Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

febrero 27, 2021

La epidemia reinante: notas al margen de un libro de Mayra Rosario Urrutia

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  • Mario Cancel Sepúlveda

Comentario en torno Mayra Rosario Urrutia (2018) La epidemia reinante. Llegada, difusión e impacto de la influenza en Puerto Rico, 1918-1919. San Juan: Laberinto. 131 págs.

En 2018 la Librería Laberinto inició su colección editorial con la publicación del libro La epidemia reinante. Llegada, difusión e impacto de la influenza en Puerto Rico, 1918-1919, obra de la Dra. Mayra Rosario Urrutia, catedrática e historiadora adscrita al Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y conferenciante de historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan Antiguo. La relevancia que ha ganado este tema desde marzo de 2020 no puede ser puesta en duda.

La Dra. Rosario Urrutia, quién ha estudiado con cuidado las primeras décadas del siglo 20 a la luz de la prohibición del consumo de alcohol en el contexto de la Ley Jones de 1917, vuelve a indagar aspectos poco trabajados de aquel momento en el país. En términos historiográficos este volumen invita a conocer mejor un periodo, como tantos otros, poco visible en la historiografía. Todo sugiere que el “espesor” que se adjudica al 1898, momento de la invasión, y al 1929, momento de la crisis del capitalismo internacional y de la relación colonial establecida en 1900, son suficientes para explicar el “olvido” o la condición de “años en blanco” del 1918 y el 1919.

La lectura de este volumen, cuyo argumento central se apoya en el concepto metafórico “memoria traumática”,  permitirá una comprensión  más profunda de este problema. Para el estudioso de la historia de la “epidemia reinante”, una expresión recogida de la prensa de la época, el texto servirá no sólo para evaluar las razones de la omisión sino que también ofrecerá pistas para aclarar los mecanismos que definen los intereses de los historiadores y los lectores concretos en entornos precisos. La experiencia de la lectura de este volumen posee, en consecuencia, diversos valores.

Lo cierto es que en los últimos años el peso del “presente” se ha hecho más notable en la determinación de las direcciones investigativas de numerosos historiadores. El renacimiento del interés en los desastres cualificados como naturales, ha confluido en una invitación a la relectura de fuentes hoy consideradas clásicas con una mirada fresca, a la vez que ha promovido la invención de fuentes y miradas nuevas. El huracán María de 2017, los terremotos de diciembre y enero de 2019 y 2020, y la pandemia de Covid 19 desde marzo de 2020, no han hecho otra cosa que reafirmar el papel determinante del presente en la figuración del pasado.

El discurso de la autora gira alrededor de 3 nudos. El primero tiene que ver con el tema de la “censura” y el “trauma”, fenómenos medulares para comprender la omisión o el silencio propuesto. En este espacio se establece una “teoría del olvido” que bien podría servir como modelo para la apropiación de otros problemas historiográficos que también habitan el leteo. En el caso del 1918 y el 1919, el peso que tuvo la situación bélica fue significativa. La pandemia surgió y fue gatillada por la llamada “Gran Guerra” (1914-1918) y fueron las bases militares y el regreso de los veteranos un acicate para su propagación. No debe pasarse por alto que la discusión de la etiología del virus estaba censurada por el hecho de que aquella podría afectar la moral de las tropas en tiempos de combate o la imagen de unos aliados triunfantes ante el Imperio Alemán. Es asunto del terremoto de San Fermín de octubre de 1918, cumplió la función de un segundo violín siempre oculto detrás de todo aquel entramado.

La autora aprovecha aquel nudo para explicar el contexto biológico y social de los efectos del virus AH1N1, afección conocida también como la “muerte violeta”,  el “flujo” y la “grippe española”. La riqueza y la diversidad metafórica de las nominaciones del mal, expresa bien la confusión que la medicina tenía con respecto al orden de aquella enfermedad. La “epidemia reinante”, una frase de talante modernista con remedos simbolistas, afirmaba el carácter todopoderoso del padecimiento a la vez que alimentaba y bruñía el “miedo” imperante, asunto que debería ser tratado con sumo cuidado en otras investigaciones. La ciencia, la popular y la académica siempre inciertas, se empantanó en la nominación confundiéndola con el dengue o el trancazo, concepto que en la lengua coloquial española sugería un catarro fuerte. Entre la censura oficial y la devaluación del peligro existía una relación que valdría la pena discutir en otra ocasión.

El segundo nudo ostenta un valor  informativo extraordinario. Su lectura ofrece un cuadro de las tres etapas de la pandemia en el país. Una primera que comienza a mediados de junio y termina a finales de septiembre de 1918; una segunda que comienza en octubre de 1918 y termina en enero de 1919; y una tercera que comienza en enero y cierra en mayo de 1919. La autora se ocupa de precisar el lenguaje con el cual las autoridades sanitarias gubernamentales y la Cruz Roja de Puerto Rico se ocuparon de explicar el fenómeno para consumo público. También establece las teorías formuladas para glosar el arribo de la influenza al territorio en medio de la censura impuesta por las autoridades federales.

Llama mucho mi atención el empeño del gobernador Arthur Yager, un funcionario tildado como irresponsable en la correspondencia particular de José Celso Barbosa existente en el Archivo de Roberto H. Todd por sus afinidades con el Partido Unión de Puerto Rico. Pero lo más sorprendente es el descuido con que las autoridades federales utilizaron un argumento político-jurídico legitimado desde principios de siglo, me refiero a la condición de territorio no incorporado de Porto Rico, para negarle al país la ayuda humanitaria en paridad con los demás estados de la unión.

Todo parece indicar que históricamente la desidia y la indolencia se imponen en las autoridades estadounidenses cuando se trata de emergencias colectivas en Puerto Rico. Una lectura política entre líneas devuelve al lector al territorio de la batalla de las  “razas” o “culturas”, un engendro interpretativo persistente en la cultura política que impregna la relación entre un proverbial “ellos” y “nosotros”. Imposible pasar por alto las expresiones innovadoras de aquel prejuicio expresados desde septiembre de 2017 al presente. El diseño de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos y la representación que han manufacturado aquellos de los puertorriqueños, esto es una broma teórica, parece ser un asunto propio de la larga duración braudeliana: cambia tan lentamente que parece que no cambia.

El tercer nudo tiene que ver con las reflexiones finales y los recursos que la autora ofrece para crear en el lector un mapa mental de aquella tragedia colectiva. El volumen posee un interesante balance en términos de los recursos a los que recurre su interpretación. Se trata de un interesante juego entre el análisis social y análisis cultural con el cual se consigue una representación más holística del problema historiográfico planteado.    

El sentido del análisis cultural en este libro posee una peculiar complejidad. El  comentario en torno a la metaforización bélica en el lenguaje médico y su presencia en la prensa diaria es por demás valioso. La disciplina médica, la política y la guerra poseen intersecciones lingüísticas muy particulares.  La recurrencia al lenguaje bélico en momentos en que se ha ganado una guerra  debía ser considerada capaz de comprometer emocionalmente al que lo escuchaba. Esa práctica también ha sido documentada en el lenguaje religioso de su tiempo. La meta común parece haber sido estimular una actitud de cruzada, guerra santa o compromiso en donde la euforia patriótica, cívica y moral eran difíciles de distinguir una de las otras.

La actitud sumisa y colaboracionista de las masas populares, independiente de la fragilidad de sus bases, era considerada la garantía, ilusoria por demás, de paz social. La amenaza que se pretendía conculcar debía ser respaldada moral y materialmente por todos como una unidad. En cierto modo, y esto puede parecer un atrevimiento mayor, actuaba como un discurso paralelo al que se había apelado desde el unionismo puertorriqueño en el largo proceso de construcción de una identidad nacional o regional. Aquella actitud recuerda la insistencia de las autoridades del presente en el sentido de que el encierro, la cuarentena o el lockdown en medio de la epidemia de Covid 19, ha estimulado la reconstrucción o recuperación de un tipo de familia ideal que realmente no ha existido, no existe y no existirá. De ese tipo de ilusiones parece llena la contradictoria situación que emana de este tipo de emergencias.

Este asunto de la metaforización posee diversos rostros. Durante el siglo 19, por el contrario, se utilizó el lenguaje médico para criticar los esfuerzos políticos del separatismo y el laborantismo revolucionario. El periodista conservador  José Pérez Moris, es su obra clásica sobre la insurrección de Lares publicada en 1872, insistía en tratar el separatismo como un “virus” cuya  difusión debía ser frenada a toda prisa. El hecho de que en Puerto Rico la cabeza de ese movimiento ideológico fuese un médico, Ramón Emeterio Betances, con experiencia epidemiológica, explicaba  su argumento. El juego de las metáforas de este tipo aplicadas al juicio de realidades concretas a lo largo de los siglos 19 y 20 no deja de ser un tema apasionante y poco trabajado en la investigación profesional. 

Otro elemento significativo del volumen es la apelación cuidadosa que hace la historiadora a la biopolítica, artefacto ligado a Michel Foucault. Su utilidad para la interpretación de la pandemia de 1918 y 1919 y la de 2020 es incontrovertible. Las condiciones de la emergencia estimulaban al Estado, de por sí poderoso, a controlar y disciplinar con más rigor a la gente. El miedo a la amenaza mortífera del virus legitimaba el asedio.  Las políticas higiénicas durante las pandemias son históricamente un laboratorio de control social que promueve y valida regímenes autoritarios. La diferencia entre el motivo invisible del terrorismo y un virus, por pensar en un modelo simple, es de grado.  La seguridad y la libertad entran en tensión siempre en condiciones como las aludidas.

En tercer lugar resulta culturalmente interesante el análisis de la “confusión” que generaba un desafío desconocido en la forma de un virus. En el caso del 1918 y 1919 la vacilación tenía que ver, según se ha dicho, con el nombre: gripe, influenza,  dengue, trancazo o catarro fueron utilizados indistintamente como nominativos. Aquella incertidumbre proyectaba bien las limitaciones de la ciencia médica en todos los tiempos. Leer este libro desde el hoy bajo la amenaza del Covid 19 orienta al lector sobre actitudes comunes al acá y el allá temporales. Todavía hay sectores de la comunidad que no confían en el criterio médico respecto a la peligrosidad del Covid 19.

De igual modo, tanto en 1918 y 1919 como en 2020, se apeló a remedios populares como la ingesta de licor para frenar su amenaza. Claro que en 1918 y 1919 la situación poseía sus peculiaridades dado el hecho de que la prohibición había desarticulado la venta de licor para el consumo de entretenimiento. En ese sentido una moralidad estrecha era objeto de la crítica de la voz popular y una justificación más para delinquir. En 2020 se trata más bien de un reclamo de defensa de la libertad individual cada vez que se aplica la Ley Seca, un tipo de prohibición en miniatura, en medio de la pandemia.

