Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

diciembre 10, 2015

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente I

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

Los caminos hacia el neoliberalismo

En términos globales la década del 1990 fue el escenario del fin de una era y el inicio de otra. Los efectos sobre Puerto Rico fueron enormes aunque su papel en el giro, dada su relación de sumisión colonial con Estados Unidos, fue muy poco. El Puerto Rico moderno y dependiente, producto de las prácticas legitimadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), vio como se cancelaban sus posibilidades, situación que abrió paso a un periodo de vacilación cuyos efectos aún no han sido superados. La incertidumbre económica, política y cultural, se manifestaron por doquier por el hecho de que las frágiles garantías que había ofrecido Operación Manos a la Obra (1947-1976) y su secuela,  la Sección 936 desde 1976, estaban en entredicho. Como se sabe, la condena final de la política de exenciones impuesta en 1976 se anunció en 1996 dejando al país con un periodo de 10 años, hasta 2006, para que hiciese los ajustes pertinentes para sobrevivir sin aquel recurso.

Los paradigmas sobre los cuales se habían apoyado las  políticas económicas de 1947 y 1976 se derrumbaron en la medida en que el capitalismo internacional, encabezado por Estados Unidos, se reorganizó recuperando la tradición del liberalismo clásico y la libre competencia desembocando en el discurso y la praxis neoliberal. La “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos, si alguna vez lo fue, dejó de serlo. El libre comercio con Estados Unidos se generalizó y la moneda común dejó de ser un rasgo exclusivo de nuestro mercado. Las “teorías del pacto” esgrimidas en 1952 por los defensores del estadolibrismo, había creado la ilusión de que existía un “pacto bilateral” entre  dos hipotéticos “iguales”. Los cambios de la década del 1990 demolieron aquella presunción.

Puerto Rico vio como las columnas sobre las cuales se había levantado el crecimiento económico (y dependiente) del Estado Libre Asociado -exenciones contributivas, trato preferencial selectivo, proteccionismo, asimetría salarial, austeridad en el gasto público, intervencionismo del estado en el mercado, ahorro individual- comenzaron a perder legitimidad en el nuevo orden. Incluso el papel adjudicado a la isla en el contexto de la Guerra Fría (1947-1991) tuvo que ser reevaluado: la “vitrina de la democracia” ante la “amenaza comunista” en Hispanoamérica era cosa del pasado tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El derrumbe de aquel espejismo hacía necesaria la reformulación de las relaciones entre, por un lado, Puerto Rico y Estados Unidos; y, por otro lado, Puerto Rico y el mundo.

 

Neoliberalismo y anticolonialismo

Aquellas circunstancias explican el hecho de que la década de 1990 fuese interpretada como un momento apropiado para la descolonización. De un modo u otro se comprendía que el orden de 1952 dejaría de ser funcional y que la soberanía, ya fuese en la forma del Estado 51, la Independencia o un Pacto de Libre Asociación, sería necesaria para facilitar la inserción del país en la economía neoliberal y global. El consenso, excepto en el influyente sector de los populares más conservadores, era que el ELA no era un estatuto soberano sino un régimen de dependencia colonial y que la interdependencia que la era global imponía como pauta, requería soberanía o independencia jurídica en buenos términos con Estados Unidos. Un tropiezo cardinal de aquel proceso fue que, cuando llegó el 2006 y cerró el periodo de transición tras la eliminación del amparo de la Sección 936, nada se había conseguido: la economía  estaba estancada y el tema del estatus empantanado.

El giro al neoliberalismo vino acompañado en Puerto Rico por el desprestigio del “orden democrático” emanado de la Segunda Guerra Mundial. La discursividad de la guerra contra el totalitarismo nazi y fascista había sido uno de los componentes del populismo del primer Partido Popular Democrático (1938). La confianza en la democracia electoral y el saneamiento de la imagen maltrecha de los partidos políticos como instrumento confiable de lucha para los puertorriqueños no tuvo un efecto permanente. El escándalo de la aplicación de la Ley Smith criollizada en la forma de la Ley de la Mordaza de 1948,  el asunto de la recopilación de las carpetas informativas de ciudadanos considerados potencialmente  subversivos  destapado en 1986,  su devolución y la demanda civil que generó el caso en 1992, desenmascararon el significado de la “democracia” en la era de la Guerra Fría. Aquella democracia electoral, partidista y constitucionalista había violado los derechos civiles de numerosos ciudadanos comunes de múltiples formas. Entre la Cheká, la Schutzstaffel, el Buró Federal de Investigaciones y la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico no había mucha diferencia. La discusión sobre este verdadero “déficit democrático” en el marco de la relación colonial, se hizo pública en numerosas publicaciones académicas y en la prensa del país.

La inestabilidad del orden heredado propició un auge inusitado pero comprensible del estadoísmo y sus organizaciones. Después de todo, el PPD era uno de los principales acusados y el independentismo, ya fuese socialdemócrata, socialista o nacionalista, atravesaba por un momento de reflexión que más bien parecía una crisis. Por eso la década de 1990 da la impresión de haber sido el decenio de un estadoísmo dinámico, encabezado por un liderato innovador y agresivo. El estadoísmo radical, exigente e inmediatista en cuanto al reclamo de Estado 51, cuya genealogía podría trazarse hasta la figura del abogado Carlos Romero Barceló, se impuso como el estilo dominante. Lo cierto es que desde 1968 al presente el estadoísmo ha ejecutado una revisión profunda de las posturas de su fundador, Luis A. Ferré Aguayo, y ha tomado tanta distancia de aquel como ya había tomado de José Celso Barbosa.

Pedro Rosselló González

Pedro Rosselló González

Uno de los misterios que valdría la pena indagar en cuanto a aquel giro se develaría  si se pudiera responder la pregunta de cuánto pesa  dentro de estadoísmo puertorriqueño la afiliación demócrata y la republicana a la hora de diseñar una táctica para alcanzar la meta propuesta. La transición de un estadoísmo gradualista a uno inmediatista que se da entre 1968 y 1976 está marcada por ese fenómeno. En la década de 1990 los estadoístas  demócratas con  Pedro Rosselló González a la cabeza, coincidieron con el dominio demócrata en Estados Unidos con Bill Clinton. Pero no hay que olvidar que los demócratas de la segunda pos-guerra mundial, Franklyn D. Roosevelt y Harry S. Truman, y los del tránsito al neoliberalismo como Clinton,  eran distintos por completo. Roosevelt y Truman estuvieron dispuestos a  trabajar con un PPD que no quería ni la estadidad ni la independencia, a la vez que  manifestaba simpatías con las políticas del Nuevo Trato y la formulación del Estado Interventor. La relación Clinton/Rosselló era escabrosa: el presidente tuvo que trabajar con demócratas que presionaban por la incorporación y el  Estado 51 que él no defendía. Del mismo modo, el interés del gobierno federal por “descolonizar” que dominó en la década de 1940, ya no era tan visible en década de 1990 porque, entre otras cosas, el fin de la Guerra Fría (1989-1991) convirtió el tema de Puerto Rico, que nunca había sido  prioritario, en un asunto invisible. En 1990, la incomprensión entre las partes involucradas era bidireccional o mutua.

 

Conservadores y soberanistas

El auge estadoísta de la década de 1990 estimuló el reavivamiento de lo que ahora se conocía como “soberanismo” en el PPD, actitud que persistía en la creencia de que el Estado Libre Asociado era una forma de “autonomía” que serviría como preparación para la independencia. El soberanismo reproducía la teoría de los “tres pasos o etapas” que sirvió de apoyo a Luis Muñoz Rivera y José De Diego Martínez cuando fundaron el Partido Unión de Puerto Rico, y la teoría de la “independencia a la vuelta de la esquina” apoyada por Luis Muñoz Marín en la década de 1940.  La paradoja de aquella hipótesis interpretativa era que, tanto los unionistas como los populares, terminaron por renunciar a la independencia en algún momento.

La “Nueva Tesis” de Rafael Hernández Colón (1978-1979) fue un intento de cerrar desde arriba y autoritariamente el debate sobre la relación colonial dentro del PPD.  El momento en que se formuló representó, desde mi punto de vista, una respuesta defensiva a la victoria del PNP entonces bajo la dirección de Romero Barceló. El alegato de Hernández Colón era que, dada que la  independencia era irrealizable y la estadidad económicamente inconveniente, había que aceptar que el  ELA era la “solución final” al debate estatutario. La tesis no obligaba al inmovilismo pero reducía el margen de acción del cambio estatutario a los límites dominantes desde el 1952. El conservadurismo se impuso en ese segmento de la cúpula del PPD.

