Ramón E. Betances Alacán: el separatismo y las izquierdas. Segunda parte

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

 

La causa de las Antillas fue objeto de evaluación de anarquistas y socialistas franceses durante la llamada Guerra Necesaria (1895-1898). El panorama más completo sobre ese asunto lo ofrece Paul Estrade en su volumen Solidaridad con Cuba libre, 1895-1898: la impresionante labor del Dr. Betances en París (2001). La cuestión de Cuba y la guerra que inició en 1895, fue clave para el juicio de las izquierdas sobre la cuestión antillana. Puerto Rico era invisible para aquellas fuerzas contestatarias  por el hecho de que en la pequeña colonia no se había desarrollado un proyecto de resistencia armada al coloniaje español. La resistencia que no desembocaba en un hecho de armas era invisible en el plano internacional y es posible que, incluso el liderato más visible, no se enterase de la diversidad de la misma en el extranjero. El hecho de que no hubiese un levantamiento efectivo en el país después del fracaso del de 1868, explica no solo la ausencia del tema colonial puertorriqueño entre las izquierdas francesas sino también el poco interés de la República de Cuba en Armas después de 1895 en arriesgar esfuerzos y dinero en un territorio que no parecía contar con las condiciones para sostener una guerra contra España.

El hecho de que desde las izquierdas francesas se viese el proceso cubano como una causa separatista y republicana que tenía como meta crear un Estado Nacional soberano, fue determinante en la posición adoptada por aquellas. Esto planteaba un problema. A pesar de que el lenguaje de muchos historiadores insiste en el carácter independentista de la rebelión de 1895 y aplana una realidad compleja, el separatismo cubano era mucho más que eso. En el territorio de las aspiraciones políticas, los sectores independentistas y confederacionistas pugnaban intensamente con los anexionistas a Estados Unidos. El balance entre las fuerzas independentistas y anexionistas a Estados Unidos en el Partido Revolucionario Cubano siempre ha estado en discusión y no es un problema que yo pueda resolver en esta breve reflexión. Por otro lado, aquella situación también se manifestaba en el seno de la Sección de Puerto Rico de aquella organización. En lo único en que estaban de acuerdo uno y otro extremo era en la necesidad de separarse de España.

Retrato de Betances en el album de Angelo Mariani

El investigador Germán Delgado Pasapera (1928-1985), uno de los primeros en acercarse a ese espinoso asunto en la década de 1980 lo resolvía insistiendo en que la cuestión táctica (la separación) estaba resuelta, y que la cuestión estratégica (anexión o independencia) se trabajaría tras la separación. En cualquiera de los dos casos, una relación intensa con Estados Unidos sería inevitable. Un siglo de relaciones de mercado, culturales y de tensiones políticas no pasaba en vano. La historia de Cuba desde su independencia en 1902 hasta el 1959 tradujo bien la situación dominante en el contexto del 1895. La de Puerto Rico entre 1900 y 1952 tampoco.

Para los socialistas y anarquistas franceses la apropiación del tema cubano se facilitó por el hecho de que no se trataba de la única comunidad política pequeña que luchaba por la separación de un imperio considerado retrógrado. La isla de Creta (1897), la comunidad de Armenia (1896-1897) y la de Macedonia (1890 ss), también elaboraban resistencias armadas por la emancipación contra el Imperio Otomano en medio del auge imperialista. Aquellas luchas resultaban simpáticas para las izquierdas francesas por una variedad de consideraciones. La confrontación de Cuba (1895) y España ya no era excepcional sino más bien la expresión de una lucha histórica en la cual una serie de territorios pequeños enfrentaban el poder de imperios religiosos decadentes: el español y el turco. Ese era el aspecto moderno de aquellos conflictos. El anticlericalismo y el secularismo militante de socialistas y anarquistas fue determinante en la decisión de respaldar discursivamente aquellas causas y equipararlas. En el proceso se asumía el carácter anticlerical y secular de las luchas separatistas como un valor. La cuestión de la separación para la independencia, la confederación o la anexión a Estados Unidos era otra cosa porque las izquierdas tenían posturas contradictorias en cuanto a esos puntos igual que los cubanos y los puertorriqueños.

