Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

enero 21, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente X

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

La reformulación del movimiento Estadoísta en la década de 1990 no tuvo un equivalente en el campo del independentismo y el estadolibrismo. Los gestores públicos del independentismo electoral -Rubén Berríos Martínez, Fernando Martín García-, y del estadolibrismo institucional -Rafael Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto- se afirmaron en sus posiciones. Dada la incertidumbre que planteaba una época de cambios, la actitud resulta comprensible. En el caso del estadolibrismo, su defensores podían abrazarse a los restos del mito de “pacto bilateral” de 1952 que todavía no había sido minado del todo. Los ideólogos populares todavía eran convincentes cuando acusaban a independentistas y estadoístas de que su imputación de que el ELA era colonial se apoyaba en prejuicios políticos particulares.

El ajedrez de la política partidista

El independentismo electoral y socialdemócrata, adoptó una actitud que en muchos casos recordaba la moderación de la primera generación independentista nacionalista surgida de las cenizas de la invasión de 1898. Aquella propuesta fue el resultado de la presión que ejerció la Ley Foraker de 1900 y fue articulada por el abogado y escritor José De Diego Martínez, ideólogo con un pasado autonomista y estadoísta. El tono morigerado, cauteloso y sumiso que caracterizaba el proyecto de independencia con protectorado formulado en los primeros años de la década de 1910, no desapareció del todo panorama con la muerte del liderato unionista de primera generación. Aquel tono cuidadoso, suplicante y pragmático que hablaba el lenguaje del imperialismo con el propósito de no exigir más de lo que aquel estuviese dispuesto a dar, marcó al independentismo por medio de figuras como Antonio R. Barceló y el mismo Luis Muñoz Marín, por lo menos hasta la década de 1960. La única excepción en el panorama de acatamiento fue el discurso incendiario, agresivo y amenazante de Pedro Albizu Campos y los nacionalistas con los resultados que todos conocemos. Ni una ni otra actitud adelantaron, hay que decirlo, las posibilidades de la independencia.

Víctor García San Inocencio

Víctor García San Inocencio

En la década de 1930, paralelo al discurso de la “acción inmediata”, maduraron otros independentismos que aspiraban una solución negociada al problema del estatus y cuyo liderato estaba consciente de que la República de Puerto Rico tendría que estar dispuesta a hacer numerosas concesiones a Estados Unidos tras la independencia -a sus intereses militares y a su capital-, a fin de garantizar el proceso de emancipación con la menor cantidad de conflictos posibles. Dos modelos de aquella tradición moderada que ya han sido investigados con intensidad son, por un lado, los tres proyectos de independencia presentados por el congresista demócrata Myllard Tydings entre 1936 y 1945, y el reclamo de independencia con justicia social defendido por Luis Muñoz Marín para oponerse a aquellos. El elemento común de ambos discursos radicaba en el reconocimiento tácito de la necesidad de un periodo corto o largo de transición del estatus colonial a la soberanía bajo el ala protectora de Estados Unidos, es decir, reconociendo la legitimidad de la injerencia en asuntos locales a su capital y a sus fuerzas armadas.

Aquella postura ponía en duda, tal vez sin proponérselo, las posibilidades de éxito de la independencia en “pelo” o inmediata que había defendido con tanta pasión Rosendo Matienzo Cintrón. No solo eso, también parecía reconocer la incapacidad del país para un cambio radical y la debilidad relativa del sector que defendía esa causa. La precaución del liderato pipiolo a la hora de hablar de la independencia y la justicia social en la década de 1990, recuerda la actitud de aquellos independentismos ante situaciones análogas.

Es cierto que tanto en el independentismo electoral como en el estadolibrismo hubo una transición de liderato. La presencia de Víctor García San Inocencio y, de su mano, de María de de Lourdes Santiago, de Manuel Rodríguez Orellana y, luego, Edwin Irizarry Mora, Jorge Schmidt Nieto y Carlos Dalmau, entre otros, a posiciones de influencia dentro de la organización, demuestran un proceso de transición generacional que debería ser investigado con más cuidado. El hecho de que Berríos Martínez siga siendo una figura privilegiada a la hora de las grandes crisis nacionales -en 2016 es la voz pública de la organización en el asunto del estatus-, demuestra que esa transición generacional no se ha completado del todo.

En el estadolibrismo Victoria Melo Muñoz, Héctor L. Acevedo, Eudaldo Báez Galib, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Acevedo Vilá, entre otros, significaron el cambio de tono. Sin embargo, la figura de Hernández Colón siguió cumpliendo una función moderadora y hasta reaccionaria a la hora de revisar las posturas del partido durante y después de la década de 1990. Una de las mayores pruebas y retos al poder de Hernández Colón parece haber sido la consulta plebiscitaria de 2012 y el retiro de la candidatura de Alejandro García Padilla a las elecciones de 2016 en el contexto de las fricciones entre estadolibristas moderados y soberanistas en el partido. De hecho, el elemento más innovador en el PPD ha sido el desarrollo de un estadolibrismo soberanista de nuevo cuño desde 1998 en adelante. Es probable que, cuando este asunto sea revisado con más cuidado, las personalidades de Báez Galib, Marco A. Rigau y Juan M. García Passalacqua, reciban el crédito que me parece merecen en cuanto a ese desarrollo. fueron determinantes en ello

Sila M. Calderón y Victoria Muñoz Mendoza

Sila M. Calderón y Victoria Muñoz Mendoza

Tanto en el PIP como en el PPD, el papel de la “nueva/vieja Guardia” que se desarrolló tras la muerte de Gilberto Concepción de Gracia en 1968 y Muñoz Marín en 1980 siguió siendo determinante. Los caudillos del 1970, un momento de crisis, han mantenido una cuota de poder visible y a veces extraordinario, hasta el momento presente. El “respeto señorial” a la tradición ha sido un problema para las dos organizaciones, sin duda. La pregunta es porqué hubo un proceso de renovación radical en el seno del PNP en la década de 1990, no ausente de tropezones por cierto, y resultó tan difícil en el PIP y el PPD. Es probable, y esto es apenas una hipótesis de trabajo, que la actitud utilitaria y pragmática del liderato estadoísta, la certidumbre de que una era terminaba y comenzaba otra haya favorecido su capacidad de transformación. Lo cierto es que el “fenómeno Rosselló González” no tuvo un equivalente en las otras organizaciones electorales en la década de 1990. Modernidad y postmodernidad tuvieron su confrontación en ese sentido.

El caudillismo o culto a la personalidad no desapareció. El carácter innovador y original de Rosselló González también se convirtió en objeto de culto irracional. El retorno de aquella imagen en la figura de su hijo, Ricardo Rosselló González, desde 2013 al presente, ratifica que las viejas manías de la política colonial siguen allí.

enero 12, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente IX

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

La disposición de las resistencias

Tras el fin de la Guerra Fría el lenguaje sobre el estatus cambió de una manera visible. La pérdida de relevancia geoestratégica de Puerto Rico tras la disolución del socialismo real y el triunfo del neoliberalismo fue determinante para ese proceso. Sin embargo, la distensión política no ha promovido un avance en la solución del problema estatutario el cual, por el contrario, se ha empantanado de una manera dramática. Las partes responsables, el Congreso de Estados Unidos y las organizaciones políticas anticoloniales en la isla, no han articulado un proceso en esa dirección en gran parte porque no se lo han propuesto como un asunto prioritario. Los años de dependencia material e inmaterial del imperio parecen haber inmovilizado a las fuerzas actuantes en ese ámbito.

En términos jurídicos lo que parece haber sucedido es que, en un mundo que consagra el valor de la “interdependencia”, el “derecho inalienable a la independencia” como culminación del “relato liberal” ha sido modificado. La tradicional identificación de “soberanía” con “independencia” y de aquellas con el “estado nacional” ha sido minada. Aquel era el lenguaje de Woodrow Wilson, Vladimir “Lenin” Ulianov, la Sociedad de Naciones, Josip “Stalin” Vissariónovic y la Organización de Naciones Unidas, entre otras, en el contexto bélico que condujo a la Guerra Fría. En Puerto Rico, llenó de contenido el lenguaje de José de Diego Martínez, Rosendo Matienzo Cintrón, Pedro Albizu Campos, Gilberto Concepción de Gracia o Juan Mari Brás, entre otros. Aquel era el lenguaje preciso y cargado de certidumbres propio de la mirada de los modernos. Hoy se ha impuesto lo que podría definirse como un “derecho pragmático a una forma de la soberanía” lleno de imprecisiones e incertidumbres. Las implicaciones de este giro es que de la “dependencia” no se saldrá hacia la “independencia” sino hacia la “interdependencia” y muy pocos se ocupan de reflexionar sobre la tesitura de y los efectos prácticos de ese cambio.

Juez Gustavo A. GelpíJuez Gustavo Gelpí

Lo cierto es que el concepto “soberanía” se ha (des)radicalizado a lo largo del siglo 20 americano. En lo concreto esto implica que esa meta, meritoria para todo anticolonialista, puede conseguirse lo mismo mediante la independencia en buenos (o malos) términos con Estados Unidos, un pacto de libre asociación o el estado 51. Lo interesante es que dos de esos modelos requieren la consumación de la independencia y la tercera no. El Derecho Internacional moderno, un producto de la conflictividad de siglo 20, reconoce la legitimidad de los tres y, poco a poco, la gente se ha ido acomodando al nuevo lenguaje. La clase política local, a regañadientes, ha aceptado el criterio con reservas: los estadoístas, independentistas y estadolibristas han manifestado un acuerdo al respecto pero continúan cultivando los prejuicios contra el opositor en los términos absolutos más convencionales.

Un rasgo visible de todo aquel proceso es que, salvo contadas excepciones, la moderación y la circunspección se han ido imponiendo desde el fin de la Guerra Fría en los sectores socialistas, socialdemócratas y nacionalistas. Se trata de un tanteo ideológico o reflexión que no debe confundirse con la renuncia a sus posturas fundamentales. El hecho de que luchas como la de Vieques, el reclamo LGBTTQ o la protesta ambientalista concreta a favor del acceso a lugares públicos como las playas o contra la contaminación industrial, por ejemplo, hayan sido tan exitosos en los últimos dos decenios así lo demuestra. Los nichos de las resistencias y las posibilidades de éxito de las mismas, ante el inmovilismo en el antes primado ámbito político y estatutario, son una señal interesante de cómo se reformula la oposición al establishment. El alcance de la lucha por la “liberación” y el énfasis de ese concepto ha cambiado.

El estadoísmo y el estatus tras el fin de la Guerra Fría

La imagen de la estadidad había cambiado mucho desde que el fantasma de la anexión a Estados Unidos apareciese en el panorama a principios del siglo 19. En el contexto de la crítica separatista independentista del siglo 19, habría significado la absorción material y cultural del territorio insular, tal y como se deriva de una defensa de la anexión circulada clandestinamente en 1868 desde Guayanilla.

Pero durante los primeros días de la invasión de 1898, Eugenio M. de Hostos Bonilla (1899) y José Celso Barbosa (1900), entre otros, pensaron la estadidad como un derecho al cual se podía aspirar y como una relación soberana o no colonial, legítima y jurídicamente posible. Hay que aclarar que tanto Hostos Bonilla como Barbosa eran republicanos y federalistas del viejo cuño que se habían formado en un siglo 19 en el cual aquellas eran propuestas de fuerte entronque popular, antimonárquicas, revolucionarias y radicales. Pero también es innegable que el republicanismo y el federalismo estadounidense, el de la era de William McKinley, no respondía a aquellos principios y reivindicaciones.

El acto de 1898 fue la expresión de una agresión imperialista por parte de un poder amenazante. Hostos Bonilla reconoció el problema temprano en el siglo 20. Barbosa no y ello lo instituyó como la figura central del nuevo estadoísmo del siglo 20. La Gran Depresión de 1929 volvió a cambiar la concepción de la estadidad. De acuerdo con Pedro Albizu Campos en 1930, aquella solución era una imposibilidad y un contrasentido.

El estadoísmo en los 1990 tras el fin de la Guerra Fría volvió a ganar la legitimidad que había tenido en los primeros días de la presencia estadounidense aquí. No solo eso: sus ideólogos aprendieron que, si dependía del Congreso, la estadidad estaría muy lejos de convertirse en una realidad. El “estadoísmo radical” que maduró en aquella década debe mucho a las figuras de Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González. La tesis de aquellas figuras era que había crearle una “crisis” al Congreso para que abandonara el inmovilismo y se expresara sobre el futuro de Puerto Rico. Los paralelos entre aquella actitud y la tesis nacionalista de 1930, la de la “acción inmediata”, no pueden pasar inadvertidas. El movimiento estadoísta abandonó su aparente actitud de tolerancia y se afirmó como una alternativa descolonizadora agresiva. Las vías para afirmar esa acometividad fueron varias.

Una de ella fue la insistencia de la administración Rosselló González en poner el dedo en la llaga señalando el carácter colonial del ELA e insistir en el mecanismo de las consultas o plebiscitos sobre el tema del estatus. En 1993, recién llegado al poder, y en 1998, durante el centenario de la invasión de 1898, se consultó al respecto. El resultado no fue el esperado. El crecimiento de la preferencia por la estadidad en aquellos seis (6) años fue apenas de un 3 a un 4 por ciento.

Plan_TenesiOtra táctica fue la discusión pública de la opción del llamado “Plan Tenesí” que apareció en el panorama hasta el punto de que en el 2006, el PNP aprobó una resolución para adoptar la táctica como “una estrategia adicional para descolonizar Puerto Rico” siguiendo los pasos de Michigan, Iowa, California, Oregon, Kansas y Alaska. La idea de este concepto es que Puerto Rico redacte la constitución del Estado, elija senadores y representantes y los envíe a Washington a pedir una silla en el Congreso.

La tercera táctica es puramente judicial y se consolidó en la teoría del Juez Gustavo A.Gelpí, juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico en 2008. El planteamiento central de la misma es que Puerto Rico ha sido o será incorporado de facto desde 1900 al presente por lo que está o estará en la situación legal de solicitar la estadidad dentro de poco. El juez Gelpí considera que, “aunque el Congreso nunca ha adoptado ningún lenguaje afirmativo como Puerto Rico es por tanto un territorio incorporado, la secuencia de sus acciones legislativas desde 1900 al presente han incorporado, de facto, el territorio”. En ese sentido, el país es un candidato al estado 51 y puede reclamarlo y ser considerado sin la necesidad de una expresión concreta del Congreso. El argumento quedó como una “opinión personal” en el marco de un caso federal.

Es curioso que, una meta compartida por el PPD y el PNP, la equiparación del ELA a un estado en el marco de las transferencias federales, se haya convertido en una navaja de doble filo para ambas organizaciones políticas: lo que para algunos dignifica al ELA para los otros lo deprecia y lo mutila. El problema, acorde con algunos observadores, es que los “Casos Insulares” que establecieron la doctrina de que Puerto Rico pertenece (es propiedad) pero no es parte (componente) de la unión, requiere al Congreso una “declaración expresa” de incorporación que no se ha hecho.

El “Plan Tenesí” y la tesis jurídica de Gelpí, junto a la praxis económica de Rosselló González en el marco del “nuevo federalismo” y la autonomía de acción a los estados que aquella teoría admitía, son la expresión más acabada del “estadoísmo radical” de una elite del PNP, ideología que no parece haber penetrado a una parte significativa de su militancia electoral que continúa viendo la estadidad como una panacea o una alternativa romántica que será garantizada por un “imperio bueno” cuando el país se la gane.

El problema es que los resultados de las consultas no fueron convincentes para el Congreso y el “Plan Tenesí” y la tesis jurídica no garantizaron la aceleración del camino hacia la estadidad y, por el contrario, devolvieron el problema al lugar en que lo dejó Ferré Aguayo en 1972: la estadidad, si viene será gradualmente en un futuro no precisado. Cualquier reclamo en esa dirección, forzar la estadidad en el modelo de la “acción inmediata” por ejemplo, chocará con el Congreso, el Tribunal Supremo y Tesoro Federal de una manera irremediable. La utilidad de aquellas tácticas se ha reducido a soliviantar a una militancia que las comprende en verdad poco.

La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, esto lo saben muy bien los independentistas, no se reduce a un nudo jurídico que pueda desenlazarse con facilidad. La jurisprudencia unionista reclamó la nacionalidad amparada en la “ciudadanía portorriqueña” que estableció la Ley Foraker de 1900, y la jurisprudencia nacionalista reclamó la independencia a la luz de la ilegalidad del Tratado de París. En ninguno de los casos se consiguió mucho con ello.

enero 11, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente VIII

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

 

Vieques: una herencia de lucha

Algunos observadores teorizaron que el éxito del proyecto “Todo Puerto Rico con Vieques” representaba algo así como un laboratorio o un experimento que  podría (re)producirse para enfrentar proyectos colectivos más abarcadores: el neoliberalismo o el coloniaje, por ejemplo. Sin embargo, las únicas causas que ha conseguido un apoyo semejante desde el 2000 al presente han sido aquellas vinculadas a las cuestiones del género y al ambiente cuya discursividad ha girado en torno a cuestiones concretas de derecho. El ambientalismo se ha ideo vaciando de cometido político abierto si se le compara con la militancia de la década de 1960 o 1970, por ejemplo.

El éxito de movimiento LGBTT, por ejemplo, se ha medido por el logro de la meta de la paridad ante la ley en cuestiones como el acceso a la legalización de sus relaciones en un matrimonio civil y el acceso a una serie de derechos -adopción, seguros médicos, herencia, bienes gananciales- que antes se limitaban a las parejas heterosexuales legalmente constituidas. El valor de esta revolución, no deja de serlo, se encuentra en que conmueve los fundamentos ancestrales de una cultura patriarcal y discriminatoria que apoyaba sus prejuicios en principios considerados sagrados o de origen divino, a pesar de discurso liberal, secular y moderno del cual hacían alarde. La acritud de los sectores religiosos y teístas fundamentalistas o no ante el logro, demuestra la profundidad del logro. No hay que olvidar que, en general, las izquierdas socialistas o socialdemócratas no hicieron suyo ese proyecto de igualdad sino tardíamente y que la percepción de buena parte de la gente que no es de izquierdas es que la reforma en el ámbito del género tiene un fuerte contenido humanitario y justicialista que legitima la defensa de la causa.

 

Rubén Berríos Martínez en Vieques

Rubén Berríos Martínez en Vieques

Vieques: del consenso al disenso

A fines de la década de 1990, la administración Rosselló González enfrentó la crisis producida por la muerte accidental de Sanes Rodríguez creando una Comisión Especial de Vieques (CEV). Ello resultaba una novedad: en lugar de echar el asunto debajo de la alfombra por tratarse de un incidente fuera de su jurisdicción, se tomaban cartas en el asunto. No solo eso, el primer informe rendido por la CEV apoyó los argumentos de los activistas que presionaban a la Marina de Guerra: el poder y la oposición coincidían de manera evidente por primera vez desde hacía mucho tiempo. La inusual armonía de 1998 no duró mucho. El 31 de enero de 2000,  Rosselló González aceptó una propuesta del presidente  Clinton para poner fin al conflicto sin tomar en cuenta muchas de las posturas de quienes defendían el fin de las prácticas en el terreno. El frágil consenso “humanitario” se quebró y el conflicto, que nunca había dejado de ser  “político” tomó un rumbo inesperado. La experiencia de una “frente amplio” y “popular” capaz de convocar a todos los sectores para alcanzar  causa común no tuvo un efecto permanente. El partidismo lo minó.

El acuerdo Clinton-Roselló González estipulaba que la Marina de Guerra se marcharía de la isla municipio  en o antes del 1ro. de mayo de 2003. Vieques sería desmilitarizado y devuelto en  etapas: en diciembre de 2000 se liberaría la parte oeste y en mayo de 2003 el resto del territorio. La manzana de la discordia entre la administración Rosselló González y “Todo Puerto Rico con Vieques” fue que los términos del acuerdo aceptaban que, en tanto durase la transición, la Marina de Guerra podría seguir haciendo ejercicios bélicos con balas inertes. y la condición que se imponía de que, para que todo funcionara como lo acordado,  la “desobediencia civil” debía terminar. La garantía de que las prácticas finalizarían se afirmaba a través del hecho de que el calendario de las mismas se reduciría a la mitad. El acuerdo se había elaborado con el propósito de mediar entre los intereses civiles moderando la protesta y, a la vez, cumplir con los intereses militares. Sin embargo, en un momento de alta militancia como aquel, era poco probable que los términos del mismo fuesen aceptados sin resistencia por las partes. El acuerdo comprometía a la Marina de Guerra a descontaminar y limpiar las zonas una vez abandonase los predios, acordaba el nombramiento de un  Comisionado de Vieques que articularía el proceso y sugería la celebración de un referéndum sobre el contenido de los acuerdo entre la población viequenses, consulta que debía celebrarse en febrero de  2002. No hay que olvidar que el 2000 era un año electoral en Puerto Rico, la imagen de Rosselló González se había ido degradando en el favor popular  y los primeros síntomas del fin de la era de las empresas 936 habían comenzado a sentirse con el aumento acusado de la deuda pública durante su administración.

Jose_Paralitici

José Paralitici

El acuerdo produjo que la cuestión de Vieques volviera a “politizarse”. Es cierto que el conflicto nunca había dejado de ser político, la presencia de una fuerza de combate del imperio en su colonia nunca dejará de serlo, pero el tono en el cual se había desenvuelto aquella lucha poseía un fuerte cariz humanitario en el cual los medios habían enfatizado constantemente. Cuando el acuerdo Clinton-Rosselló González se hizo público ocurrió un realineamiento de fuerzas que era predecible: el PNP y el PPD coincidieron en apoyarlo deslegitimaron la “desobediencia civil”. El PIP, “Todo Puerto Rico con Vieques” y el activismo soberanista e independentista no afiliado se opusieron al inciso y ratificaron su derecho a expresar su resistencia de manera no violenta cuando así lo requirieran las circunstancias. La protesta del 21 de febrero de 2000 contra el acuerdo Clinton-Rosselló González fue la más grande desde la marcha contra la privatización de la telefónica en 1999.

A pesar de todo, el acuerdo Clinton-Rosselló González fue puesto en práctica y el 4 de mayo de 2000 los alguaciles federales desalojaron a los desobedientes civiles sin procesar jurídicamente a nadie y sin incidentes que lamentar. El PIP fue la organización política más persistente y más visible en el propósito de mantener la “desobediencia civil” como un recurso legítimo al cual se podía apelar en aquel contexto, actitud que condujo al arresto de buena parte de su liderato aquel año. La ola de arrestos fue documentada intensamente por la prensa: entre 1999 y 2003 más de 1000 personas fueron procesadas sin que la situación condujera a la violencia. El desenvolvimiento del conflicto de Vieques parece haber sido uno de los componentes decisivos para la derrota de Rosselló González en los comicios de 2000. Tras los mismos, la solución definitiva del asunto quedó en manos del PPD y la gobernadora Sila M. Calderón Serra

diciembre 23, 2015

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente VI

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

En el campo académico la década del 1990 fue testigo del inicio del debate sobre el tema de la modernidad y postmodernidad. En términos generales, la validez de la herencia material y cultural moderna, que en Puerto Rico se había desarrollada en el marco de la dependencia colonial. El Puerto Rico moderno se asociaba al proceso de industrialización, el tránsito de la industria liviana a la pesada, la inversión en la producción de fármacos y alta tecnología, el desarrollo urbano y el enrarecimiento del pasado rural. Aquellos índices estaban vinculados a la segunda posguerra mundial, la Guerra Fría, el estado interventor y benefactor y, por supuesto, al ELA y el dominio del PPD y el PNP en el periodo anterior al rosellato. El Puerto Rico más allá de la modernidad surgiría de las cenizas de aquel.

Mijaíl Gorbachev y Ronald Reagan

Mijaíl Gorbachev y Ronald Reagan

El fin de la era de la empresas 936 fue un evento que marcó el fin de una época y el inicio de otra, como ya se ha sugerido: el liberalismo abría paso al neoliberalismo. El cambio fue dramático porque planteaba enormes paradojas. Desde la invasión de 1898 y la Ley Foraker de 1900 había “comercio libre” entre Puerto Rico y Estados Unidos precisamente porque el país era un territorio no incorporado al imperio. La relación colonial aseguraba el libre comercio entre ambos mercados. Pero en la década de 1990 en el marco del neoliberalismo, se decidió demoler las barreras arancelarias y el “privilegio” del ELA se convirtió en moneda común. El “libre comercio” instituido en 1900 era asimétrico y estaba mediado por la Leyes de Cabotaje y el monopolio de ciertas compañías de transporte que encarecían los consumos en el mercado local pero aún así representaba una excepción que muchos valoraban. Lo que legitimaba su existencia era el valor militar de la isla caribeña en el contexto de la Guerra Fría. Después de la decisión de 1996 y terminada la Guerra Fría en 1991, dado que no se revisó la relación estatutaria entre ambos pueblos, la única manera de mantener el “libre comercio” con Estados Unidos era la soberanía. El tránsito de la modernidad a la postmodernidad, del liberalismo al neoliberalismo una vez dejado atrás el conflicto este-oeste, reclamaba la solución del estatus.

Me parece que buena parte de la intelectualidad de todas las tendencias estaba consciente de ello en la década del 1990. Sin embargo, la dejadez  de la clase política que había crecido al amparo del ELA y su causa y la morosidad del Congreso que estaba ocupado en otros asuntos, freno aquella posibilidad. A aquella dilación habría que añadir que los sectores tradicionalistas y moderados en el PPD, los que todavía concebían el ELA como una “solución final” al dilema de estatus, se enquistaron en el poder e imposibilitaron una revisión ideológica creativa de aquella organización. Muchos de los que en 1960 militaron cerca de la “nueva generación” de populares soberanistas se habían movido de la izquierda a  la derecha del PPD, como fue el caso del exgobernador Hernández Colón.

 

Los debates académicos

En términos intelectuales los paradigmas, presunciones o certidumbres modernas más interpeladas en aquella década de debate tenían que ver en Puerto Rico con la resistencia a la situación dominante. Por un lado se ponía en entredicho el nacionalismo político y cultural, ideologías que salieron muy lastimadas de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, del desarrollo de la sociedad de consumo y la revolución de las comunicaciones y la informática que se afianzó en los 1990. Por igual situación pasaba el socialismo en todas sus formas, sistema que se había deteriorado desde la segunda posguerra al calor de los regímenes de Josip Stalin y el neoestalinista Leonid Brézhnev y cuya crítica articularon de modo convincente Lech Waleza y el sindicato “Solidaridad” desde Polonia, y Mijaíl Gorbachov por medio de la glasnost y la perestroika, en los años 1980. El fin de la Guerra Fría (1989-1991), catapultado por el inicio del derribo del Muro de Berlín el 10 de noviembre de 1989, fue interpretado como un signo del triunfo del oeste sobre el este. El “socialismo realmente existente” y el socialismo en general, se vieron en la necesidad de reformularse de cara a una era inédita.

Lech Waleza y "Solidaridad"

Lech Waleza y «Solidaridad»

Es cierto que el “socialismo realmente existente” desaparecía con el bloque socialista. Pero el “capitalismo realmente existente”, identificado con el estado interventor y benefactor y que actuaba como intermediario entre el pueblo y el mercado, también desaparecía en medio del fenómeno. El neoliberalismo era otra cosa y todavía estaban por establecerse, a la larga eso se determinaría en la práctica, sus efectos sobre las relaciones políticas  y sociales. El debilitamiento de la ilusión de igualdad al amparo del estado que había animado al “socialismo realmente existente”, era sustituido por otra ilusión más peligrosa: la que partía de la premisa de que la igualdad se conseguiría en el mercado mediante el consumo. El nuevo modelo capitalista requeriría nuevos y agresivos proyectos socialistas que sólo comenzarían a madurar, con numerosos tropiezos, después del año 2000.

En Puerto Rico las izquierdas socialistas, que desde la década de 1930 había articulado una estrecha  alianza con los sectores nacionalistas de todas las tendencias y que habían sido los protagonistas de la resistencia cultural, social y anticolonial desde 1959, estaban en reflujo del mismo en que estaban a nivel global. Tanto las certidumbres racionalistas, filosóficas y científicas del socialismo, como las certezas morales del nacionalismo habían sido vulneradas. En la segunda parte de la década del 1990, en medio de la confrontación cultural y en el auge de la popularidad del estadoísmo y la figura de Rosselló González que llegó a tener los caracteres de un culto tan irracional como cualquiera otro, no asomaba en el panorama una alternativa legítima de resistencia antisistémica.

La cuestión cultural durante la década de 1990 exigía una reflexión intensa, sosegada y abierta en torno al cambio. En 1993 una organización novel,  la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH), fue el escenario de numerosos debates al respecto. La agrupación atrajo a historiadores de la nueva historia social y de la promoción de los que entonces se denominaban los “novísimos historiadores” interesados en la mirada y la interpretación que ya se denominaba, a pesar de la resistencia, “postmodernista”. En la práctica la organización cumplió el papel de evaluar el lugar del “historiador” y la situación de la “historia”. La relación de la historia con las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, el lenguaje, la identidad: todo fue puesto sobre la mesa. El papel de la disciplina con las resistencias socialistas y nacionalistas también. La situación de cambio enriqueció el temario de los historiadores profesionales y estimuló la autonomía del trabajo del historiador con respecto a los proyectos políticos y sociales  que habían promovido una historiografía al servicio de sus causas. La APH desarrolló una línea editorial en alianza con la editorial Postdata, un foro postmodernista, que entre 1994 y 2000 produjo una colección de títulos que marcó una pauta para el debate al margen del marco institucional universitario pero sin desvincularse del mismo. El impacto de aquella asociación en la disciplina, todavía al presente sigue activa, merecería una investigación más profunda que todavía no se ha hecho.

Berlín (1989)

Berlín (1989)

El debate cultural e historiográfico durante la década de 1990 también tocó al independentismo de ideología socialdemócrata o nacionalista, y el socialismo puertorriqueño. Todas aquellas propuestas estaban en proceso de revisión desde adentro pero las presiones de la tradición pesaban mucho a la hora de la revisión. Es curioso que las propuestas que con más agresividad apelaban a la necesidad del “cambio” mostraran tanta resistencia a la autocrítica en un momento de la historia en el cual la reflexión era mandatorio. El sector ideológico más dispuesto al revisionismo fue el socialismo y las izquierdas en general. En las izquierdas cuestionadas floreció el anarquismo, la estadidad radical y el pesimismo fronterizo con el cinismo filosófico. En el Puerto Rico colonial del 1990, aquel abanico de opositores denominados de manera genérica “izquierdas” estaba en crisis y en retroceso y, con el estadolibrismo cuestionado al final de la Guerra Fría, la propuesta más atractiva y de más coherencia fue el estadoísmo animado por la atrayente figura de Rosselló González.

La revitalización de un discurso de la resistencia original y prometedor se desarrolló donde menos se esperaba. Un problema de la vieja época de la Guerra Fría sirvió de laboratorio al mismo. Me refiero a la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques y sus prácticas de combate en la isla municipio desde 1947.

 

diciembre 17, 2015

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente IV

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

 

La meta de convertir el turismo en uno de los protagonistas  del crecimiento económico tras el fin de la era de la 936 ha sido un planteamiento común a las administraciones penepés y populares desde 1990 al presente. Vender la imagen de un Puerto Rico plural y apetecible para el consumo en la era global a un precio razonable y competitivo, sin embargo, no ha sido fácil y no parece que esa situación cambie en lo inmediato.

 

Las opciones económicas del rosellato: la alta tecnología de consumo

La segunda dirección de la administración Roselló González fue promover el desarrollo de la alta tecnología y ponerla al servicio del mercado con el fin de revitalizarlo y fortalecerlo. Lo cierto es que la revolución informática y de la industria de las comunicaciones comenzó en la década de 1990 y que, en el contexto caribeño, Puerto Rico poseía ventajas tácticas notables en ese sector. El Estado Libre Asociado había invertido alrededor de 1,200 millones de dólares en una red de fibra óptica construida entre los años de 1976 y 1981. Aquella red era el valor o bien de capital más importante de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC), empresa que había sido estatalizada por un gobierno popular encabezado por Hernández Colón en 1974. En medio de la crisis de 1971 y 1973, el gobierno colonial había hecho una inversión inteligente que podía rendirle beneficios extraordinarios en el futuro.

Huelga de telefónicos en Guaynabo: 22 de junio de 1998

Protesta de telefónicos: Guaynabo, 22 de junio de 1998

La inversión no fue en vano. Entre 1977 y 1989 Puerto Rico desarrolló una plataforma tecnológica envidiable que permitió la computadorización de la telefonía, la expansión de la capacidad de comunicación ultramarina y ofreció acceso a una serie de recursos de comunicación envidiables desde 1981 tales como la llamada en espera, las transferencias de llamadas y la teleconferencia. La eficacia de los mismos era reconocida a nivel regional. Aquellos recursos representaban un atractivo a la hora de atraer el capital extranjero al espacio local para la inversión. En medio de aquel proceso, en 1986 se introdujo la red móvil vinculada a la American Telephone and Telegraph (ATT) bajo el nombre de Cellular One;  y, entre  1994 y 1995 comenzaron a ofrecerse conexiones de Internet, se formalizaron los servicios del 911 e inició el servicio de celulares telefónica. En 1990 la administración Hernández Colón articuló un intento de privatización de la PRTC que fracasó por la presión popular. El lenguaje de los opositores se apoyaba en la defensa de un “bien público”, es decir, del “pueblo”, que rendía dividendos y podía seguir produciéndolos en medio de aquella década de cambios en el mercado y la política. Para el gobernador de turno una decisión a favor de la privatización tendría un alto costo electoral por lo que se desistió de la idea.

Un asunto fuera del control del gobierno local y justificado por la ruta que tomaba el mercado internacional tras el fin de la Guerra Fría alteró la situación. En 1996 el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones que desreguló ese mercado y permitió la libre competencia en el mismo. Como parte del proceso se comenzó la transición de la televisión análoga a la digital. Para el mercado aquella decisión garantizaba una inyección de capital enorme: la tecnología de consumo y la televisión ocuparon en el mercado el lugar que a principios del siglo 20 habían ocupado los electrodomésticos y el automóvil. El lenguaje social con el que se justificó iba dirigido a sufragar la necesidad de darles acceso a las comunidades desventajadas a aquellos recursos tecnológicos que marcaban una era nueva. Claro, el acceso se los ofrecería el mercado y el capital privado y, del mismo modo, los beneficios netos de proceso de igualación serían para esos sectores. El papel del Estado en ese proceso, como bien había reconocido la administración Rosselló González sería “facilitar” el proceso y, convenientemente, evitarle tropiezos al avance del capital. Las prácticas neoliberales se imponían y se legitimaban con suma facilidad.

Los efectos de aquella decisión fueron inmediatos en Puerto Rico. En 1996 se creó Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (JRTPR) y comenzó una verdadera invasión de proveedores de servicios inalámbricos. Un modelo de ello fue Centennial de Puerto Rico que ofrecía telefonía, televisión e Internet. Fue a la luz de la ley de desregulación de 1996 que la administración Rosselló González elaboró en 1997 un segundo intento por privatizar la PRTC. El alegato de Rosselló González era que, bajo un régimen de libre competencia, la PRTC no estaría en igualdad de condiciones ante la telefonía privada por su condición de corporación pública. En 1998 se recibió una oferta de un consorcio compuesto por GTE Corp. (luego Verizon GTA Corp.) y Popular Inc., y la venta se concretó en el 1999, generando unos $2 mil millones para el gobierno del ELA.  Puerto Rico. La decisión produjo una intensa actividad de protesta que se extendió durante mes y medio por parte de los empleados de la compañía. La movilización de una parte significativa de la comunidad en oposición a la privatización del bien público y un paro nacional o general de dos días desembocó en la violencia policiaca. El efecto de la represión en la imagen de Rosselló González fue determinante para sus posibilidades electorales en el 2000. La era de la “telefonía salvaje” caracterizada por la competencia por el acaparamiento del mercado inalámbrico comenzó con aquella privatización.

Conflicto de la PRTC en 1998

Protesta de telefónicos en 1998

La privatización de la PRTC no incluyó la infraestructura de fibra óptica en que se apoya la telefonía, la televisión y la Internet. El control de las fuentes de fibra óptica está en manos de PREPA Networks, una subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que “alquila” el uso del recurso a los servidores privados de telefonía e Internet como ATT, Claro, Open Mobile) desde 2004. PREPA Networks opera como una empresa privada y no tiene conexiones con el gobierno del ELA y la posibilidad de que entre como competidor en el mercado de la telefonía, la Internet y la televisión digital preocupa a los gestores privados de esos servicios. Su entrada en el mercado podría abaratar los costos de funcionamiento del Estado si este la contrata para esos fines. En meses recientes se ha acusado tanto a la AEE y PREPA Networks de “monopolizar” un bien de capital. Las fuerzas neoliberales están presionando para desmantelar uno y otro “monopolio” y abrir la energía eléctrica y la fibra óptica  a la libre competencia.

La apuesta a la tecnología también ha sido un elemento común a las administraciones populares y penepés desde la década del 1990 y no parece que esa postura vaya a variar en lo inmediato.

 

Las opciones económicas del rosellato: los servicios especializados y empresarismo

La tercera dirección fue, aprovechar la experiencia acumulada desde 1976 al servicio del capital emanado de la Sección 936, y vender esa experiencia a inversores dispuestos a venir a Puerto Rico sin los beneficios que aquella garantizaba. La experiencia financiera, gerencial y de planeación, en el campo de los seguros laborales, al capital o de salud, la inteligencia empresarial, la publicidad, las destrezas acumuladas por una mano de obra educada, diestra y sumisa, es decir, el saber y sus aplicaciones prácticas: todo era y es  considerado como una mercancía o un bien de capital provechoso si se vende bien al inversor. La táctica estaba de acuerdo con un nuevo tipo de economía de lo “inmaterial” o del “conocimiento” y podía ser rentable en un mercado en que, si bien Puerto Rico se descapitalizaba (perdía capital), otras economías en Hispanoamérica en Europa Oriental y Asia se capitalizaban (ganaban capital).

Plaza del Caribe: madrugadora

Plaza del Caribe: venta madrugadora

El proceso, de ser exitoso,  serviría también para ofrecer servicios a compañías puertorriqueñas y animar el “empresarismo” local. El empresarismo actuaría como una siembra de capital y destrezas de mercado promovida y amparada por el Estado. La esperanza de ver cómo crece,  una clase burguesa puertorriqueña que se arriesgue su capital en el mercado libre nunca se ha cumplido. La preocupación por el empresarismo puertorriqueño, en gran medida llega tarde. El Estado colonial y la economía dependiente del ELA, no le permite desarrollar mecanismos para proteger a sus inversores. Pero las ventajas de las empresas foráneas (estadounidenses) en Puerto Rico, amparadas en las premisas oblicuas  el neoliberalismo, no garantizan un escenario de libre competencia entre iguales como se asume. Entre una empresa local y Walmart, Walgreens o CVS hay una gran distancia. El inversionismo político de unas y otras se ha convertido, siempre lo fue, en un problema visible de la frágil democracia puertorriqueña: en este renglón también hay un visible “déficit democrático” que resulta invisible para muchos observadores. El empresarismo puertorriqueño tampoco está exento de estos juegos y forcejeos que representan un costo extraordinario para el Estado.

La utopía de abonar al crecimiento de un una burguesía creativa y activa de pequeños y medianas empresarios (PYMES) se combinaría  con la revitalización de los centros urbanos municipales y tradicionales que habían venidos a menos tras la explosión de la era de las megatiendas. Plaza de las Américas fundado en 1968, expandido en 1979 y remodelado en 2000, el Mayagüez Mall abierto en 1972,  Plaza del Caribe en servicio desde 1992 y expandido en 2015, y Mall of San Juan dirigido a las clase medias altas e inaugurado en 2015, se han convertido en los iconos de la era del “consumo neurótico” del cual hablaba Erich Fromm en la década de 1960. Los privilegios fiscales de las megatiendas hacen que la competencia sea desleal. Ese fenómeno social y cultural y la competencia de la oferta del mercado estadounidense en las ventas al detal, los servicios y los mercados virtuales, impiden el desarrollo saludable del empresarismo puertorriqueño. Lo cierto es que desde el  1990 al presente, el esfuerzo no ha tenido el éxito que se esperaba.

A pesar de todos los escollos, el desarrollo de empresarismo y los servicios especializados también ha sido adoptado como metas por todos los gobiernos del 1990 al presente.


 

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