Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVIII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

El panorama del futuro de Puerto Rico a  principios del siglo 21 era incierto. El consenso de los observadores era que el ELA no encajaba en la era global y neoliberal por razones precisas. La principal era la falta de soberanía: el ELA era un régimen político pensado para la Guerra Fría (1947-1991) al servicio de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Tras la caída del socialismo real el Congreso y la clase política local habían sido incapaces de  transformar esa relación en un sentido soberano e innovador. El resultado fue que Puerto Rico advino a la pos-guerra fría sin las condiciones para insertarse en una economía global interdependiente compuesta de países independientes.

Un recurso desde mi punto de vista demagógico usado para tranquilizar a los observadores ha sido afirmar que el ELA adelantó en 1952 un orden en el cual la “independencia” abría paso a la “interdependencia”. La integración europea se usaba como marco de comparación: aquellos países avanzados y modernos estaban en disposición para ceder parte de su soberanía al calor de un proyecto común. La intención era que se viera la relación de Puerto Rico y Estados Unidos como algo equivalente cuando, en realidad, no lo era. El argumento ha regresado esporádicamente a la palestra pública hasta el presente. La argucia interpretativa no toma en cuenta que nuestra “interdependencia”, como se limita políticamente a Estados Unidos, ha hecho del ELA un régimen dependiente, colonial y pobre. La inmoralidad de la situación no es más importante que su ineficacia y su impunidad.

 

Populares y soberanistas

Las soluciones al desencaje parecían claras. La estadidad, en el contexto del nuevo federalismo del 1990 o del federalismo clásico, parecía ser la más popular desde 1990. Las otras eran la  independencia, la libre asociación o “la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. La fuente a la que se ha apelado es la Resolución 2625 de la vigesimoquinta Asamblea General de la ONU autorizada el 24 de octubre de 1970. Aunque se presume que la estadidad, la independencia o la libre asociación son propuestas transparentes, la situación real de Puerto Rico en cualquiera de las tres sigue siendo poco discutida.

Los estadoístas y los independentistas confían en el ideal que defienden de un modo, en ocasiones, irracional o cándido, elemento que conduce a un irreflexivo exceso de confianza en las virtudes de su meta. Claro que, dada la situación que vive el país y el colapso de orden establecido, ello resulta comprensible. Pero, a no dudarlo, esa es una actitud apropiada para una militancia poco informada sobre la complejidad que implica un cambio de esa naturaleza. El lenguaje jurídico ha tenido un  impacto ideológico negativo en el campo de los populares por que el ELA no se encuentra entre las alternativas.

Los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, los más cuidadosos o moderados, se han amparado en esa descripción abierta -“cualquier otra condición política”- con el fin de legitimar una reformulación del ELA adjetivado como “soberano”, “mejorado” o “culminado”. También han re-articulado inteligentemente el significado del concepto soberanía  insistiendo en que se refieren a la soberanía popular que consideran más democrática, y no a la nacional que estiman más restrictiva. El argumento es que la soberanía nacional depende de la soberanía popular y no al revés. Para lo que creemos que la gente está por encima del estado a la hora del hacer social el argumento es bueno.

Pero la cultura política en una colonia es un medio extraño. El propósito de ese procedimiento parece ser tomar distancia de los independentistas y los nacionalistas que usan el concepto soberanía vinculado a la nación con un sentido distinto presuntamente más radical. Para los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, la soberanía popular o del pueblo es distinta de la soberanía nacional. Probablemente imaginan que es más democrática. En cierto modo el PPD está a las puertas de un debate frontal entre soberanistas radicales y moderados que no sé si habrá de darse en lo inmediato. El  proyecto definitivo de ese sector soberanista moderado todavía está por precisarse pero, en muchos aspectos, coincide con el de los radicales. Ese procedimiento interpretativo, sin embargo,  acerca mucho a los soberanistas moderados a la discursividad de los más conservadores del PPD que confían en que el ELA pueda servir de base para la formulación de una estructura innovadora que no será la Libre Asociación pero que la equipará en virtudes jurídicas.

Lo único claro es que las 4 opciones que se barajan tiene que garantizar que no son coloniales por lo que deben responder al “principio de la igualdad soberana de los pueblos” defendido por la ONU. Me consta que un segmento de los soberanistas del PPD favorece la Libre Asociación pero son tímidos a la hora de expresarse al respecto. La educación política de la militancia en organizaciones grandes como el PPD y el PNP siempre plantea problemas: un taller de formación se convierte en un mitin con mucha facilidad. Aquellos que aspiran al ELA “soberano”, “mejorado” o “culminado”, tendrán que negociar con los soberanistas radicales que defienden la libre asociación una alianza inteligente a fin de descolonizar al Puerto Rico sin asustar a los populares conservadores remisos al cambio.

Desde mi punto de vista, se  trata de una discusión a destiempo sin que ello signifique que no es urgente o relevante. La decisión sobre el estatus debió tomarse en la década de 1980 o, a más tardar, la del 1990. Debió ser parte del acomodo de Puerto Rico alrededor de los tratados de libre comercio de 1994. Un problema es que en el país dominaba el PNP y el Congreso no quería un Puerto Rico estado 51. De haber sido así, los resultados pudieron haber sido más llevaderos para el país.  Se trata de una especulación legítima solamente. A la altura del 2016, si se presume que un cambio de estatus, es decir la descolonización en la dirección que sea, será un atenuante para la crisis o creará las condiciones para superarla, entonces estamos a tiempo para esa discusión pospuesta. Esa es la actitud de los estadoístas y los independentistas pero no parece ser la de todos los populares.  La gran  pregunta es, ¿cuán dañada está la economía local para un cambio de esa naturaleza hoy?

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
•  Catedrático de Historia

El centenario de la invasión de 1898 parecía ser un momento ideal para pulsar la opinión sobre las posibilidades de la estadidad otra vez. El efecto simbólico del evento no puede ser pasado por alto. La sensación de que 100 años debía ser un periodo de tiempo suficiente para que los puertorriqueños decidieran su futuro político o los estadounidenses se expresaran sobre el mismo tema dominaba ciertos sectores. De igual modo, no puede pasarse por alto que si la coronación de la invasión había sido el desastroso huracán de San Ciriaco el 8 de agosto de 1899, el preámbulo de la consulta de 1998 lo fue el huracán Georges del 22 de septiembre de 1998.

Y el futuro de Puerto Rico… ¿qué? 1998

Sila María Calderón, empresaria puertorriqueña

La consulta plebiscitaria del centenario de 1998 se apoyó en varias consideraciones. Por un lado, el éxito electoral del PNP en los comicios de 1996 resultaba esperanzador: aquella organización y Rosselló González obtuvieron el 51.1 del voto popular ante un débil candidato popular, el intelectual soberanista y profesor Héctor Luis Acevedo. Por otro lado, el hecho de que desde el 23 de marzo de 1996, Puerto Rico hubiese sido el escenario de unas vistas de estatus en el contexto de la discusión del “Proyecto Donald Young” (Rep-Alaska), colocaba el asunto en el primer plano del interés público.
El “Proyecto Donald Young” no se consolidó en el vacío. Por el contrario, surgía en el contexto específico e incierto de fin de la aplicación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal al Estado Libre Asociado. En aquel 1998, el Congreso acordó eliminar los incentivos fiscales progresivamente entre los años 1998 y el 2006. Una época terminaba y en eso todos estaban claros: el neoliberalismo se abría paso sobre las cenizas del liberalismo de la segunda posguerra. Nadie estaba seguro respecto a cuáles serían las condiciones del territorio tras el fin de la era de las 936, tan celebradas por los sectores moderados en el país. El mayor temor que asomaba era que un ELA sin incentivos fiscales de aquella naturaleza no fuese funcional como, de hecho, no lo ha sido. A la altura del 2016, los comentaristas insisten en llamar la atención sobre el efecto adverso de aquella decisión para el país y parecen confirmar el papel fundamental de aquel hecho en la crisis. El argumento que no deja de ser legítimo y hasta válido, confirma que el ELA, una estructura pensada para la Guerra Fría y el liberalismo propio del estado interventor, ha dejado de ser funcional. En 2016 una de las voces ideológicas más visibles del soberanismo Rafael Cox Alomar, proclamó sin tapujos que ELA había muerto.
En 1998, algunos observadores interpretaron que la decisión del Congreso más que “fiscal” era “política”. Aquella lectura no me parece desacertada. Todo parecía indicar que la intención de ciertos congresistas era estimular la discusión del estatus a la luz de la búsqueda de una relación innovadora entre Estados Unidos y Puerto Rico que fuese soberana pero que excluyese la estadidad. Cualquier observador informado podía llegar a la conclusión de que el mensaje para los populares y que detrás del mismo había un bien articulado plan de “timonear” a aquel sector en una dirección que le evitara problemas mayores a Estados Unidos en la posguerra fría. La clase política loca, en especial los sectores moderados del PPD no parece haber visto el escenario en toda su complejidad o, si lo vieron, suprimieron su discusión con el fin de proteger sus intereses particulares de cara a las elecciones de 2000. Una situación tan compleja como aquella se redujo a un vulgar reclamo moral que acusaba a Estados Unidos de “desamparar” al ELA e insistir en que con aquella decisión, en tanto y en cuanto equiparaba a la isla con los demás estados, adelantaba la estadidad. Un cambio global radical fue reducido a sus implicaciones domésticas por una clase política que temía por su futuro. El hecho de que el liderato del PNP no hiciese mucho para evitar la eliminación del privilegio alimentaba aquel juicio simplificador que, sin duda, la gente común apropiaría y consumiría sin mayores dificultades.
La situación del estadoísmo de cara a la era neoliberal no era la misma del 1968 cuando Ferré Aguayo ganó la contienda electoral. Young favorecía la estadidad pero insistía en que el inglés debía ser el idioma dominante en el territorio antes de dar ese paso: los tiempos de pluriculturalismo que había permitido la configuración de la “Estadidad Jíbara” eran parte del pasado. No solo eso: el inglés debía ser el idioma de la educación pública si se pretendía considerar a la isla caribeña como candidato a la estadidad. Los fantasmas del pasado retornaban en 1998. La cuestión del “english only” combinada con la cercanía de la conmemoración de la hispanidad en 1992 y 1993, animaron el nacionalismo cultural, un instrumento que el PPD había manejado políticamente con eficacia desde la década de 1940, consolidando la discursividad de la resistencia entre los sectores no-estadoístas. Algo que todavía hoy sorprende es la disposición de una parte significativa del nacionalismo y el independentismo de tendencias socialistas y socialdemócratas a “comprar” o confiar, en la sinceridad de ese discurso.
Rosselló González aprovechó la coyuntura abierta por el “Proyecto Donald Young” para hacer una nueva consulta de estatus. La consulta fue presentada en el Congreso con el endoso del PIP. La colaboración entre aquellos extremos era comprensible: las dos organizaciones electorales anticolonialistas colaboraban en una causa común contra la fuerza colonialista. Pero el proceso daba por descontado que cualquier organización que no fuese electoral no debía tener voz en el proceso. En Puerto Rico existía un establishment bien definido y excluyente que considera que las propuestas que rechazan los mecanismos electorales no tenían que ser consultadas a la hora de articular este tipo de procesos.
El PPD, el PNP y el PIP poseían esa legitimidad en 1998. Lo más patético de todo esto es que, cuando a principios del siglo se han organizados grupos políticos de diversas tendencias sobre base electorales -el Movimiento Unión Soberanista (MUS), el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR)- la actitud sigue siendo la misma. La partidocracia tomaba un rostro nuevo. El bipartidismo poseía un “segundo violín” (el PIP) que determinaba quien debía tener voz y quien no a la hora de la “suprema definición”. Lo cierto es que el estadoísmo, el estadolibrismo y el independentismo electorales, habían devenido en fórmulas retóricas vacías a la altura del 1998 sin darse cuenta que el estatus era solo una parte del problema. El estatucentrismo de la política local iba camino al colapso. El proyecto respaldado por el PNP y el PIP fue aprobado en la Cámara de Representantes del Congreso sin problemas, pero el Senado federal nunca pasó revista sobre el mismo. La ilegitimidad del proceso no evitó que se celebrara la consulta el 13 de diciembre de 1998.
La oferta de opciones en aquella consulta se ajustó al lenguaje del Derecho Internacional. El votante podía elegir entre el ELA, la Libre Asociación, la Estadidad y la Independencia y las definiciones de cada opción se pormenorizaban en la papeleta. El lenguaje de aquel instrumento electoral favorecía el cambio y condenaba el inmovilismo representado por el ELA. Una de las finalidades del diseño del mismo había sido estimular la confusión entre los electores que no eran independentistas o estadoístas y dividirlos. De hecho, los representantes del ELA y la Libre Asociación quienes de un modo u otro provenían mayormente del PPD, no se pusieron de acuerdo respecto a la definición que se daba del ELA en la papeleta. Les molestaba la descripción del estatus quo la cual no dejaba de ser precisa:

“La aplicación sobre Puerto Rico de la soberanía del Congreso, que por virtud de la Ley Federal 600 de 3 de julio de 1950, delega a la Isla la conducción de un gobierno limitado a asuntos de estricto orden local bajo una Constitución propia. Dicho gobierno local estará sujeto a la autoridad del Congreso, la Constitución, las leyes y tratados de los Estados Unidos. Por virtud del Tratado de París y la Cláusula territorial de la Constitución federal, el Congreso puede tratar a Puerto Rico en forma distinta a los estados, mientras haya una base racional. La ciudadanía americana de los puertorriqueños será estatutaria. El inglés continuará siendo el idioma oficial de las agencias y tribunales del Gobierno Federal que operen en Puerto Rico.”

El desacuerdo condujo a que se incluyera una “quinta columna” con la opción “Ninguna de la anteriores”. Los populares moderados, encabezados por la líder Sila María Calderón, alcaldesa de San Juan, Aníbal Acevedo Vilá y el exgobernador Hernández Colón, votarían por la “quinta columna”. Aquella opción representaría una forma de protesta contra el proceso a la vez que afirmaría la legitimidad del ELA como una alternativa a pesar de que todo indicaba que, tras el fin de la Guerra Fría, ya no sería así. La táctica de la “quinta columna” fue eficiente a la luz de los resultados:

• ELA obtuvo 0.1 % o 993 votos
• Libre Asociación obtuvo 0.3% o 4,536
• Independencia obtuvo 2.5% o 39,838
• Estadidad obtuvo 46.5 % o 728,157 (subió 0.2 % respecto a 1993 pero con menos votos)
• Ninguna de las anteriores obtuvo el 50.3 % o 787,900 (el “No” al cambio venció por más de la mitad de los electores)
• En blanco 0.1 % o 1,890 papeletas

Si bien la consulta no adelantó un ápice la discusión del estatus y por el contrario la empantanó con un mensaje engañoso, la misma sirvió para sellar el futuro político de Rosselló González. Su tiempo en la política colonial había terminado por el momento.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La expresión de las preferencias electorales en Puerto Rico nunca había sido producto de un acto racional y pensado. Ser elector “flotante” o del “corazón del rollo” no representa un acto de pensamiento sino un acto de pasión. Pero en la década de 1990 la situación se hizo más patente: el votante “compra” una “imagen” y la convierte en “promesa” de “progreso” una y otra vez, independientemente de los fracasos que acumule esa figura o las concepciones que representa. Las cicatrices de la partidocracia bipartidista ya eran visibles en aquel entonces. Las campañas de 1992, en especial el debate de los candidatos a la gobernación; y la de 1996, “Espectacular 1996”  que el PNP centró en el lema “Lo mejor está por venir”, fueron cruciales. Roselló González, el  top model político teorizado por el sociólogo Paul Virilio, se impuso: W. Clinton y Rosselló González fueron el mejor ejemplo de ello.

La mediatización y espectacularización del espacio electoral, de la discusión pública y del tema del estatus ha redundado en la simplificación del debate y  en que ninguno de esos asuntos sea visto como un “problema intelectual”. La victoria electoral se limita a cuestiones de “publicidad” e “imagen”: son un acto de “consumo” y de “mercadeo” de que presentan valores perecederos que se imponen. El giro ha convertido al “sondeo” y la “encuesta” en la clave del proceso electoral pero, en la realidad de las cosas, esos recursos de mercado no “miden” la opinión: la “crean” y la “timonean”. Cuando el investigador observa con detenimiento el proceso de mediatización y espectacularización de la política electoral y estatutaria que comenzó durante la campaña plebiscitaria de 1967 y los comicios de 1968, y vuelve la mirada hacia la década de 1990, no le queda más remedio que aceptar que la tendencia había alcanzado un extremo insospechado.

Edwin Rivera Sierra alias «El amolao»

El candidato con posibilidades es el top model político. De modo paralelo,  la discusión se vulgariza sin freno hasta imponerse la política kitsch caracterizada por la frivolidad y, en ocasiones, la vulgaridad. A fines de la década de 1990, ya sería posible la imagen distorsionada, absurda y cómica de Edwin Rivera Sierra alias “El amolao” ingiriendo “palmolives” o cervezas Heiniken. El hecho de que en el 1998 ese funcionario viajara a Rusia para adquirir una estatua gigantesca de Cristóbal Colón producto del artista Zurab Tsereteli es, quizá, el mejor prototipo de aquel proceso de degradación. La vida pública de Antonio “El Chuchin” Soto Díaz recientemente fallecido, y el episodio del auto Bently de lujo en 2011 que alegó le habían obsequiado, ratifican que la tendencia se ha radicalizado dejando la discusión política en el campo del entretenimiento.

El fenómeno del “político vociferante” fue poblando la praxis administrativa local y, en la misma proporción, invadiendo los medios masivos de comunicación en la medida en que la sátira como expresión teatral sería que repuntó en la década de 1960 y 1970, evolucionó en la dirección de la industria del chisme o la chismología más o menos profesional. La distancia entre el programa televisivo “Se alquilan habitaciones” encabezado por Gilda Galán en 1968, y  la discursividad irritante e irreflexiva de Antulio “Kobbo” Santarrosa y el personaje de la “La Comay” en Superexclusivo entre 2000 y 2013, es enorme. El contrate demuestra que el gusto de la teleaudiencia también ha cambiado de un modo dramático en los últimos 40 años. La sátira política seria hoy, parece desviarse hacia los espacios de comunicación innovadores generados por la revolución tecnológica: el espacio del internet y las comunidades virtuales de imágenes fijas o en movimiento, son un lugar preciado para la expresión de este arte social en crisis. Este conjunto de fenómenos demuestra el proceso de devaluación de los medios que ofrece la democracia liberal y electoral para la discusión pública en la era de la partidocracia y el bipartidismo.

 

Y el futuro de Puerto Rico… ¿qué? 1993

El balance de la opinión sobre el futuro político de Puerto Rico es decir, el futuro del Estado Libre Asociado colonial, no cambió entre 1993 y 1998. Las consultas de aquellos dos años tan emblemáticos para la identidad puertorriqueña fueron administradas por el PNP en el poder durante la larga administración Rosselló González. La finalidad de aquellas parece haber sido auscultar el crecimiento de su proyecto mediante la estadística infalible: la consulta directa al electorado pagada con fondos públicos. El hecho de que el fin de la Guerra Fría hubiese promovido la imagen de que la década de 1990 fuese vista como la de la “descolonización” y la popularidad frenética con la personalidad del gobernador, justificó ambos procesos.

Debate a la gobernación para los comicios de 1992

Sin embargo, los resultados no fueron los que los estadoístas esperaban. El ritmo de crecimiento del estadoísmo, que había sido acelerado entre los años 1968 y 1984, se lentificó en los 1990. Todo conduce a concluir que la división del PNP y la aparición del (Partido Renovación Puertorriqueña (PRP) tras el conflicto entre Romero Barceló y Hernán Padilla fue, en parte, responsable del fenómeno. Los efectos de la división de 1984 en el largo plazo no han sido estudiados todavía con propiedad pero las heridas que produjo nunca sanaron del todo. Las  probabilidades reales de que el estadoísmo superara el 50 % de las preferencias de los votantes en las consultas de 1990 eran pocas. Para aquellos que observaban ese desarrollo desde afuera del estadoísmo resultaba evidente que no todos los votantes del PNP estaban comprometidos con la estadidad. Los expertos comenzaron a denominar ese fenómeno, como se sabe, con el nominativo de “electorado flotante”.

El plebiscito de 1993 trató de aprovechar la “ola rossellista” surgida de la contienda electoral en la cual se derrotó a una débil candidata popular: Victoria Muñoz Mendoza. Los resultados de la misma no dejan de ser sorprendentes:

• ELA 826,326 (48.6%)
• Estadidad 788,296 (46.3%)
• Independencia 75,620 (4.4%)

En un contexto amplio los mismos no dejaban de ser halagadores para el estadoísmo. Comparado con los resultados del plebiscito de 1967 -el 38.9 %-, el avance de la opción de la estadidad era notable pero aún no resultaba decisivo. Para el PPD no se trataba de buenas noticias. En 1967 la “montaña” estadolibrista había alcanzado el 60.4 % de las preferencias, hasta caer al 48.6 % en 1993. Las potencias de la partidocracia bipartidista estaban balanceadas. El problema era que  ya en la década de 1990 se sabía que el Congreso no aceptaría una mayoría plural -la mitad más uno- para autorizar la incorporación y la estadidad. Lo más probable era que se le requiriera una  supermayoría, es decir, hasta  dos terceras partes de las preferencias. La exigencia de una supermayoría no tendría otro efecto que fomentar el inmovilismo. El debate sobre la cuestión de la supermayoría se articuló de una manera predecible y reflejó las aspiraciones y prejuicios políticos subyacentes en cada uno de los casos. El PPD y Hernández Colón lo respaldaban públicamente porque veían en ello una garantía de que para los estadoístas era una meta inalcanzable. El PNP y Romero Barceló lo consideraron un acto “injusto” y hasta antidemocrático para con su causa. Y el  PIP y Berríos Martínez la rechazaban porque la independencia era un derecho que no dependía “de la imposición de mayoría alguna”, expresión con la que reconocían su poca visibilidad en la preferencia de los electores puertorriqueños.

Lo cierto que en  1993 el PNP y la estadidad no tenían siquiera la mitad más uno del apoyo electoral y muchos pensaban que nunca lo conseguiría. No lo ha conseguido, de hecho, a la altura del 2016. La cuestión del estatus se “empantanó” por una diversidad de razones. La debilidad del independentismo electoral que sólo consiguió el 4.4 % en la consulta de 1993, es una de ellas. El balance de fuerzas entre el Estado 51 y el  ELA y el escollo que ponía el Congreso al hablar en términos de una  supermayoría completaban el cuadro. En el “arriba social” no había voluntad para el cambio. En el “abajo social” se imponía la apatía y el desinterés producto del desconocimiento de la situación real del país.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente X

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La reformulación del movimiento Estadoísta en la década de 1990 no tuvo un equivalente en el campo del independentismo y el estadolibrismo. Los gestores públicos del independentismo electoral -Rubén Berríos Martínez, Fernando Martín García-, y del estadolibrismo institucional -Rafael Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto- se afirmaron en sus posiciones. Dada la incertidumbre que planteaba una época de cambios, la actitud resulta comprensible. En el caso del estadolibrismo, su defensores podían abrazarse a los restos del mito de “pacto bilateral” de 1952 que todavía no había sido minado del todo. Los ideólogos populares todavía eran convincentes cuando acusaban a independentistas y estadoístas de que su imputación de que el ELA era colonial se apoyaba en prejuicios políticos particulares.

El ajedrez de la política partidista

El independentismo electoral y socialdemócrata, adoptó una actitud que en muchos casos recordaba la moderación de la primera generación independentista nacionalista surgida de las cenizas de la invasión de 1898. Aquella propuesta fue el resultado de la presión que ejerció la Ley Foraker de 1900 y fue articulada por el abogado y escritor José De Diego Martínez, ideólogo con un pasado autonomista y estadoísta. El tono morigerado, cauteloso y sumiso que caracterizaba el proyecto de independencia con protectorado formulado en los primeros años de la década de 1910, no desapareció del todo panorama con la muerte del liderato unionista de primera generación. Aquel tono cuidadoso, suplicante y pragmático que hablaba el lenguaje del imperialismo con el propósito de no exigir más de lo que aquel estuviese dispuesto a dar, marcó al independentismo por medio de figuras como Antonio R. Barceló y el mismo Luis Muñoz Marín, por lo menos hasta la década de 1960. La única excepción en el panorama de acatamiento fue el discurso incendiario, agresivo y amenazante de Pedro Albizu Campos y los nacionalistas con los resultados que todos conocemos. Ni una ni otra actitud adelantaron, hay que decirlo, las posibilidades de la independencia.

Víctor García San Inocencio

En la década de 1930, paralelo al discurso de la “acción inmediata”, maduraron otros independentismos que aspiraban una solución negociada al problema del estatus y cuyo liderato estaba consciente de que la República de Puerto Rico tendría que estar dispuesta a hacer numerosas concesiones a Estados Unidos tras la independencia -a sus intereses militares y a su capital-, a fin de garantizar el proceso de emancipación con la menor cantidad de conflictos posibles. Dos modelos de aquella tradición moderada que ya han sido investigados con intensidad son, por un lado, los tres proyectos de independencia presentados por el congresista demócrata Myllard Tydings entre 1936 y 1945, y el reclamo de independencia con justicia social defendido por Luis Muñoz Marín para oponerse a aquellos. El elemento común de ambos discursos radicaba en el reconocimiento tácito de la necesidad de un periodo corto o largo de transición del estatus colonial a la soberanía bajo el ala protectora de Estados Unidos, es decir, reconociendo la legitimidad de la injerencia en asuntos locales a su capital y a sus fuerzas armadas.

Aquella postura ponía en duda, tal vez sin proponérselo, las posibilidades de éxito de la independencia en “pelo” o inmediata que había defendido con tanta pasión Rosendo Matienzo Cintrón. No solo eso, también parecía reconocer la incapacidad del país para un cambio radical y la debilidad relativa del sector que defendía esa causa. La precaución del liderato pipiolo a la hora de hablar de la independencia y la justicia social en la década de 1990, recuerda la actitud de aquellos independentismos ante situaciones análogas.

Es cierto que tanto en el independentismo electoral como en el estadolibrismo hubo una transición de liderato. La presencia de Víctor García San Inocencio y, de su mano, de María de de Lourdes Santiago, de Manuel Rodríguez Orellana y, luego, Edwin Irizarry Mora, Jorge Schmidt Nieto y Carlos Dalmau, entre otros, a posiciones de influencia dentro de la organización, demuestran un proceso de transición generacional que debería ser investigado con más cuidado. El hecho de que Berríos Martínez siga siendo una figura privilegiada a la hora de las grandes crisis nacionales -en 2016 es la voz pública de la organización en el asunto del estatus-, demuestra que esa transición generacional no se ha completado del todo.

En el estadolibrismo Victoria Melo Muñoz, Héctor L. Acevedo, Eudaldo Báez Galib, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Acevedo Vilá, entre otros, significaron el cambio de tono. Sin embargo, la figura de Hernández Colón siguió cumpliendo una función moderadora y hasta reaccionaria a la hora de revisar las posturas del partido durante y después de la década de 1990. Una de las mayores pruebas y retos al poder de Hernández Colón parece haber sido la consulta plebiscitaria de 2012 y el retiro de la candidatura de Alejandro García Padilla a las elecciones de 2016 en el contexto de las fricciones entre estadolibristas moderados y soberanistas en el partido. De hecho, el elemento más innovador en el PPD ha sido el desarrollo de un estadolibrismo soberanista de nuevo cuño desde 1998 en adelante. Es probable que, cuando este asunto sea revisado con más cuidado, las personalidades de Báez Galib, Marco A. Rigau y Juan M. García Passalacqua, reciban el crédito que me parece merecen en cuanto a ese desarrollo. fueron determinantes en ello

Sila M. Calderón y Victoria Muñoz Mendoza

Tanto en el PIP como en el PPD, el papel de la “nueva/vieja Guardia” que se desarrolló tras la muerte de Gilberto Concepción de Gracia en 1968 y Muñoz Marín en 1980 siguió siendo determinante. Los caudillos del 1970, un momento de crisis, han mantenido una cuota de poder visible y a veces extraordinario, hasta el momento presente. El “respeto señorial” a la tradición ha sido un problema para las dos organizaciones, sin duda. La pregunta es porqué hubo un proceso de renovación radical en el seno del PNP en la década de 1990, no ausente de tropezones por cierto, y resultó tan difícil en el PIP y el PPD. Es probable, y esto es apenas una hipótesis de trabajo, que la actitud utilitaria y pragmática del liderato estadoísta, la certidumbre de que una era terminaba y comenzaba otra haya favorecido su capacidad de transformación. Lo cierto es que el “fenómeno Rosselló González” no tuvo un equivalente en las otras organizaciones electorales en la década de 1990. Modernidad y postmodernidad tuvieron su confrontación en ese sentido.

El caudillismo o culto a la personalidad no desapareció. El carácter innovador y original de Rosselló González también se convirtió en objeto de culto irracional. El retorno de aquella imagen en la figura de su hijo, Ricardo Rosselló González, desde 2013 al presente, ratifica que las viejas manías de la política colonial siguen allí.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente VIII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

 

Vieques: una herencia de lucha

Algunos observadores teorizaron que el éxito del proyecto “Todo Puerto Rico con Vieques” representaba algo así como un laboratorio o un experimento que  podría (re)producirse para enfrentar proyectos colectivos más abarcadores: el neoliberalismo o el coloniaje, por ejemplo. Sin embargo, las únicas causas que ha conseguido un apoyo semejante desde el 2000 al presente han sido aquellas vinculadas a las cuestiones del género y al ambiente cuya discursividad ha girado en torno a cuestiones concretas de derecho. El ambientalismo se ha ideo vaciando de cometido político abierto si se le compara con la militancia de la década de 1960 o 1970, por ejemplo.

El éxito de movimiento LGBTT, por ejemplo, se ha medido por el logro de la meta de la paridad ante la ley en cuestiones como el acceso a la legalización de sus relaciones en un matrimonio civil y el acceso a una serie de derechos -adopción, seguros médicos, herencia, bienes gananciales- que antes se limitaban a las parejas heterosexuales legalmente constituidas. El valor de esta revolución, no deja de serlo, se encuentra en que conmueve los fundamentos ancestrales de una cultura patriarcal y discriminatoria que apoyaba sus prejuicios en principios considerados sagrados o de origen divino, a pesar de discurso liberal, secular y moderno del cual hacían alarde. La acritud de los sectores religiosos y teístas fundamentalistas o no ante el logro, demuestra la profundidad del logro. No hay que olvidar que, en general, las izquierdas socialistas o socialdemócratas no hicieron suyo ese proyecto de igualdad sino tardíamente y que la percepción de buena parte de la gente que no es de izquierdas es que la reforma en el ámbito del género tiene un fuerte contenido humanitario y justicialista que legitima la defensa de la causa.

 

Rubén Berríos Martínez en Vieques

Vieques: del consenso al disenso

A fines de la década de 1990, la administración Rosselló González enfrentó la crisis producida por la muerte accidental de Sanes Rodríguez creando una Comisión Especial de Vieques (CEV). Ello resultaba una novedad: en lugar de echar el asunto debajo de la alfombra por tratarse de un incidente fuera de su jurisdicción, se tomaban cartas en el asunto. No solo eso, el primer informe rendido por la CEV apoyó los argumentos de los activistas que presionaban a la Marina de Guerra: el poder y la oposición coincidían de manera evidente por primera vez desde hacía mucho tiempo. La inusual armonía de 1998 no duró mucho. El 31 de enero de 2000,  Rosselló González aceptó una propuesta del presidente  Clinton para poner fin al conflicto sin tomar en cuenta muchas de las posturas de quienes defendían el fin de las prácticas en el terreno. El frágil consenso “humanitario” se quebró y el conflicto, que nunca había dejado de ser  “político” tomó un rumbo inesperado. La experiencia de una “frente amplio” y “popular” capaz de convocar a todos los sectores para alcanzar  causa común no tuvo un efecto permanente. El partidismo lo minó.

El acuerdo Clinton-Roselló González estipulaba que la Marina de Guerra se marcharía de la isla municipio  en o antes del 1ro. de mayo de 2003. Vieques sería desmilitarizado y devuelto en  etapas: en diciembre de 2000 se liberaría la parte oeste y en mayo de 2003 el resto del territorio. La manzana de la discordia entre la administración Rosselló González y “Todo Puerto Rico con Vieques” fue que los términos del acuerdo aceptaban que, en tanto durase la transición, la Marina de Guerra podría seguir haciendo ejercicios bélicos con balas inertes. y la condición que se imponía de que, para que todo funcionara como lo acordado,  la “desobediencia civil” debía terminar. La garantía de que las prácticas finalizarían se afirmaba a través del hecho de que el calendario de las mismas se reduciría a la mitad. El acuerdo se había elaborado con el propósito de mediar entre los intereses civiles moderando la protesta y, a la vez, cumplir con los intereses militares. Sin embargo, en un momento de alta militancia como aquel, era poco probable que los términos del mismo fuesen aceptados sin resistencia por las partes. El acuerdo comprometía a la Marina de Guerra a descontaminar y limpiar las zonas una vez abandonase los predios, acordaba el nombramiento de un  Comisionado de Vieques que articularía el proceso y sugería la celebración de un referéndum sobre el contenido de los acuerdo entre la población viequenses, consulta que debía celebrarse en febrero de  2002. No hay que olvidar que el 2000 era un año electoral en Puerto Rico, la imagen de Rosselló González se había ido degradando en el favor popular  y los primeros síntomas del fin de la era de las empresas 936 habían comenzado a sentirse con el aumento acusado de la deuda pública durante su administración.

José Paralitici

El acuerdo produjo que la cuestión de Vieques volviera a “politizarse”. Es cierto que el conflicto nunca había dejado de ser político, la presencia de una fuerza de combate del imperio en su colonia nunca dejará de serlo, pero el tono en el cual se había desenvuelto aquella lucha poseía un fuerte cariz humanitario en el cual los medios habían enfatizado constantemente. Cuando el acuerdo Clinton-Rosselló González se hizo público ocurrió un realineamiento de fuerzas que era predecible: el PNP y el PPD coincidieron en apoyarlo deslegitimaron la “desobediencia civil”. El PIP, “Todo Puerto Rico con Vieques” y el activismo soberanista e independentista no afiliado se opusieron al inciso y ratificaron su derecho a expresar su resistencia de manera no violenta cuando así lo requirieran las circunstancias. La protesta del 21 de febrero de 2000 contra el acuerdo Clinton-Rosselló González fue la más grande desde la marcha contra la privatización de la telefónica en 1999.

A pesar de todo, el acuerdo Clinton-Rosselló González fue puesto en práctica y el 4 de mayo de 2000 los alguaciles federales desalojaron a los desobedientes civiles sin procesar jurídicamente a nadie y sin incidentes que lamentar. El PIP fue la organización política más persistente y más visible en el propósito de mantener la “desobediencia civil” como un recurso legítimo al cual se podía apelar en aquel contexto, actitud que condujo al arresto de buena parte de su liderato aquel año. La ola de arrestos fue documentada intensamente por la prensa: entre 1999 y 2003 más de 1000 personas fueron procesadas sin que la situación condujera a la violencia. El desenvolvimiento del conflicto de Vieques parece haber sido uno de los componentes decisivos para la derrota de Rosselló González en los comicios de 2000. Tras los mismos, la solución definitiva del asunto quedó en manos del PPD y la gobernadora Sila M. Calderón Serra