Sería interesante indagar la opinión que tenían sobre el tema del separatismo en todos aquellos espacios dos propuestas ideológicas híbridas de las izquierdas de fines del siglo 19. Me refiero a los socialcristianos de origen católico o evangélico que crecieron desde 1850 en adelante; y los anarcocristianos que florecían a fines del siglo 19. Ambos tenían mucha influencia en el movimiento obrero internacional y competían a socialistas y anarquistas los espacios de influencia en aquel sector. El interés que despertaron ambas propuestas en algunos activistas radicales de Puerto Rico entre 1903 y 1930 justificaría una búsqueda en esa dirección.

 

Los anarquistas y la independencia

La legitimidad del apoyo de los anarquistas franceses a la causa de Cuba parece descansar en el argumento anticlerical y secular y no en el argumento político.  La interpretación anarquista ortodoxa desconfiaba del Estado Nación, uno de los ideales más emblemáticos de la revolución burguesa, por su carácter elitista, coercitivo y antipopular. Los anarquistas eran partidarios de la constitución de una “fraternidad universal” como garantía de la “libertad”. La misma se organizaría y crecería como producto de la unión voluntaria  entre iguales. La voluntariedad dependía de que no mediase coacción externa en el proceso de institución de la misma. Esa postura radical, los conducía a oponerse a cualquier tipo de orden estatal. La médula del anarquismo era la aspiración de que no existiera ningún tipo de Estado en cuyo lugar maduraría una acracia administrada naturalmente, es decir, ajustada a las leyes naturales a las cuales estaba la humanidad sujeta.

Se trata de algo así como una recuperación del estado natural en que todos eran iguales en un mundo sin estructura, concepto que sirvió de base hipotética al Estado Naturaleza esgrimido por los teóricos del siglo 18. Aquella acracia sostenida en la “justicia natural” sería la base de la “sociedad libertaria”, condición distante de la “guerra de todos contra todos” con que identificaban los estatistas burgueses a la misma. Ajustar el comportamiento social a las estructuras de la naturaleza por medio de la razón fue uno de los grandes motores del pensamiento social desde Inmanuel Kant (1724-1804), pasando por Auguste Comte (1798-1857), hasta Eugenio M. de Hostos (1839-1903).

Esa “fraternidad universal” no podía constituirse sin un mínimo de estructura. Para los anarquistas su estabilidad dependería de la configuración de múltiples “poderes asociativos menores” que fuesen capaces de impedir la constitución de un poder central autoritario. La convergencia de aquella postura con el comunalismo o el federalismo eran evidentes: ambos sistemas, como el anarquismo, coincidían en el valor de la descentralización administrativa más exigente. Los “poderes asociativos menores” a los cuales se integraba voluntariamente el ser humano, serían la base de la “fraternidad universal” y de la “libertad”.

La idea de una República de Cuba o la de Puerto Rico o la de una confederación de estados soberanos, era inapropiada, ilegítima o secundaria: no encajaba en aquellos parámetros. La del territorio incorporado o anexado a un estado poderoso mayor tampoco porque ello no garantizaría la “fraternidad universal” y de la “libertad”. Lo cierto es que la concepción de una nación o una patria no se ajusta al anarquismo teórico porque tiende a separar más que a unir a la humanidad. Mijail Bakunin (1814-1876) decía que:

“…la patria y la nacionalidad son, como la individualidad, hechos naturales y sociales, fisiológicos y al mismo tiempo históricos; ninguno de ellos es un principio. Sólo puede darse el nombre de prin­cipio humano a aquello que es universal y común a todos los hombres y la nacionalidad los separa; no es, por lo tanto, un principio.”

Bakunin recomendaba renunciar a las mezquindades y a los  “intereses vanos y egoístas del patriotismo”. La misma idea de la creación de una organización partidaria con el propósito de conseguir un fin político particular había sido rechazada por Pierre Joseph Proudhon (1809-1865). En ese sentido, las probabilidades de cooperación entre anarquistas y separatistas independentistas y confederacionistas sobre la base de la finalidad esbozada por los cubanos parecían teóricamente canceladas.