En cuarto lugar llama la atención la discusión que la autora desarrolla sobre la antes comentada “memoria traumática” y el papel del olvido de este tipo de eventos. La “memoria traumática” es un artefacto teórico enraizado en el psicoanálisis clásico y cercano al concepto “represión”. Recuerda ciertas teorías sobre la mente y el olvido asociadas a Henri Bergson y su afirmación de que el cerebro es una máquina para olvidar y no una para recordar. Estos apuntes reafirman algo que ya se sabía:  la represión y la ausencia de memoria también son componentes activos de la conciencia que los seres humanos desarrollan de su situación en el tiempo y el espacio. La argumentación de la historiadora evoca la del teórico francés del siglo 19 Ernest Renan, y la del historiador marxista inglés del siglo 20 Eric Hobsbawm en torno a la inscripción de la idea de nación en la Europa de sus respectivos siglos. La elucidación de los criterios de selección durante el proceso de recordar u olvidar, conscientes o no, permiten “mejorar el ayer”, es decir hacerlo más  comprensible, tal y como lo había sugerido en lúdico y complejo ensayo Jörn Rüsen.

Claro está, en el caso particular de la influenza, el olvido fue justificado por la censura oficial en medio del escenario bélico. Pero también, me parece, aquello tuvo que ver con el hecho de que los efectos de un desastre de aquella naturaleza lesionaban la imagen de la “promesa de modernización” emanada del 1898 puertorriqueño. La representación de Porto Rico, los portorriqueños y su pasado que habían producido los observadores estadounidenses había insistido en la falta de higiene, la suciedad y la insalubridad del territorio recién ocupado. Su  pasado epidémico era un lugar común que siempre llamaba la atención en sus discursos. En 1918 y 1919, la gravedad de la influenza superaba por mucho aquel pasado atroz.

Si el “trauma” y el “olvido” se “sanan” con el “recuerdo” es un asunto que no estoy en posición de discutir. Un libro sin su lectura cuidadosa y sin una difusión/discusión sistemática nunca será suficiente para ese fin. En el campo intelectual puertorriqueño esas condiciones nunca se dan. La lectura de este volumen  deja la impresión de que, en efecto, no se aprende del pasado. Mi pesimismo filosófico me dice además que nada garantiza que, incluso conociéndolo bien, no se caiga en los mismos errores. La historiografía no es ni una buena ni una mala maestra. Su eficacia depende de quienes la poseen como un bien valorable. El hecho de que la autora esté en posición de anotar “teorías de la conspiración” qué responsabilizaban a los chinos y a los alemanes por la pandemia, o sugerir la proliferación de “curas milagrosas” al mal tales como la ingesta de ron o alcohol, demuestra lo que llevo dicho.  

Desde el punto de vista de la historia social la autora se cuida de demostrar que había una relación muy estrecha entre las condiciones emanadas de la guerra que tenían que ver con la escasez de alimentos, una dieta inadecuada sintetizada en los puertorriqueños “pechihundidos” que anotaba Eugenio María de Hostos en alguna de sus observaciones del 1899, y la tragedia colectiva de la pandemia. Por más que se insista en que aquella fue una pandemia “democrática” porque tocó a gente de todas las clases sociales, sus víctimas idóneas estaban en las capas de desposeídos y productores directos mal pagados por el capitalismo de su tiempo.

Los valores generales de este libro son diversos. La obra de la Dra. Mayra Rosario Urrutia alimenta una visión más justa de la situación general de la salud en la recién adquirida colonia estadounidense. Sus observaciones desdicen la idea de que el progreso y la modernización calaron de manera homogénea aquel  territorio adquirido por la fuerza. Por el contrario, confirman que la desigualdad seguía allí y que había adquirido rasgos más ominosos. La imagen del Puerto Rico que se recoge de la lectura de libros como este ponen en duda la concepción que del territorio querían proyectar los gobernadores coloniales en sus informes anuales durante la misma época.

diciembre 18, 2020

Reescritura y divertimento: pensar otro entre siglos

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

Fragmentos del panfleto Memoria e Historia: monólogos en torno a la historia reciente (inédito)

Primera estación: del siglo 20 al 21

Las condiciones que hicieron posible la creación del Puerto Rico industrial desde 1947 y el Estado Libre Asociado (ELA) desde 1950 no existen a partir de 2006. Aquellas habían comenzado a ser puestas en entredicho desde inicios de la década de 1980 en el escenario de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y el Programa de Plantas Gemelas ligado a la administración republicana de Ronald Reagan. El thatcherismo y la reaganomía resultaron desastrosos para aquella invención jurídica de inicios de la Guerra Fría que, para algunos observadores, se había convertido en una curiosa pieza de museo.

Para los puertorriqueños aquella no era una situación inédita. Después de todo Puerto Rico había entrado en el escenario de la modernidad y el capitalismo liberal como una colonia y salía de aquel en las mismas condiciones. Tocaría al país experimentar el tránsito hacia la era global y la condición postmoderna (lo que eso signifique hoy en día no es relevante) como una colonia jurídica, plutocrática y de consumo convencional. Me parece que la evaluación ecuánime de los efectos de esa situación es un reto teórico extraordinario al cual los intelectuales del interior y los de la diáspora han respondido de manera distinta.

De un modo u otro, el discurso de los activistas reconoce que la necesidad de resolver el problema colonial o del estatus sigue siendo urgente en 2020. También deberían reconocer que las circunstancias, una crisis fiscal y económica devastadora, no favorecen ni aceleran su resolución. Por otro lado el asunto no es tan sencillo. Al presente el significado de la “solución final” se ha pluralizado hasta el punto de que el abanico de opciones que se han puesto sobre la mesa choca con la forma de solventarlo a la que se apeló en la modernidad plena. Para la mirada moderna la soberanía dependía de la separación y la independencia. Ello explica, desde mi punto de vista, una actitud que se imprimió en el lenguaje de los intelectuales que se aproximaron al problema a la luz de las experiencias del siglo 19. Me refiero a la manía de disimular las  pugnas entre los independentistas bona fide y los anexionistas a la Gran Colombia o Estados Unidos durante el siglo 19. Aquella complejidad fue silenciada por todos.

Si al presente se sugiriera, como suele suceder, que la soberanía es una condición que sólo puede ser garantizada por la independencia mucho oyentes fruncirían el entrecejo y se correría el peligro de que se acusara a quien lo afirma de simplificar un asunto complejo. Para algunos observadores el exclusivismo independentista que domina todavía a muchos no es sino un retroceso ideológico y, sobre esa base, arguyen que la suya no lo es. La idea de que la soberanía y la descolonización pueda manufacturarse al través del estado 51 o un tratado de libre asociación tanto como con la independencia, tortura a los que enfrentan el asunto desde la perspectiva moderna nacionalista y romántica. No voy a tomarme el atrevimiento de tratar de resolver ese asunto. Mi intención se limitará a plantearlo.

Algo que llama mi atención es que, en general desde 1990, parece existir un consenso en torno a que el ELA es una estructura disfuncional o algo así como un monumento de la guerra fría. La quiebra financiera y la instauración de una Junta de Supervisión Fiscal así lo ratifica. En el marco del liberalismo de la segunda posguerra y el welfare state, el ELA “cumplió” su cometido. En el marco del neoliberalismo de la posguerra fría y el workfare state, ya no ha sido capaz de ello. Independientemente de la veracidad de la primera afirmación -si “cumplió” su misión entre 1947 y 2005 apoyado en la sección 931 y 936, cosa que pongo en duda-, los sectores moderados del Partido Popular Democrático (PPD) que dominaron la organización de cara a las elecciones 2020, no estuvieron  dispuestos a aceptar el fracaso del proyecto de Luis Muñoz Marín.

El control de una nueva “vieja guardia” en el PPD ha cumplido la función de expulsar, como si se tratará de un simbólico Naranjales o de otra razia contra un innovador Congreso Pro Independencia, a los soberanistas que cohabitaban en la organización. La solución histórica de los populares moderados del PPD parece ser la misma: inocular ideológicamente a la organización mediante la amputación de la membresía crítica o exigente. Ese, me parece, es el signo más evidente de un partido conservador que permanece agarrado a los fantasmas o  a los imaginarios grandiosos de su pasado. El aislamiento de los populares soberanistas o su emigración a otras organizaciones más tolerantes minará las posibilidades futuras del PPD a menos que se convierta en una organización difícil de distinguir del PNP o del Proyecto Dignidad.

Por otro lado, mi experiencia me dice que la opinión en Estados Unidos sobre el asunto de Puerto Rico, las veces que el congreso y la presidencia se han expresado tácitamente sobre ello desde 1990, parece favorecer la creación de un tratado de libre asociación bilateral que no sea el ELA pero que sirva, como aquel, para evadir la estadidad y la independencia. Esa también es una postura histórica manifiesta desde 1899 y 1900, momento en el cual se echaron las bases de una relación anómala que se ha transformado en una parodia del coloniaje en el 2020. La gente, la sociedad civil y los partidos políticos más visibles no han comprendido bien el proceso y han tendido a reproducir el lenguaje estatucentrista tradicional esencialmente maniqueo y reduccionista y cargado de subjetividad. La gran excepción en el 2020, a pesar de ciertos baches, ha sido el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), cuya lectura del tema parece más acertada que la del PPD, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

El estatus se resolverá sólo que se sabe cuándo, por lo que sería saludable que se  evitara en lo posible que los fantasmas de la guerra fría obstaculizaran ese proceso. Hacerlo es más fácil para el PPD, el PIP y el MVC que para el PNP, organización que depende del red scare o “miedo rojo” para movilizar a su electorado más irracional y obtuso. Esa táctica le ha sido de utilidad a pesar de la mala imagen que la corrupción y el clientelismo político más atroz le han creado desde 1990 al presente. Es como si la lógica del “malo conocido” se fortaleciera cada vez que se apela a un enemigo inexistente: el comunismo rojo por lo regular encarnado en lo jóvenes rebeldes.

Un obstáculo mayor en el camino a la solución de la soberanía es que tanto el PNP, el PPD como el PIP se han enquistado en sus conchas y han rehusado abrirse al debate sobre el estatus a la luz de una nueva relación con Estados Unidos que no sea la independencia, la estadidad o el estadolibrismo tal cual se inventó en 1952. El dilema del bipartidismo, en ese sentido, es trinitario. Un PIP que pospone la independencia en las elecciones de 2020 recuerda mucho un PPD que hizo lo mismo en la de 1940. El resultado no fue el mismo pero es un buen comienzo. Por otro lado, la tendencia de la administración republicana de Donald Trump (2016) fue un contrapeso eficaz para reanimar las viejas heridas de la guerra fría en su afán por imponer la hegemonía del dólar en Hispanoamérica tras su pérdida de poder en Asia y Europa.

Segunda estación: ¿qué pasa con la cultura?

Una nota cultural es importante en este momento: cualquier proyección descolonizadora debe tomar en consideración la condición caribeña e hispanoamericana de Puerto Rico sin olvidar los 122 años de relaciones con Estados Unidos. Me parece que, en general, las organizaciones políticas principales tanto las tradicionales como las emergentes, no han tocado con propiedad el tema. Es como si toda la discusión sobre la soberanía se hubiese reducido a consideraciones jurídicas y económicas: terreno fértil para el monopolio de los abogados y los economistas para quienes la caribeñidad o la hispanoamericanidad pueden ser reducidas a consideraciones de derecho y mercado.

En este aspecto el debate público, lo que eso signifique en un país en que la gente no debate sino que se atrinchera y blinda en sus posturas, contrasta con el tono que poseía en medio de la guerra fría en especial durante las décadas de 1970 y 1980. Los intelectuales que no sean economistas académicos o mediáticos, o juristas brillantes o mediocres, no parecen tener mucho que decir en este momentos. Las excepciones están allí: Eduardo Lalo y Cezanne Cardona son voces originales, sin duda. Sin embargo no deja de sorprenderme que la “(absurda) opinión pública” dependa tanto de politólogos y comentaristas  sensacionalistas y que la presencia de intelectuales con formación, más allá de los economistas y los abogados, no sea tanta como la de aquellos. Es como si se repudiara todo pensamiento denso en favor de cualquier pensamiento líquido o fluido. Consumir ideas ya no es diferente de consumir teléfonos móviles. Me parece que la sociedad puertorriqueña necesita de sus historiadores, sociólogos, psicólogos  y antropólogos conscientes en estos momentos.

En este fenómeno percibo cierto anti intelectualismo selectivo que  irrumpe y se impone que sirve muy bien a la industria de la información. Se trata de una tendencia que, al parecer, va de la mano del hecho de que el trabajo creativo de los escritores y artistas ha sido convertido por la fuerza de los hechos en una pequeña y mediana industria (PYMES) más, alrededor de la cual los productores culturales se distraen y dan vida a una industria creativa, editorial y de tráfico de libros llena de inconsistencias. Emancipados de las autoridades e instituciones culturales del Estado como el Instituto de Cultura Puertorriqueña o la universidad del estado, que ya no son capaces de financiar y dirigir una producción cultural que se le ha ido de las manos, los productores culturales viven su fase neoliberal y su literary workfare: el “precariado literario” está por todas partes.

Esto no es nuevo, ya lo había señalado en un libro de 2008. No empecé debo insistir en que la explotación del talento de los creadores de todo tipo ya sea  por intermediarios, editores,  libreros, ferias y premios, es una queja que aflora por doquier y que he escuchado desde hace años. Los productores culturales parecen vivir dentro de una burbuja en la medida en que la creación estética ha sido condenada a la condición de entretenimiento y espectáculo o, a lo sumo, actividad de sanación emocional en tiempos del derrumbe para unos pocos. El talento de estos sectores creadores es, por otro lado, significativo pero dada la condición de que la industria cultural dominante ha forjado un nuevo balance entre el objeto estético y el objeto de mercado, ello también ha afectado la condición del creador por lo que la dispersión se ha impuesto en aquel importante sector de la opinión.

Un último comentario. A partir de 1980 la producción cultural y los sistemas educativos públicos y privados anduvieron por rutas distintas y a veces opuestas. La invención de la industria cultural, la burocratización extrema y la (re)politización de la educación pública preuniversitaria y universitaria han sido claves. Si la educación pública está allí para liberar o domesticar depende de la voluntad del educando.

El sistema preuniversitario se caracteriza pornla politización de su jerarquía, el burocratismo, sus costos cada vez más elevados y la ineficacia de su producto en medio de un mercado cambiante. Durante las década del 1990 y 2000 el desfase entre sus métodos educativos y los requerimientos del mercado laboral eran notables. El asunto ha sido utilizado para devaluar la educación en ciencias humanas y artes en favor de carrera científicas, tecnológicas, matemáticas e ingeniería. Tengo experiencia con ese asunto: trabajo en un colegio de ingeniería que ofrece artes y humanidades porque el programa educativo así lo requiere. El sistema universitario se caracteriza se caracteriza también por la politización de su jerarquía, el burocratismo, por sus altos costos y por la insistencia en desplazar la responsabilidad de cubrirlos hacia el estudiante-consumidor. El otro problema es su desconexión con el sistema preuniversitario.

La solución del Estado en ambos casos ha sido amenazar con cerrar planteles universitarios y escuelas luego de un superficial análisis contable que siempre se ocupa de asegurar los réditos de la jerarquía burocrática costosa y altamente politizada. La oposición a ese tipo de políticas ha sido el escenario más fecundo para la subsistencia del lenguaje de la guerra fría: un estudiante preocupado es un comunista potencial resignificado en la metáfora del “peludo”, recuerden que los comunistas nunca son calvos. Desde mi punto de vista en este entre siglos la “educación pública” acabó por convertirse en una ficción y un mito.

Una buena señal es que cada vez hay más tensiones entre el establishment y el Estado, por un lado, y los sectores intelectuales activos (lo que quede de ellos) del otro. Esa contradicción me dice que no todo es silencio y aceptación. El anti intelectualismo oficial y su afán por silenciar desde “arriba” a los intelectuales, puede ser interpretado como el reconocimiento de una fuerza que no ha desaparecido del todo. Espero que así sea.

noviembre 15, 2020

Reescritura y divertimento: pensar el panorama electoral

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  • Mario R. Cancel Sepúlveda
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Fragmentos del panfleto Memoria e Historia: monólogos en torno a la historia reciente (inédito). Publicado originalmente en 80 Grados-Historia 31 de octubre de 2020

Primera estación: 1960

La década de 1960 fue crucial en el deterioro del poder electoral del Partido Popular Democrático (PPD). Esa es una afirmación por demás generalizada. Su hegemonía estaba bajo amenaza como si la magia de la segunda posguerra hubiese perdido eficacia al comenzar aquella década inquieta. Los procesos de industrialización y urbanización que le mantuvieron en el poder desde 1940 y estimularon la confianza irracional en los populares crearon las condiciones para el cuestionamiento de su poder. Una serie de circunstancias propiciaron el desprestigio del proyecto desarrollista dependiente que favorecían y, claro está, del Estado Libre Asociado como una entidad “soberana”. Aquel conjunto de factores facilitó el triunfo del estadoísmo en 1968 a través del recién fundado Partido Nuevo Progresista (PNP).

Lo primero que llama la atención del observador de los sesentas es el desarrollo de una confrontación “generacional” dentro del PPD. La denominada “vieja guardia”, representada por el liderato que había dado vida al partido en 1938, fue retada por una “nueva generación” encabezada por un conjunto de  líderes que habían crecido en medio del proceso de industrialización y urbanización al que los hombres y mujeres de Luis Muñoz Marín (1898-1980) , menos mujeres por cierto, había animado desde 1940. El choque entre ambas tendencias  maduró a principios de los sesentas y coincidió con el último cuatrienio de Muñoz Marín como gobernador.

La reacción inicial de la “vieja guardia”, como era de esperarse, fue oponer una resistencia cautelosa. Todo sugiere que una de las pocas figuras de poder que se identificó con la “nueva generación” fue el ingeniero mayagüezano Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). Sánchez Vilella no solo poseía un “estilo” distinto al de Muñoz Marín sino que se había proyectado como uno de posibles sucesores del vate para las elecciones de 1964. Su alianza con la “nueva generación” se profundizó cuando sus choques con Muñoz Marín se hicieron más intensos.

La “nueva generación” se organizó alrededor del llamado “Grupo de los 22”, asociación fundada en Manatí. Algunas de las figuras, entre los ya fallecidos, que llaman la atención de aquel colectivo fueron el abogado y profesor Juan Manuel García Passalacqua (1937-2010),  el legislador Severo Colberg Ramírez (1924-1990) y el gobernador Rafael Hernández Colón (1936-2019). Entre los que aún viven habría que destacar a Victoria Muñoz Mendoza (1940- ), una  personalidad que sigue siendo uno de los pilares simbólicos del PPD a pesar de su silencio, el abogado Marcos A. Rigau (1946- ), el historiador y profesor Samuel Silva Gotay (1935- ), el profesor y abogado José Arsenio Torres (1926- ) y el abogado independentista Noel Colón Martínez, entre otros. El grupo fundó el periódico Foro libre para expresar sus ideas.

Las críticas del “Grupo de los 22” a la “Vieja Guardia” al PPD fueron incisivas. En términos generales se quejaban de la poca participación que tenían los jóvenes en el partido y del  distanciamiento del pueblo común que la organización había desarrollado. El pueblo, alegaban con cierta nostalgia, había sido reducido a la condición de votante. Para algunos militantes del grupo, Muñoz Marín era ya un líder obsoleto que había cumplido su función histórica y debía abrir paso a los más jóvenes.

Visto desde la distancia, de lo que se trataba era de una lucha abierta por el control de una maquinaria política exitosa. La confrontación se justificada sobre la base del reconocimiento de que la política práctica en la era industrial y urbana ya no podía hacerse con las tácticas que habían sido exitosas en el Puerto Rico agrario y rural que produjo la experiencia del primer PPD, el de las elecciones de 1940, una lógica por demás comprensible. Claro está, la racionalidad no era el mejor aliado cuando en medio de una competencia por el control de una maquinaria y el acceso al poder.

Los efectos de las críticas fueron diversos. Por una parte, promovieron la discusión ideológica y llamaron la atención sobre la necesidad de revisar no solo al partido sino el ELA, su obra más acabada,  en busca de “más soberanía”. Aquella había sido también una preocupación de Muñoz Marín, por cierto, pero en la década del 1960 el lenguaje se tornó más exigente y miró en otra dirección. Lo cierto es que algunos ideólogos de la juventud del PPD reconocían los rasgos coloniales del ELA y confiaban en la buena voluntad de las autoridades estadounidenses respecto al país, actitud que recordaba la de la clase política de principios del siglo 20. Uno de los críticos fue el abogado y escritor Vicente Géigel Polanco (1904-1979) quien acabó militando en el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Otro fue el historiador y jurista,  José Trías Monge (1920-2003) quien llegó a ser Juez Presidente del Tribunal Supremo.

Un segmento significativo de la intelligentsia del PPD, favorecía la idea de “culminar” el ELA sobre la base de una mayor soberanía respecto al gobierno federal, pero temían que en ese proceso se les confundiera con los nacionalistas y los independentistas a quienes tanto y con tanta pasión habían atacado. Otros buscaban la profundizar la  identidad del ELA con los demás Estados de la unión sin que tuviera que serlo. Al PPD le resultaba más llevadero buscar aliados en el estadoísmo que en el independentismo. El atasco más importante en el proceso de revisión del ELA, aparte del desinterés del Congreso de Estados Unidos, ha sido ese.

