Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIV

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

¿Cuál era la situación del PPD en la década de 1990? ¿Podría una organización producto y reflejo de la Guerra Fría elaborar ajustes que le permitieran sobrevivir como una alternativa real en la pos-Guerra Fría? El hecho de que en 2016 todavía sean una opción electoral para decir que sí. Pero lo cierto es que el asunto no se reduce a ganar elecciones. El bipartidismo que ha caracterizado la praxis electoral colonial desde 1968 al presente no deja mucho margen para el juego: si no gana el malo vencerá el peor, como ha sugerido tan certeramente Emilio Pantoja con su metáfora de la kakistocracia.

El PPD en la década de 1990 ¿una crisis de liderato?

Un problema no discutido a profundidad es que aparte de Calderón Serra y Aníbal Acevedo Vilá, el PPD no tenía ninguna figura vigorosa y atractiva para oponerle a Rosselló González en la década de 1990. No se trata de que no tuviese personalidades inteligentes y organizadas para la tarea. Héctor Luis Acevedo o Eudaldo Báez Galib por ejemplo, cumplían con ese criterio de profundidad que los podían convertir en una alternativa real. Sin embargo ninguno cumplía con las condiciones mercadeables del top model político que, por otra parte, ya estaba abandonando a Rosselló González. En aquella década el liderato popular se caracterizó por su opacidad. Muñoz Mendoza, la candidata en 1992 a quien se le reconocía como soberanista, renunció a la presidencia en 1993 tras la derrota. El profesor Acevedo, un intelectual probado de tendencias también soberanistas, tomó las riendas de la organización y cargó con la derrota en 1996. La vieja política abrió paso a una nueva política para la cual el liderato popular no estaba preparado. En el proceso electoral de 1996 parecía imposible derrotar a Rosselló González. Los populares tuvieron que recurrir a su único mito vivo para apelar al electorado. En octubre de 1996, Roberto Sánchez Villela abandonó el silencio para llamar públicamente a que se votase contra Rosselló González. La gestión no tuvo éxitos: los iconos del Puerto Rico moderno ya no parecían funcionar.

Sila M. Calderón Serra

No solo eso. El giro de la década de 1990 puso en duda la legitimidad del ELA con argumentos análogos a los que había esgrimido en la década de 1950 los opositores a esa opción de estatus. En 1994 Marco A. Rigau, soberanista, afirmó públicamente que el ELA carecía de plena dignidad política y que tampoco garantizaba una forma de unión permanente con Estados Unidos. Con ello ponía en entredicho dos de los pilares de la teoría muñocista formulados en el punto álgido de la Guerra Fría. Miguel Hernández Agosto, otro de los líderes más respetados de la organización, se ocupó de responder desde una postura afirmativamente moderada. Su argumento era que, de ser así, Estados Unidos había engañado a todo el mundo civilizado en 1952. La figura retórica de que el ELA no podía ser un engaño porque Estado Unidos no es capaz de tamaño engaño se ha reiterado en diversa ocasiones desde entonces. La idea de la “inocencia americana” estaba todavía bien enraizada en los sectores del centro político en la colonia.

Las fisuras dentro del PPD animaron la pugna entre los moderados y soberanistas de todos los calibres. La consulta plebiscitaria de 1998, en lugar de subsanarla, las aceleró. Un lemento interesante de aquel evento fue que abrió las puertas para un liderato nuevo. Pero las figuras que ocuparon los espacios vacantes, a pesar del despertar soberanista, se caracterizaron por su moderación ideológica. El resultado neto del plebiscito fue desorientado y confuso. Ello combinado con el ascenso de los populares moderados a la cúpula organizativa que puso en “compás de espera” el tema estatutario hasta el 2012. Ese año correspondió otra vez al PNP, entonces bajo la férula de un liderato republicano encabezado por Luis Fortuño Burset y Jenniffer González, retomar el asunto con los resultados que con posterioridad discutiré. Entre 1998 y 2012 el PPD fue cada vez más cuidadoso en cuanto al manejo del espinoso asunto del estatus.

¿Qué pasó con el estatus?

El triunfo de Calderón Serra en las elecciones de 2000 garantizó la tregua y la inacción. El candidato del PNP Carlos I. Pesquera una figura nueva vinculada al rosellato que aspira retornar a la política en 2016; y Berríos Martínez (PIP), un símbolo del continuismo y del independentismos de la nueva vieja guardia, fueron sus opositores. El compañero de papeleta de Calderón Serra fue Acevedo Vilá, candidato a la comisaría en Washington y abogado, con quien tenía desavenencias ideológicas. De hecho Calderón Serra, una moderada, prefería para esa posición a José A. Hernández Mayoral, abogado e hijo del caudillo de Ponce y un respetado ideólogo conservador que había profundizado en las posturas filosófico-políticas de su padre.
Las convergencias entre Calderón Serra y Hernández Mayoral eran muchas. Los dos provenían de importantes familias de la burguesía puertorriqueña y coincidían en que el problema de estatus estaba solucionado desde 1952. Si la estadidad era imposible y la independencia un potencial desastre, trabajar en el marco de las relaciones existentes era lo más pragmático. Las fisuras sobre las que llamaban la atención los soberanistas eran pecata minuta: lo que el ELA necesitaba era algunas reformas cosméticas y seguiría siendo funcional como un sistema de relaciones permanente.

