerto Rico no tuvo Universidad en el siglo 19. Esa fue una de las quejas más persistentes de la clase criolla en aquel momento. Las implicaciones de aquella situación fueron enormes.  El producto de la Universidades Modernas –los intelectuales y los profesionales- se formó en el extranjero. Los que no fueron capaces de financiar una educación superior, tuvieron que educarse por su cuenta. Los autodidactos del siglo 19 fueron tan capaces y tan competitivos como los universitarios. La situación, me parece, no debería interpretarse en el sentido de que el Imperio Español se oponía a la educación universitaria. En la práctica, la Corona sólo fue selectiva: reservó la Universidad para las ciudades de los grandes Virreinatos y de las Antillas. Dos de las fundaciones más antiguas y productivas disfrutaron de la educación superior: Santo Domingo y La Habana. San Juan de Puerto Rico fue marginado de aquella experiencia: la idea de que la educación popular y superior podía resultar lesiva a la Integridad Nacional fue muy poderosa en el país que, como se sabe, siempre fue una clave para la defensa de los intereses geoestratégicos hispanos.

Las consecuencias de aquella actitud eran visibles a la altura de la invasión de 1898. El Informe Henry K. Carroll de 1899, ofrece un cuadro de retraso cultural difícil de atribuir solo a los prejuicios anti españoles  del reverendo y sus investigadores. La contradicción más interesante de aquel siglo fue que la Colonia, aunque no contó con una Universidad, tuvo educación universitaria y universitarios que marcaron su historia cultural y política hasta el presente.

Escuela Normal

Puerto Rico tuvo una Universidad en el siglo 20. En 1900 se abrió en Fajardo una  Escuela Normal Industrial. La misma fue trasladada en 1901 al pueblo de Río Piedras. En 1903, bajo la dirección del Dr. Paul G. Miller y el cuidado del Comisionado de Educación, nació la Universidad de Puerto Rico. La Universidad tenía el encargo de producir maestros y se desarrolló vinculada al ideal de la educación popular masiva por oposición a la tradición hispánica. Por eso resultó ser uno de los signos más distintivos y apreciados del nuevo régimen colonial.

Tal vez no satisfizo a todos. Se trataba de una Universidad Territorial, un instituto que debería servir a la Nación que la autorizó y, en consecuencia, facilitar el proceso colonial re-iniciado en el 1898. Su papel fue servir de caja de herramientas para el proyecto modernizador impuesto por Estados Unidos y, valga decirlo, tan celebrado por los puertorriqueños. Pero, dado que la Modernización apelaba en aquel entonces a la Americanización, la Universidad se convirtió de inmediato en un nido de contradicciones. La Modernización propuesta en aquellos términos, exigía un giro radical en la cultura colectiva. El anhelado sueño tocaba espacios sensitivos como el idioma, la religión, las costumbres, la praxis social y política. Hoy se sabe que asimilar y aceptar el dólar y las prácticas democráticas, fue más fácil que aprender  inglés y convertirse a los Evangelismos.

La naturaleza de la Universidad antes del 1930

Entonces la Universidad era otra cosa. La institución dependía de un sistema de Instrucción Pública recién inaugurado.  Las condiciones de la educación eran únicas. La frontera material y simbólica entre la High School americana, y la Universidad, era prácticamente nula. Hasta el 1917, momento crucial para la revisión de la relación entre los invasores y los invadidos, el requisito de ingreso para las facultades universitarias era un diploma de octavo grado. La universidad cumplía la función de una escuela preparatoria inexistente: el camino hacia la educación subgraduada,  lo garantizaba las destrezas adquiridas en la escuela intermedia. La Universidad era otra forma de la High School y la situación no era sencilla. Dado que la edad de registro en el sistema escolar no estaba perfectamente controlada, aquellos chicos de intermedia que ingresaban a la Normal, tampoco se parecían a chicos del presente. Se trata de otro mundo que ha sido echado al olvido.

Las expresiones concretas del fenómeno eran muchas. Las Justas Atléticas y las Competencias de Talento entre ambas formas de la High School eran la orden del día. En las décadas del 1910 y el1920, la Justas Interescolares reunían atletas lo mismo de la Universidad pública o privada, que de las Escuelas Superiores. En 1924, la pasión de la competencia generó actos de violencia callejera que dieron un giro nuevo a la situación. Todo parece indicar que desde entonces la distancia entre la Universidad y la Escuela Superior se profundizó y se institucionalizó. Hacia el año 1930, la Universidad estaba separada del sistema de Instrucción Pública. La escisión en el seno de la juventud puertorriqueña  se dio en el momento en que se afianzaba la peor crisis económica de toda la historia colectiva del capitalismo: la Gran Depresión.

Huelga de 1981

Cuando la Universidad tomó  distancia de un segmento de la juventud adolescente,  se ganó la imagen de ambiente apropiado para los jóvenes maduros, los que estaban en camino a la adultez y al mercado laboral. La juventud fue segmentada y encajonada, y la discontinuidad entre los estudios pre-universitarios y universitarios se legitimó. Valga apuntar que en aquel entonces ni los jóvenes adolescentes ni los maduros, poseían mecanismos que facultaran su participación en la vida política nacional en tiempo de crisis, ni siquiera el débil instrumento del sufragio. En 1930, las mujeres todavía no participaban de los procesos electorales y el debate sobre esa posibilidad era sumamente agrio.

Esa misma crisis transformó a la Universidad en un espacio apropiado para la construcción de una Identidad Nacional alternativa que equipara mejor al país con el fin de enfrentar los malos momentos que se vivían. Ello representaba otra interesante contradicción. La Universidad había sido diseñada como uno de los artefactos idóneos para promover el Proyecto de Modernización Americano desde 1900.  Treinta años después, la situación la había convertido en un espacio que atentaba contra aquel propósito  a la vez que inventaba un discurso identitario agresivo: el Nacionalismo Cultural y Político florecieron en la Universidad Territorial.

La relación entre el Nacionalismo de todo tipo y la Universidad siempre fue complicada. Los ejemplos son numerosos. El jurista y escritor Emilio. S. Belaval, documentó bien esa complejidad en sus Cuentos de la Universidad, escritos entre 1923 y 1929, cuando era estudiante de Derecho en Río Piedras. Sus textos narrativos delataron la doble vida de los estudiantes, las visibles desigualdades sociales que surgían como aristas entre ellos y la ramplonería y artificialidad de muchos de los universitarios. Tras la lectura de aquellos textos, la idealización del pasado institucional resulta ridícula.

Primera parte de la síntesis de la presentación del autor en el foro La Universidad y la Generación del 30: ¿una historia del presente? celebrado el 14 de Octubre de 2010 Sala A de la Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez.

 

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