Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XX

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La impresión que dejan en el observador entrenado los años que van de 1990 al presente es que las estructuras responsables de “orientar” a la ciudadanía sobre la naturaleza del cambio no cumplieron bien esa función. El sistema público y privado de enseñanza pre-universitaria y universitaria, los medios de comunicación masiva y los representantes de la burocracia estatal, salvo contadas excepciones, prefirieron dejar que las cosas sucedieran y observar desde la distancia. Para la gente común el neoliberalismo se ha reducido a la posibilidad de acceder a las tecnologías de consumo más diversas con una tarjeta de crédito, al privilegio de ver televisión digital o satelital de origen fundamentalmente estadounidense a un precio alto o a la proliferación de centros comerciales y megatiendas de todo tipo en las cuáles cualquier identidad puede ser construida cargándola contra una insegura línea de crédito. Los costos de una apropiación superficial del cambio más importante del mercado desde la Segunda Guerra Mundial han sido la enajenación generalizada y la despolitización de las masas quienes parecieran volver a depositar toda su confianza en la “mano invisible” de capital.

Los sectores responsables de evaluar el cambio no han podido hacer comprensibles las  tensiones que produce el giro hacia el neoliberalismo y la globalización porque ellos mismos se han visto forzados a evolucionar en direcciones inéditas o inesperadas que desestabilizan su situación en el sistema de relaciones sociales. La escuela, la universidad, los medios y la burocracia también se alteran en el nuevo orden dominante. Me parece que en conjunto hemos sido testigos de una crisis en todos esos territorios como producto de su pasividad ante el cambio, crisis que se expresado en la forma del silencio cómplice o el cinismo más decidido.

La responsabilidad por la situación crítica ha sido desplazada hacia el “abajo social”, es decir, los empleados que laboran  para permitir la subsistencia del sistema y los clientes de cada día: estudiantes, educadores, consumidores de información y la burocracia gubernamental menor que subsiste con bajos salarios al amparo de unas estructuras materiales e ideológicas decadentes. La actitud asumida ante la huelga estudiantil del sistema universitario público en   2010 por la cuestión de la imposición de una cuota de estudios que luego fue eliminada en 2013 para reanimarla en 2016; y el conflicto con los maestros por la debacle de su sistema de retiro en 2012 y 2013 adjunto a la prisa de las fuerzas políticas en el poder por “reformar” el sistema de educación pre-universitaria pública al costo de la estabilidad del magisterio, demuestra que demagogia y democracia se han convertido en sinónimos para la clase política dominante en el país.

Esa democracia selectiva que protege los derechos adquiridos de unos pocos -empresas foráneas, judicatura, ex-gobernadores, alcaldes- pero en nombre de la debacle demuele los derechos adquiridos por las mayorías, actúa como una oligarquía que lucha por su supervivencia en medio del naufragio. Un asunto que llama la atención es la forma en que un sector no pequeño del “abajo social” adopta el discurso de la oligarquía y lo hace suyo contra los que, bien o mal, protestan contra el mismo. El neoliberalismo no han necesitado que un gobernador, un presidente del senado o de la cámara, un intelectual, un periodista ancla, un economista o un comentarista político  lo apoyen. En Puerto Rico no hay mucha gente de prestigio capaz de ello. La gente común ha legitimado el desplazamiento hacia un nuevo orden producto de la furia y el encono aliándose de facto con la misma clase política que lo ha conducido a esa deplorable condición.

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia afuera

La lógica de la historia de un siglo sugería la posibilidad de aprovechar la relación con Estados Unidos y nuestra condición de pueblo Latino (Hispano) Americano y Caribeño pare insertarnos en la economía global de modo eficiente. Pero en la era global habría que mirar el “mundo” más allá de “Estados Unidos”. La probabilidad de que una clase política asociada al penepé o a los populares fuera capaz de ello era ninguna. Las limitaciones de esa opción resultan innegables. El pasado de Puerto Rico como posesión sumisa y representante de los intereses de Estados Unidos en el orbe tampoco ayudaba mucho a su imagen. Además las tensiones regionales e internacionales no facilitaron el proceso. El ascenso de Hugo Chávez (1999-2013) y su discursividad presuntamente “bolivariana” con matices de “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, y el fenómeno trágico por demás pero comprensible del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas que involucró a la organización islámica Al Qaeda, reanimaron las tensiones y los temores de la Guerra Fría, todavía frescos en el recuerdo de muchos, en Latino (Hispano) América y alentaron el etnonacionalismo más feroz en Estados Unidos. Del fenómeno George Bush hijo al disparate Donald Trump existe una distancia muy corta.

La ausencia de soberanía no permitía a Puerto Rico participar plenamente en las organizaciones internacionales que hubiesen allanado su inserción en el orden emergente, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), por ejemplo. Las Leyes de Cabotaje (1900) constituían y constituyen un monopolio que veda las posibilidades de que el país se inserte en el mercado libre global y lo niegan por su condición análoga a la de un oligopolio mercantil. El contexto es, por demás, sugerente. Desde  1936 se sabe que se puede ser una dependencia de Estados Unidos sin las Leyes de Cabotaje: esa es la situación de las Islas Vírgenes, por ejemplo. Desde 1984 se sabe que las autoridades imperiales  pueden hacer excepciones a las mismas como ha ocurrido con su Ley de Pasajeros y Cruceros en la isla, uno de los pocos reglones económicos en el cual la administración de Alejandro García Padilla ha podido reclamar algún éxito en 2015 y 2016. A pesar de que en la praxis la necesidad de revisar la aplicación de cabotaje parecía mandatoria, en Puerto Rico fue poco lo que se hizo en esa dirección hasta el 2013 cuando la senadora Rossana López León (PPD) se interesó vivamente en el tema. El éxito de su gestión en 2016, cuando la crisis arropa al país, ha convertido un tema cardinal en un asunto secundario a pesar de que estados como Alaska y Hawai han caminado en la misma dirección de manera persistente y con un auditorio más grande que el de la senadora popular.

Los extremos ficticios -estadoísmos e independentismos- debieron avanzar sobre el centro o estatus quo con agresividad hasta demolerlo durante la década de 1990 a 1999. Después de todo, a la altura de 2010, muy poco quedaba en pie de aquel orden emanado de la Segunda Guerra Mundial. Algo inmunizó al centro dominante de los ataques de los extremos ficticios, probablemente la inacción, la ignorancia o el desinterés de las autoridades del imperio. Pero, sin lugar a dudas, la ventaja en la ofensiva parece haberla tenido el estadoísmo.  Lo más  interesante es que la fragilidad del centro -representado por los populares, el ELA, la colonia, la tercera vía que conduce a un callejón sin salida- no creciera tanto como lo esperado hasta que las mismas autoridades federales por voz del Congreso, el Departamento del Tesoro, el Tribunal Supremo o el presidente se expresaron sobre la nulidad del orden de 1952 en 2016. Me da la impresión de que, incluso para el reclamo legítimo del cambio, la autoridad de Estados Unidos tenía  que expresarse primero. El coloniaje había cumplido bien su función.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente III

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Un abismo económico y político

Al final de la Guerra Fría el ELA, una colonia inventada al calor de las tensiones este-oeste, entraba en un territorio desconocido. En 1993 se firmó el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA en inglés); y en 1994, Canadá, Estados Unidos y México crearon una “zona de libre comercio” para la circulación trilateral de mercancías y servicios en los tres países por un término de 15 años. Ese mismo año se autorizó el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT en inglés) con lo que occidente entraba con firmeza en una era económica nueva. El efecto de aquellas decisiones sobre la economía de Puerto Rico fue dramático, en gran medida,  porque la relación  que había desarrollado con Estados Unidos desde 1900 ya no era excepcional o única y más bien se convirtió en la regla. El territorio entró a la era global sin los instrumentos para poder acomodarse a ella.

Equipo de trabajo de Pedro Roselló González

En lo político y lo jurídico, no poseía soberanía; en lo económico social, no tenía una burguesía industrial y comercial madura capaz de llenar las expectativas de aquella situación. La relación de dependencia colonial había creado una burguesía sumisa al capital estadounidense y al american way of life que, como en tiempos de España los sectores de la burguesía agraria criolla, aspiraba sin éxito que se le aceptara como un igual en el seno del imperio. Los sectores más vigorosos de la era de las empresas 936 tales como la banca y la construcción, entraron en un ciclo de ralentización, estancamiento y luego decrecimiento. Por si eso fuera poco, el gobierno y la oposición estaban minados por el espíritu partidista ajeno a las nociones de servicio público.

En diciembre de 1993, cuando el New York Times entrevistó sobre el tema al ex gobernador Hernández Colón, su afirmación fue categórica: “If there is no 936, there is nothing to talk about”. El líder popular aseguraba que ello conduciría al “total collapse” de la economía y no se equivocó. El entonces presidente del Banco Gubernamental de Fomento adoptaba una actitud paralela. Ante el panorama que se abría para Puerto Rico, Marcos Rodríguez-Ema alegaba en tono de sorda queja: “I’dont think it is fair for Congress to suddenly eliminate all or part of 936 and not give us anything in return”.  La realidad de la dependencia colonial era patente e innegable: el pesimismo de Hernández Colón y las esperanzas no cumplidas de Rodríguez-Ema demostraban la frustración que dominaba a quienes habían confiado en las bondades de aquel país para con su colonia tropical. Aquella fue la antesala de la crisis que inició en 2006 y continúa hasta el presente.

El proyecto económico de Rosselló González miró en otras direcciones. En términos generales, Operación Manos a la Obra (OMO) disolvió al “primer sector”, el agrario, en favor del “segundo sector”, el manufacturero.  La cancelación de los privilegios de la Sección 936 disolvería sin remedio  el “segundo sector”, por lo que la lógica oficialista era que se debía sacar provecho del  “tercer sector” que había crecido alrededor del capital foráneo en la era de las 936. Nadie puede negar que las orientaciones por las que se optó hicieran sentido: apoyarse en el tercer sector para articular un proyecto económico exitoso era con lo que se contaba. Sin embargo, articular una nueva economía tras el fin de la Guerra Fría sin tocar el sistema de relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos establecido en 1952 podía limitar las posibilidades de éxito de aquel esfuerzo. Es probable que un Puerto Rico estado 51,  independiente o  con un pacto de libre asociación con Estados Unidos, hubiese sacado más provecho del nuevo escenario que uno colonial. Me parece que la necesidad de renegociar la relación con Estados Unidos nunca fue tan visible como en la década de 1990.

 

Las opciones económicas del rosellato: la reformulación del turismo

La primera dirección de la administración Rosselló González fue fortificar el turismo de todo tipo y su diversificación. El turismo exótico tropical y urbano que había nacido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por la concentración de la mayor parte de las actividades en la región noreste de la isla, no era suficiente. El asunto de la diversificación tenía que ver con la descentralización de los destinos hacia otras partes de la isla grande en la forma de turismo interno; pero también con la apertura de nuevos líneas de explotación del recurso como el ecoturismo, el turismo deportivo o de aventura, médico, religioso, cultural, de compras  entre otros. Una de las limitaciones de dicho proyecto era que muchos de aquellos turismos alternativos requerían una infraestructura nueva más allá de las playas, el paisaje tropical o la ciudad antigua murada.  El otro y quizá el más importante era que la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos  imponía limitaciones a su articulación y al mercadeo de la isla.

Marcos Rodríguez-Ema

Dada la relación de Puerto Rico con Estados Unidos y el control de ese país sobre las políticas  migratorias locales, los viajeros de la mayor parte del mundo necesitan una visa de turista de Estados Unidos para venir a nuestro país. Los turistas privilegiados de un régimen de esa naturaleza son los estadounidenses que viajan a un territorio doméstico. De hecho, la imagen de Puerto Rico como un “resort privado” de la clase media de aquel país es un asunto que había entrado en la discusión del futuro de la isla en manos de Estados Unidos desde la invasión de 1898. La implicación de todo esto es que el turista del alto consumo europeo o hispanoamericano encuentran escollos burocráticos cuando considera viajar a este territorio. Bajo esas condiciones que son estrictamente de carácter político, competir con República Dominicana, las Antillas Menores o Centroamérica no era sencillo. Me parece que, reiniciadas las relaciones con Cuba, la situación será la misma.

La Ley de Pasajeros de las Leyes de Cabotaje también limitaba las posibilidades de crecimiento óptimo del sector pero, con ese aspecto comenzó a trabajarse hace bastante tiempo incluso antes del fin de la era de las 936. De hecho, en 1984 se había autorizado una excepción a la misma para que los cruceros estadounidenses y de otras banderas pudieran atracar aquí. En 2011, cuando la crisis de 2006 ya había madurado, se aprobó una Ley de Cruceros con la intención de expandir el sector a su mayor potencial. Uno de los desfases de aquel esfuerzo es que la industria sigue padeciendo por su limitación a la costa noreste del país y la restricción de los destinos de los cruceros al puerto de la Capital. El hecho de que la práctica sea comprensible, la industria de los cruceros ha sido pensada para beneficia a una ciudad capital en penas lo mismo bajo la administración de penepés que de populares, la situación no deja de ser injusta. La industria puede crecer tal y como alega la actual administración Alejandro García Padilla,  pero difícilmente impactará otras zonas de la isla aparte del “rostro” del turismo exótico tropical y urbano.

En cuanto al asunto de los visados de turistas es poco lo que se ha hecho quizá porque es en verdad poco lo que se puede hacer en el marco de la relación colonial. En febrero de 2014 el Secretario de Estado de la administración García Padilla, David Bernier, entró en conversaciones con el gobierno federal y el Homeland Security para que se exonerara al Estado Libre Asociado del requisito de un visado estadounidense como ya había hecho ese gobierno con otros 37 países incluso con la isla de Guam. La lógica de Bernier era que, sin ese requisito, se reforzarían las relaciones de Puerto Rico con otros destinos del Caribe e Hispanoamérica y el turismo repuntaría acorde con las necesidades de una economía en crisis cuyo crédito ya había sido degradado para aquella fecha. Las razones del Homeland Security para negarse eran de seguridad nacional por lo que, desde febrero de 2014 al presente, nada ha resultado de dichas gestiones. Todo parece indicar que la guerra contra el terrorismo frenará cualquier liberalización de la regla.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente II

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

 

Las  tendencias de la economía

La década del 1990 estuvo dominada  por la última  ofensiva congresional contra la aplicación de la Sección 936 esta vez bajo la administración del demócrata Bill Clinton (1993-2001). El Congreso volvió a poner sobre la mesa el asunto desde 1996 esgrimiendo los mismos argumentos articulados a mediados de la década de 1980 por una administración republicana: los impuestos no pagados en Puerto Rico eran necesarios para balancear el presupuesto nacional y enfrentar una creciente deuda pública. Demócratas y republicanos convenían en la “necesidad” del giro hacia el neoliberalismo y en reducir la presión del estado hacia el capital. La diferencia fue de matices: el lenguaje utilizado contra las exenciones toleradas en Puerto Rico se hizo más acrimonioso.

Otra novedad fue que la discusión sobre la aplicación o no aplicación del recurso se politizó. En el proceso se acusó a la Sección 936 de haberse convertido en una suerte de “mantengo corporativo” y algunos sectores, en especial los adversarios del Estado Libre Asociado que favorecían la estadidad, argumentaron que el privilegio fiscal  favorecía la permanencia de la relación colonial instituida en 1952. La lógica dominante entre algunos estadoístas era que la eliminación de la Sección 936 cumpliría dos funciones. Por un lado, aceleraría la disolución del Estado Libre Asociado y forzaría una decisión sobre el asunto inconcluso del estatus. En cierto modo tenían razón. Lo que resultaba irrazonable era la presunción de que, si se eliminaba el privilegio, se adelantaría la estadidad. La impresión que da aquella argumentación silogística es que dentro del movimiento estadoísta la imagen del imperio benévolo, inocente y bonachón dominaba. Se le podía acusar de colonialista, el estadoísmo radical lo hacía y lo ha seguido haciendo, pero se confiaba en que la solución que derivaría de sería de una quiebra del régimen colonial sería inevitablemente la estadidad. La confianza de los estadoístas en el Estado 51 era tan profunda como la de los nacionalistas en la inevitabilidad de la Libertad.

Pedro Rosselló González

En el PNP no había un consenso respecto a ese asunto. La administración Rosselló González (1993-2001) defendió de manera moderada la permanencia de la Sección 936 durante su primer cuatrienio. Desde mi punto de vista se trataba de una cuestión de realismo político. La herramienta era única y Puerto Rico seguían siendo la jurisdicción más pobre de la Unión sin ser parte de la Unión y, de eliminarla, los sectores que se habían beneficiado de ella -la banca y la construcción- sufrirían un rudo golpe a sus intereses. Sin embargo, el Comisionado Residente en Washington, Romero Barceló cabildeó en el Congreso para que las eliminaran. Todo parece indicar que el abogado estadoísta le daba un significado político estratégico al asunto que Roselló González no compartía. Las primeras décadas del siglo 21 han demostrado que Romero Barceló se equivocó: el fin de la era de las 936 no adelantó la estadidad ni un centímetro.

En 1994 el Congreso acabó por disminuir los beneficios de la Sección 936 mediante la aprobación del Tax Equity and Fiscal Responsability Act. La excusa para ello, como se sabe, era la necesidad balancear el presupuesto federal. La secuela de todo ello fue que en 1996, ya se había decidido que la cancelación de su aplicación sería efectiva para enero de 2006. El hecho produjo una conmoción entre los estadolibristas y los defensores del estatus quo colonial. Rosselló González y Romero Barceló fueron responsabilizados por el hecho pero lo cierto es que tras ellos había poderosas fuerzas neoliberales que hubieran cancelado cualquier esfuerzo por mantener el privilegio. El asunto que se jugaba entre 1994 y 1994 no era la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, sino la estructura sobre la cual se apoyaría el mercado mundial de allí en adelante.

 

El fin de las 936 y la política

La administración Rosselló González enfrentó el asunto de un modo convencional. La alternativa para el país volvió a buscarse en el Código de Rentas Internas Federal por lo que se  solicitó el amparo de la Sección 30-A del mismo. La intención era que se le permitiera a Puerto Rico ofrecer créditos contributivos federales a las empresas vinculadas a la Sección 936, acorde con la cantidad de empleos que produjeran en el territorio. El objetivo era convertir el privilegio en un mecanismo para generar empleos bien pagados en una economía que sufría el mal crónico del desempleo estructural. El Congreso rechazó la petición. La impresión que deja aquel momento es que el Estado Libre Asociado se iba a quedar sin opciones en 2006, pero populares y penepés no parecían capaces de mirar en otra dirección que no fuese Washington cuando trataban de  mantener una imagen de progreso y crecimiento en la isla caribeña. El observador debería esperar que la imagen del imperio benévolo, inocente y bonachón comenzara a erosionarse desde 1996. Nada parece sostener ese criterio.

El efecto de la decisión de 1996 en el mercado local fue que desde 2001  los depósitos en los bancos locales comenzaron a menguar y la banca se contrajo. El ELA, que comenzó a dejar de percibir ingresos, tuvo que recurrir a explotar sus líneas de crédito para suplir la huida de los Fondos 936. La venta de bonos triplemente exentos de pago de contribuciones (federales o estatales) y seguros fue un éxito. No cabe la menor duda de que la “crisis fiscal” del presente tiene su base en el aumento en aquellas emisiones de bonos o compromisos de pago. Pero me parece que es necesario insistir en que la “crisis económica” rondaba al país desde 1970 y que la misma crecía vinculada a los cambios que conducía hacia el orden neoliberal.

El futuro económico incierto del Estado Libre Asociado, tenía que generar igual incertidumbre en torno a su futuro político. En ambos casos, estaba ante un “abismo”. El significado del “crecimiento del ELA” tenía que ser explicado. El hecho de que el Congreso cambiara las reglas de juego de manera radical, significaba que Puerto Rico tendría que manejar su futuro económico sin ningún tipo de privilegio fiscal del Tesoro Federal y que lo único que le quedaba era (y es) su presunta “autonomía” fiscal sostenida en su relación colonial con Estados Unidos. Entre 1996 y 2006 los ajustes no se llevaron a cabo en parte  porque el país no tenía soberanía para ello, y en parte porque el Congreso tampoco se ocupó del asunto.

La Sección 936 fue la última política económica de la posguerra que se aplicó en Puerto Rico. Lo cierto es que, visto a la distancia, el crecimiento de la economía local siempre había dependido de las exenciones contributivas y de la providencia o permisibilidad del estado. Pero en la década de 1990 el mercado libre entre Puerto Rico y Estados Unidos impuesto en 1900 ya no era exclusivo y por el contrario, como se verá más adelante,  se compartía con el resto del mundo. Teóricamente el neoliberalismo no admitía el exclusivismo ni el trato preferencial de un mercado

Pero en el caso de Puerto Rico la tentativa neoliberal resultaba contradictoria. El idealizado  regreso del liberalismo y la libre competencia no tocó el monopolio que posee Estados Unidos sobre el mercado local al amparo de las Leyes de Cabotaje (1900). Tampoco minó los privilegios de las compañías navieras de Jacksonville sobre el tráfico con Puerto Rico: el puerto suple el 90 % de los consumos de la isla. Ambas instancias, a no dudarlo, eran y son la expresión de una forma del “monopolio” o “cautividad” de un mercado ante otro que viola los fundamentos filosóficos del neoliberalismo.