Aníbal Acevedo Vilá

Calderón Serra simbolizaba a los sectores moderados vinculados al capital local desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era dueño Payco Ice Cream Corporation y de Calderón Enterprises, había sido miembro de la Junta de Directores del Puerto Rico Sheraton Hotel y del Banco Popular de Puerto Rico. Calderón Serra proyectaba muy bien el modelo del “burgués exitoso”, valor que combinado con el hecho de que fuese una mujer que había triunfado en un mundo dominado por hombres y patriarcas, había sido la primera Secretaria de Estado del país en 1988, aumentaban su atractivo. Su acceso a la gobernación sería la culminación de una carrera pública extraordinaria. Es interesante que su condición de persona privilegiada no minara la simpatía que su imagen producía en el ciudadano común, tal y como había sucedido con Ferré Aguayo cuando accedió al poder en 1968. La opinión pública la interpretó como una mujer pionera y un símbolo legítimo de hasta dónde podían llegar las reivindicaciones feministas incluso en un país tan tradicional como Puerto Rico.

Calderón Serra contrastaba con la caricatura del “político vociferante” que había dominado durante la década de 1990, sin lugar a dudas. El lema de su campaña, “Un gobierno limpio” y su formalidad y urbanidad chocaban con el perfil de figura corrupta y el lenguaje neopopulismo urbano de Rosselló González. Aparte de ello, como ya se ha señalado antes, su función protagónica en la articulación de la campaña de la “Quinta Columna” en la consulta de 1998 la convertía en la figura idónea para ganar los comicios.

El giro que imprimió Calderón Serra al asunto del estatus tras la consulta tuvo, sin embargo, efectos contradictorios. La funcionaria revivió el tema de la “Asamblea Constituyente” como método para resolver el estatus. El tema de la cuestión táctica fue introducido por Aníbal Acevedo Vilá, Comisionado Residente en Washington en 2001. Las ventajas de hablar el lenguaje de la “Asamblea Constituyente” favorecía la convergencia con los sectores anticoloniales que no eran populares: me refiero a los socialdemócratas, los socialistas y los nacionalistas. La contradicción radicaba en una cuestión retórica que podía tener efectos materiales concretos. La gobernadora hablaba de una “Asamblea Constitucional de Estatus” y para algunos observadores ello no necesariamente equivalía a una “Asamblea Constituyente” descolonizadora. No me parece necesario recordad que en una asamblea constitucional observada mundialmente se había creado el Estado Libre Asociado en 1952. Estas estructuras legales no son inmunes al manejo de las fuerzas políticas y económicas que las rodean y las exceden.

Una “Asamblea Constitucional de Estatus” ofrecía un abanico de posibilidades capaz de complacer al más moderado de los populares. Técnicamente podía ser percibida como una mera revisión de la relación Puerto Rico y Estados Unidos dentro del marco del Estado Libre Asociado con el fin de preservar esa estructura pero mejorada. Esa y no otra había sido la meta de Muñoz Marín y Antonio Fernós Isern en 1959. Los nuevos espacios de soberanía no tenían por qué afectar la soberanía del otro porque no sacarían a la isla de la cláusula territorial. Ello podía representar una tabla de salvación para el ELA. Lo cierto es que la idea de un “ELA (más) soberano” resultaba jurídicamente absurda para muchos en el 2001
La segunda aspiraba superar el ELA camino de la independencia o la libre asociación y dejar atrás el régimen de 1952.

Una “Asamblea Constituyente” implicaba el retorno hipotético al cero, a la tabula rasa para, desde ese sitio y acto, inventar la relación sin fisuras coloniales. Se trataba precisamente de lo que no había ocurrido entre 1950 y 1952. La legitimidad de la misma dependía de que la decisión se tomase desde la soberanía, sin coacción. Y en Puerto Rico ese concepto levantaba y levanta el espantajo de la independencia corroborando el principio de que es más fácil ser un demagogo que un intérprete. El hecho de que ese recurso y esa lógica hubiesen sido promovidas por dos juristas radicales, Pedro Albizu Campos y Juan Mari Brás, no favorecía al mismo. Todo ello condujo al clima de confusión que se adueñó del tema durante el cuatrienio de 2001-2004

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
•  Catedrático de Historia

El centenario de la invasión de 1898 parecía ser un momento ideal para pulsar la opinión sobre las posibilidades de la estadidad otra vez. El efecto simbólico del evento no puede ser pasado por alto. La sensación de que 100 años debía ser un periodo de tiempo suficiente para que los puertorriqueños decidieran su futuro político o los estadounidenses se expresaran sobre el mismo tema dominaba ciertos sectores. De igual modo, no puede pasarse por alto que si la coronación de la invasión había sido el desastroso huracán de San Ciriaco el 8 de agosto de 1899, el preámbulo de la consulta de 1998 lo fue el huracán Georges del 22 de septiembre de 1998.

