Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

junio 28, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XX

 

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

La impresión que dejan en el observador entrenado los años que van de 1990 al presente es que las estructuras responsables de “orientar” a la ciudadanía sobre la naturaleza del cambio no cumplieron bien esa función. El sistema público y privado de enseñanza pre-universitaria y universitaria, los medios de comunicación masiva y los representantes de la burocracia estatal, salvo contadas excepciones, prefirieron dejar que las cosas sucedieran y observar desde la distancia. Para la gente común el neoliberalismo se ha reducido a la posibilidad de acceder a las tecnologías de consumo más diversas con una tarjeta de crédito, al privilegio de ver televisión digital o satelital de origen fundamentalmente estadounidense a un precio alto o a la proliferación de centros comerciales y megatiendas de todo tipo en las cuáles cualquier identidad puede ser construida cargándola contra una insegura línea de crédito. Los costos de una apropiación superficial del cambio más importante del mercado desde la Segunda Guerra Mundial han sido la enajenación generalizada y la despolitización de las masas quienes parecieran volver a depositar toda su confianza en la “mano invisible” de capital.

Los sectores responsables de evaluar el cambio no han podido hacer comprensibles las  tensiones que produce el giro hacia el neoliberalismo y la globalización porque ellos mismos se han visto forzados a evolucionar en direcciones inéditas o inesperadas que desestabilizan su situación en el sistema de relaciones sociales. La escuela, la universidad, los medios y la burocracia también se alteran en el nuevo orden dominante. Me parece que en conjunto hemos sido testigos de una crisis en todos esos territorios como producto de su pasividad ante el cambio, crisis que se expresado en la forma del silencio cómplice o el cinismo más decidido.

Sam_colonia_Caribe

La responsabilidad por la situación crítica ha sido desplazada hacia el “abajo social”, es decir, los empleados que laboran  para permitir la subsistencia del sistema y los clientes de cada día: estudiantes, educadores, consumidores de información y la burocracia gubernamental menor que subsiste con bajos salarios al amparo de unas estructuras materiales e ideológicas decadentes. La actitud asumida ante la huelga estudiantil del sistema universitario público en   2010 por la cuestión de la imposición de una cuota de estudios que luego fue eliminada en 2013 para reanimarla en 2016; y el conflicto con los maestros por la debacle de su sistema de retiro en 2012 y 2013 adjunto a la prisa de las fuerzas políticas en el poder por “reformar” el sistema de educación pre-universitaria pública al costo de la estabilidad del magisterio, demuestra que demagogia y democracia se han convertido en sinónimos para la clase política dominante en el país.

Esa democracia selectiva que protege los derechos adquiridos de unos pocos -empresas foráneas, judicatura, ex-gobernadores, alcaldes- pero en nombre de la debacle demuele los derechos adquiridos por las mayorías, actúa como una oligarquía que lucha por su supervivencia en medio del naufragio. Un asunto que llama la atención es la forma en que un sector no pequeño del “abajo social” adopta el discurso de la oligarquía y lo hace suyo contra los que, bien o mal, protestan contra el mismo. El neoliberalismo no han necesitado que un gobernador, un presidente del senado o de la cámara, un intelectual, un periodista ancla, un economista o un comentarista político  lo apoyen. En Puerto Rico no hay mucha gente de prestigio capaz de ello. La gente común ha legitimado el desplazamiento hacia un nuevo orden producto de la furia y el encono aliándose de facto con la misma clase política que lo ha conducido a esa deplorable condición.

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia afuera

La lógica de la historia de un siglo sugería la posibilidad de aprovechar la relación con Estados Unidos y nuestra condición de pueblo Latino (Hispano) Americano y Caribeño pare insertarnos en la economía global de modo eficiente. Pero en la era global habría que mirar el “mundo” más allá de “Estados Unidos”. La probabilidad de que una clase política asociada al penepé o a los populares fuera capaz de ello era ninguna. Las limitaciones de esa opción resultan innegables. El pasado de Puerto Rico como posesión sumisa y representante de los intereses de Estados Unidos en el orbe tampoco ayudaba mucho a su imagen. Además las tensiones regionales e internacionales no facilitaron el proceso. El ascenso de Hugo Chávez (1999-2013) y su discursividad presuntamente “bolivariana” con matices de “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, y el fenómeno trágico por demás pero comprensible del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas que involucró a la organización islámica Al Qaeda, reanimaron las tensiones y los temores de la Guerra Fría, todavía frescos en el recuerdo de muchos, en Latino (Hispano) América y alentaron el etnonacionalismo más feroz en Estados Unidos. Del fenómeno George Bush hijo al disparate Donald Trump existe una distancia muy corta.

La ausencia de soberanía no permitía a Puerto Rico participar plenamente en las organizaciones internacionales que hubiesen allanado su inserción en el orden emergente, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), por ejemplo. Las Leyes de Cabotaje (1900) constituían y constituyen un monopolio que veda las posibilidades de que el país se inserte en el mercado libre global y lo niegan por su condición análoga a la de un oligopolio mercantil. El contexto es, por demás, sugerente. Desde  1936 se sabe que se puede ser una dependencia de Estados Unidos sin las Leyes de Cabotaje: esa es la situación de las Islas Vírgenes, por ejemplo. Desde 1984 se sabe que las autoridades imperiales  pueden hacer excepciones a las mismas como ha ocurrido con su Ley de Pasajeros y Cruceros en la isla, uno de los pocos reglones económicos en el cual la administración de Alejandro García Padilla ha podido reclamar algún éxito en 2015 y 2016. A pesar de que en la praxis la necesidad de revisar la aplicación de cabotaje parecía mandatoria, en Puerto Rico fue poco lo que se hizo en esa dirección hasta el 2013 cuando la senadora Rossana López León (PPD) se interesó vivamente en el tema. El éxito de su gestión en 2016, cuando la crisis arropa al país, ha convertido un tema cardinal en un asunto secundario a pesar de que estados como Alaska y Hawai han caminado en la misma dirección de manera persistente y con un auditorio más grande que el de la senadora popular.

Los extremos ficticios -estadoísmos e independentismos- debieron avanzar sobre el centro o estatus quo con agresividad hasta demolerlo durante la década de 1990 a 1999. Después de todo, a la altura de 2010, muy poco quedaba en pie de aquel orden emanado de la Segunda Guerra Mundial. Algo inmunizó al centro dominante de los ataques de los extremos ficticios, probablemente la inacción, la ignorancia o el desinterés de las autoridades del imperio. Pero, sin lugar a dudas, la ventaja en la ofensiva parece haberla tenido el estadoísmo.  Lo más  interesante es que la fragilidad del centro -representado por los populares, el ELA, la colonia, la tercera vía que conduce a un callejón sin salida- no creciera tanto como lo esperado hasta que las mismas autoridades federales por voz del Congreso, el Departamento del Tesoro, el Tribunal Supremo o el presidente se expresaron sobre la nulidad del orden de 1952 en 2016. Me da la impresión de que, incluso para el reclamo legítimo del cambio, la autoridad de Estados Unidos tenía  que expresarse primero. El coloniaje había cumplido bien su función.

mayo 26, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVIII

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

El panorama del futuro de Puerto Rico a  principios del siglo 21 era incierto. El consenso de los observadores era que el ELA no encajaba en la era global y neoliberal por razones precisas. La principal era la falta de soberanía: el ELA era un régimen político pensado para la Guerra Fría (1947-1991) al servicio de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Tras la caída del socialismo real el Congreso y la clase política local habían sido incapaces de  transformar esa relación en un sentido soberano e innovador. El resultado fue que Puerto Rico advino a la pos-guerra fría sin las condiciones para insertarse en una economía global interdependiente compuesta de países independientes.

Un recurso desde mi punto de vista demagógico usado para tranquilizar a los observadores ha sido afirmar que el ELA adelantó en 1952 un orden en el cual la “independencia” abría paso a la “interdependencia”. La integración europea se usaba como marco de comparación: aquellos países avanzados y modernos estaban en disposición para ceder parte de su soberanía al calor de un proyecto común. La intención era que se viera la relación de Puerto Rico y Estados Unidos como algo equivalente cuando, en realidad, no lo era. El argumento ha regresado esporádicamente a la palestra pública hasta el presente. La argucia interpretativa no toma en cuenta que nuestra “interdependencia”, como se limita políticamente a Estados Unidos, ha hecho del ELA un régimen dependiente, colonial y pobre. La inmoralidad de la situación no es más importante que su ineficacia y su impunidad.

 

Populares y soberanistas

Las soluciones al desencaje parecían claras. La estadidad, en el contexto del nuevo federalismo del 1990 o del federalismo clásico, parecía ser la más popular desde 1990. Las otras eran la  independencia, la libre asociación o “la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. La fuente a la que se ha apelado es la Resolución 2625 de la vigesimoquinta Asamblea General de la ONU autorizada el 24 de octubre de 1970. Aunque se presume que la estadidad, la independencia o la libre asociación son propuestas transparentes, la situación real de Puerto Rico en cualquiera de las tres sigue siendo poco discutida.

tiemposLos estadoístas y los independentistas confían en el ideal que defienden de un modo, en ocasiones, irracional o cándido, elemento que conduce a un irreflexivo exceso de confianza en las virtudes de su meta. Claro que, dada la situación que vive el país y el colapso de orden establecido, ello resulta comprensible. Pero, a no dudarlo, esa es una actitud apropiada para una militancia poco informada sobre la complejidad que implica un cambio de esa naturaleza. El lenguaje jurídico ha tenido un  impacto ideológico negativo en el campo de los populares por que el ELA no se encuentra entre las alternativas.

Los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, los más cuidadosos o moderados, se han amparado en esa descripción abierta -“cualquier otra condición política”- con el fin de legitimar una reformulación del ELA adjetivado como “soberano”, “mejorado” o “culminado”. También han re-articulado inteligentemente el significado del concepto soberanía  insistiendo en que se refieren a la soberanía popular que consideran más democrática, y no a la nacional que estiman más restrictiva. El argumento es que la soberanía nacional depende de la soberanía popular y no al revés. Para lo que creemos que la gente está por encima del estado a la hora del hacer social el argumento es bueno.

Pero la cultura política en una colonia es un medio extraño. El propósito de ese procedimiento parece ser tomar distancia de los independentistas y los nacionalistas que usan el concepto soberanía vinculado a la nación con un sentido distinto presuntamente más radical. Para los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, la soberanía popular o del pueblo es distinta de la soberanía nacional. Probablemente imaginan que es más democrática. En cierto modo el PPD está a las puertas de un debate frontal entre soberanistas radicales y moderados que no sé si habrá de darse en lo inmediato. El  proyecto definitivo de ese sector soberanista moderado todavía está por precisarse pero, en muchos aspectos, coincide con el de los radicales. Ese procedimiento interpretativo, sin embargo,  acerca mucho a los soberanistas moderados a la discursividad de los más conservadores del PPD que confían en que el ELA pueda servir de base para la formulación de una estructura innovadora que no será la Libre Asociación pero que la equipará en virtudes jurídicas.

Lo único claro es que las 4 opciones que se barajan tiene que garantizar que no son coloniales por lo que deben responder al “principio de la igualdad soberana de los pueblos” defendido por la ONU. Me consta que un segmento de los soberanistas del PPD favorece la Libre Asociación pero son tímidos a la hora de expresarse al respecto. La educación política de la militancia en organizaciones grandes como el PPD y el PNP siempre plantea problemas: un taller de formación se convierte en un mitin con mucha facilidad. Aquellos que aspiran al ELA “soberano”, “mejorado” o “culminado”, tendrán que negociar con los soberanistas radicales que defienden la libre asociación una alianza inteligente a fin de descolonizar al Puerto Rico sin asustar a los populares conservadores remisos al cambio.

Desde mi punto de vista, se  trata de una discusión a destiempo sin que ello signifique que no es urgente o relevante. La decisión sobre el estatus debió tomarse en la década de 1980 o, a más tardar, la del 1990. Debió ser parte del acomodo de Puerto Rico alrededor de los tratados de libre comercio de 1994. Un problema es que en el país dominaba el PNP y el Congreso no quería un Puerto Rico estado 51. De haber sido así, los resultados pudieron haber sido más llevaderos para el país.  Se trata de una especulación legítima solamente. A la altura del 2016, si se presume que un cambio de estatus, es decir la descolonización en la dirección que sea, será un atenuante para la crisis o creará las condiciones para superarla, entonces estamos a tiempo para esa discusión pospuesta. Esa es la actitud de los estadoístas y los independentistas pero no parece ser la de todos los populares.  La gran  pregunta es, ¿cuán dañada está la economía local para un cambio de esa naturaleza hoy?

enero 26, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XI

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

La expresión de las preferencias electorales en Puerto Rico nunca había sido producto de un acto racional y pensado. Ser elector “flotante” o del “corazón del rollo” no representa un acto de pensamiento sino un acto de pasión. Pero en la década de 1990 la situación se hizo más patente: el votante “compra” una “imagen” y la convierte en “promesa” de “progreso” una y otra vez, independientemente de los fracasos que acumule esa figura o las concepciones que representa. Las cicatrices de la partidocracia bipartidista ya eran visibles en aquel entonces. Las campañas de 1992, en especial el debate de los candidatos a la gobernación; y la de 1996, “Espectacular 1996”  que el PNP centró en el lema “Lo mejor está por venir”, fueron cruciales. Roselló González, el  top model político teorizado por el sociólogo Paul Virilio, se impuso: W. Clinton y Rosselló González fueron el mejor ejemplo de ello.

La mediatización y espectacularización del espacio electoral, de la discusión pública y del tema del estatus ha redundado en la simplificación del debate y  en que ninguno de esos asuntos sea visto como un “problema intelectual”. La victoria electoral se limita a cuestiones de “publicidad” e “imagen”: son un acto de “consumo” y de “mercadeo” de que presentan valores perecederos que se imponen. El giro ha convertido al “sondeo” y la “encuesta” en la clave del proceso electoral pero, en la realidad de las cosas, esos recursos de mercado no “miden” la opinión: la “crean” y la “timonean”. Cuando el investigador observa con detenimiento el proceso de mediatización y espectacularización de la política electoral y estatutaria que comenzó durante la campaña plebiscitaria de 1967 y los comicios de 1968, y vuelve la mirada hacia la década de 1990, no le queda más remedio que aceptar que la tendencia había alcanzado un extremo insospechado.

Edwin Rivera Sierra alias “El amolao”

El candidato con posibilidades es el top model político. De modo paralelo,  la discusión se vulgariza sin freno hasta imponerse la política kitsch caracterizada por la frivolidad y, en ocasiones, la vulgaridad. A fines de la década de 1990, ya sería posible la imagen distorsionada, absurda y cómica de Edwin Rivera Sierra alias “El amolao” ingiriendo “palmolives” o cervezas Heiniken. El hecho de que en el 1998 ese funcionario viajara a Rusia para adquirir una estatua gigantesca de Cristóbal Colón producto del artista Zurab Tsereteli es, quizá, el mejor prototipo de aquel proceso de degradación. La vida pública de Antonio “El Chuchin” Soto Díaz recientemente fallecido, y el episodio del auto Bently de lujo en 2011 que alegó le habían obsequiado, ratifican que la tendencia se ha radicalizado dejando la discusión política en el campo del entretenimiento.

El fenómeno del “político vociferante” fue poblando la praxis administrativa local y, en la misma proporción, invadiendo los medios masivos de comunicación en la medida en que la sátira como expresión teatral sería que repuntó en la década de 1960 y 1970, evolucionó en la dirección de la industria del chisme o la chismología más o menos profesional. La distancia entre el programa televisivo “Se alquilan habitaciones” encabezado por Gilda Galán en 1968, y  la discursividad irritante e irreflexiva de Antulio “Kobbo” Santarrosa y el personaje de la “La Comay” en Superexclusivo entre 2000 y 2013, es enorme. El contrate demuestra que el gusto de la teleaudiencia también ha cambiado de un modo dramático en los últimos 40 años. La sátira política seria hoy, parece desviarse hacia los espacios de comunicación innovadores generados por la revolución tecnológica: el espacio del internet y las comunidades virtuales de imágenes fijas o en movimiento, son un lugar preciado para la expresión de este arte social en crisis. Este conjunto de fenómenos demuestra el proceso de devaluación de los medios que ofrece la democracia liberal y electoral para la discusión pública en la era de la partidocracia y el bipartidismo.

 

Y el futuro de Puerto Rico… ¿qué? 1993

El balance de la opinión sobre el futuro político de Puerto Rico es decir, el futuro del Estado Libre Asociado colonial, no cambió entre 1993 y 1998. Las consultas de aquellos dos años tan emblemáticos para la identidad puertorriqueña fueron administradas por el PNP en el poder durante la larga administración Rosselló González. La finalidad de aquellas parece haber sido auscultar el crecimiento de su proyecto mediante la estadística infalible: la consulta directa al electorado pagada con fondos públicos. El hecho de que el fin de la Guerra Fría hubiese promovido la imagen de que la década de 1990 fuese vista como la de la “descolonización” y la popularidad frenética con la personalidad del gobernador, justificó ambos procesos.

Debate candidatura a la gobernación para los comicios de 1992

Debate a la gobernación para los comicios de 1992

Sin embargo, los resultados no fueron los que los estadoístas esperaban. El ritmo de crecimiento del estadoísmo, que había sido acelerado entre los años 1968 y 1984, se lentificó en los 1990. Todo conduce a concluir que la división del PNP y la aparición del (Partido Renovación Puertorriqueña (PRP) tras el conflicto entre Romero Barceló y Hernán Padilla fue, en parte, responsable del fenómeno. Los efectos de la división de 1984 en el largo plazo no han sido estudiados todavía con propiedad pero las heridas que produjo nunca sanaron del todo. Las  probabilidades reales de que el estadoísmo superara el 50 % de las preferencias de los votantes en las consultas de 1990 eran pocas. Para aquellos que observaban ese desarrollo desde afuera del estadoísmo resultaba evidente que no todos los votantes del PNP estaban comprometidos con la estadidad. Los expertos comenzaron a denominar ese fenómeno, como se sabe, con el nominativo de “electorado flotante”.

El plebiscito de 1993 trató de aprovechar la “ola rossellista” surgida de la contienda electoral en la cual se derrotó a una débil candidata popular: Victoria Muñoz Mendoza. Los resultados de la misma no dejan de ser sorprendentes:

  • ELA 826,326 (48.6%)
  • Estadidad 788,296 (46.3%)
  • Independencia 75,620 (4.4%)

En un contexto amplio los mismos no dejaban de ser halagadores para el estadoísmo. Comparado con los resultados del plebiscito de 1967 -el 38.9 %-, el avance de la opción de la estadidad era notable pero aún no resultaba decisivo. Para el PPD no se trataba de buenas noticias. En 1967 la “montaña” estadolibrista había alcanzado el 60.4 % de las preferencias, hasta caer al 48.6 % en 1993. Las potencias de la partidocracia bipartidista estaban balanceadas. El problema era que  ya en la década de 1990 se sabía que el Congreso no aceptaría una mayoría plural -la mitad más uno- para autorizar la incorporación y la estadidad. Lo más probable era que se le requiriera una  supermayoría, es decir, hasta  dos terceras partes de las preferencias. La exigencia de una supermayoría no tendría otro efecto que fomentar el inmovilismo. El debate sobre la cuestión de la supermayoría se articuló de una manera predecible y reflejó las aspiraciones y prejuicios políticos subyacentes en cada uno de los casos. El PPD y Hernández Colón lo respaldaban públicamente porque veían en ello una garantía de que para los estadoístas era una meta inalcanzable. El PNP y Romero Barceló lo consideraron un acto “injusto” y hasta antidemocrático para con su causa. Y el  PIP y Berríos Martínez la rechazaban porque la independencia era un derecho que no dependía “de la imposición de mayoría alguna”, expresión con la que reconocían su poca visibilidad en la preferencia de los electores puertorriqueños.

Lo cierto que en  1993 el PNP y la estadidad no tenían siquiera la mitad más uno del apoyo electoral y muchos pensaban que nunca lo conseguiría. No lo ha conseguido, de hecho, a la altura del 2016. La cuestión del estatus se “empantanó” por una diversidad de razones. La debilidad del independentismo electoral que sólo consiguió el 4.4 % en la consulta de 1993, es una de ellas. El balance de fuerzas entre el Estado 51 y el  ELA y el escollo que ponía el Congreso al hablar en términos de una  supermayoría completaban el cuadro. En el “arriba social” no había voluntad para el cambio. En el “abajo social” se imponía la apatía y el desinterés producto del desconocimiento de la situación real del país.

enero 21, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente X

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

La reformulación del movimiento Estadoísta en la década de 1990 no tuvo un equivalente en el campo del independentismo y el estadolibrismo. Los gestores públicos del independentismo electoral -Rubén Berríos Martínez, Fernando Martín García-, y del estadolibrismo institucional -Rafael Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto- se afirmaron en sus posiciones. Dada la incertidumbre que planteaba una época de cambios, la actitud resulta comprensible. En el caso del estadolibrismo, su defensores podían abrazarse a los restos del mito de “pacto bilateral” de 1952 que todavía no había sido minado del todo. Los ideólogos populares todavía eran convincentes cuando acusaban a independentistas y estadoístas de que su imputación de que el ELA era colonial se apoyaba en prejuicios políticos particulares.

El ajedrez de la política partidista

El independentismo electoral y socialdemócrata, adoptó una actitud que en muchos casos recordaba la moderación de la primera generación independentista nacionalista surgida de las cenizas de la invasión de 1898. Aquella propuesta fue el resultado de la presión que ejerció la Ley Foraker de 1900 y fue articulada por el abogado y escritor José De Diego Martínez, ideólogo con un pasado autonomista y estadoísta. El tono morigerado, cauteloso y sumiso que caracterizaba el proyecto de independencia con protectorado formulado en los primeros años de la década de 1910, no desapareció del todo panorama con la muerte del liderato unionista de primera generación. Aquel tono cuidadoso, suplicante y pragmático que hablaba el lenguaje del imperialismo con el propósito de no exigir más de lo que aquel estuviese dispuesto a dar, marcó al independentismo por medio de figuras como Antonio R. Barceló y el mismo Luis Muñoz Marín, por lo menos hasta la década de 1960. La única excepción en el panorama de acatamiento fue el discurso incendiario, agresivo y amenazante de Pedro Albizu Campos y los nacionalistas con los resultados que todos conocemos. Ni una ni otra actitud adelantaron, hay que decirlo, las posibilidades de la independencia.

Víctor García San Inocencio

Víctor García San Inocencio

En la década de 1930, paralelo al discurso de la “acción inmediata”, maduraron otros independentismos que aspiraban una solución negociada al problema del estatus y cuyo liderato estaba consciente de que la República de Puerto Rico tendría que estar dispuesta a hacer numerosas concesiones a Estados Unidos tras la independencia -a sus intereses militares y a su capital-, a fin de garantizar el proceso de emancipación con la menor cantidad de conflictos posibles. Dos modelos de aquella tradición moderada que ya han sido investigados con intensidad son, por un lado, los tres proyectos de independencia presentados por el congresista demócrata Myllard Tydings entre 1936 y 1945, y el reclamo de independencia con justicia social defendido por Luis Muñoz Marín para oponerse a aquellos. El elemento común de ambos discursos radicaba en el reconocimiento tácito de la necesidad de un periodo corto o largo de transición del estatus colonial a la soberanía bajo el ala protectora de Estados Unidos, es decir, reconociendo la legitimidad de la injerencia en asuntos locales a su capital y a sus fuerzas armadas.

Aquella postura ponía en duda, tal vez sin proponérselo, las posibilidades de éxito de la independencia en “pelo” o inmediata que había defendido con tanta pasión Rosendo Matienzo Cintrón. No solo eso, también parecía reconocer la incapacidad del país para un cambio radical y la debilidad relativa del sector que defendía esa causa. La precaución del liderato pipiolo a la hora de hablar de la independencia y la justicia social en la década de 1990, recuerda la actitud de aquellos independentismos ante situaciones análogas.

Es cierto que tanto en el independentismo electoral como en el estadolibrismo hubo una transición de liderato. La presencia de Víctor García San Inocencio y, de su mano, de María de de Lourdes Santiago, de Manuel Rodríguez Orellana y, luego, Edwin Irizarry Mora, Jorge Schmidt Nieto y Carlos Dalmau, entre otros, a posiciones de influencia dentro de la organización, demuestran un proceso de transición generacional que debería ser investigado con más cuidado. El hecho de que Berríos Martínez siga siendo una figura privilegiada a la hora de las grandes crisis nacionales -en 2016 es la voz pública de la organización en el asunto del estatus-, demuestra que esa transición generacional no se ha completado del todo.

En el estadolibrismo Victoria Melo Muñoz, Héctor L. Acevedo, Eudaldo Báez Galib, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Acevedo Vilá, entre otros, significaron el cambio de tono. Sin embargo, la figura de Hernández Colón siguió cumpliendo una función moderadora y hasta reaccionaria a la hora de revisar las posturas del partido durante y después de la década de 1990. Una de las mayores pruebas y retos al poder de Hernández Colón parece haber sido la consulta plebiscitaria de 2012 y el retiro de la candidatura de Alejandro García Padilla a las elecciones de 2016 en el contexto de las fricciones entre estadolibristas moderados y soberanistas en el partido. De hecho, el elemento más innovador en el PPD ha sido el desarrollo de un estadolibrismo soberanista de nuevo cuño desde 1998 en adelante. Es probable que, cuando este asunto sea revisado con más cuidado, las personalidades de Báez Galib, Marco A. Rigau y Juan M. García Passalacqua, reciban el crédito que me parece merecen en cuanto a ese desarrollo. fueron determinantes en ello

Sila M. Calderón y Victoria Muñoz Mendoza

Sila M. Calderón y Victoria Muñoz Mendoza

Tanto en el PIP como en el PPD, el papel de la “nueva/vieja Guardia” que se desarrolló tras la muerte de Gilberto Concepción de Gracia en 1968 y Muñoz Marín en 1980 siguió siendo determinante. Los caudillos del 1970, un momento de crisis, han mantenido una cuota de poder visible y a veces extraordinario, hasta el momento presente. El “respeto señorial” a la tradición ha sido un problema para las dos organizaciones, sin duda. La pregunta es porqué hubo un proceso de renovación radical en el seno del PNP en la década de 1990, no ausente de tropezones por cierto, y resultó tan difícil en el PIP y el PPD. Es probable, y esto es apenas una hipótesis de trabajo, que la actitud utilitaria y pragmática del liderato estadoísta, la certidumbre de que una era terminaba y comenzaba otra haya favorecido su capacidad de transformación. Lo cierto es que el “fenómeno Rosselló González” no tuvo un equivalente en las otras organizaciones electorales en la década de 1990. Modernidad y postmodernidad tuvieron su confrontación en ese sentido.

El caudillismo o culto a la personalidad no desapareció. El carácter innovador y original de Rosselló González también se convirtió en objeto de culto irracional. El retorno de aquella imagen en la figura de su hijo, Ricardo Rosselló González, desde 2013 al presente, ratifica que las viejas manías de la política colonial siguen allí.

enero 12, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente IX

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

La disposición de las resistencias

Tras el fin de la Guerra Fría el lenguaje sobre el estatus cambió de una manera visible. La pérdida de relevancia geoestratégica de Puerto Rico tras la disolución del socialismo real y el triunfo del neoliberalismo fue determinante para ese proceso. Sin embargo, la distensión política no ha promovido un avance en la solución del problema estatutario el cual, por el contrario, se ha empantanado de una manera dramática. Las partes responsables, el Congreso de Estados Unidos y las organizaciones políticas anticoloniales en la isla, no han articulado un proceso en esa dirección en gran parte porque no se lo han propuesto como un asunto prioritario. Los años de dependencia material e inmaterial del imperio parecen haber inmovilizado a las fuerzas actuantes en ese ámbito.

En términos jurídicos lo que parece haber sucedido es que, en un mundo que consagra el valor de la “interdependencia”, el “derecho inalienable a la independencia” como culminación del “relato liberal” ha sido modificado. La tradicional identificación de “soberanía” con “independencia” y de aquellas con el “estado nacional” ha sido minada. Aquel era el lenguaje de Woodrow Wilson, Vladimir “Lenin” Ulianov, la Sociedad de Naciones, Josip “Stalin” Vissariónovic y la Organización de Naciones Unidas, entre otras, en el contexto bélico que condujo a la Guerra Fría. En Puerto Rico, llenó de contenido el lenguaje de José de Diego Martínez, Rosendo Matienzo Cintrón, Pedro Albizu Campos, Gilberto Concepción de Gracia o Juan Mari Brás, entre otros. Aquel era el lenguaje preciso y cargado de certidumbres propio de la mirada de los modernos. Hoy se ha impuesto lo que podría definirse como un “derecho pragmático a una forma de la soberanía” lleno de imprecisiones e incertidumbres. Las implicaciones de este giro es que de la “dependencia” no se saldrá hacia la “independencia” sino hacia la “interdependencia” y muy pocos se ocupan de reflexionar sobre la tesitura de y los efectos prácticos de ese cambio.

Juez Gustavo A. Gelpí Juez Gustavo A. Gelpí

Lo cierto es que el concepto “soberanía” se ha (des)radicalizado a lo largo del siglo 20 americano. En lo concreto esto implica que esa meta, meritoria para todo anticolonialista, puede conseguirse lo mismo mediante la independencia en buenos (o malos) términos con Estados Unidos, un pacto de libre asociación o el estado 51. Lo interesante es que dos de esos modelos requieren la consumación de la independencia y la tercera no. El Derecho Internacional moderno, un producto de la conflictividad de siglo 20, reconoce la legitimidad de los tres y, poco a poco, la gente se ha ido acomodando al nuevo lenguaje. La clase política local, a regañadientes, ha aceptado el criterio con reservas: los estadoístas, independentistas y estadolibristas han manifestado un acuerdo al respecto pero continúan cultivando los prejuicios contra el opositor en los términos absolutos más convencionales.

Un rasgo visible de todo aquel proceso es que, salvo contadas excepciones, la moderación y la circunspección se han ido imponiendo desde el fin de la Guerra Fría en los sectores socialistas, socialdemócratas y nacionalistas. Se trata de un tanteo ideológico o reflexión que no debe confundirse con la renuncia a sus posturas fundamentales. El hecho de que luchas como la de Vieques, el reclamo LGBTTQ o la protesta ambientalista concreta a favor del acceso a lugares públicos como las playas o contra la contaminación industrial, por ejemplo, hayan sido tan exitosos en los últimos dos decenios así lo demuestra. Los nichos de las resistencias y las posibilidades de éxito de las mismas, ante el inmovilismo en el antes primado ámbito político y estatutario, son una señal interesante de cómo se reformula la oposición al establishment. El alcance de la lucha por la “liberación” y el énfasis de ese concepto ha cambiado.

El estadoísmo y el estatus tras el fin de la Guerra Fría

La imagen de la estadidad había cambiado mucho desde que el fantasma de la anexión a Estados Unidos apareciese en el panorama a principios del siglo 19. En el contexto de la crítica separatista independentista del siglo 19, habría significado la absorción material y cultural del territorio insular, tal y como se deriva de una defensa de la anexión circulada clandestinamente en 1868 desde Guayanilla.

Pero durante los primeros días de la invasión de 1898, Eugenio M. de Hostos Bonilla (1899) y José Celso Barbosa (1900), entre otros, pensaron la estadidad como un derecho al cual se podía aspirar y como una relación soberana o no colonial, legítima y jurídicamente posible. Hay que aclarar que tanto Hostos Bonilla como Barbosa eran republicanos y federalistas del viejo cuño que se habían formado en un siglo 19 en el cual aquellas eran propuestas de fuerte entronque popular, antimonárquicas, revolucionarias y radicales. Pero también es innegable que el republicanismo y el federalismo estadounidense, el de la era de William McKinley, no respondía a aquellos principios y reivindicaciones.

El acto de 1898 fue la expresión de una agresión imperialista por parte de un poder amenazante. Hostos Bonilla reconoció el problema temprano en el siglo 20. Barbosa no y ello lo instituyó como la figura central del nuevo estadoísmo del siglo 20. La Gran Depresión de 1929 volvió a cambiar la concepción de la estadidad. De acuerdo con Pedro Albizu Campos en 1930, aquella solución era una imposibilidad y un contrasentido.

El estadoísmo en los 1990 tras el fin de la Guerra Fría volvió a ganar la legitimidad que había tenido en los primeros días de la presencia estadounidense aquí. No solo eso: sus ideólogos aprendieron que, si dependía del Congreso, la estadidad estaría muy lejos de convertirse en una realidad. El “estadoísmo radical” que maduró en aquella década debe mucho a las figuras de Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González. La tesis de aquellas figuras era que había crearle una “crisis” al Congreso para que abandonara el inmovilismo y se expresara sobre el futuro de Puerto Rico. Los paralelos entre aquella actitud y la tesis nacionalista de 1930, la de la “acción inmediata”, no pueden pasar inadvertidas. El movimiento estadoísta abandonó su aparente actitud de tolerancia y se afirmó como una alternativa descolonizadora agresiva. Las vías para afirmar esa acometividad fueron varias.

Una de ella fue la insistencia de la administración Rosselló González en poner el dedo en la llaga señalando el carácter colonial del ELA e insistir en el mecanismo de las consultas o plebiscitos sobre el tema del estatus. En 1993, recién llegado al poder, y en 1998, durante el centenario de la invasión de 1898, se consultó al respecto. El resultado no fue el esperado. El crecimiento de la preferencia por la estadidad en aquellos seis (6) años fue apenas de un 3 a un 4 por ciento.

Plan_TenesiOtra táctica fue la discusión pública de la opción del llamado “Plan Tenesí” que apareció en el panorama hasta el punto de que en el 2006, el PNP aprobó una resolución para adoptar la táctica como “una estrategia adicional para descolonizar Puerto Rico” siguiendo los pasos de Michigan, Iowa, California, Oregon, Kansas y Alaska. La idea de este concepto es que Puerto Rico redacte la constitución del Estado, elija senadores y representantes y los envíe a Washington a pedir una silla en el Congreso.

La tercera táctica es puramente judicial y se consolidó en la teoría del Juez Gustavo A.Gelpí, juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico en 2008. El planteamiento central de la misma es que Puerto Rico ha sido o será incorporado de facto desde 1900 al presente por lo que está o estará en la situación legal de solicitar la estadidad dentro de poco. El juez Gelpí considera que, “aunque el Congreso nunca ha adoptado ningún lenguaje afirmativo como Puerto Rico es por tanto un territorio incorporado, la secuencia de sus acciones legislativas desde 1900 al presente han incorporado, de facto, el territorio”. En ese sentido, el país es un candidato al estado 51 y puede reclamarlo y ser considerado sin la necesidad de una expresión concreta del Congreso. El argumento quedó como una “opinión personal” en el marco de un caso federal.

Es curioso que, una meta compartida por el PPD y el PNP, la equiparación del ELA a un estado en el marco de las transferencias federales, se haya convertido en una navaja de doble filo para ambas organizaciones políticas: lo que para algunos dignifica al ELA para los otros lo deprecia y lo mutila. El problema, acorde con algunos observadores, es que los “Casos Insulares” que establecieron la doctrina de que Puerto Rico pertenece (es propiedad) pero no es parte (componente) de la unión, requiere al Congreso una “declaración expresa” de incorporación que no se ha hecho.

El “Plan Tenesí” y la tesis jurídica de Gelpí, junto a la praxis económica de Rosselló González en el marco del “nuevo federalismo” y la autonomía de acción a los estados que aquella teoría admitía, son la expresión más acabada del “estadoísmo radical” de una elite del PNP, ideología que no parece haber penetrado a una parte significativa de su militancia electoral que continúa viendo la estadidad como una panacea o una alternativa romántica que será garantizada por un “imperio bueno” cuando el país se la gane.

El problema es que los resultados de las consultas no fueron convincentes para el Congreso y el “Plan Tenesí” y la tesis jurídica no garantizaron la aceleración del camino hacia la estadidad y, por el contrario, devolvieron el problema al lugar en que lo dejó Ferré Aguayo en 1972: la estadidad, si viene será gradualmente en un futuro no precisado. Cualquier reclamo en esa dirección, forzar la estadidad en el modelo de la “acción inmediata” por ejemplo, chocará con el Congreso, el Tribunal Supremo y Tesoro Federal de una manera irremediable. La utilidad de aquellas tácticas se ha reducido a soliviantar a una militancia que las comprende en verdad poco.

La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, esto lo saben muy bien los independentistas, no se reduce a un nudo jurídico que pueda desenlazarse con facilidad. La jurisprudencia unionista reclamó la nacionalidad amparada en la “ciudadanía portorriqueña” que estableció la Ley Foraker de 1900, y la jurisprudencia nacionalista reclamó la independencia a la luz de la ilegalidad del Tratado de París. En ninguno de los casos se consiguió mucho con ello.

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