Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico de Ché Paralitici: Un Comentario

• José Anazagasty Rodríguez (RUM)

Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico de Ché Paralitici es una historia del independentismo desde los postreros años del siglo 19 hasta nuestros días, destacando dos fases, la de finales del siglo 19 a la década de los cincuenta, y la de las décadas posteriores a esa primera fase. Paralitici también ofrece, al final del libro, unas reflexiones acerca de las posibilidades del independentismo en el siglo 21.

Para Paralitici su libro “presenta una breve historia” de las luchas por la independencia de Puerto Rico. Pero esa brevedad no es para nada equivalente a un relato simplista y ligero de esa historia. Es todo lo contrario. Se trata de una historia sucinta pero riquísima en información, la que Paralitici relata sobre la base de abarcadoras observaciones, profundas indagaciones, valiosos datos y acertados comentarios acerca del movimiento independentista y sus organizaciones. Su concisa historia de la lucha por la independencia irradia no sólo las prolongadas horas de trabajo dedicadas a la misma por el cronista, sino además su vasto conocimiento sobre el asunto. Asimismo, su libro transmite su gran compromiso con la lucha por la independencia. Toda esa riqueza de Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico lo convierte en una lectura imprescindible para los interesados en el estudio del independentismo, en particular para aquellos de nosotros que sabemos poco de ese movimiento. Pero es inclusive una lectura que debo recomendar a los estudiosos del movimiento independista y su historia. Aquellos independentistas que día a día, como activistas, luchan por la independencia de Puerto Rico también se beneficiarían grandemente de su lectura. Finalmente, es un libro que los independentistas de las nuevas generaciones encontrarán significativo, del que aprenderán muchísimo.

Coincido con Mario R. Cancel en que Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico es una mirada crítica, flexible y templada del independentismo, una que Paralitici realiza desde el independentismo mismo. Es por ello, como señaló Cancel, una contribución valiosa a la historiografía del independentismo, una historiografía de muchas formas limitada, en particular con respecto a la historia más actual del independentismo. Hacen falta interpretaciones tan acabadas y realizadas como la de Paralitici.

La historia narrada por Paralitici no es valiosa únicamente para los historiadores. Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico también es provechoso para los sociólogos y otros estudiosos de lo social, particularmente para aquellos de nosotros interesados en los movimientos sociales. Abordándolo desde la sociología, quiero a continuación, destacar sus contribuciones a lo que podríamos llamar una sociología del movimiento independentista. Las reflexiones sociológicas del independentismo como un movimiento social son escasas. El libro de Paralitici, aunque realizado desde la Historia, nos ofrece algunas observaciones sociológicas valiosas, y con ellas, algunas rutas para estudios e investigaciones posteriores del independentismo como un movimiento social.

Sidney Tarrow, en su libro Power in Movement, definió los movimientos sociales como retos colectivos lanzados por personas solidarias, copartícipes con propósitos comunes, que interactúan de forma sostenida con las élites del poder, las autoridades y con sus oponentes. Y eso es precisamente el movimiento independentista, un grupo de personas que más o menos solidarias comparten un propósito en común, lograr la independencia de Puerto Rico. Y ese es su reto a todos los puertorriqueños. El movimiento independentista también interactúa constantemente, en términos conflictivos, con las élites de poder, en Puerto Rico y Estados Unidos, las autoridades locales y federales, y con sus oponentes.

Para los sociólogos, un movimiento social es también una red relativamente informal de diversos individuos, grupos y organizaciones que comparten una identidad colectiva y cierta cultura, y que se movilizan para enfrentar asuntos y problemas sociales conflictivos, recurriendo a varias formas de protesta.  El independentismo es todas esas cosas. Se trata, como lo manifiesta el libro de Paralitici, de una extensa, heterogénea y compleja red de individuos, grupos y organizaciones que comparten, más o menos, una identidad colectiva, la de puertorriqueños independentistas, y una cultura particular, la del movimiento, y la que producen y reproducen mediante sus prácticas. Los elementos en esa red se movilizan a favor de la independencia para Puerto Rico, uno de los asuntos más controversiales y conflictivos del país. Se trata de un complejo tejido social cuyos elementos—grupos e individuos—se organizan y movilizan recurriendo a un diverso repertorio de acciones de protesta, incluyendo en ocasiones la violencia y la lucha armada. El libro de Paralitici nos ofrece detalles importantes sobre esa red en movimiento.

Una de las contribuciones más importantes del texto de Paralitici para una sociología del movimiento independentista es que confirma la heterogeneidad o diversidad del movimiento. Paralitici echa por tierra la idea estereotipada de un independentismo homogéneo, tan notable en aquellos que se oponen al movimiento o pretenden reprimirlo. Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico evidencia la diversidad ideológica del independentismo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.  Para Paralitici, el movimiento independentista se ha desarrollado y transformado, en la relación, muchas veces conflictiva, entre el nacionalismo y el socialismo. Coinciden en el movimiento independentista varias corrientes nacionalistas y diversas corrientes socialistas, lo que añade diversidad al mismo. Estas corrientes nacionalistas y socialistas, enlazadas en una dialéctica de colaboración y conflicto, convergen en el movimiento independentista. Allí también se encuentran corrientes comunistas y anarquistas. Y en el independentismo, convergen también corrientes liberales, característica de aquellos independentistas más cercanos a las instituciones políticas y los procesos electorales.

Aparte de la diversidad ideológica del movimiento independentista, Paralitici también devela su diversidad organizacional.  Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico es, aparte de una historia de esa lucha, una historia de las organizaciones independentistas involucradas en la misma. La lista de organizaciones independentistas, desde 1898 al presente, incluida por Paralitici en su libro, y la de Awilda Palau, también incluida en el mismo, son evidencia del tremendo número de organizaciones independentistas que han existido desde finales del siglo 19 hasta el presente. En el movimiento independentista encontramos distintos tipos de organizaciones sociales, incluyendo partidos políticos.  Las organizaciones independentistas no gubernamentales ni partidistas se han organizado de muchas formas, como asociaciones, agrupaciones, talleres, institutos, congresos, logias, uniones, frentes, coaliciones, alianzas, ligas, comités, brigadas, fundaciones y hasta en campamentos. Y mientras que muchas de esas organizaciones independentistas han sido legales otras han sido clandestinas.

La diversidad organizacional y su impacto sobre el movimiento independentista no ha sido estudiado. Pero, podemos suponer que la diversidad de formas organizacionales, la pluralidad de estructuras organizativas produce diversas metas y recursos.  También podemos suponer que algunas organizaciones independentistas son más centralizadas y jerárquicas que otras y que algunas son más democráticas que otras. Podemos también conjeturar que estas organizaciones también varían en términos de su membresía, sus niveles y formas de participación, sus grados de organización, en su liderato y distribución de poder, y el grado de compromiso que demandan de sus participantes o miembros. Examinar la diversidad de formas organizacionales es importante porque esto nos dice mucho no sólo sobre las estrategias y experiencias de estos grupos independentistas sino porque nos da pistas importantes sobre lo que los sociólogos llaman su “potencial de movilización”.  La forma que estos grupos se organizan y por qué toman esas formas determina si estas pueden o no aumentar, dado sus recursos, y en momentos particulares, el apoyo del público, y movilizarlos a favor de la causa independentista. También nos dice que tan bien pueden o no adaptarse a nuevas condiciones de lucha y movilización. La lista de organizaciones y detalles provistos por Paralitici sobre estas organizaciones representan una valiosísima herramienta para el estudio de la diversidad organizacional del movimiento independentista.

José «Che» Paralitici en el RUM

Finalmente, las organizaciones independentistas también varían en términos de sus acciones, en términos de cuales actividades o tipos de protesta prefieren efectuar. Las acciones más tradicionales son, por supuesto, huelgas, mítines, marchas, elecciones, peticiones, ocupaciones, insurrección, lucha armada, etc. Estas son estrategias políticas, preferidas por los movimientos políticos, como el independentista. Algunas organizaciones recurren principalmente a estrategias fundamentadas en la “lógica de los números”, movilizar apoyo popular mediante las elecciones, marchas, y recogido de firmas, entre otras. Otras organizaciones recurren a la “lógica de impactos materiales” como las huelgas, los paros, los boicots, y hasta daños directos a la propiedad. Otras organizaciones, amparadas en una lógica similar a esta última recurren a actividades mucho más violentas, como la lucha armada, característica del nacionalismo revolucionario, el socialismo y el comunismo. Otras organizaciones prefieren la lógica del testimonio o “bearing witness,” acciones riesgosas y emotivas dirigidas a demostrar el compromiso con una causa, con la independencia de Puerto Rico, en este caso. La desobediencia civil, a las que han recurrido muchos independentistas, como en la lucha contra la marina en Vieques, es un buen ejemplo. La desobediencia civil también fue la estrategia de muchos independentistas que lucharon contra el servicio militar obligatorio en Puerto Rico. Esto último es discutido por Paralitici en su libro.

Aunque la mayoría de las organizaciones independentistas han optado por estrategias políticas, varias organizaciones independentistas también han recurrido a protestas culturales y simbólicas, que los sociólogos asociamos con los nuevos movimientos sociales. Una dimensión poco estudiada del movimiento independentista ha sido precisamente su cultura, tanto sus prácticas culturales como sus productos culturales, con excepción quizás de sus valores, metas, ideologías y sus líderes más carismáticos y simbólicos, como Pedro Albizu Campos.  Pero, sus objetos simbólicos (logos, signos, artefactos, eventos, y lugares significativos para los independentistas); sus ocasiones, encuentros, y reuniones; sus productores y actores culturales; y su “persona” o estilos culturales de interacción apenas han sido examinadas. Paralitici, destaca en su libro varias actividades culturales del movimiento, como la conmemoración de símbolos, héroes y mártires del independentismo y eventos como el Grito de Lares y la Jornada a Betances. El análisis cultural del movimiento requiere examinar como es la cultura puertorriqueña adoptada y adaptada por el movimiento independistas en el contexto de la acción social y política. A la misma vez, debemos tener en cuenta el impacto cultural del independentismo en la cultura puertorriqueña. Por supuesto, también requiere una mirada analítica a las “dimensiones simbólicas de la acción colectiva” independentista, a sus esquemas y marcos interpretativos con respecto a la realidad social y la identidad nacional puertorriqueña. También requiere analizar su construcción de los problemas sociales. Además, no podemos asumir que el movimiento sea culturalmente homogéneo; las diferencias culturales entre grupos independistas y los conflictos culturales entre estos son una realidad que no podemos perder de vista.

Otra contribución importante de Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico para una sociología del movimiento independentista es que apunta hacia el carácter cíclico de las protestas independentistas. Como Paralitici afirmó: “No dudo que la lectura de este ensayo sobre la historia del independentismo puertorriqueño, que concluye que la lucha por este ideal ha tenido sus bajas y sus altas, sus flujos y reflujos, sus viejos y nuevos independentismos, lleve a ampliar el análisis y las luchas correctas para que en este siglo 21 se encuentre un resultado final a la férula colonial que ha tenido Puerto Rico desde el siglo 16”. (354)

Los ciclos de protesta o contención se refieren a ciclos de apogeo y ocaso en la actividad de un movimiento social. En su libro Paralitici identificó tres periodos de la lucha independentista: de 1898 al surgimiento de un nuevo independentismo en los treinta; de los treinta a la década de los cincuenta; y de finales de los cincuenta al presente. En este periodo ocurrieron dos ciclos de auge y ocaso en el movimiento independista. Los surgimientos de los nuevos independentismos, en los treinta y los cincuenta, marcan los dos momentos de auge del movimiento independentista.  En su libro Paralitici considera las posibilidades de otro nuevo independentismo, de un tercer auge y ciclo de protestas en los años por venir.  Si logramos escapar o no del dominio estadounidense, de esa férula a la que se refiere Paralitici, depende de muchos factores. Pero coincido con él, en que un requisito fundamental para ello es la reflexión crítica, profunda y sosegada de los ciclos de protesta independentista; lo que él ha ya ha avanzado en su libro. Para los estudiosos de los movimientos sociales, incluyendo los analistas del movimiento independentista, es también menester estudiar los ciclos de protesta porque corresponden a los momentos de intensificación de la acción colectiva.

Los ciclos de protesta muestran ciertas características en común. Estos coinciden con una fase intensa de conflictos y contenciones en el sistema social, con diversas crisis, económicos, políticas, sociales y hasta ambientales. La intensidad de esos conflictos produce la difusión rápida de la acción colectiva, no sólo la movilización de los sectores más activos de un movimiento sino inclusive de los menos activos y de los simpatizantes del movimiento. Los ciclos de protestan coinciden también con la innovación en las formas de protesta y con nuevo marcos o esquemas de acción colectiva. Estos lapsos también involucran no sólo la actividad de los grupos más organizados sino también la de los menos organizados y hasta provocan acciones espontaneas. Pero, los ciclos de protesta también coinciden, con las acciones y respuestas de aquellos individuos, grupos y organizaciones opuestas a un movimiento, los que promueven y ejecutan, inclusive la represión de un movimiento social. Los ciclos de protesta influencian de muchas formas las decisiones estratégicas de las organizaciones vinculadas a los movimientos sociales. Las formas adoptadas en un momento dado por estas organizaciones dependen en gran medida de su apreciación de los ciclos de protesta y de las actividades de otras organizaciones, incluyendo las vinculadas a otros movimientos sociales y la de aquellos que se oponen al movimiento.

El libro de Paralitici nos ofrece pistas importantes sobre todo esto, sobre la respuesta del independentismo a los momentos de crisis en Puerto Rico; la difusión de acción política desde las organizaciones independentistas más activas hacia otras menos activas; y la respuesta de la oposición al independentismo.  En el primer ciclo de protesta examinado por Paralitici el Partido Nacionalista fue determinante en la movilización de los independentistas. En el segundo, fueron la FUPI y el MPI las organizaciones más influyentes. Ambos momentos de auge coincidieron con nuevas estrategias de lucha y protesta, nuevos esquemas de acción colectiva.  En ambos momentos la respuesta de los opositores, y particularmente de las autoridades federales y locales, fue la persecución y represión del movimiento independentista.  Como nos recuerda y demuestra Paralitici, el independentismo ha sido perseguido y reprimido a lo largo de toda la historia del dominio colonial estadounidense sobre los puertorriqueños. Los ciclos de protesta independentista y las consecuencias de esas protestas, como las de todos los movimientos sociales, están atados a la represión o respuesta de las instituciones y actores políticos.  La incesante represión del independentismo puertorriqueño, muchas veces tremendamente perversa, cruel, aterradora y devastadora, aunque no el único factor, ha obstaculizado efectivamente, la independencia de Puerto Rico, y con ello su descolonización.

Otra contribución de Paralitici y su libro a una sociología del movimiento independentista es que nos ofrece datos valiosos sobre la “estructura de oportunidades” del movimiento independentista, sobre aquellos factores que han facilitado u obstaculizado la movilización de grupos y organizaciones independentistas desde 1898. La respuesta represiva del sistema de instituciones y prácticas políticas que engloba el régimen colonial, que involucra tanto instituciones locales como federales, y hasta partidos políticos y organizaciones contrarios al independentismo, ha reducido las oportunidades de participación política de los independentistas, reduciendo aún más los estrechos canales institucionales de los que dispone para influir en los procesos políticos del país. De manera simultánea, la estructura institucional del régimen ha provocado que el movimiento independentista haya adoptado en ocasiones formas extra-institucionales de acción política, incluyendo el que algunas organizaciones hayan recurriendo, en distintos momentos de su historia, formas radicales y hasta clandestinas de acción política. Esto a vez ha provocado en varias ocasiones que el gobierno recurra a la represión para detener la movilización social independentista. Por último, como resultado de la interacción entre el movimiento independentista y las respuestas gubernamentales, la influencia que los independentistas tienen en la toma de decisiones es marginada y rezagada, aunque no por ello ha dejado de ser un movimiento relativamente visible, activo y dinámico. No ha dejado de ser un movimiento crítico y desafiante, que como señala el subtítulo de Historia de la Lucha por la Independencia sigue luchando incesantemente por la soberanía y la igualdad social.