 

Los socialistas y la independencia

La interpretación socialista ortodoxa desconfiaba también del Estado Nación por razones análogas a las de los anarquistas. Aquel artefacto era el producto histórico de la revolución burguesa y una estructura de poder creado por y al servicio del adversario de clase de los trabajadores y productores directos. En ese sentido, respaldar la causa separatista independentista y confederacionista, implicaba una contradicción en el marco de una concepción lineal de la historia compartida por liberales y socialistas. Para muchos  militantes críticos, un compromiso con la independencia podía implicar el respaldo un movimiento rebelde que lo que buscaba era coloca a una burguesía, la clase criolla cubana vinculada a la tierra y el comercio, en el poder. La misma lógica hubiese utilizado si el caso de Puerto Rico hubiese estado en el radar. Ello explica que el movimiento obrero surgido en Puerto Rico durante y después de la invasión del 1898 se opusiese a la independencia y favoreciese tácitamente una relación más profunda con Estados Unidos.

Los socialistas y los marxistas franceses ortodoxo o no, estaban de acuerdo en esa interpretación tachada, tras la victoria de los bolcheviques en la Rusia de los zares, como una postura ortodoxa.  Un modelo será suficiente para ello. Paul Lafargue (1842-1911) un periodista, médico, teórico político y revolucionario franco-cubano  nacido en Santiago, militante del Partido Obrero Francés y yerno de Karl Marx, se resistió a respaldar la lucha separatista de su pueblo por esas consideraciones. Lafargue  había sido proudhoniano y luego marxista, era enfáticamente  anticlerical y antirreligioso para quien la conciencia patriótica chocaba con la conciencia de clase. En ese sentido era el mejor modelo de cómo un socialista reaccionaba ante los “intereses vanos y egoístas del patriotismo”, independientemente de su origen nacional. Como Betances, Lafargue es un antillano europeo, pero su concepción de la causa antillana miraba en una dirección opuesta al primero.

Como se sabe, la formulación de una teoría heterodoxa sobre la “cuestión colonial”  no maduró hasta la Gran Guerra (1914-1918). El principio de autodeterminación e independencia no se impuso hasta que Vladimir Lenin (1870-1924) y Woodrow Wilson (1856-1924)  lo usaron para auspiciar el desmantelamiento de los imperios coloniales (1914-1918) en beneficio de su situación particular en el tablero internacional. Sólo entonces se generalizó la concepción de que la lucha por la independencia “adelantaba” la lucha de la clase obrera o del proletariado en su avance hacia el comunismo y la “administración de las cosas”, paradigma que animó el movimiento anticolonial hasta tiempos muy recientes.

En aquel contexto, la colaboración entre socialistas, comunistas y nacionalistas se legitimó pero no sobre la base del apoyo sincero a la separación independencia o confederación de las Antillas como un valor en sí mismo. Sobre esos puntos, como se ha comentado, había muchos problemas irresueltos y contradicciones de fondo. La colaboración debió fortalecerse sobre la base del presumido carácter anticlerical (por antiespañol) y secular de la revolución de la Antillas: derrotar y humillar a España era el sueño de muchos en aquel entonces. Bakunin, Proudhon y Lafargue eran todos anticlericales y pensadores seculares radicales. El hecho de que Cuba pudiese derrotar un imperio católico decadente, legitimó en algunos anarquistas y socialistas un respaldo que la cuestión de la independencia por sí sola no justificaba.

 

Política y estatus: el estadoísmo en las dos primeras décadas del siglo 20

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

El estadoísmo en la década de 1910

Los acontecimientos acaecidos entre 1909 y 1921 fueron decisivos en el diseño del estadoísmo anexionista de la década del 1930. Todo parece indicar que a ello se debió, en buena parte, su triunfo electoral previo al imperio del popularismo. Durante aquel periodo, la conciencia de que el «futuro americano» de Puerto Rico no estaba a la vuelta de la esquina, hizo necesario el desarrollo de la paciencia política dentro de aquel sector exigente. Algo análogo ocurrió con la idea de la independencia al cabo de la Segunda Guerra Mundial. Esperar sin desesperar parecía una actitud lógica. Pero una cosa era lo que la lógica exigía y otra lo que las pasiones políticas provocaban en un sector tan desesperado como el nacionalista treintista.