La “vieja guardia” se organizó alrededor del “Grupo de Jájome”, localidad de Cayey donde ubica la residencia veraniega del gobernador. La tropa de Jájome estuvo encabezado por los abogados Santiago Polanco Abreu (1920-1988) y Luis Negrón López (1909-1991), personas de la confianza de Muñoz Marín. En medio de aquella pugna se decidió el retiro político de Muñoz Marín. El anuncio se realizó en una Asamblea celebrada en Mayagüez (1964) donde se impuso la candidatura de Sánchez Vilella a pesar de las protestas intensas de una multitud que no estaba en condición de desprenderse de su caudillo político. El fenómeno Luis Muñoz Marín en los 1960 y el fenómeno Pedro Rosselló González (1944- ) en los 2000 poseen interesantes paralelos en el renglón de las pasiones. Lo cierto es que el retiro de Muñoz Marín fue un giro histórico pero no inesperado. El líder o no quería o no se sentía capaz de gobernar con la “nueva generación” y abandonaba sus aspiraciones por el bien de la unidad del partido.

¿Qué había cambiado? En 1964 Puerto Rico era otro -urbano e industrial- y se reconocía que Muñoz Marín representaba un pasado dejado atrás. Las campañas políticas directas con el pueblo que habían caracterizado al PPD desde su fundación en 1938, apoyadas en el micro y el macro mitin, habían cumplido la función de comprometer emocionalmente a la gente con unas estructuras político-partidistas en las que antes había desconfiado desde mucho antes de los “tiempos de la Coalición”. El “poder moral” y el “carisma” del caudillo fueron claves en la recuperación de aquella confianza.

La evolución de los medios de comunicación masiva alteró el panorama. Aquellos escenarios artificiales del mercado se convirtiendo en el espacio ideal para el rediseño de la opinión pública. La radio estaba accesible en Puerto Rico desde 1922 -WKAQ en San Juan fue la primera de ellas-, y entre 1934 y 1937 se inauguraron la WNEL también en la capital, la WPRP en Ponce y la WPRA en Mayagüez. En 1954 apareció la televisión y ya en 1958 había radio y televisión del Estado. Aquellos fenómenos tecnológicos innovadores, junto con el desarrollo de la prensa diaria masiva, afectaron la formas de hacer política militante en el país. La despersonalización del liderato político no dejó de avanzar hasta el presente y, por el contrario se profundizó en el marco de la revolución digital: el líder se ha reducido a la condición de un avatar y el compromiso a la de un icono.

A la altura del 1968 la sátira política televisada, “Se alquilan habitaciones” ligada a la actriz y escritora Gilda Galán (1917-2009) que se transmitía por el Canal 11, llamaba mucho la atención. La sátira fue tan intensa que el programa fue sacado del aire varias veces por presiones políticas del Partido Nuevo Progresista cuando aquel accedió al poder. Ese mismo año se fundó el grupo musical satírico “Los Rayos Gamma”,  obra del ingenio del periodista y comediante Eddie López (1940-1971), quien falleció víctima del cáncer en plena juventud. Y en 1969 ya se difundía la serie de pasos de comedia y crítica, “Esto no tiene nombre”, producido por Tommy Muñiz (1922-2009) para el Canal 4. La mordacidad inteligente y seductora de la sátira se unió con la crítica seria de programas como “Cara a cara ante el país”. Aquellos esfuerzos democratizaron la relación entre la gente, el Gobierno y el Estado y estimularon la desacralización de la figura del líder. El humor y la sorna en torno a los actos de la clase política siempre habían estado allí, es cierto, pero el poder de los medios multiplicó sus efectos. El 1968 puertorriqueño tuvo un carácter distinto al de París y el México pero allí está, esperando que se le mire de manera atrevida y se le desmenuce.

Segunda estación 1990

La expresión de las preferencias electorales en Puerto Rico nunca ha sido un acto racional y pensado. Ser elector “flotante” o del “corazón del rollo” no es resultado de la reflexión sino de la pasión. La presunción de que el primero es “crítico” y el segundo es “acrítico” simplifica un problema complejo. En los entresijos del bipartidismo insano post 1968, ser “flotante” no ha sido otra cosa que votar a veces por el PNP y otra por el PPD. Con ello no se resolvía nada sino que se entraba en un círculo vicioso de locura. En la década de 1990 la situación se hizo más patente: votar significaba “comprar” una “imagen” metamorfoseada en “promesa” de “progreso” una y otra vez. Los fracasos que acumulase aquel objeto del deseo o las concepciones que representase, nada tenía que ver con la elección: el elector, como el consumidor conspicuo, no leía las letras pequeñas de la etiqueta del candidato. Tampoco lo hace hoy.

Las cicatrices de la partidocracia bipartidista ya eran visibles. La campaña de 1992, en especial el debate de los candidatos a la gobernación, un espectáculo de medios más; y la de 1996, centrada en “Espectacular 1996”  en la cual el PNP apeló al lema “Lo mejor está por venir”, fueron cruciales. Rosselló González, el  top model político criollo teorizado por el sociólogo Paul Virilio, se impuso.

La mediatización y espectacularización del espacio electoral, de la discusión pública y del tema del estatus, tendencia que había comenzado en los 1960, redundó en la simplificación del debate público y en que ninguno de los asuntos bajo discusión fuese visto como un “problema intelectual”. Aquel antiintelectualismo, que tantos buenos ejemplos tiene en la politología comercial del presente, limitaba la victoria electoral a factores como la “publicidad” y la “imagen”. Si usted quiere ser otra persona, postúlese para un puerto público por cualquiera de los partidos políticos existentes y a la larga no podrá reconocerse ante el espejo.

Las elecciones  se convirtieron en un acto de “consumo” de objetos del deseo que podían ser descartados cuando no alcanzaban la mayoría. El giro transformó al “sondeo” y la “encuesta” de opinión en una clave del proceso electoral pero, en la realidad de las cosas, esos recursos de mercado no “medían” la opinión. Más bien la “creaban” y la “timoneaban” a la vez que favorecían su “liquidez”, concepto que tomo del sociólogo Sygmunt Bauman. Cuando se observa detenidamente el proceso de mediatización y espectacularización de la política electoral y, claro está estatutaria, que comenzó durante la campaña plebiscitaria de 1967 y los comicios de 1968, y se vuelve la mirada hacia la década de 1990, tengo que aceptar que la tendencia había alcanzado un extremo insospechado. El candidato con posibilidades no era otro el top model político. ¿Qué decir de las de 2020 cuando se cuenta con el primer top model político independentista? Prefiero el silencio más respetuoso y cínico en torno a ello.

De modo paralelo,  la discusión se hizo más superficial hasta imponerse una discursividad kitsch caracterizada por la frivolidad y, en ocasiones, la vulgaridad. A fines de la década de 1990, ya era posible la imagen distorsionada, absurda y cómica de Edwin Rivera Sierra, alias “El amolao”, ingiriendo “palmolives” o cervezas Heineken. El hecho de que en el 1998, cosas de la alegre post Guerra Fría, ese funcionario viajara a Rusia a fin de adquirir una estatua gigantesca de Cristóbal Colón producto del artista Zurab Tsereteli (1934- ) es, quizá, el mejor modelo de lo que llevo dicho. La vida pública de Antonio “El Chuchin” Soto Díaz (1949-2016) y el episodio del auto Bentley de lujo en 2011 que alegó le habían obsequiado, ratifican que la tendencia se ha radicalizado dejando la discusión política en el campo del entretenimiento.

El fenómeno del “político vociferante”, cuánto no gritan desde el atril del capitolio,  fue poblando la praxis administrativa local e invadiendo los medios de comunicación masiva. De modo paralelo la sátira como expresión teatral seria que repuntó en la década de 1960 y 1970, evolucionó en la dirección de la industria del chisme y el cotilleo más o menos profesional. La distancia entre el programa televisivo “Se alquilan habitaciones” encabezado por Gilda Galán en 1968, y  la discursividad irritante de Antulio “Kobbo” Santarrosa y el personaje de la “La Comay” en SuperXclusivo entre 2000 y 2013, es enorme. El contrate demuestra que el gusto de la teleaudiencia también ha cambiado en los últimos 40 años. La sátira política seria hoy, parece desviarse hacia los espacios de comunicación innovadores generados por la revolución tecnológica: la internet y las comunidades virtuales de imágenes fijas o en movimiento, son un lugar preciado para la expresión de este arte social en tiempos de crisis.

Y el futuro de Puerto Rico… ¿qué? La opinión sobre el futuro político de Puerto Rico, es decir, del Estado Libre Asociado colonial, no cambió entre 1993 y 1998. Las consultas de aquellos dos años tan emblemáticos fueron administradas por el PNP en el poder durante la larga administración Rosselló González. La finalidad de aquellas parece haber sido auscultar el crecimiento del estadoísmo mediante la estadística infalible: la consulta directa al electorado pagada con fondos públicos. El hecho de que el fin de la Guerra Fría hubiese promovido la imagen de que la década de 1990 sería adecuada para la “descolonización” y la popularidad frenética con la personalidad del gobernador, justificó los dos procesos.

Los resultados no fueron los que los estadoístas esperaban. El ritmo de crecimiento del estadoísmo, que había sido acelerado entre los años 1968 y 1984, se lentificó al final de los 1990 y hoy parece en franco retroceso. Todo conduce a concluir que la división del PNP y la aparición del Partido Renovación Puertorriqueña (PRP) tras el conflicto entre Romero Barceló y Hernán Padilla (1938- ) fue  responsable en parte del fenómeno. Los efectos de la división de 1984 en el largo plazo no han sido estudiados todavía pero las heridas que produjo nunca sanaron del todo. Las  probabilidades reales de que el estadoísmo superara el 50 % de las preferencias de los votantes en las consultas de 1990 eran pocas. Para aquellos que observaban ese desarrollo desde afuera del estadoísmo resultaba evidente que no todos los votantes del PNP estaban comprometidos con la estadidad. Los expertos comenzaron a denominar ese fenómeno, como se sabe, como un electorado “flotante”.

El plebiscito de 1993 trató de aprovechar la “ola rossellista” surgida de la contienda electoral en la cual se derrotó a una débil candidata popular: Muñoz Mendoza. Los resultados de esta no dejan de ser sorprendentes:

  • ELA 826,326 (48.6%)
  • Estadidad 788,296 (46.3%)
  • Independencia 75,620 (4.4%)

En un contexto amplio los porcentajes no dejaban de ser halagadores para el estadoísmo. Comparado con los resultados del plebiscito de 1967 -el 38.9 %-, el avance de la opción de la estadidad era significativo pero no decisivo. Para el PPD no se trataba de buenas noticias. En 1967 la “montaña” estadolibrista había alcanzado el 60.4 % de las preferencias, hasta caer al 48.6 % en 1993. Las potencias de la partidocracia bipartidista estaban balanceadas.

