Proyecto de Independencia de Vito Marcantonio en 1943

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

En el año 1943, el Presidente de Estados Unidos Franklyn. D. Roosevelt ordenó la creación de una Comisión Presidencial con el fin de que la misma le asesorara respecto al problema de Puerto Rico. El hecho de que había elecciones en 1944, parece haber sido crucial en la decisión. La Comisión Presidencial estaría compuesta por 4 estadounidenses y 4 puertorriqueños. A pesar de que la misma debía ser representativa de todos los grupos de opinión del país, en su constitución se excluyó a varios sectores que no parecían tener relevancia entonces en la opinión de las autoridades de Estados Unidos. El hecho de que se dejara fuera al representante del Partido Socialista, Bolívar Pagán, y al representante de la facción del Partido Unión Republicana Progresista, Miguel A. García Méndez, confirma la debilidad del anexionismo y del proyecto de la estadidad en aquel entonces.

En febrero de aquel año se creó en Puerto Rico mediante una Resolución Concurrente, la denominada Delegación Permanente de la Asamblea Legislativa para discutir el asunto del  estatus. La cuestión estatutaria ocupaba, otra vez, la discusión pública en ambas partes. En aquel año se presentaron cuatro proyectos de estatus que, en gran medida, conformaron parte de la base jurídica de que luego fue el Estado Libre Asociado de 1952. El Proyecto Miguel Guerra Mondragón proponía la reorganización de Puerto Rico en un Estado Libre Asociado; el Proyecto Teodoro Moscoso, la fundación de un Estado Libre; y el Proyecto Myllard Tydings, una República.

El lenguaje de Guerra Mondragón sugiere la idea de lo que hoy se denomina República Asociada o Libre Asociación pero sobre el modelo autonomistadel viejo Proyecto Phillip Campbell de 1922. El lenguaje de Moscoso reformulaba la idea del Estado Federal con privilegios dentro de la unión, sin denominarlo de ese modo. Y el Tydings recuerda la Independencia con Protectorado formulada a principio de siglo 20 por José de Diego. Los debates dejaron claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Congreso de Estados Unidos a la hora de conceder mayor soberanía a su colonia en el Caribe.

Vito Marcantonio

Vito Marcantonio y la independencia

Uno de los planteamientos más radicales de aquel momento fue el Proyecto de Independencia formulado por el Senador por el Estado de Nueva York Vito Marcantonio. Marcantonio, de origen ítalo-americano, era un antiguo colaborador de los independentistas puertorriqueños en 1937 otro documento con el mismo fin. Su fórmula era similar a lo que se denominó la Independencia en pelo que en 1912 propuso el abogado Rosendo Matienzo Cintrón como respuesta a la moderación política de De Diego y el unionismo puertorriqueño.

La meta de Marcantonio era crear la República de Puerto Rico. El proyecto establecía que Estados Unidos le había dado poca importancia al asunto y que, en efecto, autodeterminación e independencia eran sinónimas. Esta era una manera de indicar que una tercera vía o la estadidad, no eran opciones aceptables jurídicamente para el país. Con el fin de ganar apoyo en el Continente, afirmaba que la República debía desarrollar “buenas relaciones de vecino” con Estados Unidos en el futuro. Las ideas de Roosevelt marcaban el concepto. Se trataba de un parentesco que no se podía evadir. Cuarenta y cinco años dominio americano y dos guerras mundiales, no podían borrarse de golpe y porrazo mediante un decreto de independencia.

Marcantonio aceptaba el argumento jurídico del Partido Nacionalista y Pedro Albizu Campos, en el sentido de que Puerto Rico era una nación que en 1897 había adquirido soberanía a través de la Carta Autonómica. La identificación de aquella autonomía con la soberanía, si bien resulta difícil de aceptar hoy, era un argumento común del independentismo en la época. De ello se derivaba que la ocupación militar de 1898 y el traspaso de 1899 mediante el Tratado de París, habían sido actos ilegales que violaron la libre determinación e independencia de los puertorriqueños.

El otro planteamiento de Marcantonio era que Estados Unidos no había cumplido con la Carta de Atlántico en cuanto a Puerto Rico. Con un lenguaje que recuerda las interpretaciones de José Martí, Ramón E. Betances, De Diego y Albizu Campos, Marcantonio insistía en que el caso de Puerto Rico era crucial para las buenas relaciones de los americanos con Latinoamérica y para garantizar el futuro de las mismas.

En el aspecto político el proyecto establecía el retiro de Estados Unidos 90 días después de la aprobación del mismo. Aquella nación conservaría sus derechos sobre sus reservaciones militares y navales en el territorio por un periodo no mayor de 6 meses tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Marcantonio dejaba abierta las puertas para una negociación entre iguales en ese renglón, después de la paz.

En el aspecto económico el proyecto forzaba a Estados Unidos a reconocer su responsabilidad en “el estado desastroso de la economía de Puerto Rico y por la pobreza de su gente”. Una vez reconocido ese principio, se reclamaba la disposición de aquel país a pagar una indemnización a su excolonia, a autorizar el comercio libre entre ambos y a mantener sus fronteras migratorias abiertas a los puertorriqueños. Era evidente que el independentismo tampoco quería perder ciertos aspectos “ventajosos” de la relación colonial con Estados Unidos. Esa tendencia se ha confirmado a lo largo de todo el siglo 20 y principios del 21. Mediante un curioso juego un tanto demagógico, las “concesiones” reclamadas como necesarias, fueron resemantizadas hasta transformarlas en un “deber” de los americanos o en un “reconocimiento de culpa”.

El proyecto no decía nada sobre el gobierno de la futura República, su constitución o el destino de la ciudadanía americana mediatizada que poseían los puertorriqueños desde 1917. En general, se trataba de un proyecto simple y poco detallado muy debatible, cuya preocupación central era llamar la atención sobre el estatus. A pesar de ello fue considerado el más radical y no fue tomado en cuenta.

Conclusiones parciales

Cuando se comparan las cuatro propuestas la situación se aclara. Los proyectos de Miguel Guerra Mondragón y Teodoro Moscoso, representaban los intereses contradictorios del Partido Popular Democrático, organización en la cual convergían en 1943 –como en el presente-  fuerzas autonomistas y estadoístas. Ello explica que los reclamos  políticos soberanistas fuesen tan moderados en ambos. Las dos fórmulas debieron resultar extrañas para el Congreso y el Presidente, quienes comprendían mejor el lenguaje clásico de Estado Federal y la Independencia.

Los autores esperaban de Estados Unidos tres cosas:

1. Que aceptaría su responsabilidad en la pobreza de Puerto Rico
2. Que aceptaría una relación económica ventajosa para Puerto Rico
3. Que se haría responsable del desarrollo y la industrialización de Puerto Rico

No era seguro que fuese así porque el americano medio y sus esferas de poder, pensaban que Puerto Rico había crecido económicamente bajo su dominio. Incluso pensaban que las quejas locales respecto a su situación material eran excesivas o exageradas. Curiosamente, Ni el proyecto Guerra Mondragón, ni el Moscoso exigían una Constitución para Puerto Rico tras el cambio. El Tydings se había convertido en el proyecto del Congreso Pro-Independencia y los populares independentistas. De hecho, era el único que reclamaba una Constitución para el país, aunque autorizaba su revisión por el Congreso y el Presidente. También esperaba que la República reconociese el derecho de intervención a los americanos sin consultar al gobierno puertorriqueño.

La discusión del estatus en 1943

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

El 1943 el problema de estatus era interpretado de manera distinta por los observadores de Estados Unidos y los de Puerto Rico. La cuestión del estatus en la ruta de la independencia en buenos términos entre amas partes, que había sido el centro de la discusión política durante la década de 1930, ya no era una prioridad para los sectores de poder continentales. Según lo ha sugerido en repetidas ocasiones en sus textos y en sus memorias el jurista José Trías Monge, el desconocimiento de la situación de Puerto Rico dominaba entre las elites políticas estadounidenses.

Gilberto Concepción de Gracia

El  Congreso y el Presidente tenían una visión simplista  del problema del estatus mediada en gran medida, por el reconocimiento de su poder para timonear a sus aliados políticos en Puerto Rico en una u otra dirección sin afectar aquella relación de dominio. La actitud de minusvalorar el asunto era común lo mismo a demócratas que a republicanos. El acomodo del PPD había convertido a esa organización  en el útil “aliado sumiso” que tanto beneficiaría los intereses americanos hemisféricos después de la Segunda Guerra Mundial.

Para el Congreso y el Presidente,  la solución del problema del status estaba en la revisión moderada de la Ley Orgánica de 1917. La alternativa concreta consistía en ofrecer más soberanía a Puerto Rico. Per se aceptaba que cualquier ampliación de la soberanía puertorriqueña, no debería afectar ni la relación fiscal entre ambos pueblos, ni los poderes del Congreso para intervenir en la isla obtenidos en el Tratado de París de 1899. En cierto modo, cualquier concesión de  de la más soberanía no debía alterar la soberanía. Ello explica que la idea de ofrecer más soberanía se redujera a conceder que el pueblo puertorriqueño  eligiera su Gobernador.

Una Ley de Gobernador Electivo no alteraría la relación fiscal ni quitaría soberanía al Congreso sobre la isla. El problema jurídico era que una reforma de esa naturaleza  no cumplía los requisitos de la libre determinación establecidos por la Carta de Atlántico. El sector independentista y nacionalista lo reconocía de ese modo. La brecha entre el independentismo y el populismo se profundizó y el encono contra el PPD creció alrededor de ese hecho. En 1943 se echaron las bases para la constitución del Congreso Pro-Independencia y Pedro Albizu Campos salió de prisión y se radicó en Nueva York a la espera de un mejor momento para regresar a Puerto Rico.

En medio de aquella polémica el Presidente Franklyn D. Roosevelt nombró en 1943 una Comisión Presidencial para que lo asesorara respecto al futuro de Puerto Rico. La comisión se constituyó con 4 representantes estadounidenses y 4 puertorriqueños. Dos detalles significativos de aquel comité fueron, primero, que tanto Luis Muñoz Marín como Rexford G. Tugwell, dos buenos interlocutores de Estados Unidos en Puerto Rico, tuvieron su silla en la Comisión. El segundo fue que la misma excluyó al partido Socialista, y a Bolívar Pagán, un enemigo declarado de Tugwell y de Muñoz Marín; y al Partido Unión Republicana Progresista encabezado por Miguel A. García Méndez, también anexionista y representante de los grandes intereses azucareros en el país. Las autoridades de Washington no querían a los anexionistas ni a los azucareros en sus negocios sobre el estatus.

La oferta de una Ley de  Gobernador Electivo era un mecanismo para sosegar la agitación política local y cualquier planteamiento radical. Muñoz Marín adoptó una actitud crítica respecto a la oferta, comprensible por demás en aquel contexto. Su pasado radical y la presión de los populares independentistas, explica la misma. Reconocía que el gobernador electivo no resolvería nada si se trataba de una medida aislada que no revisaba la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Con ello en mente condicionó su apoyo a la medida a que , si adjunto a ello, Estados Unidos se comprometía a cuatro cosas:

Millard Tydings

1. A quitarle al Congreso el poder de anular las leyes de Puerto Rico lo cual conllevaba eliminar el poder de veto congresional lo cual era una señal abierta del carácter colonial de la relación.

2. A quitarle al Congreso el poder de cambiar la Ley Orgánica Jones sin consultar a Puerto Rico hecho que, en la práctica demostraba quién mandaba en realidad en el país.

3. A transferir los fondos para financiar el programa de crecimiento económico de Puerto Rico en bloque para restarle margen de influencia a Estados Unidos en el país

4. A acordar una fecha para un plebiscito de libre determinación de Puerto Rico acorde con los principios jurídicos de la Carta de Atlántico

Las cuatro peticiones resultaban radicales en para un Congreso acostumbrado al poder que era incapaz de escuchar los reclamos de los subalternos. Al cabo, la impresión que quedó fue clara. Estados Unidos no estaba dispuesto s aplicar la Carta de Atlántico y el derecho de libre determinación en el país. Lo único que estaba dispuesto a dar era el Gobernador Electivo porque ello no afectaba su poder real sobre el territorio y le daba una nueva imagen a nivel internacional. En todo caso, las autoridades americanas estaban contestes en que una revisión liberal o radical al status, podía afectar sus intereses geoestratégicos en El Caribe.