Aquella crisis estuvo marcada por tres episodios poco discutidos. En primera instancia, la huelga legislativa de 1909 que estuvo centrada en el contencioso asunto del presupuesto estatal. El otro incidente fue la respuesta del Congreso de Estados Unidos a la actitud de reto de la elite colonial. La natimuerta Enmienda Olmstead a la Ley Foraker en 1909, se insertó a modo de un castigo paternal a una comunidad política que se consideraba pretenciosa e infantil. La propuesta de Marlin Olmstead, Republicano por Pennsylvania, tenía por objeto limitar los pocos poderes de la Cámara de Delegados de Puerto Rico al arrebatarle la facultad para dejar sin presupuesto al Estado como mecanismo de presión política. Se trataba de un escarmiento ejemplar: si exiges más de lo debido, esto es lo que te espera.

Demás está decir que para el republicanismo puertorriqueño, adoptar una postura consistente ante aquella actitud no iba a ser fácil. La reprimenda autoritaria del Congreso beneficiaba políticamente a los unionistas independentistas y autonomistas, sin duda. Pero la rebatiña de Olmstead laceraba las esperanzas del partido que quería un «People of Porto Rico» que viera en Estados Unidos un signo benévolo y comprensivo. La situación guarda paralelos con la cargada atmósfera que dejó el primer proyecto de independencia de Myllard Tydings a raíz de los sucesos sangrientos de 1936.

Precisamente, la culminación de aquel resquebrajamiento fue el curioso episodio del Proyecto Olmstead de estatus en enero de 1910, suscrito con el propósito de sustituir la Ley Foraker. El «castigo» para la colonia pareció excesivo para muchos observadores, incluso para gente como Samuel Gompers. Los socialistas en Puerto Rico habían solicitado, por medio de Santiago Iglesias Pantín, la inclusión de ciertas reformas laborales básicas proyectadas en la Carta Orgánica de 1910. Ese solo hecho demuestra que muchos amigos de Estados Unidos en la isla cuestionaban la finalidad de la cruzada de Olmstead. Refiriéndose al proyecto HR 19718 del  61er. Congreso, Gompers aseguraba que el mismo daba la impresión de que «the Secretary o War and perhaps some other members of the administration are not willing to grant any practical reforms in the way of benefitting the masses of the workers of Porto Rico». El asunto era espinoso porque la clase obrera puertorriqueña era reconocida como la base fuerte del estadoísmo anexionista emergente desde principios del Siglo 20. Gompers no guardaba reparos en argumentar que «the working people of Porto Rico stand committed to the constructive American method of our trade union movement, and are acknowledge to have done more for the Americanization of Porto Rican people than all other elements combined». Las posibilidades de que lo que aquí denomino como la «actitud Olmstead», causaran tensiones entre los obreros, eran muchas.

Todo esto, unido a la Crisis Económica de 1913, dejó al estadoísmo anexionista, integrado en el Partido Republicano Puertorriqueño y el Partido Socialista, en una situación incómoda. En aquellos años, como se sabe, el proteccionismo azucarero fue amenazado por el impulso renovador del Mercado Libre. La Ley Underwood pretendía abolir la protección que disfrutaba el azúcar local en Estados Unidos. La «mano invisible» de Adam Smith no consideraba las hipotéticas necesidades del capital azucarero local en la medida en que ponía a esa industria en igualdad de condiciones que la del café. Los efectos políticos de aquella disposición podían ser desastrosos. Hay que apuntar que la rebeldía de los unionistas no sirvió de mucho en aquel contexto. Si la meta de su reto radical era estimular la configuración de una relación más democrática y de más soberanía para Puerto Rico, el 1917 debió ser desilusionante para su liderato.

El Estadoísmo en la oposición: tácticas y fisuras

El campo de opiniones dentro del estadoísmo anexionista, cimentado en un aparente monolitismo, siempre ha sido rico y diverso. Me parece que esa es una premisa crucial para desarrollar un entendimiento plausible de las ideas radicales en Puerto Rico, independientemente de la dirección de los proyectos estratégicos que se propongan. El affaire Olmstead de 1910 es un buen modelo para comprender el asunto. Por aquellos azarosos días circuló en los medios políticos una carta firmada por José Guzmán Benítez, Presidente del Comité Territorial del Partido Republicano, dirigida al General Clarence Edwards, Jefe del Insular Bureau of the War Department y publicada el 15 de abril de 1910 por el Committe of Insular Affairs de la House of Representatives. En la carta, Guzmán Benítez aseguraba que el Partido Republicano estaba «in accord with Bill No. 19718». La correspondencia previa entre Guzmán y Manuel F. Rossy en el mes de marzo de aquel año, confirmaba las simpatías que el Proyecto Olmstead despertó en algunos sectores del estadoísmo anexionista. La razón para el apoyo se comprende porque la versión original de la pieza disponía la extensión de la ciudadanía americana en forma colectiva a los puertorriqueños. Muchos pensaban que esta concesión aseguraba el camino de Puerto Rico a convertirse en un estado de la unión.

En una carta de Cayetano Coll y Cuchí a Roberto H. Todd del 15 de abril de 1910, se censuraba a Guzmán Benítez por su «audacia» o «atrevimiento» al ofrecer su sentir como la opinión del Partido Republicano «when he knows that this statements are at an absolute variance with the attitude of said party». Todo parece indicar que las tensiones dentro del movimiento estadoísta anexionista, eran comunes y que, en ocasiones, sobrepujaban las luchas ideológicas y jurídicas. A nadie debe sorprender el hecho, se trata de algo consustancial a la naturaleza de las organizaciones políticas modernas, cimentadas en una hipotética unidad de propósitos que nunca es, ni puede ser, total o real.

En junio de 1911, Roberto H. Todd, alcalde la Capital y separatista anexionista, recibió unas cartas anónimas que criticaban con severidad su criterio al elegir funcionarios para ciertos puestos públicos claves en la Capital. La disciplina del partido había sido violada. Los argumentos para la censura anónima eran diversos. Una nota fechada el día 17, apelaba a la necesidad de que Todd fuese agradecido con quienes le habían servido bien en el pasado: «(D)ebo decirle al amigo Don Roberto, que mas de las veces no debe echarse en el olvido el pasado, y tener en cuenta mayormente a los que con gratitud, voluntad, buena fe y sin interés alguno expusieron su tiempo y esfuerzos para lograr que el amigo Roberto llegara [a] la posición Social que hoy ocupa». El reclamo de que los puestos públicos pagaban favores políticos era obvio. Se trata de una tradición política de todos los tiempos en los ancestrales términos del quid pro quo más vulgar. El uso del recurso de la anonimia puede ser interpretado de una diversidad de modos: miedo al poder, pudor, respeto a la figura pública. Sin embargo, la situación deja por sentado que la política en la colonia tenía mucho de seducción y manipulación.

El 29 de junio un nuevo anónimo criticaba el nombramiento del Sr. Carballeira como Director de los Hospitales Municipales de Santurce. La extranjería del nombrado, ser español era ser foráneo después del 1898, resultó ser la manzana de la discordia. El secreto remitente preguntaba retóricamente: «¿No cree [usted], que en el número de profesionales en medicina y cirugía que hay de Puertorriqueños dentro del partido Republicano haya quien tenga más meritos contraídos, tanto intelectual como profesional para desempeñar ese cargo con más acierto que el Sr. Carballeira?». La oposición no se limitaba al nombramiento de peninsulares:

Y, ¿qué me dice [usted], amigo Roberto, del nombramiento del Sr. Lippitt? . . . ¿porqué en lugar de nombrar á un Americano, no nombró [usted] aunque fuese de los quintos Infiernos a un galeno Puertorriqueño fuese quien fuese?.

