Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

diciembre 12, 2015

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente II

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

 

Las  tendencias de la economía

La década del 1990 estuvo dominada  por la última  ofensiva congresional contra la aplicación de la Sección 936 esta vez bajo la administración del demócrata Bill Clinton (1993-2001). El Congreso volvió a poner sobre la mesa el asunto desde 1996 esgrimiendo los mismos argumentos articulados a mediados de la década de 1980 por una administración republicana: los impuestos no pagados en Puerto Rico eran necesarios para balancear el presupuesto nacional y enfrentar una creciente deuda pública. Demócratas y republicanos convenían en la “necesidad” del giro hacia el neoliberalismo y en reducir la presión del estado hacia el capital. La diferencia fue de matices: el lenguaje utilizado contra las exenciones toleradas en Puerto Rico se hizo más acrimonioso.

Otra novedad fue que la discusión sobre la aplicación o no aplicación del recurso se politizó. En el proceso se acusó a la Sección 936 de haberse convertido en una suerte de “mantengo corporativo” y algunos sectores, en especial los adversarios del Estado Libre Asociado que favorecían la estadidad, argumentaron que el privilegio fiscal  favorecía la permanencia de la relación colonial instituida en 1952. La lógica dominante entre algunos estadoístas era que la eliminación de la Sección 936 cumpliría dos funciones. Por un lado, aceleraría la disolución del Estado Libre Asociado y forzaría una decisión sobre el asunto inconcluso del estatus. En cierto modo tenían razón. Lo que resultaba irrazonable era la presunción de que, si se eliminaba el privilegio, se adelantaría la estadidad. La impresión que da aquella argumentación silogística es que dentro del movimiento estadoísta la imagen del imperio benévolo, inocente y bonachón dominaba. Se le podía acusar de colonialista, el estadoísmo radical lo hacía y lo ha seguido haciendo, pero se confiaba en que la solución que derivaría de sería de una quiebra del régimen colonial sería inevitablemente la estadidad. La confianza de los estadoístas en el Estado 51 era tan profunda como la de los nacionalistas en la inevitabilidad de la Libertad.

Pedro Rosselló González

Pedro Rosselló González

En el PNP no había un consenso respecto a ese asunto. La administración Rosselló González (1993-2001) defendió de manera moderada la permanencia de la Sección 936 durante su primer cuatrienio. Desde mi punto de vista se trataba de una cuestión de realismo político. La herramienta era única y Puerto Rico seguían siendo la jurisdicción más pobre de la Unión sin ser parte de la Unión y, de eliminarla, los sectores que se habían beneficiado de ella -la banca y la construcción- sufrirían un rudo golpe a sus intereses. Sin embargo, el Comisionado Residente en Washington, Romero Barceló cabildeó en el Congreso para que las eliminaran. Todo parece indicar que el abogado estadoísta le daba un significado político estratégico al asunto que Roselló González no compartía. Las primeras décadas del siglo 21 han demostrado que Romero Barceló se equivocó: el fin de la era de las 936 no adelantó la estadidad ni un centímetro.

En 1994 el Congreso acabó por disminuir los beneficios de la Sección 936 mediante la aprobación del Tax Equity and Fiscal Responsability Act. La excusa para ello, como se sabe, era la necesidad balancear el presupuesto federal. La secuela de todo ello fue que en 1996, ya se había decidido que la cancelación de su aplicación sería efectiva para enero de 2006. El hecho produjo una conmoción entre los estadolibristas y los defensores del estatus quo colonial. Rosselló González y Romero Barceló fueron responsabilizados por el hecho pero lo cierto es que tras ellos había poderosas fuerzas neoliberales que hubieran cancelado cualquier esfuerzo por mantener el privilegio. El asunto que se jugaba entre 1994 y 1994 no era la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, sino la estructura sobre la cual se apoyaría el mercado mundial de allí en adelante.

 

El fin de las 936 y la política

La administración Rosselló González enfrentó el asunto de un modo convencional. La alternativa para el país volvió a buscarse en el Código de Rentas Internas Federal por lo que se  solicitó el amparo de la Sección 30-A del mismo. La intención era que se le permitiera a Puerto Rico ofrecer créditos contributivos federales a las empresas vinculadas a la Sección 936, acorde con la cantidad de empleos que produjeran en el territorio. El objetivo era convertir el privilegio en un mecanismo para generar empleos bien pagados en una economía que sufría el mal crónico del desempleo estructural. El Congreso rechazó la petición. La impresión que deja aquel momento es que el Estado Libre Asociado se iba a quedar sin opciones en 2006, pero populares y penepés no parecían capaces de mirar en otra dirección que no fuese Washington cuando trataban de  mantener una imagen de progreso y crecimiento en la isla caribeña. El observador debería esperar que la imagen del imperio benévolo, inocente y bonachón comenzara a erosionarse desde 1996. Nada parece sostener ese criterio.

El efecto de la decisión de 1996 en el mercado local fue que desde 2001  los depósitos en los bancos locales comenzaron a menguar y la banca se contrajo. El ELA, que comenzó a dejar de percibir ingresos, tuvo que recurrir a explotar sus líneas de crédito para suplir la huida de los Fondos 936. La venta de bonos triplemente exentos de pago de contribuciones (federales o estatales) y seguros fue un éxito. No cabe la menor duda de que la “crisis fiscal” del presente tiene su base en el aumento en aquellas emisiones de bonos o compromisos de pago. Pero me parece que es necesario insistir en que la “crisis económica” rondaba al país desde 1970 y que la misma crecía vinculada a los cambios que conducía hacia el orden neoliberal.

El futuro económico incierto del Estado Libre Asociado, tenía que generar igual incertidumbre en torno a su futuro político. En ambos casos, estaba ante un “abismo”. El significado del “crecimiento del ELA” tenía que ser explicado. El hecho de que el Congreso cambiara las reglas de juego de manera radical, significaba que Puerto Rico tendría que manejar su futuro económico sin ningún tipo de privilegio fiscal del Tesoro Federal y que lo único que le quedaba era (y es) su presunta “autonomía” fiscal sostenida en su relación colonial con Estados Unidos. Entre 1996 y 2006 los ajustes no se llevaron a cabo en parte  porque el país no tenía soberanía para ello, y en parte porque el Congreso tampoco se ocupó del asunto.

La Sección 936 fue la última política económica de la posguerra que se aplicó en Puerto Rico. Lo cierto es que, visto a la distancia, el crecimiento de la economía local siempre había dependido de las exenciones contributivas y de la providencia o permisibilidad del estado. Pero en la década de 1990 el mercado libre entre Puerto Rico y Estados Unidos impuesto en 1900 ya no era exclusivo y por el contrario, como se verá más adelante,  se compartía con el resto del mundo. Teóricamente el neoliberalismo no admitía el exclusivismo ni el trato preferencial de un mercado

Pero en el caso de Puerto Rico la tentativa neoliberal resultaba contradictoria. El idealizado  regreso del liberalismo y la libre competencia no tocó el monopolio que posee Estados Unidos sobre el mercado local al amparo de las Leyes de Cabotaje (1900). Tampoco minó los privilegios de las compañías navieras de Jacksonville sobre el tráfico con Puerto Rico: el puerto suple el 90 % de los consumos de la isla. Ambas instancias, a no dudarlo, eran y son la expresión de una forma del “monopolio” o “cautividad” de un mercado ante otro que viola los fundamentos filosóficos del neoliberalismo.

diciembre 10, 2015

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente I

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

Los caminos hacia el neoliberalismo

En términos globales la década del 1990 fue el escenario del fin de una era y el inicio de otra. Los efectos sobre Puerto Rico fueron enormes aunque su papel en el giro, dada su relación de sumisión colonial con Estados Unidos, fue muy poco. El Puerto Rico moderno y dependiente, producto de las prácticas legitimadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), vio como se cancelaban sus posibilidades, situación que abrió paso a un periodo de vacilación cuyos efectos aún no han sido superados. La incertidumbre económica, política y cultural, se manifestaron por doquier por el hecho de que las frágiles garantías que había ofrecido Operación Manos a la Obra (1947-1976) y su secuela,  la Sección 936 desde 1976, estaban en entredicho. Como se sabe, la condena final de la política de exenciones impuesta en 1976 se anunció en 1996 dejando al país con un periodo de 10 años, hasta 2006, para que hiciese los ajustes pertinentes para sobrevivir sin aquel recurso.

Los paradigmas sobre los cuales se habían apoyado las  políticas económicas de 1947 y 1976 se derrumbaron en la medida en que el capitalismo internacional, encabezado por Estados Unidos, se reorganizó recuperando la tradición del liberalismo clásico y la libre competencia desembocando en el discurso y la praxis neoliberal. La “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos, si alguna vez lo fue, dejó de serlo. El libre comercio con Estados Unidos se generalizó y la moneda común dejó de ser un rasgo exclusivo de nuestro mercado. Las “teorías del pacto” esgrimidas en 1952 por los defensores del estadolibrismo, había creado la ilusión de que existía un “pacto bilateral” entre  dos hipotéticos “iguales”. Los cambios de la década del 1990 demolieron aquella presunción.