El problema era que  en la década de 1990 se sabía que el Congreso no aceptaría una mayoría plural para autorizar la incorporación y la estadidad. Lo más probable era que se le requiriera una  supermayoría, es decir, hasta  dos terceras partes de las preferencias. La exigencia de una supermayoría tuvo el efecto de fomentar el inmovilismo o la desesperación. El debate sobre la cuestión de la supermayoría se articuló de una manera predecible y reflejó las aspiraciones y prejuicios políticos subyacentes en cada uno de los casos. El PPD y Hernández Colón tuvieron algo que celebrar porque veían en ello una garantía de que para los estadoístas era una meta inalcanzable. El PNP y Carlos Romero Barceló (1932- ) evaluaba la condición como un acto “injusto” y hasta antidemocrático. Y el  PIP y Rubén Berríos Martínez (1939- ) la rechazaban porque la independencia era un derecho que no dependía “de la imposición de mayoría alguna”, expresión con la que reconocían su poca visibilidad en la preferencia de los electores puertorriqueños.

Lo cierto que en 1993 el PNP y la estadidad no tenían siquiera la mitad más uno del apoyo electoral y muchos pensaban que nunca lo conseguiría. No lo ha conseguido, de hecho, a la altura del 2020. La cuestión del estatus se “empantanó” por una diversidad de razones. La debilidad del independentismo electoral que sólo consiguió el 4.4 % en la consulta de 1993, es una de ellas. El balance de fuerzas entre el Estado 51 y el  ELA, y el escollo que ponía el Congreso al hablar en términos de una  supermayoría completaban el cuadro. En el “arriba social” no había voluntad para el cambio. En el “abajo social” se imponía la apatía y el desinterés producto del desconocimiento de la situación real del país y los avances de una sociedad de consumo de nuevo cuño en el contexto de la revolución digital, entre otros asuntos. La virtualización e irrealización, los tiempos del slacktivismo o la militancia de sillón, estaban a la vuelta de la esquina.

Tercera estación:  2010

En 2012 los observadores del proceso electoral pensaban que el PNP iba a revalidar en los comicios. Yo era uno de ellos, lo confieso. La victoria de Alejandro García Padilla (1971- ) sorprendió, pero el hecho era comprensible a la luz de la erosión de la imagen de la administración Luis Fortuño Burset (1960- ). Varios elementos favorecieron su triunfo.

Uno fue su recurso a un lenguaje (neo)populista que recordaba al PPD de los años 1938 y 1940. El 25 de julio de 2012 García Padilla ofreció un discurso en la conmemoración del ELA en la ciudad de Mayagüez vestido de impecable blanco como Muñoz Marín en sus mejores años. En tiempos de crisis la nostalgia podía desarticular la desconfianza de mucha gente. Otro recurso fue la promoción de una  imagen de líder cercano a la gente que desarrolló cuando ejerció como Secretario de Departamento de Asuntos del Consumidor entre el 2005 y el 2007. Parece que en Puerto Rico esos índices emocionales son suficientes para movilizar al electorado popular e indeciso. Los pilares de la victoria fueron varios.

  • Primero, la promesa de enfrentar el asunto del estatus o de iniciar una discusión serena sobre el mismo.
  • Segundo, enfrentar de la crisis fiscal poniendo el pueblo por delante de los acreedores. Se trataba de dos artificios que no podía cumplir pero de eso precisamente se ha tratado la política colonial desde hacía mucho tiempo. Eduardo Bhatia Gautier (1964- ) y su reclamo para que el pueblo hablara fue importante en aquel tenso momento.
  • Tercero, su compromiso de afrontar la crisis económica que se había acelerado desde 2005. La oferta de crear 60,000 empleos y el hoy olvidado proyecto económico del Dr. Ángel Rosa, eran parte de sus municiones.

Un elemento importante de todo ello fue la seducción que provocaba su confianza inocente en la capacidad del país para enfrentar las contrariedades más complejas. El estancamiento y el decrecimiento de la economía ha sido uno de los ejes de la crisis fiscal, la relación entre ambos componentes es dialéctica. El otro elemento fue el tema del estatus colonial que ha servido de entramado para aquellas crisis. La interrelación de esos tres componentes es innegable y no se puede resolver la una sin resolver las otras y viceversa. En ello radica la dificultad de la situación del país.

La devaluación el crédito y el cierre de los mercados financieros minaron el poco prestigio que le quedaba al ELA y minaron la unidad del PPD: el país era gobernable pero el PPD no. El debate al interior del partido por el asunto de IVA y la rebelión de los soberanistas encabezados por Carmen Yulín Cruz (1957- ) lo ratifican. El fracaso de esta figura en la primarias de 2020 no se podía vislumbrar en aquel momento. Me parece que la unidad perdida en 2013 no pudo ser recuperada a la altura de las elecciones de 2016. En 2020 aquella unidad no es sino otro elemento de la nostalgia que habita esa organización. La crisis de grande proporciones que se vive silenció a las voces más confiables y le dio voz a los acólitos. La imagen de que el PPD se derrumbaba era precisa.

Un último punto: la tolerancia, a pesar de todo, ganó terreno durante aquel cuatrienio de García Padilla. La discusión, atropellada y superficial en ocasiones, de algunos asuntos ambientales, tocantes al género, al cannabis medicinal y recreativo y a las minorías legales o ilegales, resultó refrescante. El problema, me parece, es que su utilización para fines político-partidistas era muy obvia y generó contradicciones. El liderato PPD quería rejuvenecer su imagen de organización liberal y abierta. No funcionó: el tono de Charlie delgado Altieri (1960 – ) dramatiza un retroceso en ese sentido en 2020.

En cierto modo, la justicia y el partidismo son asuntos que chocan. Los discursos por sí solos no subsanan los defectos de una cultura dominada por el prejuicio, el discrimen y el conservadurismo. La elecciones de 2016 dramatizaron un retorno que fue en realidad un regresión. Eso me consta desde, en medio de la calle de la Fortaleza bajo una refrescante y pertinaz llovizna acompañado de mis dos hijos, fui testigo de los primeros momentos del verano del 2019.

Cuarta estación: hoy

¿Y ahora qué? Bienvenido 2020. Miraré con calma la fisonomía de este abismo ante el cual me encuentro previo a emitir cualquier opinión. El vértigo puede ser un aliado.

Fuentes de las reescrituras

Mario R. Cancel-Sepúlveda, notas (15 de noviembre de 2009) “Vicente Géigel Polanco y la Ley 600” en Puerto Rico entre siglos

Mario R. Cancel-Sepúlveda, notas (15 de noviembre de 2009) “José Trías Monge y el ELA” en  Puerto Rico entre siglos

Mario R. Cancel-Sepúlveda (7 de mayo de 2013) , “La crisis del PPD (1960-1980): la política nacional en Puerto Rico entre siglos

Mario R. Cancel-Sepúlveda (26 de enero de 2016) “Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XI” en Puerto Rico entre siglos

Mario R. Cancel-Sepúlveda (10 de noviembre de 2016)  “Cuatrienio de grandes retos para Alejandro García Padilla y el PPD: una mirada retrospectiva” en Puerto Rico entre siglos

noviembre 4, 2020

Lares: monólogo de un historiador

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

¿Cómo interesar a la gente del presente en un evento ocurrido hace 152 años? El problema es complejo porque se trata de un hecho emborronado al paso los años. Un proceso que fue sujeto a una campaña oficial de desprestigio desde el momento de su ocurrencia, y a un ejercicio de omisión por parte de quienes, desde posturas ideológicas distintas a las que se adscribía el acaecimiento, reflexionaron sobre aquel en su siglo a veces celebrándolo y otras deformándolo y caricaturizándolo.

¿Cómo aproximar a la gente del presente a la Insurrección de Lares de 1868 más allá de la mirada de conmiseración por la derrota o la de admiración por el heroísmo del riesgo que se tomaron sus figuras? ¿Cómo evitar  que se registre y codifique a sus actores como si se tratara de un martirologio? Y claro está, ¿cómo concitar a quienes apropian la experiencia desde una perspectiva despreciativa o despectiva a que ajusten la mirada? ¿Vale la pena en verdad invertir en ese esfuerzo?

El problema es complicado, ya lo asumí. Incluso el historiador profesional necesita tomar distancia del objeto que observa para volver con una imagen fresca del fragmento de pasado que le seduce. Distanciarse requiere jugar un poco a la extrañeza y estar dispuesto a dejarse asombrar otra vez por asuntos que se presumían conocidos con precisión desde hacía tiempo. Lo cierto es, lo digo por experiencia, que los contextos conocidos y las fuentes respecto a un acontecimiento como la Insurrección de Lares, comunican cosas diferentes a quienes las confrontan en la medida en que cada observador explora, desde su temporalidad y su cultura, cosas distintas en aquellas. Incluso si su búsqueda coincidiera con la de los demás nunca hallaría lo mismo:  los imperativos individuales, lo que le distingue de los demás, marcarían de modo inevitable sus hallazgos.

Historia de una historia

Mi relación con la investigación en torno a la Insurrección de Lares comenzó en la década de 1980. Fue un contacto indirecto extravagante. Germán Delgado Pasapera preparaba entonces su tesis doctoral en torno al separatismo puertorriqueño publicada bajo el título Puerto Rico sus luchas emancipadoras en 1984. Por medio de un ejercicio que ahora yo practico, Germán me comentaba al azar los avances de sus lecturas ya fuese en los pasillos, la oficina o en el salón de clases cuando le hacía alguna pregunta en torno al tema que llamaba su atención. Era una forma de organizar las ideas que bullían como resultado de sus lecturas. Loida Figueroa Mercado, ya jubilada, se ocupaba entonces con intensidad del asunto de la relación de Cuba y Puerto Rico durante la última parte del siglo 19 previo al 1898. Las figuras de Ramón E. Betances y Eugenio María de Hostos le apasionaban. Siempre que podía cada vez que se topaba con un documento, elaboraba un manuscrito o publicaba algo se cuidaba de dejarme una copia, una petición formal de lectura y una promesa de discusión. Mi relación con el tema de Lares tuvo, en ese sentido, un trasfondo emotivo y personal.

Al cabo de los años he podido “descubrir” (como historiador trato con sumo cuidado ese concepto) las fuentes en las que se apoyaban muchas de las acotaciones orales de aquellos colegas y maestros. Mis propias lecturas en torno a las cuestiones investigadas me condujeron por rutas parecidas a las suyas. En ciertos momentos durante mis lecturas, alguna inflexión retórica presente en un documento oficial o una fuente poco conocida me decía que de aquellas palabras manuscritas desgastadas, mecanografiadas y ajadas o impresas, provenían algunas de las glosas de Germán o de Loida. Aquellas reminiscencias e intuiciones me permitieron conocer mejor los procesos de pensamiento de ambos y, a la vez, reconocer la respetuosa distancia que había desarrollado frente a los maestros sin desdecir de ellos.

