Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIV

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

¿Cuál era la situación del PPD en la década de 1990? ¿Podría una organización producto y reflejo de la Guerra Fría elaborar ajustes que le permitieran sobrevivir como una alternativa real en la pos-Guerra Fría? El hecho de que en 2016 todavía sean una opción electoral para decir que sí. Pero lo cierto es que el asunto no se reduce a ganar elecciones. El bipartidismo que ha caracterizado la praxis electoral colonial desde 1968 al presente no deja mucho margen para el juego: si no gana el malo vencerá el peor, como ha sugerido tan certeramente Emilio Pantoja con su metáfora de la kakistocracia.

El PPD en la década de 1990 ¿una crisis de liderato?

Un problema no discutido a profundidad es que aparte de Calderón Serra y Aníbal Acevedo Vilá, el PPD no tenía ninguna figura vigorosa y atractiva para oponerle a Rosselló González en la década de 1990. No se trata de que no tuviese personalidades inteligentes y organizadas para la tarea. Héctor Luis Acevedo o Eudaldo Báez Galib por ejemplo, cumplían con ese criterio de profundidad que los podían convertir en una alternativa real. Sin embargo ninguno cumplía con las condiciones mercadeables del top model político que, por otra parte, ya estaba abandonando a Rosselló González. En aquella década el liderato popular se caracterizó por su opacidad. Muñoz Mendoza, la candidata en 1992 a quien se le reconocía como soberanista, renunció a la presidencia en 1993 tras la derrota. El profesor Acevedo, un intelectual probado de tendencias también soberanistas, tomó las riendas de la organización y cargó con la derrota en 1996. La vieja política abrió paso a una nueva política para la cual el liderato popular no estaba preparado. En el proceso electoral de 1996 parecía imposible derrotar a Rosselló González. Los populares tuvieron que recurrir a su único mito vivo para apelar al electorado. En octubre de 1996, Roberto Sánchez Villela abandonó el silencio para llamar públicamente a que se votase contra Rosselló González. La gestión no tuvo éxitos: los iconos del Puerto Rico moderno ya no parecían funcionar.

Sila M. Calderón Serra

No solo eso. El giro de la década de 1990 puso en duda la legitimidad del ELA con argumentos análogos a los que había esgrimido en la década de 1950 los opositores a esa opción de estatus. En 1994 Marco A. Rigau, soberanista, afirmó públicamente que el ELA carecía de plena dignidad política y que tampoco garantizaba una forma de unión permanente con Estados Unidos. Con ello ponía en entredicho dos de los pilares de la teoría muñocista formulados en el punto álgido de la Guerra Fría. Miguel Hernández Agosto, otro de los líderes más respetados de la organización, se ocupó de responder desde una postura afirmativamente moderada. Su argumento era que, de ser así, Estados Unidos había engañado a todo el mundo civilizado en 1952. La figura retórica de que el ELA no podía ser un engaño porque Estado Unidos no es capaz de tamaño engaño se ha reiterado en diversa ocasiones desde entonces. La idea de la “inocencia americana” estaba todavía bien enraizada en los sectores del centro político en la colonia.

Las fisuras dentro del PPD animaron la pugna entre los moderados y soberanistas de todos los calibres. La consulta plebiscitaria de 1998, en lugar de subsanarla, las aceleró. Un lemento interesante de aquel evento fue que abrió las puertas para un liderato nuevo. Pero las figuras que ocuparon los espacios vacantes, a pesar del despertar soberanista, se caracterizaron por su moderación ideológica. El resultado neto del plebiscito fue desorientado y confuso. Ello combinado con el ascenso de los populares moderados a la cúpula organizativa que puso en “compás de espera” el tema estatutario hasta el 2012. Ese año correspondió otra vez al PNP, entonces bajo la férula de un liderato republicano encabezado por Luis Fortuño Burset y Jenniffer González, retomar el asunto con los resultados que con posterioridad discutiré. Entre 1998 y 2012 el PPD fue cada vez más cuidadoso en cuanto al manejo del espinoso asunto del estatus.

¿Qué pasó con el estatus?

El triunfo de Calderón Serra en las elecciones de 2000 garantizó la tregua y la inacción. El candidato del PNP Carlos I. Pesquera una figura nueva vinculada al rosellato que aspira retornar a la política en 2016; y Berríos Martínez (PIP), un símbolo del continuismo y del independentismos de la nueva vieja guardia, fueron sus opositores. El compañero de papeleta de Calderón Serra fue Acevedo Vilá, candidato a la comisaría en Washington y abogado, con quien tenía desavenencias ideológicas. De hecho Calderón Serra, una moderada, prefería para esa posición a José A. Hernández Mayoral, abogado e hijo del caudillo de Ponce y un respetado ideólogo conservador que había profundizado en las posturas filosófico-políticas de su padre.
Las convergencias entre Calderón Serra y Hernández Mayoral eran muchas. Los dos provenían de importantes familias de la burguesía puertorriqueña y coincidían en que el problema de estatus estaba solucionado desde 1952. Si la estadidad era imposible y la independencia un potencial desastre, trabajar en el marco de las relaciones existentes era lo más pragmático. Las fisuras sobre las que llamaban la atención los soberanistas eran pecata minuta: lo que el ELA necesitaba era algunas reformas cosméticas y seguiría siendo funcional como un sistema de relaciones permanente.

Aníbal Acevedo Vilá

Calderón Serra simbolizaba a los sectores moderados vinculados al capital local desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era dueño Payco Ice Cream Corporation y de Calderón Enterprises, había sido miembro de la Junta de Directores del Puerto Rico Sheraton Hotel y del Banco Popular de Puerto Rico. Calderón Serra proyectaba muy bien el modelo del “burgués exitoso”, valor que combinado con el hecho de que fuese una mujer que había triunfado en un mundo dominado por hombres y patriarcas, había sido la primera Secretaria de Estado del país en 1988, aumentaban su atractivo. Su acceso a la gobernación sería la culminación de una carrera pública extraordinaria. Es interesante que su condición de persona privilegiada no minara la simpatía que su imagen producía en el ciudadano común, tal y como había sucedido con Ferré Aguayo cuando accedió al poder en 1968. La opinión pública la interpretó como una mujer pionera y un símbolo legítimo de hasta dónde podían llegar las reivindicaciones feministas incluso en un país tan tradicional como Puerto Rico.

Calderón Serra contrastaba con la caricatura del “político vociferante” que había dominado durante la década de 1990, sin lugar a dudas. El lema de su campaña, “Un gobierno limpio” y su formalidad y urbanidad chocaban con el perfil de figura corrupta y el lenguaje neopopulismo urbano de Rosselló González. Aparte de ello, como ya se ha señalado antes, su función protagónica en la articulación de la campaña de la “Quinta Columna” en la consulta de 1998 la convertía en la figura idónea para ganar los comicios.

El giro que imprimió Calderón Serra al asunto del estatus tras la consulta tuvo, sin embargo, efectos contradictorios. La funcionaria revivió el tema de la “Asamblea Constituyente” como método para resolver el estatus. El tema de la cuestión táctica fue introducido por Aníbal Acevedo Vilá, Comisionado Residente en Washington en 2001. Las ventajas de hablar el lenguaje de la “Asamblea Constituyente” favorecía la convergencia con los sectores anticoloniales que no eran populares: me refiero a los socialdemócratas, los socialistas y los nacionalistas. La contradicción radicaba en una cuestión retórica que podía tener efectos materiales concretos. La gobernadora hablaba de una “Asamblea Constitucional de Estatus” y para algunos observadores ello no necesariamente equivalía a una “Asamblea Constituyente” descolonizadora. No me parece necesario recordad que en una asamblea constitucional observada mundialmente se había creado el Estado Libre Asociado en 1952. Estas estructuras legales no son inmunes al manejo de las fuerzas políticas y económicas que las rodean y las exceden.

Una “Asamblea Constitucional de Estatus” ofrecía un abanico de posibilidades capaz de complacer al más moderado de los populares. Técnicamente podía ser percibida como una mera revisión de la relación Puerto Rico y Estados Unidos dentro del marco del Estado Libre Asociado con el fin de preservar esa estructura pero mejorada. Esa y no otra había sido la meta de Muñoz Marín y Antonio Fernós Isern en 1959. Los nuevos espacios de soberanía no tenían por qué afectar la soberanía del otro porque no sacarían a la isla de la cláusula territorial. Ello podía representar una tabla de salvación para el ELA. Lo cierto es que la idea de un “ELA (más) soberano” resultaba jurídicamente absurda para muchos en el 2001
La segunda aspiraba superar el ELA camino de la independencia o la libre asociación y dejar atrás el régimen de 1952.

Una “Asamblea Constituyente” implicaba el retorno hipotético al cero, a la tabula rasa para, desde ese sitio y acto, inventar la relación sin fisuras coloniales. Se trataba precisamente de lo que no había ocurrido entre 1950 y 1952. La legitimidad de la misma dependía de que la decisión se tomase desde la soberanía, sin coacción. Y en Puerto Rico ese concepto levantaba y levanta el espantajo de la independencia corroborando el principio de que es más fácil ser un demagogo que un intérprete. El hecho de que ese recurso y esa lógica hubiesen sido promovidas por dos juristas radicales, Pedro Albizu Campos y Juan Mari Brás, no favorecía al mismo. Todo ello condujo al clima de confusión que se adueñó del tema durante el cuatrienio de 2001-2004

Reformas económicas y cambio social: un balance cultural

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático e Historia y escritor

El proyecto económico y social dirigido por el Partido Popular Democrático entre 1940  y 1964 no fue celebrado por todos los sectores ideológicos. La oposición provino de una diversidad de frentes y utilizó una amplia gama de argumentos para cuestionarlo. Durante aquel complejo periodo de cambio, como se sabe, el tradicional Socialismo Amarillo, apoyado en el Partido Socialista fundado en 1915, colapso. Una parte de la militancia permaneció en la filas del estadoísmo pero un segmento significativo se sumó a las huestes populares. El Socialismo Rojo, apoyado en el Partido Comunista Puertorriqueño fundado en 1934, nunca representó una amenaza real. En 1938 convergieron con los liberales que fundaron el PPD en que lo correcto era apoyar el Nuevo Trato e hicieron su peculiar interpretación de la política soviética de los Frentes Amplios y apoyaron el programa popular.

Sello del Instituto de Cultura Puertorriqueña

Los más activos opositores provenían del Estadoísmo y el Independentismo: dos tendencias derivadas del liberalismo político que veían en proceso de crecimiento material a la luz de sus aspiraciones estatutarias y no del crisol de la lucha de clases. Uno y otro extremo chocaban con el  PPD sobre la base de su planteamiento de Estatus y ponían en duda la sinceridad o la naturaleza de su nacionalismo. Ambos, igual que se alega en el discurso político del presente, veían en la gestión de gobierno del PPD hasta 1952, y luego en el Estado Libre Asociado, un factor que impedía la “solución definitiva” del Estatus.

Por eso amplios sectores del Estadoísmo boicotearon la Convención Constituyente que produjo la Constitución del ELA. Para ellos aquel documento no era más que un impedimento para la integración del país como Estado de la Unión. Por su parte, el independentismo electoral, representado por el Partido Independentista Puertorriqueño también cuestionó el proceso y se enajenó del mismo por el hecho de que veía al ELA como un freno a la Independencia y como un sistema que favorecía la futura conversión del país en Estado de la Unión. La oposición más agresiva provino, naturalmente del Nacionalismo Político, apoyado en el Partido Nacionalista que, fundado en 1922, había tomado la ruta de la “acción inmediata” desde 1930. La Insurrección de 1950 y los atentados de 1954, fueron las notas más significativas de aquel fenómeno.

El PPD, que era una organización que provenía de la izquierda, se transformó en una organización de centro y la idea, tan importante para Antonio Fernós Isern, de que el ELA funcionaría como una “tercera vía” entre la Independencia y la Estadidad se legitimó. Lo cierto es que  el  PPD había surgido como una alternativa viable en las elecciones de 1940 porque fue pensado no solo como un “frente amplio” sino como un “mediador” entre los dos extremos políticos. Mientras se caminaba esa “tercera vía” se procuraría facilitar el crecimiento económico de la colonia y, una vez alcanzado el nivel deseado, se procedería a solucionar el asunto estatutario de una manera definitiva.

Lo cierto es que, con el pasado político independentista y socialista de Luis Muñoz Marín y alguna de su gente, muchos presumían que la puerta a la que se arribaría sería la de una mayor soberanía e, incluso, la independencia. Pero a la altura del 1968 ya nadie creía en aquel supuesto: el PPD se había convertido en una fuerza moderada que se resistía o era incapaz de alterar el sistema que había creado en 1952 y esperaba que se le apropiara como un estatus definitivo cuyo margen de cambio era pequeño.

Ya se ha establecido que en la década de 1950 a 1959,  la ideología antipopular más pujante era el Independentismo. La violencia Nacionalista, los actos de 1950 y 1954; y la visibilidad electoral del PIP durante las elecciones de 1952 y 1956, así lo confirman. La respuesta del PPD al discurso Nacionalista e Independentista, fue un refinado Nacionalismo Cultural articulado desde el poder. El conjunto de aquella política y praxis se denominó “Operación Serenidad”.

Portada de un panfleto de DIVEDCO

La Operación Serenidad

“Operación Manos a la Obra” iniciada en 1940,  cambió materialmente a Puerto Rico. De ello no cabe la menor duda. Muñoz Marín veía en ello la garantía de “el derecho a la vida”. Del mismo modo, la Ley 600 de 1950 y la Constitución de 1952,  alteraron la relación colonial con Estados Unidos.  Muñoz Marín percibía en aquello proceso la garantía de “el derecho a la libertad”. Pero el mismo gobernador y numerosos intelectuales del PPD reconocían que el pueblo o la gente se encontraban ante una situación nueva y que la ola de cambios podría generar inestabilidad social si no eran bien comprendidos por la gente. Se trataba de un momento crítico en que se dejaban atrás los valores “tradicionales” y se abría paso a los “modernos”.

La lógica de aquellos intelectuales fue simple: una vez  suplidas las necesidades económicas y políticas, había que suplir las apetencias espirituales y culturales. El propósito era balancear aquellas esferas con otras reformas que actuaran en el ámbito “cultural y educativo del pueblo” con el fin de que Puerto Rico forjara una “buena civilización”. Muñoz Marín hablaba como un intelectual  de la Generación del 1930. Para los intelectuales de la Gran Depresión y de la Posguerra -los del 1930 y los del 1950- aquello significaba que habría que facilitar la ruta para  “la búsqueda de la felicidad”. La revolución pacífica, como la denominaba, no estaría completa hasta conseguir esa meta. La  “Operación Serenidad” fue la respuesta a aquella preocupación.

Las Generaciones de 1930 y de 1950, creían en la necesidad y posibilidad de la “armonía social” y favorecían una vida que se amparara en la “moderación” y la “mesura”. Si el pueblo era capaz de reflexionar maduramente sobre los cambios económicos y políticos por los que atravesaba, viviría mejor el cambio y “vivir mejor el cambio” implicaba que no dejarían de ser “puertorriqueños” ni perderían la “identidad”. Para ello idearon una serie de programas culturales que cumplirían dos funciones. La primera, “serenar” al pueblo; la segunda responder a las acusaciones de traición que provenían del Nacionalismo y el Independentismo.

Ricardo Alegría, de blanco, junto a Eugenio Fernández Méndez y otros

División de Educación a la Comunidad (DIVEDCO)

DIVEDCO fue Creada en 1949 e incluía un programa de alfabetización de adultos que penetró áreas rurales y urbanas de todo el país. Por aquel entonces todavía se veía en la educación un recurso que allanaba el camino hacia la libertad y una garantía para el crecimiento económico y uno de apoyos principales para la apropiación del proceso de modernización acelerada que se vivía. DIVEDCO producía sus materiales educativos tales como  filmes, carteles, libros y panfletos por lo que funcionó como un taller de trabajo para la clase artística que, en cierto modo, puso el arte al servicio de la educación y de la gente de una manera orgánica y balanceada.

Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)

Creado por la Ley 89, el 21 de junio de 1955, a aquella institución se le encargó el deber de “…contribuir a conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico” y “… lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos”. con el fin de administrar aquel proyecto se nombró al Dr. Ricardo E. Alegría, como Director Ejecutivo del mismo en noviembre de 1955. La selección fue bien eficaz: Alegría era hijo de uno de los fundadores del Partido Nacionalista en 1922, el escritor José S. Alegría.

EL ICP estimuló, por su parte la creación de una Biblioteca General, hoy Biblioteca Nacional de Puerto Rico; y el Archivo General de Puerto Rico ubicado hoy en Puerta de Tierra. No solo eso, también desarrolló programas para promover las artes escénicas (teatro y danza), plásticas y populares y la música ayudando a su financiamiento. Aquella institución también promovió el desarrollo de museos y parques conmemorativos, los nichos de un arte público que convertía la identidad  nacional en signos palpables y accesibles, a la vez que preservó monumentos y zonas históricas que hoy poseen un valor económico y turístico enorme.

La base del trabajo cultural directo con el pueblo se dejó en manos de numerosos “Centros Culturales” comunitarios. Aquellos eran organizaciones ciudadanas que, sobre la base de la localidad, conectaban a la gente con el hacer cultural nacional y sus instituciones culturales. El ICP estructuró dos consejos de suma importancia para la arqueología puertorriqueña y
antillana. Uno tuvo la responsabilidad de proteger el Patrimonio Arqueológico Terrestre, y el otro la Conservación y Estudio de Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos.

Jaime Benítez, Juan Ramón Jiménez y Pablo Casals

Festival Casals

Fundado en 1955, su primera temporada fue en 1956. La figura central del mismo fue Pablo Casals, violonchelista catalán quien vivía refugiado en Prades, ciudad del sur de Francia, lejos de la dictadura franquista. Muñoz Marín y el Rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, lo invitaron a establecerse en el país. El Festival Casals se convirtió en un atractivo de calidad internacional y sirvió de fundamento para la creación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el Conservatorio de Música de Puerto Rico y las Escuelas Libres de Música adscritas al Departamento de Instrucción Pública

Radio y TV de servicio público

Por último, en 1958 se inauguraron dos radiodifusoras: una AM y otra FM, y dos televisoras: WIPR-TV en San Juan y WIPM-TV en Mayagüez. Los esfuerzos de DIVEDCO y el ICP por culturizar al pueblo camino a la modernización y preservar  una versión respetable del pasado que se dejaba atrás, tuvieron en aquellos medios de comunicación un espacio privilegiado que enriqueció la imagen del país, sin duda, y puso a Puerto Rico en el mapa cultural hispanoamericano.

Comentarios finales

Aquellas políticas del PPD en el poder eran prácticas aspiraban a administra la cultura “desde arriba”, sin duda. Detrás de todo ello había algo de “dirigismo cultural” que hoy podría ser cuestionado críticamente. Sin embargo, la autonomía de los creadores amparados por ellas es un asunto que no puede ser puesto en tela de juicio. Todavía en las décadas del 1970 y el 1980, aquellas instituciones eran miradas con reverencia y respeto por aquellos que aspiraban ubicarse en el “mercado cultural nacional” desde una posición contestataria. La era de bipartidismo y los turnos entre el PPD y el Partido Nuevo Progresista, los convirtió en un terreno movedizo y terminó por minar su dinamismo. En su conjunto, el objetivo detrás de “Operación Serenidad” y sus instituciones era convertir a Puerto Rico en una plaza cultural competitiva internacionalmente por medio del desarrollo del capital cultural nacional. Aquel esfuerzo coincidió con la difusión de medios masivos de comunicación nuevos como la televisión que se difunde desde 1954, pero supo aprovechar la coyuntura para poner incluso aquel recurso al servicio de la cultura y la nacionalidad.

Pero detrás de todo ello también había un propósito político: frenar las acusaciones de la oposición Nacionalista e Independentista de que el PPD atentaba contra la nacionalidad o la identidad puertorriqueña. En su conjunto, “Operación Serenidad” y sus instituciones  ofrecían una alternativa: el Nacionalismo Cultural inofensivo políticamente o “bueno”, como le llamó Muñoz Marín en algún momento con el fin de anteponerlo al Nacionalismo Revolucionario. Detrás de ello estaba la meta de despolitizar la conceptualización de la identidad puertorriqueña y la cultura nacional. La meta era resultar convincentes cuando se afirmaba que ser puertorriqueño y puertorriqueñista no era un acto ofensivo si prescindía de la discusión del estatus y no ofendía la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Lo que hacían era confirmar la idea de que era posible ser puertorriqueño en la colonia. En ese sentido, consiguieron sus aspiraciones. De eso no  me cabe la menor duda.

El 1950 y la política de status

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor

 

El arquitecto de la Ley Pública 600 fue Antonio Fernós Isern, el mismo que por medio de sus artículos de 1946 – Camino abierto I y Camino abierto II, imaginó la “tercera vía” como una opción ante la estadidad y contra la independencia.  El 13 de marzo de 1950, Fernós presentó  legislación en el Congreso desde su posición de Comisionado residente, con el fin de “proveer para la organización de un gobierno constitucional por el pueblo de Puerto Rico”. Con ello el PPD cumplía su promesa de 1948 de enfrentar el asunto del status en cuanto se impusiera en las elecciones de ese año y Luis Muñoz Marín ocupara la gobernación por elección popular.

El Senado y la Cámara de Estados Unidos aprobaron la legislación porque reconocían que la misma evadía  la estadidad ni la independencia, dos propuesta que como se sabe no estaban dispuestos a articular, la primera por consideraciones culturales y la segunda por cuestiones geoestratégicas.  La otra razón de peso para aprobar la legislación habilitadora fue que quedaba claro que la misma no comprometía al Congreso ni con la estadidad ni con la independencia para el futuro. La impresión que queda es que el Congreso que estimula la revisión del status esperaba que la solución alcanzada cerrara el asunto del status de una manera definitiva. En ese sentido no estaba contando con la opinión de los independentistas ni de los estadistas, movimiento en los que había numerosos ideólogos poco dispuestos a aceptar el lenguaje que se les pretendía imponer.

El otro elemento que justificaba la aprobación de la Ley Pública 600 era que, a fin de cuentas,  “las relaciones políticas, económicas y sociales entre la isla y Estados Unidos permanecían inalteradas”. La Ley 600 no representaba un “riesgo” político visible y, por el contrario, presentaba una oportunidad única para mejorar la imagen de Estados Unidos y presentarlo como un poder que estaba dispuesto a superar el imperialismo y el colonialismo. En julio de 1949 y ante el Comité de Terrenos Públicos de la Cámara, Luis Muñoz Marín había aceptado que “la constitución será probablemente muy similar (…) de la que ahora rige por acción del Congreso” (se refería al Acta Orgánica Jones de 1917). Y Fernós Isern aseguraba en el mismo Congreso en abril  de 1950 que “la suprema autoridad política de Estados Unidos bajo el tratado (se refería al Tratado de Paris que traspasó a Puerto Rico en 1899) seguirá inalterada”. La necesidad de tranquilizar a los congresistas y de proponer la Ley Pública 600 como un documento que no cambiaría de manera sustancial la relación de Estados Unidos y Puerto Rico era esencial para que la misma fuese aprobada con la menor oposición posible en un Congreso que, según el jurista José Trías Monje en sus memorias, no comprendía, ni estaba dispuesto a comprender, los argumentos de la clase política dominante en la isla sobre la relación entre ambos países.

La Ley Pública 600 autorizaba a convocar un referéndum al pueblo sobre la Ley 600. En el mismo se respondería a la pregunta de si el pueblo aceptaba o no el proceso que se incoaba con ella. La Ley Pública 600, una vez refrendada por el electorado, autorizaba a la Legislatura de Puerto Rico a convocar una Asamblea o Convención Constituyente cuyos delegados o constituyentes se elegirían en una elección especial.  La Asamblea o Convención Constituyente tendría la responsabilidad de redactar una Constitución para Puerto Rico. El proceso, hasta ese punto era jurídicamente pulcro.

La Ley Pública 600, sin embargo iba más allá y establecía una serie de requisitos mínimos para la Constitución. Los mismos serían que la misma debía crear “Gobierno Republicano en forma” y que debía incluir una “Carta de derechos”. Una vez redactada, la Constitución tenía que ser sometida al Pueblo de Puerto Rico para su aceptación y remitida al Presidente de Estados Unidos, quien determinaría si era armónica con las Leyes y Constitución de ese país. Una vez determinado el asunto, el documento pasaría al Congreso de estados Unidos para su consideración, enmienda  y aprobación final.

La Ley Pública 600 estipulaba que el Art. 5 de la Ley Orgánica Jones de 1917 permanecería inalterado. El contenido del mismo resulta esencial para evaluar la cota de soberanía a la que Puerto rico podía aspirar. En el Art. 5 el Gobierno Federal se reservaba el control sobre las aduanas, el comercio exterior, el sistema monetario, la defensa, la  justicia, los correos y la política exterior de Puerto Rico. Las relaciones fiscales y la soberanía del Congreso, en consecuencia, quedarían incólumes. Lo único que se revisó fue el nombre: en adelante se denominaría  se llamaría  Ley de Relaciones Federales.

El inciso explica varias cosas: la idea de que Puerto Rico y Estados Unidos tienen mercado, moneda y defensa común; la idea de que entre ambos media un convenio o pacto entre iguales que no puede ser alterado unilateralmente; la idea de que la Constitución descolonizó a Puerto Rico. Ley Pública 600 solo permitiría cambios en el “gobierno interno” de Puerto Rico, crearía “un gobierno propio soberano” pero evadía cualquier proceso legítimo de “libre determinación” y sus efectos no correspondían con la “soberanía” ni la “independencia”. Como se verá más adelante, el producto jurídico era un híbrido que tampoco equivalía a una “libre asociación” o una “república asociada”. En la realidad de las cosas la aplicación de la Ley Pública 600 se redujo a una revisión  de la Ley Orgánica de 1917 en el momento en que la “industrialización por invitación” iniciada en 1947, necesitaba alguna estabilidad política.

El Referendum para la Ley 600  se celebró el 14 de junio de 1951. En el mismo votaron a favor 387,016 personas o el 76.5% y 119,169 o el 23.5 % votaron en contra. Como era de esperarse, en la elección de los delegados a la  Convención Constituyente, el Partido Popular Democrático acumuló 351,946 votos o el 82.1%  lo cual  significó 92 candidatos. El Partido Estadista Republicano obtuvo 50,720 o el 11.8% y el Partido Socialista obtuvo 22,505 o el 5.2%. El Partido Independentista Puertorriqueño se abstuvo de participar y cuestionó el carácter descolonizador del proceso.

 

Epílogo de una ley

En 1993 el Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos determinó lo siguiente:

1. Que la Ley Pública 600 del Congreso no sacó a Puerto Rico de la jurisdicción de la Cláusula Territorial en 1950
2. Que su aplicación no produjo una alteración fundamental en las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos
3. Que Puerto Rico seguía siendo un territorio no-incorporado bajo la Constitución de Estados Unidos
4. Que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico era soberana igual que en 1899

La decisión implicaba que las autoridades de Estados Unidos podían eliminar unilateralmente la Constitución de Puerto Rico o la Ley de Relaciones Federales. Que incluso podían  revocar la ciudadanía impuesta en 1917 por el hecho de que las relaciones no eran bilaterales ni entre iguales y la idea del convenio no era legítima. La decisión de 1993 debió cambiar el lenguaje de la discusión del estatus y estimular a los defensores del Estado Libre Asociado a  revisar sus posturas en dirección de la República Asociada, el Estado Libre Asociado Soberano o la Libre Asociación. Pero, como se sabe, la década del 1990 vio el nuevo auge del anexionismo en el país bajo la dirección de Pedro Roselló González (1993-2001). Los progresos de la postura revisionista entre los populares han sido pocos, hecho que los confirma como una organización cada vez más moderada.

 

Fernós Isern: Camino abierto II (1946)

“Camino abierto II”, 12 de septiembre de 1946.

• Antonio Fernós Isern

 

Los puertorriqueños estamos contestes en que sea el pueblo mismo quien, mediante consulta, decida en definitiva, asegurando su status de soberanía democrática, cuáles han de ser sus relaciones con Estados Unidos. Si las de un Estado en la Unión Federal o si las de un pueblo con gobierno propio democrático, fuera de la Unión Federal.

A la segunda alternativa se le llama comúnmente Independencia. Hay importantes razones por las cuales pudiera objetarse el vocablo, puesto que la total independencia de los pueblos, dada la actual organización del mundo, no puede existir ya; como no existe la independencia del individuo en sociedad, total y absoluta. Independientemente de los demás hombres fue Robinson Crusoe en los primeros tiempos de su vida en la isla; pero apenas puede concebirse hoy una nación en plan de Robinson Crusoe.

Para no perdernos en cuestiones semánticas, y para entendernos, diremos que estamos todos de acuerdo en que hay dos alternativas para nuestra soberanía: una dentro de la Unión Federal: otra fuera de la Unión Federal de Estados Unidos. Y vamos a referirnos en este artículo a la segunda alternativa.

Una vez Puerto Rico asumiera su posición dentro del marco de la vida internacional, tendría toda la responsabilidad de su propia vida. Dentro de los términos en que Puerto Rico plantea su problema político hoy, al llegar a la soberanía democrática, sería suya no solamente la responsabilidad de su vida desde ese momento en adelante, sino que también la responsabilidad de las circunstancias en que comenzara tal régimen, por cuanto así lo habría aceptado. Esto es, Puerto Rico habría aceptado las condiciones en que habría de comenzar su vida en tal status.

Esta es la razón por la cual es el deber de todos enfocar el problema desde ahora con toda seriedad, con toda serenidad, porque estamos siendo nuestros propios guías y no debemos equivocarnos ya. Permita nuestro talento iluminar el camino con una lámpara eléctrica de 200 voltios o solamente con una cerilla, todos debemos contribuir con las luces que tengamos, a iluminar el camino. Esto me mueve a hacer las siguientes reflexiones:

Puerto Rico no está satisfecho, no puede estarlo, con su actual nivel de vida; aspira a elevarlo. Tiene que elevarlo para justicia de todos, tiene que elevarlo rápidamente para que el nivel de vida cree las circunstancias que producen una reducción en la natalidad y para que se estabilice nuestra economía. Puerto Rico tiene ante sí el dilema de que, o se elevan sus ingresos, o se reduce su nivel actual de vida. Esto a virtud de que crecemos en número año por año en cifra de 50,000 habitantes y seguiremos creciendo inexorablemente por un número de años. Si las oportunidades de aumentar ingresos permiten solamente cierto límite, meramente podremos mantener el nivel actual y prontamente el aumento se habrá consumido en hacer frente a las necesidades de la población que seguirá creciendo. Si, por otra parte, las oportunidades permiten un ascenso hasta un nivel mayor, a los pocos años habremos vuelto al que tenemos: en cuanto sea el aumento de población ocurrido; en tanto haga presión sobre el nivel de vida alcanzado. Por consiguiente, es claro que hay que encontrar formas para aumentar el ingreso y para elevar los niveles de vida actual rápidamente, hasta un límite de civilización industrial plena, para que quepan en él los que de continuo llegan desde el misterio de la maternidad, sin que reduzcan el nivel de vida y para que comience el descenso de la natalidad por natural fenómeno social.

¿En qué forma podría Puerto Rico, sin provocar innecesarios sufrimientos y una innecesaria catástrofe, pasar de su sistema actual de relaciones económicas con Estados Unidos al que tiene, por ejemplo, la República de Cuba con los Estados Unidos? Analicemos los factores:

Puerto Rico tiene libre cambio establecido con Estados Unidos, aun cuando con ciertas limitaciones para nosotros. En Puerto Rico rige la ley que hace funcionar la organización conocida como la A.A.A. Las sumas producidas por impuestos de rentas internas sobre bebidas importadas en Estados Unidos, producto de Puerto Rico, ingresan en el Tesoro de Puerto Rico. Los Estados Unidos hoy asignan una suma total anual de varios millones para salud pública, educa­ción, carreteras, agricultura, comedores escolares, en Puerto Rico.

Si súbitamente Puerto Rico pasara al status de Cuba, ganaría la potestad de establecer su propia ley de tarifas como Cuba y regiría sus Aduanas, como Cuba, lo cual incluiría la potestad de imponer tarifas a productos de los Estados Unidos; perdería la libre entrada de sus productos en Estados Unidos, las rentas internas federales, el funcionamiento de la A.A.A., las asignaciones destinadas a la salud, educación, comedores escolares, carreteras, agricultura. Un cambio de esta naturaleza, hecho de súbito, trastornaría nuestra economía de modo catastrófico. Antes de que se construyera un nuevo edificio económico, sobre las nuevas bases, se habría desplomado el edificio actual y nos habría aplastado bajo sus ruinas. Por consiguiente, sin necesidad de considerar si a la postre uno u otro edificio sería el más sólido, hermoso y amplio, es preciso admitir la necesidad de un período de transición entre uno y otro, si es que se fuera a hacer el cambio. No debería ser necesario construir un nuevo edificio sobre las ruinas del otro. En ese caso lo habrían de construir los muertos en la catástrofe o los supervivientes de la catástrofe. Sería preferible pasar del uno al otro sin que en ningún momento nos encontráramos aplastados por el viejo o, cuando menos, a la intemperie.

Durante ese período de transición se habrían de conservar las relaciones económicas actuales e ir estableciendo nuevas relaciones comerciales entre Puerto Rico y otros países que Estados Unidos, en forma que estas últimas no perjudicaran las primeras.

A los fines del argumento puede aceptarse, como se ha propuesto, que ese período de transición pudiera desenvolverse después de establecida la soberanía democrática fuera de la Unión; pero, claro está, tendríamos que contar para ello con la ilimitada generosidad del Congreso de los Estados Unidos. Un sentido realista de la situación debe llevarnos, cuando menos, a temer que no sea posible obtener arreglo tan satisfactorio para Puerto Rico.

Para darnos cuenta de la dificultad de obtenerlo recordemos cuáles serían las concesiones a obtener:

Puerto Rico tendría un régimen de comercio libre con Estados Unidos; continuaríarecibiendo la devolución del dinero producido por las rentas internas federales; continuaría el funcionamiento en Puerto Rico de la Ley de la A.A.A., continuaría asignando dinero el Congreso para Puerto Rico, destinado a salud, educación, etc., mientras Puerto Rico establecería sus relaciones comerciales con otros países. Esta situación habría de durar hasta que estas nuevas relaciones comerciales y el desenvolvimiento económico de Puerto Rico permitieran, sin bajar los niveles de vida y haciéndonos cargo de la creciente población, renunciar a las relaciones económicas y fiscales actuales con Estados Unidos.

Los Estados Unidos intervinieron en la Guerra Hispano-Americana y establecieron la independencia de Cuba, pero desde el primer instante Cuba tuvo relaciones muy diferentes que las nuestras de los últimos 48 años con Estados Unidos. No se extendieron ayudas directas de Estados Unidos a Cuba. Por lo contrario, se estableció un arancel recíproco entre ambas repúblicas y se limitó el poder de Cuba para hacer tratados comerciales con otras naciones. Esto último fue establecido por la enmienda Platt.

Filipinas obtuvo su promesa de independencia, para diez años después, a condición de que, desde el primer día de independencia, comenzarían a erigirse las vallas tarifarias entre ambos países, aunque de modo gradual. Recientemente, a virtud de la devastación de la guerra en Filipinas, se ha enmendado la ley y se le han otorgado a Filipinas ocho años de libre cambio desde el primer día de su independencia, pero al cabo de ocho años empezará el progresivo aumento de las vallas tarifarias entre Filipinas y Estados Unidos.

Filipinas advino a un régimen político transitorio, con plena autoridad política local, inclusive la de establecer sus propias tarifas (autoridad que Filipinas hizo siempre bajo el régimen de Estados Unidos) mientras mantenía el libre cambio con Estados Unidos. Al cabo de doce años de este régimen, Filipinas ha advenido a su independencia y dentro de ella tendrá todavía libre cambio por ocho años; al cabo de este período comenzará un progresivo aumento en las vallas tarifarias, hasta que en veinte años se llegará a la situación (probablemente) de nación más favorecida.

A Puerto Rico podría ofrecérsele un régimen análogo al de Filipinas antes de la Independencia, con plena autoridad política, reteniendo sus relaciones fiscales comerciales y económicas actuales con Estados Unidos (excepto, como dijimos, que tendríamos libre cambio, en lugar de unión aduanera) y agregando a éstas el poder de gobernar su comercio exterior aunque con intervención de los Estados Unidos, lo cual Puerto Rico no ha tenido nunca. Ese régimen político, a diferencia y en ventaja sobre el procedimiento seguido en Filipinas, estaría fundamentado no en mera concesión congresional, sino en el reconocimiento deja soberanía de pueblo, consagrada a virtud de una ratificación de las disposiciones de la ley del Congreso que establecería este régimen por nuestra Legislatura. Estas relaciones políticas tendrían carácter de una asociación resultante de un acuerdo, de un convenio, y no serán modificables, excepto por acuerdo bilateral. Puerto Rico podría pasar de este status a la independencia cuando así lo determinara el voto del pueblo, sin necesidad de más confirmación del Congreso, según disposición de la ley previamente aceptada por el pueblo; es decir, Puerto Rico tendría su independencia partiendo de este, régimen, cuando lo creyera conveniente y así lo decidiera, si lo decidía, en un plazo corto o largo, a su voluntad.

Así Puerto Rico habría tomado su porvenir, su suerte, en sus manos. Con los caminos del mundo abiertos ante sí podría avanzar guiándose con su propia brújula, en libre determinación, hasta donde lo permitieran sus fuerzas y potencialidades.

Esta fórmula, como expresión alterna al Estado en el plebiscito, merece serena consideración.

Fernós Isern: Camino abierto I o la tercera vía (1946)

Los documentos  “El camino abierto I” y “Camino abierto II” del Dr. Antonio Fernós Isern, publicados en julio y septiembre de 1946 en medio del debate entre el Congreso Pro-Independencia y el Partido Popular Democrático, fueron cruciales en el deslinde entre los independentistas y los no-independentistas dentro de esa organización. Junto a la serie “Alerta a la conciencia puertorriqueña”, compuesta por las partes “El problema”, “El programa”, “El sabotaje” y “El status político” y que fueron hechos públicos en febrero de 1946, la propuesta de Fernós Isern dio cuerpo a la invención de una “tercera vía” de status más allá de la independencia y la estadidad.

Los textos de Fernós Isern tienen la profundidad intelectual que le falta a los de Muñoz Marín, por lo demás más apropiados para estimular la militancia y el compromiso con la causa del partido. La “tercera vía” convenía a una organización que había ido moderando sus posturas radicales a la vez que afianzaba su compromiso con el gobierno de Estados Unidos a las puertas de la Guerra Fría. La relación de Harry S. Truman y el país parece haber sido crucial en ello. El proceso de moderación en el cual entró el PPD desde la campaña de 1940, estaba siendo racionalizado y legitimado.

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor

“El camino abierto I”, 2 de julio de 1946.

• Antonio Fernós Isern

Con preocupación observo una tendencia a disgregación de fuerzas puertorriqueñas. Tal parece que la conjunción de voluntades que llevó a nuestra Legislatura a aprobar por unanimidad la creación de la Comisión del Status, se debilita y amenaza con disolverse. Sería un paso atrás en la lucha política del país.

Los puertorriqueños desde 1900 venimos discrepando en cuanto a cuáles deben ser nuestras ulteriores relaciones con Estados Unidos, pero no hemos discrepado nunca en cuanto a que, cualquiera que sea esta relación, la condición de Puerto Rico ha de ser la de un pueblo libre que fraterniza y se asocia o se une con otro pueblo libre, para vivir en un mundo de civilización. La discrepancia consiste en el grado de relación y en la categoría de relación que cada cual propugna.

Si cada uno ha de querer resolver ambos problemas, en irreconciliable antagonismo con el otro, que también quiere resolverlo, porque la forma de vida de relación con Estados Unidos que él preconiza es distinta de la del primero, el punto de conjunción y convergencia se habrá perdido y cada cual, al combatir al otro, no estará combatiendo solamente la forma de relación que el otro propone, sino la esencia de lo que él mismo propone. Y la esencia es la Constitución plenamente democrática del Pueblo de Puerto Rico.

Democracia no quiere decir otra cosa que soberanía del pueblo; donde no hay soberanía del pueblo no hay democracia, aunque puede haber procedimientos y armazón gubernativa de tipo democrático. Puerto Rico tiene una armazón, unos procedimientos de gobierno y tiene espíritu democrático, pero no es una democracia por cuanto la autoridad suprema de que emana su gobierno no reside en el pueblo sino que permanece, en fideicomiso, en manos del Congreso de los Estados Unidos.

Desde el momento en que Puerto Rico se constituyera, de cualquier modo que fuera, a virtud de su propia autoridad democrática, dentro de una constitución cuya raíz de autoridad se afincara en la voluntad soberana del pueblo, Puerto Rico sería una democracia y el Pueblo de Puerto Rico habría ejercitado y estaría en posesión de su soberanía democrática. Ese principio a todos nos parece bueno; ese principio a todos nos parece esencial; por consiguiente, ese principio debe mantener unidos a todos los puertorriqueños. Entonces, y de ahí en adelante pueden, y hay derecho a que comiencen, las discrepancias en lo relativo a nuestra vida de relación.

¿Cuáles deben ser las relaciones del Pueblo, democráticamente constituido, de Puerto Rico con el Pueblo de los Estados Unidos? ¿Cuáles deben ser las refacciones del pueblo, democráticamente constituido, de Puerto Rico con el resto del mundo? Para resolver esto es preciso afrontar el problema con mente serena y con elevado espíritu. Cada cual tiene derecho a una doctrina; pero no debe perder de vista el derecho de los demás a las doctrinas de ellos.

En Puerto Rico hay quien sostiene, y es opinión legítima y perfectamente defendible, que la relación del Pueblo, democráticamente constituido, de Puerto Rico con el Pueblo de los Estados Unidos, debe ser la de la unión federal; esto es, que Puerto Rico debe solicitar su ingreso como un Estado de la Unión. En Puerto Rico hay quien sostiene, y su opinión igualmente legítima y defendible, que el Pueblo de Puerto Rico, democráticamente constituido, debe asumir una posición de soberanía independiente en el concierto de los pueblos soberanos e independientes del mundo y relacionarse especialmente con los Estados Unidos, a través de la recientemente creada Organización de Naciones Unidas. No puede escaparse, sin embargo, a quien esto opine que hay un círculo de naciones americanas, entre las cuales lógicamente habría de contarse Puerto Rico, y las cuales giran dentro de un círculo menos abarcador que el de las Naciones Unidas; los límites son los del nuevo mundo. Y todavía no debe escaparse tampoco que por razones geográficas, políticas y económicas, Puerto Rico ha de girar dentro de un círculo de menor amplitud aun que el de Pan-América, uno cuyo centro son los Estados Unidos de América. Todo el Caribe está en ese círculo. Por último, más de una vez se ha apuntado la posibilidad de crear una esfera de relaciones cuasi exclusiva para Puerto Rico y Estados Unidos, sin llegar al ingreso de éste en la Unión Federal.

Todas estas opiniones sin embargo, parten de la base esencial de la existencia de una constitución democrática para el Pueblo de Puerto Rico y de que el Pueblo de Puerto Rico ha de tener modos de expresión en cuanto a su propia voluntad para escoger el círculo de relaciones externas en que prefiera girar.

La soberanía sobre Puerto Rico, a virtud del Tratado de París, reposa en manos del Congreso de los Estados Unidos al que hemos de considerar fideicomisario de ella. Para resolver el problema de Puerto Rico, el primer paso, por consiguiente, es obtener del Congreso de los Estados Unidos una expresión de voluntad de entregar al Pueblo de Puerto Rico esa soberanía y, concomitante-mente, dejar establecidas para lo sucesivo las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico.

El problema a veces parece muy simple, pero al acercarnos a él se echan de ver indudablemente las grandes dificultades que contiene. A nosotros concierne, a nosotros corresponde, encontrar la fórmula para llevar a cabo ambos movimientos: el uno, el reconocimiento del derecho democrático de Puerto Rico a gobernarse por sí mismo, a propio derecho; el otro, el reconocimiento del derecho del Pueblo de Puerto Rico a intervenir en el establecimiento de sus relaciones externas, especialmente con Estados Unidos. En el segundo caso no puede mediar nuestra voluntad única; tiene que mediar también la ajena. En donde hay una relación, hay dos derechos.

Las formas clásicas que se han adoptado ante nuestra opinión pública, Estado e Independencia, tienen en sí, contienen, las soluciones a ambos aspectos del problema; el de soberanía y el de relación. Ambas arrancan del principio de la soberanía del pueblo; ambas establecen, cada una en forma distinta, sistemas externos de relación. Por ello se pierde de vista muchas veces, al considerar cada solución globalmente, que cada uno de ellos resuelve dos problemas a la vez.

Cuando más claro pareció haberse visto que hay dos aspectos del problema y no uno solo, fue cuando nuestra Legislatura declaró por unanimidad que debe terminar el sistema colonial, esto es, que debe reconocerse el derecho a una constitución democrática para el Pueblo de Puerto Rico. Al par se dijo en cuanto al sistema de relaciones externas (fórmula de status) que debería convocarse al Pueblo en plebiscito para que éste tomara su decisión.

Y porque estas dos fórmulas se han discutido alternativamente, vis a vis, una siempre en contraposición de la otra, parece que todos habíamos llegado a creer que tenían que ser sometidas al Pueblo a modo de obligada alternativa como única forma de resolver ambos problemas.

Creemos que ahí es donde ha estado el error; creemos que ahí es donde ha estado el motivo principal de incomprensión por parte de quienes han tenido autoridad para resolver al problema, cuando hemos ido ante ellos para exponerlo.

Puedan resolverse los dos aspectos del problema de Puerto Rico: el de soberanía y el de relaciones, conjuntamente, pero deben considerarse separadamente. Pueden resolverse sin necesidad de la obligada alternativa entre la Independencia y el Estado. Vamos a explicarnos.

La actual relación entre el Congreso y Puerto Rico es la de soberanía y posesión. Las relaciones entre ambos ahora han sido establecidas unilateralmente por la autoridad del soberano. Cuando fueran establecidas bilateralmente, el primer aspecto del problema quedaba resuelto y además desde ese momento en adelante las relaciones, cualesquiera fueran, emanarían de la autoridad de ambos; se transformaba por completo la naturaleza de estas relaciones y pasaban a tener las de un acuerdo, un convenio, un pacto, una voluntaria asociación, cualquiera que fuera su grado.

En el momento en que vivimos el ingreso de Puerto Rico en la Unión se confronta con grandes dificultades:

1. De naturaleza económica
2. De naturaleza política.

A aquellos que sostienen el ingreso en la Unión como solución al problema de Puerto Rico habríamos de preguntarles, ¿Si Puerto Rico hoy, unánimemente, solicitara su ingreso en la Unión, ya porque no nos importaran las consecuencias, ya porque no tuviera cuerpo de realidad el temor a esas consecuencias, esto es, que entendiéramos que podíamos afrontar tales consecuencias, cuál sería el resultado de una negativa del Congreso? Es obvio: la continuación del status actual por tiempo indefinido.

La constitución de Puerto Rico como república independiente se encuentra con graves dificultades. Dada la organización, la arquitectura económica de Puerto Rico, la república debe venir en tal forma, con tales relaciones económicas con Estados Unidos que la república no haya de desembocar en el caos social de Puerto Rico, en el que encontraría su tumba la democracia puertorriqueña. Por otra parte, la consecución de la independencia con relaciones económicas con Estados Unidos para que nuestra estabilidad económica y nuestra estabilidad social permanecieran garantizadas por todo el tiempo que fuera menester, es asunto erizado de dificultades. Si a Puerto Rico se le ofrece la Independencia en forma en que no se garantice su estabilidad social y económica y por consiguiente política, estaríamos ante un dilema. Si la aceptamos aceptaríamos una ilusión, un sueño de verano, una visión sin cuerpo; no habríamos obtenido la república. Si Puerto Rico se niega a aceptarla en esas condiciones, permanecería en el estado actual indefinidamente. ¿Cuál habría de ser entonces, ante ese dilema, la actitud de Puerto Rico? Cualquiera de las dos alternativas es trágica.

El pueblo filipino se encontró ante un dilema parecido pero menos grave y lo resolvió aceptando la independencia a diez años plazo. No podía preverse entonces los acontecimientos de la última guerra mundial. Sobrevino la guerra y ha sido preciso revisar los términos de la independencia filipina; el pueblo filipino no ha obtenido todo lo que ha creído necesitar y ha dado un paso arriesgado en el camino de su vida. Pero su estructura económica no ha dependido nunca de su asociación con Estados Unidos en el grado que depende la estructura económica de Puerto Rico. Filipinas nunca tuvo unión aduanera con Estados Unidos, aunque siempre tuvo libre cambio. Filipinas tiene tierra, puede subsistir con una mera economía agrícola. Lo que para Filipinas es un riesgo económico para Puerto Rico sería una realidad inescapable de ruina.

Ante estos términos del problema ¿habremos de declararnos vencidos; habremos de perder la cabeza, cerrar los ojos y arremeter contra la pared o lanzarnos al abismo?

Yo creo que hay un camino a seguir por el que puede marcharse sin dejar en sus zarzas un girón del traje. Yo creo que el Pueblo de Puerto Rico puede constituirse democráticamente, adoptando, a invitación del Congreso de Estados Unidos mediante plebiscito, una constitución democrática que conlleve además relaciones políticas de dignidad, sin pérdida ni sacrificios de esenciales relaciones económicas y antes bien con ampliación de ellas. Creo que el Pueblo de Puerto Rico al actuar así estaría ejercitando dos actos de soberanía; al aceptar la propuesta a la Constitución y al aceptar los términos de relación. Estos términos de relación habrían de ser alterados sólo por concurrencia de ambas partes. Creo además que no obstante debería reposar en el Pueblo de Puerto Rico la potestad de, cuando lo quisiera, solicitar su admisión en la unión federal, si ésa era su voluntad. Podría obtenerla si ésa era la voluntad de los Estados Unidos. Igualmente creo que debería reposar en el Pueblo de Puerto Rico, la potestad de escoger al momento, si fuera su voluntad, para constituirse en república independiente. Al pueblo correspondería escoger uno de los dos caminos; al pueblo correspondería decidir cuándo deseaba hacerlo; del pueblo sería la responsabilidad de la resolución y de sus consecuencias.

Se ha querido sostener que todos los pueblos, al emanciparse, están obligados a un sacrificio para obtener su emancipación y que si los unos sacrifican su sangre y su vida, los otros cuando menos deben sacrificar su pan. No es ésta la ley de la civilización; esos conceptos contienen los restos de ideas de una época bárbara en que no señoreaba la justicia entre los hombres ni entre los pueblos. A los pueblos pequeños más que a ninguno importa reclamar que todas las diferencias entre los hombres se resuelvan en justicia, sin dolor ni sufrimientos, en la comprensión y en la paz. Si el Pueblo de Puerto Rico puede, y yo creo que puede, resolver su problema político sin sacrificio de su civilización, es obligación del pueblo de Puerto Rico encaminarse por esa senda para llegar por el camino de la justicia y de la civilización hasta sus altos objetivos.

Comentario:

El texto de Antonio Fernós Isern “documenta” la imposibilidad de la independencia con datos “fidedignos”. La idea de que la “democracia” es la “soberanía del pueblo”, se convierte en una alternativa menos radical a la que sostiene que la “democracia” es la “soberanía de la nación”. De ese principio deriva la idea de que si bien Muñoz Marín piensa la política como un “autonomista”, Fernós Isern la piensa como un “soberanista”. Los “populares soberanistas” del presente han planteado argumentos similares para sostener sus posturas.

La “tercera vía” es una brecha entre la “unión federal” (el Estado Federado) y la “soberanía independiente” (la República). La brecha consiste en “crear una esfera de relaciones cuasi exclusiva para Puerto Rico y Estados Unidos, sin llegar al ingreso de éste en la Unión Federal”. La impresión que queda es que esa “tercera vía” estaría más cerca de la estadidad que de la independencia.

El responsable de hacer esa “tercera vía” posible es el Congreso, en quien reposa la soberanía de Puerto Rico desde el Tratado de París de 1899. Las relaciones entre Puerto Rico y estados Unidos han sido establecidas unilateralmente por el Congreso. El cambio radica en hacer bilaterales  sin llegar ni a la Estado federado ni a la República. La “tercera vía” es un acuerdo, un convenio o un pacto bilateral que desembocaría en una “voluntaria asociación” (Libre Asociación) entre ambas partes.

Ese era el concepto que animaba a los juristas del partido Popular Democrático en 1946,  el que comprometió a muchos independentistas con la causa del Partido Popular Democrático y el que parece animar a los sectores soberanistas que han vuelto a organizarse después de la derrota electoral del 2008. En efecto, el Estado Libre Asociado de 1952 no cumplió con aquellas expectativas.

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor