Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVI

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

El plebiscito de la Gran Recesión (2012)

Ello explica que el plebiscito de 2012 fuese obra de la administración del PNP de Luis Fortuño Burset (1960- ) quien justificó la consulta por varias vías. La primera era puramente estadística: la victoria electoral apabullante (52.84% de los votos) ante un candidato del PPD, Acevedo Vilá débil  marcado por una acusación federal por corrupción de la cual no resultó “inocente” sino “no culpable” (marzo de 2008 a marzo de 2009). Acevedo Vilá, acusado por las autoridades federales en un caso con fuertes visos políticos, impuso su candidatura a pesar de que numerosos alcaldes, soberanistas y no soberanistas, presionaron para que se retirara. La crisis gubernamental y fiscal de 2006, que condujo al cierre temporero del gobierno y a la imposición del Impuesto de Ventas y Uso (IVU)  del  7 %. El déficit presupuestario forzó al gobierno a tomar prestados 500 millones de dólares para pagar la nómina poniendo los ingresos del IVU como fuente de repago de la deuda.

Los informes del “Comité Interagencial del Congreso” de 2005 y 2007, ambos emitidos bajo la administración del presidente Bush, hijo, dieron continuidad a las conclusiones del “Informe John Bennett Johnston” (1989) y del “Proyecto Donald Young” (1996). En 2005 cualquier observador  más o menos informado debía reconocer que el ELA tal y como se había formulado en 1952, ya no era una alternativa válida para el futuro de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Curiosamente, no fue hasta el 13 de mayo de 2016 que el presidente del Senado de Puerto Rico Eduardo Bhatia, en medio de la discusión para la creación de una Junta de Control (o asesoría) Fiscal para el ELA, afirmó que “En EE.UU. nadie cree en el ELA”. El subtítulo del parte de prensa no debía sorprender a nadie: “El presidente del Senado dice que no ha encontrado una persona en ese país que crea que la relación entre Puerto Rico y Washington puede seguir como ahora”. El planteamiento pudo haber sido hecho en los mismos términos en el 2000 o en el 2005, sin lugar a dudas.

Luis Fortuño y Pedro Pierluisi

En 2007 el “Comité…” sugirió una consulta de estatus en  dos fases. La primera, cuestionaría sobre la deseabilidad o no de continuar como territorio no incorporado, entiéndase, colonia o ELA. De ganar el “Sí”, terminaba el proceso y se aceptaría esa expresión de apoyo a la condición colonial como válida. De ganar el “No”, como era de esperarse, se celebraría una segunda  consulta. El asunto de la misma no sería el futuro político sino el método a utilizarse para resolverlo: o un plebiscito o una asamblea constituyente. La fase final del proceso -la solución- era territorio abierto para la imaginación. Me parece que resulta imposible negar que el ELA ya no anduviera bien aspectado en Washington desde la década de 2000. La respuesta del PPD respondió al imperativo moderado: no reconoció legitimidad a los informes de 2005 y 2007 porque representaban la posición republicana. La respuesta era comprensible pero ello implicaba tomar distancia de un asunto que requería mayor atención.

El plebiscito de 2012 auspiciado por Fortuño Burset y el PNP combinó unas elecciones generales con la consulta de estatus. Para la mayor parte de los observadores el estatus futuro y la política doméstica están fuertemente vinculados pero la práctica de separar una discusión de la otra siempre ha respondido a la consideración de que no todos lo penepés son estadoístas y no todos los populares son estadolibristas. Una fragilidad obvia que manifestaba aquella decisión política era que la imagen de Fortuño Burset en 2012 ya no era la misma que en 2008. Algunos observadores apuntaban que la táctica de apelar al asunto del estatus se elaboraba con la esperanza de ganarle apoyo electoral para una reelección que resultaba dudosa.

El actual gobernador, entonces candidato, Alejandro García Padilla (1971-) fue quien dirigió la campaña de los populares. El joven abogado  de Coamo  provenía de una familia de profesionales vinculados a la educación, la política y a la industria de los seguros de salud. Su hermano Luis Gerardo administraba  Medicare y Mucho Más (MMM),  su también hermano Antonio fue presidente de la Universidad de Puerto Rico entre 2001 y 2009, y Juan Carlo alcalde de Coamo desde el 2000. La consulta de 2012 fue diseñada de acuerdo con las recomendaciones del “Comité Interagencial del Congreso” de 2007. Pero la segunda fase de la decisión fue revisada. Adoptó la forma de dos preguntas formuladas en dos papeletas distintas.

La tasa de participación alanzó un significativo 78.19 % del electorado. La primera papeleta inquirí en torno a un “Sí” o un “No” al Estatus Territorial, es decir, al ELA o la colonia. Esa era la fórmula de un referéndum cualquiera. El “Sí” obtuvo  828,077 votos o 46.03 %.  Las dudas era muchas ¿Eran colonialistas sinceros o populares fieles a su partido? El “No” obtuvo  970,910 votos  53.97 %. La lógica afirmaba que se trataba de una coalición natural de estadoístas, independentistas, soberanistas y defensores de la libre asociación, el ELA soberano y/o la república asociada. Del total de 1,775,893 de votos emitidos, 65,863 fueron en blanco y 13,160 protestadas. Lo más relevante, desde mi punto de vista, fue que aquella resultó ser la primera victoria de un “No” al ELA

La segunda papeleta no preguntó por el método de solución de estatus sino por la preferencia futura entre la estadidad, el ELA soberano y la independencia. La  estadidad obtuvo 834,191 votos o $61.16 %, la independencia consiguió 74,895 votos o 5.49 %, y el ELA Soberano  449,679 votos o 33.34 %. En blanco se contaron  498, 604 o el 28.07 % considerados como el equivalente de los populares fieles y moderados que votaron como les pidió la dirección de la campaña. Un total de 18,357 fueron protestadas. Lo más relevante, desde mi punto de vista, fue que la indicación de dejar en blanco la segunda papeleta no fue respondida como esperaban lo moderados. El ELA soberano, si equivalía a la libre asociación, había obtenido un respaldo inesperado en el proceso. La opción de la estadidad se impuso solamente por el hecho de la división de los populares aunque ello, me parece, no debe ser interpretado como una debilidad de esa propuesta. Las mayorías votaron por la estadidad y esa parece ser la preferencia de un número cada vez más significativo de electores en el país.

La consulta de 2012 se caracterizó por la ambigüedad del lenguaje. La legitimidad de sus resultados ya estaba comprometida cuando se contó el último sufragio. Por un  lenguaje no se ajustó al derecho internacional: el “ELA Soberano” es un concepto extraño al mismo. Por otro lado, las condiciones de la estadidad y la independencia por la cual se votaba, no estaban claras. Los resultados volvieron a ser contradictorios. El “No” al Estatus Territorial no fue tan masivo como se hubiese esperado. El PPD consiguió convencer a una parte significativa de su militancia de votar “Sí” a la colonia. Es bien probable que el grueso del voto “No” fuese de origen estadoístas penepés y no afiliados.

Las lecciones políticas más complejas del plebiscito de 2012 son varias. El estadoísmo no representa todavía la mitad más uno del electorado: su crecimiento desde 1990  al presente, se ha lentificado por consideraciones que habrá que discutir en otro momento. El PPD no pudo convencer a su militancia de que rechazara el “ELA Soberano” o la libre asociación que, en efecto, obtuvo 449,679 votos o 33.34 % en la segunda papeleta. Los resultados, en cierto modo,  expresaron cierto disgusto o apatía con el liderato tanto en el  PNP como con el PPD. A la luz del proceso eleccionario, el poder de convocatoria de Alejandro García Padilla estaba en entredicho: su condición de estadolibrista moderado actuaba contra él y los resultado podían animar a los soberanistas del PPD a adoptar un actitud más agresiva en lo sucesivo.

 

Azules y rojos  después del plebiscito de 2012

La consulta en medio de la crisis fiscal y económica fue el propició una reestructuración parcial de las fuerzas políticas involucradas. En el PNP se levantó un nuevo liderato estadoísta exigente y radical. Ricardo Rosselló Nevares (1979-), sobre la base del grupo amplio “Boricua Ahora Es” ha retado las estructuras del PNP. Una “Asamblea de Pueblo” celebrada en octubre de 2014,  se ha planteó exigir la estadidad mediante la articulación del “Plan Tennessee”. Durante aquellos actos se habló de la posibilidad de crear un nuevo Congreso Pro Estadidad (CPE) como lo hubo en la década de 1930.

Ricardo Rosselló

En 2015 Rosselló Nevares hacía público su aspiración a la candidatura a la gobernación a pesar de que Pedro R. Pierluisi Urrutia (1959-) Comisionado Residente del PNP, confiaba en obtener la nominación sin oposición. En Rosselló Nevares la innovación y el retorno a lo mismo se combinan muy bien. Su apertura ideológica con anticolonialistas no estadoístas compartiendo tribuna con reconocidos independentistas, su apelación a tácticas de lucha olvidadas hace tiempo, su capacidad para mimetizar y amoldar la discursividad anticolonial radical a la causa estadoísta llaman, sin duda, la atención de los observadores. Incluso la juventud que la campaña de Pierluisi Urrutia usa contra su figura y el pasado de su apellido, le han rendido algunos frutos en su escalada política. Sin embargo la funcionalidad de todo ello en procesos concretos como una primaria y unas elecciones generales en las cuáles esos giros retóricos no cuentan mucho, está por verse.

Pierluisi Urrutia ha reclamado sin éxito la estadidad en el Congreso sobre la base de los resultados de la consulta de 2012. La competencia entre estos dos líderes por la candidatura a la gobernación se sostiene sobre la base de cuál de ellos hace más esfuerzos, fructíferos o no,  por alcanzar la estadidad. De hecho, la petición de Pierluisi Urrutia no fue tomada en cuenta en el Congreso por lo contradictorio de los resultados obtenidos. En respuesta a la presión, en 2013 el Comité de Recursos de la Cámara de Representantes pidió a la Oficina de Contraloría General (GAO) un informe sobre el costo de un Puerto Rico Estado 51 para el Tesoro Federal. El informe circuló en 2014 y no fue auspicioso para los estadoístas

En el PPD los soberanistas se han nucleado alrededor de Aníbal Acevedo Vilá (1962- ) y de Carmen Yulin Cruz (1963-). El ELA Soberano como eufemismo de la libre asociación, se esgrime como un recurso para enfrentar la crisis fiscal y económica, mientras que la ahora llamada Asamblea Constitucional de Estatus se concreta como mecanismo jurídico para alcanzar ese fin. Acevedo Vilá fue muy enfático en la necesidad de comprometer al Tesoro Federal para que la refinanciara en su panfleto Hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado (2014). Yulin Cruz ha sido mucho más proactiva y radical a la hora de cuestionar una relación política que ha perdido eficacia, si algún día  la tuvo,  y en oponerse al recrudecimiento del coloniaje que representaría la imposición de una junta se control (o asesora) que cogobernara la colonia. Las fisuras en rojos y azules no parece que vayan a producir rupturas mayores en esas organizaciones. No creo que los soberanistas abandonen al PPD por todo lo que esa estructura significa en términos de acceso al poder. Me parece poco probable que haya otra división en el PNP equiparable a la de Romero-Padilla. El bipartidismo y el sistema de turnos persistirán durante  mucho tiempo todavía.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XV

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La discusión del estatus en el ámbito federal durante la década de 2000 tuvo un giro interesante. El 23 de diciembre de ese año, el Pres. William “Bill” Clinton (Dem), ordenó la creación de un “Comité Interagencial del Congreso” para tratar el asunto. Entre los deberes del  “Comité…” estaba el deber de rendir un informe en los primeros meses del 2001. Su sucesor, el Pres. George Bush, hijo (Rep) extendió  en abril de ese años el periodo de trabajo del “Comité…” hasta agosto. El sentido de urgencia respecto al estatus parecía dominar al ejecutivo federal. Algo que no debe pasarse por alto en este respecto es que los cambios de gobierno tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico siempre han afectado la discusión del escabroso tema de las relaciones jurídicas entre ambos países. El hecho de que en las elecciones puertorriqueñas la cuestión del estatus sea una de las municiones más eficaces a la hora de llamar la atención de los electores explica esa situación. Sin embargo en las elecciones de 2000 el triunfo de Calderón Serra sobre el Ing. Carlos I. Pesquera, parecía ser una garantía de que el estatus no estaría en issue por aquellos cuatro años. La moderación de la gobernadora no era compartida por todo el liderato del PPD. La presión de Washington condujo en enero de 2001 al Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá (Com. Res.), a proponer que aquella organización política adoptara la táctica de la Asamblea Constituyente con el objetivo de enfrentar con mayor eficacia el centenario dilema estatutario.

Pres. William Clinton

Desde mi punto de vista la legitimidad de aquel reclamo se apoyaba en varias premisas.  Una de ellas era el pasado del PPD: una Asamblea Constituyente avalada por el gobierno de estados Unidos había servido para construir el ELA (1952) por lo que presumir que sus reconocidas carencias democráticas podían ser superadas por otro ejercicio análogo tenía sentido. La otra premisa estaba relacionada con la necesidad político-práctica de atraer las simpatías de los electores o activistas anti-estadistas que no eran populares en especial aquellos independentistas amigos de los populares, los denominados  “melones”,  o los sectores no afiliados o “flotantes” para quienes las preferencias partidistas se apoyaban en consideraciones inmediatas. Lo cierto es que una parte del liderato independentista que había sido testigo del 1952 había respaldado esa táctica. El caso más notable era el del Lcdo. Juan Mari Brás, quien había hecho pública su propuesta en un panfleto en 1986.

Los populares soberanistas o libre asociacionistas, por otro lado, obtenían con la Asamblea Constituyente una propuesta moderada en el marco del derecho internacional que les permitiría evadir la adopción del lenguaje de la Libre Asociación que, en general, atemorizaba a los soberanistas más blandos. La idea de negociar un tratado e igualdad de condiciones y desde la soberanía con Estados Unidos no es simpática para la mayoría de los populares. La insistencia de los estadoístas y estadolibristas moderados en que ello equivale a una “república asociada” ha penetrado a un pueblo conservador que no le gusta arriesgar lo que le garantiza la relación colonial.  La Libre Asociación no es muy distinta de la República con  Protectorado que soñaba De Diego Martínez a principios del siglo 20 o de la independencia en “buenos términos” con Estados Unidos que dominó el discurso de ese sector por lo menos hasta la década de 1930.

La situación del PPD en 2001 era peculiar. Su liderato sabía que necesitaba votos de opositores a la estadidad que no fueran populares para volver a ganar las elecciones. Los plebiscito de 1967, 1993 y 1998 demostraban que el apoyo al ELA se había reducido a menos del 50 % del electorado durante ese largo periodo de tiempo. Por lo bajo debían reconocer que también había perdido la confianza de las autoridades federales desde el fin de la Guerra Fría. Como no podía contar con los nacionalistas, los pipiolos socialdemócratas  y las izquierdas radicales, debía ir a la busca del independentismo más moderado al cual presumía más dispuesto a colaborar con el PPD por consideraciones de “realismo político” a sabiendas de que no podría negociar una alianza abierta con aquellos. Con ello deseaba fortalecer la lucha por obtener más soberanía en el marco de las relaciones existentes sin resultar amenazante para el popular común que  se resiste a todo tipo de cambio.

Rafael Hernández Colón y Aníbal Acevedo Vilá

Los efectos del escenario del 2001 no fueron los esperados. Entre esa fecha y el 2008, aparte de la discusión esporádica en torno al “método” apropiado para resolver el estatus, no se tocó el tema en ninguna de las dos administraciones populares, Calderón Serra y Acevedo Vilá, evadieron el tema a pesar de la presiones desde adentro y afuera del PPD. Las fuerzas que detonarían la crisis que hoy se vive, aunque eran inseparables de la cuestión del estatus, estaban en otra parte. El periodo de gracia para que el ELA se ajustara a una situación inédita -sin el sostén de los depósitos de las empresas 936- se agotaba. La espiral de la deuda pública, que había comenzado a acelerarse desde 1993 bajo la administración de Rosselló González quien la dejó en 27.6 billones de dólares, se había duplicado al cabo de la administración de Acevedo Vilá llegando a la suma de 53.8 billones.

La presión a favor de una discusión serena y más sistemática del estatus provenía, como era de esperarse, de los populares soberanistas y los defensores de la Libre Asociación. En el seno del PPD, los alcaldes soberanistas ganaban presencia e influencia pública. En los márgenes del PPD,  independentismo no afiliado y los “melones” que habían colaborado con la causa popular, esperaban una “radicalización” del reclamo de soberanía que no maduraba. Desde la oposición, como era de esperarse, el PNP y el PIP insistían en el discurso “anticolonial”.

La impresión que dejaron aquellos ocho años fue que el liderato popular, moderado o no, usaba el anzuelo del estatus para ganar adeptos para las elecciones pero sin comprometerse a resolverlo una vez en el poder. Los sectores moderados del PPD, que defendían la legitimidad del ELA con los argumentos de la “Nueva Tesis” de Hernández Colón, pudieron evitar la discusión del asunto mientras estuvieron en el poder. La diferencia era que lo que en 2008 resultaba “económicamente inconveniente” era el ELA a menos que ese régimen fuese revisado radicalmente y, en consecuencia, dejara de ser un ELA. La ansiedad por la consulta estatutaria se concentraría en estadoístas e independentistas, como era lo usual desde 1967.

 

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La derrota del PNP en las elecciones de 2000 parecía segura. La candidatura de Sila M. Calderón Serra se fortaleció gracias al papel protagónico que desempeñó aquella figura durante el ejercicio plebiscitario y a su bien articulada campaña de la “fuerza positiva”. La transparencia del gobierno o glasnost fue uno de los temas dominante en la misma, lenguaje que representaba una acusación a la administración Rosselló González. Las posibilidades de que Calderón pudiese completar la tarea inacabada de Muñoz Mendoza, conducir a una mujer a la posición a ocupar la jefatura del ejecutivo, eran altas. La derrota de una aspirante como Muñoz Mendoza, la hija del fundador del PPD, debió ser interpretada como una señal de que ciertos aspectos del pasado del partido habían, la sombra diluida de Muñoz Marín, habían sido dejados atrás de una manera irreversible. Tras el ejercicio electoral del 2000 la retórica muñocista y la apelación a su imagen se ha reducido a los días intensos de las contiendas cuando se acercan las elecciones o a las conmemoraciones oficiales o no oficiales de los “logros” del Estado Libre Asociado cada 25 de julio.

Calderón Serra le dio un nuevo tono al populismo con su discursividad comprometida con los nuevos pobres ahora renominadas como comunidades especiales. Con aquella actitud aseguró el apoyo de los sectores más tradicionalistas del partido revivificando el discurso del compromiso con los desposeídos y atrajo a numerosos no populares que compartían esa concepción de estado benefactor en especial en las izquierdas moderadas. Aquel lenguaje implicaba el reconocimiento de uno de los grandes fracasos de la relación colonial: dependencia y pobreza habían caminado de la mano durante todo el siglo 20. Calderón quería saludar el siglo 21 con un gobierno que enfrentará el problema de una manera eficiente. Todo ello y su vinculación y afinidad con el caudillo Hernández Colón, la convirtieron en una candidata atractiva incluso para aquellos estadoístas que habían terminado chocando con el estilo atropellado, agresivo y mediático de Rosselló González. La leyenda de Calderón Serra como la “primera secretaria de estado” abonaba las posibilidades de que fuese también la “primera gobernadora”.

Por último, los resultados de la consulta de estatus de 1998 y la victoria de la «quinta columna» o “ninguna de las anteriores”, podían ser demagógicamente interpretados como una expresión de que gente no quería resolver el estatus, postura que siempre beneficia más a los quietistas y a los estadolibristas remisos en apoyar un cambio sustancial en la relación con Estados Unidos. La imagen de la “dama impecable” que consiguió mantener Calderón Serra durante aquel cuatrienio tendría que pasar la prueba del sexismo del “político vociferante” que dominaba el escenario electoral colonial. Derrotar a Rosselló González y acceder al poder era, en ese sentido, una prueba histórica.

¿Por qué “la fuerza” abandonó a Roselló González?

¿Qué explica la debilidad del PNP y Rosselló González después del 1998? Si prescindo de la derrota de la causa estadoísta en el plebiscito que siempre incómoda a un electorado que percibe las contiendas como un deporte o un juego de habilidades, las razones son muchas. El gobernador tomó una serie de decisiones y adoptó posturas públicas que erosionaron la imagen de líder progresista, secular, atrevido y pragmático que le habían llevado al triunfo. La reducción del rossellismo a un icono le restó complejidad a una figura cuyo magnetismo era comparable al que había desarrollado Muñoz Marín en su mejor momento. El poder y la necesidad de mantenerlo en nombre de una causa, generó un culto a la personalidad que emasculó a ambas figuras reduciéndolas a una caricatura de sí mismas. Me parece que las personalidades públicas de esta categoría deberían saber cuándo guardar silencio y reconocer en qué momento despedirse o echarse a un lado. Aquella sería una manera elegante de evitar que los silencien o los echen a un lado por la fuerza. Es cierto que el culto a la personalidad de Muñoz Marín resulta insuperable, pero los efectos adversos de la voluntad de perpetuarse en líderes como Rosselló González, Berríos Martínez, Hernández Colón o Romero Barceló, entre otros, no dejan de llamar la atención: la falsa conciencia de que son “necesarios” para que el país funcione los consume.

Las decisiones erráticas fueron varias. Primero, estrechó vínculos con sectores del fundamentalismo evangélico y llegó al extremo de donar tierras de dominio público al culto-empresa denominado “Clamor a Dios”, propiedad del empresario y Reverendo Jorge Raschke. El acto llamaba la atención por la vinculación del evangelista con el republicanismo estadounidense más conservador, hecho que contrastaba con la imagen de un gobernador que siempre había hecho alarde de su compromiso con la praxis demócrata. Claro, en Puerto Rico paradójicamente se podía ser demócrata-republicano o católico-protestante: el arte del acomodo en nombre de las causas que se defienden no tiene límite en ese aspecto. El Rosselló González del final de su octenio era distinto del que inició el mismo.

Segundo, la política de privatización y la conflictividad que la misma generó fueron decisivas. No se puede pasar por alto que aquellas eran las primeras expresiones de aquella tendencia al desmantelamiento del Estado Interventor que había crecido como expresión del orden emanado de la segunda posguerra mundial y la Guerra Fría. Los observadores de aquel periodo coinciden en que el caso clave fue el de la PRTC y la huelga general que emanó de la resistencia a su privatización. La valoración de aquel orden tardomoderno era común en los dos partidos políticos con acceso al poder desde 1968: el PNP y el PPD. Sin tomar en cuenta la oposición el gobernador actuó, acorde con la prensa, de modo autoritario y autorizó la represión de la protesta pública, como ya se ha comentado antes.

Tercero, no puede obviarse el papel que tuvo un desastre natural: el huracán “Georges” una tormenta categoría 3 que afectó la isla desde el 21 de septiembre de 1998. Algunos sectores presionaron para que, dada la crisis material producida por el fenómeno, se pospusiese la consulta estatutaria. El gobernador fue sordo a las mismas por lo que la imagen de Rosselló González como un dignatario autoritario o soberbio se confirmó y acabó por disgustar a “electorado flotante”. Si a ello se añade la percepción generalizada de que aquel era un “gobierno corrupto”, se comprenderá la fragilidad de este candidato a la altura de 2000. La capacidad de Calderón Serra para reunificar las fuerzas dispersas del PPD en el marco de la erosión del rossellato no puede ser puesta en duda.

 

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La expresión de las preferencias electorales en Puerto Rico nunca había sido producto de un acto racional y pensado. Ser elector “flotante” o del “corazón del rollo” no representa un acto de pensamiento sino un acto de pasión. Pero en la década de 1990 la situación se hizo más patente: el votante “compra” una “imagen” y la convierte en “promesa” de “progreso” una y otra vez, independientemente de los fracasos que acumule esa figura o las concepciones que representa. Las cicatrices de la partidocracia bipartidista ya eran visibles en aquel entonces. Las campañas de 1992, en especial el debate de los candidatos a la gobernación; y la de 1996, “Espectacular 1996”  que el PNP centró en el lema “Lo mejor está por venir”, fueron cruciales. Roselló González, el  top model político teorizado por el sociólogo Paul Virilio, se impuso: W. Clinton y Rosselló González fueron el mejor ejemplo de ello.

La mediatización y espectacularización del espacio electoral, de la discusión pública y del tema del estatus ha redundado en la simplificación del debate y  en que ninguno de esos asuntos sea visto como un “problema intelectual”. La victoria electoral se limita a cuestiones de “publicidad” e “imagen”: son un acto de “consumo” y de “mercadeo” de que presentan valores perecederos que se imponen. El giro ha convertido al “sondeo” y la “encuesta” en la clave del proceso electoral pero, en la realidad de las cosas, esos recursos de mercado no “miden” la opinión: la “crean” y la “timonean”. Cuando el investigador observa con detenimiento el proceso de mediatización y espectacularización de la política electoral y estatutaria que comenzó durante la campaña plebiscitaria de 1967 y los comicios de 1968, y vuelve la mirada hacia la década de 1990, no le queda más remedio que aceptar que la tendencia había alcanzado un extremo insospechado.

Edwin Rivera Sierra alias «El amolao»

El candidato con posibilidades es el top model político. De modo paralelo,  la discusión se vulgariza sin freno hasta imponerse la política kitsch caracterizada por la frivolidad y, en ocasiones, la vulgaridad. A fines de la década de 1990, ya sería posible la imagen distorsionada, absurda y cómica de Edwin Rivera Sierra alias “El amolao” ingiriendo “palmolives” o cervezas Heiniken. El hecho de que en el 1998 ese funcionario viajara a Rusia para adquirir una estatua gigantesca de Cristóbal Colón producto del artista Zurab Tsereteli es, quizá, el mejor prototipo de aquel proceso de degradación. La vida pública de Antonio “El Chuchin” Soto Díaz recientemente fallecido, y el episodio del auto Bently de lujo en 2011 que alegó le habían obsequiado, ratifican que la tendencia se ha radicalizado dejando la discusión política en el campo del entretenimiento.

El fenómeno del “político vociferante” fue poblando la praxis administrativa local y, en la misma proporción, invadiendo los medios masivos de comunicación en la medida en que la sátira como expresión teatral sería que repuntó en la década de 1960 y 1970, evolucionó en la dirección de la industria del chisme o la chismología más o menos profesional. La distancia entre el programa televisivo “Se alquilan habitaciones” encabezado por Gilda Galán en 1968, y  la discursividad irritante e irreflexiva de Antulio “Kobbo” Santarrosa y el personaje de la “La Comay” en Superexclusivo entre 2000 y 2013, es enorme. El contrate demuestra que el gusto de la teleaudiencia también ha cambiado de un modo dramático en los últimos 40 años. La sátira política seria hoy, parece desviarse hacia los espacios de comunicación innovadores generados por la revolución tecnológica: el espacio del internet y las comunidades virtuales de imágenes fijas o en movimiento, son un lugar preciado para la expresión de este arte social en crisis. Este conjunto de fenómenos demuestra el proceso de devaluación de los medios que ofrece la democracia liberal y electoral para la discusión pública en la era de la partidocracia y el bipartidismo.

 

Y el futuro de Puerto Rico… ¿qué? 1993

El balance de la opinión sobre el futuro político de Puerto Rico es decir, el futuro del Estado Libre Asociado colonial, no cambió entre 1993 y 1998. Las consultas de aquellos dos años tan emblemáticos para la identidad puertorriqueña fueron administradas por el PNP en el poder durante la larga administración Rosselló González. La finalidad de aquellas parece haber sido auscultar el crecimiento de su proyecto mediante la estadística infalible: la consulta directa al electorado pagada con fondos públicos. El hecho de que el fin de la Guerra Fría hubiese promovido la imagen de que la década de 1990 fuese vista como la de la “descolonización” y la popularidad frenética con la personalidad del gobernador, justificó ambos procesos.

Debate a la gobernación para los comicios de 1992

Sin embargo, los resultados no fueron los que los estadoístas esperaban. El ritmo de crecimiento del estadoísmo, que había sido acelerado entre los años 1968 y 1984, se lentificó en los 1990. Todo conduce a concluir que la división del PNP y la aparición del (Partido Renovación Puertorriqueña (PRP) tras el conflicto entre Romero Barceló y Hernán Padilla fue, en parte, responsable del fenómeno. Los efectos de la división de 1984 en el largo plazo no han sido estudiados todavía con propiedad pero las heridas que produjo nunca sanaron del todo. Las  probabilidades reales de que el estadoísmo superara el 50 % de las preferencias de los votantes en las consultas de 1990 eran pocas. Para aquellos que observaban ese desarrollo desde afuera del estadoísmo resultaba evidente que no todos los votantes del PNP estaban comprometidos con la estadidad. Los expertos comenzaron a denominar ese fenómeno, como se sabe, con el nominativo de “electorado flotante”.

El plebiscito de 1993 trató de aprovechar la “ola rossellista” surgida de la contienda electoral en la cual se derrotó a una débil candidata popular: Victoria Muñoz Mendoza. Los resultados de la misma no dejan de ser sorprendentes:

• ELA 826,326 (48.6%)
• Estadidad 788,296 (46.3%)
• Independencia 75,620 (4.4%)

En un contexto amplio los mismos no dejaban de ser halagadores para el estadoísmo. Comparado con los resultados del plebiscito de 1967 -el 38.9 %-, el avance de la opción de la estadidad era notable pero aún no resultaba decisivo. Para el PPD no se trataba de buenas noticias. En 1967 la “montaña” estadolibrista había alcanzado el 60.4 % de las preferencias, hasta caer al 48.6 % en 1993. Las potencias de la partidocracia bipartidista estaban balanceadas. El problema era que  ya en la década de 1990 se sabía que el Congreso no aceptaría una mayoría plural -la mitad más uno- para autorizar la incorporación y la estadidad. Lo más probable era que se le requiriera una  supermayoría, es decir, hasta  dos terceras partes de las preferencias. La exigencia de una supermayoría no tendría otro efecto que fomentar el inmovilismo. El debate sobre la cuestión de la supermayoría se articuló de una manera predecible y reflejó las aspiraciones y prejuicios políticos subyacentes en cada uno de los casos. El PPD y Hernández Colón lo respaldaban públicamente porque veían en ello una garantía de que para los estadoístas era una meta inalcanzable. El PNP y Romero Barceló lo consideraron un acto “injusto” y hasta antidemocrático para con su causa. Y el  PIP y Berríos Martínez la rechazaban porque la independencia era un derecho que no dependía “de la imposición de mayoría alguna”, expresión con la que reconocían su poca visibilidad en la preferencia de los electores puertorriqueños.

Lo cierto que en  1993 el PNP y la estadidad no tenían siquiera la mitad más uno del apoyo electoral y muchos pensaban que nunca lo conseguiría. No lo ha conseguido, de hecho, a la altura del 2016. La cuestión del estatus se “empantanó” por una diversidad de razones. La debilidad del independentismo electoral que sólo consiguió el 4.4 % en la consulta de 1993, es una de ellas. El balance de fuerzas entre el Estado 51 y el  ELA y el escollo que ponía el Congreso al hablar en términos de una  supermayoría completaban el cuadro. En el “arriba social” no había voluntad para el cambio. En el “abajo social” se imponía la apatía y el desinterés producto del desconocimiento de la situación real del país.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente IV

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

 

La meta de convertir el turismo en uno de los protagonistas  del crecimiento económico tras el fin de la era de la 936 ha sido un planteamiento común a las administraciones penepés y populares desde 1990 al presente. Vender la imagen de un Puerto Rico plural y apetecible para el consumo en la era global a un precio razonable y competitivo, sin embargo, no ha sido fácil y no parece que esa situación cambie en lo inmediato.

 

Las opciones económicas del rosellato: la alta tecnología de consumo

La segunda dirección de la administración Roselló González fue promover el desarrollo de la alta tecnología y ponerla al servicio del mercado con el fin de revitalizarlo y fortalecerlo. Lo cierto es que la revolución informática y de la industria de las comunicaciones comenzó en la década de 1990 y que, en el contexto caribeño, Puerto Rico poseía ventajas tácticas notables en ese sector. El Estado Libre Asociado había invertido alrededor de 1,200 millones de dólares en una red de fibra óptica construida entre los años de 1976 y 1981. Aquella red era el valor o bien de capital más importante de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC), empresa que había sido estatalizada por un gobierno popular encabezado por Hernández Colón en 1974. En medio de la crisis de 1971 y 1973, el gobierno colonial había hecho una inversión inteligente que podía rendirle beneficios extraordinarios en el futuro.

Protesta de telefónicos: Guaynabo, 22 de junio de 1998

La inversión no fue en vano. Entre 1977 y 1989 Puerto Rico desarrolló una plataforma tecnológica envidiable que permitió la computadorización de la telefonía, la expansión de la capacidad de comunicación ultramarina y ofreció acceso a una serie de recursos de comunicación envidiables desde 1981 tales como la llamada en espera, las transferencias de llamadas y la teleconferencia. La eficacia de los mismos era reconocida a nivel regional. Aquellos recursos representaban un atractivo a la hora de atraer el capital extranjero al espacio local para la inversión. En medio de aquel proceso, en 1986 se introdujo la red móvil vinculada a la American Telephone and Telegraph (ATT) bajo el nombre de Cellular One;  y, entre  1994 y 1995 comenzaron a ofrecerse conexiones de Internet, se formalizaron los servicios del 911 e inició el servicio de celulares telefónica. En 1990 la administración Hernández Colón articuló un intento de privatización de la PRTC que fracasó por la presión popular. El lenguaje de los opositores se apoyaba en la defensa de un “bien público”, es decir, del “pueblo”, que rendía dividendos y podía seguir produciéndolos en medio de aquella década de cambios en el mercado y la política. Para el gobernador de turno una decisión a favor de la privatización tendría un alto costo electoral por lo que se desistió de la idea.

Un asunto fuera del control del gobierno local y justificado por la ruta que tomaba el mercado internacional tras el fin de la Guerra Fría alteró la situación. En 1996 el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones que desreguló ese mercado y permitió la libre competencia en el mismo. Como parte del proceso se comenzó la transición de la televisión análoga a la digital. Para el mercado aquella decisión garantizaba una inyección de capital enorme: la tecnología de consumo y la televisión ocuparon en el mercado el lugar que a principios del siglo 20 habían ocupado los electrodomésticos y el automóvil. El lenguaje social con el que se justificó iba dirigido a sufragar la necesidad de darles acceso a las comunidades desventajadas a aquellos recursos tecnológicos que marcaban una era nueva. Claro, el acceso se los ofrecería el mercado y el capital privado y, del mismo modo, los beneficios netos de proceso de igualación serían para esos sectores. El papel del Estado en ese proceso, como bien había reconocido la administración Rosselló González sería “facilitar” el proceso y, convenientemente, evitarle tropiezos al avance del capital. Las prácticas neoliberales se imponían y se legitimaban con suma facilidad.

Los efectos de aquella decisión fueron inmediatos en Puerto Rico. En 1996 se creó Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (JRTPR) y comenzó una verdadera invasión de proveedores de servicios inalámbricos. Un modelo de ello fue Centennial de Puerto Rico que ofrecía telefonía, televisión e Internet. Fue a la luz de la ley de desregulación de 1996 que la administración Rosselló González elaboró en 1997 un segundo intento por privatizar la PRTC. El alegato de Rosselló González era que, bajo un régimen de libre competencia, la PRTC no estaría en igualdad de condiciones ante la telefonía privada por su condición de corporación pública. En 1998 se recibió una oferta de un consorcio compuesto por GTE Corp. (luego Verizon GTA Corp.) y Popular Inc., y la venta se concretó en el 1999, generando unos $2 mil millones para el gobierno del ELA.  Puerto Rico. La decisión produjo una intensa actividad de protesta que se extendió durante mes y medio por parte de los empleados de la compañía. La movilización de una parte significativa de la comunidad en oposición a la privatización del bien público y un paro nacional o general de dos días desembocó en la violencia policiaca. El efecto de la represión en la imagen de Rosselló González fue determinante para sus posibilidades electorales en el 2000. La era de la “telefonía salvaje” caracterizada por la competencia por el acaparamiento del mercado inalámbrico comenzó con aquella privatización.

Protesta de telefónicos en 1998

La privatización de la PRTC no incluyó la infraestructura de fibra óptica en que se apoya la telefonía, la televisión y la Internet. El control de las fuentes de fibra óptica está en manos de PREPA Networks, una subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que “alquila” el uso del recurso a los servidores privados de telefonía e Internet como ATT, Claro, Open Mobile) desde 2004. PREPA Networks opera como una empresa privada y no tiene conexiones con el gobierno del ELA y la posibilidad de que entre como competidor en el mercado de la telefonía, la Internet y la televisión digital preocupa a los gestores privados de esos servicios. Su entrada en el mercado podría abaratar los costos de funcionamiento del Estado si este la contrata para esos fines. En meses recientes se ha acusado tanto a la AEE y PREPA Networks de “monopolizar” un bien de capital. Las fuerzas neoliberales están presionando para desmantelar uno y otro “monopolio” y abrir la energía eléctrica y la fibra óptica  a la libre competencia.

La apuesta a la tecnología también ha sido un elemento común a las administraciones populares y penepés desde la década del 1990 y no parece que esa postura vaya a variar en lo inmediato.

 

Las opciones económicas del rosellato: los servicios especializados y empresarismo

La tercera dirección fue, aprovechar la experiencia acumulada desde 1976 al servicio del capital emanado de la Sección 936, y vender esa experiencia a inversores dispuestos a venir a Puerto Rico sin los beneficios que aquella garantizaba. La experiencia financiera, gerencial y de planeación, en el campo de los seguros laborales, al capital o de salud, la inteligencia empresarial, la publicidad, las destrezas acumuladas por una mano de obra educada, diestra y sumisa, es decir, el saber y sus aplicaciones prácticas: todo era y es  considerado como una mercancía o un bien de capital provechoso si se vende bien al inversor. La táctica estaba de acuerdo con un nuevo tipo de economía de lo “inmaterial” o del “conocimiento” y podía ser rentable en un mercado en que, si bien Puerto Rico se descapitalizaba (perdía capital), otras economías en Hispanoamérica en Europa Oriental y Asia se capitalizaban (ganaban capital).

Plaza del Caribe: venta madrugadora

El proceso, de ser exitoso,  serviría también para ofrecer servicios a compañías puertorriqueñas y animar el “empresarismo” local. El empresarismo actuaría como una siembra de capital y destrezas de mercado promovida y amparada por el Estado. La esperanza de ver cómo crece,  una clase burguesa puertorriqueña que se arriesgue su capital en el mercado libre nunca se ha cumplido. La preocupación por el empresarismo puertorriqueño, en gran medida llega tarde. El Estado colonial y la economía dependiente del ELA, no le permite desarrollar mecanismos para proteger a sus inversores. Pero las ventajas de las empresas foráneas (estadounidenses) en Puerto Rico, amparadas en las premisas oblicuas  el neoliberalismo, no garantizan un escenario de libre competencia entre iguales como se asume. Entre una empresa local y Walmart, Walgreens o CVS hay una gran distancia. El inversionismo político de unas y otras se ha convertido, siempre lo fue, en un problema visible de la frágil democracia puertorriqueña: en este renglón también hay un visible “déficit democrático” que resulta invisible para muchos observadores. El empresarismo puertorriqueño tampoco está exento de estos juegos y forcejeos que representan un costo extraordinario para el Estado.

La utopía de abonar al crecimiento de un una burguesía creativa y activa de pequeños y medianas empresarios (PYMES) se combinaría  con la revitalización de los centros urbanos municipales y tradicionales que habían venidos a menos tras la explosión de la era de las megatiendas. Plaza de las Américas fundado en 1968, expandido en 1979 y remodelado en 2000, el Mayagüez Mall abierto en 1972,  Plaza del Caribe en servicio desde 1992 y expandido en 2015, y Mall of San Juan dirigido a las clase medias altas e inaugurado en 2015, se han convertido en los iconos de la era del “consumo neurótico” del cual hablaba Erich Fromm en la década de 1960. Los privilegios fiscales de las megatiendas hacen que la competencia sea desleal. Ese fenómeno social y cultural y la competencia de la oferta del mercado estadounidense en las ventas al detal, los servicios y los mercados virtuales, impiden el desarrollo saludable del empresarismo puertorriqueño. Lo cierto es que desde el  1990 al presente, el esfuerzo no ha tenido el éxito que se esperaba.

A pesar de todos los escollos, el desarrollo de empresarismo y los servicios especializados también ha sido adoptado como metas por todos los gobiernos del 1990 al presente.