Y el futuro de Puerto Rico… ¿qué? 1998

Sila María Calderón, empresaria puertorriqueña

La consulta plebiscitaria del centenario de 1998 se apoyó en varias consideraciones. Por un lado, el éxito electoral del PNP en los comicios de 1996 resultaba esperanzador: aquella organización y Rosselló González obtuvieron el 51.1 del voto popular ante un débil candidato popular, el intelectual soberanista y profesor Héctor Luis Acevedo. Por otro lado, el hecho de que desde el 23 de marzo de 1996, Puerto Rico hubiese sido el escenario de unas vistas de estatus en el contexto de la discusión del “Proyecto Donald Young” (Rep-Alaska), colocaba el asunto en el primer plano del interés público.
El “Proyecto Donald Young” no se consolidó en el vacío. Por el contrario, surgía en el contexto específico e incierto de fin de la aplicación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal al Estado Libre Asociado. En aquel 1998, el Congreso acordó eliminar los incentivos fiscales progresivamente entre los años 1998 y el 2006. Una época terminaba y en eso todos estaban claros: el neoliberalismo se abría paso sobre las cenizas del liberalismo de la segunda posguerra. Nadie estaba seguro respecto a cuáles serían las condiciones del territorio tras el fin de la era de las 936, tan celebradas por los sectores moderados en el país. El mayor temor que asomaba era que un ELA sin incentivos fiscales de aquella naturaleza no fuese funcional como, de hecho, no lo ha sido. A la altura del 2016, los comentaristas insisten en llamar la atención sobre el efecto adverso de aquella decisión para el país y parecen confirmar el papel fundamental de aquel hecho en la crisis. El argumento que no deja de ser legítimo y hasta válido, confirma que el ELA, una estructura pensada para la Guerra Fría y el liberalismo propio del estado interventor, ha dejado de ser funcional. En 2016 una de las voces ideológicas más visibles del soberanismo Rafael Cox Alomar, proclamó sin tapujos que ELA había muerto.
En 1998, algunos observadores interpretaron que la decisión del Congreso más que “fiscal” era “política”. Aquella lectura no me parece desacertada. Todo parecía indicar que la intención de ciertos congresistas era estimular la discusión del estatus a la luz de la búsqueda de una relación innovadora entre Estados Unidos y Puerto Rico que fuese soberana pero que excluyese la estadidad. Cualquier observador informado podía llegar a la conclusión de que el mensaje para los populares y que detrás del mismo había un bien articulado plan de “timonear” a aquel sector en una dirección que le evitara problemas mayores a Estados Unidos en la posguerra fría. La clase política loca, en especial los sectores moderados del PPD no parece haber visto el escenario en toda su complejidad o, si lo vieron, suprimieron su discusión con el fin de proteger sus intereses particulares de cara a las elecciones de 2000. Una situación tan compleja como aquella se redujo a un vulgar reclamo moral que acusaba a Estados Unidos de “desamparar” al ELA e insistir en que con aquella decisión, en tanto y en cuanto equiparaba a la isla con los demás estados, adelantaba la estadidad. Un cambio global radical fue reducido a sus implicaciones domésticas por una clase política que temía por su futuro. El hecho de que el liderato del PNP no hiciese mucho para evitar la eliminación del privilegio alimentaba aquel juicio simplificador que, sin duda, la gente común apropiaría y consumiría sin mayores dificultades.
La situación del estadoísmo de cara a la era neoliberal no era la misma del 1968 cuando Ferré Aguayo ganó la contienda electoral. Young favorecía la estadidad pero insistía en que el inglés debía ser el idioma dominante en el territorio antes de dar ese paso: los tiempos de pluriculturalismo que había permitido la configuración de la “Estadidad Jíbara” eran parte del pasado. No solo eso: el inglés debía ser el idioma de la educación pública si se pretendía considerar a la isla caribeña como candidato a la estadidad. Los fantasmas del pasado retornaban en 1998. La cuestión del “english only” combinada con la cercanía de la conmemoración de la hispanidad en 1992 y 1993, animaron el nacionalismo cultural, un instrumento que el PPD había manejado políticamente con eficacia desde la década de 1940, consolidando la discursividad de la resistencia entre los sectores no-estadoístas. Algo que todavía hoy sorprende es la disposición de una parte significativa del nacionalismo y el independentismo de tendencias socialistas y socialdemócratas a “comprar” o confiar, en la sinceridad de ese discurso.
Rosselló González aprovechó la coyuntura abierta por el “Proyecto Donald Young” para hacer una nueva consulta de estatus. La consulta fue presentada en el Congreso con el endoso del PIP. La colaboración entre aquellos extremos era comprensible: las dos organizaciones electorales anticolonialistas colaboraban en una causa común contra la fuerza colonialista. Pero el proceso daba por descontado que cualquier organización que no fuese electoral no debía tener voz en el proceso. En Puerto Rico existía un establishment bien definido y excluyente que considera que las propuestas que rechazan los mecanismos electorales no tenían que ser consultadas a la hora de articular este tipo de procesos.
El PPD, el PNP y el PIP poseían esa legitimidad en 1998. Lo más patético de todo esto es que, cuando a principios del siglo se han organizados grupos políticos de diversas tendencias sobre base electorales -el Movimiento Unión Soberanista (MUS), el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR)- la actitud sigue siendo la misma. La partidocracia tomaba un rostro nuevo. El bipartidismo poseía un “segundo violín” (el PIP) que determinaba quien debía tener voz y quien no a la hora de la “suprema definición”. Lo cierto es que el estadoísmo, el estadolibrismo y el independentismo electorales, habían devenido en fórmulas retóricas vacías a la altura del 1998 sin darse cuenta que el estatus era solo una parte del problema. El estatucentrismo de la política local iba camino al colapso. El proyecto respaldado por el PNP y el PIP fue aprobado en la Cámara de Representantes del Congreso sin problemas, pero el Senado federal nunca pasó revista sobre el mismo. La ilegitimidad del proceso no evitó que se celebrara la consulta el 13 de diciembre de 1998.
La oferta de opciones en aquella consulta se ajustó al lenguaje del Derecho Internacional. El votante podía elegir entre el ELA, la Libre Asociación, la Estadidad y la Independencia y las definiciones de cada opción se pormenorizaban en la papeleta. El lenguaje de aquel instrumento electoral favorecía el cambio y condenaba el inmovilismo representado por el ELA. Una de las finalidades del diseño del mismo había sido estimular la confusión entre los electores que no eran independentistas o estadoístas y dividirlos. De hecho, los representantes del ELA y la Libre Asociación quienes de un modo u otro provenían mayormente del PPD, no se pusieron de acuerdo respecto a la definición que se daba del ELA en la papeleta. Les molestaba la descripción del estatus quo la cual no dejaba de ser precisa:

“La aplicación sobre Puerto Rico de la soberanía del Congreso, que por virtud de la Ley Federal 600 de 3 de julio de 1950, delega a la Isla la conducción de un gobierno limitado a asuntos de estricto orden local bajo una Constitución propia. Dicho gobierno local estará sujeto a la autoridad del Congreso, la Constitución, las leyes y tratados de los Estados Unidos. Por virtud del Tratado de París y la Cláusula territorial de la Constitución federal, el Congreso puede tratar a Puerto Rico en forma distinta a los estados, mientras haya una base racional. La ciudadanía americana de los puertorriqueños será estatutaria. El inglés continuará siendo el idioma oficial de las agencias y tribunales del Gobierno Federal que operen en Puerto Rico.”

El desacuerdo condujo a que se incluyera una “quinta columna” con la opción “Ninguna de la anteriores”. Los populares moderados, encabezados por la líder Sila María Calderón, alcaldesa de San Juan, Aníbal Acevedo Vilá y el exgobernador Hernández Colón, votarían por la “quinta columna”. Aquella opción representaría una forma de protesta contra el proceso a la vez que afirmaría la legitimidad del ELA como una alternativa a pesar de que todo indicaba que, tras el fin de la Guerra Fría, ya no sería así. La táctica de la “quinta columna” fue eficiente a la luz de los resultados:

• ELA obtuvo 0.1 % o 993 votos
• Libre Asociación obtuvo 0.3% o 4,536
• Independencia obtuvo 2.5% o 39,838
• Estadidad obtuvo 46.5 % o 728,157 (subió 0.2 % respecto a 1993 pero con menos votos)
• Ninguna de las anteriores obtuvo el 50.3 % o 787,900 (el “No” al cambio venció por más de la mitad de los electores)
• En blanco 0.1 % o 1,890 papeletas

Si bien la consulta no adelantó un ápice la discusión del estatus y por el contrario la empantanó con un mensaje engañoso, la misma sirvió para sellar el futuro político de Rosselló González. Su tiempo en la política colonial había terminado por el momento.