La represión del movimiento independentista opera no únicamente desde la violencia y coerción estatal sino además desde todos los ámbitos institucionales, logrando que una gran parte de la población consienta la represión del independentismo. Los independentistas enfrentan todo un régimen de desigualdad, concepto de la teórica feminista Joan Acker. Me refiero a todas esas prácticas, procesos, acciones y significados interconectados que mantienen a los independistas en una posición de desigualdad, y que institucionalizan o normalizan diversas prácticas discriminatorias y restrictivas contra estos.

Pero hoy, el independentismo no sólo enfrenta esas formas de represión, también sufre un difícil agotamiento, uno que no podemos reducir al mero efecto de la represión.   Como explica Paralitici:

El independentismo ya entrado en el siglo 21 hacia la primera quinta parte del mismo es uno muy dividido, poco organizado, con poca presencia en la calle, con mucha debilidad electoral, con exigua participación de la juventud, con pocos portavoces de gran influencia , con algunos con buen reconocimiento pero en su longevidad y, además, si un fuerte liderato nacional, y con muy poca presencia en Estados Unidos, entre otras características negativas, parecidas muchas de ellas a las que precedieron  a los dos previos momentos del “nuevo independentismo” de las décadas de 1930 y de 1960. (352-53)

Precisamos un nuevo independentismo, uno diligente, militante y dinámico pero también profundamente reflexivo y crítico, inclusive de sí mismo. Lo precisamos porque hoy los puertorriqueños enfrentamos demasiadas crisis.  Por un lado, los puertorriqueños enfrentamos una profunda y devastadora crisis económica, que requiere que lo independistas contribuyan a la defensa de los trabajadores, que luchen contra la privatización y contra las devastadoras reformas laborales y económicas propuestas por el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Enfrentamos además lo que Jürgen Habermas llamó una crisis de racionalidad; nuestro sistema político, administrado por una kakistocracia tan corrupta como inepta, no ha generado decisiones y políticas adecuadas para manejar la crisis económica. Y esa crisis de racionalidad se ha traducido en una crisis de legitimidad, una generalizada falta de confianza en las instituciones políticas, que lamentablemente no se han transformado en protestas masivas contra esas instituciones. Pero, una crisis adicional retarda las protestas contra las instituciones políticas, una profunda crisis de motivación. Muchos puertorriqueños, la mayoría de ellos, no se sienten lo suficientemente motivados como para ser participantes activos en la esfera pública.  Algunos no se sienten capaces de efectuar cambios sociales significativos y muchos otros, enfrentando vidas precarias, la pobreza, simplemente no tiene los medios o recursos que le permitan hacerlo. Muchos de ellos, buscando alternativas a esa precariedad, no han tenido otra opción que emigrar. Un nuevo independentismo es por todas esas cosa , apremiante.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

La otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIX

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

El neoliberalismo criollo y el fin de una gran ilusión

El tránsito hacia el neoliberalismo y la globalización del 1991 al presente no ha sido comprendido del todo ni por la gente ni por la clase política. La actitud dominante en ambos sectores se ha traducido en una sensación de “pérdida” proclive a la “nostalgia”. El fin del estado providencial, interventor o beneficencia, la terminación de los privilegios fiscales a la colonia y la desarticulación de la imagen de una “bonanza” siempre cuestionable, se ha hecho evidente. La metáfora de la “gran desilusión” con respecto a las esperanzas en el orden emanado de la Segunda Guerra Mundial se generalizó. La actitud dominante ha sido dejar que las cosas pasen a ver a dónde conduce un proceso sobre el cual no se tiene control.

Algo que saltó de inmediato a la vista fue que el fin de los incentivos contributivos federales dejaría al ELA  sin opciones de crecimiento. El daño social producido por un siglo de sumisión política ya estaba hecho. La otrora poderosa y agresiva burguesía nacional puertorriqueña ahora se caracterizaba por su debilidad y subordinación al otro, por lo que en 1990 carecía de un proyecto nacional viable y se volcaba hacia el sueño del estado 51 o la continuación del orden de la posguerra.

De modo paralelo las clases medias, es decir, los profesionales, los intelectuales, la burguesía mediana y el comercio local, un sector diverso, desarticulado y contradictorio, no estaba en posición de llenar el vacío de aquella. La intelectualidad en particular se había transformado en un sector motejado de radical y atrabiliario que caminaba entre el optimismo romántico y el pesimismo cínico. Y la clase obrera, minada por la pobreza tendría que replantearse su situación en el entramado de la lucha de clase en medio del avance del neoliberalismo.

Ese vacío  explica en parte el hecho de que, al menos desde el 1996 y en medio del “rosellato”, las esperanzas de crecimiento económico se fueron cifrando en el fortalecimiento de los pequeños y medianos negocios (PYMES), conglomerado que el mercado abocaría al sinuoso tercer sector o de los servicios en el escenario del virus del  consumo conspicuo. Es como si se hubiese colocado toda la fe en la posibilidad de que se desarrollase una “nueva clase media” que, por la fragilidad de su situación, se mantendría en los márgenes de la moderación y el apoliticismo que, precisamente por ello, sería capaz de tolerar el giro hacia un orden considerado innovador e inevitable: el neoliberalismo. Lo cierto es que la realidad posible excede toda teoría y que las clases sociales no nacen como producto de la gestión o el cálculo del estado sino como resultado de complejos procesos que estaban y están fuera del alcance de la legislación. Hoy resulta innegable que la fragilidad del mercado en los últimos 25 años no ha permitido la evolución saludable de ese proyecto.

 

La necesidad de reformular la resistencia

La resistencia al cambio se ha materializado de diversas formas en las que las posturas presuntamente progresistas y reaccionarias se intersecan. Las organizaciones de la sociedad civil y no partidistas desempeñaron un papel relevante en aquel proceso por lo menos hasta el 2010. Pero,  aparte del frente amplio que culminó en la manifestación “Todo Puerto Rico Con Vieques” (1999)  y el movimiento LGBTT (2009), el éxito de la resistencia ha sido relativo. La incapacidad de reproducir la experiencia solidaria más allá de aquellos proyectos concretos habla de las limitaciones de la conciencia cívica en el país. De modo análogo, el movimiento “Playas P’al Pueblo” (2005) representó una experiencia única por su capacidad de vincular el ambientalismo y los reclamos civiles en el marco colonial. Pero resulta significativo que las  izquierdas, ya fuesen socialdemócratas, socialistas o comunistas; y el movimiento independentista moderado o nacionalista, no han podido recuperar la influencia que tuvieron en las décadas de 1960 y 1970 en el giro hacia el neoliberalismo.

Su fragilidad no puede explicarse con teorías de la conspiración. La táctica de esas formas tradicionales de la resistencia ha sido tratar de penetrar las organizaciones de la sociedad civil pero la oposición no madura. Las alianzas de independentistas e izquierdistas con el centro político, entiéndase el PPD a la altura de 2012 y 2016, y el hecho de que un sector del independentismo y el izquierdismo apoyaran un candidato presidencial, Bernie Sanders en 2016, demuestran una inteligencia política que lo más tradicionales y los más críticos han cuestionado. Los efectos divisionistas de estos debates en un sector abatido por la relación colonial y la crisis pueden ser terribles para su causa. Es bien probable que la ofensiva colonial que representa la Junta de Control Fiscal reanime aquellas vertientes combativas en los próximos meses. Me parece que el país lo necesita.

 

La gente y el estado ¿una relación contenciosa?

La cultura ciudadana ha dado un giro interesante. Desde 2000 al presente la desconfianza de la gente en la clase política, un rasgo propio de las minorías opositoras, ha penetrado incluso entre los simpatizantes de los partidos con acceso al poder. El largo  ciclo de confianza en los procesos electorales y en los métodos de la democracia representativa que inició el PPD desde su fundación en 1938 parece haber terminado. La partidocracia y el bipartidismo están en el banquillo de los acusados pero el proceso de su enjuiciamiento apenas comienza. Los indicadores más confiables de ese fenómeno son varios.

El primero es la multiplicación de las organizaciones no gubernamentales, los grupos políticos  locales y los partidos políticos emergentes con aspiraciones nacionales. El segundo son las  fisuras ideológicas dentro de las organizaciones principales en el ejemplo del soberanismo, el libre asociacionismo y la estadidad radical en el seno de los dos partidos principales. El hecho de que se pueda hablar de penepés no estadoístas, de populares estadoístas y de independentistas populares o melones, demuestra que las preferencias partisanas se apoyan menos en la emocionalidad o los principios y más en el pragmatismo y las necesidades de la táctica. La incomodidad que estas actitudes generan han sido muchas. Los  agrios choques entre quienes todavía interpretan las posturas políticas como un rasgo determinado por el ADN  y los que las apropian como un producto contingente de la sociabilidad se hacen cada vez más visibles en la medida en que la crisis actual avanza. Los sectores conscientes se mueven entre la transigencia y la intransigencia con incomodidad.

El tercero indicador tiene que ver con la aparición de candidatos independientes a los cargos públicos como ocurrió en el 2012 con el caso de Amado Martínez Lebrón quien se postuló para la alcaldía de San Juan. El hecho se repetirá en los comicios de 2016, cuando Manuel Cidre y Alexandra Lúgaro se presenten para la candidatura a la gobernación. La visibilidad de este tipo de candidato parece depender de su situación de clase, de su vinculación al capital y de los lazos que haya establecido a través de su vida pública y privada con las organizaciones que han dominado el panorama electoral desde 1940 al presente. El fenómeno merece un estudio cuidadoso y profundo que espera por un autor capaz de contextualizarlo en el escenario material y espiritual del presente.

El cuarto indicador y no menos relevante es la proliferación de la discusión política en las comunidades cibernéticas y redes sociales. Me parece que el ciberactivismo bien articulado ha sido y seguirá siendo un elemento determinante para garantizar la eficacia de las resistencias en los próximos años. El debate sobre este asunto ha girado en torno a que el slacktivismo o el activismo virtual o de sillón, le ha dado “voz” a mucha gente que antes no la tenía. La reacción ante la presencia de esas voces nuevas en el ruedo del debate ha sido diversa. Algunos observadores la percibieron como algo que democratizaría un escenario por lo regular aristocrático e intelectualizado. Otros, siguiendo a Umberto Eco, han afirmado que la internet le “ha dado el derecho a hablar a una legión de idiotas” o, completando a Javier Marías afirman que las redes sólo han servido para “organizar la imbecilidad”. Las redes sociales, sean la expresión de la democracia o de la imbecilidad, continuarán allí y no parece que desaparecerán.

Un quinto elemento que no debe pasarse por alto es la evidente apatía de los más jóvenes con la participación en procesos electorales, actitud que no puede traducirse en un desinterés en los asuntos que atañen al país. Mi experiencia universitaria me dice que esa apatía no es un sinónimo de enajenación voluntaria respecto al acontecer social. Muchos de estos jóvenes no se identifican con ninguno de los grupos o proyectos que se discuten en el ámbito público pero tampoco poseen el entrenamiento o la voluntad para articular grupos o proyectos alternos. El orden dominante tampoco los anima a inventarlos porque probablemente los interpretará  como un peligro para la partidocracia y el orden bipartidista dominante. Esa enajenación defensiva también debería ser investigada a fondo a fin de comprender la apatía de los más jóvenes con los procesos electorales y la democracia liberal.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVIII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

El panorama del futuro de Puerto Rico a  principios del siglo 21 era incierto. El consenso de los observadores era que el ELA no encajaba en la era global y neoliberal por razones precisas. La principal era la falta de soberanía: el ELA era un régimen político pensado para la Guerra Fría (1947-1991) al servicio de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Tras la caída del socialismo real el Congreso y la clase política local habían sido incapaces de  transformar esa relación en un sentido soberano e innovador. El resultado fue que Puerto Rico advino a la pos-guerra fría sin las condiciones para insertarse en una economía global interdependiente compuesta de países independientes.

Un recurso desde mi punto de vista demagógico usado para tranquilizar a los observadores ha sido afirmar que el ELA adelantó en 1952 un orden en el cual la “independencia” abría paso a la “interdependencia”. La integración europea se usaba como marco de comparación: aquellos países avanzados y modernos estaban en disposición para ceder parte de su soberanía al calor de un proyecto común. La intención era que se viera la relación de Puerto Rico y Estados Unidos como algo equivalente cuando, en realidad, no lo era. El argumento ha regresado esporádicamente a la palestra pública hasta el presente. La argucia interpretativa no toma en cuenta que nuestra “interdependencia”, como se limita políticamente a Estados Unidos, ha hecho del ELA un régimen dependiente, colonial y pobre. La inmoralidad de la situación no es más importante que su ineficacia y su impunidad.

 

Populares y soberanistas

Las soluciones al desencaje parecían claras. La estadidad, en el contexto del nuevo federalismo del 1990 o del federalismo clásico, parecía ser la más popular desde 1990. Las otras eran la  independencia, la libre asociación o “la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. La fuente a la que se ha apelado es la Resolución 2625 de la vigesimoquinta Asamblea General de la ONU autorizada el 24 de octubre de 1970. Aunque se presume que la estadidad, la independencia o la libre asociación son propuestas transparentes, la situación real de Puerto Rico en cualquiera de las tres sigue siendo poco discutida.

Los estadoístas y los independentistas confían en el ideal que defienden de un modo, en ocasiones, irracional o cándido, elemento que conduce a un irreflexivo exceso de confianza en las virtudes de su meta. Claro que, dada la situación que vive el país y el colapso de orden establecido, ello resulta comprensible. Pero, a no dudarlo, esa es una actitud apropiada para una militancia poco informada sobre la complejidad que implica un cambio de esa naturaleza. El lenguaje jurídico ha tenido un  impacto ideológico negativo en el campo de los populares por que el ELA no se encuentra entre las alternativas.

Los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, los más cuidadosos o moderados, se han amparado en esa descripción abierta -“cualquier otra condición política”- con el fin de legitimar una reformulación del ELA adjetivado como “soberano”, “mejorado” o “culminado”. También han re-articulado inteligentemente el significado del concepto soberanía  insistiendo en que se refieren a la soberanía popular que consideran más democrática, y no a la nacional que estiman más restrictiva. El argumento es que la soberanía nacional depende de la soberanía popular y no al revés. Para lo que creemos que la gente está por encima del estado a la hora del hacer social el argumento es bueno.

Pero la cultura política en una colonia es un medio extraño. El propósito de ese procedimiento parece ser tomar distancia de los independentistas y los nacionalistas que usan el concepto soberanía vinculado a la nación con un sentido distinto presuntamente más radical. Para los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, la soberanía popular o del pueblo es distinta de la soberanía nacional. Probablemente imaginan que es más democrática. En cierto modo el PPD está a las puertas de un debate frontal entre soberanistas radicales y moderados que no sé si habrá de darse en lo inmediato. El  proyecto definitivo de ese sector soberanista moderado todavía está por precisarse pero, en muchos aspectos, coincide con el de los radicales. Ese procedimiento interpretativo, sin embargo,  acerca mucho a los soberanistas moderados a la discursividad de los más conservadores del PPD que confían en que el ELA pueda servir de base para la formulación de una estructura innovadora que no será la Libre Asociación pero que la equipará en virtudes jurídicas.

Lo único claro es que las 4 opciones que se barajan tiene que garantizar que no son coloniales por lo que deben responder al “principio de la igualdad soberana de los pueblos” defendido por la ONU. Me consta que un segmento de los soberanistas del PPD favorece la Libre Asociación pero son tímidos a la hora de expresarse al respecto. La educación política de la militancia en organizaciones grandes como el PPD y el PNP siempre plantea problemas: un taller de formación se convierte en un mitin con mucha facilidad. Aquellos que aspiran al ELA “soberano”, “mejorado” o “culminado”, tendrán que negociar con los soberanistas radicales que defienden la libre asociación una alianza inteligente a fin de descolonizar al Puerto Rico sin asustar a los populares conservadores remisos al cambio.

Desde mi punto de vista, se  trata de una discusión a destiempo sin que ello signifique que no es urgente o relevante. La decisión sobre el estatus debió tomarse en la década de 1980 o, a más tardar, la del 1990. Debió ser parte del acomodo de Puerto Rico alrededor de los tratados de libre comercio de 1994. Un problema es que en el país dominaba el PNP y el Congreso no quería un Puerto Rico estado 51. De haber sido así, los resultados pudieron haber sido más llevaderos para el país.  Se trata de una especulación legítima solamente. A la altura del 2016, si se presume que un cambio de estatus, es decir la descolonización en la dirección que sea, será un atenuante para la crisis o creará las condiciones para superarla, entonces estamos a tiempo para esa discusión pospuesta. Esa es la actitud de los estadoístas y los independentistas pero no parece ser la de todos los populares.  La gran  pregunta es, ¿cuán dañada está la economía local para un cambio de esa naturaleza hoy?

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La década de 2000 a 2009, dominada por las administraciones populares Calderón Serra y Acevedo Vilá (2001-2008), se caracterizó por el comportamiento errático de la economía como era de esperarse. En el bienio del 2003 y el 2004, aún bajo la gobernadora,  mostró un crecimiento moderado entre el 2.1 y el 2.7 %. Sin embargo, a la altura del 2006, ya bajo Acevedo Vilá cuando el periodo de transición al mundo post-936 canceló y se impuso el IVU, el crecimiento  se redujo al 0.5 %. La economía estaba en caída libre: en 2009 cuando la gobernación la ocupaba Fortuño Burset, decrecía en un 3.8 %

 

Crisis económica, crisis social ¿qué más?

Los efectos sociales de aquel fenómeno que se veía venir fueron devastadores. Durante la década la población se redujo en un 2.2 %. El país perdió 82,821 habitantes y lo que habían sido considerados nuestros grandes centros urbanos -San Juan, Ponce, Mayagüez- vieron disminuida su población entre un 9-10 %. El censo presentaba un panorama paradójico. Si durante los primeros 30 años del siglo 20 y durante el proceso de industrialización de la segunda pos-guerra la población urbana crecía dramáticamente, en el mundo postindustrial y en medio de la desindustrialización dominante en los 2000 las ciudades aparentaban vaciarse.

Una cosa no cambió. La gente huía de las ciudades en crisis pero no regresaba al campo. El círculo se completaba con el clásico “salto del charco” hacia los espacios de la “promesa americana”. Durante esa década el porcentaje de la población puertorriqueña viviendo en Estados Unidos alcanzó el 55 % cuadruplicando la estadística de 1950 cuando el tope fue del 12 %. Eso significaba que había más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla. En términos matemáticos unas 300.000 personas emigraron a alguno de los estados de la unión.

La diferencia más visible entre ambos procesos es que, si bien en 1950 el estado auspiciaba la emigración con lo que reconocía la incapacidad de la economía colonial para enfrentar el problema de la superpoblación, en el 2000 se oponía. La nueva actitud se concretó por medio de un discurso nacionalista y moralizador que pretendía comprometer emocionalmente a la gente para que no se fuera de su patria en crisis. Lo cierto es el centro de la preocupación parece haber sido puramente material. La emigración hacía el mercado más pequeño y la crisis cumplía la función de moderar al consumidor más moderado por lo que  los ingresos del estado, la captación de impuestos,  se estaba reduciendo de manera notable. La desindustrialización, la emigración y la moderación del consumo en un orden económico que atravesaba por una crisis fiscal y económica  sin solución plausible en lo inmediato hablaban de la profundidad y complejidad de la crisis. La sociedad de consumo conspicuo o hiperconsumo que produjo el proceso de industrialización por invitación y dependiente ha ido perdiendo consistencia. Los efectos de ello en el orden político y en la confianza de la gente en la clase política y en el sistema de relaciones con Estados Unidos fueron enormes.

Las alternativas del estado eran varias. La lógica administrativa le sugería, por un lado, que debían mejorarse  los procesos de captación de impuestos de todo tipo  y enfrentar la evasión, asunto que si bien insistía en mirar hacía lo que se llamaba la economía subterránea o ilegal, también debía tomar en cuenta aquella que no lo era, es decir, la visible o la legal. Un problema de esta actitud es que resulta más sencillo refinar la captación de tributos de los sectores medios y medios bajos que laboran para el estado que para los sectores medios y bajos medios que laboran independientemente o para la empresa privada. La experiencia en el 2016, los embargos preventivos del Departamento de Hacienda, han demostrado que la evasión contributiva era muy común de empresas medianas y grandes en tiempos de crisis y fuera de ellos y que el estado era más tolerante con esos sectores que con los sectores medios y bajos que trabajan bajo condiciones de presión.

La otra alternativa y la más utilizada por las administraciones PNP y PPD, ha sido crear nuevos renglones impositivos o aumentar significativamente las áreas de aplicación de los ya existentes. A ese se ha llamado con insistencia “meter la mano en el bolsillo” de los ciudadanos. La cantidad de renglones impositivos innovadores creados por las administraciones de Fortuño Burset y García Padilla del 2009 al presente ha sido impresionante pero sus efectos concretos en el ámbito del endeudamiento o la estabilidad financiera del fisco han sido muy pocos. No  se debe pasar por alto que el problema de ambas políticas, así lo han reconocido numerosas autoridades en economía,  es que ambas prácticas ralentizaban el consumo y la inversión.

Al final de la década de 2000-2009 la situación tendió a agravarse y la tendencia se profundizó desde 2010 en adelante. De hecho, el desempleo alcanzó el 14.7 % y la tasa de participación laboral se redujo a un 41.7 % en 2013 bajo la administración de Fortuño Burset y entre los años de  2010 a 2013 la emigración a Estados Unidos  se aceleró. Los observadores se han fijado en especial en el destino de la Florida. En 2014  un total de 1,006,542 personas de origen puertorriqueño vivían en la península subtropical. El destino preferido de los viajeros era Orlando-Kissimmee-Sanford donde su presencia sumaba 324,301.  La fuente más confiable en el análisis de ese fenómeno el colega Jorge Duany (UPR) quien los nominó recientemente como “Floriricans”

La emigración, un viaje doméstico desde la perspectiva legal, ha vuelto a ser un problema en el país en el siglo 21. Algunos han interpretado el fenómeno como una “válvula de escape” que servirá para evitar o retrasar el colapso del sistema. En ese sentido, actúa como un mecanismo de control de crisis. Otros se han referido a la misma como una expresión de rechazo al ELA y a la colonia y una afirmación de la ansiedad por “vivir la Estadidad”. Pero lo cierto es que ambos recursos retóricos miran hacia los aspectos y las posibles consecuencias políticas del fenómeno y dan la impresión errada de que la emigración soluciona todos los problemas de los que emigran. La recepción de los emigrantes o refugiados puertorriqueños en sus destinos migratorios es un asunto que está todavía por investigarse. La percepción que de ellos desarrollan las comunidades de los estados que los reciben tampoco ha sido indagada. Me consta por experiencia personal que los puertorriqueños de Chicago o Nueva York, a pesar de que llevan allí decenas de años, siguen siendo vistos en términos generales como una minoría hispana más por el estadounidense común. La impresión que daba Puerto Rico en la prensa internacional era que, por primera vez desde el siglo 19, Puerto Rico parecía “vaciarse”

 

Los avatares de un fisco en desbandada

En el ámbito fiscal los años 2000 a 2009 mostraron un panorama patético: lo que se denominaba de modo genérico el “gigantismo” del estado y los costos de su mantenimiento se convirtieron en temas claves. La cuestión del “gigantismo” se combinó con la crítica a la burocratización la cual comenzó a verse como un freno al crecimiento económico y a la ineficacia del servicio público. El discurso favorecía el “enanismo” del estado, la desburocratización que sugería la necesidad dejar hacer, dejar pasar al capital y el desplazamiento de bienes públicos al sector privado, es decir, la privatización.

Todo aquel discurso redundaba en la devaluación del servidor público cuya imagen nunca había sido del todo buena, por cierto. Un problema de ese tipo de juicios es que el “gigantismo” y los costos de mantenimiento se explicaban preferentemente a la luz de los muchos puestos de trabajo producto del caciquismo político partidista. Reducir los puestos de empleo, congelar plazas de trabajo y despedir trabajadores fue legitimado. Sin embargo, la mirada al ámbito gerencial bien pagado, espacio ocupado por cuadros ideológicos sumisos a las maquinarias políticas penepé o populares que los nombraron, parecía intocable. Lo cierto es que, en aquel contexto, la sentencia de muerte del estado interventor emanado de la segunda posguerra mundial estaba completa. El acta de nacimiento del estado facilitador que pugnaba por salir del vientre de la colonia desde la década de 1990 fue adjudicada como algo inevitable.

Desde 2003, bajo Calderón Serra,  la brecha entre el Producto Nacional Bruto (PNB) que se reducía,   y la Deuda Pública (DP) que aumentaba, se fue cerrando. En 2003 la DP era el 61.3 % del PNB, mientras que en 2012 la DP era el 93.6 % del PNB. Resulta imposible negar que la reducción en la producción y el endeudamiento público, fue el rasgo dominante desde 1996 al 2013. Desde esa fecha  ya no era posible emitir más deuda porque el sistema estaba en quiebra. La actitud de Standard & Poors, Fitch y Moody’s de degradar el crédito de Puerto Rico fue la expresión más concreta de ello. La deuda, intereses aparte, no ha crecido más desde 2013 al presente porque el mercado no lo ha permitido.