William F. Lippitt, coronel del ejército, médico y masón grado 33, había llegado a Puerto Rico en 1903. Lippitt, casado con una puertorriqueña, fue Comisionado de Salud del Puerto Rico en 1912. El prestigio de Lippitt en los anales perdidos de la americanización puertorriqueña se puede equiparar al que poseen el doctor Paul G. Miller y el doctor Bailey K. Ashford, entre otros. La lección más sugestiva de todo esto es que el nacionalismo de los estadoístas anexionistas poseía características muy particulares. Contrario a lo que se acostumbra pensar, la defensa de lo «puertorriqueño» es un asunto que hay que abrir más allá de los estrechos márgenes del independentismo.

El efecto más significativo, desde la perspectiva de una historia política renovada, se encuentra en otro lugar. La idea de la Estadidad que animaba al estadoísmo anexionista fue revisitada a la luz de las relaciones contradictorias entre táctica y estrategia, también fueron examinadas y atenuadas al socaire de los tiempos. La polisemia de la Estadidad como la de la Independencia, es un asunto que no puede ser pasado por alto.

El estadoísmo en la década de 1920

El 1917, la Gran Guerra y la ciudadanía americana, forzaron la revisión del lenguaje político en Puerto Rico. Concesión o imposición, la ciudadanía movilizó la opinión política en una diversidad de direcciones. Cuando se evalúa aquel acto jurídico de cara a la opinión formulada por diversos autores estadounidenses durante la década subsiguiente al año 1898, el contraste es enorme. El Dr. José Anazagasty y yo hemos discutido ese problema en dos libros recientes a los que remito al interesado: We the People: La representación americana de los puertorriqueños, 1898-1927 (2008) y Porto Rico hecho en Estados Unidos (2011).

«Ambos a dos» (Rossy y Barbosa), caricatura de Mario Brau

Es cierto que el valor geoestratégico del territorio fue crucial en la decisión. Los portavoces del imperialismo neoaristocrático y la Marina de Guerra de Estados Unidos, reconocían, incluso antes de 1898, el valor militar de Puerto Rico en el Caribe. Pero es una postura frágil partir de ese aserto para desembocar en la hipótesis moral de que la ciudadanía se aplicó con el fin de usar a los puertorriqueños como «carne de cañón». Cuando se observa el periodo referido desde una perspectiva panorámica, la impresión que queda es que la crisis legislativa de 1909 a 1910 y el interesante pugilato que produjo, incidió en el cambió de actitud de la clase política estadounidense ante el problema de los puertorriqueños.

En 1911, el asesor militar y Secretario de Guerra del Presidente Woodrow Wilson, Henry L. Stimson (1867-1950), sugirió revisar la relación de la metrópoli con su posesión tropical. La relación se examinaría a la luz de varias consideraciones de política internacional. Por un lado estaba el valor geoestratégico del territorio. Por el otro, se hallaban las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos sobre la América Latina y la futura apertura del Canal de Panamá en 1914. Puerto Rico cumpliría una función de relevancia en aquel contexto. Stimson fue una de las figuras más interesantes de aquel periodo. Laboró al servicio de administraciones lo mismo republicanas que demócratas, fue Secretario de Guerra y de Estado, tenía experiencia colonial dado que sirvió en Filipinas y Nicaragua y fue el impulsor de la Doctrina Stimson que se oponía a la expansión japonesa en oriente. La lógica de Stimson sugería que un Puerto Rico «American» garantizaría la seguridad del Canal de Panamá. Asegurar esa asociación fue lo que trajo el tema de la ciudadanía americana al tapete.

