Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente VI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

En el campo académico la década del 1990 fue testigo del inicio del debate sobre el tema de la modernidad y postmodernidad. En términos generales, la validez de la herencia material y cultural moderna, que en Puerto Rico se había desarrollada en el marco de la dependencia colonial. El Puerto Rico moderno se asociaba al proceso de industrialización, el tránsito de la industria liviana a la pesada, la inversión en la producción de fármacos y alta tecnología, el desarrollo urbano y el enrarecimiento del pasado rural. Aquellos índices estaban vinculados a la segunda posguerra mundial, la Guerra Fría, el estado interventor y benefactor y, por supuesto, al ELA y el dominio del PPD y el PNP en el periodo anterior al rosellato. El Puerto Rico más allá de la modernidad surgiría de las cenizas de aquel.

Mijaíl Gorbachev y Ronald Reagan

El fin de la era de la empresas 936 fue un evento que marcó el fin de una época y el inicio de otra, como ya se ha sugerido: el liberalismo abría paso al neoliberalismo. El cambio fue dramático porque planteaba enormes paradojas. Desde la invasión de 1898 y la Ley Foraker de 1900 había “comercio libre” entre Puerto Rico y Estados Unidos precisamente porque el país era un territorio no incorporado al imperio. La relación colonial aseguraba el libre comercio entre ambos mercados. Pero en la década de 1990 en el marco del neoliberalismo, se decidió demoler las barreras arancelarias y el “privilegio” del ELA se convirtió en moneda común. El “libre comercio” instituido en 1900 era asimétrico y estaba mediado por la Leyes de Cabotaje y el monopolio de ciertas compañías de transporte que encarecían los consumos en el mercado local pero aún así representaba una excepción que muchos valoraban. Lo que legitimaba su existencia era el valor militar de la isla caribeña en el contexto de la Guerra Fría. Después de la decisión de 1996 y terminada la Guerra Fría en 1991, dado que no se revisó la relación estatutaria entre ambos pueblos, la única manera de mantener el “libre comercio” con Estados Unidos era la soberanía. El tránsito de la modernidad a la postmodernidad, del liberalismo al neoliberalismo una vez dejado atrás el conflicto este-oeste, reclamaba la solución del estatus.

Me parece que buena parte de la intelectualidad de todas las tendencias estaba consciente de ello en la década del 1990. Sin embargo, la dejadez  de la clase política que había crecido al amparo del ELA y su causa y la morosidad del Congreso que estaba ocupado en otros asuntos, freno aquella posibilidad. A aquella dilación habría que añadir que los sectores tradicionalistas y moderados en el PPD, los que todavía concebían el ELA como una “solución final” al dilema de estatus, se enquistaron en el poder e imposibilitaron una revisión ideológica creativa de aquella organización. Muchos de los que en 1960 militaron cerca de la “nueva generación” de populares soberanistas se habían movido de la izquierda a  la derecha del PPD, como fue el caso del exgobernador Hernández Colón.

 

Los debates académicos

En términos intelectuales los paradigmas, presunciones o certidumbres modernas más interpeladas en aquella década de debate tenían que ver en Puerto Rico con la resistencia a la situación dominante. Por un lado se ponía en entredicho el nacionalismo político y cultural, ideologías que salieron muy lastimadas de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, del desarrollo de la sociedad de consumo y la revolución de las comunicaciones y la informática que se afianzó en los 1990. Por igual situación pasaba el socialismo en todas sus formas, sistema que se había deteriorado desde la segunda posguerra al calor de los regímenes de Josip Stalin y el neoestalinista Leonid Brézhnev y cuya crítica articularon de modo convincente Lech Waleza y el sindicato “Solidaridad” desde Polonia, y Mijaíl Gorbachov por medio de la glasnost y la perestroika, en los años 1980. El fin de la Guerra Fría (1989-1991), catapultado por el inicio del derribo del Muro de Berlín el 10 de noviembre de 1989, fue interpretado como un signo del triunfo del oeste sobre el este. El “socialismo realmente existente” y el socialismo en general, se vieron en la necesidad de reformularse de cara a una era inédita.

Lech Waleza y «Solidaridad»

Es cierto que el “socialismo realmente existente” desaparecía con el bloque socialista. Pero el “capitalismo realmente existente”, identificado con el estado interventor y benefactor y que actuaba como intermediario entre el pueblo y el mercado, también desaparecía en medio del fenómeno. El neoliberalismo era otra cosa y todavía estaban por establecerse, a la larga eso se determinaría en la práctica, sus efectos sobre las relaciones políticas  y sociales. El debilitamiento de la ilusión de igualdad al amparo del estado que había animado al “socialismo realmente existente”, era sustituido por otra ilusión más peligrosa: la que partía de la premisa de que la igualdad se conseguiría en el mercado mediante el consumo. El nuevo modelo capitalista requeriría nuevos y agresivos proyectos socialistas que sólo comenzarían a madurar, con numerosos tropiezos, después del año 2000.

En Puerto Rico las izquierdas socialistas, que desde la década de 1930 había articulado una estrecha  alianza con los sectores nacionalistas de todas las tendencias y que habían sido los protagonistas de la resistencia cultural, social y anticolonial desde 1959, estaban en reflujo del mismo en que estaban a nivel global. Tanto las certidumbres racionalistas, filosóficas y científicas del socialismo, como las certezas morales del nacionalismo habían sido vulneradas. En la segunda parte de la década del 1990, en medio de la confrontación cultural y en el auge de la popularidad del estadoísmo y la figura de Rosselló González que llegó a tener los caracteres de un culto tan irracional como cualquiera otro, no asomaba en el panorama una alternativa legítima de resistencia antisistémica.

La cuestión cultural durante la década de 1990 exigía una reflexión intensa, sosegada y abierta en torno al cambio. En 1993 una organización novel,  la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH), fue el escenario de numerosos debates al respecto. La agrupación atrajo a historiadores de la nueva historia social y de la promoción de los que entonces se denominaban los “novísimos historiadores” interesados en la mirada y la interpretación que ya se denominaba, a pesar de la resistencia, “postmodernista”. En la práctica la organización cumplió el papel de evaluar el lugar del “historiador” y la situación de la “historia”. La relación de la historia con las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, el lenguaje, la identidad: todo fue puesto sobre la mesa. El papel de la disciplina con las resistencias socialistas y nacionalistas también. La situación de cambio enriqueció el temario de los historiadores profesionales y estimuló la autonomía del trabajo del historiador con respecto a los proyectos políticos y sociales  que habían promovido una historiografía al servicio de sus causas. La APH desarrolló una línea editorial en alianza con la editorial Postdata, un foro postmodernista, que entre 1994 y 2000 produjo una colección de títulos que marcó una pauta para el debate al margen del marco institucional universitario pero sin desvincularse del mismo. El impacto de aquella asociación en la disciplina, todavía al presente sigue activa, merecería una investigación más profunda que todavía no se ha hecho.

Berlín (1989)

El debate cultural e historiográfico durante la década de 1990 también tocó al independentismo de ideología socialdemócrata o nacionalista, y el socialismo puertorriqueño. Todas aquellas propuestas estaban en proceso de revisión desde adentro pero las presiones de la tradición pesaban mucho a la hora de la revisión. Es curioso que las propuestas que con más agresividad apelaban a la necesidad del “cambio” mostraran tanta resistencia a la autocrítica en un momento de la historia en el cual la reflexión era mandatorio. El sector ideológico más dispuesto al revisionismo fue el socialismo y las izquierdas en general. En las izquierdas cuestionadas floreció el anarquismo, la estadidad radical y el pesimismo fronterizo con el cinismo filosófico. En el Puerto Rico colonial del 1990, aquel abanico de opositores denominados de manera genérica “izquierdas” estaba en crisis y en retroceso y, con el estadolibrismo cuestionado al final de la Guerra Fría, la propuesta más atractiva y de más coherencia fue el estadoísmo animado por la atrayente figura de Rosselló González.

La revitalización de un discurso de la resistencia original y prometedor se desarrolló donde menos se esperaba. Un problema de la vieja época de la Guerra Fría sirvió de laboratorio al mismo. Me refiero a la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques y sus prácticas de combate en la isla municipio desde 1947.

 

Puerto Rico en la década de 1970: la reformulación de las políticas económicas (II)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

Para las izquierdas socialistas puertorriqueñas el giro de la economía representó un problema. El mercado estaba creando trabajadores  improductivos que generaban mercancías intangibles y servicios. Los trabajadores productivos -el proletariado-,  era una especie en peligro de extinción. Las izquierdas socialistas, que habían madurado tarde el país, tenían que cambiar el lenguaje interpretativo y las tácticas revolucionarias pero nunca lo hicieron. Aquel fue el caldo de cultivo  de una crisis en aquel campo ideológico, crisis por lo demás  análoga a la que padeció el independentismo. Los periodos que van entre 1971-1973 y 1989-1991 fueron sintomáticos. Pero es evidente que aquella fractura ideológica se ha agudizado tras el fin de la Guerra Fría

Ronald Reagan y Carlos Romero Barceló

La oposición a  la Sección  936  isla adentro

Correspondió a la administración del gobernador Carlos Romero Barceló (1977-1984) articular la misma. El neopopulismo del PNP, condujo a la organización otra vez en el poder a solicitar la eliminación del diferencial entre el Salario Mínimo Federal y el Estatal. El argumento de los Estadoístas  era que la equiparación garantizaría el “trato igual” de los ciudadanos americanos de la isla y los de la unión.  El razonamiento de los estadoístas era legítimo, pero el reclamo atentaba contra uno de los  “atractivos” del ELA  para los inversionistas: la mano de obra barata. Los ideólogos del PPD interpretaron la postura como un medio para erosionar el proyecto del ELA y adelantar la Estadidad.

El  Congreso fue favorable a la medida propuesta por  Romero Barceló, con la excepcionalidad de  que la demolición del diferencial se haría de modo “escalonado”. Romero Barceló que era un Demócrata convencido, hablaba el lenguaje de los Republicanos más conservadores, quienes habían demostrado un celo peculiar por los “privilegios” fiscales que obtenía el capital en el territorio no incorporado del ELA. El carácter “escalonado” de la aplicación reconocía, por otro lado, la fragilidad de la economía local.

El efecto del fin del diferencial fue visible de inmediato. La industria liviana heredada de “Operación Manos a la Obra”, comenzó a mover sus operaciones a mercados laborales más baratos. La Industria Pesada heredada de “Operación Manos a la Obra” y la emanada de la Sección 936, toleró el cambio dado que ya pagaban salarios más altos que los de la industria liviana.

 

La oposición a  la Sección 936 en el imperio

Durante la administración Ronald Reagan (1981-1989), la  Sección 936 fue cuestionada en el Congreso Republicano. El contexto fue la discusión de la Deuda Pública durante la sesión de 1985. La exención de tributos aplicada en el ELA fue interpretada como un acto de evasión contributiva legalizada: el fisco federal dejaba de cobrar cerca de 2,000 millones anuales. Los Republicanos veían en la aplicación de la Sección 936 a los territorios no incorporados como un tipo de “competencia desleal” con el capital de los estados de la unión y alegaban que ello implicaba un atentado contra el principio de la “libre competencia”. Además sostenían que las  oportunidades abiertas en los territorios, eran plazas de empleo que no se abrían a los obreros americanos, por lo que numerosos sindicatos apoyaron a los Congresistas sobre esa base. Los cuestionamientos era abiertamente Neoliberales.

En Puerto Rico la administración Hernández Colón (1985-1993) respondió facilitando la integración de los “Fondos 936” a la “Iniciativa para la Cuenca del Caribe”. La ICC había sido creada en 1983 por la administración Reagan y era también una política Neoliberal obvia. La misma autorizaba la entrada libre de impuestos al mercado americano de productos manufacturados en Centroamérica y el Caribe. También autorizaba la concesión de préstamos a bajo interés a los mismos con el fin de fomentar el desarrollo industrial. Políticamente se trataba de una medida interpuesta con el fin de poner freno a la actividad revolucionario en la zona: las revoluciones de Nicaragua, Granada y El Salvador representaban un dolor de cabeza para la diplomacia americana.

 

La ICC contaba con el  “Programa de Plantas Gemelas” -un adelanto de la producción en la globalización- que hacía posible que fase de la producción de una mercancía se hiciera en un país; y otra fase en otro país. Lo que determinaba dónde se hacía una fase y dónde la otra, eran los principios de costo-efectividad. La gestión de Hernández Colón, hay que decirlo, contó con el apoyo total del exgobernador de Luis A. Ferré. Ambos esperaban que Puerto Rico podría convertirse en el centro administrativo de la ICC. Aquel proceso tuvo un efecto “moderador” en la ideología política de Hernández Colón. El país se encontraba en la frontera entre dos órdenes: el Liberal de Pos-Guerra y el Neoliberal de la Post-Guerra Fría. Una era histórica estaba a punto de terminar.