Revisitar los antecedentes

Aclarar los antecedentes remotos de la conjura, es decir, dónde comenzó la urdimbre que culminó en la Insurrección de Lares, siempre ha sido una interesante trampa teórica. La pasión por los “orígenes” tiene un fuerte sustrato religioso consustancial a las interpretaciones metafísicas del pasado que hace tiempo dejó de llamar mi atención. Cuando investigué a Segundo Ruiz Belvis a principios de la década del 1980 insistí en trazar el preludio de la rebelión de 1868 en las años 1856 y 1857. Mi intención era trabar la insurrección con la experiencia contestataria del abolicionismo clandestino, la Sociedad Abolicionista Secreta y la ciudad de Mayagüez. Con posterioridad mis lecturas de José Pérez Moris y de la correspondencia del espía español Francisco de la Madrid, ubicaban el punto de partida más lejano en 1864, momento en el cual la dominicanidad del proyecto rebelde era un rasgo dominante y la cubanidad no había madurado entre los conspiradores puertorriqueños. Pérez Moris había llamado la atención sobre los hechos de 1864 en Mayagüez y no negaba la vinculación de Lares con el abolicionismo clandestino. Pero para mi gusto, los historiadores poseemos subjetividades, no le había adjudicado la relevancia que yo le confería en mi investigación sino con el fin de encontrar argumentos para estigmatizar su liderato más visible.

Los antecedentes inmediatos, acorde con el espía citado, había que ubicarlos entre octubre y diciembre de 1867. El espía asumía una conexión entre los rebeldes de Cuba y Puerto Rico. La Madrid afirmaba que “en día 4-14 o 24 de un mes que se determinaría anticipadamente pero siempre dejando uno de intermedio” se pronunciarían en algunos pueblos de Puerto Rico y, de tener éxito, entonces lo harían algunos pueblos de Cuba. Los hechos pudieron haber detonado en octubre o diciembre de 1867 entre los días 4 y 14 o 24 de uno de esos meses. El Juez que vio la causa tras los hechos, Nicasio Navascués y Aisa,  afirmó el 29 de septiembre de 1868, seis días después de la sedición, que la conjura se urdía “desde hace más de un año …en la casa de D. Matías Brugman y Juancito Terreforte”, es decir desde el verano de 1867, en Mayagüez y Lares.  Los elementos en común de las tres aserciones respecto al inicio -el 1856-1857, el 1864 y el 1867- son claros: un liderato y unas localidades precisar y unas relaciones interantillanas en proceso de formación que atemorizaban a España.

El asunto de quiénes eran los separatistas es un segundo problema teórico. La tendencia del discurso militante y del historiográfico formal ha sido a homogeneizar aquel sector ideológico suprimiendo su heterogeneidad ideológica. De ese punto me he ocupado en otras ocasiones. El separatismo era un amplio y diverso frente cuyos ideólogos emanaban de las clases altas y profesionales en el cual convivían separatistas independentistas federacionistas o confederacionistas; y separatistas anexionistas. Unos y otros diferían respecto a la meta final del proyecto de separación. De otra parte, los separatistas militaristas y los civilistas no estaban de acuerdo respecto a la táctica más apropiada para alcanzar la meta propuesta y manifestaban concepciones diferentes respecto al papel de la gente o el pueblo en el proceso. Entre el elitismo neto y el populismo romántico las gradaciones podían ser muchas. Eso sí, todos los sectores ideológicos estaban contestes en varias cosas.

  • Primero, reconocían la utilidad del apoyo internacional de los adversarios de España para la causa separatista. La vida itinerante de Betances, Segundo Ruiz Belvis y tantos otros así lo corrobora
  • Segundo, sabían que era necesario hacer propaganda en el país que pretendían sublevar, tarea que obligaba a retar la censura y las redes de espionaje del gobierno español lo mismo las de pago que las voluntarias: el choteo y el espionaje profesional compartían espacios y se caracterizaban por su gran eficacia.
  • Tercero, estaban de acuerdo en la conveniencia de organizar a los puertorriqueños para la lucha propuesta por medio de grupos o sociedades secretas a sabiendas de los peligros que ello conllevaba, aspecto en el cual la tradición masónica podía ser fundamental
  • Cuarto, coincidían en que la violencia era ineludible. No habría victoria sin lucha armada ya fuese por medio de un golpe militar o una insurrección popular apoyada por una invasión desde el extranjero. Todos sabían que la separación de España no sería resultado de una negociación pacífica: la Monarquía no la otorgaría sin resistencia.

Las primeras tres convenciones las dictaba la racionalidad. La cuestión de la violencia y la lucha armada parecía carecer de los ribetes románticos que luego se desarrollaron alrededor de aquella experiencia. La excepción a aquella actitud eran los caídos en combate, figuras propensas a ser tratadas como “mártires”, es decir “testigos” de las causas de su tiempo. Una vez el caído era convertido en mártir, se podía tejer alrededor suyo una hagiografía compleja. La lucha armada en la década de 1860 era interpretada como una necesidad. El carácter inevitable de la violencia y la y la retórica romántica en torno a ese medio se convirtieron en componentes del imaginario separatista desde fines del siglo 19 sin que el asunto haya sido planteado como un problema interpretativo. Años después, en una carta a Lola Rodríguez fechada el 14 de agosto de 1889 Betances, decía tras lamentar la muerte de Alejandro Tapia y Rivera y citando a Helmut von Moltke que “la guerra ennoblece al hombre”.

Desde mi punto de vista los separatistas manejaban tácticas militares propias de una guerra convencional. La guerra popular que enaltecía o ensalzaba el papel del pueblo o la gente en el proceso revolucionario era secundaria. Los separatistas en general confiaban en que el pueblo apoyaría la causa en cuanto iniciara la rebelión como si se tratara de una reacción automática cuya seguridad se sostenía sobre la convicción de que ellos, las elites y el liderato iluminado, traducían de manera trasparente y prístina la voluntad del pueblo. El peso de la responsabilidad de la revolución recaía en la minoría iluminada o ilustrada

Problemas del separatismo

Las condiciones de cualquier conjura de aquella índole eran difíciles. El Estado no se cruzó de brazos ante los separatistas que veía por todas partes desde 1808. Como ya se ha sugerido, los gastos en seguridad y “alta política” o espionaje fueron consistentes y elevados. Los resultados de la inversión fueron excelentes: todas las conspiraciones, reales o ficticias, hasta 1868 fueron descubiertas y desmanteladas. La conjura que condujo a Lares fue monitoreada y obstaculizada desde 1867 y se asumía como algo probable desde 1964. El espía La Madrid actuaba cerca de Betances y gozaba de su confianza hasta el punto de que este le encargaba misiones concretas que aquel cumplía mientras mantenía informadas a las autoridades. En una carta de 12 de enero de 1868,  La Madrid informó que tenía “el encargo del Dr. Betances de avisarle a mi llegada a Sto. Domingo para convenir el día en que he de ir con (Juan Manuel) Macías y para otras cosas”. El confidente estaba en el círculo más cercano a Betances y tenía acceso a los secretos del movimiento. De hecho, aunque por aquella fecha se encontraba en medio de una disputa laboral con su patrono, el Estado, por atrasos en sus pagos nunca cesó de remitir pliegos detallados de sus labores.

La eficiencia del espionaje hispano en el Caribe se ratificó cuando la insurrección tuvo que ser adelantada del 29 de septiembre al 23 una vez descubierta casualmente. Lo mismo ocurrió con la mayoría de las conjuras separatistas hasta 1898 cuando ya las circunstancias del 1868 habían quedado atrás. Todo sugiere que, sobre la base de aquella experiencia, los conspiradores o la gente dispuesta a tomarse un riesgo se redujeron condición que facilitó su control. La vigilancia contante, como la de un ojo que todo lo ve, limitaba la difusión de sus ideas y el reclutamiento de militantes.

La diversidad, el carácter y el compromiso de los reclutas tampoco era homogéneo. Algunas de las consideraciones para que el pronunciamiento no se diese durante los últimos meses de 1867 no eran precisamente políticas. En una nota de abril de 1868 el espía La Madrid elaboró un interesante juicio sobre los conspiradores que valdría la pena investigar detenidamente. Alegaba que la manifestación programada para alguno de los días entre el 4 y el 14 de diciembre de 1867 no había podido ejecutarse como resultado del embate del huracán San Narciso del 19 de octubre y el terremoto del día de San Odón de Cluny el 18 de noviembre. De acuerdo con el espía las negociaciones de Ruiz Belvis en Chile, dirigidas conseguir apoyo militar del gobierno de aquel país, debían ser reforzadas con un acto rebelde a consumarse en Mayagüez donde, desde mi punto de vista, había comenzado el ciclo conspirativo entre 1856 y 1857. El acto armado nunca se ejecutó. Ruiz Belvis murió el 3 de noviembre en Valparaíso y la combinación de eventos dio al traste con los planes. La cronología no encaja como quisiera el historiador -el levantamiento de Mayagüez debió ser en noviembre cuando Ruiz Belvis negociaba en Valparaíso- pero las notas del espía son sugerentes.

Para La Madrid después de la muerte de Ruiz Belvis, del huracán y el terremoto, “los ánimos, poco esforzados” de los conspiradores se “apocaron más y más al extremo” de que algunos militantes confiables de Mayagüez, Eugenio Cuevas en particular, escribió a Betances “preguntando si no sería un aviso de la Providencia” como el de Caracas, Venezuela del 26 de marzo de 1812. Aquel signo de tradicionalismo de un conspirador de Mayagüez me parece valioso para entender la pluralidad ideológica de los rebeldes.  

El asunto es más perturbador. En su correspondencia Betances hizo algunas alusiones a los efectos del terremoto aludido en un tono entre familiar, impresionista, descuidados y, en ocasiones, jocoso. Las réplicas del terremoto del 18 de noviembre de 1867 se extendieron hasta el 17 de marzo de 1868 cuando ocurrió la más grande.  Por esa fecha Betances se encontraba con su compañera Simplicia Jiménez en Santo Tomás y, tras los hechos, viajó a Santo Domingo. En una carta a Pedro Lovera fechada en Santo Domingo el 18 de abril de 1868 le dijo al corresponsal que “el techo de nuestro aposento estuvo a punto de caer sobre nosotros. No habíamos dado Simplicia y yo cuatro pasos fuera de él cuando se desplomó.” Betances tenía una mentalidad distinta de la del militante de Mayagüez quien presumía una señal de oposición divina en los remezones. Sobre su salvación decía:  “No hubo ningún milagro en todo eso” y continaba.  “Salimos huyendo sin zapatos ella y yo y hasta en enaguas ella y yo en mangas de camisa”.

El maremoto le dio la impresión de un “mar subiendo como una montaña más blanca que las nieves del Chimborazo, bramando como un millón de leones y presentándose sobre la isla a tragársela; pero trayendo en sus crines de espuma el arcoíris de Bolívar”. Su poética alucinante politizó de inmediato la desgracia: “todavía tiembla la isla y se estremece Puerto Rico de ver a sus hijos insensibles a la servidumbre”. La señal, si alguna, del terremoto y el maremoto no era para detener la revolución sino para animarla. Tenía razón La Madrid al afirmar que “solo el Dr. Betances, enérgico e infatigable cada día más lleno de odio pensó en la revolución y continuó consagrándose a ella pero solo porque los otros no se ocupaban más que del peligro que creían ver en los continuado temblores de tierra”.

Hay algo más detrás de esos personajes o fuerzas no políticos en la conjura.  Durante el huracán de San Narciso del 19 de octubre de 1867 Betances perdió parte de sus pertenencias incluyendo un maletín de mano el cual no se describe con precisión. El neceser o estuche contenía “documentos de la revolución”. Betances confiaba en recuperar el objeto entre los escombros pero nunca dio con el mismo por lo que se presumía y así lo sugería el espía, aquel había caído en manos del gobierno. La Madrid insistió en que Betances estaba dispuesto a tomarse cualquier riesgo a pesar de las circunstancias.

La naturaleza tropical, la sismicidad, el azar y la voluntad cambiante de los militantes estaban bajo examen entre octubre de 1867 y abril de 1868. Debo recordar un asunto más en cuanto a esto. En su mensaje oficial al pueblo tras la Insurrección de Lares, fechado el 8 de octubre de l868, el Gobernador Julián Juan Pavía y Lacy corroboraba y manipulaba el entre juego de aquellos componentes extra políticos en el acto rebelde. Pavía, como era de esperarse, se proyectaba como un funcionario colonial comprometido con “aliviar las calamidades que, efectos naturales habían acumulado sobre esta parte de la monarquía. Bien lo habéis visto: día y noche me dediqué a remediar vuestros males…” Al huracán y el terremoto añadía otro: la “sequía que en los últimos meses se ha experimentado”. La retórica paternalista del poder siempre ha sido la misma en los últimos 152 años de coloniaje.

El gobernador afirmaba que los rebeldes habían intentado “aprovechar esta situación especial y transitoria” para, aliados a algunos venezolanos y dominicanos, y “arrastrando” a unos cuantos jornaleros, “la mayor parte por el terror”,  conducir el país a la revolución. La Insurrección de Lares había sido un acto irracional y de desesperación articulado por personas dispuestas a manipular a la comunidad en aquel momento de crisis. En la instrucción de la causa fechada el 29 de septiembre de 1868 en Ponce, el Juez Navascués y Aisa había llamado la atención sobre el hecho de que la rebelión era “democrática socialista, habiéndose proclamado la República, la Independencia de la Isla, la Libertad y la destrucción del elemento peninsular”.  La retórica acusatoria del poder tampoco ha cambiado mucho en los últimos 152 años.

Lo cierto era que todos aquellos problemas “naturales” tenían un costo económico extraordinario para el Estado y un efecto emocional significativo para la gente: a algunos los animaba a comprometerse con la causa pero a otros los desanimaba e inhibía. Así re humanizada y re problematizada la Insurrección de Lares de 1868 adopta una tonalidad distinta que me informa de que, quienes persistieron en el proyecto fueron personas valiosas y atrevidas. De eso no cabe la menor duda.

La muerte de Ruiz Belvis en Valparaíso, un hecho no natural, había sido traído a la mesa por La Madrid. Este monólogo terminará con estos apuntes. Desde de mi punto de vista, Ruiz Belvis fue parte de Lares aunque hubiese fallecido 11 meses antes de su ejecución. Pérez Moris decía que un piquete con su imagen había sido utilizado en Mayagüez en los días posteriores  a la revuelta como parte de un acto de protesta. En mi investigación sobre esta figura sostuve que había fallecido de estreches en la uretra de acuerdo con un certificado médico autorizado por el Dr. E. C. Menckel emitido mucho después de su muerte, el 31 de mayo de 1868. La aclaración se hizo como requisito de un pleito civil de división de herencia que se llevaba a cabo en Puerto Rico.

De acuerdo con el espía La Madrid, aquel deceso había sido uno de los “golpes terribles que han sufrido los revolucionarios”. La salida de Ruiz Belvis hacia Chile obligó a Betances a “ponerse al frente de los negocios”. Igual que Pérez Moris, La Madrid insinuaba que el jefe de los rebeldes era Ruiz Belvis por lo que su desaparición habría de producir una crisis organizativa que tampoco se ha investigado con propiedad. La consideración de quién ocuparía su lugar era otro asunto espinoso.  Su hermano, Antonio Ruiz Quiñones no satisfacía a todos. Ruiz Quiñones era “irritable” en extremo, poco mesurado y la muerte de su hermano lo había convertido en “uno de esos enemigos que es necesario dominar a cualquier costa, y que seguramente se venderá por su genio díscolo y altivo”. El talante moral que le imponía La Madrid a Ruiz Quiñones recuerda la opinión de Pérez Moris sobre Ruiz Belvis: “un hombre temido por sus mismos amigos” pero que, a diferencia de su hermano muerto pero que no estaba “enterado de ninguna situación”, es decir, no participaba de las grandes decisiones del liderato del proyecto porque no era parte de este. Todo parece indicar que el único que podía atenuar el apasionamiento y la violencia de Ruiz Quiñones era Betances.

En una carta a José Francisco Basora a Nueva York desde Santo Domingo, fechada el 14 de enero de 1868, Betances reconocía todos los defectos de que adolecía Ruiz Belvis pero no vacilaba en afirmar que era “incontestablemente el mejor”. Y en otra a Ruiz Quiñones en Hormigueros del 21 de abril de 1868, todavía no se había expedido el certificado del Dr. Menckel, protestaba porque no se conseguía el dinero para financiar una investigación sobre el episodio trágico de Valparaíso.

La recomendación de La Madrid era la misma de Betances. El Estado, en nombre de sus seguridad, debía comisionar una “persona de confianza y sagacidad que se presente en Valparaíso como pariente de Dn. Segundo Ruiz” para que recogiera los documentos ligados a su gestión. El interés provenía del hecho de que la versión dominante entre los conspiradores y espionaje, la cual, también circuló en Puerto Rico, era que Ruiz Belvis había sido “envenenado para robarle porque así lo hace creer la carta en que un posadero de Valparaíso anuncia su fallecimiento”.

Y eso pienso estas tardes de encierro sobre Lares a apenas unos días de otra conmemoración. Saber la Insurrección de Lares de 1868 sigue siendo un proyecto en construcción. Saberla una y otra vez desde cada presente es parte de la aventura. En ello radica su riqueza.

En Hormigueros, 15 a 19 de septiembre de 2020.

Publicado originalmente en Claridad-En Rojo (22 de septiembre de 2020)

 

septiembre 16, 2020

Separatistas anexionistas e independentistas: un balance ideológico

  • Mario Cancel Sepúlveda
  • Historiador

En una columna anterior llamé la atención sobre el hecho de que “las fronteras entre independentistas, anexionistas y autonomistas radicales en el siglo 19 eran bastante fluidas, débiles o porosas”. Los múltiples puntos de encuentro entre aquellas tres versiones de la crítica al régimen español, cada una de las cuáles correspondía a una forma de figurar la modernización, no estuvieron ausentes de choques y de rupturas. Las tres expresaban una crítica al absolutismo monárquico y reconocían su incapacidad para modernizar y adelantar el progreso en el orbe antillano.

Un balance ideológico

En el plano político, el independentismo y el anexionismo compartían valores republicanos y demandaban la separación de las islas de España y la federación o confederación con otros países, ya fuesen las Antillas o Estados Unidos. Después de 1864 y 1873, la cuestión de la esclavitud dejó de producir choques en el seno de aquel sector: la esclavitud había dejado de ser un problema tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Otra cosa debieron ser las relaciones con los no-blancos pero ese es un asunto que habrá que discutir en otro momento.

El autonomismo por su parte no favorecía la separación y confiaba en que la España liberal en la cual confiaba se impusiera a la absolutista ya fuese bajo la forma de una monarquía limitada o una república dispuesta a redimir las aspiraciones de los insulares. Dada  fragilidad del republicanismo en la península tuvieron que acostumbrarse a negociar con monarquistas más o menos liberales. En gran medida los autonomistas se movían al interior de un integrismo crítico y condicionado más o menos optimista con respecto de la buena voluntad de los sectores progresistas de España.

En el plano cultural e identitario, los independentistas y los anexionistas eran duros críticos de los valores hispanos aunque reconocían tácitamente que no era posible extirparlos por completo de su visión de mundo. La cubanidad, puertorriqueñidad o dominicanidad no fueron objeto de reflexión teórica formal y profunda tanto como lo fue la macro identidad regional o antillana. Es probable, habría que indagar en el asunto, que las identidades insulares formuladas desde cada una de las Antillas estuviesen siendo asociadas al regionalismo, una idea presente en la historiografía ilustrada desde Iñigo Abbad y Lasierra, por ejemplo. El regionalismo había sido un artefacto teórico que el liberalismo reformista, el especialismo y el autonomismo habían reformulado y hecho suyo. El regionalismo, que no equivalía al nacionalismo, acabó en el siglo 19 vinculándose a ideologías no separatistas de fuerte acento español.

Lo cierto es que la alternativa de la macro identidad antillana no dejaba de expresar unos fuertes vínculos discursivos con el pasado hispano. Las Antillas habían sido el núcleo inicial de Imperio Español durante el siglo 16 y el escenario de choque entre el explorador Cristóbal Colón y la Corona de Castilla y Aragón. Su nominación había expresado el sueño de los exploradores de cultura humanista respecto al mito de la Isla de las Siete Ciudades o las Islas Afortunadas y a veces las Islas de Colón.  No puede pasarse por alto que Colón y la conquista fueron un punto de intenso debate entre significados intelectuales separatistas de todas las tendencias. La reflexión dominante, el caso de Eugenio María de Hostos Bonilla es emblemático, tendía a salvar a Colón como héroe civilizador pero no vacilaba en condenar los procesos de conquista como un acto de exterminio.

En última instancia, las condiciones que legitimaban la antillanidad tenían poco que ver con el pasado remoto tal y como lo sentiría un nacionalista del siglo 20 en el marco de la idea de la “raza” y la “latinidad” como un valor. La antillanidad del siglo 19 respondía, por un lado, al hecho de que el compromiso bolivariano de apoyo a su emancipación documentable por lo menos hasta fines de la década de 1820 y representado por el General Antonio Valero de Bernabé, entre otros, había perdido credibilidad. Por otro lado, respondía a los recelos geopolíticos del presente y el futuro inmediato en que fue formulada en especial el interés de Estados Unidos en las islas para fines económicos y estratégicos. A ello habría que añadir el empuje del Romanticismo Isabelino significado en la voluntad de la monarquía española por restituir parte de su imperio perdido a lo cual,  con posterioridad, se sumó el interés creciente del Imperio Alemán en la región antillana.

Un balance de fuerzas

¿Qué papel jugó el anexionismo en la ruta del movimiento separatista que desembocó en la Insurrección de Lares de 1868? La genealogía de la Insurrección de Lares habría que trazarla, así lo hice en una biografía sobre Segundo Ruiz Belvis, hasta los años 1856 y 1857 cuando el activismo abolicionista radical y cívico se hizo visible Mayagüez y San Germán. Después del episodio que condujo a la ejecución del militar venezolano Narciso López de Urriola (1797-1851) en Cuba, la presencia del anexionismo parece haberse hecho más notable. La Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico (Nueva York, 1865) y el escenario de las audiencias de la Junta Informativa de Reformas (Madrid, 1867) en torno al asunto de la esclavitud en particular demostraron varias  cosas.

  • Primero, la capacidad de cooperación que poseían los independentistas y los anexionistas a la luz del reconocimiento de que era urgente separarse de España. La conciencia separatista y el antiespañolismo eran eslabones capaces de asegurar la colaboración entre dos sectores ideológicos que luchaban por la consecución de metas estratégicas que a la larga resultaban excluyentes. Debo aclarar que la idea de “separar” para “anexar” a la federación de Estados Unidos estaba más madura a la altura de 1867 que la de separar para crear una federación o confederación antillana. La idea de la “unidad antillana” tomó fuerzas después de los estallidos de 1868 en Lares y Yara en el contexto de la amenaza estadounidense y el crecimiento del anexionismo en el seno de ambos movimientos.
  • Segundo, aunque la pregunta de cuál era el sector más poderoso dentro del separatismo, los anexionistas o los independentistas, es imposible de responder, se puede presumir cierto balance de fuerzas entre uno y otro dada la persistencia de la alianza hasta el 1900. En aquella fecha Hostos Bonilla, un independentista, y José Julio Henna Pérez, un anexionista -ambos militantes de confianza de Ramón E. Betances Alacán- pudieron colaborar para tratar de transformar la invasión de 1898 en un elemento que adelantase el progreso de la libertad para Puerto Rico en una dirección descolonizadora y racional. El ejemplo de Hostos Bonilla es sugerente porque el sociólogo mayagüezano había sido un agresivo opositor al anexionismo poco después de Lares (La Revolución 1870).
  • Tercero, habría que preguntarse cuál era la percepción que tenía el gobierno español y la comunidad puertorriqueña sobre los separatistas anexionistas e independentistas. Historiográficamente el asunto de la percepción del Estado es más fácil de aclarar que la de la comunidad. Los fondos documentales oficiales en Puerto Rico y España están llenos de registros que permiten imaginar la imaginación del poder. La bibliografía puertorriqueña del siglo 19, tanto la producida por autores vinculados al liberalismo, al autonomismo y al conservadurismo, volvió sobre el asunto de los separatistas de manera reiterada, actitud que refleja la relevancia que se le dio a su activismo en aquel contexto.

La amenaza anexionista

Todo parece indicar que el enemigo a temer para el gobierno español era el separatismo anexionista, actitud que contradiría el silenciamiento de ese proyecto político modernizador por la historiografía puertorriqueña.  La razón para ello debieron ser las tensiones históricas desarrolladas entre el Reino de España y Estados Unidos desde la primeras décadas del siglo 19. La aprensiones eran tan profundas que, ocasionalmente, se utilizaba el adjetivo “anexionista” como un noción inclusiva que representaba no solo a los separatistas anexionistas sino también a los independentistas y los confederacionistas antillanos. Por eso en diversos documentos conocidos, Betances Alacán y Ruiz Belvis fueron tachados con el mote de anexionistas a pesar de que nada sugiere que hubiesen defendido esa postura.  La consistente colaboración entre anexionistas e independentistas era prueba bastante para llegar a aquella conclusión.

La innegable alianza entre anexionistas e independentistas justificaba en los observadores españoles temores mayores. Se presumía que la voluntad de los “anexionistas” estaba plenamente respaldada por el  gobierno o por diversos e influyentes grupos de poder de Estados Unidos. Si bien era cierto que variados sectores de aquel país valoraban la posesión de cierta injerencia en las Antillas por consideraciones económicas o geopolíticas, el gobierno de Estados Unidos acostumbró a expresarse de manera evasiva respecto a ello, siempre a la espera de que las Antillas cayeran bajo su esfera de influencia de manera “natural” (John Quincy Adams, “Política de la Fruta Madura”, 1823). La doctrina James Monroe (“América para los Americanos”, 1823) era la expresión voluntarista de un fenómeno que era considerado inevitable o un telos.

En el preámbulo de la Insurrección de Lares, el asunto alcanzó alturas inusitadas.  Desde 1852, poco después de la ejecución de López de Urriola en La Habana, la intervención de Estados Unidos Caribe parecía ser un peligro real.  Un decreto de esa fecha del presidente dominicano Buenaventura Báez Méndez (1812-1884) conocido como “El Jabao”, en el cual se apoyaba la inmigración “extranjera” a la región, animó el recelo de que, una vez instalados en territorio dominicano los inmigrantes avanzarían sobre Cuba.  La posibilidad de que los estadounidenses utilizaran el decreto en beneficio de su expansionismo hizo que España llamara la atención a los gobernadores de Cuba y Puerto Rico sobre el tema a la vez que presionó a Báez a fin de que limitara las dispensas del decreto referido.

En 1854 se temía que Báez entregara a la Bahía de  Samaná a intereses estadounidenses y que aquella posesión se utilizase como  base para aumentar la influencia de aquel país en la isla de Cuba. El expansionismo estadounidense, la presencia física de sus inmigrantes con capital, y la sintonía entre las autoridades de Santo Domingo y Washington anunciaban tiempos difíciles para Cuba y Puerto Rico que todavía seguían bajo la autoridad de España. Los argumentos de España contra la presencia estadounidense se apoyaban en consideraciones geopolíticas y económicas más que culturales.

El pugilato se hizo más intenso a fines de la década de 1850 y principios de la de 1860 cuando el espíritu del Romanticismo Isabelino, con un fuerte tono populista, abrazó el proyecto de recuperar una parte del imperio perdido durante las guerras de emancipación. El historiador Germán Delgado Pasapera en su obra clásica sobre la historia del separatismo en el siglo 19, afirmaba que en la década de 1860 el anexionismo “se movía en el clandestinaje” y que sus ejecutorias ya habían comenzado a “afectar” al independentismo. La lectura de Delgado Pasapera de aquel momento histórico tendía a evaluar al anexionismo y el independentismo separatistas como opuestos “naturales”. El peso del presente desde el cual escribía, la década de 1980 caracterizada por el Estadoísmo Radical y el polarizador “romerato”,  se proyectaba en su juicio en torno a los antecedentes ideológicos del estadoísmo y el independentismo que se manifestaba a su alrededor.

Delgado Pasapera no ignoraba la coexistencia de anexionistas e independentistas en el separatismo decimonónico. La investigación durante la década de 1980 fue rica en aproximaciones al fenómeno, esfuerzos que fueron en cierto modos censurados por la cultura historiográfica dominante entonces. Sin embargo sus juicios llamaban más la atención sobre las divergencias estratégicas que sobre las convergencias tácticas que animaban aquella alianza que, si bien había sido viable en el siglo 19, resultaba irrealizable en el 20. Para el historiador citado, el hecho de que las autoridades españolas usaran el concepto “anexionista” para representar a los separatistas anexionistas, a los independentistas y los confederacionista antillanos, expresaba una “confusión” comprensible. Con ello buscaba afirmar  el carácter protagónico del independentismo en el separatismo y el carácter secundario del anexionismo. Su “conclusión” no dejaba de ser una “presunción” indemostrable.

El Motín de los Artilleros de la capital en julio de 1867 es un excelente modelo para comprender las pesadillas que producían los yanquis de los españoles en la isla antes de la Insurrección de Lares. Para el gobernador de turno José María Marchessi y Oleaga (1801-1882) el motín no se reducía a reclamos laborales sino que era cuestión una de “alta política”. El gobernador alegaba que detrás del acto había sociedades secretas separatistas que el gobierno de Estados Unidos, a través de Alexander Jourdan cónsul de esa nación en Puerto Rico, habían promovido para inestabilizar su gobierno. A ello añadía el hecho de que dos barcos de bandera estadounidense habían atracado en los puertos de San Juan, Ponce y Mayagüez los mismos días en que había estallado la sedición. Los temores más manifiestos de Marchessi eran respecto a la política expansionista de Estados Unidos y a las sociedades secretas que laboraban en la isla y en el exilio en favor, desde su punto de vista, de la anexión a aquel país y no de la independencia. Las órdenes que llevaron al exilio a Ruiz Belvis y Betances Alacán al exilio en 1867 representaban la respuesta del gobierno español a una amenaza anexionista que se presumía contaba con el apoyo de Estados Unidos.

El aislamiento del separatismo

La actividad represiva antianexionista de Marchessi sucedió a  una importante reunión llevada a cabo en la finca “El Cacao” propiedad de Luis Gustavo Acosta Calbo, hermano de José Julián. En la mítica reunión de “El Cacao” una muestra del liderato liberal reformista y separatista anexionista e independentista discutió, según se presume, las condiciones del país tras el cierre de la Junta Informativa de Reformas.  En la concurrencia había por lo menos seis separatistas.  Terminado el informe de los comisionados a Madrid y analizado el estado político de España, se debatió  la situación de Puerto Rico y el camino a seguir.  En la reunión Betances Alacán propuso la idea de organizar una revolución en la isla. La revolución en Betances Alacán era  desde 1856, concepción que hoy puede parecer romántica o cándida, un deber de todos que superaba las diferencias ideológicas. La oposición de José Julián no se hizo esperar y la concurrencia se dividió.  El liberalismo reformista se autoexcluyó de la causa rebelde.

La revolución que Betances Alacán sugería en los meses de mayo y junio de 1867 una vez evaluada la tarea ejecutada en la Junta Informativa de Reforma, que luego se conoció como la Insurrección de Lares, tendría que articularse sin el apoyo del liderato más visible del liberalismo reformista. Asimilistas y especialistas se oponían por igual a la separación de Puerto Rico de España en la medida en que confiaban, desde su  integrismo crítico, en la posibilidad de sanar una relación malsana o enfermiza y alcanzar la modernidad bajo el palio de la hispanidad.

La pregunta era ¿hasta dónde podrían contar los separatistas independentistas con los anexionistas para la revolución? Todo dependería de los objetivos estratégicos del golpe. A ese tema dedicaré la siguiente reflexión.

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia (22 de agosto de 2020)
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