Del anexionismo al estadoísmo: contextos e intersecciones

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador

En una columna publicada en noviembre de 2019 indiqué que  la situación actual ameritaba una revisión del desarrollo del anexionismo durante el siglo 19 y el estadoísmo o el movimiento estadista en el siglo 20. El pasado de ese discurso político durante el siglo 19 y su presencia en el espectro ideológico puertorriqueño como una “tercera voz” al lado de los autonomismos y los independentismos hasta la década de 1950, no me dejaba duda al respecto. La implicaciones sociales, culturales y económicas de la integración a otro país propuesta por sus defensores fue motivo de debate desde antes del 1868 y constituyó uno de los entornos ignorados de la Insurrección de Lares.

Los imperativos del presente

Tras medio siglo de altas y bajas, el meteórico crecimiento electoral del estadoísmo desde mediados de la década de 1950, su papel protagónico en el desenvolvimiento de bipartidismo en los últimos 50 años a partir de la década de 1970 y la heterogeneidad de su formulación ideológica abonaban en la misma dirección. El fenómeno de la Ley 600 y el Estado Libre Asociado disparó procesos políticos en direcciones opuestas tales como la Insurrección Nacionalista y el moderno auge del movimiento estadista. El ejemplo más reciente de la maleabilidad de esa ideología ha sido su reformulación en el marco de la conmemoración del centenario de 1898 bajo el concepto de “estadidad radical”, concepto  afín al radicalismo decolonial; y la crisis que desde fines de la década del 2010 asomaba en el seno de su organización más visible, el Partido Nuevo Progresista, pugna que sin ser la primera poseía una peculiar complejidad. Todos esos elementos justifican otra mirada en torno a este problema historiográfico y sus posibilidades futuras.

Es cierto que los dilemas que agobian al estadoísmo hoy tampoco son nuevos. Me refiero, por un lado, a la agresiva campaña del presidente Donald Trump, representante de un republicanismo que recuerda las actitudes de Elihu Root, Secretario de Guerra de William McKinley, y el gobernador George Davis en el contexto de la elaboración de la Ley Joseph Foraker en 1900; y por el otro, al colapso de la gestión del gobernador Dr. Ricardo Rosselló tras el verano de 2019. Este caso llama mucho la atención por el hecho de las afinidades que desde ciertos sectores se adjudicaban a esta figura con la “estadidad radical” y el discurso decolonial a la luz de su experiencia militante con “Boricua Ahora Es” desde 2012.

La aparición del fenómeno del “estadoísta no afiliado”, una práctica análoga a la del “independentista no afiliado” a la cual suele achacarse una parte de la crisis del movimiento independentista, es otro elemento relevante. Aquel repuntó al interior del estadoísmo desde mediados de la década de 1980 a través  de “Puertorriqueños en Acción Ciudadana” encabezados por la Dra. Miriam Ramírez de Ferrer y culminó con la experiencia promovida por el Dr. Hernán Padilla por medio del Partido Renovación Puertorriqueña en 1983. Pero rupturas de un carácter análogo han estado presentes en la historia del estadoísmo siempre: los hechos de 1903, 1921 y 1967 son ejemplo de ello.

Desde mi punto de vista el auge del elemento “no afiliado” confirma, por una parte, la desconfianza generalizada en las organizaciones partidistas de tradición moderna que han llegado a ser consideradas como entidades autoritarias. La “no afiliación” expresa la voluntad de emancipación del ciudadano de la condición de militante o fiel. Por otra parte, demuestra el dinamismo de los proyectos político-ideológicos que lo experimentan por lo que su estudio puede decir mucho sobre las transformaciones del siglo 20. Esta hipótesis es válida lo mismo para la “no afiliación” independentista como la estadoísta. El alcance de esta práctica queda evidenciado en las reiteradas llamadas morales a la disciplina que han caracterizado a los núcleos defensores de una tendencia o de otra durante las últimas décadas.

Por último, la presencia de activistas estadoístas en la organización Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de cara a las elecciones 2020, recuerda los afanes unionistas y frentistas que dominaron dos momentos críticos del siglo 20. Me refiero a los primeros días del régimen impuesto por la Ley Foraker de 1900, en especial el periodo iniciado en 1903 y el llamado a la “unión” por Rosendo Matienzo Cintrón el cual culminó con la crisis de 1909 y la creación de un instrumento de descolonización original pero efímero -el Partido de la Independencia en 1912-;  y los de las conmociones emanadas de la Gran Depresión durante en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial que desde las izquierdas justificó la configuración de “frentes amplios populares”. En el caso de Puerto Rico aquel reclamo, si bien sedujo a una parte significativa del Partido Comunista Puertorriqueño (1936) y el Partido Popular Democrático (1938), no tuvo el mismo efecto sobre los sectores que no defendían la independencia como aquellos. Es probable que el pasado de “mogollas”, ligaos, alianzas y coaliciones (1922-1944) actuase en contra de la tendencia aunque es obvio que un “frente” popular y un “convenio” entre partidos no eran la misma cosa.  No se debe pasar por alto que “Boricua Ahora Es” en su momento también participó de esa retórica unionista y frentista con la misma pasión que las experiencias antes señaladas.

A dónde conducirá la crisis actual es lo que está en discusión. Claro que las justificaciones teóricas para afrontar un problema interpretativo como este no forzarán a ninguno de los involucrados a enfrentarlo. El énfasis militante acrítico de los partidos políticos no les deja mucho tiempo para este tipo de reflexión, ni siquiera cuando un segmento de su liderato proceda de los sectores llamados “intelectuales”. La mirada a la bidireccional relación pasado/presente resulta urgente.

José Celso Barbosa

Anexionismo/estadoísmo: subversión e izquierdismo

El estudio del anexionismo, el estadoísmo o el movimiento estadista, así como el de cualquier otra ideología, es un territorio lleno de escollos. Para desarrollar una interpretación ecuánime del problema planteado habría que desarrollar definiciones precisas de los conceptos a los que se alude. Anexionismo, estadoísmo, movimiento estadista así como autonomismo, independentismo, traducen prácticas diversas, cambiantes, volubles o líquidas que, en parte, son el resultado de las especificidades históricas y culturales en las cuales se desenvolvieron.

Ser anexionista en 1868 no es lo mismo que ser estadista en 1968. Aquel de 1868 tenía el escollo de que Puerto Rico era posesión colonial de España por lo que para conseguir su meta debía separar a Puerto Rico de aquel país por los medios que tuviese a su alcance para, desde la soberanía y la independencia, completar su proyecto de anexión. Por eso el anexionismo era parte de un proyecto subversivo que apelaba a las armas lo mismo en Cuba que en Puerto Rico en 1868. El estadoísta del 1967 había pasado por un proceso de anexión producto de una guerra (1898), un tratado de paz (1899) y una conversión ciudadana (1917). Dadas esa condiciones, a nadie debería sorprender que los estadoístas imaginaran que la anexión conduciría de manera “natural” a la estadidad en un futuro cercano, cosa que no sucedió.

La nueva situación no les dejó en posición de reclamar por medios agresivos el acta de incorporación que se le había negado en 1900 durante las discusiones para configurar la Ley Foraker, por lo que un “estadoismo gradualista” y “paciente” se impuso en figuras como Miguel A. García Méndez y Luis A. Ferré Aguayo. Un juicio análogo podría utilizarse para describir la actitud de los independentistas y nacionalistas moderados que, como José De Diego en el seno del Partido Unión, esperaban que el tutelaje colonial desembocara de manera “natural” en la independencia con protectorado y que la República de Puerto Rico se transformaría en una facsímil de la Cuba plattista. Unos y otros eran esclavos del mismo pecado moderno: la confianza acrítica en un determinismo progresista mal entendido, actitud que también había penetrado a las izquierdas, por cierto.

Una de las cosas que habría que evitar a toda costa en una indagación de esta naturaleza sería aislarlo de los contextos ideológicos y políticos con los cuáles interactuó durante el siglo 19. La ruptura entre los separatistas anexionistas y los independentistas a raíz de los eventos del 1898 y el 1900, no fue total: ninguna ruptura lo es. Esto significa que para comprender la experiencia anexionista en el siglo 19 sería necesario aclarar su dialéctica con los autonomismos, los independentismos, los movimientos anticoloniales y las izquierdas en general. Lo mismo puede afirmarse respecto al estadoísmo durante la primera mitad del siglo 20: confinarlo equivaldría a  amputarle una parte significativa de su complejidad. En ambos casos las fronteras entre unas y otras de las propuestas aludidas siempre fueron porosas, condición que solo los esencialistas y los fundamentalistas obtusos de uno y otro sector son incapaces de reconocer. Anexión, autonomía e independencia son conceptos políticos históricos cuyos significados concretos han cambiado a lo largo del tiempo.

El asunto es más complejo porque incluso una parte importante de las izquierdas socialistas, anarquistas, sindicalistas e incluso comunistas de fines del siglo 19, en medio de la pugna entre socialismo y nacionalismo, favorecían la anexión de territorios como Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos en lugar de su independencia. Ni siquiera la insistencia en la futura confederación antillana, un emblema de la solidaridad internacional les hizo cambiar de opinión. El tema ha sido ampliamente documentado en los estudios de Paul Estrade sobre la negociaciones diplomáticas de Ramón E. Betances Alacán con las izquierdas mientras fungió como representante de los intereses de Cuba en Armas en París entre 1898 y 1898.

Aquella proximidad de las izquierdas al anexionismo a fines del siglo 19 explica las afinidades de una parte significativa de las izquierdas y el movimiento obrero puertorriqueños con el estadoísmo en la primera parte del siglo 20 en organizaciones tales como el Partido Obrero Socialista, el Partido Socialista, la Federación Regional de Trabajadores y la Federación Libre de Trabajadores, entre otras. Un estadoísmo apoyado por las izquierdas sólo resultará una anomalía para quien desconozca la evolución de las propuestas anticapitalistas en general. En realidad las afinidades entre estadoístas y socialistas amarillos o rojos ratificaba una tradición interpretativa.

Me parece sustancial tomar en cuenta los referidos antecedentes a la hora de evaluar la “estadidad radical” de los años 1990 en la medida en que esa reflexión rompió con un mito que se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría: que la izquierda y el independentismo poseían una relación “natural”. Cualquier mirada que no tome en cuenta esa dialéctica será fragmentaria y parcial. Una discusión de ese tipo llamaría la atención en torno a la polisemia del anexionismo/estadoísmo y serviría para abrir un diálogo inter ideológico que involucrase de manera pensada a estadoístas, independentistas y soberanistas en busca de un lenguaje anticolonial común estable. En efecto, siempre deberá tomarse en cuenta la contingencia e historicidad del sentido de los conceptos ideológicos que han guiado esos intercambios. Como se sabe, a lo largo de todo el siglo 20 los intentos en aquella dirección que he identificado antes como unionistas o frentistas, siempre condujeron a un callejón sin salida en medio de intensas luchas caudillistas por el poder y nada sugiere que los esfuerzos del presente no desemboquen en lo mismo.

Un problema teórico central salta a la vista: tomar como “natural” cualquier práctica o asociación y como “homogénea” y “definitiva” siempre obstaculizará su apropiación. En estos territorios no hay “sustancias” sino “formas”, es decir, no hay nada “fijo” sino “acomodos” que pueden ser explicados al socaire de numerosos componentes. Sobre la base de ese principio abordaré las tenues fronteras entre estadoísmo, autonomismo e independentismo más adelante.

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 21 de febrero de 2020.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente IX

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La disposición de las resistencias

Tras el fin de la Guerra Fría el lenguaje sobre el estatus cambió de una manera visible. La pérdida de relevancia geoestratégica de Puerto Rico tras la disolución del socialismo real y el triunfo del neoliberalismo fue determinante para ese proceso. Sin embargo, la distensión política no ha promovido un avance en la solución del problema estatutario el cual, por el contrario, se ha empantanado de una manera dramática. Las partes responsables, el Congreso de Estados Unidos y las organizaciones políticas anticoloniales en la isla, no han articulado un proceso en esa dirección en gran parte porque no se lo han propuesto como un asunto prioritario. Los años de dependencia material e inmaterial del imperio parecen haber inmovilizado a las fuerzas actuantes en ese ámbito.

En términos jurídicos lo que parece haber sucedido es que, en un mundo que consagra el valor de la “interdependencia”, el “derecho inalienable a la independencia” como culminación del “relato liberal” ha sido modificado. La tradicional identificación de “soberanía” con “independencia” y de aquellas con el “estado nacional” ha sido minada. Aquel era el lenguaje de Woodrow Wilson, Vladimir “Lenin” Ulianov, la Sociedad de Naciones, Josip “Stalin” Vissariónovic y la Organización de Naciones Unidas, entre otras, en el contexto bélico que condujo a la Guerra Fría. En Puerto Rico, llenó de contenido el lenguaje de José de Diego Martínez, Rosendo Matienzo Cintrón, Pedro Albizu Campos, Gilberto Concepción de Gracia o Juan Mari Brás, entre otros. Aquel era el lenguaje preciso y cargado de certidumbres propio de la mirada de los modernos. Hoy se ha impuesto lo que podría definirse como un “derecho pragmático a una forma de la soberanía” lleno de imprecisiones e incertidumbres. Las implicaciones de este giro es que de la “dependencia” no se saldrá hacia la “independencia” sino hacia la “interdependencia” y muy pocos se ocupan de reflexionar sobre la tesitura de y los efectos prácticos de ese cambio.

Juez Gustavo Gelpí

Lo cierto es que el concepto “soberanía” se ha (des)radicalizado a lo largo del siglo 20 americano. En lo concreto esto implica que esa meta, meritoria para todo anticolonialista, puede conseguirse lo mismo mediante la independencia en buenos (o malos) términos con Estados Unidos, un pacto de libre asociación o el estado 51. Lo interesante es que dos de esos modelos requieren la consumación de la independencia y la tercera no. El Derecho Internacional moderno, un producto de la conflictividad de siglo 20, reconoce la legitimidad de los tres y, poco a poco, la gente se ha ido acomodando al nuevo lenguaje. La clase política local, a regañadientes, ha aceptado el criterio con reservas: los estadoístas, independentistas y estadolibristas han manifestado un acuerdo al respecto pero continúan cultivando los prejuicios contra el opositor en los términos absolutos más convencionales.

Un rasgo visible de todo aquel proceso es que, salvo contadas excepciones, la moderación y la circunspección se han ido imponiendo desde el fin de la Guerra Fría en los sectores socialistas, socialdemócratas y nacionalistas. Se trata de un tanteo ideológico o reflexión que no debe confundirse con la renuncia a sus posturas fundamentales. El hecho de que luchas como la de Vieques, el reclamo LGBTTQ o la protesta ambientalista concreta a favor del acceso a lugares públicos como las playas o contra la contaminación industrial, por ejemplo, hayan sido tan exitosos en los últimos dos decenios así lo demuestra. Los nichos de las resistencias y las posibilidades de éxito de las mismas, ante el inmovilismo en el antes primado ámbito político y estatutario, son una señal interesante de cómo se reformula la oposición al establishment. El alcance de la lucha por la “liberación” y el énfasis de ese concepto ha cambiado.

El estadoísmo y el estatus tras el fin de la Guerra Fría

La imagen de la estadidad había cambiado mucho desde que el fantasma de la anexión a Estados Unidos apareciese en el panorama a principios del siglo 19. En el contexto de la crítica separatista independentista del siglo 19, habría significado la absorción material y cultural del territorio insular, tal y como se deriva de una defensa de la anexión circulada clandestinamente en 1868 desde Guayanilla.

Pero durante los primeros días de la invasión de 1898, Eugenio M. de Hostos Bonilla (1899) y José Celso Barbosa (1900), entre otros, pensaron la estadidad como un derecho al cual se podía aspirar y como una relación soberana o no colonial, legítima y jurídicamente posible. Hay que aclarar que tanto Hostos Bonilla como Barbosa eran republicanos y federalistas del viejo cuño que se habían formado en un siglo 19 en el cual aquellas eran propuestas de fuerte entronque popular, antimonárquicas, revolucionarias y radicales. Pero también es innegable que el republicanismo y el federalismo estadounidense, el de la era de William McKinley, no respondía a aquellos principios y reivindicaciones.

El acto de 1898 fue la expresión de una agresión imperialista por parte de un poder amenazante. Hostos Bonilla reconoció el problema temprano en el siglo 20. Barbosa no y ello lo instituyó como la figura central del nuevo estadoísmo del siglo 20. La Gran Depresión de 1929 volvió a cambiar la concepción de la estadidad. De acuerdo con Pedro Albizu Campos en 1930, aquella solución era una imposibilidad y un contrasentido.

El estadoísmo en los 1990 tras el fin de la Guerra Fría volvió a ganar la legitimidad que había tenido en los primeros días de la presencia estadounidense aquí. No solo eso: sus ideólogos aprendieron que, si dependía del Congreso, la estadidad estaría muy lejos de convertirse en una realidad. El “estadoísmo radical” que maduró en aquella década debe mucho a las figuras de Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González. La tesis de aquellas figuras era que había crearle una “crisis” al Congreso para que abandonara el inmovilismo y se expresara sobre el futuro de Puerto Rico. Los paralelos entre aquella actitud y la tesis nacionalista de 1930, la de la “acción inmediata”, no pueden pasar inadvertidas. El movimiento estadoísta abandonó su aparente actitud de tolerancia y se afirmó como una alternativa descolonizadora agresiva. Las vías para afirmar esa acometividad fueron varias.

Una de ella fue la insistencia de la administración Rosselló González en poner el dedo en la llaga señalando el carácter colonial del ELA e insistir en el mecanismo de las consultas o plebiscitos sobre el tema del estatus. En 1993, recién llegado al poder, y en 1998, durante el centenario de la invasión de 1898, se consultó al respecto. El resultado no fue el esperado. El crecimiento de la preferencia por la estadidad en aquellos seis (6) años fue apenas de un 3 a un 4 por ciento.

Otra táctica fue la discusión pública de la opción del llamado “Plan Tenesí” que apareció en el panorama hasta el punto de que en el 2006, el PNP aprobó una resolución para adoptar la táctica como “una estrategia adicional para descolonizar Puerto Rico” siguiendo los pasos de Michigan, Iowa, California, Oregon, Kansas y Alaska. La idea de este concepto es que Puerto Rico redacte la constitución del Estado, elija senadores y representantes y los envíe a Washington a pedir una silla en el Congreso.

La tercera táctica es puramente judicial y se consolidó en la teoría del Juez Gustavo A.Gelpí, juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico en 2008. El planteamiento central de la misma es que Puerto Rico ha sido o será incorporado de facto desde 1900 al presente por lo que está o estará en la situación legal de solicitar la estadidad dentro de poco. El juez Gelpí considera que, “aunque el Congreso nunca ha adoptado ningún lenguaje afirmativo como Puerto Rico es por tanto un territorio incorporado, la secuencia de sus acciones legislativas desde 1900 al presente han incorporado, de facto, el territorio”. En ese sentido, el país es un candidato al estado 51 y puede reclamarlo y ser considerado sin la necesidad de una expresión concreta del Congreso. El argumento quedó como una “opinión personal” en el marco de un caso federal.

Es curioso que, una meta compartida por el PPD y el PNP, la equiparación del ELA a un estado en el marco de las transferencias federales, se haya convertido en una navaja de doble filo para ambas organizaciones políticas: lo que para algunos dignifica al ELA para los otros lo deprecia y lo mutila. El problema, acorde con algunos observadores, es que los “Casos Insulares” que establecieron la doctrina de que Puerto Rico pertenece (es propiedad) pero no es parte (componente) de la unión, requiere al Congreso una “declaración expresa” de incorporación que no se ha hecho.

El “Plan Tenesí” y la tesis jurídica de Gelpí, junto a la praxis económica de Rosselló González en el marco del “nuevo federalismo” y la autonomía de acción a los estados que aquella teoría admitía, son la expresión más acabada del “estadoísmo radical” de una elite del PNP, ideología que no parece haber penetrado a una parte significativa de su militancia electoral que continúa viendo la estadidad como una panacea o una alternativa romántica que será garantizada por un “imperio bueno” cuando el país se la gane.

El problema es que los resultados de las consultas no fueron convincentes para el Congreso y el “Plan Tenesí” y la tesis jurídica no garantizaron la aceleración del camino hacia la estadidad y, por el contrario, devolvieron el problema al lugar en que lo dejó Ferré Aguayo en 1972: la estadidad, si viene será gradualmente en un futuro no precisado. Cualquier reclamo en esa dirección, forzar la estadidad en el modelo de la “acción inmediata” por ejemplo, chocará con el Congreso, el Tribunal Supremo y Tesoro Federal de una manera irremediable. La utilidad de aquellas tácticas se ha reducido a soliviantar a una militancia que las comprende en verdad poco.

La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, esto lo saben muy bien los independentistas, no se reduce a un nudo jurídico que pueda desenlazarse con facilidad. La jurisprudencia unionista reclamó la nacionalidad amparada en la “ciudadanía portorriqueña” que estableció la Ley Foraker de 1900, y la jurisprudencia nacionalista reclamó la independencia a la luz de la ilegalidad del Tratado de París. En ninguno de los casos se consiguió mucho con ello.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente I

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Los caminos hacia el neoliberalismo

En términos globales la década del 1990 fue el escenario del fin de una era y el inicio de otra. Los efectos sobre Puerto Rico fueron enormes aunque su papel en el giro, dada su relación de sumisión colonial con Estados Unidos, fue muy poco. El Puerto Rico moderno y dependiente, producto de las prácticas legitimadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), vio como se cancelaban sus posibilidades, situación que abrió paso a un periodo de vacilación cuyos efectos aún no han sido superados. La incertidumbre económica, política y cultural, se manifestaron por doquier por el hecho de que las frágiles garantías que había ofrecido Operación Manos a la Obra (1947-1976) y su secuela,  la Sección 936 desde 1976, estaban en entredicho. Como se sabe, la condena final de la política de exenciones impuesta en 1976 se anunció en 1996 dejando al país con un periodo de 10 años, hasta 2006, para que hiciese los ajustes pertinentes para sobrevivir sin aquel recurso.

Los paradigmas sobre los cuales se habían apoyado las  políticas económicas de 1947 y 1976 se derrumbaron en la medida en que el capitalismo internacional, encabezado por Estados Unidos, se reorganizó recuperando la tradición del liberalismo clásico y la libre competencia desembocando en el discurso y la praxis neoliberal. La “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos, si alguna vez lo fue, dejó de serlo. El libre comercio con Estados Unidos se generalizó y la moneda común dejó de ser un rasgo exclusivo de nuestro mercado. Las “teorías del pacto” esgrimidas en 1952 por los defensores del estadolibrismo, había creado la ilusión de que existía un “pacto bilateral” entre  dos hipotéticos “iguales”. Los cambios de la década del 1990 demolieron aquella presunción.

Puerto Rico vio como las columnas sobre las cuales se había levantado el crecimiento económico (y dependiente) del Estado Libre Asociado -exenciones contributivas, trato preferencial selectivo, proteccionismo, asimetría salarial, austeridad en el gasto público, intervencionismo del estado en el mercado, ahorro individual- comenzaron a perder legitimidad en el nuevo orden. Incluso el papel adjudicado a la isla en el contexto de la Guerra Fría (1947-1991) tuvo que ser reevaluado: la “vitrina de la democracia” ante la “amenaza comunista” en Hispanoamérica era cosa del pasado tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El derrumbe de aquel espejismo hacía necesaria la reformulación de las relaciones entre, por un lado, Puerto Rico y Estados Unidos; y, por otro lado, Puerto Rico y el mundo.

 

Neoliberalismo y anticolonialismo

Aquellas circunstancias explican el hecho de que la década de 1990 fuese interpretada como un momento apropiado para la descolonización. De un modo u otro se comprendía que el orden de 1952 dejaría de ser funcional y que la soberanía, ya fuese en la forma del Estado 51, la Independencia o un Pacto de Libre Asociación, sería necesaria para facilitar la inserción del país en la economía neoliberal y global. El consenso, excepto en el influyente sector de los populares más conservadores, era que el ELA no era un estatuto soberano sino un régimen de dependencia colonial y que la interdependencia que la era global imponía como pauta, requería soberanía o independencia jurídica en buenos términos con Estados Unidos. Un tropiezo cardinal de aquel proceso fue que, cuando llegó el 2006 y cerró el periodo de transición tras la eliminación del amparo de la Sección 936, nada se había conseguido: la economía  estaba estancada y el tema del estatus empantanado.

El giro al neoliberalismo vino acompañado en Puerto Rico por el desprestigio del “orden democrático” emanado de la Segunda Guerra Mundial. La discursividad de la guerra contra el totalitarismo nazi y fascista había sido uno de los componentes del populismo del primer Partido Popular Democrático (1938). La confianza en la democracia electoral y el saneamiento de la imagen maltrecha de los partidos políticos como instrumento confiable de lucha para los puertorriqueños no tuvo un efecto permanente. El escándalo de la aplicación de la Ley Smith criollizada en la forma de la Ley de la Mordaza de 1948,  el asunto de la recopilación de las carpetas informativas de ciudadanos considerados potencialmente  subversivos  destapado en 1986,  su devolución y la demanda civil que generó el caso en 1992, desenmascararon el significado de la “democracia” en la era de la Guerra Fría. Aquella democracia electoral, partidista y constitucionalista había violado los derechos civiles de numerosos ciudadanos comunes de múltiples formas. Entre la Cheká, la Schutzstaffel, el Buró Federal de Investigaciones y la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico no había mucha diferencia. La discusión sobre este verdadero “déficit democrático” en el marco de la relación colonial, se hizo pública en numerosas publicaciones académicas y en la prensa del país.

La inestabilidad del orden heredado propició un auge inusitado pero comprensible del estadoísmo y sus organizaciones. Después de todo, el PPD era uno de los principales acusados y el independentismo, ya fuese socialdemócrata, socialista o nacionalista, atravesaba por un momento de reflexión que más bien parecía una crisis. Por eso la década de 1990 da la impresión de haber sido el decenio de un estadoísmo dinámico, encabezado por un liderato innovador y agresivo. El estadoísmo radical, exigente e inmediatista en cuanto al reclamo de Estado 51, cuya genealogía podría trazarse hasta la figura del abogado Carlos Romero Barceló, se impuso como el estilo dominante. Lo cierto es que desde 1968 al presente el estadoísmo ha ejecutado una revisión profunda de las posturas de su fundador, Luis A. Ferré Aguayo, y ha tomado tanta distancia de aquel como ya había tomado de José Celso Barbosa.

Pedro Rosselló González

Uno de los misterios que valdría la pena indagar en cuanto a aquel giro se develaría  si se pudiera responder la pregunta de cuánto pesa  dentro de estadoísmo puertorriqueño la afiliación demócrata y la republicana a la hora de diseñar una táctica para alcanzar la meta propuesta. La transición de un estadoísmo gradualista a uno inmediatista que se da entre 1968 y 1976 está marcada por ese fenómeno. En la década de 1990 los estadoístas  demócratas con  Pedro Rosselló González a la cabeza, coincidieron con el dominio demócrata en Estados Unidos con Bill Clinton. Pero no hay que olvidar que los demócratas de la segunda pos-guerra mundial, Franklyn D. Roosevelt y Harry S. Truman, y los del tránsito al neoliberalismo como Clinton,  eran distintos por completo. Roosevelt y Truman estuvieron dispuestos a  trabajar con un PPD que no quería ni la estadidad ni la independencia, a la vez que  manifestaba simpatías con las políticas del Nuevo Trato y la formulación del Estado Interventor. La relación Clinton/Rosselló era escabrosa: el presidente tuvo que trabajar con demócratas que presionaban por la incorporación y el  Estado 51 que él no defendía. Del mismo modo, el interés del gobierno federal por “descolonizar” que dominó en la década de 1940, ya no era tan visible en década de 1990 porque, entre otras cosas, el fin de la Guerra Fría (1989-1991) convirtió el tema de Puerto Rico, que nunca había sido  prioritario, en un asunto invisible. En 1990, la incomprensión entre las partes involucradas era bidireccional o mutua.

 

Conservadores y soberanistas

El auge estadoísta de la década de 1990 estimuló el reavivamiento de lo que ahora se conocía como “soberanismo” en el PPD, actitud que persistía en la creencia de que el Estado Libre Asociado era una forma de “autonomía” que serviría como preparación para la independencia. El soberanismo reproducía la teoría de los “tres pasos o etapas” que sirvió de apoyo a Luis Muñoz Rivera y José De Diego Martínez cuando fundaron el Partido Unión de Puerto Rico, y la teoría de la “independencia a la vuelta de la esquina” apoyada por Luis Muñoz Marín en la década de 1940.  La paradoja de aquella hipótesis interpretativa era que, tanto los unionistas como los populares, terminaron por renunciar a la independencia en algún momento.

La “Nueva Tesis” de Rafael Hernández Colón (1978-1979) fue un intento de cerrar desde arriba y autoritariamente el debate sobre la relación colonial dentro del PPD.  El momento en que se formuló representó, desde mi punto de vista, una respuesta defensiva a la victoria del PNP entonces bajo la dirección de Romero Barceló. El alegato de Hernández Colón era que, dada que la  independencia era irrealizable y la estadidad económicamente inconveniente, había que aceptar que el  ELA era la “solución final” al debate estatutario. La tesis no obligaba al inmovilismo pero reducía el margen de acción del cambio estatutario a los límites dominantes desde el 1952. El conservadurismo se impuso en ese segmento de la cúpula del PPD.

Willie Miranda Marín

El problema era que, en la década de 1990 el argumento de Hernández Colón,  no hacía sentido. Las razones de los críticos de la “Nueva Tesis” dentro y fuera del PPD eran predecibles. El orden que había inventado al ELA ya no existía y el “déficit democrático” del régimen de relaciones había de ser reconocido por el mismo Hernández Colón en 1998. En su retórica jurídica, el reconocimiento del problema no  tenía que interpretarse como una señal de que debía romperse con los esquemas del 1952. Por el contrario, los conservadores han insistido en que lo más práctico es y será trabajar el cambio -superar el “déficit democrático”- en el marco del ELA sin quebrar sus fundamentos más celebrados: la autonomía fiscal y arancelaria. La actitud es comprensible pero, me parece, debería ser discutida con más profundidad a fin de que resulte más convincente al día de hoy. La meta de una táctica política como la de los conservadores del PPD ha sido denominada en ocasiones con el nombre de ELA Soberano o Culminado, pero el concepto jurídico no parece encajar en el lenguaje estándar del Derecho Internacional como tampoco encajaba el concepto jurídico del ELA.  Del mismo modo, tampoco ha tenido mucho éxito entre los soberanistas más exigentes que parecen concebirlo como una propuesta contradictoria, poco clara o como una paradoja de derecho.

El soberanismo articuló durante la década de 1990 una respuesta más o menos coherente al problema del estatus al calor de dos procesos de consulta: los plebiscitos de estatus de 1993 y 1998. La década de estadoísmo radical necesitaba medir el pulso de su proyecto y los plebiscitos siempre han sido considerados en la tradición electoral local como la más precisa encuesta de opinión. Lo interesante es que las figuras dominantes de la nueva ola soberanista del 1990  no surgiese del alto liderato de la organización popular sino de tres poderosos alcaldes: William Miranda Marín de Caguas, José Aponte de la Torre de Carolina y Rafael Cordero Santiago de Ponce, todos ya fallecidos. Me da la impresión de que, ideológicamente y en su praxis, los tres representaban la tradición populista y radical del primer PPD, el de 1938 a 1943. La gran diferencia entre estos y aquellos es que el soberanismo populista de los años 1940 se alimentaba de un fuerte corriente ruralista propia de un Puerto Rico preindustrial y agrario. En la década del 1990 la propuesta ideológica ya se había urbanizado y poseía una tesitura completamente distinta. El resultado de aquel proceso fue la fundación de Alianza Pro Libre Asociación Soberana cuyo efecto sobre los sectores moderados del PPD sigue siendo poco. El superviviente de aquel grupo fundacional fue Marco A. Rigau, figura fuerte detrás de la líder soberanista Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de la capital.

Ramón E. Betances Alacán: el separatismo y las izquierdas. Primera parte

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

 

Betances Alacán y el republicanismo radical

Ramón E. Betances Alacán siempre fue un republicano radical. El norte de su interpretación político filosófica, era el mismo de los sectores más exigentes de la Revolución Francesa de 1789. El activista aspiraba a la demolición de la monarquía y al reconocimiento del poder efectivo de un tercer estado por oposición a la clerecía y la nobleza, el primer y el segundo estado en ese orden, que se confabulaban para sostener un orden considerado retrógrado. El republicanismo radical francés aspiraba a un gobierno administrado por las mayorías productivas, por oposición al control que la iglesia y la aristocracia, dos minorías improductivas, poseían de las estructuras de poder en las monarquías tradicionales. El republicanismo radical francés llamaba la atención sobre la necesidad de la participación ciudadana en las decisiones de poder y, con ello, confirmaba la autonomía del ciudadano ante el estado y concebía a aquel ente  como un sujeto de derecho y no como un súbdito o sujeto de otros. Aquella fue la base de una concepción de la soberanía del pueblo que se impuso en el ideario burgués la cual le daba mucha relevancia a una concepción de la libertad apoyada en la ley secular. Se trataba de una propuesta revolucionaria en el plano de las relaciones de clase, las relaciones de poder y la concepción del Estado.

La situación privilegiada que poseían la clerecía y la nobleza en la Francia  de 1789 no era muy distinta de la que poseían en la España de 1868. La idea de que la Monarquía Española era un orden retrógrado que no merecía la confianza de los liberales cuya estructura debía ser revisada con profundidad resultaba legítima y los que así lo proponían eran considerados subversivos, laborantes y revolucionarios. Betances Alacán encaja de manera diáfana en los parámetros del revolucionario burgués formado en el crisol de la tradición de 1789.

 

«Betances» (detalle) dibujo de Andrés Hernández García

Betances Alacán y el republicanismo antillano: particularidades

El republicanismo y el anticlericalismo de Betances fueron posturas inseparables en un pensador y activista identificado con los valores seculares del siglo de la ciencia y el capitalismo modernos. En ambos casos se trataba de actitudes de avanzada o progresistas en el contexto concreto de la Europa en que surgieron y en la cual se formó cultural y profesionalmente el pensador y el científico caborrojeño. Si aquellas posturas resultaban todavía chocantes para la cultura tradicional europea a la altura de 1850, imagínense cuanto escándalo podían producir en el Puerto Rico de aquella época entre los sectores que detentaban el poder en nombre de la hispanidad.

Lo cierto es que el entorno concreto en el cual le correspondió vivir y combatir a Betances Alacán, poseía unas características particulares. El Puerto Rico antillano del siglo 19 seguía siendo una colonia de una de aquellas monarquías obsoletas y senescentes que se había mantenido al margen de la ola separatista que tuvo su mejor momento entre 1808 y 1824. El republicanismo de Betances tenía que enfrentar el doble dilema de la monarquía española y la condición de sumisión colonial de su provincia, con el aliciente de que el poder concreto era legitimado por las estructuras de una Iglesia Católica sumisa a la Corona de la cual dependía.

Defender la república española en España era una cosa. Pero ser republicano en Puerto Rico era un poco más complejo. En España se podía ser republicano e imperialista a la vez. El liderato más radical de la Revolución Gloriosa lo sabía porque lo era. En Puerto Rico se podía ser republicano y defender que Puerto Rico siguiera siendo español, es decir, condonar la relación y ser integristas. Pero también se podía ser republicano y ser anticolonialista. En ese peligroso territorio es donde se ubica Betances Alacán a la luz de la experiencia separatista independentista Hispanoamericana. Ser republicano integrista y ser republicano separatista representan dos niveles de interpretación distintos. El panorama ideológico de Puerto Rico ofrece modelos para toda esa diversidad de posturas. Eugenio María de Hostos, en el contexto de la Revolución Gloriosa, defendió la república para España y el integrismo, actitud a la que pronto renuncia. José Celso Barbosa fue republicano pero nunca abogó por el separatismo, defendió el integrismo pero no vaciló en reinvertir su respaldo a un invasor en 1898. Betances Alacán fue republicano y separatista que se oponía “minotauro americano” por consideraciones más geopolíticas y económicas que culturales. La diversidad del republicanismo radical era infinita.

El separatismo que Betances Alacán configura entre 1856 y 1868 para Puerto Rico como se habrá visto de los hechos de Lares, es afirmativamente republicano pero no pretende resolver el problema de la monarquía en España y más bien se aleja de ese tema: la república de Puerto Rico se hará separada de España y no se conseguirá dentro de ella como una emanación. El gobierno que la insurrección estableció en 1868 tenía la fisonomía de un proyecto republicano. El republicanismo radical de Betances Alacán se complica en el entorno antillano en la medida en que se hibrida con el separatismo independentista. El dilema parece resuelto en 1868 para aquel puñado de teóricos: primero se hará la separación y la independencia y, una vez librados de la monarquía hispana, estarían en condiciones de echar las bases de la república radical antillana.

En la última mitad del siglo 19, con el desarrollo del capitalismo al calor de la segunda revolución industrial, el republicanismo radical  se aproximaba discursivamente a las propuestas democráticas radicales que habían sido la base del socialismo moderno lo mismo en su versión francesa que alemana. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa que también fue el semillero de las ideas anarquistas, socialistas e igualitarias más visibles del siglo 19. Los republicanos radicales aspiraban a superar la demagogia liberal que vedaba la participación de los sectores productivos en el ejercicio del poder en nombre de la democracia popular más exigente. En gran medida, aquellos sectores resentían los efectos inmovilizadores sobre el individuo social o ciudadano, que producía la praxis del poder coercitivo de los estados nacionales centralizados y fuertes.

Sobre la base de ese criterio filosófico -la resistencia a la coerción del estado fuerte- el republicanismo radical europeo se acercó a las propuestas federalistas y confederacionistas. El punto en común entre todas aquellas miradas era una concepción de que las unidades de poder, a fin de que fuesen más justas y más efectivas, debían ser más pequeñas. Las posibilidades de la participación del individuo o el ciudadano en la res publicae eran mayores bajo aquella circunstancia. Democracia radical se identificaba con la participación directa y la autogestión. Esa había sido la lógica de la Comuna de París  de los días de marzo a mayo de 1871. Me parece innegable que también fue la lógica del sociólogo teórico Hostos cuando ideó la Liga de los Patriotas en 1898 en Nueva York y la puso en práctica en Juan Díaz y Mayagüez durante los primeros días de la presencia americana aquí: preparar para la vida cívica y la soberanía sería posible sobre la bases de unidades pequeñas. Las luchas contra el estado nacional coercitivo, el producto neto más emblemático de la revolución burguesa, dependían de la instauración de micropoderes autogestionarios eficientes. Federalistas, confederacionistas, anarquistas, socialistas, igualitarios convergía en esa posición al estado nacional como signo del orden burgués y capitalista.

Los republicanos radicales como Betances Alacán que acabaron por defender el separatismo y la independencia, dadas aquellas coincidencias interpretativas, estuvieron en posición de dialogar con una diversidad de ideologías con las que compartían algunos de aquellos principios. En el ambiente en el cual el caborrojeño se movía -París- los contactos con anarquistas, anarco sindicalistas y los socialistas de tradición francesa o alemana estaban al alcance de la mano. Es como si el puertorriqueño buscara en los márgenes político-sociales y las periferias  ideológicas, apoyo para enfrentar un centro dominante. La actitud es paralela al proceso a través del cual, por su anticlericalismo, se ordena masón y afirma un secularismo crítico e inteligente que todavía hoy sorprende a sus investigadores. La intrincada red de relaciones concretas de Betances Alacán con aquellas izquierdas a fines del siglo 19 ha sido apuntada con suma precisión por el investigador francés Paul Estrade y no estuvo exenta de contradicciones como se verá en otro momento. Lo cierto es se trató de acercamientos esporádicos y tácticos que se apoyaban en la necesidad política de ambos extremos. Los republicanos radicales y los demócratas aspiraban a fines parecidos a los anarquistas y socialistas de todo tipo. Pero los primeros seguían mirando el problema del siglo desde la perspectiva de la política, el estado y el ciudadano; mientras que los segundos la apropiaban desde la social, el mercado y el productor directo.

Política y estatus: el estadoísmo en las dos primeras décadas del siglo 20

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

El estadoísmo en la década de 1910

Los acontecimientos acaecidos entre 1909 y 1921 fueron decisivos en el diseño del estadoísmo anexionista de la década del 1930. Todo parece indicar que a ello se debió, en buena parte, su triunfo electoral previo al imperio del popularismo. Durante aquel periodo, la conciencia de que el «futuro americano» de Puerto Rico no estaba a la vuelta de la esquina, hizo necesario el desarrollo de la paciencia política dentro de aquel sector exigente. Algo análogo ocurrió con la idea de la independencia al cabo de la Segunda Guerra Mundial. Esperar sin desesperar parecía una actitud lógica. Pero una cosa era lo que la lógica exigía y otra lo que las pasiones políticas provocaban en un sector tan desesperado como el nacionalista treintista.

Aquella crisis estuvo marcada por tres episodios poco discutidos. En primera instancia, la huelga legislativa de 1909 que estuvo centrada en el contencioso asunto del presupuesto estatal. El otro incidente fue la respuesta del Congreso de Estados Unidos a la actitud de reto de la elite colonial. La natimuerta Enmienda Olmstead a la Ley Foraker en 1909, se insertó a modo de un castigo paternal a una comunidad política que se consideraba pretenciosa e infantil. La propuesta de Marlin Olmstead, Republicano por Pennsylvania, tenía por objeto limitar los pocos poderes de la Cámara de Delegados de Puerto Rico al arrebatarle la facultad para dejar sin presupuesto al Estado como mecanismo de presión política. Se trataba de un escarmiento ejemplar: si exiges más de lo debido, esto es lo que te espera.

Demás está decir que para el republicanismo puertorriqueño, adoptar una postura consistente ante aquella actitud no iba a ser fácil. La reprimenda autoritaria del Congreso beneficiaba políticamente a los unionistas independentistas y autonomistas, sin duda. Pero la rebatiña de Olmstead laceraba las esperanzas del partido que quería un «People of Porto Rico» que viera en Estados Unidos un signo benévolo y comprensivo. La situación guarda paralelos con la cargada atmósfera que dejó el primer proyecto de independencia de Myllard Tydings a raíz de los sucesos sangrientos de 1936.

Precisamente, la culminación de aquel resquebrajamiento fue el curioso episodio del Proyecto Olmstead de estatus en enero de 1910, suscrito con el propósito de sustituir la Ley Foraker. El «castigo» para la colonia pareció excesivo para muchos observadores, incluso para gente como Samuel Gompers. Los socialistas en Puerto Rico habían solicitado, por medio de Santiago Iglesias Pantín, la inclusión de ciertas reformas laborales básicas proyectadas en la Carta Orgánica de 1910. Ese solo hecho demuestra que muchos amigos de Estados Unidos en la isla cuestionaban la finalidad de la cruzada de Olmstead. Refiriéndose al proyecto HR 19718 del  61er. Congreso, Gompers aseguraba que el mismo daba la impresión de que «the Secretary o War and perhaps some other members of the administration are not willing to grant any practical reforms in the way of benefitting the masses of the workers of Porto Rico». El asunto era espinoso porque la clase obrera puertorriqueña era reconocida como la base fuerte del estadoísmo anexionista emergente desde principios del Siglo 20. Gompers no guardaba reparos en argumentar que «the working people of Porto Rico stand committed to the constructive American method of our trade union movement, and are acknowledge to have done more for the Americanization of Porto Rican people than all other elements combined». Las posibilidades de que lo que aquí denomino como la «actitud Olmstead», causaran tensiones entre los obreros, eran muchas.

Todo esto, unido a la Crisis Económica de 1913, dejó al estadoísmo anexionista, integrado en el Partido Republicano Puertorriqueño y el Partido Socialista, en una situación incómoda. En aquellos años, como se sabe, el proteccionismo azucarero fue amenazado por el impulso renovador del Mercado Libre. La Ley Underwood pretendía abolir la protección que disfrutaba el azúcar local en Estados Unidos. La «mano invisible» de Adam Smith no consideraba las hipotéticas necesidades del capital azucarero local en la medida en que ponía a esa industria en igualdad de condiciones que la del café. Los efectos políticos de aquella disposición podían ser desastrosos. Hay que apuntar que la rebeldía de los unionistas no sirvió de mucho en aquel contexto. Si la meta de su reto radical era estimular la configuración de una relación más democrática y de más soberanía para Puerto Rico, el 1917 debió ser desilusionante para su liderato.

El Estadoísmo en la oposición: tácticas y fisuras

El campo de opiniones dentro del estadoísmo anexionista, cimentado en un aparente monolitismo, siempre ha sido rico y diverso. Me parece que esa es una premisa crucial para desarrollar un entendimiento plausible de las ideas radicales en Puerto Rico, independientemente de la dirección de los proyectos estratégicos que se propongan. El affaire Olmstead de 1910 es un buen modelo para comprender el asunto. Por aquellos azarosos días circuló en los medios políticos una carta firmada por José Guzmán Benítez, Presidente del Comité Territorial del Partido Republicano, dirigida al General Clarence Edwards, Jefe del Insular Bureau of the War Department y publicada el 15 de abril de 1910 por el Committe of Insular Affairs de la House of Representatives. En la carta, Guzmán Benítez aseguraba que el Partido Republicano estaba «in accord with Bill No. 19718». La correspondencia previa entre Guzmán y Manuel F. Rossy en el mes de marzo de aquel año, confirmaba las simpatías que el Proyecto Olmstead despertó en algunos sectores del estadoísmo anexionista. La razón para el apoyo se comprende porque la versión original de la pieza disponía la extensión de la ciudadanía americana en forma colectiva a los puertorriqueños. Muchos pensaban que esta concesión aseguraba el camino de Puerto Rico a convertirse en un estado de la unión.

En una carta de Cayetano Coll y Cuchí a Roberto H. Todd del 15 de abril de 1910, se censuraba a Guzmán Benítez por su «audacia» o «atrevimiento» al ofrecer su sentir como la opinión del Partido Republicano «when he knows that this statements are at an absolute variance with the attitude of said party». Todo parece indicar que las tensiones dentro del movimiento estadoísta anexionista, eran comunes y que, en ocasiones, sobrepujaban las luchas ideológicas y jurídicas. A nadie debe sorprender el hecho, se trata de algo consustancial a la naturaleza de las organizaciones políticas modernas, cimentadas en una hipotética unidad de propósitos que nunca es, ni puede ser, total o real.

En junio de 1911, Roberto H. Todd, alcalde la Capital y separatista anexionista, recibió unas cartas anónimas que criticaban con severidad su criterio al elegir funcionarios para ciertos puestos públicos claves en la Capital. La disciplina del partido había sido violada. Los argumentos para la censura anónima eran diversos. Una nota fechada el día 17, apelaba a la necesidad de que Todd fuese agradecido con quienes le habían servido bien en el pasado: «(D)ebo decirle al amigo Don Roberto, que mas de las veces no debe echarse en el olvido el pasado, y tener en cuenta mayormente a los que con gratitud, voluntad, buena fe y sin interés alguno expusieron su tiempo y esfuerzos para lograr que el amigo Roberto llegara [a] la posición Social que hoy ocupa». El reclamo de que los puestos públicos pagaban favores políticos era obvio. Se trata de una tradición política de todos los tiempos en los ancestrales términos del quid pro quo más vulgar. El uso del recurso de la anonimia puede ser interpretado de una diversidad de modos: miedo al poder, pudor, respeto a la figura pública. Sin embargo, la situación deja por sentado que la política en la colonia tenía mucho de seducción y manipulación.

El 29 de junio un nuevo anónimo criticaba el nombramiento del Sr. Carballeira como Director de los Hospitales Municipales de Santurce. La extranjería del nombrado, ser español era ser foráneo después del 1898, resultó ser la manzana de la discordia. El secreto remitente preguntaba retóricamente: «¿No cree [usted], que en el número de profesionales en medicina y cirugía que hay de Puertorriqueños dentro del partido Republicano haya quien tenga más meritos contraídos, tanto intelectual como profesional para desempeñar ese cargo con más acierto que el Sr. Carballeira?». La oposición no se limitaba al nombramiento de peninsulares:

Y, ¿qué me dice [usted], amigo Roberto, del nombramiento del Sr. Lippitt? . . . ¿porqué en lugar de nombrar á un Americano, no nombró [usted] aunque fuese de los quintos Infiernos a un galeno Puertorriqueño fuese quien fuese?.

William F. Lippitt, coronel del ejército, médico y masón grado 33, había llegado a Puerto Rico en 1903. Lippitt, casado con una puertorriqueña, fue Comisionado de Salud del Puerto Rico en 1912. El prestigio de Lippitt en los anales perdidos de la americanización puertorriqueña se puede equiparar al que poseen el doctor Paul G. Miller y el doctor Bailey K. Ashford, entre otros. La lección más sugestiva de todo esto es que el nacionalismo de los estadoístas anexionistas poseía características muy particulares. Contrario a lo que se acostumbra pensar, la defensa de lo «puertorriqueño» es un asunto que hay que abrir más allá de los estrechos márgenes del independentismo.

El efecto más significativo, desde la perspectiva de una historia política renovada, se encuentra en otro lugar. La idea de la Estadidad que animaba al estadoísmo anexionista fue revisitada a la luz de las relaciones contradictorias entre táctica y estrategia, también fueron examinadas y atenuadas al socaire de los tiempos. La polisemia de la Estadidad como la de la Independencia, es un asunto que no puede ser pasado por alto.

El estadoísmo en la década de 1920

El 1917, la Gran Guerra y la ciudadanía americana, forzaron la revisión del lenguaje político en Puerto Rico. Concesión o imposición, la ciudadanía movilizó la opinión política en una diversidad de direcciones. Cuando se evalúa aquel acto jurídico de cara a la opinión formulada por diversos autores estadounidenses durante la década subsiguiente al año 1898, el contraste es enorme. El Dr. José Anazagasty y yo hemos discutido ese problema en dos libros recientes a los que remito al interesado: We the People: La representación americana de los puertorriqueños, 1898-1927 (2008) y Porto Rico hecho en Estados Unidos (2011).

«Ambos a dos» (Rossy y Barbosa), caricatura de Mario Brau

Es cierto que el valor geoestratégico del territorio fue crucial en la decisión. Los portavoces del imperialismo neoaristocrático y la Marina de Guerra de Estados Unidos, reconocían, incluso antes de 1898, el valor militar de Puerto Rico en el Caribe. Pero es una postura frágil partir de ese aserto para desembocar en la hipótesis moral de que la ciudadanía se aplicó con el fin de usar a los puertorriqueños como «carne de cañón». Cuando se observa el periodo referido desde una perspectiva panorámica, la impresión que queda es que la crisis legislativa de 1909 a 1910 y el interesante pugilato que produjo, incidió en el cambió de actitud de la clase política estadounidense ante el problema de los puertorriqueños.

En 1911, el asesor militar y Secretario de Guerra del Presidente Woodrow Wilson, Henry L. Stimson (1867-1950), sugirió revisar la relación de la metrópoli con su posesión tropical. La relación se examinaría a la luz de varias consideraciones de política internacional. Por un lado estaba el valor geoestratégico del territorio. Por el otro, se hallaban las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos sobre la América Latina y la futura apertura del Canal de Panamá en 1914. Puerto Rico cumpliría una función de relevancia en aquel contexto. Stimson fue una de las figuras más interesantes de aquel periodo. Laboró al servicio de administraciones lo mismo republicanas que demócratas, fue Secretario de Guerra y de Estado, tenía experiencia colonial dado que sirvió en Filipinas y Nicaragua y fue el impulsor de la Doctrina Stimson que se oponía a la expansión japonesa en oriente. La lógica de Stimson sugería que un Puerto Rico «American» garantizaría la seguridad del Canal de Panamá. Asegurar esa asociación fue lo que trajo el tema de la ciudadanía americana al tapete.

Sobre esa base, la Inteligencia Militar recomendó la necesidad de reconocer la ciudadanía americana colectivamente para los puertorriqueños. Lo más interesante de aquel proceso fue la insistencia en que se dejara claro que la ciudadanía no debía interpretarse como un compromiso de Estados Unidos a conceder la Estadidad. Hacer a los puertorriqueños ciudadanos, no equivalía a la incorporación. De hecho, se trataba de procesos distintos y distantes. Tenía que estar claro que sólo la incorporación como territorio implicaba un compromiso concreto en aquella dirección. La impresión de que Estados Unidos podía reconocer y legitimar aspectos parciales de equiparación para Puerto Rico sin comprometerse con la Estadidad y los estadoístas se hizo evidente. El sabor que quedó en muchos observadores fue que el estadoísmo estaba en retroceso.

La elite política y la ciudadanía americana

Diversos sectores de opinión aspiraban a la ciudadanía americana desde 1898, premisa importante para comprender las actitudes de la clase política colonial. Durante el 1912, año en que madura el Partido de la Independencia y precede a la crisis económica de 1913 al palio de la discusión de la Ley Underwood, la conmoción de algunos y el entusiasmo de otros era palpable. El Partido Republicano Puertorriqueño y el Partido Obrero Socialista, que se hallaba en camino a su revisión ideológica de 1915, respaldaron la posibilidad de la concesión. En ambos casos, la anexión por medio de la ciudadanía era visto como un acto de equiparación jurídica que mejoraría la imagen de Estados Unidos en Puerto Rico y adelantaría la causa estadoísta. Jurídicamente la decisión tenía especial relevancia: la veían como una garantía de unión permanente con Estados Unidos. La idea de que después de ello ya no habría un paso atrás, dominaba. La semántica del concepto “unión permanente” estaba entonces vinculada casi con exclusividad a la Estadidad y el estadoísmo. La ciudadanía era un escalón en el camino de la Estadidad, argumento que contradecía la postura de la Inteligencia Militar. Los estadoístas, para consumo electoral, alegaban que la decisión comprometería a aquel país con la integración total en un futuro mediato. El argumento era más la expresión de un deseo que una realidad.

El Partido Unión de Puerto Rico enfrentó el proceso con sumo cuidado. La «Ciudadanía Portorriqueña», emanada de la Ley Foraker de 1900, había sido motivo de orgullo para parte del liderato independentista de la organización, en particular el abogado y escritor José De Diego. Es probable que, dada la situación de que se trataba de una decisión que se presumía inevitable, respaldaran la misma no sin imponer ciertas condiciones. Su situación de partido en el poder les daba un margen de movimiento que no poseían los partidos de minoría.

Con todo, si bien los defensores del self-government del unionismo convenían en que la ciudadanía era aceptable si se le reconocía mayor autonomía a Puerto Rico, los independentistas tenían reservas. Para figuras como De Diego y Luis Muñoz Rivera, el problema se reducía a una cuestión de principios: la «Ciudadanía Portorriqueña» estaba por ser sustituida por la «Ciudadanía Americana». La lógica del liderato de la Unión resulta curiosa. En 1913, eliminaron la estadidad de la Base Quinta de su programa, y concentraron en la meta del self-government y la independencia con protectorado. En ello había una contradicción palmaria: el self-government era interpretado, dentro del marco de un progresismo vulgar, como un paso necesario hacia la independencia. Esa condición reducía al unionismo a la situación de un partido autonomista y a la independencia en una utopía moral. El radicalismo de Muñoz Rivera y de Diego se expresaba en otros ámbitos: en que se eliminara el Tribunal Federal de Puerto Rico, y en que se sacara a la isla del control de las Leyes de Cabotaje. La Gran Guerra (1914-1918), confirmó la opinión de la Inteligencia Militar. La ciudadanía fue extendida colectivamente a los puertorriqueños en marzo de 1917. De Diego había muerto en 1918 y Muñoz Rivera en 1916.

«A la vera de la Cámara» (Matienzo), caricatura de Mario Brau

Después de la ciudadanía y la Gran Guerra ¿qué?

Desde 1917 en adelante, el independentismo y el estadoísmo reevalúan sus posiciones ideológicas. La fundación de un Partido Nacionalista en 1922, y la consolidación de la Alianza de 1924, son prueba al canto de ello. En gran medida, la ciudadanía tuvo un efecto tranquilizador. Era como si las opciones radicales -Estadidad e Independencia- hubiesen sido canceladas en nombre de la voluntad estadounidense de mirar hacia las posibilidades de una evanescente tercera vía.

Una carta de Roberto H. Todd a Ogden L. Mills, asesor del gobierno de Estados Unidos, fechada el 24 de mayo de 1920, servirá para ilustrar la incómoda situación por la que pasaban los estadoístas. Se trata de una lógica análoga a la de los unionistas: «(if) Statehood is temporarily withheld, the Porto Rican should be entitled to at least as much self-government as the people of the Territory.» El asunto de la No-Incorporación de Puerto Rico como Territorio de Estados Unidos, y el hecho de que la Isla no fuese un candidato para el status de Estado, estaba en la médula del dilema.

La correspondencia política de José Celso Barbosa y Todd de los primeros años de la década del 1920 está plagada de observaciones en torno al peligro que representaba el independentismo para una relación sana con Estados Unidos. Muerto De Diego, las acusaciones de subversión se concentraban en Antonio R. Barceló y José Coll y Cuchí, entre otros. Unionismo e independentismo eran sinónimos para el liderato estadoísta republicano. Lo que preocupaba a aquel liderato era que el retraso en integrar a Puerto Rico a Estados Unidos mediante la incorporación o su transformación en un Territorio organizado tuviese resultados desastrosos. Para Todd, ello:

…has resulted in keeping alive the agitation for independence, autonomy, a protectorate, any sort of a scheme that makes of Porto Rico an old-time, old-fashioned «Republic», with a few politicians riding big, white horses, with plumes and helmets, while the masses toil to support the «dignity» of this sort of nonsense. It has resulted in resisting the growth and use of the English language, a resistance that has at times developed into bitterness.

La situación de incertidumbre también afectaba otras zonas de la incómoda relación entre la metrópoli y la colonia.Todd insistía en que esa inseguridad había provocado que, a la altura de 1920, «this language (english) is use less in government court and offices, and there is less ambition to acquire it in the country than was the case fifteen years ago.» La ausencia de voluntad del Congreso americano atentaba contra el futuro de la relación entre ambos países. Todd quería colocar la responsabilidad de la situación en manos del Otro -el Congreso- con el fin de forzar la situación a favor del estadoísmo.

El otro aspecto que le molestaba era algo que ya se había manifestado en los textos americanos sobre Puerto Rico que ya he comentado en los dos volúmenes aludidos: la precariedad y la inmadurez de la praxis de la clase política insular. Todd se había tomado muy en serio el lenguaje paternalista que justificaba el tutelaje colonial de los puertorriqueños. Para demostrarlo resaltaba el carácter extravagante de la administración unionista desde 1904, el patronazgo político, y el hecho de que la cuota de empleados del Estado alcanzaba la friolera de 5,000 personas. No sólo eso:

Our Governor draws down $22,000 with the old «Palace» for a residence, a summer home in the mountains, a Packard automobile, with all accessions; and if callers present themselves at the Palace, and are regaled with cheese sandwiches and pink lemonade, the People of Porto Rico pay for the entertainment…

Todd, un hombre que había vivido la política del siglo 19, reconocía que las convenciones, miradas e inflexiones de aquel segmento de la clase política vinculada al unionismo y al independentismo, no habían cambiado tras el 1898: «…we have maintained in Porto Rico an old Spanish or British Colony, instead of a simple territorial government…». El fantasma de la Autonomía Radical tipo Canadá y del 1887, seguía vivo en el país. El desplazamiento de la culpa era evidente: la responsabilidad del atraso estaba en el desinterés del Congreso, actitud que a veces era interpretada como debilidad. El estadoísmo se sentía abandonado a su suerte por el Imperio. La imagen que tenían los estadoístas sobre los americanos estaba cambiando. La ilusión que había despertado la invasión de 1898 había llegado a su fin.

Nota: Publicado originalmente en dos partes es  80 Grados-Historia  el 20 de enero de 2012 y en 80 Grados-Historia el 17 de febrero de 2012