Sobre esa base, la Inteligencia Militar recomendó la necesidad de reconocer la ciudadanía americana colectivamente para los puertorriqueños. Lo más interesante de aquel proceso fue la insistencia en que se dejara claro que la ciudadanía no debía interpretarse como un compromiso de Estados Unidos a conceder la Estadidad. Hacer a los puertorriqueños ciudadanos, no equivalía a la incorporación. De hecho, se trataba de procesos distintos y distantes. Tenía que estar claro que sólo la incorporación como territorio implicaba un compromiso concreto en aquella dirección. La impresión de que Estados Unidos podía reconocer y legitimar aspectos parciales de equiparación para Puerto Rico sin comprometerse con la Estadidad y los estadoístas se hizo evidente. El sabor que quedó en muchos observadores fue que el estadoísmo estaba en retroceso.

La elite política y la ciudadanía americana

Diversos sectores de opinión aspiraban a la ciudadanía americana desde 1898, premisa importante para comprender las actitudes de la clase política colonial. Durante el 1912, año en que madura el Partido de la Independencia y precede a la crisis económica de 1913 al palio de la discusión de la Ley Underwood, la conmoción de algunos y el entusiasmo de otros era palpable. El Partido Republicano Puertorriqueño y el Partido Obrero Socialista, que se hallaba en camino a su revisión ideológica de 1915, respaldaron la posibilidad de la concesión. En ambos casos, la anexión por medio de la ciudadanía era visto como un acto de equiparación jurídica que mejoraría la imagen de Estados Unidos en Puerto Rico y adelantaría la causa estadoísta. Jurídicamente la decisión tenía especial relevancia: la veían como una garantía de unión permanente con Estados Unidos. La idea de que después de ello ya no habría un paso atrás, dominaba. La semántica del concepto “unión permanente” estaba entonces vinculada casi con exclusividad a la Estadidad y el estadoísmo. La ciudadanía era un escalón en el camino de la Estadidad, argumento que contradecía la postura de la Inteligencia Militar. Los estadoístas, para consumo electoral, alegaban que la decisión comprometería a aquel país con la integración total en un futuro mediato. El argumento era más la expresión de un deseo que una realidad.

El Partido Unión de Puerto Rico enfrentó el proceso con sumo cuidado. La «Ciudadanía Portorriqueña», emanada de la Ley Foraker de 1900, había sido motivo de orgullo para parte del liderato independentista de la organización, en particular el abogado y escritor José De Diego. Es probable que, dada la situación de que se trataba de una decisión que se presumía inevitable, respaldaran la misma no sin imponer ciertas condiciones. Su situación de partido en el poder les daba un margen de movimiento que no poseían los partidos de minoría.

Con todo, si bien los defensores del self-government del unionismo convenían en que la ciudadanía era aceptable si se le reconocía mayor autonomía a Puerto Rico, los independentistas tenían reservas. Para figuras como De Diego y Luis Muñoz Rivera, el problema se reducía a una cuestión de principios: la «Ciudadanía Portorriqueña» estaba por ser sustituida por la «Ciudadanía Americana». La lógica del liderato de la Unión resulta curiosa. En 1913, eliminaron la estadidad de la Base Quinta de su programa, y concentraron en la meta del self-government y la independencia con protectorado. En ello había una contradicción palmaria: el self-government era interpretado, dentro del marco de un progresismo vulgar, como un paso necesario hacia la independencia. Esa condición reducía al unionismo a la situación de un partido autonomista y a la independencia en una utopía moral. El radicalismo de Muñoz Rivera y de Diego se expresaba en otros ámbitos: en que se eliminara el Tribunal Federal de Puerto Rico, y en que se sacara a la isla del control de las Leyes de Cabotaje. La Gran Guerra (1914-1918), confirmó la opinión de la Inteligencia Militar. La ciudadanía fue extendida colectivamente a los puertorriqueños en marzo de 1917. De Diego había muerto en 1918 y Muñoz Rivera en 1916.

«A la vera de la Cámara» (Matienzo), caricatura de Mario Brau

Después de la ciudadanía y la Gran Guerra ¿qué?

Desde 1917 en adelante, el independentismo y el estadoísmo reevalúan sus posiciones ideológicas. La fundación de un Partido Nacionalista en 1922, y la consolidación de la Alianza de 1924, son prueba al canto de ello. En gran medida, la ciudadanía tuvo un efecto tranquilizador. Era como si las opciones radicales -Estadidad e Independencia- hubiesen sido canceladas en nombre de la voluntad estadounidense de mirar hacia las posibilidades de una evanescente tercera vía.

Una carta de Roberto H. Todd a Ogden L. Mills, asesor del gobierno de Estados Unidos, fechada el 24 de mayo de 1920, servirá para ilustrar la incómoda situación por la que pasaban los estadoístas. Se trata de una lógica análoga a la de los unionistas: «(if) Statehood is temporarily withheld, the Porto Rican should be entitled to at least as much self-government as the people of the Territory.» El asunto de la No-Incorporación de Puerto Rico como Territorio de Estados Unidos, y el hecho de que la Isla no fuese un candidato para el status de Estado, estaba en la médula del dilema.

La correspondencia política de José Celso Barbosa y Todd de los primeros años de la década del 1920 está plagada de observaciones en torno al peligro que representaba el independentismo para una relación sana con Estados Unidos. Muerto De Diego, las acusaciones de subversión se concentraban en Antonio R. Barceló y José Coll y Cuchí, entre otros. Unionismo e independentismo eran sinónimos para el liderato estadoísta republicano. Lo que preocupaba a aquel liderato era que el retraso en integrar a Puerto Rico a Estados Unidos mediante la incorporación o su transformación en un Territorio organizado tuviese resultados desastrosos. Para Todd, ello:

…has resulted in keeping alive the agitation for independence, autonomy, a protectorate, any sort of a scheme that makes of Porto Rico an old-time, old-fashioned «Republic», with a few politicians riding big, white horses, with plumes and helmets, while the masses toil to support the «dignity» of this sort of nonsense. It has resulted in resisting the growth and use of the English language, a resistance that has at times developed into bitterness.

La situación de incertidumbre también afectaba otras zonas de la incómoda relación entre la metrópoli y la colonia.Todd insistía en que esa inseguridad había provocado que, a la altura de 1920, «this language (english) is use less in government court and offices, and there is less ambition to acquire it in the country than was the case fifteen years ago.» La ausencia de voluntad del Congreso americano atentaba contra el futuro de la relación entre ambos países. Todd quería colocar la responsabilidad de la situación en manos del Otro -el Congreso- con el fin de forzar la situación a favor del estadoísmo.

El otro aspecto que le molestaba era algo que ya se había manifestado en los textos americanos sobre Puerto Rico que ya he comentado en los dos volúmenes aludidos: la precariedad y la inmadurez de la praxis de la clase política insular. Todd se había tomado muy en serio el lenguaje paternalista que justificaba el tutelaje colonial de los puertorriqueños. Para demostrarlo resaltaba el carácter extravagante de la administración unionista desde 1904, el patronazgo político, y el hecho de que la cuota de empleados del Estado alcanzaba la friolera de 5,000 personas. No sólo eso:

Our Governor draws down $22,000 with the old «Palace» for a residence, a summer home in the mountains, a Packard automobile, with all accessions; and if callers present themselves at the Palace, and are regaled with cheese sandwiches and pink lemonade, the People of Porto Rico pay for the entertainment…

Todd, un hombre que había vivido la política del siglo 19, reconocía que las convenciones, miradas e inflexiones de aquel segmento de la clase política vinculada al unionismo y al independentismo, no habían cambiado tras el 1898: «…we have maintained in Porto Rico an old Spanish or British Colony, instead of a simple territorial government…». El fantasma de la Autonomía Radical tipo Canadá y del 1887, seguía vivo en el país. El desplazamiento de la culpa era evidente: la responsabilidad del atraso estaba en el desinterés del Congreso, actitud que a veces era interpretada como debilidad. El estadoísmo se sentía abandonado a su suerte por el Imperio. La imagen que tenían los estadoístas sobre los americanos estaba cambiando. La ilusión que había despertado la invasión de 1898 había llegado a su fin.

Nota: Publicado originalmente en dos partes es  80 Grados-Historia  el 20 de enero de 2012 y en 80 Grados-Historia el 17 de febrero de 2012