Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La década de 2000 a 2009, dominada por las administraciones populares Calderón Serra y Acevedo Vilá (2001-2008), se caracterizó por el comportamiento errático de la economía como era de esperarse. En el bienio del 2003 y el 2004, aún bajo la gobernadora,  mostró un crecimiento moderado entre el 2.1 y el 2.7 %. Sin embargo, a la altura del 2006, ya bajo Acevedo Vilá cuando el periodo de transición al mundo post-936 canceló y se impuso el IVU, el crecimiento  se redujo al 0.5 %. La economía estaba en caída libre: en 2009 cuando la gobernación la ocupaba Fortuño Burset, decrecía en un 3.8 %

 

Crisis económica, crisis social ¿qué más?

Los efectos sociales de aquel fenómeno que se veía venir fueron devastadores. Durante la década la población se redujo en un 2.2 %. El país perdió 82,821 habitantes y lo que habían sido considerados nuestros grandes centros urbanos -San Juan, Ponce, Mayagüez- vieron disminuida su población entre un 9-10 %. El censo presentaba un panorama paradójico. Si durante los primeros 30 años del siglo 20 y durante el proceso de industrialización de la segunda pos-guerra la población urbana crecía dramáticamente, en el mundo postindustrial y en medio de la desindustrialización dominante en los 2000 las ciudades aparentaban vaciarse.

Una cosa no cambió. La gente huía de las ciudades en crisis pero no regresaba al campo. El círculo se completaba con el clásico “salto del charco” hacia los espacios de la “promesa americana”. Durante esa década el porcentaje de la población puertorriqueña viviendo en Estados Unidos alcanzó el 55 % cuadruplicando la estadística de 1950 cuando el tope fue del 12 %. Eso significaba que había más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla. En términos matemáticos unas 300.000 personas emigraron a alguno de los estados de la unión.

La diferencia más visible entre ambos procesos es que, si bien en 1950 el estado auspiciaba la emigración con lo que reconocía la incapacidad de la economía colonial para enfrentar el problema de la superpoblación, en el 2000 se oponía. La nueva actitud se concretó por medio de un discurso nacionalista y moralizador que pretendía comprometer emocionalmente a la gente para que no se fuera de su patria en crisis. Lo cierto es el centro de la preocupación parece haber sido puramente material. La emigración hacía el mercado más pequeño y la crisis cumplía la función de moderar al consumidor más moderado por lo que  los ingresos del estado, la captación de impuestos,  se estaba reduciendo de manera notable. La desindustrialización, la emigración y la moderación del consumo en un orden económico que atravesaba por una crisis fiscal y económica  sin solución plausible en lo inmediato hablaban de la profundidad y complejidad de la crisis. La sociedad de consumo conspicuo o hiperconsumo que produjo el proceso de industrialización por invitación y dependiente ha ido perdiendo consistencia. Los efectos de ello en el orden político y en la confianza de la gente en la clase política y en el sistema de relaciones con Estados Unidos fueron enormes.

Las alternativas del estado eran varias. La lógica administrativa le sugería, por un lado, que debían mejorarse  los procesos de captación de impuestos de todo tipo  y enfrentar la evasión, asunto que si bien insistía en mirar hacía lo que se llamaba la economía subterránea o ilegal, también debía tomar en cuenta aquella que no lo era, es decir, la visible o la legal. Un problema de esta actitud es que resulta más sencillo refinar la captación de tributos de los sectores medios y medios bajos que laboran para el estado que para los sectores medios y bajos medios que laboran independientemente o para la empresa privada. La experiencia en el 2016, los embargos preventivos del Departamento de Hacienda, han demostrado que la evasión contributiva era muy común de empresas medianas y grandes en tiempos de crisis y fuera de ellos y que el estado era más tolerante con esos sectores que con los sectores medios y bajos que trabajan bajo condiciones de presión.

La otra alternativa y la más utilizada por las administraciones PNP y PPD, ha sido crear nuevos renglones impositivos o aumentar significativamente las áreas de aplicación de los ya existentes. A ese se ha llamado con insistencia “meter la mano en el bolsillo” de los ciudadanos. La cantidad de renglones impositivos innovadores creados por las administraciones de Fortuño Burset y García Padilla del 2009 al presente ha sido impresionante pero sus efectos concretos en el ámbito del endeudamiento o la estabilidad financiera del fisco han sido muy pocos. No  se debe pasar por alto que el problema de ambas políticas, así lo han reconocido numerosas autoridades en economía,  es que ambas prácticas ralentizaban el consumo y la inversión.

Al final de la década de 2000-2009 la situación tendió a agravarse y la tendencia se profundizó desde 2010 en adelante. De hecho, el desempleo alcanzó el 14.7 % y la tasa de participación laboral se redujo a un 41.7 % en 2013 bajo la administración de Fortuño Burset y entre los años de  2010 a 2013 la emigración a Estados Unidos  se aceleró. Los observadores se han fijado en especial en el destino de la Florida. En 2014  un total de 1,006,542 personas de origen puertorriqueño vivían en la península subtropical. El destino preferido de los viajeros era Orlando-Kissimmee-Sanford donde su presencia sumaba 324,301.  La fuente más confiable en el análisis de ese fenómeno el colega Jorge Duany (UPR) quien los nominó recientemente como “Floriricans”

La emigración, un viaje doméstico desde la perspectiva legal, ha vuelto a ser un problema en el país en el siglo 21. Algunos han interpretado el fenómeno como una “válvula de escape” que servirá para evitar o retrasar el colapso del sistema. En ese sentido, actúa como un mecanismo de control de crisis. Otros se han referido a la misma como una expresión de rechazo al ELA y a la colonia y una afirmación de la ansiedad por “vivir la Estadidad”. Pero lo cierto es que ambos recursos retóricos miran hacia los aspectos y las posibles consecuencias políticas del fenómeno y dan la impresión errada de que la emigración soluciona todos los problemas de los que emigran. La recepción de los emigrantes o refugiados puertorriqueños en sus destinos migratorios es un asunto que está todavía por investigarse. La percepción que de ellos desarrollan las comunidades de los estados que los reciben tampoco ha sido indagada. Me consta por experiencia personal que los puertorriqueños de Chicago o Nueva York, a pesar de que llevan allí decenas de años, siguen siendo vistos en términos generales como una minoría hispana más por el estadounidense común. La impresión que daba Puerto Rico en la prensa internacional era que, por primera vez desde el siglo 19, Puerto Rico parecía “vaciarse”

 

Los avatares de un fisco en desbandada

En el ámbito fiscal los años 2000 a 2009 mostraron un panorama patético: lo que se denominaba de modo genérico el “gigantismo” del estado y los costos de su mantenimiento se convirtieron en temas claves. La cuestión del “gigantismo” se combinó con la crítica a la burocratización la cual comenzó a verse como un freno al crecimiento económico y a la ineficacia del servicio público. El discurso favorecía el “enanismo” del estado, la desburocratización que sugería la necesidad dejar hacer, dejar pasar al capital y el desplazamiento de bienes públicos al sector privado, es decir, la privatización.

Todo aquel discurso redundaba en la devaluación del servidor público cuya imagen nunca había sido del todo buena, por cierto. Un problema de ese tipo de juicios es que el “gigantismo” y los costos de mantenimiento se explicaban preferentemente a la luz de los muchos puestos de trabajo producto del caciquismo político partidista. Reducir los puestos de empleo, congelar plazas de trabajo y despedir trabajadores fue legitimado. Sin embargo, la mirada al ámbito gerencial bien pagado, espacio ocupado por cuadros ideológicos sumisos a las maquinarias políticas penepé o populares que los nombraron, parecía intocable. Lo cierto es que, en aquel contexto, la sentencia de muerte del estado interventor emanado de la segunda posguerra mundial estaba completa. El acta de nacimiento del estado facilitador que pugnaba por salir del vientre de la colonia desde la década de 1990 fue adjudicada como algo inevitable.

Desde 2003, bajo Calderón Serra,  la brecha entre el Producto Nacional Bruto (PNB) que se reducía,   y la Deuda Pública (DP) que aumentaba, se fue cerrando. En 2003 la DP era el 61.3 % del PNB, mientras que en 2012 la DP era el 93.6 % del PNB. Resulta imposible negar que la reducción en la producción y el endeudamiento público, fue el rasgo dominante desde 1996 al 2013. Desde esa fecha  ya no era posible emitir más deuda porque el sistema estaba en quiebra. La actitud de Standard & Poors, Fitch y Moody’s de degradar el crédito de Puerto Rico fue la expresión más concreta de ello. La deuda, intereses aparte, no ha crecido más desde 2013 al presente porque el mercado no lo ha permitido.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XV

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La discusión del estatus en el ámbito federal durante la década de 2000 tuvo un giro interesante. El 23 de diciembre de ese año, el Pres. William “Bill” Clinton (Dem), ordenó la creación de un “Comité Interagencial del Congreso” para tratar el asunto. Entre los deberes del  “Comité…” estaba el deber de rendir un informe en los primeros meses del 2001. Su sucesor, el Pres. George Bush, hijo (Rep) extendió  en abril de ese años el periodo de trabajo del “Comité…” hasta agosto. El sentido de urgencia respecto al estatus parecía dominar al ejecutivo federal. Algo que no debe pasarse por alto en este respecto es que los cambios de gobierno tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico siempre han afectado la discusión del escabroso tema de las relaciones jurídicas entre ambos países. El hecho de que en las elecciones puertorriqueñas la cuestión del estatus sea una de las municiones más eficaces a la hora de llamar la atención de los electores explica esa situación. Sin embargo en las elecciones de 2000 el triunfo de Calderón Serra sobre el Ing. Carlos I. Pesquera, parecía ser una garantía de que el estatus no estaría en issue por aquellos cuatro años. La moderación de la gobernadora no era compartida por todo el liderato del PPD. La presión de Washington condujo en enero de 2001 al Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá (Com. Res.), a proponer que aquella organización política adoptara la táctica de la Asamblea Constituyente con el objetivo de enfrentar con mayor eficacia el centenario dilema estatutario.

Pres. William Clinton

Desde mi punto de vista la legitimidad de aquel reclamo se apoyaba en varias premisas.  Una de ellas era el pasado del PPD: una Asamblea Constituyente avalada por el gobierno de estados Unidos había servido para construir el ELA (1952) por lo que presumir que sus reconocidas carencias democráticas podían ser superadas por otro ejercicio análogo tenía sentido. La otra premisa estaba relacionada con la necesidad político-práctica de atraer las simpatías de los electores o activistas anti-estadistas que no eran populares en especial aquellos independentistas amigos de los populares, los denominados  “melones”,  o los sectores no afiliados o “flotantes” para quienes las preferencias partidistas se apoyaban en consideraciones inmediatas. Lo cierto es que una parte del liderato independentista que había sido testigo del 1952 había respaldado esa táctica. El caso más notable era el del Lcdo. Juan Mari Brás, quien había hecho pública su propuesta en un panfleto en 1986.

Los populares soberanistas o libre asociacionistas, por otro lado, obtenían con la Asamblea Constituyente una propuesta moderada en el marco del derecho internacional que les permitiría evadir la adopción del lenguaje de la Libre Asociación que, en general, atemorizaba a los soberanistas más blandos. La idea de negociar un tratado e igualdad de condiciones y desde la soberanía con Estados Unidos no es simpática para la mayoría de los populares. La insistencia de los estadoístas y estadolibristas moderados en que ello equivale a una “república asociada” ha penetrado a un pueblo conservador que no le gusta arriesgar lo que le garantiza la relación colonial.  La Libre Asociación no es muy distinta de la República con  Protectorado que soñaba De Diego Martínez a principios del siglo 20 o de la independencia en “buenos términos” con Estados Unidos que dominó el discurso de ese sector por lo menos hasta la década de 1930.

La situación del PPD en 2001 era peculiar. Su liderato sabía que necesitaba votos de opositores a la estadidad que no fueran populares para volver a ganar las elecciones. Los plebiscito de 1967, 1993 y 1998 demostraban que el apoyo al ELA se había reducido a menos del 50 % del electorado durante ese largo periodo de tiempo. Por lo bajo debían reconocer que también había perdido la confianza de las autoridades federales desde el fin de la Guerra Fría. Como no podía contar con los nacionalistas, los pipiolos socialdemócratas  y las izquierdas radicales, debía ir a la busca del independentismo más moderado al cual presumía más dispuesto a colaborar con el PPD por consideraciones de “realismo político” a sabiendas de que no podría negociar una alianza abierta con aquellos. Con ello deseaba fortalecer la lucha por obtener más soberanía en el marco de las relaciones existentes sin resultar amenazante para el popular común que  se resiste a todo tipo de cambio.

Rafael Hernández Colón y Aníbal Acevedo Vilá

Los efectos del escenario del 2001 no fueron los esperados. Entre esa fecha y el 2008, aparte de la discusión esporádica en torno al “método” apropiado para resolver el estatus, no se tocó el tema en ninguna de las dos administraciones populares, Calderón Serra y Acevedo Vilá, evadieron el tema a pesar de la presiones desde adentro y afuera del PPD. Las fuerzas que detonarían la crisis que hoy se vive, aunque eran inseparables de la cuestión del estatus, estaban en otra parte. El periodo de gracia para que el ELA se ajustara a una situación inédita -sin el sostén de los depósitos de las empresas 936- se agotaba. La espiral de la deuda pública, que había comenzado a acelerarse desde 1993 bajo la administración de Rosselló González quien la dejó en 27.6 billones de dólares, se había duplicado al cabo de la administración de Acevedo Vilá llegando a la suma de 53.8 billones.

La presión a favor de una discusión serena y más sistemática del estatus provenía, como era de esperarse, de los populares soberanistas y los defensores de la Libre Asociación. En el seno del PPD, los alcaldes soberanistas ganaban presencia e influencia pública. En los márgenes del PPD,  independentismo no afiliado y los “melones” que habían colaborado con la causa popular, esperaban una “radicalización” del reclamo de soberanía que no maduraba. Desde la oposición, como era de esperarse, el PNP y el PIP insistían en el discurso “anticolonial”.

La impresión que dejaron aquellos ocho años fue que el liderato popular, moderado o no, usaba el anzuelo del estatus para ganar adeptos para las elecciones pero sin comprometerse a resolverlo una vez en el poder. Los sectores moderados del PPD, que defendían la legitimidad del ELA con los argumentos de la “Nueva Tesis” de Hernández Colón, pudieron evitar la discusión del asunto mientras estuvieron en el poder. La diferencia era que lo que en 2008 resultaba “económicamente inconveniente” era el ELA a menos que ese régimen fuese revisado radicalmente y, en consecuencia, dejara de ser un ELA. La ansiedad por la consulta estatutaria se concentraría en estadoístas e independentistas, como era lo usual desde 1967.

 

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIV

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

¿Cuál era la situación del PPD en la década de 1990? ¿Podría una organización producto y reflejo de la Guerra Fría elaborar ajustes que le permitieran sobrevivir como una alternativa real en la pos-Guerra Fría? El hecho de que en 2016 todavía sean una opción electoral para decir que sí. Pero lo cierto es que el asunto no se reduce a ganar elecciones. El bipartidismo que ha caracterizado la praxis electoral colonial desde 1968 al presente no deja mucho margen para el juego: si no gana el malo vencerá el peor, como ha sugerido tan certeramente Emilio Pantoja con su metáfora de la kakistocracia.

El PPD en la década de 1990 ¿una crisis de liderato?

Un problema no discutido a profundidad es que aparte de Calderón Serra y Aníbal Acevedo Vilá, el PPD no tenía ninguna figura vigorosa y atractiva para oponerle a Rosselló González en la década de 1990. No se trata de que no tuviese personalidades inteligentes y organizadas para la tarea. Héctor Luis Acevedo o Eudaldo Báez Galib por ejemplo, cumplían con ese criterio de profundidad que los podían convertir en una alternativa real. Sin embargo ninguno cumplía con las condiciones mercadeables del top model político que, por otra parte, ya estaba abandonando a Rosselló González. En aquella década el liderato popular se caracterizó por su opacidad. Muñoz Mendoza, la candidata en 1992 a quien se le reconocía como soberanista, renunció a la presidencia en 1993 tras la derrota. El profesor Acevedo, un intelectual probado de tendencias también soberanistas, tomó las riendas de la organización y cargó con la derrota en 1996. La vieja política abrió paso a una nueva política para la cual el liderato popular no estaba preparado. En el proceso electoral de 1996 parecía imposible derrotar a Rosselló González. Los populares tuvieron que recurrir a su único mito vivo para apelar al electorado. En octubre de 1996, Roberto Sánchez Villela abandonó el silencio para llamar públicamente a que se votase contra Rosselló González. La gestión no tuvo éxitos: los iconos del Puerto Rico moderno ya no parecían funcionar.

Sila M. Calderón Serra

No solo eso. El giro de la década de 1990 puso en duda la legitimidad del ELA con argumentos análogos a los que había esgrimido en la década de 1950 los opositores a esa opción de estatus. En 1994 Marco A. Rigau, soberanista, afirmó públicamente que el ELA carecía de plena dignidad política y que tampoco garantizaba una forma de unión permanente con Estados Unidos. Con ello ponía en entredicho dos de los pilares de la teoría muñocista formulados en el punto álgido de la Guerra Fría. Miguel Hernández Agosto, otro de los líderes más respetados de la organización, se ocupó de responder desde una postura afirmativamente moderada. Su argumento era que, de ser así, Estados Unidos había engañado a todo el mundo civilizado en 1952. La figura retórica de que el ELA no podía ser un engaño porque Estado Unidos no es capaz de tamaño engaño se ha reiterado en diversa ocasiones desde entonces. La idea de la “inocencia americana” estaba todavía bien enraizada en los sectores del centro político en la colonia.

Las fisuras dentro del PPD animaron la pugna entre los moderados y soberanistas de todos los calibres. La consulta plebiscitaria de 1998, en lugar de subsanarla, las aceleró. Un lemento interesante de aquel evento fue que abrió las puertas para un liderato nuevo. Pero las figuras que ocuparon los espacios vacantes, a pesar del despertar soberanista, se caracterizaron por su moderación ideológica. El resultado neto del plebiscito fue desorientado y confuso. Ello combinado con el ascenso de los populares moderados a la cúpula organizativa que puso en “compás de espera” el tema estatutario hasta el 2012. Ese año correspondió otra vez al PNP, entonces bajo la férula de un liderato republicano encabezado por Luis Fortuño Burset y Jenniffer González, retomar el asunto con los resultados que con posterioridad discutiré. Entre 1998 y 2012 el PPD fue cada vez más cuidadoso en cuanto al manejo del espinoso asunto del estatus.

¿Qué pasó con el estatus?

El triunfo de Calderón Serra en las elecciones de 2000 garantizó la tregua y la inacción. El candidato del PNP Carlos I. Pesquera una figura nueva vinculada al rosellato que aspira retornar a la política en 2016; y Berríos Martínez (PIP), un símbolo del continuismo y del independentismos de la nueva vieja guardia, fueron sus opositores. El compañero de papeleta de Calderón Serra fue Acevedo Vilá, candidato a la comisaría en Washington y abogado, con quien tenía desavenencias ideológicas. De hecho Calderón Serra, una moderada, prefería para esa posición a José A. Hernández Mayoral, abogado e hijo del caudillo de Ponce y un respetado ideólogo conservador que había profundizado en las posturas filosófico-políticas de su padre.
Las convergencias entre Calderón Serra y Hernández Mayoral eran muchas. Los dos provenían de importantes familias de la burguesía puertorriqueña y coincidían en que el problema de estatus estaba solucionado desde 1952. Si la estadidad era imposible y la independencia un potencial desastre, trabajar en el marco de las relaciones existentes era lo más pragmático. Las fisuras sobre las que llamaban la atención los soberanistas eran pecata minuta: lo que el ELA necesitaba era algunas reformas cosméticas y seguiría siendo funcional como un sistema de relaciones permanente.

Aníbal Acevedo Vilá

Calderón Serra simbolizaba a los sectores moderados vinculados al capital local desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era dueño Payco Ice Cream Corporation y de Calderón Enterprises, había sido miembro de la Junta de Directores del Puerto Rico Sheraton Hotel y del Banco Popular de Puerto Rico. Calderón Serra proyectaba muy bien el modelo del “burgués exitoso”, valor que combinado con el hecho de que fuese una mujer que había triunfado en un mundo dominado por hombres y patriarcas, había sido la primera Secretaria de Estado del país en 1988, aumentaban su atractivo. Su acceso a la gobernación sería la culminación de una carrera pública extraordinaria. Es interesante que su condición de persona privilegiada no minara la simpatía que su imagen producía en el ciudadano común, tal y como había sucedido con Ferré Aguayo cuando accedió al poder en 1968. La opinión pública la interpretó como una mujer pionera y un símbolo legítimo de hasta dónde podían llegar las reivindicaciones feministas incluso en un país tan tradicional como Puerto Rico.

Calderón Serra contrastaba con la caricatura del “político vociferante” que había dominado durante la década de 1990, sin lugar a dudas. El lema de su campaña, “Un gobierno limpio” y su formalidad y urbanidad chocaban con el perfil de figura corrupta y el lenguaje neopopulismo urbano de Rosselló González. Aparte de ello, como ya se ha señalado antes, su función protagónica en la articulación de la campaña de la “Quinta Columna” en la consulta de 1998 la convertía en la figura idónea para ganar los comicios.

El giro que imprimió Calderón Serra al asunto del estatus tras la consulta tuvo, sin embargo, efectos contradictorios. La funcionaria revivió el tema de la “Asamblea Constituyente” como método para resolver el estatus. El tema de la cuestión táctica fue introducido por Aníbal Acevedo Vilá, Comisionado Residente en Washington en 2001. Las ventajas de hablar el lenguaje de la “Asamblea Constituyente” favorecía la convergencia con los sectores anticoloniales que no eran populares: me refiero a los socialdemócratas, los socialistas y los nacionalistas. La contradicción radicaba en una cuestión retórica que podía tener efectos materiales concretos. La gobernadora hablaba de una “Asamblea Constitucional de Estatus” y para algunos observadores ello no necesariamente equivalía a una “Asamblea Constituyente” descolonizadora. No me parece necesario recordad que en una asamblea constitucional observada mundialmente se había creado el Estado Libre Asociado en 1952. Estas estructuras legales no son inmunes al manejo de las fuerzas políticas y económicas que las rodean y las exceden.

Una “Asamblea Constitucional de Estatus” ofrecía un abanico de posibilidades capaz de complacer al más moderado de los populares. Técnicamente podía ser percibida como una mera revisión de la relación Puerto Rico y Estados Unidos dentro del marco del Estado Libre Asociado con el fin de preservar esa estructura pero mejorada. Esa y no otra había sido la meta de Muñoz Marín y Antonio Fernós Isern en 1959. Los nuevos espacios de soberanía no tenían por qué afectar la soberanía del otro porque no sacarían a la isla de la cláusula territorial. Ello podía representar una tabla de salvación para el ELA. Lo cierto es que la idea de un “ELA (más) soberano” resultaba jurídicamente absurda para muchos en el 2001
La segunda aspiraba superar el ELA camino de la independencia o la libre asociación y dejar atrás el régimen de 1952.

Una “Asamblea Constituyente” implicaba el retorno hipotético al cero, a la tabula rasa para, desde ese sitio y acto, inventar la relación sin fisuras coloniales. Se trataba precisamente de lo que no había ocurrido entre 1950 y 1952. La legitimidad de la misma dependía de que la decisión se tomase desde la soberanía, sin coacción. Y en Puerto Rico ese concepto levantaba y levanta el espantajo de la independencia corroborando el principio de que es más fácil ser un demagogo que un intérprete. El hecho de que ese recurso y esa lógica hubiesen sido promovidas por dos juristas radicales, Pedro Albizu Campos y Juan Mari Brás, no favorecía al mismo. Todo ello condujo al clima de confusión que se adueñó del tema durante el cuatrienio de 2001-2004

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XIII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La derrota del PNP en las elecciones de 2000 parecía segura. La candidatura de Sila M. Calderón Serra se fortaleció gracias al papel protagónico que desempeñó aquella figura durante el ejercicio plebiscitario y a su bien articulada campaña de la “fuerza positiva”. La transparencia del gobierno o glasnost fue uno de los temas dominante en la misma, lenguaje que representaba una acusación a la administración Rosselló González. Las posibilidades de que Calderón pudiese completar la tarea inacabada de Muñoz Mendoza, conducir a una mujer a la posición a ocupar la jefatura del ejecutivo, eran altas. La derrota de una aspirante como Muñoz Mendoza, la hija del fundador del PPD, debió ser interpretada como una señal de que ciertos aspectos del pasado del partido habían, la sombra diluida de Muñoz Marín, habían sido dejados atrás de una manera irreversible. Tras el ejercicio electoral del 2000 la retórica muñocista y la apelación a su imagen se ha reducido a los días intensos de las contiendas cuando se acercan las elecciones o a las conmemoraciones oficiales o no oficiales de los “logros” del Estado Libre Asociado cada 25 de julio.

Calderón Serra le dio un nuevo tono al populismo con su discursividad comprometida con los nuevos pobres ahora renominadas como comunidades especiales. Con aquella actitud aseguró el apoyo de los sectores más tradicionalistas del partido revivificando el discurso del compromiso con los desposeídos y atrajo a numerosos no populares que compartían esa concepción de estado benefactor en especial en las izquierdas moderadas. Aquel lenguaje implicaba el reconocimiento de uno de los grandes fracasos de la relación colonial: dependencia y pobreza habían caminado de la mano durante todo el siglo 20. Calderón quería saludar el siglo 21 con un gobierno que enfrentará el problema de una manera eficiente. Todo ello y su vinculación y afinidad con el caudillo Hernández Colón, la convirtieron en una candidata atractiva incluso para aquellos estadoístas que habían terminado chocando con el estilo atropellado, agresivo y mediático de Rosselló González. La leyenda de Calderón Serra como la “primera secretaria de estado” abonaba las posibilidades de que fuese también la “primera gobernadora”.

Por último, los resultados de la consulta de estatus de 1998 y la victoria de la «quinta columna» o “ninguna de las anteriores”, podían ser demagógicamente interpretados como una expresión de que gente no quería resolver el estatus, postura que siempre beneficia más a los quietistas y a los estadolibristas remisos en apoyar un cambio sustancial en la relación con Estados Unidos. La imagen de la “dama impecable” que consiguió mantener Calderón Serra durante aquel cuatrienio tendría que pasar la prueba del sexismo del “político vociferante” que dominaba el escenario electoral colonial. Derrotar a Rosselló González y acceder al poder era, en ese sentido, una prueba histórica.

¿Por qué “la fuerza” abandonó a Roselló González?

¿Qué explica la debilidad del PNP y Rosselló González después del 1998? Si prescindo de la derrota de la causa estadoísta en el plebiscito que siempre incómoda a un electorado que percibe las contiendas como un deporte o un juego de habilidades, las razones son muchas. El gobernador tomó una serie de decisiones y adoptó posturas públicas que erosionaron la imagen de líder progresista, secular, atrevido y pragmático que le habían llevado al triunfo. La reducción del rossellismo a un icono le restó complejidad a una figura cuyo magnetismo era comparable al que había desarrollado Muñoz Marín en su mejor momento. El poder y la necesidad de mantenerlo en nombre de una causa, generó un culto a la personalidad que emasculó a ambas figuras reduciéndolas a una caricatura de sí mismas. Me parece que las personalidades públicas de esta categoría deberían saber cuándo guardar silencio y reconocer en qué momento despedirse o echarse a un lado. Aquella sería una manera elegante de evitar que los silencien o los echen a un lado por la fuerza. Es cierto que el culto a la personalidad de Muñoz Marín resulta insuperable, pero los efectos adversos de la voluntad de perpetuarse en líderes como Rosselló González, Berríos Martínez, Hernández Colón o Romero Barceló, entre otros, no dejan de llamar la atención: la falsa conciencia de que son “necesarios” para que el país funcione los consume.

Las decisiones erráticas fueron varias. Primero, estrechó vínculos con sectores del fundamentalismo evangélico y llegó al extremo de donar tierras de dominio público al culto-empresa denominado “Clamor a Dios”, propiedad del empresario y Reverendo Jorge Raschke. El acto llamaba la atención por la vinculación del evangelista con el republicanismo estadounidense más conservador, hecho que contrastaba con la imagen de un gobernador que siempre había hecho alarde de su compromiso con la praxis demócrata. Claro, en Puerto Rico paradójicamente se podía ser demócrata-republicano o católico-protestante: el arte del acomodo en nombre de las causas que se defienden no tiene límite en ese aspecto. El Rosselló González del final de su octenio era distinto del que inició el mismo.

Segundo, la política de privatización y la conflictividad que la misma generó fueron decisivas. No se puede pasar por alto que aquellas eran las primeras expresiones de aquella tendencia al desmantelamiento del Estado Interventor que había crecido como expresión del orden emanado de la segunda posguerra mundial y la Guerra Fría. Los observadores de aquel periodo coinciden en que el caso clave fue el de la PRTC y la huelga general que emanó de la resistencia a su privatización. La valoración de aquel orden tardomoderno era común en los dos partidos políticos con acceso al poder desde 1968: el PNP y el PPD. Sin tomar en cuenta la oposición el gobernador actuó, acorde con la prensa, de modo autoritario y autorizó la represión de la protesta pública, como ya se ha comentado antes.

Tercero, no puede obviarse el papel que tuvo un desastre natural: el huracán “Georges” una tormenta categoría 3 que afectó la isla desde el 21 de septiembre de 1998. Algunos sectores presionaron para que, dada la crisis material producida por el fenómeno, se pospusiese la consulta estatutaria. El gobernador fue sordo a las mismas por lo que la imagen de Rosselló González como un dignatario autoritario o soberbio se confirmó y acabó por disgustar a “electorado flotante”. Si a ello se añade la percepción generalizada de que aquel era un “gobierno corrupto”, se comprenderá la fragilidad de este candidato a la altura de 2000. La capacidad de Calderón Serra para reunificar las fuerzas dispersas del PPD en el marco de la erosión del rossellato no puede ser puesta en duda.

 

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
•  Catedrático de Historia

El centenario de la invasión de 1898 parecía ser un momento ideal para pulsar la opinión sobre las posibilidades de la estadidad otra vez. El efecto simbólico del evento no puede ser pasado por alto. La sensación de que 100 años debía ser un periodo de tiempo suficiente para que los puertorriqueños decidieran su futuro político o los estadounidenses se expresaran sobre el mismo tema dominaba ciertos sectores. De igual modo, no puede pasarse por alto que si la coronación de la invasión había sido el desastroso huracán de San Ciriaco el 8 de agosto de 1899, el preámbulo de la consulta de 1998 lo fue el huracán Georges del 22 de septiembre de 1998.

Y el futuro de Puerto Rico… ¿qué? 1998

Sila María Calderón, empresaria puertorriqueña

La consulta plebiscitaria del centenario de 1998 se apoyó en varias consideraciones. Por un lado, el éxito electoral del PNP en los comicios de 1996 resultaba esperanzador: aquella organización y Rosselló González obtuvieron el 51.1 del voto popular ante un débil candidato popular, el intelectual soberanista y profesor Héctor Luis Acevedo. Por otro lado, el hecho de que desde el 23 de marzo de 1996, Puerto Rico hubiese sido el escenario de unas vistas de estatus en el contexto de la discusión del “Proyecto Donald Young” (Rep-Alaska), colocaba el asunto en el primer plano del interés público.
El “Proyecto Donald Young” no se consolidó en el vacío. Por el contrario, surgía en el contexto específico e incierto de fin de la aplicación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal al Estado Libre Asociado. En aquel 1998, el Congreso acordó eliminar los incentivos fiscales progresivamente entre los años 1998 y el 2006. Una época terminaba y en eso todos estaban claros: el neoliberalismo se abría paso sobre las cenizas del liberalismo de la segunda posguerra. Nadie estaba seguro respecto a cuáles serían las condiciones del territorio tras el fin de la era de las 936, tan celebradas por los sectores moderados en el país. El mayor temor que asomaba era que un ELA sin incentivos fiscales de aquella naturaleza no fuese funcional como, de hecho, no lo ha sido. A la altura del 2016, los comentaristas insisten en llamar la atención sobre el efecto adverso de aquella decisión para el país y parecen confirmar el papel fundamental de aquel hecho en la crisis. El argumento que no deja de ser legítimo y hasta válido, confirma que el ELA, una estructura pensada para la Guerra Fría y el liberalismo propio del estado interventor, ha dejado de ser funcional. En 2016 una de las voces ideológicas más visibles del soberanismo Rafael Cox Alomar, proclamó sin tapujos que ELA había muerto.
En 1998, algunos observadores interpretaron que la decisión del Congreso más que “fiscal” era “política”. Aquella lectura no me parece desacertada. Todo parecía indicar que la intención de ciertos congresistas era estimular la discusión del estatus a la luz de la búsqueda de una relación innovadora entre Estados Unidos y Puerto Rico que fuese soberana pero que excluyese la estadidad. Cualquier observador informado podía llegar a la conclusión de que el mensaje para los populares y que detrás del mismo había un bien articulado plan de “timonear” a aquel sector en una dirección que le evitara problemas mayores a Estados Unidos en la posguerra fría. La clase política loca, en especial los sectores moderados del PPD no parece haber visto el escenario en toda su complejidad o, si lo vieron, suprimieron su discusión con el fin de proteger sus intereses particulares de cara a las elecciones de 2000. Una situación tan compleja como aquella se redujo a un vulgar reclamo moral que acusaba a Estados Unidos de “desamparar” al ELA e insistir en que con aquella decisión, en tanto y en cuanto equiparaba a la isla con los demás estados, adelantaba la estadidad. Un cambio global radical fue reducido a sus implicaciones domésticas por una clase política que temía por su futuro. El hecho de que el liderato del PNP no hiciese mucho para evitar la eliminación del privilegio alimentaba aquel juicio simplificador que, sin duda, la gente común apropiaría y consumiría sin mayores dificultades.
La situación del estadoísmo de cara a la era neoliberal no era la misma del 1968 cuando Ferré Aguayo ganó la contienda electoral. Young favorecía la estadidad pero insistía en que el inglés debía ser el idioma dominante en el territorio antes de dar ese paso: los tiempos de pluriculturalismo que había permitido la configuración de la “Estadidad Jíbara” eran parte del pasado. No solo eso: el inglés debía ser el idioma de la educación pública si se pretendía considerar a la isla caribeña como candidato a la estadidad. Los fantasmas del pasado retornaban en 1998. La cuestión del “english only” combinada con la cercanía de la conmemoración de la hispanidad en 1992 y 1993, animaron el nacionalismo cultural, un instrumento que el PPD había manejado políticamente con eficacia desde la década de 1940, consolidando la discursividad de la resistencia entre los sectores no-estadoístas. Algo que todavía hoy sorprende es la disposición de una parte significativa del nacionalismo y el independentismo de tendencias socialistas y socialdemócratas a “comprar” o confiar, en la sinceridad de ese discurso.
Rosselló González aprovechó la coyuntura abierta por el “Proyecto Donald Young” para hacer una nueva consulta de estatus. La consulta fue presentada en el Congreso con el endoso del PIP. La colaboración entre aquellos extremos era comprensible: las dos organizaciones electorales anticolonialistas colaboraban en una causa común contra la fuerza colonialista. Pero el proceso daba por descontado que cualquier organización que no fuese electoral no debía tener voz en el proceso. En Puerto Rico existía un establishment bien definido y excluyente que considera que las propuestas que rechazan los mecanismos electorales no tenían que ser consultadas a la hora de articular este tipo de procesos.
El PPD, el PNP y el PIP poseían esa legitimidad en 1998. Lo más patético de todo esto es que, cuando a principios del siglo se han organizados grupos políticos de diversas tendencias sobre base electorales -el Movimiento Unión Soberanista (MUS), el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR)- la actitud sigue siendo la misma. La partidocracia tomaba un rostro nuevo. El bipartidismo poseía un “segundo violín” (el PIP) que determinaba quien debía tener voz y quien no a la hora de la “suprema definición”. Lo cierto es que el estadoísmo, el estadolibrismo y el independentismo electorales, habían devenido en fórmulas retóricas vacías a la altura del 1998 sin darse cuenta que el estatus era solo una parte del problema. El estatucentrismo de la política local iba camino al colapso. El proyecto respaldado por el PNP y el PIP fue aprobado en la Cámara de Representantes del Congreso sin problemas, pero el Senado federal nunca pasó revista sobre el mismo. La ilegitimidad del proceso no evitó que se celebrara la consulta el 13 de diciembre de 1998.
La oferta de opciones en aquella consulta se ajustó al lenguaje del Derecho Internacional. El votante podía elegir entre el ELA, la Libre Asociación, la Estadidad y la Independencia y las definiciones de cada opción se pormenorizaban en la papeleta. El lenguaje de aquel instrumento electoral favorecía el cambio y condenaba el inmovilismo representado por el ELA. Una de las finalidades del diseño del mismo había sido estimular la confusión entre los electores que no eran independentistas o estadoístas y dividirlos. De hecho, los representantes del ELA y la Libre Asociación quienes de un modo u otro provenían mayormente del PPD, no se pusieron de acuerdo respecto a la definición que se daba del ELA en la papeleta. Les molestaba la descripción del estatus quo la cual no dejaba de ser precisa:

“La aplicación sobre Puerto Rico de la soberanía del Congreso, que por virtud de la Ley Federal 600 de 3 de julio de 1950, delega a la Isla la conducción de un gobierno limitado a asuntos de estricto orden local bajo una Constitución propia. Dicho gobierno local estará sujeto a la autoridad del Congreso, la Constitución, las leyes y tratados de los Estados Unidos. Por virtud del Tratado de París y la Cláusula territorial de la Constitución federal, el Congreso puede tratar a Puerto Rico en forma distinta a los estados, mientras haya una base racional. La ciudadanía americana de los puertorriqueños será estatutaria. El inglés continuará siendo el idioma oficial de las agencias y tribunales del Gobierno Federal que operen en Puerto Rico.”

El desacuerdo condujo a que se incluyera una “quinta columna” con la opción “Ninguna de la anteriores”. Los populares moderados, encabezados por la líder Sila María Calderón, alcaldesa de San Juan, Aníbal Acevedo Vilá y el exgobernador Hernández Colón, votarían por la “quinta columna”. Aquella opción representaría una forma de protesta contra el proceso a la vez que afirmaría la legitimidad del ELA como una alternativa a pesar de que todo indicaba que, tras el fin de la Guerra Fría, ya no sería así. La táctica de la “quinta columna” fue eficiente a la luz de los resultados:

• ELA obtuvo 0.1 % o 993 votos
• Libre Asociación obtuvo 0.3% o 4,536
• Independencia obtuvo 2.5% o 39,838
• Estadidad obtuvo 46.5 % o 728,157 (subió 0.2 % respecto a 1993 pero con menos votos)
• Ninguna de las anteriores obtuvo el 50.3 % o 787,900 (el “No” al cambio venció por más de la mitad de los electores)
• En blanco 0.1 % o 1,890 papeletas

Si bien la consulta no adelantó un ápice la discusión del estatus y por el contrario la empantanó con un mensaje engañoso, la misma sirvió para sellar el futuro político de Rosselló González. Su tiempo en la política colonial había terminado por el momento.