Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

La otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XX

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La impresión que dejan en el observador entrenado los años que van de 1990 al presente es que las estructuras responsables de “orientar” a la ciudadanía sobre la naturaleza del cambio no cumplieron bien esa función. El sistema público y privado de enseñanza pre-universitaria y universitaria, los medios de comunicación masiva y los representantes de la burocracia estatal, salvo contadas excepciones, prefirieron dejar que las cosas sucedieran y observar desde la distancia. Para la gente común el neoliberalismo se ha reducido a la posibilidad de acceder a las tecnologías de consumo más diversas con una tarjeta de crédito, al privilegio de ver televisión digital o satelital de origen fundamentalmente estadounidense a un precio alto o a la proliferación de centros comerciales y megatiendas de todo tipo en las cuáles cualquier identidad puede ser construida cargándola contra una insegura línea de crédito. Los costos de una apropiación superficial del cambio más importante del mercado desde la Segunda Guerra Mundial han sido la enajenación generalizada y la despolitización de las masas quienes parecieran volver a depositar toda su confianza en la “mano invisible” de capital.

Los sectores responsables de evaluar el cambio no han podido hacer comprensibles las  tensiones que produce el giro hacia el neoliberalismo y la globalización porque ellos mismos se han visto forzados a evolucionar en direcciones inéditas o inesperadas que desestabilizan su situación en el sistema de relaciones sociales. La escuela, la universidad, los medios y la burocracia también se alteran en el nuevo orden dominante. Me parece que en conjunto hemos sido testigos de una crisis en todos esos territorios como producto de su pasividad ante el cambio, crisis que se expresado en la forma del silencio cómplice o el cinismo más decidido.

La responsabilidad por la situación crítica ha sido desplazada hacia el “abajo social”, es decir, los empleados que laboran  para permitir la subsistencia del sistema y los clientes de cada día: estudiantes, educadores, consumidores de información y la burocracia gubernamental menor que subsiste con bajos salarios al amparo de unas estructuras materiales e ideológicas decadentes. La actitud asumida ante la huelga estudiantil del sistema universitario público en   2010 por la cuestión de la imposición de una cuota de estudios que luego fue eliminada en 2013 para reanimarla en 2016; y el conflicto con los maestros por la debacle de su sistema de retiro en 2012 y 2013 adjunto a la prisa de las fuerzas políticas en el poder por “reformar” el sistema de educación pre-universitaria pública al costo de la estabilidad del magisterio, demuestra que demagogia y democracia se han convertido en sinónimos para la clase política dominante en el país.

Esa democracia selectiva que protege los derechos adquiridos de unos pocos -empresas foráneas, judicatura, ex-gobernadores, alcaldes- pero en nombre de la debacle demuele los derechos adquiridos por las mayorías, actúa como una oligarquía que lucha por su supervivencia en medio del naufragio. Un asunto que llama la atención es la forma en que un sector no pequeño del “abajo social” adopta el discurso de la oligarquía y lo hace suyo contra los que, bien o mal, protestan contra el mismo. El neoliberalismo no han necesitado que un gobernador, un presidente del senado o de la cámara, un intelectual, un periodista ancla, un economista o un comentarista político  lo apoyen. En Puerto Rico no hay mucha gente de prestigio capaz de ello. La gente común ha legitimado el desplazamiento hacia un nuevo orden producto de la furia y el encono aliándose de facto con la misma clase política que lo ha conducido a esa deplorable condición.

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia afuera

La lógica de la historia de un siglo sugería la posibilidad de aprovechar la relación con Estados Unidos y nuestra condición de pueblo Latino (Hispano) Americano y Caribeño pare insertarnos en la economía global de modo eficiente. Pero en la era global habría que mirar el “mundo” más allá de “Estados Unidos”. La probabilidad de que una clase política asociada al penepé o a los populares fuera capaz de ello era ninguna. Las limitaciones de esa opción resultan innegables. El pasado de Puerto Rico como posesión sumisa y representante de los intereses de Estados Unidos en el orbe tampoco ayudaba mucho a su imagen. Además las tensiones regionales e internacionales no facilitaron el proceso. El ascenso de Hugo Chávez (1999-2013) y su discursividad presuntamente “bolivariana” con matices de “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, y el fenómeno trágico por demás pero comprensible del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas que involucró a la organización islámica Al Qaeda, reanimaron las tensiones y los temores de la Guerra Fría, todavía frescos en el recuerdo de muchos, en Latino (Hispano) América y alentaron el etnonacionalismo más feroz en Estados Unidos. Del fenómeno George Bush hijo al disparate Donald Trump existe una distancia muy corta.

La ausencia de soberanía no permitía a Puerto Rico participar plenamente en las organizaciones internacionales que hubiesen allanado su inserción en el orden emergente, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), por ejemplo. Las Leyes de Cabotaje (1900) constituían y constituyen un monopolio que veda las posibilidades de que el país se inserte en el mercado libre global y lo niegan por su condición análoga a la de un oligopolio mercantil. El contexto es, por demás, sugerente. Desde  1936 se sabe que se puede ser una dependencia de Estados Unidos sin las Leyes de Cabotaje: esa es la situación de las Islas Vírgenes, por ejemplo. Desde 1984 se sabe que las autoridades imperiales  pueden hacer excepciones a las mismas como ha ocurrido con su Ley de Pasajeros y Cruceros en la isla, uno de los pocos reglones económicos en el cual la administración de Alejandro García Padilla ha podido reclamar algún éxito en 2015 y 2016. A pesar de que en la praxis la necesidad de revisar la aplicación de cabotaje parecía mandatoria, en Puerto Rico fue poco lo que se hizo en esa dirección hasta el 2013 cuando la senadora Rossana López León (PPD) se interesó vivamente en el tema. El éxito de su gestión en 2016, cuando la crisis arropa al país, ha convertido un tema cardinal en un asunto secundario a pesar de que estados como Alaska y Hawai han caminado en la misma dirección de manera persistente y con un auditorio más grande que el de la senadora popular.

Los extremos ficticios -estadoísmos e independentismos- debieron avanzar sobre el centro o estatus quo con agresividad hasta demolerlo durante la década de 1990 a 1999. Después de todo, a la altura de 2010, muy poco quedaba en pie de aquel orden emanado de la Segunda Guerra Mundial. Algo inmunizó al centro dominante de los ataques de los extremos ficticios, probablemente la inacción, la ignorancia o el desinterés de las autoridades del imperio. Pero, sin lugar a dudas, la ventaja en la ofensiva parece haberla tenido el estadoísmo.  Lo más  interesante es que la fragilidad del centro -representado por los populares, el ELA, la colonia, la tercera vía que conduce a un callejón sin salida- no creciera tanto como lo esperado hasta que las mismas autoridades federales por voz del Congreso, el Departamento del Tesoro, el Tribunal Supremo o el presidente se expresaron sobre la nulidad del orden de 1952 en 2016. Me da la impresión de que, incluso para el reclamo legítimo del cambio, la autoridad de Estados Unidos tenía  que expresarse primero. El coloniaje había cumplido bien su función.