Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

noviembre 27, 2009

La Constitución de 1952 y Estados Unidos

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

El proceso que condujo a la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, arreglo político inaugurado el 25 de julio de 1952, fue puesto en duda desde el momento en que se inició. En general se alegó que el mismo solo permitía la creación de un “Gobierno Propio Local” con “Soberanía Interna”, a la vez que mantenía la relación colonial establecida en la Ley Foraker (1900) y la Ley Jones (1917). En ese sentido, no fue un proceso de “Libre Determinación”. Mantuvo las estructuras básicas de la Ley Orgánica –denominadas como Ley o Estatuto de Relaciones Federales– y con ello dejó intocadas las relaciones fiscales y políticas entre ambos países.El artículo  5 de la Ley 600 decía que  el estatuto titulado «Ley para proveer un gobierno civil para Puerto Rico, y para otros fines», aprobada el 2 de marzo de 1917, según ha sido enmendado, por la presente continúa en su fuerza y vigor y podrá en adelante citarse como la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.»

Imparcial_1950

1950

El proceso no liberó a Puerto rico de la cláusula territorial dado que el Congreso retuvo la soberanía en las mismas condiciones en que la tenía desde 1899. Ello significaba que el Congreso podía legislar sobre el ELA sin consultarlo y que la idea de que la Ley Pública 600 autorizaba un “convenio entre iguales” no era cierta. Vicente Géigel Polanco (1952) alegó que aceptar la Ley Pública 600 en un referéndum, se interpretaría como que Puerto Rico “consentía” con el coloniaje. No se equivocaba al respecto. La única puerta abierta para un proceso futuro de revisión de estatus era que Puerto Rico no renunciaba formalmente a su “Soberanía Natural”. La idea de que la “soberanía” era un “derecho natural” de las “naciones” era un paradigma cultural confiable por aquel entonces. Esa había sido una de las bases más importantes de las visiones modernas de la historia y uno de los fundamentos del nacionalismo en todas partes del mundo desde la revolución de 1789.

Visto desde una perspectiva pragmática, aquel no fue un procedimiento apoyado por todo el Pueblo de modo masivo o unánime. Incluso se podría alegar que solo tradujo las aspiraciones de acomodo del Partido Popular Democrático. El hecho de que el independentismo electoral moderado, el Partido Independentista Puertorriqueño, no participara  fue crucial. El Partido Nacionalista, que había propuesto la Convención Constituyente para resolver el estatus en las décadas del 1930 y el 1940, tampoco vio en esta experiencia ninguna legitimidad y la boicoteó activamente desde 1950. La Insurrección de Jayuya fue parte de aquella campaña de repudio. También un sector mayoritario del anexionismo lo condenó y se negó a participar de la “farsa” como la denominó Géigel Polanco.

Un argumento importante es que la abstención electoral durante el proceso fue muy alta. Para el referendum del 4 de julio de 1951, ejecutado para  aprobar o rechazar la Ley Pública 600, solo votó el 65 % de los electores capacitados. La  abstención fue de 35 % y la participación electoral fue 22% menos que en las elecciones de 1948. Con todo el 76.7 % de los participantes votó «Sí». Y en el referendum de marzo de 1952 para aprobar o rechazar la Constitución, solo compareció el 59 % de los electores capacitados lanzando la abstención hasta el 41 %. La lógica de la historia oficial se ha fijado en que el 81  % votó «Sí» para argumentar el apoyo masivo al proceso. La actitud contrasta con la opinión adoptada ante los resultados de la consulta de 2012 aunque las circunstancias son enteramente distintas. Una lectura a la distancia de aquel fenómeno indica que buena parte del electorado no confiaba en la forma en que se estaban llevando las cosas. Las campañas del independentismo, el nacionalismo y el anexionismo fueron eficaces en ese sentido.

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1952

Por otro lado, hay que reconocer que aquel no fue un “proceso libre”. La Constitución proclamada el 25 de julio de 1952,  no fue la que aprobó la Convención Constituyente en marzo de 1952. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, le podaron importantes secciones del Artículo II de la Carta de Derechos, en especial la parte que incluía  los “Derechos Humanos”  proclamados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).  La eliminación de la Sección 20 y la Sección 5 del Artículo 2 de la Constitución, convirtió un documento jurídico muy avanzado, en uno corriente, convencional y hasta moderado. Si a ello se une el argumento de que en 1952 todavía estaba activa la Ley 53 o de la Mordaza (1948-1956), se percibe mejor el contrasentido.

La abstención siguió siendo alta, el 24.7 %, en  las elecciones de 1952. Pero dado que el PPD volvió a ganar ampliamente, la situación legitimó el proceso. La victoria popular se interpretó como una afirmación de la validez del ELA. En aquellos comicios el PIP obtuvo el 19 % y era el segundo partido del país. En cierto modo, allí se encontraba el “voto de protesta” más visible . La situación parecía indicar que se aproximaba un proceso de polarización entre estadolibristas e independentistas y que el PIP crecería como una opción real pero aquella organización tenía problemas internos muy particulares que limitaban su capacidad opositora. El discurso adoptado por Luis Muñoz Marín quien afirmaba que Puerto Rico ya no tenía “vestigios coloniales” y que se había creado un “nuevo tipo de relación estatutaria” o “nuevo tipo de soberanía”, fue más efectivo y canceló el proceso de polarización. Con la Ley 53 o de la Mordaza activa, ser independentista o nacionalista resultaba peligroso. Las facultades omnímodas del siglo 19 parecían haber retornado con más fuerza desde 1948.

El hecho de que el referéndum para la aprobación de la Ley Pública 600 se realizara un 4 de julio, y que la proclamación del ELA se llevara a cabo un 25 de julio, demuestran que detrás de todo el proceso había una batalla simbólica por restablecer una relación amigable entre los puertorriqueños y los americanos.  Sin duda, la necesidad de “borrar el pasado colonial” fue uno de los propósitos culturales mayores de aquel cuestionable proceso constitucional.

noviembre 15, 2009

José Trías Monge y el ELA

“Capítulo 8. En la Secretaría de Justicia” (Fragmento) de Cómo fue. Memorias.  San Juan: EDUPR, 2005, 2007. Págs. 200-201.

Las discusiones con delegados de otras naciones en la ONU (en 1953) sobre el estatus de Puerto Rico fueron arduas. Había entonces y todavía hay al menos doce razones indicativas de la condición colonial de Puerto Rico:

Jose_Trias_Monge1)      Las leyes de Estados Unidos se aplican a Puerto Rico sin su participación o consentimiento.

2)      Las leyes de Estados Unidos tienen rango superior a las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico. En caso de conflicto prevalecen aquéllas sobre éstas. Eso ocurre también con las constituciones estatales, pero al menos cada estado participa en la aprobación o rechazo de esas leyes.

3)      El presidente y sus delegados pueden negociar tratados y tomar otras acciones que afecten a Puerto Rico sin su participación o consentimiento.

4)      En virtud de concesión unilateral del Congreso de jurisdicción por diversidad de ciudadanía, la corte federal en Puerto Rico puede resolver asuntos de carácter local. Filipinas no tuvo nunca una corte federal, creándose en el caso de Puerto Rico sin su consentimiento.

5)      No existe igualdad o aun comparabilidad de derechos entre los ciudadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico y los residentes en los estados de la Unión.

6)      El gobierno de Estados Unidos sostiene que la soberanía sobre la isla reside en él y no en el pueblo de Puerto Rico.

7)      El Congreso de Estados Unidos asume que puede ejercer poder plenario sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos.

8)      Tanto el Congreso como la rama ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos actúan en consecuencia como si no existiera pacto alguno entre Estados Unidos y Puerto Rico y aun algunos funcionarios argumentan que ninguno es constitucionalmente posible. A pesar de expresiones judiciales en contrario, las otras ramas del Gobierno de Estados Unidos se comportan como si Puerto Rico continuase siendo un territorio o posesión de Estados Unidos.

9)      Aun si se sostuviese finalmente que las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos se fundan en un pacto irrevocable entre las partes, excepto por mutuo acuerdo, y que dicho pacto comprende la Ley de Relaciones Federales, el consentimiento prestado en 1951 a dicho arreglo fue demasiado amplio. No se puede consentir, por ejemplo, que las leyes de un país, todas las pasadas y todas las futuras, gobiernen a otro y sostener a la vez, que ello es compatible con un estatus de libertad. Por eso es por lo que desde la creación del Estado Libre Asociado se ha intentado convertir el consentimiento genérico prestado en consentimiento específico.

10)  Puerto Rico no juega papel alguno en la vida de la comunidad internacional, ni directamente ni mediante participación en las decisiones que tome el Gobierno de Estados Unidos.

11)  El estatus actual de Puerto Rico no satisface los criterios establecidos por las Naciones Unidas en 1960 para determinar si un pueblo ha sido descolonizado.

12)  No se conoce situación alguna en que un pueblo ejerza sobre otros poderes tan vastos como los que Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico y aun así se sostenga que la relación entre ellos no sea de carácter colonial.

Para el momento en que se discutió el caso de Puerto Rico ante las Naciones Unidas en 1953 y 1954 todavía no se habían aprobado por la Asamblea General los criterios para precisar cuándo un pueblo dependiente dejaba de ser colonia. Aun así, la decisión fue atrevida. Los delegados aun de naciones muy amigas de Estados Unidos escuchaban con cortesía, pero con evidente escepticismo, los argumentos al efecto de que se había descolonizado a Puerto Rico. A la larga Estados Unidos lograría una escueta mayoría a favor de su punto de vista pero al costo de una extraordinaria presión política y la expresión por la Asamblea General de su jurisdicción para determinar si un pueblo dependiente podía ser descolonizado o no. Quince años más tarde  (1967 y 1968), cuando la composición de la Asamblea general aumentaría notablemente con la admisión de gran número de países africanos y caribeños, a Estados Unidos le hubiese sido imposible obtener un voto favorable a su decisión de descontinuar el envío de información sobre Puerto Rico por razón de que éste se había convertido en un pueblo autónomo.

Vicente Géigel Polanco y la Ley 600

“Ni constitución ni convenio” (Fragmento). Publicado en El Mundo, a 19 de mayo de 1951. Tomado de La farsa del estado Libre Asociado. Río Piedras: Edil, 1972. Págs. 21-24.

Pues bien, la Sección 4 (de la Ley Pública 600) provee que todas las disposiciones  de la Ley Jones que tratan sobre las relaciones políticas y económicas entre Puerto Rico y Estados Unidos quedarán subsistentes y se conocerán como la “Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico”. Esto significa que quedarán inalteradas las actuales relaciones políticas y económicas

Nada menos

Esas relaciones son, nada menos, que las siguientes.

Geigel_Munoz1)      Que Estados Unidos ejerce y seguirá ejerciendo soberanía sobre Puerto Rico, en virtud de la cesión que consagró el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898;

2)      Que Puerto Rico es y seguirá siendo una posesión territorial de Estados Unidos, según se expresa en la sección de la Ley Jones, que pasará a ser también la sección 1 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico;

3)      Que Estados Unidos tiene y seguirá teniendo plenos poderes sobre el territorio de Puerto Rico bajo los términos del inciso 2, sección 3, del artículo IV de la Constitución federal, que faculta al Congreso para disponer de los territorios pertenecientes a Estados Unidos y dictar en cuanto a ellos las leyes, reglas y reglamentos que considere necesarios;

4)      Que Puerto Rico seguirá sujeto a las leyes de tarifas de Estados Unidos en sus relaciones comerciales con países extranjeros, quedando todas las importaciones que haga la Isla de tales países sujetas al pago de los derechos de aduana que imponen las referidas leyes de tarifas, en cuya redac­ción y aprobación no ha intervenido ni podrá intervenir el pueblo de Puerto Rico.

5)      Que Puerto Rico no podrá negociar tratados de comercio con países extranjeros;

6)      Que Puerto Rico está y seguirá sujeto a las leyes de cabotaje de Estados Unidos, que significa que está y seguirá obligado a usar barcos de matrícula norteamericana en sus relaciones comercia­les con Estados Unidos;

7)      Que continuará la presente relación de comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos, en virtud de la cual la mercadería de Estados Unidos entrará libre de derechos en Puerto Rico, y la de Puerto Rico, a su vez, libre de derechos en Estados Unidos;

8)      Que los habitantes naturales de Puerto Rico seguirán siendo ciudadanos de Estados Unidos;

9)      Que los ingresos por concepto de arbitrios federales sobre artículos producidos en Puerto Rico que entren al mercado de Estados Unidos, tales como ron, cigarrillos, etc., y los ingresos de aduana sobre mercaderías importadas por Puerto Rico, se seguirán devolviendo al Tesoro de Puerto Rico;

10)  Que la industria azucarera de Puerto Rico seguirá sujeta al sistema de cuotas fijado por el Congreso de Estados Unidos, quedando así limitada por acción congresional la capacidad de producción de nuestro pueblo en su industria básica;

11)  Que el refinado de azúcar en Puerto Rico quedará igualmente sujeto a la exigua cuota, que se fija ahora bajo la Ley Azucarera del Congreso de Estados Unidos, quedando así la Isla impedida de refinar todo su azúcar;

12)  Que Puerto Rico seguirá sujeto a numerosas leyes del Congreso de Estados Unidos, tales como la Ley Federal de Horas y Salarios, la Ley de Inquilinato, la Ley del Servicio Selectivo, las leyes que proveen ayuda económica a los estados y territorios para fines educativos, de fomento agrícola, protección de la salud, construcción de puertos y carreteras, etcétera.

13)  Que en Puerto Rico seguirá funcionando la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Dis­trito de Puerto Rico (Corte Federal) con su actual jurisdicción;

14)  Que todas las diligencias judiciales en Puerto Rico se harán a nombre de «Estados Unidos de América, SS, El Presidente de Estados Unidos»;

15)  Que Puerto Rico seguirá sujeto al sistema judicial de Estados Unidos, en el sentido de que las decisiones de nuestro Tribunal Supremo no serán finales, sino revisables por la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston y el Tribunal Supremo de Estados Unidos conforme a las leyes federales;

16)  Que todos los funcionarios en Puerto Rico deberán ser ciudadanos de Estados Unidos y antes de entrar en el desempeño de sus respectivas funciones, prestarán juramento de sostener la Constitución de Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico;

17)  Que el pueblo de Puerto Rico seguirá eligiendo cada cuatro años un Comisionado Residente, sin voz ni voto, quien tendrá derecho a reconocimiento oficial como tal Comisionado por todos los Departamentos del Gobierno de Estados Unidos:

18)  Que Puerto Rico seguirá sujeto al sistema monetario y postal de Estados Unidos.

Bajo la Ley 600, tales son, en apretada pero no agotadora síntesis, las relaciones políticas y económicas que subsistirán como «Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico».

noviembre 8, 2009

El 1950 y la política de status

  • Mario R. Cancel
  • Historiador y escritor

 

El arquitecto de la Ley Pública 600 fue Antonio Fernós Isern, el mismo que por medio de sus artículos de 1946 – Camino abierto I y Camino abierto II, imaginó la “tercera vía” como una opción ante la estadidad y contra la independencia.  El 13 de marzo de 1950, Fernós presentó  legislación en el Congreso desde su posición de Comisionado residente, con el fin de “proveer para la organización de un gobierno constitucional por el pueblo de Puerto Rico”. Con ello el PPD cumplía su promesa de 1948 de enfrentar el asunto del status en cuanto se impusiera en las elecciones de ese año y Luis Muñoz Marín ocupara la gobernación por elección popular.

PR_1946El Senado y la Cámara de Estados Unidos aprobaron la legislación porque reconocían que la misma evadía  la estadidad ni la independencia, dos propuesta que como se sabe no estaban dispuestos a articular, la primera por consideraciones culturales y la segunda por cuestiones geoestratégicas.  La otra razón de peso para aprobar la legislación habilitadora fue que quedaba claro que la misma no comprometía al Congreso ni con la estadidad ni con la independencia para el futuro. La impresión que queda es que el Congreso que estimula la revisión del status esperaba que la solución alcanzada cerrara el asunto del status de una manera definitiva. En ese sentido no estaba contando con la opinión de los independentistas ni de los estadistas, movimiento en los que había numerosos ideólogos poco dispuestos a aceptar el lenguaje que se les pretendía imponer.

El otro elemento que justificaba la aprobación de la Ley Pública 600 era que, a fin de cuentas,  “las relaciones políticas, económicas y sociales entre la isla y Estados Unidos permanecían inalteradas”. La Ley 600 no representaba un “riesgo” político visible y, por el contrario, presentaba una oportunidad única para mejorar la imagen de Estados Unidos y presentarlo como un poder que estaba dispuesto a superar el imperialismo y el colonialismo. En julio de 1949 y ante el Comité de Terrenos Públicos de la Cámara, Luis Muñoz Marín había aceptado que “la constitución será probablemente muy similar (…) de la que ahora rige por acción del Congreso” (se refería al Acta Orgánica Jones de 1917). Y Fernós Isern aseguraba en el mismo Congreso en abril  de 1950 que “la suprema autoridad política de Estados Unidos bajo el tratado (se refería al Tratado de Paris que traspasó a Puerto Rico en 1899) seguirá inalterada”. La necesidad de tranquilizar a los congresistas y de proponer la Ley Pública 600 como un documento que no cambiaría de manera sustancial la relación de Estados Unidos y Puerto Rico era esencial para que la misma fuese aprobada con la menor oposición posible en un Congreso que, según el jurista José Trías Monje en sus memorias, no comprendía, ni estaba dispuesto a comprender, los argumentos de la clase política dominante en la isla sobre la relación entre ambos países.

La Ley Pública 600 autorizaba a convocar un referéndum al pueblo sobre la Ley 600. En el mismo se respondería a la pregunta de si el pueblo aceptaba o no el proceso que se incoaba con ella. La Ley Pública 600, una vez refrendada por el electorado, autorizaba a la Legislatura de Puerto Rico a convocar una Asamblea o Convención Constituyente cuyos delegados o constituyentes se elegirían en una elección especial.  La Asamblea o Convención Constituyente tendría la responsabilidad de redactar una Constitución para Puerto Rico. El proceso, hasta ese punto era jurídicamente pulcro.

La Ley Pública 600, sin embargo iba más allá y establecía una serie de requisitos mínimos para la Constitución. Los mismos serían que la misma debía crear “Gobierno Republicano en forma” y que debía incluir una “Carta de derechos”. Una vez redactada, la Constitución tenía que ser sometida al Pueblo de Puerto Rico para su aceptación y remitida al Presidente de Estados Unidos, quien determinaría si era armónica con las Leyes y Constitución de ese país. Una vez determinado el asunto, el documento pasaría al Congreso de estados Unidos para su consideración, enmienda  y aprobación final.

fernos_isern2La Ley Pública 600 estipulaba que el Art. 5 de la Ley Orgánica Jones de 1917 permanecería inalterado. El contenido del mismo resulta esencial para evaluar la cota de soberanía a la que Puerto rico podía aspirar. En el Art. 5 el Gobierno Federal se reservaba el control sobre las aduanas, el comercio exterior, el sistema monetario, la defensa, la  justicia, los correos y la política exterior de Puerto Rico. Las relaciones fiscales y la soberanía del Congreso, en consecuencia, quedarían incólumes. Lo único que se revisó fue el nombre: en adelante se denominaría  se llamaría  Ley de Relaciones Federales.

El inciso explica varias cosas: la idea de que Puerto Rico y Estados Unidos tienen mercado, moneda y defensa común; la idea de que entre ambos media un convenio o pacto entre iguales que no puede ser alterado unilateralmente; la idea de que la Constitución descolonizó a Puerto Rico. Ley Pública 600 solo permitiría cambios en el “gobierno interno” de Puerto Rico, crearía “un gobierno propio soberano” pero evadía cualquier proceso legítimo de “libre determinación” y sus efectos no correspondían con la “soberanía” ni la “independencia”. Como se verá más adelante, el producto jurídico era un híbrido que tampoco equivalía a una “libre asociación” o una “república asociada”. En la realidad de las cosas la aplicación de la Ley Pública 600 se redujo a una revisión  de la Ley Orgánica de 1917 en el momento en que la “industrialización por invitación” iniciada en 1947, necesitaba alguna estabilidad política.

El Referendum para la Ley 600  se celebró el 14 de junio de 1951. En el mismo votaron a favor 387,016 personas o el 76.5% y 119,169 o el 23.5 % votaron en contra. Como era de esperarse, en la elección de los delegados a la  Convención Constituyente, el Partido Popular Democrático acumuló 351,946 votos o el 82.1%  lo cual  significó 92 candidatos. El Partido Estadista Republicano obtuvo 50,720 o el 11.8% y el Partido Socialista obtuvo 22,505 o el 5.2%. El Partido Independentista Puertorriqueño se abstuvo de participar y cuestionó el carácter descolonizador del proceso.

 

Epílogo de una ley

En 1993 el Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos determinó lo siguiente:

  1. Que la Ley Pública 600 del Congreso no sacó a Puerto Rico de la jurisdicción de la Cláusula Territorial en 1950
  2. Que su aplicación no produjo una alteración fundamental en las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos
  3. Que Puerto Rico seguía siendo un territorio no-incorporado bajo la Constitución de Estados Unidos
  4. Que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico era soberana igual que en 1899

La decisión implicaba que las autoridades de Estados Unidos podían eliminar unilateralmente la Constitución de Puerto Rico o la Ley de Relaciones Federales. Que incluso podían  revocar la ciudadanía impuesta en 1917 por el hecho de que las relaciones no eran bilaterales ni entre iguales y la idea del convenio no era legítima. La decisión de 1993 debió cambiar el lenguaje de la discusión del estatus y estimular a los defensores del Estado Libre Asociado a  revisar sus posturas en dirección de la República Asociada, el Estado Libre Asociado Soberano o la Libre Asociación. Pero, como se sabe, la década del 1990 vio el nuevo auge del anexionismo en el país bajo la dirección de Pedro Roselló González (1993-2001). Los progresos de la postura revisionista entre los populares han sido pocos, hecho que los confirma como una organización cada vez más moderada.

 

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