Puerto Rico en la década de 1970: la reformulación de las políticas económicas (II)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

Para las izquierdas socialistas puertorriqueñas el giro de la economía representó un problema. El mercado estaba creando trabajadores  improductivos que generaban mercancías intangibles y servicios. Los trabajadores productivos -el proletariado-,  era una especie en peligro de extinción. Las izquierdas socialistas, que habían madurado tarde el país, tenían que cambiar el lenguaje interpretativo y las tácticas revolucionarias pero nunca lo hicieron. Aquel fue el caldo de cultivo  de una crisis en aquel campo ideológico, crisis por lo demás  análoga a la que padeció el independentismo. Los periodos que van entre 1971-1973 y 1989-1991 fueron sintomáticos. Pero es evidente que aquella fractura ideológica se ha agudizado tras el fin de la Guerra Fría

Ronald Reagan y Carlos Romero Barceló

La oposición a  la Sección  936  isla adentro

Correspondió a la administración del gobernador Carlos Romero Barceló (1977-1984) articular la misma. El neopopulismo del PNP, condujo a la organización otra vez en el poder a solicitar la eliminación del diferencial entre el Salario Mínimo Federal y el Estatal. El argumento de los Estadoístas  era que la equiparación garantizaría el “trato igual” de los ciudadanos americanos de la isla y los de la unión.  El razonamiento de los estadoístas era legítimo, pero el reclamo atentaba contra uno de los  “atractivos” del ELA  para los inversionistas: la mano de obra barata. Los ideólogos del PPD interpretaron la postura como un medio para erosionar el proyecto del ELA y adelantar la Estadidad.

El  Congreso fue favorable a la medida propuesta por  Romero Barceló, con la excepcionalidad de  que la demolición del diferencial se haría de modo “escalonado”. Romero Barceló que era un Demócrata convencido, hablaba el lenguaje de los Republicanos más conservadores, quienes habían demostrado un celo peculiar por los “privilegios” fiscales que obtenía el capital en el territorio no incorporado del ELA. El carácter “escalonado” de la aplicación reconocía, por otro lado, la fragilidad de la economía local.

El efecto del fin del diferencial fue visible de inmediato. La industria liviana heredada de “Operación Manos a la Obra”, comenzó a mover sus operaciones a mercados laborales más baratos. La Industria Pesada heredada de “Operación Manos a la Obra” y la emanada de la Sección 936, toleró el cambio dado que ya pagaban salarios más altos que los de la industria liviana.

 

La oposición a  la Sección 936 en el imperio

Durante la administración Ronald Reagan (1981-1989), la  Sección 936 fue cuestionada en el Congreso Republicano. El contexto fue la discusión de la Deuda Pública durante la sesión de 1985. La exención de tributos aplicada en el ELA fue interpretada como un acto de evasión contributiva legalizada: el fisco federal dejaba de cobrar cerca de 2,000 millones anuales. Los Republicanos veían en la aplicación de la Sección 936 a los territorios no incorporados como un tipo de “competencia desleal” con el capital de los estados de la unión y alegaban que ello implicaba un atentado contra el principio de la “libre competencia”. Además sostenían que las  oportunidades abiertas en los territorios, eran plazas de empleo que no se abrían a los obreros americanos, por lo que numerosos sindicatos apoyaron a los Congresistas sobre esa base. Los cuestionamientos era abiertamente Neoliberales.

En Puerto Rico la administración Hernández Colón (1985-1993) respondió facilitando la integración de los “Fondos 936” a la “Iniciativa para la Cuenca del Caribe”. La ICC había sido creada en 1983 por la administración Reagan y era también una política Neoliberal obvia. La misma autorizaba la entrada libre de impuestos al mercado americano de productos manufacturados en Centroamérica y el Caribe. También autorizaba la concesión de préstamos a bajo interés a los mismos con el fin de fomentar el desarrollo industrial. Políticamente se trataba de una medida interpuesta con el fin de poner freno a la actividad revolucionario en la zona: las revoluciones de Nicaragua, Granada y El Salvador representaban un dolor de cabeza para la diplomacia americana.

 

La ICC contaba con el  “Programa de Plantas Gemelas” -un adelanto de la producción en la globalización- que hacía posible que fase de la producción de una mercancía se hiciera en un país; y otra fase en otro país. Lo que determinaba dónde se hacía una fase y dónde la otra, eran los principios de costo-efectividad. La gestión de Hernández Colón, hay que decirlo, contó con el apoyo total del exgobernador de Luis A. Ferré. Ambos esperaban que Puerto Rico podría convertirse en el centro administrativo de la ICC. Aquel proceso tuvo un efecto “moderador” en la ideología política de Hernández Colón. El país se encontraba en la frontera entre dos órdenes: el Liberal de Pos-Guerra y el Neoliberal de la Post-Guerra Fría. Una era histórica estaba a punto de terminar.