Puerto Rico vio como las columnas sobre las cuales se había levantado el crecimiento económico (y dependiente) del Estado Libre Asociado -exenciones contributivas, trato preferencial selectivo, proteccionismo, asimetría salarial, austeridad en el gasto público, intervencionismo del estado en el mercado, ahorro individual- comenzaron a perder legitimidad en el nuevo orden. Incluso el papel adjudicado a la isla en el contexto de la Guerra Fría (1947-1991) tuvo que ser reevaluado: la “vitrina de la democracia” ante la “amenaza comunista” en Hispanoamérica era cosa del pasado tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El derrumbe de aquel espejismo hacía necesaria la reformulación de las relaciones entre, por un lado, Puerto Rico y Estados Unidos; y, por otro lado, Puerto Rico y el mundo.

 

Neoliberalismo y anticolonialismo

Aquellas circunstancias explican el hecho de que la década de 1990 fuese interpretada como un momento apropiado para la descolonización. De un modo u otro se comprendía que el orden de 1952 dejaría de ser funcional y que la soberanía, ya fuese en la forma del Estado 51, la Independencia o un Pacto de Libre Asociación, sería necesaria para facilitar la inserción del país en la economía neoliberal y global. El consenso, excepto en el influyente sector de los populares más conservadores, era que el ELA no era un estatuto soberano sino un régimen de dependencia colonial y que la interdependencia que la era global imponía como pauta, requería soberanía o independencia jurídica en buenos términos con Estados Unidos. Un tropiezo cardinal de aquel proceso fue que, cuando llegó el 2006 y cerró el periodo de transición tras la eliminación del amparo de la Sección 936, nada se había conseguido: la economía  estaba estancada y el tema del estatus empantanado.

El giro al neoliberalismo vino acompañado en Puerto Rico por el desprestigio del “orden democrático” emanado de la Segunda Guerra Mundial. La discursividad de la guerra contra el totalitarismo nazi y fascista había sido uno de los componentes del populismo del primer Partido Popular Democrático (1938). La confianza en la democracia electoral y el saneamiento de la imagen maltrecha de los partidos políticos como instrumento confiable de lucha para los puertorriqueños no tuvo un efecto permanente. El escándalo de la aplicación de la Ley Smith criollizada en la forma de la Ley de la Mordaza de 1948,  el asunto de la recopilación de las carpetas informativas de ciudadanos considerados potencialmente  subversivos  destapado en 1986,  su devolución y la demanda civil que generó el caso en 1992, desenmascararon el significado de la “democracia” en la era de la Guerra Fría. Aquella democracia electoral, partidista y constitucionalista había violado los derechos civiles de numerosos ciudadanos comunes de múltiples formas. Entre la Cheká, la Schutzstaffel, el Buró Federal de Investigaciones y la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico no había mucha diferencia. La discusión sobre este verdadero “déficit democrático” en el marco de la relación colonial, se hizo pública en numerosas publicaciones académicas y en la prensa del país.

La inestabilidad del orden heredado propició un auge inusitado pero comprensible del estadoísmo y sus organizaciones. Después de todo, el PPD era uno de los principales acusados y el independentismo, ya fuese socialdemócrata, socialista o nacionalista, atravesaba por un momento de reflexión que más bien parecía una crisis. Por eso la década de 1990 da la impresión de haber sido el decenio de un estadoísmo dinámico, encabezado por un liderato innovador y agresivo. El estadoísmo radical, exigente e inmediatista en cuanto al reclamo de Estado 51, cuya genealogía podría trazarse hasta la figura del abogado Carlos Romero Barceló, se impuso como el estilo dominante. Lo cierto es que desde 1968 al presente el estadoísmo ha ejecutado una revisión profunda de las posturas de su fundador, Luis A. Ferré Aguayo, y ha tomado tanta distancia de aquel como ya había tomado de José Celso Barbosa.