Williie MIranda Marín

Willie Miranda Marín

El problema era que, en la década de 1990 el argumento de Hernández Colón,  no hacía sentido. Las razones de los críticos de la “Nueva Tesis” dentro y fuera del PPD eran predecibles. El orden que había inventado al ELA ya no existía y el “déficit democrático” del régimen de relaciones había de ser reconocido por el mismo Hernández Colón en 1998. En su retórica jurídica, el reconocimiento del problema no  tenía que interpretarse como una señal de que debía romperse con los esquemas del 1952. Por el contrario, los conservadores han insistido en que lo más práctico es y será trabajar el cambio -superar el “déficit democrático”- en el marco del ELA sin quebrar sus fundamentos más celebrados: la autonomía fiscal y arancelaria. La actitud es comprensible pero, me parece, debería ser discutida con más profundidad a fin de que resulte más convincente al día de hoy. La meta de una táctica política como la de los conservadores del PPD ha sido denominada en ocasiones con el nombre de ELA Soberano o Culminado, pero el concepto jurídico no parece encajar en el lenguaje estándar del Derecho Internacional como tampoco encajaba el concepto jurídico del ELA.  Del mismo modo, tampoco ha tenido mucho éxito entre los soberanistas más exigentes que parecen concebirlo como una propuesta contradictoria, poco clara o como una paradoja de derecho.

El soberanismo articuló durante la década de 1990 una respuesta más o menos coherente al problema del estatus al calor de dos procesos de consulta: los plebiscitos de estatus de 1993 y 1998. La década de estadoísmo radical necesitaba medir el pulso de su proyecto y los plebiscitos siempre han sido considerados en la tradición electoral local como la más precisa encuesta de opinión. Lo interesante es que las figuras dominantes de la nueva ola soberanista del 1990  no surgiese del alto liderato de la organización popular sino de tres poderosos alcaldes: William Miranda Marín de Caguas, José Aponte de la Torre de Carolina y Rafael Cordero Santiago de Ponce, todos ya fallecidos. Me da la impresión de que, ideológicamente y en su praxis, los tres representaban la tradición populista y radical del primer PPD, el de 1938 a 1943. La gran diferencia entre estos y aquellos es que el soberanismo populista de los años 1940 se alimentaba de un fuerte corriente ruralista propia de un Puerto Rico preindustrial y agrario. En la década del 1990 la propuesta ideológica ya se había urbanizado y poseía una tesitura completamente distinta. El resultado de aquel proceso fue la fundación de Alianza Pro Libre Asociación Soberana cuyo efecto sobre los sectores moderados del PPD sigue siendo poco. El superviviente de aquel grupo fundacional fue Marco A. Rigau, figura fuerte detrás de la líder soberanista Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de la capital.

noviembre 2, 2013

Puerto Rico en la década de 1970: la reformulación de las políticas económicas (I)

  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La revisión de la estrategia de crecimiento se hizo sobre unas premisas conservadoras. Había que mantener  las exenciones contributivas al capital americano, el diferencial salarial entre los obreros de Puerto rico y estados Unidos debía ser mantenido y había que mantener el Estado Interventor y Benefactor, como cerebro del proceso sin cambiar el Estatus.

“Operación Manos a la Obra” (1947-1976) había descansado en la Sección 931 del Código de Rentas Internas Federal. Ello implicaba que las corporaciones podían depositar sus ganancias en banco locales las cuáles podían ser repatriadas sin pagar impuestos federales una vez liquidara  sus operaciones en el país. El acto de “repatriar” significaba enviar las ganancias obtenidas a las compañías matrices. La Sección 931 aplicaba en posesiones,  territorios no incorporados y en el ELA que no era sino otra cosa. El inciso permitía además mover las ganancias generadas a bancos de otros territorios no incorporados para la reinversión, por lo que mucha de la ganancia obtenida en Puerto Rico se movió a Guam y fue reinvertida en la especulación con los Eurodólares

En 1976 el Congreso aprobó la aplicación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Su propósito era el mismo de la Sección 931: ayudar a los territorios no incorporados y posesiones a atraer inversionistas y generar empleos. La Sección 936 también eximía del pago de impuestos federales al “repatriar” las ganancias, pero ya no había que esperar al momento de liquidación del negocio para repatriar. Bajo el nuevo esquema podría hacerse a intervalos precisos acordados con el territorio o la posesión. Si la “repatriación” era inmediata, pagaban un 10% de impuestos al territorio o posesión. Si no era inmediata y parte de la ganancia se reinvertía en el territorio o posesión, el impuesto se reducía hasta un 4%. Esa carga de entre el 10 y el 4 % se denominó “Impuesto de Repatriación” o “Tollgate Tax”. Ese era el beneficio directo del territorio o posesión que servía de escenario a la inversión. Lo cierto es que, dado que se trataba de compañías con enormes márgenes de ganancia, el beneficio era significativo a la vez que la empresas involucradas creaban cierta cantidad de empleos bien pagados. El beneficio indirecto era que las ganancias depositadas en los bancos del país, servirían de garantía para préstamos comerciales e hipotecarios y generarían actividad económica en  beneficio directo a la banca y a la construcción, por lo que se creaban cierta cantidad de empleos indirectos:

931 versus 936

El principio que fundamentaba las “Industrias 936” (1976) era análogo al de la “Ley de Incentivos Industriales” (1947): eximía del pago de impuestos federales, del pago de contribuciones estatales, del pago de impuestos a la propiedad y de patentes municipales. Además  ofrecía crédito contributivo por empleos creados y salarios pagados. La diferencia era que el “Tollgate Tax” era variable y que  la “repatriación” podía hacerse en diversos de acuerdo con el ELA. Las “Empresa 936” tenían ganancias enormes y mucho espacio de maniobra  para mover el capital en  el mercado.

La Milla de Oro, Hato Rey, Puerto Rico

La Milla de Oro, Hato Rey, Puerto Rico

Puerto Rico había sido un enclave agrario transformado por “Operación Manos a la Obra” en un enclave industrial. En ambos casos producía para la “exportación” por lo que, aunque el volumen de la economía fuese enorme, ello  no favorecía el desarrollo de una “economía nacional” ni de una “burguesía nacional” competitiva. Bajo la Sección 936  el país siguió siendo un enclave industrial y “exportador” en el cual el engranaje y el beneficiario principal de la actividad económica no era puertorriqueño. Hacia el año 2003, el 86 %  de las exportaciones del ELA iban hacia Estados Unidos, y el crecimiento no había servido para insertar al país en el Mercado Internacional sobre la base de la dignidad jurídica.

El depósito de los “Fondos 936” en la isla estimuló de la  banca y las operaciones de bienes raíces. Los desarrolladores de proyectos comerciales y  de vivienda, los “desarrollistas” se multiplicaron, animados  por el volumen de los depósitos bancarios y por una población que se acostumbró al consumo desenfrenado y a la ausencia de cálculo. Las necesidades particulares de las “Empresas 936” favorecieron el crecimiento de la industria de los seguros, las actividades gerenciales y el trabajo clerical o de oficina que toda aquella acelerada circulación necesitaba para ser funcional. Aquella fue una atmósfera ideal para el crecimiento de los negocios de distribución de mercancías de todo tipo en el marco de un consumo que ya era voraz. Por último, el tipo de trabajo que se elaboraba en el nuevo escenario industrial, favoreció el desarrollo de una clase obrera diestra bien entrenada pero pequeña que, por sus condiciones materiales, se sentía parte de la “clase media” o se interpretaba como una “elite”.

Sin embargo, la competencia entre el capital estadounidense y puertorriqueño en esos renglones ha sido siempre muy desigual y asimétrica. La clase capitalista puertorriqueña, la burguesía grande y mediana, no está en condiciones de competir con la estadounidense. El crecimiento ha dejado a  puertorriqueños en las posiciones medianas o inferiores en el engranaje económico y en el mercado. Del mismo modo, la época dejó una marca indeleble en el mercado laboral puertorriqueño. Los sectores laborales con más capacidad empleadora fueron 3, como se verá de inmediato:


Servicios

En 1970 sumaban 117,000

En 1990 sumaban 213,000

En 2000, sumaban 307,000

 

Comercio y finanzas

En 1970 sumaban 130,000

En 1990 sumaban 190,000

En 2000 sumaban  246,000

 

Gobierno (Gigantismo y Clientelismo)

En 1970 sumaban 107,000

En 1990 sumaban  218,000

En 2000 sumaban  254,000


El sector de la manufactura más beneficiado fue la Industria Farmacéutica y, de hecho, Puerto Rico llegó a ser una de los principales productores de drogas legales en el mundo junto con Alemania: 13 de las 20 drogas de mayor venta global se elaboraban en la isla. Si bien es cierto que los sueldos en las farmacéuticas eran los más altos, la Pharmaceutical Industry Association (PIA) calculaba que aquella la industria producía 30,000 empleos directos y 90,000 indirectos. A pesar de ello, la capacidad de empleo de la Manufactura se desaceleró entre 1970 y 2000

Manufactura

En 1970 sumaban 132,000

En 1990 sumaban 165,000

En 2000 sumaban  164,000

 

Las “Empresas 936” no produjeron empleo en masa. Eso sí, generaban capital cuyos dividendos, a la larga, se iban de Puerto Rico.

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