Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

noviembre 10, 2016

Cuatrienio de grandes retos para Alejandro García Padilla y el PPD: una mirada retrospectiva

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

En 2012 los observadores del proceso electoral pensaban que el PNP iba a revalidar en los comicios. Yo era uno de ellos, lo confieso. La victoria de García Padilla nos sorprendió pero resultaba comprensible a la luz de la erosión de la imagen de la administración Fortuño Burset. Varios elementos favorecieron su triunfo.

Uno fue su apelación por medio de un lenguaje populista que recordaba al PPD de los años 1938 y 1940. El 25 de julio de 2012 García padilla ofreció un discurso en la conmemoración del ELA en Mayagüez vestido de impecable blanco como Muñoz Marín en sus mejores años. Otro recurso eficaz fue la promoción de su imagen de líder cercano a la gente y accesible que desarrolló cuando ejerció como Secretario de DACO entre el 2005 y el 2007. Parece que en Puerto Rico esos índices emocionales son suficientes para movilizar al electorado popular e indeciso.

Alejandro García Padilla

Alejandro García Padilla, gobernador saliente

Los pilares de victoria fueron varios. Primero, la promesa de enfrentar el asunto del estatus o de iniciar una discusión serena sobre el mismo. Segundo, enfrentar de la crisis fiscal poniendo el pueblo por delante de los acreedores. Eduardo Bhatia y su reclamo para que hablara el pueblo fue importante en ese momento. Tercero, había un compromiso de afrontar la crisis económica que se aceleró desde 2005. La oferta de crear 60,000 empleos y el hoy olvidado proyecto económico de Ángel Rosa, eran parte de sus municiones. Un elemento importante de todo aquello fue la seducción que provocaba su confianza inocente en la capacidad del país para enfrentar las contrariedades.

El estancamiento y el decrecimiento de la economía es uno de los ejes de la crisis fiscal, y la cuestión del estatus colonial es el entramado en el cual aquellas se cuajan. La interrelación de esos tres componentes es innegable y no se puede resolver la una sin resolver las otras. En ello radica la dificultad de nuestra situación.

Si se trata de las áreas menos exitosas me parece que allí están las mismas. La devaluación el crédito y el cierre de los mercados financieros minaron la unidad del PPD y lesionaron su liderato: el país era gobernable pero el PPD no lo era. El debate al interior del partido por el asunto de IVA y la rebelión de los soberanistas encabezados por Carmen Yulín Cruz lo ratifican. Me parece que la unidad perdida en 2013 no ha sido recuperada a la altura de las elecciones de 2016. David Bernier Rivera no ha sido capaz de restablecerla. Nada me indica que un PPD unido tenga mayores opciones que con uno que no lo está. Me sorprende, no lo niego, el silencio reciente de figuras de la legislatura en las cuáles solía confianza: Rossana López León, por ejemplo. La crisis creciente silenció a las mejores voces más confiables y le dio voz a los acólitos. La imagen de que el PPD se derrumba es ineludible.

Los mayores éxitos, al menos los que ha reclamado esta administración, tienen que ver con el estímulo de la agricultura, el crecimiento del turismo en general y del de cruceros en particular y con el establecimiento de representantes de negocios del ELA en algunos países. Los tomo con pinzas y con mucho escepticismo. Ese es un discurso que está circulando desde la década de 1990 con muchas altas y bajas. Se trata de escenarios que se caracteriza por la fragilidad. Me consta que la aplicación de PROMESA puede erosionar los avances de la agricultura y las relaciones interamericanas del ELA. No solo eso: un fenómeno natural como un mosquito y el zika lastiman con facilidad las posibilidades del turismo en un momento en que una Cuba que retorna al mercado capitalista apasiona al turista con dinero de Estados Unidos continental. En los tres renglones las trampas de la relación colonial se hacen evidentes. El cabotaje marítimo y aéreo, la competencia de la agricultura de aquel país con la nuestra y la falta de soberanía para proteger los interese de los puertorriqueños limitan las posibilidades del país.

Un último punto: la tolerancia, a pesar de todo, ha ganado algo durante este cuatrienio tan intolerante y trágico. La discusión, atropellada y superficial en ocasiones, de algunos asuntos tocantes al género, al cannabis medicinal y recreativo y a las minorías, resultó refrescante. El problema, me parece, es que su utilización para fines político-partidistas era muy obvia y generó contradicciones. El liderato PPD quería rejuvenecer su imagen de organización liberal y abierta. No funcionó. La justicia y el partidismo son asuntos que chocan y, una vez se les vincula en la gobernanza, no subsanan los defectos de una cultura dominada por el prejuicio, el discrimen y el conservadurismo.

Nota: Versión completa de una reflexión publicada en Metro 10 de noviembre de 2016:8.

mayo 25, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVII

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

La década de 2000 a 2009, dominada por las administraciones populares Calderón Serra y Acevedo Vilá (2001-2008), se caracterizó por el comportamiento errático de la economía como era de esperarse. En el bienio del 2003 y el 2004, aún bajo la gobernadora,  mostró un crecimiento moderado entre el 2.1 y el 2.7 %. Sin embargo, a la altura del 2006, ya bajo Acevedo Vilá cuando el periodo de transición al mundo post-936 canceló y se impuso el IVU, el crecimiento  se redujo al 0.5 %. La economía estaba en caída libre: en 2009 cuando la gobernación la ocupaba Fortuño Burset, decrecía en un 3.8 %

 

Crisis económica, crisis social ¿qué más?

Los efectos sociales de aquel fenómeno que se veía venir fueron devastadores. Durante la década la población se redujo en un 2.2 %. El país perdió 82,821 habitantes y lo que habían sido considerados nuestros grandes centros urbanos -San Juan, Ponce, Mayagüez- vieron disminuida su población entre un 9-10 %. El censo presentaba un panorama paradójico. Si durante los primeros 30 años del siglo 20 y durante el proceso de industrialización de la segunda pos-guerra la población urbana crecía dramáticamente, en el mundo postindustrial y en medio de la desindustrialización dominante en los 2000 las ciudades aparentaban vaciarse.

DeudaUna cosa no cambió. La gente huía de las ciudades en crisis pero no regresaba al campo. El círculo se completaba con el clásico “salto del charco” hacia los espacios de la “promesa americana”. Durante esa década el porcentaje de la población puertorriqueña viviendo en Estados Unidos alcanzó el 55 % cuadruplicando la estadística de 1950 cuando el tope fue del 12 %. Eso significaba que había más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla. En términos matemáticos unas 300.000 personas emigraron a alguno de los estados de la unión.

La diferencia más visible entre ambos procesos es que, si bien en 1950 el estado auspiciaba la emigración con lo que reconocía la incapacidad de la economía colonial para enfrentar el problema de la superpoblación, en el 2000 se oponía. La nueva actitud se concretó por medio de un discurso nacionalista y moralizador que pretendía comprometer emocionalmente a la gente para que no se fuera de su patria en crisis. Lo cierto es el centro de la preocupación parece haber sido puramente material. La emigración hacía el mercado más pequeño y la crisis cumplía la función de moderar al consumidor más moderado por lo que  los ingresos del estado, la captación de impuestos,  se estaba reduciendo de manera notable. La desindustrialización, la emigración y la moderación del consumo en un orden económico que atravesaba por una crisis fiscal y económica  sin solución plausible en lo inmediato hablaban de la profundidad y complejidad de la crisis. La sociedad de consumo conspicuo o hiperconsumo que produjo el proceso de industrialización por invitación y dependiente ha ido perdiendo consistencia. Los efectos de ello en el orden político y en la confianza de la gente en la clase política y en el sistema de relaciones con Estados Unidos fueron enormes.

Las alternativas del estado eran varias. La lógica administrativa le sugería, por un lado, que debían mejorarse  los procesos de captación de impuestos de todo tipo  y enfrentar la evasión, asunto que si bien insistía en mirar hacía lo que se llamaba la economía subterránea o ilegal, también debía tomar en cuenta aquella que no lo era, es decir, la visible o la legal. Un problema de esta actitud es que resulta más sencillo refinar la captación de tributos de los sectores medios y medios bajos que laboran para el estado que para los sectores medios y bajos medios que laboran independientemente o para la empresa privada. La experiencia en el 2016, los embargos preventivos del Departamento de Hacienda, han demostrado que la evasión contributiva era muy común de empresas medianas y grandes en tiempos de crisis y fuera de ellos y que el estado era más tolerante con esos sectores que con los sectores medios y bajos que trabajan bajo condiciones de presión.

La otra alternativa y la más utilizada por las administraciones PNP y PPD, ha sido crear nuevos renglones impositivos o aumentar significativamente las áreas de aplicación de los ya existentes. A ese se ha llamado con insistencia “meter la mano en el bolsillo” de los ciudadanos. La cantidad de renglones impositivos innovadores creados por las administraciones de Fortuño Burset y García Padilla del 2009 al presente ha sido impresionante pero sus efectos concretos en el ámbito del endeudamiento o la estabilidad financiera del fisco han sido muy pocos. No  se debe pasar por alto que el problema de ambas políticas, así lo han reconocido numerosas autoridades en economía,  es que ambas prácticas ralentizaban el consumo y la inversión.

Al final de la década de 2000-2009 la situación tendió a agravarse y la tendencia se profundizó desde 2010 en adelante. De hecho, el desempleo alcanzó el 14.7 % y la tasa de participación laboral se redujo a un 41.7 % en 2013 bajo la administración de Fortuño Burset y entre los años de  2010 a 2013 la emigración a Estados Unidos  se aceleró. Los observadores se han fijado en especial en el destino de la Florida. En 2014  un total de 1,006,542 personas de origen puertorriqueño vivían en la península subtropical. El destino preferido de los viajeros era Orlando-Kissimmee-Sanford donde su presencia sumaba 324,301.  La fuente más confiable en el análisis de ese fenómeno el colega Jorge Duany (UPR) quien los nominó recientemente como “Floriricans”

PR_Deuda_PNB_2013La emigración, un viaje doméstico desde la perspectiva legal, ha vuelto a ser un problema en el país en el siglo 21. Algunos han interpretado el fenómeno como una “válvula de escape” que servirá para evitar o retrasar el colapso del sistema. En ese sentido, actúa como un mecanismo de control de crisis. Otros se han referido a la misma como una expresión de rechazo al ELA y a la colonia y una afirmación de la ansiedad por “vivir la Estadidad”. Pero lo cierto es que ambos recursos retóricos miran hacia los aspectos y las posibles consecuencias políticas del fenómeno y dan la impresión errada de que la emigración soluciona todos los problemas de los que emigran. La recepción de los emigrantes o refugiados puertorriqueños en sus destinos migratorios es un asunto que está todavía por investigarse. La percepción que de ellos desarrollan las comunidades de los estados que los reciben tampoco ha sido indagada. Me consta por experiencia personal que los puertorriqueños de Chicago o Nueva York, a pesar de que llevan allí decenas de años, siguen siendo vistos en términos generales como una minoría hispana más por el estadounidense común. La impresión que daba Puerto Rico en la prensa internacional era que, por primera vez desde el siglo 19, Puerto Rico parecía “vaciarse”

 

Los avatares de un fisco en desbandada

En el ámbito fiscal los años 2000 a 2009 mostraron un panorama patético: lo que se denominaba de modo genérico el “gigantismo” del estado y los costos de su mantenimiento se convirtieron en temas claves. La cuestión del “gigantismo” se combinó con la crítica a la burocratización la cual comenzó a verse como un freno al crecimiento económico y a la ineficacia del servicio público. El discurso favorecía el “enanismo” del estado, la desburocratización que sugería la necesidad dejar hacer, dejar pasar al capital y el desplazamiento de bienes públicos al sector privado, es decir, la privatización.

Todo aquel discurso redundaba en la devaluación del servidor público cuya imagen nunca había sido del todo buena, por cierto. Un problema de ese tipo de juicios es que el “gigantismo” y los costos de mantenimiento se explicaban preferentemente a la luz de los muchos puestos de trabajo producto del caciquismo político partidista. Reducir los puestos de empleo, congelar plazas de trabajo y despedir trabajadores fue legitimado. Sin embargo, la mirada al ámbito gerencial bien pagado, espacio ocupado por cuadros ideológicos sumisos a las maquinarias políticas penepé o populares que los nombraron, parecía intocable. Lo cierto es que, en aquel contexto, la sentencia de muerte del estado interventor emanado de la segunda posguerra mundial estaba completa. El acta de nacimiento del estado facilitador que pugnaba por salir del vientre de la colonia desde la década de 1990 fue adjudicada como algo inevitable.

Desde 2003, bajo Calderón Serra,  la brecha entre el Producto Nacional Bruto (PNB) que se reducía,   y la Deuda Pública (DP) que aumentaba, se fue cerrando. En 2003 la DP era el 61.3 % del PNB, mientras que en 2012 la DP era el 93.6 % del PNB. Resulta imposible negar que la reducción en la producción y el endeudamiento público, fue el rasgo dominante desde 1996 al 2013. Desde esa fecha  ya no era posible emitir más deuda porque el sistema estaba en quiebra. La actitud de Standard & Poors, Fitch y Moody’s de degradar el crédito de Puerto Rico fue la expresión más concreta de ello. La deuda, intereses aparte, no ha crecido más desde 2013 al presente porque el mercado no lo ha permitido.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVI

 

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

El plebiscito de la Gran Recesión (2012)

Ello explica que el plebiscito de 2012 fuese obra de la administración del PNP de Luis Fortuño Burset (1960- ) quien justificó la consulta por varias vías. La primera era puramente estadística: la victoria electoral apabullante (52.84% de los votos) ante un candidato del PPD, Acevedo Vilá débil  marcado por una acusación federal por corrupción de la cual no resultó “inocente” sino “no culpable” (marzo de 2008 a marzo de 2009). Acevedo Vilá, acusado por las autoridades federales en un caso con fuertes visos políticos, impuso su candidatura a pesar de que numerosos alcaldes, soberanistas y no soberanistas, presionaron para que se retirara. La crisis gubernamental y fiscal de 2006, que condujo al cierre temporero del gobierno y a la imposición del Impuesto de Ventas y Uso (IVU)  del  7 %. El déficit presupuestario forzó al gobierno a tomar prestados 500 millones de dólares para pagar la nómina poniendo los ingresos del IVU como fuente de repago de la deuda.

Los informes del “Comité Interagencial del Congreso” de 2005 y 2007, ambos emitidos bajo la administración del presidente Bush, hijo, dieron continuidad a las conclusiones del “Informe John Bennett Johnston” (1989) y del “Proyecto Donald Young” (1996). En 2005 cualquier observador  más o menos informado debía reconocer que el ELA tal y como se había formulado en 1952, ya no era una alternativa válida para el futuro de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Curiosamente, no fue hasta el 13 de mayo de 2016 que el presidente del Senado de Puerto Rico Eduardo Bhatia, en medio de la discusión para la creación de una Junta de Control (o asesoría) Fiscal para el ELA, afirmó que “En EE.UU. nadie cree en el ELA”. El subtítulo del parte de prensa no debía sorprender a nadie: “El presidente del Senado dice que no ha encontrado una persona en ese país que crea que la relación entre Puerto Rico y Washington puede seguir como ahora”. El planteamiento pudo haber sido hecho en los mismos términos en el 2000 o en el 2005, sin lugar a dudas.

Luis Fortuño y Pedro Pierluisi

Luis Fortuño y Pedro Pierluisi

En 2007 el “Comité…” sugirió una consulta de estatus en  dos fases. La primera, cuestionaría sobre la deseabilidad o no de continuar como territorio no incorporado, entiéndase, colonia o ELA. De ganar el “Sí”, terminaba el proceso y se aceptaría esa expresión de apoyo a la condición colonial como válida. De ganar el “No”, como era de esperarse, se celebraría una segunda  consulta. El asunto de la misma no sería el futuro político sino el método a utilizarse para resolverlo: o un plebiscito o una asamblea constituyente. La fase final del proceso -la solución- era territorio abierto para la imaginación. Me parece que resulta imposible negar que el ELA ya no anduviera bien aspectado en Washington desde la década de 2000. La respuesta del PPD respondió al imperativo moderado: no reconoció legitimidad a los informes de 2005 y 2007 porque representaban la posición republicana. La respuesta era comprensible pero ello implicaba tomar distancia de un asunto que requería mayor atención.

El plebiscito de 2012 auspiciado por Fortuño Burset y el PNP combinó unas elecciones generales con la consulta de estatus. Para la mayor parte de los observadores el estatus futuro y la política doméstica están fuertemente vinculados pero la práctica de separar una discusión de la otra siempre ha respondido a la consideración de que no todos lo penepés son estadoístas y no todos los populares son estadolibristas. Una fragilidad obvia que manifestaba aquella decisión política era que la imagen de Fortuño Burset en 2012 ya no era la misma que en 2008. Algunos observadores apuntaban que la táctica de apelar al asunto del estatus se elaboraba con la esperanza de ganarle apoyo electoral para una reelección que resultaba dudosa.

El actual gobernador, entonces candidato, Alejandro García Padilla (1971-) fue quien dirigió la campaña de los populares. El joven abogado  de Coamo  provenía de una familia de profesionales vinculados a la educación, la política y a la industria de los seguros de salud. Su hermano Luis Gerardo administraba  Medicare y Mucho Más (MMM),  su también hermano Antonio fue presidente de la Universidad de Puerto Rico entre 2001 y 2009, y Juan Carlo alcalde de Coamo desde el 2000. La consulta de 2012 fue diseñada de acuerdo con las recomendaciones del “Comité Interagencial del Congreso” de 2007. Pero la segunda fase de la decisión fue revisada. Adoptó la forma de dos preguntas formuladas en dos papeletas distintas.

La tasa de participación alanzó un significativo 78.19 % del electorado. La primera papeleta inquirí en torno a un “Sí” o un “No” al Estatus Territorial, es decir, al ELA o la colonia. Esa era la fórmula de un referéndum cualquiera. El “Sí” obtuvo  828,077 votos o 46.03 %.  Las dudas era muchas ¿Eran colonialistas sinceros o populares fieles a su partido? El “No” obtuvo  970,910 votos  53.97 %. La lógica afirmaba que se trataba de una coalición natural de estadoístas, independentistas, soberanistas y defensores de la libre asociación, el ELA soberano y/o la república asociada. Del total de 1,775,893 de votos emitidos, 65,863 fueron en blanco y 13,160 protestadas. Lo más relevante, desde mi punto de vista, fue que aquella resultó ser la primera victoria de un “No” al ELA

La segunda papeleta no preguntó por el método de solución de estatus sino por la preferencia futura entre la estadidad, el ELA soberano y la independencia. La  estadidad obtuvo 834,191 votos o $61.16 %, la independencia consiguió 74,895 votos o 5.49 %, y el ELA Soberano  449,679 votos o 33.34 %. En blanco se contaron  498, 604 o el 28.07 % considerados como el equivalente de los populares fieles y moderados que votaron como les pidió la dirección de la campaña. Un total de 18,357 fueron protestadas. Lo más relevante, desde mi punto de vista, fue que la indicación de dejar en blanco la segunda papeleta no fue respondida como esperaban lo moderados. El ELA soberano, si equivalía a la libre asociación, había obtenido un respaldo inesperado en el proceso. La opción de la estadidad se impuso solamente por el hecho de la división de los populares aunque ello, me parece, no debe ser interpretado como una debilidad de esa propuesta. Las mayorías votaron por la estadidad y esa parece ser la preferencia de un número cada vez más significativo de electores en el país.

La consulta de 2012 se caracterizó por la ambigüedad del lenguaje. La legitimidad de sus resultados ya estaba comprometida cuando se contó el último sufragio. Por un  lenguaje no se ajustó al derecho internacional: el “ELA Soberano” es un concepto extraño al mismo. Por otro lado, las condiciones de la estadidad y la independencia por la cual se votaba, no estaban claras. Los resultados volvieron a ser contradictorios. El “No” al Estatus Territorial no fue tan masivo como se hubiese esperado. El PPD consiguió convencer a una parte significativa de su militancia de votar “Sí” a la colonia. Es bien probable que el grueso del voto “No” fuese de origen estadoístas penepés y no afiliados.

Las lecciones políticas más complejas del plebiscito de 2012 son varias. El estadoísmo no representa todavía la mitad más uno del electorado: su crecimiento desde 1990  al presente, se ha lentificado por consideraciones que habrá que discutir en otro momento. El PPD no pudo convencer a su militancia de que rechazara el “ELA Soberano” o la libre asociación que, en efecto, obtuvo 449,679 votos o 33.34 % en la segunda papeleta. Los resultados, en cierto modo,  expresaron cierto disgusto o apatía con el liderato tanto en el  PNP como con el PPD. A la luz del proceso eleccionario, el poder de convocatoria de Alejandro García Padilla estaba en entredicho: su condición de estadolibrista moderado actuaba contra él y los resultado podían animar a los soberanistas del PPD a adoptar un actitud más agresiva en lo sucesivo.

 

Azules y rojos  después del plebiscito de 2012

La consulta en medio de la crisis fiscal y económica fue el propició una reestructuración parcial de las fuerzas políticas involucradas. En el PNP se levantó un nuevo liderato estadoísta exigente y radical. Ricardo Rosselló Nevares (1979-), sobre la base del grupo amplio “Boricua Ahora Es” ha retado las estructuras del PNP. Una “Asamblea de Pueblo” celebrada en octubre de 2014,  se ha planteó exigir la estadidad mediante la articulación del “Plan Tennessee”. Durante aquellos actos se habló de la posibilidad de crear un nuevo Congreso Pro Estadidad (CPE) como lo hubo en la década de 1930.

Ricardo Rosselló

Ricardo Rosselló

En 2015 Rosselló Nevares hacía público su aspiración a la candidatura a la gobernación a pesar de que Pedro R. Pierluisi Urrutia (1959-) Comisionado Residente del PNP, confiaba en obtener la nominación sin oposición. En Rosselló Nevares la innovación y el retorno a lo mismo se combinan muy bien. Su apertura ideológica con anticolonialistas no estadoístas compartiendo tribuna con reconocidos independentistas, su apelación a tácticas de lucha olvidadas hace tiempo, su capacidad para mimetizar y amoldar la discursividad anticolonial radical a la causa estadoísta llaman, sin duda, la atención de los observadores. Incluso la juventud que la campaña de Pierluisi Urrutia usa contra su figura y el pasado de su apellido, le han rendido algunos frutos en su escalada política. Sin embargo la funcionalidad de todo ello en procesos concretos como una primaria y unas elecciones generales en las cuáles esos giros retóricos no cuentan mucho, está por verse.

Pierluisi Urrutia ha reclamado sin éxito la estadidad en el Congreso sobre la base de los resultados de la consulta de 2012. La competencia entre estos dos líderes por la candidatura a la gobernación se sostiene sobre la base de cuál de ellos hace más esfuerzos, fructíferos o no,  por alcanzar la estadidad. De hecho, la petición de Pierluisi Urrutia no fue tomada en cuenta en el Congreso por lo contradictorio de los resultados obtenidos. En respuesta a la presión, en 2013 el Comité de Recursos de la Cámara de Representantes pidió a la Oficina de Contraloría General (GAO) un informe sobre el costo de un Puerto Rico Estado 51 para el Tesoro Federal. El informe circuló en 2014 y no fue auspicioso para los estadoístas

En el PPD los soberanistas se han nucleado alrededor de Aníbal Acevedo Vilá (1962- ) y de Carmen Yulin Cruz (1963-). El ELA Soberano como eufemismo de la libre asociación, se esgrime como un recurso para enfrentar la crisis fiscal y económica, mientras que la ahora llamada Asamblea Constitucional de Estatus se concreta como mecanismo jurídico para alcanzar ese fin. Acevedo Vilá fue muy enfático en la necesidad de comprometer al Tesoro Federal para que la refinanciara en su panfleto Hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado (2014). Yulin Cruz ha sido mucho más proactiva y radical a la hora de cuestionar una relación política que ha perdido eficacia, si algún día  la tuvo,  y en oponerse al recrudecimiento del coloniaje que representaría la imposición de una junta se control (o asesora) que cogobernara la colonia. Las fisuras en rojos y azules no parece que vayan a producir rupturas mayores en esas organizaciones. No creo que los soberanistas abandonen al PPD por todo lo que esa estructura significa en términos de acceso al poder. Me parece poco probable que haya otra división en el PNP equiparable a la de Romero-Padilla. El bipartidismo y el sistema de turnos persistirán durante  mucho tiempo todavía.

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