Pedro Rosselló González

Pedro Rosselló González

Uno de los misterios que valdría la pena indagar en cuanto a aquel giro se develaría  si se pudiera responder la pregunta de cuánto pesa  dentro de estadoísmo puertorriqueño la afiliación demócrata y la republicana a la hora de diseñar una táctica para alcanzar la meta propuesta. La transición de un estadoísmo gradualista a uno inmediatista que se da entre 1968 y 1976 está marcada por ese fenómeno. En la década de 1990 los estadoístas  demócratas con  Pedro Rosselló González a la cabeza, coincidieron con el dominio demócrata en Estados Unidos con Bill Clinton. Pero no hay que olvidar que los demócratas de la segunda pos-guerra mundial, Franklyn D. Roosevelt y Harry S. Truman, y los del tránsito al neoliberalismo como Clinton,  eran distintos por completo. Roosevelt y Truman estuvieron dispuestos a  trabajar con un PPD que no quería ni la estadidad ni la independencia, a la vez que  manifestaba simpatías con las políticas del Nuevo Trato y la formulación del Estado Interventor. La relación Clinton/Rosselló era escabrosa: el presidente tuvo que trabajar con demócratas que presionaban por la incorporación y el  Estado 51 que él no defendía. Del mismo modo, el interés del gobierno federal por “descolonizar” que dominó en la década de 1940, ya no era tan visible en década de 1990 porque, entre otras cosas, el fin de la Guerra Fría (1989-1991) convirtió el tema de Puerto Rico, que nunca había sido  prioritario, en un asunto invisible. En 1990, la incomprensión entre las partes involucradas era bidireccional o mutua.

 

Conservadores y soberanistas

El auge estadoísta de la década de 1990 estimuló el reavivamiento de lo que ahora se conocía como “soberanismo” en el PPD, actitud que persistía en la creencia de que el Estado Libre Asociado era una forma de “autonomía” que serviría como preparación para la independencia. El soberanismo reproducía la teoría de los “tres pasos o etapas” que sirvió de apoyo a Luis Muñoz Rivera y José De Diego Martínez cuando fundaron el Partido Unión de Puerto Rico, y la teoría de la “independencia a la vuelta de la esquina” apoyada por Luis Muñoz Marín en la década de 1940.  La paradoja de aquella hipótesis interpretativa era que, tanto los unionistas como los populares, terminaron por renunciar a la independencia en algún momento.

La “Nueva Tesis” de Rafael Hernández Colón (1978-1979) fue un intento de cerrar desde arriba y autoritariamente el debate sobre la relación colonial dentro del PPD.  El momento en que se formuló representó, desde mi punto de vista, una respuesta defensiva a la victoria del PNP entonces bajo la dirección de Romero Barceló. El alegato de Hernández Colón era que, dada que la  independencia era irrealizable y la estadidad económicamente inconveniente, había que aceptar que el  ELA era la “solución final” al debate estatutario. La tesis no obligaba al inmovilismo pero reducía el margen de acción del cambio estatutario a los límites dominantes desde el 1952. El conservadurismo se impuso en ese segmento de la cúpula del PPD.

Williie MIranda Marín

Willie Miranda Marín

El problema era que, en la década de 1990 el argumento de Hernández Colón,  no hacía sentido. Las razones de los críticos de la “Nueva Tesis” dentro y fuera del PPD eran predecibles. El orden que había inventado al ELA ya no existía y el “déficit democrático” del régimen de relaciones había de ser reconocido por el mismo Hernández Colón en 1998. En su retórica jurídica, el reconocimiento del problema no  tenía que interpretarse como una señal de que debía romperse con los esquemas del 1952. Por el contrario, los conservadores han insistido en que lo más práctico es y será trabajar el cambio -superar el “déficit democrático”- en el marco del ELA sin quebrar sus fundamentos más celebrados: la autonomía fiscal y arancelaria. La actitud es comprensible pero, me parece, debería ser discutida con más profundidad a fin de que resulte más convincente al día de hoy. La meta de una táctica política como la de los conservadores del PPD ha sido denominada en ocasiones con el nombre de ELA Soberano o Culminado, pero el concepto jurídico no parece encajar en el lenguaje estándar del Derecho Internacional como tampoco encajaba el concepto jurídico del ELA.  Del mismo modo, tampoco ha tenido mucho éxito entre los soberanistas más exigentes que parecen concebirlo como una propuesta contradictoria, poco clara o como una paradoja de derecho.

El soberanismo articuló durante la década de 1990 una respuesta más o menos coherente al problema del estatus al calor de dos procesos de consulta: los plebiscitos de estatus de 1993 y 1998. La década de estadoísmo radical necesitaba medir el pulso de su proyecto y los plebiscitos siempre han sido considerados en la tradición electoral local como la más precisa encuesta de opinión. Lo interesante es que las figuras dominantes de la nueva ola soberanista del 1990  no surgiese del alto liderato de la organización popular sino de tres poderosos alcaldes: William Miranda Marín de Caguas, José Aponte de la Torre de Carolina y Rafael Cordero Santiago de Ponce, todos ya fallecidos. Me da la impresión de que, ideológicamente y en su praxis, los tres representaban la tradición populista y radical del primer PPD, el de 1938 a 1943. La gran diferencia entre estos y aquellos es que el soberanismo populista de los años 1940 se alimentaba de un fuerte corriente ruralista propia de un Puerto Rico preindustrial y agrario. En la década del 1990 la propuesta ideológica ya se había urbanizado y poseía una tesitura completamente distinta. El resultado de aquel proceso fue la fundación de Alianza Pro Libre Asociación Soberana cuyo efecto sobre los sectores moderados del PPD sigue siendo poco. El superviviente de aquel grupo fundacional fue Marco A. Rigau, figura fuerte detrás de la líder soberanista Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de la capital.

mayo 19, 2014

Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)

  • Mario R. Cancel Sepúlveda

Una mirada al pasado político de Puerto Rico no deja lugar a dudas de que el país tiene una amplia experiencia con los poderes ejecutivos fuertes. La monarquía autoritaria española, inventó la colonia en el siglo 16 y, hasta el 1898, la experiencia con regímenes participativos o de separación de poderes fue ínfima. La presencia de los vasallos en la vida pública se reducía a las elites que se insertaban en las estructuras del cabildo, donde lo había. Los Capitanes Generales que administraron el territorio desde la década de 1560, daban el aspecto temible del autócrata consumado.

Los periodos liberales de 1812, 1820, 1836 y 1868, fueron producto de graves crisis políticas en la península y se caracterizaron por la brevedad. Peor aún, durante aquellos periodos se la experiencia liberal se vivió en el marco de un gobierno colonial que siguió nombrando los gobernadores y mirando al insular, incluso a sus sectores criollos más privilegiados, con desdén y desprecio. Las prácticas económicas liberales se desarrollaron en medio de un mercado controlado por una monarquía autoritaria, y sólo sirvieron para profundizar las relaciones coloniales y  la dependencia.

El crecimiento económico del siglo 19 no significó un adelantamiento de las libertades civiles. Por el contrario, animó la sumisión de la clase criolla que confirmó su fidelidad a la hispanidad con un espíritu de sumisión total. La desconfianza de las autoridades españolas en la capacidad para el gobierno propio del pueblo puertorriqueño era compartida por los mismos intelectuales criollos que aspiraban a representarla. Los intelectuales criollos se resistían a tomar distancia de España, vejaban a separatistas independentistas, anexionistas y antillanistas e insistían, casi como un ruego, en que se equiparara la “hispanidad” insular y la peninsular. El sabor de la “democracia”  fue una rareza exótica para el paladar civil de los puertorriqueños.

A pesar de la promesa de progreso y democracia de los voceros de los invasores, el 1898, no cambió la situación. El gobierno militar producto de la guerra, dio paso a un régimen civil cuya maquinaria dependía de la voluntad de las fuerzas armadas. Algunas autorizadas voces criollas lamentaron que durara tan poco. Ese fue el caso de Salvador Brau Asencio quien pensaba que unos años más de gobierno militar no hubiesen venido mal en un país ausente de disciplina.

La relación colonial instituida por el gobierno civil acorde con la Ley Joe Foraker, una invención de un Congreso republicano que temía a los negros pobres que habitaban la isla y no era capaz de imaginarla como un Estado más de la Unión, no ha sido alterada en lo sustantivo desde 1900. Los parches jurídicos que se han puesto sobre esta relación asimétrica son pocos. Una mínima ración de poder para el Comisionado Residente, un Senado electivo en 1917, el derecho a elegir un gobernador en 1947 y una Constitución redactada localmente pero sometida a un cuerpo legislativo extranjero en 1952. La dolarización del mercado y la aplicación del cabotaje ya eran una realidad desde 1899. La ciudadanía estadounidense sin que ello significara un compromiso con la Estadidad futura del territorio impuesta en 1917, selló la relación hasta el presente.

Es curioso que la plena separación de poderes, una de las aspiraciones liberales más esperadas, sólo fuese posible desde 1917. Desde entonces, el poder legislativo se convirtió en un signo colectivo legítimo de la  identidad jurídica puertorriqueña ante el otro. En ocasiones también lo fue de identidad nacional. Estados Unidos, como el Reino de España, tampoco confiaba en dejar muchos espacios de poder a unos  colonos que despreciaba y cuya capacidad de autogobierno ponía en duda. El hecho de que entre  el 1900 y 1948 los primeros ejecutivos fuesen nombrados por una autoridad extranjera estimuló el desarrollo de poderes legislativos fuertes. Una Cámara de Delegados bajo la Ley Foraker retó la relación colonial en 1909 durante la llamada “huelga legislativa” de ese año. En 1928 un Senado dominado por aliancistas envío un mensaje descolonizador al Presidente Warren Harding de la mano de Charles Lindbergh. El consenso era que la relación estatutaria colonial no era “democrática”.

Ni lo uno ni lo otro surtió el efecto esperado y me consta que  son hechos que casi ni se recuerdan.  Sin embargo nadie puede negar que el poder legislativo, a pesar de los límites que le imponía el coloniaje, era muy vocal a la hora de manifestar sus posturas. No sé si deba aclarar que no se debe confundir lo que digo con la vulgar “nostalgia” por un pasado que se presume mejor. No soy nostálgico ni optimista y me consta que los señores legisladores de aquel entonces representaban muy bien sus intereses de clase y circulaban por los espacios del poder con el encanto que les daba su situación socialmente privilegiada.

A pesar de la difusión de la retórica estatutaria en el discurso local, después de 1952 nada más ha sucedido en ese ámbito. Los esfuerzos de “reformar” el estatus desde 1959 al presente, han colapsado ante el muro del estreñimiento manifiesto del Congreso para ampliar el margen de “libertad” de su posesión caribeña. El sabor de la democracia, que fue una de las aspiraciones más genuinas del populismo de primera fase cuando la caseta y el voto secreto y único que no se vendía, se vio reducido a migajas.

La reforma más celebrada del siglo 20, el derecho a elegir mediante el voto popular el gobernador local, cambio dramáticamente del balance de fuerzas entre el poder legislativo y el ejecutivo. La imagen del “gobernador” en la colonia recordaba, a quien poseía cierta cultura política, los malos humos de Romualdo Palacios, Emett Montgomery Riley o  Blanton Winship. Las heridas del pasado fueron cauterizadas con las figuras benévolas de Rexford G. Tugwell, “Rex the Red” para los republicanos, y Jesús T. Piñero, un popular moderado partidario del “Nuevo Trato”.

La llegada de Luis Muñoz Marín a la Fortaleza representó una “revolución” no porque fuese el primero en ocupar el puesto electo popularmente, sino porque terminó con la era de los poderes legislativos fuertes. Las legislaturas  ya no verían en el ejecutivo un adversario sino un socio poderoso al cual había que respetar y obedecer. Muñoz Marín, no hay que dudarlo, conocía las ventajas de un legislativo fuerte dado que, cuando fue electo Senador en 1940, ocupó la posición de Presidente del cuerpo. La “gobernación” entre 1940-1943, tuvo un pie en la Fortaleza y otro en el Capitolio.

El autoritarismo de Muñoz Marín era proverbial: su condición de caudillo iluminado, de figura legendaria que había guiado el Puerto Rico del siglo americano en su tránsito del “campo al pueblo” parecía justificarlo. Por eso los cuerpos legislativos sumisos se sucedieron en el panorama local bajo su gobernación. El balance se quebró, como se sabe, en medio de las  divisiones políticas que se concretaron en la década de 1960 cuando un plebiscito de estatus (1967) y el reto del Partido del Pueblo y el Partido Nuevo Progresista (1968), minaron el dominio de un Partido Popular Democrático que se abocaba a una primera crisis de identidad. Fíjese que cuando Muñoz abandonó la gobernación y regresó al Senado, la situación ya  no era la misma. Roberto Sánchez Vilella, el nuevo primer ejecutivo no podía permitir que el viejo caudillo gobernara desde su silla de Senador. Los constructores de la “democracia” la ponían en entredicho por la voracidad del poder.

El discurso “democrático” que había sido tan eficiente en la década del 1940 había perdido su solidez: se había quedado a la zaga del la realidad material de “Operación Manos a la Obra”. Siempre que reflexiono sobre aquel periodo acabo por reconocer que la experiencia de la democracia puertorriqueña ha pecado de numerosas flaquezas. La mayor candidez del paísha sido confundir el derecho a elegir mediante el voto popular a los funcionarios con la democracia, sin tomar en cuenta que esos procesos, cuando se ofrecen en un contexto colonial y de dependencia, siempre resultan cuestionables y frágiles.

 

Nota: Publicado originalmente como “Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)” El Post Antillano-Revista Dominical Letras Café y Tostadas en http://www.elpostantillano.com/revista-dominical/332-caribe-hoy/10254-mario-r-cancel-sepulveda.html. Desparecido de la red, incluyo la versión original.

noviembre 3, 2013

El fin de la Era de las 936: Puerto Rico ante la Era Global

  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La segunda ofensiva en contra de la aplicación de la Sección 936 en Puerto Rico aconteció bajo la administración Bill Clinton (1993-2001) concluyó, como se sabe,  con la demolición del privilegio fiscal del Estado Libre Asociado. Un Congreso dominado por los Republicanos volvió a llamar la atención sobre los impuestos federales no pagados e insistió en que los mismos eran necesarios para balancear el presupuesto de Estados Unidos y enfrentar su  Deuda Pública, la más alta del mundo.

Los Congresistas Republicanos acusaron a la Sección 936 de actuar como un tipo de “Mantengo Corporativo”. En Puerto Rico el argumento condujo a algunos señalar la permanencia de la medida favorecía la continuación de la relación colonial denominada  ELA cuya legitimidad había sido cuestionada duramente por los ideólogos Republicanos desde 1989 sin que ello redundara en un apoyo abierto a la estadidad para el país.

PR_Deuda_PNB_2013La administración Pedro Roselló González (1993-2001) defendió la permanencia de la Sección 936 de una manera moderada. Uno de los problemas con los que contó fue que su Comisionado Residente Carlos Romero Barceló cabildeó para que la eliminaran coincidiendo de este modo con las políticas republicanas dominantes.  En 1996 se decidió la cancelación del privilegio fiscal efectiva en enero de 2006. En Puerto Rico los ideólogos del Partido Popular Democrático responsabilizaron a Roselló González y Romero Barceló por la eventualidad.

Lo cierto es que Roselló González y sus asesores reconocían que aquella decisión colocaba al ELA ante un abismo y que ni la Independencia ni la Estadidad estaban a la vuelta de la esquina. Un cambio de  Estatus  no podía plantearse como un mecanismo para enfrentar la nueva situación. Los especialistas de aquel gobierno solicitaron el amparo de la Sección 30-A del Código de Rentas Internas Federal con el cual pretendían ofrecer como estímulo para la inversión en la isla una exención contributiva a las empresas acorde con la cantidad de empleos que produjeran en el territorio. Los planes de aquellos asesores  se combinarían con la promoción del desarrollo de la alta tecnología en el país, apoyados en el hecho de que ya la Revolución Informática había comenzado y representaba una esperanza económica a nivel global. También aspiraban a promover que las empresas extranjeras subcontrataran servicios a compañías puertorriqueñas con el fin de  animar el empresarismo local. El Congreso de Estados Unidos  rechazó todas aquellas opciones.

Conclusiones

Entre 1999 y 2006 se vivió el fin de una época. La Sección 936 fue la última política económica que usaba las exenciones contributivas como estímulo para la inversión aplicable en el ELA. Se trataba de  una práctica común de la Era de Guerra Fría. Todo aquel engranaje dependía de la  Providencia del Estado y el crecimiento emanaba de la exención de tributos federales y estatales  y del Mercado Libre entre las dos partes impuesto en 1900. Pero el Neoliberalismo y la Globalización ya no admitirían ese tipo de prácticas.

 En 1993 se consolidó lo que se llamó el “Tratado Norteamericano de Libre Comercio” (TNLC o NAFTA: North American Free Trade Agreement). Ya en 1994, Canadá, Estados Unidos y México habían creado una “zona de libre comercio” que facultaba la circulación trilateral de mercancías y servicios en los tres países por un término de 15 años. Aquel mismo año 1994 se emitió el “Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio” (AGSAC o GATT: General Agreement of Tariffs and Trade). Para esa fecha la  “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos ya no era única y se convertía en regla del mercado mundial. La responsabilidad de Romero Barceló o Roselló González  en la desaparición de la Sección 936 fue realmente poca.

El ELA, la Industrialización Por Invitación, el Estado Interventor y Benefactor con su preocupación asistencial y la concepción del Estado como amparo del Ciudadano ante la voracidad del Capital y el Mercado, no hacían sentido en la Era Global. Puerto Rico entraba en la Era Global con los rasgos de un Estado Colonial de la Guerra Fría. la situación no ha cambiado mucho a la altura del 2013, por cierto.

noviembre 2, 2013

Puerto Rico en la década de 1970: la reformulación de las políticas económicas (II)

  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

Para las izquierdas socialistas puertorriqueñas el giro de la economía representó un problema. El mercado estaba creando trabajadores  improductivos que generaban mercancías intangibles y servicios. Los trabajadores productivos -el proletariado-,  era una especie en peligro de extinción. Las izquierdas socialistas, que habían madurado tarde el país, tenían que cambiar el lenguaje interpretativo y las tácticas revolucionarias pero nunca lo hicieron. Aquel fue el caldo de cultivo  de una crisis en aquel campo ideológico, crisis por lo demás  análoga a la que padeció el independentismo. Los periodos que van entre 1971-1973 y 1989-1991 fueron sintomáticos. Pero es evidente que aquella fractura ideológica se ha agudizado tras el fin de la Guerra Fría

Ronald Reagan y Carlos Romero Barceló

Ronald Reagan y Carlos Romero Barceló

La oposición a  la Sección  936  isla adentro

Correspondió a la administración del gobernador Carlos Romero Barceló (1977-1984) articular la misma. El neopopulismo del PNP, condujo a la organización otra vez en el poder a solicitar la eliminación del diferencial entre el Salario Mínimo Federal y el Estatal. El argumento de los Estadoístas  era que la equiparación garantizaría el “trato igual” de los ciudadanos americanos de la isla y los de la unión.  El razonamiento de los estadoístas era legítimo, pero el reclamo atentaba contra uno de los  “atractivos” del ELA  para los inversionistas: la mano de obra barata. Los ideólogos del PPD interpretaron la postura como un medio para erosionar el proyecto del ELA y adelantar la Estadidad.

El  Congreso fue favorable a la medida propuesta por  Romero Barceló, con la excepcionalidad de  que la demolición del diferencial se haría de modo “escalonado”. Romero Barceló que era un Demócrata convencido, hablaba el lenguaje de los Republicanos más conservadores, quienes habían demostrado un celo peculiar por los “privilegios” fiscales que obtenía el capital en el territorio no incorporado del ELA. El carácter “escalonado” de la aplicación reconocía, por otro lado, la fragilidad de la economía local.

El efecto del fin del diferencial fue visible de inmediato. La industria liviana heredada de “Operación Manos a la Obra”, comenzó a mover sus operaciones a mercados laborales más baratos. La Industria Pesada heredada de “Operación Manos a la Obra” y la emanada de la Sección 936, toleró el cambio dado que ya pagaban salarios más altos que los de la industria liviana.

 

La oposición a  la Sección 936 en el imperio

Durante la administración Ronald Reagan (1981-1989), la  Sección 936 fue cuestionada en el Congreso Republicano. El contexto fue la discusión de la Deuda Pública durante la sesión de 1985. La exención de tributos aplicada en el ELA fue interpretada como un acto de evasión contributiva legalizada: el fisco federal dejaba de cobrar cerca de 2,000 millones anuales. Los Republicanos veían en la aplicación de la Sección 936 a los territorios no incorporados como un tipo de “competencia desleal” con el capital de los estados de la unión y alegaban que ello implicaba un atentado contra el principio de la “libre competencia”. Además sostenían que las  oportunidades abiertas en los territorios, eran plazas de empleo que no se abrían a los obreros americanos, por lo que numerosos sindicatos apoyaron a los Congresistas sobre esa base. Los cuestionamientos era abiertamente Neoliberales.

En Puerto Rico la administración Hernández Colón (1985-1993) respondió facilitando la integración de los “Fondos 936” a la “Iniciativa para la Cuenca del Caribe”. La ICC había sido creada en 1983 por la administración Reagan y era también una política Neoliberal obvia. La misma autorizaba la entrada libre de impuestos al mercado americano de productos manufacturados en Centroamérica y el Caribe. También autorizaba la concesión de préstamos a bajo interés a los mismos con el fin de fomentar el desarrollo industrial. Políticamente se trataba de una medida interpuesta con el fin de poner freno a la actividad revolucionario en la zona: las revoluciones de Nicaragua, Granada y El Salvador representaban un dolor de cabeza para la diplomacia americana.

 

La ICC contaba con el  “Programa de Plantas Gemelas” -un adelanto de la producción en la globalización- que hacía posible que fase de la producción de una mercancía se hiciera en un país; y otra fase en otro país. Lo que determinaba dónde se hacía una fase y dónde la otra, eran los principios de costo-efectividad. La gestión de Hernández Colón, hay que decirlo, contó con el apoyo total del exgobernador de Luis A. Ferré. Ambos esperaban que Puerto Rico podría convertirse en el centro administrativo de la ICC. Aquel proceso tuvo un efecto “moderador” en la ideología política de Hernández Colón. El país se encontraba en la frontera entre dos órdenes: el Liberal de Pos-Guerra y el Neoliberal de la Post-Guerra Fría. Una era histórica estaba a punto de terminar.

« Página anteriorPágina siguiente »

Blog de WordPress.com.

A %d blogueros les gusta esto: