Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

La otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente IV

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

 

La meta de convertir el turismo en uno de los protagonistas  del crecimiento económico tras el fin de la era de la 936 ha sido un planteamiento común a las administraciones penepés y populares desde 1990 al presente. Vender la imagen de un Puerto Rico plural y apetecible para el consumo en la era global a un precio razonable y competitivo, sin embargo, no ha sido fácil y no parece que esa situación cambie en lo inmediato.

 

Las opciones económicas del rosellato: la alta tecnología de consumo

La segunda dirección de la administración Roselló González fue promover el desarrollo de la alta tecnología y ponerla al servicio del mercado con el fin de revitalizarlo y fortalecerlo. Lo cierto es que la revolución informática y de la industria de las comunicaciones comenzó en la década de 1990 y que, en el contexto caribeño, Puerto Rico poseía ventajas tácticas notables en ese sector. El Estado Libre Asociado había invertido alrededor de 1,200 millones de dólares en una red de fibra óptica construida entre los años de 1976 y 1981. Aquella red era el valor o bien de capital más importante de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC), empresa que había sido estatalizada por un gobierno popular encabezado por Hernández Colón en 1974. En medio de la crisis de 1971 y 1973, el gobierno colonial había hecho una inversión inteligente que podía rendirle beneficios extraordinarios en el futuro.

Protesta de telefónicos: Guaynabo, 22 de junio de 1998

La inversión no fue en vano. Entre 1977 y 1989 Puerto Rico desarrolló una plataforma tecnológica envidiable que permitió la computadorización de la telefonía, la expansión de la capacidad de comunicación ultramarina y ofreció acceso a una serie de recursos de comunicación envidiables desde 1981 tales como la llamada en espera, las transferencias de llamadas y la teleconferencia. La eficacia de los mismos era reconocida a nivel regional. Aquellos recursos representaban un atractivo a la hora de atraer el capital extranjero al espacio local para la inversión. En medio de aquel proceso, en 1986 se introdujo la red móvil vinculada a la American Telephone and Telegraph (ATT) bajo el nombre de Cellular One;  y, entre  1994 y 1995 comenzaron a ofrecerse conexiones de Internet, se formalizaron los servicios del 911 e inició el servicio de celulares telefónica. En 1990 la administración Hernández Colón articuló un intento de privatización de la PRTC que fracasó por la presión popular. El lenguaje de los opositores se apoyaba en la defensa de un “bien público”, es decir, del “pueblo”, que rendía dividendos y podía seguir produciéndolos en medio de aquella década de cambios en el mercado y la política. Para el gobernador de turno una decisión a favor de la privatización tendría un alto costo electoral por lo que se desistió de la idea.

Un asunto fuera del control del gobierno local y justificado por la ruta que tomaba el mercado internacional tras el fin de la Guerra Fría alteró la situación. En 1996 el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones que desreguló ese mercado y permitió la libre competencia en el mismo. Como parte del proceso se comenzó la transición de la televisión análoga a la digital. Para el mercado aquella decisión garantizaba una inyección de capital enorme: la tecnología de consumo y la televisión ocuparon en el mercado el lugar que a principios del siglo 20 habían ocupado los electrodomésticos y el automóvil. El lenguaje social con el que se justificó iba dirigido a sufragar la necesidad de darles acceso a las comunidades desventajadas a aquellos recursos tecnológicos que marcaban una era nueva. Claro, el acceso se los ofrecería el mercado y el capital privado y, del mismo modo, los beneficios netos de proceso de igualación serían para esos sectores. El papel del Estado en ese proceso, como bien había reconocido la administración Rosselló González sería “facilitar” el proceso y, convenientemente, evitarle tropiezos al avance del capital. Las prácticas neoliberales se imponían y se legitimaban con suma facilidad.

Los efectos de aquella decisión fueron inmediatos en Puerto Rico. En 1996 se creó Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (JRTPR) y comenzó una verdadera invasión de proveedores de servicios inalámbricos. Un modelo de ello fue Centennial de Puerto Rico que ofrecía telefonía, televisión e Internet. Fue a la luz de la ley de desregulación de 1996 que la administración Rosselló González elaboró en 1997 un segundo intento por privatizar la PRTC. El alegato de Rosselló González era que, bajo un régimen de libre competencia, la PRTC no estaría en igualdad de condiciones ante la telefonía privada por su condición de corporación pública. En 1998 se recibió una oferta de un consorcio compuesto por GTE Corp. (luego Verizon GTA Corp.) y Popular Inc., y la venta se concretó en el 1999, generando unos $2 mil millones para el gobierno del ELA.  Puerto Rico. La decisión produjo una intensa actividad de protesta que se extendió durante mes y medio por parte de los empleados de la compañía. La movilización de una parte significativa de la comunidad en oposición a la privatización del bien público y un paro nacional o general de dos días desembocó en la violencia policiaca. El efecto de la represión en la imagen de Rosselló González fue determinante para sus posibilidades electorales en el 2000. La era de la “telefonía salvaje” caracterizada por la competencia por el acaparamiento del mercado inalámbrico comenzó con aquella privatización.

Protesta de telefónicos en 1998

La privatización de la PRTC no incluyó la infraestructura de fibra óptica en que se apoya la telefonía, la televisión y la Internet. El control de las fuentes de fibra óptica está en manos de PREPA Networks, una subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que “alquila” el uso del recurso a los servidores privados de telefonía e Internet como ATT, Claro, Open Mobile) desde 2004. PREPA Networks opera como una empresa privada y no tiene conexiones con el gobierno del ELA y la posibilidad de que entre como competidor en el mercado de la telefonía, la Internet y la televisión digital preocupa a los gestores privados de esos servicios. Su entrada en el mercado podría abaratar los costos de funcionamiento del Estado si este la contrata para esos fines. En meses recientes se ha acusado tanto a la AEE y PREPA Networks de “monopolizar” un bien de capital. Las fuerzas neoliberales están presionando para desmantelar uno y otro “monopolio” y abrir la energía eléctrica y la fibra óptica  a la libre competencia.

La apuesta a la tecnología también ha sido un elemento común a las administraciones populares y penepés desde la década del 1990 y no parece que esa postura vaya a variar en lo inmediato.

 

Las opciones económicas del rosellato: los servicios especializados y empresarismo

La tercera dirección fue, aprovechar la experiencia acumulada desde 1976 al servicio del capital emanado de la Sección 936, y vender esa experiencia a inversores dispuestos a venir a Puerto Rico sin los beneficios que aquella garantizaba. La experiencia financiera, gerencial y de planeación, en el campo de los seguros laborales, al capital o de salud, la inteligencia empresarial, la publicidad, las destrezas acumuladas por una mano de obra educada, diestra y sumisa, es decir, el saber y sus aplicaciones prácticas: todo era y es  considerado como una mercancía o un bien de capital provechoso si se vende bien al inversor. La táctica estaba de acuerdo con un nuevo tipo de economía de lo “inmaterial” o del “conocimiento” y podía ser rentable en un mercado en que, si bien Puerto Rico se descapitalizaba (perdía capital), otras economías en Hispanoamérica en Europa Oriental y Asia se capitalizaban (ganaban capital).

Plaza del Caribe: venta madrugadora

El proceso, de ser exitoso,  serviría también para ofrecer servicios a compañías puertorriqueñas y animar el “empresarismo” local. El empresarismo actuaría como una siembra de capital y destrezas de mercado promovida y amparada por el Estado. La esperanza de ver cómo crece,  una clase burguesa puertorriqueña que se arriesgue su capital en el mercado libre nunca se ha cumplido. La preocupación por el empresarismo puertorriqueño, en gran medida llega tarde. El Estado colonial y la economía dependiente del ELA, no le permite desarrollar mecanismos para proteger a sus inversores. Pero las ventajas de las empresas foráneas (estadounidenses) en Puerto Rico, amparadas en las premisas oblicuas  el neoliberalismo, no garantizan un escenario de libre competencia entre iguales como se asume. Entre una empresa local y Walmart, Walgreens o CVS hay una gran distancia. El inversionismo político de unas y otras se ha convertido, siempre lo fue, en un problema visible de la frágil democracia puertorriqueña: en este renglón también hay un visible “déficit democrático” que resulta invisible para muchos observadores. El empresarismo puertorriqueño tampoco está exento de estos juegos y forcejeos que representan un costo extraordinario para el Estado.

La utopía de abonar al crecimiento de un una burguesía creativa y activa de pequeños y medianas empresarios (PYMES) se combinaría  con la revitalización de los centros urbanos municipales y tradicionales que habían venidos a menos tras la explosión de la era de las megatiendas. Plaza de las Américas fundado en 1968, expandido en 1979 y remodelado en 2000, el Mayagüez Mall abierto en 1972,  Plaza del Caribe en servicio desde 1992 y expandido en 2015, y Mall of San Juan dirigido a las clase medias altas e inaugurado en 2015, se han convertido en los iconos de la era del “consumo neurótico” del cual hablaba Erich Fromm en la década de 1960. Los privilegios fiscales de las megatiendas hacen que la competencia sea desleal. Ese fenómeno social y cultural y la competencia de la oferta del mercado estadounidense en las ventas al detal, los servicios y los mercados virtuales, impiden el desarrollo saludable del empresarismo puertorriqueño. Lo cierto es que desde el  1990 al presente, el esfuerzo no ha tenido el éxito que se esperaba.

A pesar de todos los escollos, el desarrollo de empresarismo y los servicios especializados también ha sido adoptado como metas por todos los gobiernos del 1990 al presente.