La reacción en Puerto Rico

Como respuesta los sectores de poder en Puerto Rico presentaron y aprobaron la conocida Resolución Concurrente de 10 de febrero de 1943. En la misma el PPD, los partidos de la Coalición Puertorriqueña encabezados por Bolívar Pagán,  y los de la Unificación Tripartita dirigidos por José Ramírez Santibañez, consignaron el “deseo” de PR de ejercer lo más pronto posible el derecho de libre determinación. La concesión que se hacía era la misma que hizo el PPD en su programa para las elecciones de 1944: aceptaban esperar hasta que terminara la Segunda Guerra Mundial para discutir el asunto y establecieron que la decisión se tomaría en una elección especial o plebiscito. En la práctica era una manera de posponer el estatus por consenso. Para articular los acuerdos, se creó una Delegación Permanente de la Asamblea Legislativa .

Por último, en 1943 se presentaron varios proyectos de status que fueron la base para la formulación de lo que fue el  Estado Libre Asociado de 1952.  Miguel Guerra Mondragón, ExPresidente de la Cámara de Representantes y  co-autor del Proyecto Phillip Campbell de 1922, propuso la creación de un Estado Libre Asociado Puerto Rico. Teodoro Moscoso, Director de Fomento de Puerto Rico, redactó otro para la fundación del Estado Libre de Puerto Rico. se trataba de dos líderes populares reconocidos que estaban manifiestamente de acuerdo con las posturas moderadas de Muñoz Marín

En el Congreso,  Myllard Tydings, coordinador del Comité de Territorios del Senado volvió a presentar con algunas revisiones, su proyecto para crear la República de Puerto Rico; y el Senador por Nueva York, Vito Marcantonio presentó el suyo. Ambos retomaron sus textos de 1936 como base para sus alegatos. En estos proyectos estaban las preferencias de los miembros del  Congreso Pro-Independencia, como era de esperarse.

Congreso Pro-Independencia: Proclama de 1943

El Congreso Pro Independencia de Puerto Rico, integrado por delegaciones procedentes de todos los municipios del país, declara que es el derecho y la voluntad del pueblo de Puerto Rico constituirse en pueblo libre y soberano, dentro de una estrecha colaboración política y económica con las demás naciones de América, y en paz y fraternidad con todos los pueblos democráticos del orbe.

En cuatro siglos bajo la égida de España, la Nación Madre, descubridora, misionera y colonizadora del Nuevo Mundo, Puerto Rico logró formar su personalidad de pueblo, dotado de una cultura, una fe, una tradición y una historia. En cuarenta y cinco años derelaciones con los Estados Unidos, Puerto Rico ha mantenido vigorosamente su personalidad y su cultura fortaleciéndolas bajo la influencia de las ideas democráticas, y ha enriquecido la nacionalidad en sus aptitudes para el gobierno propio, en sus capacidades administrativas, en sus comprensiones sociales y en sus anhelos de mejoramiento humano.

En este momento trascendental de su vida, Puerto Rico fundamenta su reclamo a la libertad y hace descansar su esperanza y su fe reivindicadora sobre el derecho natural, sobre razones incontrovertibles de justicia y de moral, sobre el concepto bolivariano de la paridad interamericana, sobre el principio de Derecho Internacional Americano de que ninguna nación americana puede tener colonias en América, sobre las garantías de la Carta del Atlántico y de la política de buena voluntad, y en fin, sobre las bases igualitarias de la democracia.

Por el Tratado de París, de 10 de diciembre de 1898, que puso fin a la guerra con España, se depositó en el Congreso de los Estados Unidos la obligación de determinar la condición política del pueblo de Puerto Rico con arreglo a las prácticas democráticas y las instituciones libres de América. El status político definitivo de Puerto Rico no ha sido determinado aún. No se ha reconocido la soberanía de nuestro pueblo, y subsiste en la Isla un régimen de gobierno que no emana de la voluntad del pueblo. Bajo el presente sistema de sujeción política y económica, el pueblo carece de autoridad para afrontar y resolver sus problemas fundamentales.

Puerto Rico anhela constituirse como pueblo bajo una forma democrática de gobierno, preservar su personalidad histórica, desarrollar su cultura, orientar su economía, fomentar su producción, desenvolver la industria, levantar el nivel de vida y de trabajo de sus clases obreras, implantar normas de verdadera justicia social y proveer seguridad y bienestar a todos los ciudadanos. Por eso el pueblo de Puerto Rico, a través de todos sus sectores de opinión hace una categórica repudiación del régimen colonial. Para realizar su destino de pueblo y encauzar con acierto y responsabilidad las aspiraciones colectivas, es inaplazable la organización de Puerto Rico como una República Libre y soberana en el concierto de las naciones del mundo. El disfrute de la propia soberanía es absolutamente necesario para el progresivo desenvolvimiento de la cultura, la economía y el bienestar de nuestro pueblo y la dignidad nacional de nuestra patria.

Hemos rechazado ahora una vez más, por medio de este Congreso representativo de la opinión puertorriqueña, toda forma de status político que no consagre la personalidad internacional de Puerto Rico, y rehusamos, por tanto, firmemente, toda medida de carácter anexionista o absorbente, ya que ello conduciría a la nacionalidad puertorriqueña y a la anulación de su derecho a la soberanía.

El pueblo de Puerto Rico reclama su derecho a soberanía en términos de amistad y confraternidad con el pueblo de los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, la devoción tradicional del pueblo americano por las instituciones libres y la vida democrática coincide con el deber moral de ayudarnos a instituir nuestra República en el concierto de los pueblos libres de América. El pueblo de Puerto Rico confía en que el Congreso de Estados Unidos, que ya ha descargado sus responsabilidades contraídas por el Tratado de París del año 1898 con respecto a Cuba y las Islas Filipinas, actuará en cuanto a Puerto Rico sin más dilación, reconociendo la independencia de nuestra Isla, inspirado en el principio de que la democracia debe ser creadora de democracias.

Este Congreso, al proclamar el derecho de Puerto Rico a su independencia, demanda del pueblo y del Gobierno de Estados Unidos el reconocimiento inmediato de la plena soberanía política de nuestro pueblo.

Y para que este derecho y esta voluntad de Puerto Rico sean tenido en cuenta para todos los efectos presentes y futuros, y como un mensaje cordial y una franca demanda de justicia del pueblo de Puerto Rico al pueblo amigo de Estados Unidos, con fe en Dios y conciencia del destino supremo de nuestro pueblo.

Comentario:

La proclama de 1943 establece los parámetros de la discusión de la Independencia, a la vez que toma distancia respecto a las actitudes del Partido Nacionalista de Puerto Rico y su tradición de violencia. Los argumentos culturales para favorecer la Independencia coinciden con los de la Generación de 1930: España es la «nación madre» pero Estados Unidos enseñó a a los puertorriqueños las prácticas democráticas y liberales. Hostos y Pedreira confiaban en ese precepto como algo sagrado. Por eso se apela a la Independencia en términos amistosos con Estados Unidos copn el mismo lenguaje del populismo radical en 1936-1939.

La Independencia se considera un «derecho natural» refrendado por la historia y reafirmado por el principio de autodetermianción de los pueblos contenido en la Carta de Atlántico que rige la política angloamericana por ese entonces.

Reconocido que desde 1898 la soberanía de Puerto Rico radica en el Congreso de Estados Unidos de acuerdo con el Tratado de París, reclama la creación del Estado Nacional Soberano como garantía de modernización y progreso. También en este caso se alejan de los juristas del Partido Nacionalista que aducían la ilegalidad del Tratado de Paris para justificar su estado de guerra con Estados Unidos.

Se trata de un independentismo renovado, lógico y maduro, comprometido con la tradición liberal que fue incapaz de convencer a Estados Unidos.

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor

Luis Muñoz Marín y el Congreso Pro-Independencia (1944)

“Carta de Luis Muñoz Marín a Gilberto Concepción de Gracia”. El mundo, 11 de diciembre de 1944. Leída en el Congreso Pro-independencia

La carta del señor Muñoz Marín dice así:

Recibí su carta de noviembre 11 y agradezco muy de veras su valiosa felicitación por el triunfo obtenido el 7 de noviembre por el Partido Popular Democrático. Como usted señala, esto pone sobre mis hombros una gran responsabilidad moral —la de cumplir honradamente los compromisos que se hicieron con el pueblo que votó honradamente— que pesa también sobre los hombros de todos los que, a través del programa del Partido y de mi palabra, participaron en esos compromisos. Yo cumpliré esa responsabilidad en la entera medida real de la confianza que me ha otorgado el pueblo. Estoy seguro de que todos cumplirán en el mismo espíritu su medida de esa responsabilidad.

Como usted muy bien dice, el Partido Popular Democrático se comprometió solemnemente con el pueblo a que los votos que se dieran a su favor en las elecciones no se interpretarían como votos a favor de «status» político alguno. Los votos fueron dados por el pueblo a base de este compromiso. Y, en efecto, la palabra dada al pueblo, antes de que el pueblo votara, sigue teniendo exactamente la misma validez —no podría ser honradamente de otro modo— después que el pueblo ha votado. También señala usted que el Partido Popular se comprometió solemnemente a someter a la decisión directa del pueblo, no más tarde del momento de estructurarse la paz mundial, la consulta sobre el status político, para que sea el pueblo, directamente, sin intermediarios en forma alguna, el que decida el «status» político que el pueblo mismo desee para sí mismo. El Partido Popular Democrático está obligado a cumplir también este compromiso. Supongo que nadie en Puerto Rico, sea o no miembro del Partido Popular Democrático, podrá dudar de que la actitud del Partido Popular hacia este compromiso es igualmente honrada, igualmente escrupulosa, que ante los otros compromisos que ha contraído y cumplido.

Usted, como puertorriqueño en el ejercicio de funciones ciudadanas, y como amigo, me formula la pregunta: «¿Cuándo?» Nuestro compromiso tiene un límite máximo: a más tardar en el momento de estructurarse la paz mundial. No tiene límite mínimo. Es decir, puede ser antes de eso. Con mucho gusto contesto su pregunta. A mi juicio, la consulta al pueblo, para que el pueblo mismo decida directamente con sus votos, debe ser lo antes posible, proveyendo siempre el tiempo necesario para que el pueblo pueda ser debidamente ilustrado sobre este gran problema de qué «status» político ha de favorecer de modo que tenga la oportunidad de decidir seriamente, a base de la más plena ilustración y conocimiento, con amplia conciencia de la determinación que libremente decida tomar el pueblo.

Sobre la forma de esa consulta hay un error en su lectura de nuestro compromiso con el pueblo. En el penúltimo párrafo de su carta usted expresa su opinión de que la consulta, de acuerdo con el compromiso del Partido Popular Democrático, no tiene necesariamente que hacerse en forma plebiscitaria, sino que puede hacerse en otras formas, incluyendo la convocación de una asamblea constituyente. Nuestro compromiso con el pueblo es someter la consulta sobre el «status» a su libre decisión, no a través de organizaciones ni de intermediarios en forma alguna, sino directamente a cada elector. La autorización que ha dado el pueblo con sus votos excluye clara definitivamente la posibilidad de que la consulta sea hecha a través de delegados intermediarios en un organismo intitulado Asamblea Constituyente.

No tengo que decirlo —porque sus manifestaciones públicas así lo señalan claramente— que el espíritu de toda actividad, sea ella cual fuere, sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos debe ser de una amplia democracia y el de una confraternidad sincera con el pueblo de Estado Unidos y su Gobierno.

Comentario:

La respuesta de Luis Muñoz Marín al reclamo de Gilberto Concepción de Gracia en cuanto a «cuándo» se resolvería el asunto de status fue clara en apariencia: al final de la Segunda Guerra Mundial. Muñoz Marín reconocía que la posposición del problema del status había sido la clave de su victoria en 1944. Alterar aquella política resultaría  desastroso para las aspiraciones electorales del PPD.  El reto ideológico que representó el Congreso Pro-Independencia lo había forzado a enquistarse en una posición más moderada.

El otro elemento interesante y que contrasta con el discurso público del PPD hacia el 1950 y el presente, es que el mecanismo idóneo para resolver el dilema fuese el Plebiscito y no la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente era interpretada por Muñoz Marín como un «intermediario»  del pueblo y era descartada de plano. El argumento da la impresión de una defensa de la «democracia directa» en el estilo de los «demócratas radicales» y cuestiona la legitimidad de cualquier «representatividad del pueblo». La propuesta del Plebiscito recuerda  la tarea pública de Eugenio María de Hostos a través de la «Liga de Patriotas» en  1899 quien vio en ese recurso la puerta de la solución del dilema del status.

Lo cierto es que la disputa respecto a cuál era el medio más democrático para resolver el status ha cambiado desde 1944 al presente. Vale la pena recordar que la Asamblea Constituyente había sido el mediodefendido por el Partido Nacionalista de Puerto Rico y que, dado que la misma debía ser ejecutada desde la soberanía para ser legítima,  muchos juristas conservadores la identificaban con la independencia de hecho. La Asamblea Constituyente que produjo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico demostró que ello no era siempre así. La negativa de Muñoz Marín a aceptar ese procedimiento puede interpretarse como un rechazo a la independencia.

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor

Luis Muñoz Marín y el Congreso Pro-Independencia (1944)

“Muñoz Marín define actitud sobre Congreso Pro-Independencia”. El Mundo, 1 de diciembre de 1944.

Populares pueden participar, pero sin violar compromiso

Este se relaciona con el «status» — Aconseja a los delegados que mantengan respeto a opinión ajena y actúen en amistad con el pueblo de Estados Unidos.

A continuación publicamos el texto de la entrevista que sostuvo con El Mundo:

—¿Hay alguna prohibición de que los populares participen en el Congreso Pro-independencia?

—Ninguna. Los populares pueden participar en el Congreso Pro-independencia lo mismo que pueden participar en un Congreso Pro-estadidad, según les dicten sus convicciones en cuanto al «status» político. Los populares estamos comprometidos a no hablar a favor de «status» político alguno en nombre del pueblo de Puerto Rico, puesto que nos comprometimos a que los votos del 7 de noviembre no se contarían como autorización para solicitar «status» político alguno en nombre de esos votos. Pero los populares estamos en la libertad de expresar nuestras convicciones en representación de nuestro propio criterio y de nuestra propia conciencia.

—¿Tiene usted algunos consejos que dar a los populares que decidan participar en dicho acto?

—Aunque los que participen no lo harán en la condición de populares, no pueden, sin embargo, desprenderse del hecho de que son populares y como tales tienen un compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Estoy seguro de que ninguno violará, o dará siquiera la apariencia de violar, el compromiso de no interpretar los votos de las elecciones generales como votos relacionados con «status» político alguno.

A todos los participantes en el Congreso, sean populares o no —concluyó diciendo el señor Muñoz Marín— me permito decirles estos dos consejos: Que mantengan la tonalidad humanista, democrática, respetuosa de la opinión ajena, que evidentemente se ha captado el respeto y la aprobación de nuestro pueblo. Y que mantengan sus deliberaciones y conclusiones en un ambiente de sincera amistad con el pueblo de Estados Unidos y su gobierno. Estos consejos los doy, no solamente en espíritu de completa solidaridad con el esfuerzo de guerra por la democracia, sino también pensando honda y cuidadosamente en todo el porvenir de estos dos millones de seres humanos que constituyen nuestro pueblo y el de sus descendientes.

Comentario:

La entrevista de diciembre de 1944 demuestra la incomodidad de Luis Muñoz Marín con los sectores independentistas dentro del PPD. El Congreso Pro-Independencia se había convertido en un problema, pero todavía no había llegado el momento de purgar o limpiar al PPD de aquellos elementos radicales. El caudillo se limitaba a recordarles que eran populares y que en 1944 arribaron al poder sobre la base del discurso de que el status no estaba en discusión y que un voto por el PPD no era un voto por la independencia. Muñoz Marín quería proteger la integridad de la organización que le llevó al poder y evitar que el mismo fuesevisto como una organización anti-americana.

En cierto modo, la situación era similar a la que él había levantado en el Partido Liberal Puertorriqueño cuando retó a su jefe político Antonio R. Barceló. El juego entre la permisividad de la democracia -pueden hacer lo que consideren correcto- y el autoritarismo del caudillo -les recuerdo que son populares- es evidente. Muñoz Marín estaba seguro de que el PPD representaba la voluntad del pueblo y ello le daba la seguridad para exigir disciplina a sus militantes. El personalismo de Muñoz Marín está maduro en 1944.

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor