Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

julio 13, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

la-nueva-pavaLa otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

diciembre 10, 2015

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente I

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

Los caminos hacia el neoliberalismo

En términos globales la década del 1990 fue el escenario del fin de una era y el inicio de otra. Los efectos sobre Puerto Rico fueron enormes aunque su papel en el giro, dada su relación de sumisión colonial con Estados Unidos, fue muy poco. El Puerto Rico moderno y dependiente, producto de las prácticas legitimadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), vio como se cancelaban sus posibilidades, situación que abrió paso a un periodo de vacilación cuyos efectos aún no han sido superados. La incertidumbre económica, política y cultural, se manifestaron por doquier por el hecho de que las frágiles garantías que había ofrecido Operación Manos a la Obra (1947-1976) y su secuela,  la Sección 936 desde 1976, estaban en entredicho. Como se sabe, la condena final de la política de exenciones impuesta en 1976 se anunció en 1996 dejando al país con un periodo de 10 años, hasta 2006, para que hiciese los ajustes pertinentes para sobrevivir sin aquel recurso.

Los paradigmas sobre los cuales se habían apoyado las  políticas económicas de 1947 y 1976 se derrumbaron en la medida en que el capitalismo internacional, encabezado por Estados Unidos, se reorganizó recuperando la tradición del liberalismo clásico y la libre competencia desembocando en el discurso y la praxis neoliberal. La “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos, si alguna vez lo fue, dejó de serlo. El libre comercio con Estados Unidos se generalizó y la moneda común dejó de ser un rasgo exclusivo de nuestro mercado. Las “teorías del pacto” esgrimidas en 1952 por los defensores del estadolibrismo, había creado la ilusión de que existía un “pacto bilateral” entre  dos hipotéticos “iguales”. Los cambios de la década del 1990 demolieron aquella presunción.

Puerto Rico vio como las columnas sobre las cuales se había levantado el crecimiento económico (y dependiente) del Estado Libre Asociado -exenciones contributivas, trato preferencial selectivo, proteccionismo, asimetría salarial, austeridad en el gasto público, intervencionismo del estado en el mercado, ahorro individual- comenzaron a perder legitimidad en el nuevo orden. Incluso el papel adjudicado a la isla en el contexto de la Guerra Fría (1947-1991) tuvo que ser reevaluado: la “vitrina de la democracia” ante la “amenaza comunista” en Hispanoamérica era cosa del pasado tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El derrumbe de aquel espejismo hacía necesaria la reformulación de las relaciones entre, por un lado, Puerto Rico y Estados Unidos; y, por otro lado, Puerto Rico y el mundo.

 

Neoliberalismo y anticolonialismo

Aquellas circunstancias explican el hecho de que la década de 1990 fuese interpretada como un momento apropiado para la descolonización. De un modo u otro se comprendía que el orden de 1952 dejaría de ser funcional y que la soberanía, ya fuese en la forma del Estado 51, la Independencia o un Pacto de Libre Asociación, sería necesaria para facilitar la inserción del país en la economía neoliberal y global. El consenso, excepto en el influyente sector de los populares más conservadores, era que el ELA no era un estatuto soberano sino un régimen de dependencia colonial y que la interdependencia que la era global imponía como pauta, requería soberanía o independencia jurídica en buenos términos con Estados Unidos. Un tropiezo cardinal de aquel proceso fue que, cuando llegó el 2006 y cerró el periodo de transición tras la eliminación del amparo de la Sección 936, nada se había conseguido: la economía  estaba estancada y el tema del estatus empantanado.

El giro al neoliberalismo vino acompañado en Puerto Rico por el desprestigio del “orden democrático” emanado de la Segunda Guerra Mundial. La discursividad de la guerra contra el totalitarismo nazi y fascista había sido uno de los componentes del populismo del primer Partido Popular Democrático (1938). La confianza en la democracia electoral y el saneamiento de la imagen maltrecha de los partidos políticos como instrumento confiable de lucha para los puertorriqueños no tuvo un efecto permanente. El escándalo de la aplicación de la Ley Smith criollizada en la forma de la Ley de la Mordaza de 1948,  el asunto de la recopilación de las carpetas informativas de ciudadanos considerados potencialmente  subversivos  destapado en 1986,  su devolución y la demanda civil que generó el caso en 1992, desenmascararon el significado de la “democracia” en la era de la Guerra Fría. Aquella democracia electoral, partidista y constitucionalista había violado los derechos civiles de numerosos ciudadanos comunes de múltiples formas. Entre la Cheká, la Schutzstaffel, el Buró Federal de Investigaciones y la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico no había mucha diferencia. La discusión sobre este verdadero “déficit democrático” en el marco de la relación colonial, se hizo pública en numerosas publicaciones académicas y en la prensa del país.

La inestabilidad del orden heredado propició un auge inusitado pero comprensible del estadoísmo y sus organizaciones. Después de todo, el PPD era uno de los principales acusados y el independentismo, ya fuese socialdemócrata, socialista o nacionalista, atravesaba por un momento de reflexión que más bien parecía una crisis. Por eso la década de 1990 da la impresión de haber sido el decenio de un estadoísmo dinámico, encabezado por un liderato innovador y agresivo. El estadoísmo radical, exigente e inmediatista en cuanto al reclamo de Estado 51, cuya genealogía podría trazarse hasta la figura del abogado Carlos Romero Barceló, se impuso como el estilo dominante. Lo cierto es que desde 1968 al presente el estadoísmo ha ejecutado una revisión profunda de las posturas de su fundador, Luis A. Ferré Aguayo, y ha tomado tanta distancia de aquel como ya había tomado de José Celso Barbosa.

Pedro Rosselló González

Pedro Rosselló González

Uno de los misterios que valdría la pena indagar en cuanto a aquel giro se develaría  si se pudiera responder la pregunta de cuánto pesa  dentro de estadoísmo puertorriqueño la afiliación demócrata y la republicana a la hora de diseñar una táctica para alcanzar la meta propuesta. La transición de un estadoísmo gradualista a uno inmediatista que se da entre 1968 y 1976 está marcada por ese fenómeno. En la década de 1990 los estadoístas  demócratas con  Pedro Rosselló González a la cabeza, coincidieron con el dominio demócrata en Estados Unidos con Bill Clinton. Pero no hay que olvidar que los demócratas de la segunda pos-guerra mundial, Franklyn D. Roosevelt y Harry S. Truman, y los del tránsito al neoliberalismo como Clinton,  eran distintos por completo. Roosevelt y Truman estuvieron dispuestos a  trabajar con un PPD que no quería ni la estadidad ni la independencia, a la vez que  manifestaba simpatías con las políticas del Nuevo Trato y la formulación del Estado Interventor. La relación Clinton/Rosselló era escabrosa: el presidente tuvo que trabajar con demócratas que presionaban por la incorporación y el  Estado 51 que él no defendía. Del mismo modo, el interés del gobierno federal por “descolonizar” que dominó en la década de 1940, ya no era tan visible en década de 1990 porque, entre otras cosas, el fin de la Guerra Fría (1989-1991) convirtió el tema de Puerto Rico, que nunca había sido  prioritario, en un asunto invisible. En 1990, la incomprensión entre las partes involucradas era bidireccional o mutua.

 

Conservadores y soberanistas

El auge estadoísta de la década de 1990 estimuló el reavivamiento de lo que ahora se conocía como “soberanismo” en el PPD, actitud que persistía en la creencia de que el Estado Libre Asociado era una forma de “autonomía” que serviría como preparación para la independencia. El soberanismo reproducía la teoría de los “tres pasos o etapas” que sirvió de apoyo a Luis Muñoz Rivera y José De Diego Martínez cuando fundaron el Partido Unión de Puerto Rico, y la teoría de la “independencia a la vuelta de la esquina” apoyada por Luis Muñoz Marín en la década de 1940.  La paradoja de aquella hipótesis interpretativa era que, tanto los unionistas como los populares, terminaron por renunciar a la independencia en algún momento.

La “Nueva Tesis” de Rafael Hernández Colón (1978-1979) fue un intento de cerrar desde arriba y autoritariamente el debate sobre la relación colonial dentro del PPD.  El momento en que se formuló representó, desde mi punto de vista, una respuesta defensiva a la victoria del PNP entonces bajo la dirección de Romero Barceló. El alegato de Hernández Colón era que, dada que la  independencia era irrealizable y la estadidad económicamente inconveniente, había que aceptar que el  ELA era la “solución final” al debate estatutario. La tesis no obligaba al inmovilismo pero reducía el margen de acción del cambio estatutario a los límites dominantes desde el 1952. El conservadurismo se impuso en ese segmento de la cúpula del PPD.

Williie MIranda Marín

Willie Miranda Marín

El problema era que, en la década de 1990 el argumento de Hernández Colón,  no hacía sentido. Las razones de los críticos de la “Nueva Tesis” dentro y fuera del PPD eran predecibles. El orden que había inventado al ELA ya no existía y el “déficit democrático” del régimen de relaciones había de ser reconocido por el mismo Hernández Colón en 1998. En su retórica jurídica, el reconocimiento del problema no  tenía que interpretarse como una señal de que debía romperse con los esquemas del 1952. Por el contrario, los conservadores han insistido en que lo más práctico es y será trabajar el cambio -superar el “déficit democrático”- en el marco del ELA sin quebrar sus fundamentos más celebrados: la autonomía fiscal y arancelaria. La actitud es comprensible pero, me parece, debería ser discutida con más profundidad a fin de que resulte más convincente al día de hoy. La meta de una táctica política como la de los conservadores del PPD ha sido denominada en ocasiones con el nombre de ELA Soberano o Culminado, pero el concepto jurídico no parece encajar en el lenguaje estándar del Derecho Internacional como tampoco encajaba el concepto jurídico del ELA.  Del mismo modo, tampoco ha tenido mucho éxito entre los soberanistas más exigentes que parecen concebirlo como una propuesta contradictoria, poco clara o como una paradoja de derecho.

El soberanismo articuló durante la década de 1990 una respuesta más o menos coherente al problema del estatus al calor de dos procesos de consulta: los plebiscitos de estatus de 1993 y 1998. La década de estadoísmo radical necesitaba medir el pulso de su proyecto y los plebiscitos siempre han sido considerados en la tradición electoral local como la más precisa encuesta de opinión. Lo interesante es que las figuras dominantes de la nueva ola soberanista del 1990  no surgiese del alto liderato de la organización popular sino de tres poderosos alcaldes: William Miranda Marín de Caguas, José Aponte de la Torre de Carolina y Rafael Cordero Santiago de Ponce, todos ya fallecidos. Me da la impresión de que, ideológicamente y en su praxis, los tres representaban la tradición populista y radical del primer PPD, el de 1938 a 1943. La gran diferencia entre estos y aquellos es que el soberanismo populista de los años 1940 se alimentaba de un fuerte corriente ruralista propia de un Puerto Rico preindustrial y agrario. En la década del 1990 la propuesta ideológica ya se había urbanizado y poseía una tesitura completamente distinta. El resultado de aquel proceso fue la fundación de Alianza Pro Libre Asociación Soberana cuyo efecto sobre los sectores moderados del PPD sigue siendo poco. El superviviente de aquel grupo fundacional fue Marco A. Rigau, figura fuerte detrás de la líder soberanista Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de la capital.

marzo 29, 2013

Reformas económicas y cambio social: una introducción

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

 

El período que va de 1940 a 1964 fue determinante en la configuración de la imagen del Puerto Rico moderno. A lo largo de aquellos 24 años, se consolidaron las estructuras de lo que se denominaría el Estado Interventor, Providencial o Benefactor que el país ha visto disolverse desde la década de 1990. Aquel proceso tuvo la peculiaridad de que se ofreció en el contexto de una relación de dependencia colonial con Estados Unidos que fue refinada en 1952 por medio de la constitución del territorio no incorporado en un Estado Libre Asociado. El caso de Puerto Rico es, por lo tanto, único.

La victoria parcial del Partido Popular Democrático en las elecciones de 1940 jugó un papel determinante. La intención de los populares estaba por cumplirse: la relación entre la gente y el Estado sufrió un cambio interesante. En términos generales, la impresión de que el Estado actuaría como un mediador justo en las tensas relaciones entre el Pueblo y el Mercado se afirmó. Los cuadros administrativos del PPD tenían una gran responsabilidad a cuestas. La tarea no debía ser difícil por el hecho de que el referente inmediato que poseía la gente era el gobierno de la Coalición Puertorriqueña. Los Republicanos y los Socialistas eran considerado como lo socios naturales de los grandes intereses y el capital absentista.

Puerto Rico, Puerto Pobre

Puerto Rico, Puerto Pobre

Para consolidar su imagen, el PPD se apoyó en un conjunto de actos que confirmaban su compromiso moral y material con la gente. El lenguaje del “Nuevo Trato” fue instrumentalizado con eficacia por el liderato que rodeaba a Luis Muñoz Marín, una figura carismática no exenta del autoritarismo que caracterizó a los líderes de los movimientos populistas de su tiempo. Las acciones de los populares traducían las políticas de los Demócratas en Estados Unidos. Muñoz, Roosevelt y Tugwell, fueron las figuras emblemáticas de aquel momento de cambio al cual todavía se apela en momento de crisis hoy.

El proceso no se desarrolló sin tropiezos. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, las derechas políticas, identificadas con los Republicanos, calificaron como socialistas aquellas prácticas. Su alegato era que el Novotratismo atentaba contra los valores de la Libre Empresa y la Libre Competencia y minaban las bases del capitalismo liberal clásico. Pero no tomaban en cuenta que aquellas prácticas se llevaban a cabo con el fin de salvar el capitalismo y no con el propósito de socializar la riqueza y eliminar la propiedad privada. Las derechas perdieron la compostura ante el reformismo una vez vieron amenazado el control sobre el capital y, con ello, su posición social.

La aplicación del “Nuevo Trato” tuvo el efecto de suavizar las tensiones políticas y las tensiones de clase en Puerto Rico dentro de los sectores más propensos a la moderación. El único sector que no se tranquilizó fue el Partido Nacionalista, representado por la voz de su Presidente Pedro Albizu Campos. Tanto en 1930, en medio de la Gran Depresión, como en 1950 en el preámbulo de la construcción del ELA, sus posturas se endurecieron y respondió con la violencia.

El elemento más característico de aquel período fue, como se ha dicho, que el Estado desempeñó un papel muy activo en el mercado y la economía. La práctica de “dejar hacer, dejar pasar” propia del capitalismo clásico fue revisada, y el Estado comenzó a intervenir y regular las prácticas económicas y, cuando fue posible se convirtió en un agente activo. La novedad era que el capital público estuvo en posición de competir con el capital privado, todo ello en nombre del Pueblo. La diversificación de las funciones del Estado fue clave en el proceso de profesionalización de su plantilla de funcionarios y el crecimiento del mismo. El servicio público según lo conocemos y lo que acabó por denominarse el “gigantismo estatal”, encuentran sus fuentes en aquel proceso.

Teodoro Moscoso: un signo del Puerto Rico industrial y dependiente

Teodoro Moscoso: un signo del Puerto Rico industrial y dependiente

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la imagen que se tenía en aquel entonces se apoyaba en el convencimiento de que el Estado podía ofrecer servicios de más alta calidad y a un costo más bajo que la empresa privada. El egoísmo en que se apoyaba la empresa privada no era entonces una característica atribuible al Estado. La percepción dominante era que el Estado era el representante sincero del pueblo ante la explotación del capital. Si se compara aquella situación con los argumentos que se han utilizado en los últimos 20 años para justificar las privatizaciones de los bienes públicos, se comprenderá el abismo que existe entre aquel momento y el presente.

El PPD consiguió sus metas inmediatas mediante la instauración de una serie de medidas y la creación de un conjunto de entidades que estimularon y racionalizaron las estructuras económicas del país. El modelo más importante fueron una serie de corporaciones públicas que tuvieron el deber de invertir capital público en infraestructura útil y una serie de obras modernizadoras. El proceso marcó el camino del país a la modernización de una manera convincente y palpable, y cambió las percepciones sociales y culturales de la mayoría de los puertorriqueños. La idea de que se estaba “rompimiento con el pasado” resultaba innegable para aquella generación de puertorriqueños. La gente estuvo en posición de apreciar el “cambio que se ve” más que en ninguna otra época de la historia nacional. Si fuera a hablar de un momento “traumático” en el pasados colectivo, no escogería el 1898 y el “cambio de soberanía” sino el camino que se abrió para el país después de 1940.

 

Las medidas

Las medidas más significativas que se tomaron iban en dos direcciones: una miraba hacia el pasado y la otra hacia el futuro. De cara al pasado, en 1941 se aprobó una Ley de Tierras con el fin de cumplir una promesa esperada por muchos: la articulación de una reforma agraria y minar el latifundismo mediante el cumplimiento de la vieja Ley de los 500 acres que prohibía a la corporaciones acaparar tierras más allá de aquella extensión. Para ese fin se fundó una agencia denominada Autoridad de Tierras. De cara al futuro, luego de algunos esfuerzos infructuosos en aquella dirección en 1944 y 1945, no fue hasta 1947 que se aprobó una Ley de Incentivos Industriales que concedía exención contributiva a los inversionistas extranjeros y que fue la base de la “Operación Manos a la Obra”, fundamento del proceso de industrialización del país. La industrialización había sido sugerida como una alternativa de futuro para el país del 1934 por el entonces Canciller o rector de la Universidad de Puerto Rico el Dr. Carlos Chardón por lo que se trataba de una opción que habían compartido los intelectuales del Partido Liberal Puertorriqueño y luego del PPD.

MigracionLa meta era convertir a Puerto Rico en un lugar apropiado para la inversión de capital americano. Las razones para ello era que Europa y Japón estaban reconstruyéndose de la devastación producida por la guerra; mientras África y el Sudeste Asiático, estaban en proceso de salir del coloniaje a la vez que China caminaba hacia el Comunismo, sistema que se consolidó en aquel inmenso país en 1949. Recuerde el lector que tras la guerra, los imperios coloniales inglés, francés y holandés se estaban disolviendo y la Unión Soviética, el principal aliado de Estados Unidos contra el nazismo, se había convertido en el enemigo desde 1947.

Aquellas políticas de los populares trabajaban los dos frentes más importantes del partido de gobierno y de Muñoz Marín. El agrario, con la intención de establecer acceso democrático a la tierra, y el industrial, estableciendo las condiciones concretas para su fomento: hacer de Puerto Rico un paraíso fiscal sobre la base de exenciones. Es curioso que, todavía al presente, se siga pensando en que esa es la única salida que tiene el país a pesar de que históricamente, se pueda demostrar que aquellas prácticas nunca han garantizado un crecimiento seguro y permanente.

 

Las entidades

Las entidades de mayor relevancia fueron la Junta de Planificación, creada en 1942, la cual tendría la responsabilidad de desarrollar un “Plan Maestro de Desarrollo” cuya articulación descansaría en manos de la Compañía de Fomento Industrial. El culto a la “planificación” como alternativa a la “anarquía capitalista” se generalizó después de la Gran Depresión en espacios tan disímiles como Washington y Moscú. Roosevelt y Stalin caminaban el mismo sendero que trataba de imponer la racionalidad al mercado en nombre del progreso material.

Aquel mismo año 1942, se creó el Banco de Fomento, institución que apoyaría con crédito barato el financiamiento de empresas privadas y públicas que allanaran el camino a la industrialización. Otra vez mirando hacia el pasado agrario, se estatuyó en 1945 Compañía de Fomento Agrícola cuyo objetivo era responder los reclamos de los agricultores medianos y los colonos de la caña. Cuando en 1950 la Compañía de Fomento se puso en manos de Teodoro Moscoso, el Banco de Fomento ya era uno de los motores de crecimiento de renglones como el de la construcción que ha sido considerado uno de los pilares del desarrollo industrial del país hasta el presente.

Sobre esa base se manufacturó una imagen de Puerto Rico en la que este ofrecía un espacio privilegiado de producción caracterizado por la paz social, la mano de obra barata y la exención contributiva al capital extranjero. El problema era que el “extranjero” en Puerto Rico, que tenía una relación de libre mercado con Estados Unidos, se limitaba a aquel país. El paraíso fisca fue también un paraíso para la inversión americana y, mientras aquellas condiciones se mantuvieran, el esquema debía ser al menos funcional.

 

Turismo: el paraíso tropical

Turismo: el paraíso tropical

Las corporaciones públicas

Las corporaciones públicas cumplieron un papel protagónico en la inversión en infraestructura, aspecto más visible del cambio y la modernización. En 1941 se fundó la Autoridad de Recursos Hidráulicos que tenía la responsabilidad de promover la electrificación del país mediante el aprovechamiento del potencial hidrológico de la isla, una de las mejor irrigadas del Caribe, y facilitar el acceso a agua potable a bajo costo a las mayorías. El papel que tuvo el consumo de agua potable en la higiene y la salud pública fue enorme, por cierto, pero es un asunto que no se puede discutir en este espacio. En 1942 se instituyó una Autoridad de Transportes que desarrollaría la transportación pública en la zona metropolitana de San Juan, región privilegiada de las políticas desarrollistas de los populares; y una Autoridad de Comunicaciones que difundiría la telefonía y la telegrafía, recurso que apenas habían asomado en las zonas urbanas del país hacia la década de 1890. En 1945, como último ejemplo, se creó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cual se encargaría de distribuir agua potable y de disponer eficazmente de los desperdicios sanitarios por medio de un sistema de alcantarillados urbanos que todavía en el presente no ha llegado a todas las regiones del país.

Vistas en su conjunto, aquellas reformas significaban el aspecto más visible de la modernización de Puerto Rico y desprenderlas del Partido Popular Democrático resulta extremadamente difícil. En su conjunto, hacían al país más atractivo para los inversionistas americanos quienes, en su mayoría, estaban acostumbrados a las comodidades de la vida moderna desde hacía más de 50 años. Para los puertorriqueños comunes, los cambios eran una demostración de progreso social que había que aplaudir. Celebrándolos celebraban al PPD en el poder, organización que entre 1940 y 1964, ganó todas las elecciones por una amplia mayoría.

marzo 4, 2013

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1950-1954)

  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950 fue, entre otras cosas, una respuesta bien articulada a los retos políticos impuestos por la Guerra Fría, el  proceso de descolonización y la actitud colaboracionista del Partido Popular Democrático con las autoridades de Estados Unidos. La acción protestó además contra la Ley 53 o La Mordaza de 1948, contra la Ley 600 y contra la Asamblea Constituyente que por aquel entonces se planificaba. Pero sobre todo fue un arriesgado acto de propaganda que se elaboró con el propósito de llamar la atención internacional sobre el caso colonial de Puerto Rico y las posibilidades de la resistencia armada en el territorio. En un sentido simbólico representó la reinvención de la situación que produjo, con efectos análogos, la Insurrección de Lares en septiembre de 1868.

Residencia de Pedro Albizu Campos en San Juan

Residencia de Pedro Albizu Campos en San Juan

El centro militar de la conjura fue el barrio Coabey de Jayuya. La finca de la militante Blanca Canales (1906-1996) sirvió como  centro de entrenamiento y de mando, así como de depósito de armas para los rebeldes. Fue allí donde se proclamó la República y se izó la bandera de la Nación, muy parecida a la que en 1952 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico oficializara como signo del país. Allí se fundó, como en Lares, la Nación Simbólica y se sacralizó su soberanía política.

El plan de los rebeldes era, una vez tomada la municipalidad de Jayuya,  resistir el tiempo que fuese necesario hasta que la comunidad internacional reconociera la beligerancia puertorriqueña y legitimara  su voluntad soberana. Algunos veteranos del ejército me comentaron en Jayuya en el 2008 que la selección de la localidad se había hecho sobre la base del notable potencial agrario de la región montañosa y sus posibilidades de sobrevivir en caso de que la insurrección no fuese efectiva en otras partes del país.  Las fuerzas nacionalistas de aquella localidad estaban al mando de Carlos Irizarry, militante que era, además, veterano de la Segunda Guerra Mundial.

El centro político o público fue, desde luego, San Juan donde se encontraba la casa del Partido Nacionalista y vivía su líder Albizu Campos. La Voz de la Nación era aquel abogado. La prensa puertorriqueña e internacional, miraría hacia donde él estuviese y los actos que se ejecutaran contra su persona con el fin de arrestarlo, servirían para proyectar el hecho de que en Puerto Rico se luchaba a favor de la descolonización por un camino alterno al que había marcado la Ley 600. Los centros rebeldes mejor preparados fueron los de los pueblos de Utuado, Mayagüez y Naranjito, pero la presencia de comandos nacionalistas era visible en una parte significativa de la isla.

Las acciones de Jayuya se combinaron con dos atentados suicidas que demostraban los riesgos que era capaz de tomar el Nacionalismo Revolucionario. El primero fue encabezado por el nacionalista y también veterano de guerra, Raimundo Díaz Pacheco (1906-1950)  y tuvo por objetivo la residencia oficial del gobernador Muñoz Marín , es decir, La Fortaleza. El otro estuvo compuesto por los militantes Griselio Torresola (1925-1950) y Oscar Collazo (1914-1994), quienes atacaron la Casa Blair, residencia temporera del presidente Truman en Washington. Ninguno de los dos magnicidios consiguió su objetivo pero el impacto propagandístico de ambos fue enorme.

Antecedentes inmediatos

La Insurrección Nacionalista estalló el 30 de octubre de 1950. Todo parece indicar que los días previos fueron de intensa preparación para una situación que Albizu Campos había planeado con mucha calma desde su salida de la cárcel de Atlanta en 1943.  Los registros del taquígrafo de  record y funcionario de la Policía Insular Carmelo Gloró documentan que el 26 de octubre, cuando se conmemoraba el día del natalicio del General Antonio Valero de Bernabé en Fajardo, Albizu Campos adoptó un tono marcial que inevitablemente resultaba en un llamado al combate inminente. Para quienes conocen el calendario patriótico del Partido Nacionalista, la relevancia de Valero de Bernabé y su vinculación con el mito bolivariano, explican por qué aquella fecha  resultaba idónea para informar a la militancia sobre la necesidad de una movilización.

Ataque a La Fortaleza en 1950

Ataque a La Fortaleza en 1950

El día 27 de octubre, un grupo de nacionalistas fueron detenidos por la Policía Insular mientras transitaban por el Puente Martín Peña en la capital. Durante la intervención  se les ocuparon dos pistolas  calibre  37, una subametralladora, cinco explosivos de bajo y mediano poder que incluían los clásicos coctel,  algunas bombas tipo niple y varias cajas de balas. Todo parece indicar que aquel acontecimiento fue crucial para que se tomara  la decisión de que la Insurrección sería el día 30 dado que se llegó a temer que aquellos arrestos fuesen la primera de una serie de actos represivos que pondrían en peligro el objetivo de los rebeldes.

El 28 de octubre estalló un motín en la Penitenciaría Estatal de San Juan bajo el liderato del presidiario  Pedro Benejám Álvarez. El mismo  desembocó en un escape masivo de presos. Benejám era también  veterano de guerra  y había sido traficante de armas robadas al ejército de Estados Unidos. Por aquel entonces se alegó que el motín estaba conectado con la conjura nacionalista y se aseguraba que Benejám estaba comprometido a suplir armas y hombres a la revuelta.

Durante los días 28 y 29 de octubre,  las tropas nacionalistas se movilizaron y se reconcentraron en el Barrio Macaná de Peñuelas. La residencia de militante  Melitón Muñiz Santos, fue usada como centro de distribución de armas y tareas para el evento que se acercaba.

Objetivos militares y el plan de combate

La meta principal de los Comandos Nacionalistas, conocidos desde 1934 como Cadetes de la República, fue la toma de los cuarteles de la Policía Insular, prioridad que parece demostrar la necesidad de armas que caracterizaba al movimiento rebelde. Aquel objetivo militar se unía a un plan concertado para ocupar las oficinas de teléfono y telégrafo locales con la intención de incomunicar las localidades una vez fuesen tomadas. Un segundo objetivo de los Comandos Nacionalistas fue ocupar las alcaldías, centro que representaban el poder colonial y el colaboracionismo de los populares con las autoridades estadounidenses.

El tercer objetivo fueron las dependencias del Gobierno Federal en Puerto Rico tales como los correos y las oficinas del Servicio Selectivo de las Fuerzas Armadas. El Partido Nacionalista había conducido una campaña muy persistente en contra de la participación de los puertorriqueños en el ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.  Debo llamar la atención sobre otro elemento que me parece crucial. La Guerra de Corea, la primera confrontación violenta de la Guerra Fría, había iniciado en junio de aquel año y, como se sabe, ya en las primeras semanas de octubre la tropas de la Organización de la Naciones Unidas al mando del General estadounidense Douglas MacArthur, habían sido movilizadas contra los ejércitos de Corea del Norte y la República de China.  El mundo estuvo al borde de una conflagración atómica en aquel contexto por lo que la Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, se iniciaba en un momento muy complejo en que la fiebre anticomunista dominaba el lenguaje político internacional.

Arresto de Pedro Albizu Campos en 1950

Arresto de Pedro Albizu Campos en 1950

La táctica utilizada fue la de las guerrillas urbanas. Se trataba de  bandas o grupos pequeños que se tomaban enormes riesgos militares hasta el punto de que algunos de ellos funcionaban más bien como  comandos suicidas. Los soldados nacionalistas más experimentados contaban, como se sabe, con formación militar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, todo parece indicar, que los nacionalistas constituyeron un ejército muy disciplinado y dispuesto a cumplir con las órdenes de sus superiores. Los logros militares más notables de aquel esfuerzo se redujeron al hecho de que Jayuya, el centro de la conjura, permaneció en poder de los Nacionalistas hasta el 1ro. de noviembre , pero la movilización de la Guardia Nacional, cuerpo militar que contaba con armas de repetición, morteros, artillería ligera y aviones de combate, forzó la rendición de la plaza con el fin, según algunos, de evitar la devastación del barrio. En aquel momento la desventaja en capacidad de fuego de los rebeldes se hizo patente.

Un juicio

La impresión que deja aquella situación es que, igual que en el caso de la Insurrección de Lares de 1868, la Insurrección de Jayuya parece haber sido también producto de la precipitación y la prisa. Los defensores de Jayuya no contaban con armamentos capaces de enfrentar vehículos blindados, ni con artefactos bélicos antiaéreos. Entre los pertrechos ocupados a los rebeldes había pocos explosivos de alto poder: las bombas tipo niple y los explosivos a base flúor parecen haber sido el límite de su capacidad explosiva.

Nacionalistas indultado por la administración de Roberto Sánchez Vilella en 1968

Nacionalistas indultado por la administración de Roberto Sánchez Vilella en 1968

El gobernador Muñoz Marín, la Policía Insular y la Guardia Nacional manejaron el asunto de una manera muy diplomática con el fin de evitar el golpe de propaganda que podría producir a nivel internacional un acto de represión masiva contra los rebeldes. El prestigio de Albizu Campos y su proyección mundial debieron pesar mucho en aquel momento. Ejemplo de aquella actitud cuidadosa fue el hecho de que nunca se declaró un “estado de emergencia” y que, con el fin de disminuir el efecto negativo que aquel acto podía tener sobre su imagen, Muñoz Marín pidió disculpas a Estados Unidos en nombre Puerto Rico y proyectó la Insurrección como un acto aislado y de poca relevancia.

Albizu Campos, arrestado en su casa tras una intensa resistencia, fue condenado a 53 años de  prisión. Su destino parecía ser morir en la cárcel. Sin embargo, la presión de una campaña humanitaria internacional  a favor de su excarcelación, provocó que el líder rebelde fuese indultado por Muñoz Marín en 1953.  Como dato curioso, el indulto se ordenó el 30 de septiembre de aquel año y Albizu Campos lo rechazó. Las autoridades carcelarias tuvieron que expulsarlo de la penitenciaria a pesar de su oposición.

Albizu Campos era un mito político muy poderoso, una figura que estaba, por decirlo de algún modo, más allá de la política cotidiana y de la domesticidad. Su proyección internacional como un mártir de la independencia era incuestionable. Reducirlo a las pequeñeces de la política local en tiempos de la Guerra Fría requeriría un esfuerzo monumental. Lo cierto es que figuras como la de Albizu Campos representaban una contradicción en aquella década del 1950 en la cual el Realismo Político y el pragmatismo se imponían en la vida política local. Albizu Campos era demasiado irreal para una generación política que había decidido someterse y ajustarse a la corriente que provenía de Washington.

junio 4, 2010

“Carta a Irma” (1939): Nacionalismo, stalinismo y autoritarismo

artido Nacionalista de Puerto Rico. Documentos. Carta de José Monserrate Toro Nazario a Irma Solá, 31 de mayo de 1939. Epigrafía, transcripción y edición del Dr. Rafael Andrés Escribano. CPR 324.27295 T686c. Colección Puertorriqueña. Universidad de Puerto Rico: pág. 21-25

Fragmento 5: El presidente del Stalinismo

(…)  Por lo que pueda hacer al caso, no es esa la única vez que he presidido una reunión de ese calibre, en ausencia del presidente. Lo hice una vez, en ausencia de Albizu Campos. Entonces estaba con nosotros mi compueblano Buenaventura Rodríguez, hoy socio del McLeod del partido y conjuntamente con él vocal de la Junta nacional. Recuerdo que en aquella ocasión consideramos el exhibicionismo católico que se había apoderado del Partido nacionalista. Albizu Campos protestó de que nos reuniéramos a sus espaldas. Me puse de pié y le expliqué por qué. El tiempo ha demostrado quién tenía razón. Para aquella época unas trescientas personas suscribieron una protesta contra el referido exhibicionismo. Al correr de los años, el Partido nacionalista no tuvo otro remedio que declarar no gratos a los señores obispos. La catedral de San Juan nos fue cerrada un día de De Diego. Otro día, el padre Ramos quedó suspenso. Otro día, desapareció mi columna [en]  El Piloto. Otro día, el párroco de Lares nos prohibía la entrada de banderas portorriqueñas. Hoy día los estandartes de Franco entran y salen impunemente.

Masacre de Ponce (1937)

El cabello de los nacionalistas suele ser largo –tan largo como suele ser corta su memoria. El as de triunfo fue reservado para la esposa de Albizu Campos y el joven de las tres jotas. Gran parte de la carta de Cuba es una filípica contra el doctor Lanauze.

¿No es el doctor Lanauze la persona a cuyo favor –la única persona no nacionalista– dos asambleas nacionales consecutivamente han rendido público testimonio de gratitud?

La carta de Cuba invoca la soberanía de nuestras asambleas. ¿No forman parte de esa soberanía las resoluciones en que por unanimidad el nacionalismo consigna al doctor Lanauze su reconocimiento imperecedero?

En circunstancias normales concedo que no sería de buen gusto que fuera yo quien hiciera la apología del doctor Lanauze. La diatriba de Cuba es tan virulenta que me siento constreñido a saltar por encima de los nones del savoir dire (saber decir), para dar sólo pálido reflejo de los servicios puramente graciosos del doctor Lanauze al Partido nacionalista de Puerto Rico.

Debo advertirle, Irma, antes que nada, que el doctor Lanauze era condiscípulo del ilustre preso de Atlanta. Desde la adolescencia, idéntico afán de cultural superación les reunió en las aulas de la colonia. Eran compañeros. El mismo año se graduaron de la segunda enseñanza. En cierta ocasión, uno debatió frente al otro.

He visto, Irma, el primer libro publicado por el doctor Lanauze, a través de los años y la insidia, el libro adquiere un mérito singular: es el primer libro, en toda nuestra bibliografía, que menciona a Albizu Campos. Con la venta de este libro –¡ni usted ni yo sabemos lo que en Puerto Rico significa que un autor novel tenga que publicar y vender su propio libro!– el doctor Lanauze se hizo de dinero para continuar sus estudios. Hijo de un herrero, ni siquiera tuvo una beca para seguir adelante. Se hizo maestro. Con sus ahorros se trasladó a Estados Unidos. Usted no sabe, Irma, lo que significa para un estudiante de color costearse sus propios estudios en Estados Unidos. El doctor Lanauze fue hasta sirviente.

Mientras tanto, una beca, ganada en buena lid –una beca colonial– conducía al futuro apóstol a Vermont. Méritos ulteriores lo llevaron a Harvard.

Uno y otro se encontraron en Washington. El doctor Lanauze cooperó con Albizu Campos en cuanto pudo.

No fue únicamente el amor a la cultura lo que les unió. Atábalos el mismo amor a la independencia de Puerto Rico. Los mismos prejuicios raciales se irguieron contra ellos. Los tres lazos subsisten a través del tiempo, la distancia y el fanatismo.

Albizu Campos y el doctor Lanauze volvieron a reunirse en Ponce.

El doctor Lanauze escribió en 1932:

“El Partido socialista /de Puerto Rico/ ha ido evolucionando gradual y sistemáticamente hacia la derecha.” –Por los caminos de la violencia, editorial América, Ponce, página 183.

Dijo también:

“Nuestro porvenir está en nuestras propias manos. Debemos ir francamente al corazón y a la mente de nuestras masas explotadas, exprimidas, anémicas, escépticas, vencidas, y probarles que deben ponerse de pié… Luchar como hombres y no someterse como esclavos.” Loc. Cit. pp. 188 y 189.

Un año después del tratado de Rusia, al cual alude la carta de Cuba, y dos años antes del encarcelamiento de Albizu Campos, decía el doctor Lanauze:

“/El Partido nacionalista de Puerto Rico/ vive de frente al pasado, cantando… a las viejas tradiciones burguesas, a la vieja España, a la Iglesia Católica…” –Por qué somos comunistas, Ponce, 1934, p. 21.

Por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esa carta, el doctor Lanauze decía también:

“El Partido comunista de Puerto Rico combatirá también la colonia y defenderá con todas sus fuerzas y con todos los medios la independencia de Puerto Rico. Los Estados Unidos nos sojuzgan por el solo derecho que da la fuerza bruta y por el interés egoísta de los dividendos que durante treinta años hemos pagado a sus capitalistas ausentes; por la servil pasividad de los portorriqueños, y por la cooperación de nuestros políticos y nuestra burguesía nativa. En esto estamos de acuerdo con el Partido nacionalista.” Loc. Cit., pp. 21 y 22.

Tome nota, por lo que pueda hacer al caso, en el curso de esta carta, de que se trata de palabras escrita un año después del tratado de Rusia.

El doctor Lanauze escribió además:

“Consideramos /a los nacionalistas/ los únicos independentistas sinceros y valientes. Con ellos cooperaremos siempre y esperamos poder probarles, en todo momento, que por ese fin común, supremo para ellos, nosotros también pelearemos con todas las armas, sinceramente, valientemente… Esperamos que… el Partido nacionalista de Puerto Rico… defienda francamente la masas trabajadoras portorriqueñas contra la explotación de la burguesía nativa… que es en verdad el peor enemigo de la independencia de Puerto Rico.” Loc. cit., pp. 21 y 22.

Nacionalistas acusados durante la Masacre de Ponce (1937)

Un año después del tratado de Rusia y dos años antes del encarcelamiento de Albizu Campos, hizo el doctor Lanauze una promesa. Esa promesa, Irma, no ha sido violada nunca.

Por lo que pueda hacer al caso, en la página 18 del opúsculo citado, el doctor Lanauze llama al Partido socialista de Puerto Rico “partido amarillo.” Por lo que pueda hacer al caso, en la misma página llama “imperialista” a la Unión republicana. Por lo que pueda hacer al caso, en la misma página llama al Partido liberal  “instrumento de la burguesía nativa.”

La acusación del gran jurado puso al doctor Lanauze a las órdenes de Albizu Campos. El anticomunismo de Albizu Campos –hecho incontrovertible– contestó al cumplimiento de la promesa del doctor Lanauze con un epíteto: “espía.” El epíteto no es nuevo en el Partido nacionalista. Es tan corriente como el de “traidor”. Yo mismo he sido acusado de espía. En una ocasión Virella no pudo contenerse y, entre bromas y voras [?], contestó:

-Don Pedro, Toro Nazario no tiene inteligencia suficiente para ser espía.

Virella se ha retirado del Partido nacionalista.

¿Por qué?

Ni la injustificada acusación de espía ni el anticomunismo de Albizu Campos impidieron que el doctor Lanauze olvidase su promesa. El doctor Lanauze prestó su más decidido concurso económico y cultural al Frente unido.

También de la noche a la mañana sobrevino el boicot nacionalista, esta vez al Frente unido (pro-constitución de la república), en momentos en que éste estaba en apogeo. Las causas del boicot nacionalista nunca han sido explicadas meridianamente.

Mi explicación estriba:

(1) En el anticomunismo nacionalista, que repudiaba la colaboración izquierdista, pero acogía la derechista.

(2) En el predominio de una ideología semifascista en el nacionalismo.

(3) En la alarma, con proposiciones de cruzada, de la Santa Sede –foco de autoridad en el nacionalismo– contra movimientos de nombre parecido en otros países. La verdad es que Pío II combatía los Frentes populares, pero implícitamente se refería a los movimientos de este nombre en los países libres. En cuanto al respaldo eclesiástico del derecho de las colonias a la libertad, la doctrina del derecho de las colonias a la libertad, la doctrina de la Iglesia es tan clara y terminante que no creo necesario molestar su atención en cuanto a ella.

(4) En el germen trotskista. No olvide usted que, por ejemplo, un nacionalista expulso, (Luis) Vergne Ortiz –exvicepresidente del Partido nacionalista de Puerto Rico, mi barba en remojo– habiendo sido expulsado también del Partido comunista, presidía, como aún preside, el movimiento trotskista en Puerto Rico.

(5) En la insistencia nacionalista por llevar a cabo la Marcha sobre San Juan –nombre mussolinesco– por encima de la represión winshipesca.

(6) En el viaje a Buenos Aires de Vicente Géigel (Polanco), por encima de la intransigencia nacionalista. Verdad es que Vicente no militaba en el nacionalismo, pero había sido uno de sus fundadores. Su independentismo es indiscutible, Irma.

(7) En el germen aprista.

(8) En el germen abecedario.

(9) En el germen trujillista.

(10) En el exclusivismo antidemocrático.

(11) En el cambio de psicología que se opera en un hombre cuando es encarcelado.

La massacre del Domingo de Ramos es la tragedia que inicia el rapprochement del Partido nacionalista con el tantas veces calumniado doctor Lanauze –a regañadientes, por lo visto. La esposa de Albizu Campos desconoce, según parece –sería más grave aún, si lo olvidase– que fue el doctor Lanauze la única persona que, enterada de lo ocurrido en Ponce el 21 de marzo de 1937, a toda velocidad corrió al campo a empapar al fiscal Pérez Marchand de los antecedentes de la horrible matanza en que habían muerto veintiuna personas y habían sido heridos unas doscientas más.

En los momentos en que se retiraba el doctor de la finca del fiscal, llegaba la policía, con sus portátiles ametralladoras aún calientes –con la versión oficial de los sucesos, en embrión.

De esta feliz coyuntura –feliz es la palabra– arranca, Irma, el prejuicio oficial contra el doctor Lanauze. Es un prejuicio comparable únicamente con el prejuicio nacionalista –si de algo sirve, Irma, una paradoja estúpida. De esta feliz coyuntura, arranca también el prejuicio oficial contra el propio Pérez Marchand –génesis de su espectacular renuncia.

Comentario:

El autor documenta las discusiones internas que emanan de la actitud que denomina el “exhibicionismo católico” del Partido Nacionalista. Al parecer la Junta Nacional que crítica, era partidaria del mismo, y estuvo en posición de aislar a los sectores más liberales y anticlericales de la organización e incluso a importantes militantes que militaban el en el evangelismo. Todo parece indicar que desde mediados de la década de 1930 hasta el momento en que escribe las relaciones entre la Iglesia Católica colonial y el nacionalismo se habían ido enfriando.

El “exhibicionismo católico” me sorprende por el hecho de que tengo referencias de que Laura Meneses del Carpio, en su juventud, fue anticlerical convencida. En la madurez, cuando su esposo estaba en la cárcel de Atlanta vivió en La Habana y, con posterioridad, aceptó la protección del gobierno de la Revolución Cubana de 1959 y representó a ese país en diversos foros internacionales a sabiendas de que, desde 1961, el discurso oficial de Cuba confirmaba que se trataba de una revolución formalmente atea por su carácter comunista. La situación merece un estudio más detenido.

De acuerdo con Toro Nazario el catolicismo del partido, condujo a la condena del Dr. José A. Lanauze Rolón (1893-1951), mulato residente en Ponce, escritor y miembro destacado del Partido Comunista Puertorriqueño fundado en septiembre de 1934. Lanauze Rolón, hijo de artesanos negros, había estudiado con Albizu Campos en la Ponce High donde ambos participaron de la denominada Sociedad de Escritores de la escuela. La obra de Lanauze Rolón merecería un estudio detenido a la luz de las contradicciones entre nacionalismo y comunismo. El mal de los muchos hijos: polémica sobre el neo-malthusianismo (1926) de la cual fue coautor, es su obra más conocida. Pero también publicó Por los caminos de la violencia: la idea comunista (1932), El fracaso del Nuevo Trato (1935) y La revolución rusa: 19 aniversario, discurso (c. 1936)

El fragmento citado responde de una manera muy documentada, las críticas a esta figura, recordando a los nacionalistas los servicios de Lanauze Rolón al partido. Para Toro Nazario, entre Albizu Campos y Lanauze Rolón hay numerosos paralelos. Se trata de dos figuras que tienen que superar numerosas barreras raciales y culturales para alcanzar sus metas. Pero también se trata de dos independentistas convencidos que saben cuánto se arriesga en la colonia.  Las convergencias políticas son también numerosas. La crítica al giro a la derecha del Partido Socialista, calificado como “amarillo” o reformista por oposición a “rojo” o revolucionario y actitud que se profundiza desde que inicia periodo de las mogollas políticas de cara a las elecciones de 1924, es solo un detalle de ello.El rechazo teórico al Nuevo Trato no debe ser pasado por alto aunque las razones de uno y otro ideólogo para hacerlo fuesen distintas.

También señala las diferencias: el Partido Nacionalista  “vive… cantando… a las viejas tradiciones burguesas, a la vieja España, a la Iglesia Católica”. El Partido Comunista, no. Se trata de dos proyectos utópicos que apropian la historia desde perspectivas dispares: uno pasatista y el otro futurista. Pero los comunistas esperaban demasiado de aquella organización: confiaban en que los nacionalistas enfrentarían a la “burguesía nativa”, clase que era considerada por los comunistas como el mayor adversario de la independencia por su estrecha alianza con el capital estadounidense y el imperialismo. El discurso nacionalista, sin embargo, veía a la “burguesía nativa” como un signo de la Nación y ansiaba concertar su colaboración. Las posibilidades de concertar una oposición común al coloniaje en el marco de la política de los “Frentes Populares” promovida por Moscú y su Comintern eran muy pocas a la altura de 1934 y se redujeron más en 1936 cuando un “Frente Popular” identificado con los rojos enfrentaba a un falangismo que se identificaba como nacionalista en la Guerra Civil española.

Ello explica el rechazo de Albizu Campos a la colaboración de Lanauze Rolón en el momento de su arresto por las autoridades federales en 1936 y su acusación de que este era un “espía”. La impresión que queda es que los Nacionalistas eran demasiado aprensivos con los No-nacionalistas y habían convertido el Nacionalismo es una ideología exclusiva y excluyente, compartida solo por partisanos Nacionalistas en el marco de una disciplina férrea. Esa era una postura que Albizu Campos había adoptado desde que ascendió a la Presidencia de la organización en mayo de 1930, como se deduce de una Carta a José Lameiro de julio de aquel año cuya relectura recomiendo. La imagen del Albizu Campos como un anticomunista y la de su partido como uno semifascista, está completa desde la perspectiva de Toro Nazario.

Sus reservas con el Partido Socialista son comprensibles: aquel era un partido anexionista que se asoció al Partido Republicano Puro para fines electorales desde 1924, culminando en la Coalición Puertorriqueña de 1936. Del mismo modo su central sindical, la Federación Libre de Trabajadores, estaba afiliada a la American Federation of Labor desde 1901, se oponía a la lucha de clases y a las huelgas, y favorecía la negociación colectiva desde arriba en nombre de los trabajadores. Pero el Partido Comunista Puertorriqueño defendía la independencia y la política de autodeterminación en boga y los Frentes Populares de la Internacional Comunista.  Toro Nazario adjudica el aislamiento político del nacionalismo a su aprismo, su trotkismo, su exhibicionismo católico, su fascismo y, en fin, a su anticomunismo. Sobre esa base, explica el alejamiento de la organización del Frente Unido Pro-Constitución de la república que en 1936 articuló un proyecto de masas con el fin de preparar el camino para la puesta en planta del Proyecto Millard Tydings de 1936. La sugerencia es que, dado que el nacionalismo no estaría en condiciones de controlar la maquinaria de una organización tan amplia,  no valía la pena vincularse con la misma.

  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Historiador y escritor
Página siguiente »

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

A %d blogueros les gusta esto: