Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

noviembre 18, 2022

Jayuya: monólogo de un historiador

Por Mario R. Cancel-Sepúlveda

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su cuestionable legitimación internacional por la Organización de Naciones Unidas (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco[1], quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monge [2] en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por el diplomático estadounidense Jack K. McFall, son un ejemplo de ello.[3] Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica o un juego diplomático vacío para mejorarla imagen internacional de Estados Unidos. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular que era una autoridad en derecho que comprendía el problema de la soberanía y que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo, y uno de los agentes políticos que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento y, en general, fue desoída. El proceso que a la larga condujo a la consolidación del ELA en 1952, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la “acción inmediata” por medio de la protesta armada. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, a pesar de las notables diferencias ideológicas que podía haber entre ellos, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el “Maestro”, una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, izó la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político desde la década de 1930. Con ello ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos” y un reto a la estabilidad del régimen colonial. La emblemática torre universitaria había sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939 como reconocimiento al novotratismo y su papel en la recuperación económica del territorio en medio de la Gran Depresión por lo que tenía un valor simbólico extraordinario. Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre.[4] El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión y el activismo independentista, nacionalista o socialista en el país. El lenguaje fundamentalista y autoritario de la ley sigue siendo impresionante: predicarorganizarpublicardifundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran actos equiparados ante la ley y tratados como una acción delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación, hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monge. La calentura del Guerra Fría, la presión del discurso anticomunista, la amenaza a la hegemonía estadounidense en Europa en la segunda posguerra, había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de la dirección de los populares en el presente: la necesidad de afirmarse en el poder aliándose a los sectores moderados, presumiblemente mayoritarios, los domina. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas o demasiado liberales, fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la “Casa de Estudios” negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición occidental moderna y, acaso, fundamento de aquella. Para Benítez, ser occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta del regreso de Albizu Campos y las protestas de los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquella ley represiva e irracional pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” que se temía era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí[5]. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades nacionalistas por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo de nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.

El proyecto insurreccional

La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950 fue, entre otras cosas, una respuesta bien articulada a los retos políticos impuestos por la Guerra Fría, el proceso de descolonización que condujo a la fundación del Estado Libre Asociado y la actitud colaboracionista y sumisa del liderato del Partido Popular Democrático con las autoridades de Estados Unidos con el fin de asegurar las reformas que se les ofrecían. La acción protestó además contra la Ley 53 o La Mordaza de 1948, contra la Ley 600 y contra la Asamblea Constituyente que por aquel entonces se planificaba. Pero sobre todo fue un arriesgado acto de propaganda que se elaboró con el propósito de llamar la atención internacional sobre el caso colonial de Puerto Rico y confirmar las posibilidades de la resistencia armada en el territorio caribeño. En un sentido simbólico representó la reinvención de la situación que produjo, con efectos análogos, la Insurrección de Lares en septiembre de 1868. La retórica nacionalista de aquel entonces realizó un esfuerzo ingente por demostrar la continuidad espiritual, cultural y política entre el 1868 y el 1950.

El centro militar de la conjura fue el barrio Coabey de Jayuya. La finca de la militante Blanca Canales (1906-1996) sirvió como centro de entrenamiento y de mando, así como de depósito de armas para los rebeldes. Fue allí donde se proclamó la República y se izó la bandera de la Nación, muy parecida a la que en 1952 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico oficializara como signo del nuevo orden político. Allí se fundó, como en Lares, la Nación Simbólica y se sacralizó mediante la palabra su soberanía política.

El plan de los rebeldes era, una vez tomada la municipalidad de Jayuya, resistir el tiempo que fuese necesario hasta que la comunidad internacional reconociera la beligerancia puertorriqueña y legitimara su voluntad soberana. Algunos veteranos del ejército me comentaron en Jayuya en el 2008 que la selección de la localidad se había hecho sobre la base del notable potencial agrario de la región montañosa y sus posibilidades de sobrevivir en caso de que la insurrección no fuese efectiva en otras partes del país.  El Puerto Rico agrario que Operación Manos a la Obra dejaría atrás pesaba mucho en la cultura revolucionaria de una parte significativa del liderato, asunto que habría que indagar con más detenimiento en el futuro. Las fuerzas nacionalistas de aquella localidad estaban al mando de Carlos Irizarry, militante que era además, veterano de la Segunda Guerra Mundial. La experiencia militar en las fuerzas armadas estadounidenses o en conflictos internacionales como la Guerra Civil Española era valorada por la organización militar nacionalista.

El centro político o público fue, desde luego, San Juan donde se encontraba la casa del Partido Nacionalista y vivía su líder Albizu Campos. La voz de la nación era aquel abogado. La prensa puertorriqueña, estadounidense e internacional, miraría hacia donde él estuviese y los actos que se ejecutaran contra su persona con el fin de arrestarlo, servirían para proyectar el hecho de que en Puerto Rico se luchaba a favor de la descolonización por un camino alterno al que había marcado la Ley 600. Los centros rebeldes mejor preparados para los combates parecen haber sido los de Utuado, Mayagüez y Naranjito, aunque los combates en cada una de esas localidades fueron desiguales. Sin embargo la presencia de comandos nacionalistas era visible en una parte significativa del país.

Las acciones de Jayuya se combinaron con dos atentados que demostraban los riesgos que era capaz de tomar la militancia nacionalista. El primero fue encabezado por el militante y también veterano de guerra, Raimundo Díaz Pacheco (1906-1950) y tuvo por objetivo la residencia oficial del gobernador Muñoz Marín, es decir, La Fortaleza. Se trataba de un atrevimiento histórico que recordaba las conjuras militares del siglo 19 que siempre tenía por objetivo la toma de la casa de gobierno y la proclamación de la república. El otro estuvo compuesto por los militantes Griselio Torresola (1925-1950) y Oscar Collazo (1914-1994), quienes atacaron la Casa Blair, residencia temporera del presidente Truman en Washington.[6] Ninguno de los dos magnicidios consiguió su objetivo pero el impacto propagandístico de ambos fue enorme.

Antecedentes inmediatos

La Insurrección Nacionalista estalló el 30 de octubre de 1950. Todo parece indicar que los días previos fueron de intensa preparación para una situación que Albizu Campos había planeado con mucha calma desde su salida de la cárcel de Atlanta en 1943.  Los registros del taquígrafo de récord y funcionario de la Policía Insular Carmelo Gloró, documentan que el 26 de octubre, cuando se conmemoraba el día del natalicio del General Antonio Valero de Bernabé en Fajardo, Albizu Campos adoptó un tono marcial que inevitablemente resultaba en un llamado al combate inminente. Para quienes conocen el calendario patriótico del Partido Nacionalista, la relevancia de Valero de Bernabé y su vinculación con el mito bolivariano, explican por qué aquella fecha  resultaba idónea para informar a la militancia sobre la necesidad de una movilización.

El día 27 de octubre, un grupo de nacionalistas fueron detenidos por las autoridades mientras transitaban por el Puente Martín Peña en la capital. Durante la intervención  se les ocuparon dos pistolas  calibre  37, una subametralladora, cinco explosivos de bajo y mediano poder que incluían los clásicos cócteles molotov, algunas bombas tipo niple y varias cajas de balas. Todo parece indicar que aquel acontecimiento fue crucial para que se tomara la decisión de que la Insurrección sería el día 30 dado que se llegó a temer que aquellos arrestos fuesen la primera de una serie de intervenciones policiacas que pondrían en peligro el objetivo de los rebeldes.

El 28 de octubre estalló un motín en la Penitenciaría Estatal de San Juan bajo el liderato del presidiario Pedro Benejám Álvarez. El mismo desembocó en un escape masivo de presos. Benejám era también veterano de guerra y había sido traficante de armas robadas al ejército de Estados Unidos. Por aquel entonces se alegó que el motín estaba conectado con la conjura nacionalista y se aseguraba que Benejám estaba comprometido a suplir armas y hombres a la revuelta.

Durante los días 28 y 29 de octubre, las tropas nacionalistas se movilizaron y se reconcentraron en el Barrio Macaná de Peñuelas. La residencia de militante Melitón Muñiz Santos, fue usada como centro de distribución de armas y tareas para el evento que se acercaba.

Objetivos militares y el plan de combate

La meta principal de los Comandos Nacionalistas, cuerpo con entrenamiento militar que en 1934 se habían identificado como los Cadetes de la República, fue la toma de los cuarteles de la Policía, prioridad que parece demostrar la necesidad de armas que caracterizaba al movimiento rebelde. Aquel objetivo militar se unía a un plan concertado para ocupar las oficinas de teléfono y telégrafo locales con el fin de incomunicar las localidades una vez fuesen tomadas. Un segundo objetivo de los Comandos Nacionalistas fue ocupar las alcaldías, centro que representaban el poder colonial concreto cercano a la gente y ratificaban el colaboracionismo de los populares con las autoridades estadounidenses.

El tercer objetivo fueron las dependencias del Gobierno Federal en Puerto Rico tales como los correos y las oficinas del Servicio Selectivo de las Fuerzas Armadas. El Partido Nacionalista había conducido una campaña muy persistente en contra de la participación de los puertorriqueños en el ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.  Debo llamar la atención sobre otro elemento que me parece crucial. La Guerra de Corea, la primera confrontación violenta de la Guerra Fría, había iniciado en junio de aquel año y, como se sabe, ya en las primeras semanas de octubre la tropas de la Organización de la Naciones Unidas al mando del General estadounidense Douglas MacArthur, habían sido movilizadas contra los ejércitos de Corea del Norte y la República de China.  El mundo estuvo al borde de una conflagración atómica en aquel contexto por lo que la Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, se iniciaba en un momento muy complejo en que la fiebre anticomunista dominaba el lenguaje político internacional.

La táctica utilizada fue la de las guerrillas urbanas. Se trataba de bandas o grupos pequeños que se tomaban enormes riesgos militares hasta el punto de que algunos de ellos funcionaban más bien como comandos suicidas. Los soldados nacionalistas más experimentados contaban, como se sabe, con formación militar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, todo parece indicar, que los nacionalistas constituyeron un cuerpo disciplinado y dispuesto a cumplir con las órdenes de sus superiores. Los logros militares más notables de aquel esfuerzo se redujeron al hecho de que Jayuya, el centro de la conjura, permaneció en poder de los Nacionalistas hasta el 1ro. de noviembre, pero la movilización de la Guardia Nacional, cuerpo militar que contaba con armas de repetición, morteros, artillería ligera y aviones de combate, forzó la rendición de la plaza con el fin, según algunos, de evitar la devastación del barrio. En aquel momento la desventaja en capacidad de fuego de los rebeldes se hizo patente.

Un juicio tentativo

La impresión que deja aquella situación es que, igual que en el caso de la Insurrección de Lares de 1868, la Insurrección de Jayuya de 1950 parece haber sido producto de la precipitación y la prisa. Los defensores de Jayuya no contaban con armamentos capaces de enfrentar vehículos blindados, ni con artefactos bélicos antiaéreos. Entre los pertrechos ocupados a los rebeldes había pocos explosivos de alto poder: las bombas tipo niple y los explosivos a base flúor o cloro parecen haber sido el límite de su capacidad explosiva.

El gobernador Muñoz Marín, la Policía y la Guardia Nacional manejaron el asunto de una manera muy diplomática con el fin de evitar el golpe de propaganda que podría producir a nivel internacional un acto de rebelión y represión masiva contra los rebeldes. El prestigio de Albizu Campos y su proyección internacional debieron pesar mucho en aquel momento. Ejemplo de aquella actitud cuidadosa fue el hecho de que nunca se declaró un “estado de emergencia” o “ley marcial” y que, con el fin de disminuir el efecto negativo que aquel acto podía tener sobre su imagen, Muñoz Marín pidió disculpas a Estados Unidos en nombre Puerto Rico y proyectó la Insurrección como un acto aislado y de poca relevancia.

Albizu Campos, arrestado en su casa tras una intensa resistencia, fue condenado a 53 años de prisión. Su destino parecía ser morir en la cárcel. Sin embargo, la presión de una campaña humanitaria internacional a favor de su excarcelación, provocó que el líder rebelde fuese indultado por Muñoz Marín en 1953.  Como dato curioso, el indulto se ordenó el 30 de septiembre de aquel año y Albizu Campos lo rechazó. Las autoridades carcelarias tuvieron que expulsarlo de la penitenciaria a pesar de su oposición.

Albizu Campos era un mito político muy poderoso, una figura que estaba, por decirlo de algún modo, más allá de la política cotidiana y de la domesticidad. Su proyección internacional como un mártir de la independencia era incuestionable. Reducirlo a las pequeñeces de la política local en tiempos de la Guerra Fría requeriría un esfuerzo monumental. Lo cierto es que figuras como la de Albizu Campos representaban una contradicción en aquella década del 1950 en la cual el realismo, el cálculo y el pragmatismo se imponían en la vida política local. Albizu Campos era demasiado irreal para una generación política que había decidido someterse y ajustarse a la corriente que provenía de Washington.

Publicada originalmente en Claridad-En Rojo (1ro de noviembre de 2022)

[1] Mario R. Cancel Sepúlveda, notas a “Vicente Géigel Polanco y la Ley Pública 600” (1972) “Ni constitución ni convenio” (Fragmento). Publicado en El Mundo, a 19 de mayo de 1951. Tomado de (1972) La farsa del Estado Libre Asociado (Río Piedras: Edil):  21-24.URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2009/11/15/vicente-geigel-polanco-y-la-ley-600/
[2]Mario R. Cancel Sepúlveda, notas a “José Trías Monge y el ELA” tomado de (2007) “Capítulo 8. En la Secretaría de Justicia” (Fragmento) Cómo fue. Memorias (San Juan: EDUPR): 200-201.URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2009/11/15/jose-trias-monge-y-el-ela/
[3]“The Origin of the Commonwealth Label” (April 20, 2011) Puerto Rico Report. URL : https://www.puertoricoreport.com/the-origin-of-the-commonwealth-label/#.Y161xXbMKUk
[4] Refiero a los interesados a Mario R. Cancel Sepúlveda (2010) “El Partido Nacionalista, los obreros y Mayagüez (1934)” en Puerto Rico entre siglos URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2010/08/09/partido-nacionalista-obreros-mayaguez-1934/
[5] Los mejores recursos para comprender el fenómeno siguen siendo Ivonne Acosta Lespier (1989) La Mordaza. Puerto Rico 1948-1957 (Río Piedras: Edil) e Ivonne Acosta Lespier (2000) La palabra como delito (San Juan: Cultural)
[6] Un relato detallado del acto puede leerse en Ramón Medina Ramírez (2016) El movimiento libertador en la historia de Puerto Rico (San Juan: Ediciones Puerto) reproducidos en redacción (25 de octubre de 2022) “CLARIDADES- 1 de noviembre de 1950” URL: https://claridadpuertorico.com/claridades-1-de-noviembre-de-1950/

septiembre 9, 2013

La Transición al Estado Libre Asociado de Puerto Rico

El Dr. José Anazagasty Rodríguez evalúa la creación del ELA a la luz de la evolución del imperialismo estadounidense.

cogitāre

La transición al Estado Libre Asociado (ELA) significó la transformación del estado colonial, una mutación del estado colonial clásico a un estado colonial con una autonomía restringida, circunscrita a los confines establecidos por el Gobierno Federal de los Estados Unidos.

En las décadas de los cuarenta y los cincuenta el estado colonial que se formó poco después de la Guerra Hispanoamericana se transformó en otro tipo de estado colonial. Aquel estado colonial de la posguerra había logrado consolidarse con la Ley Foraker y la Ley Jones en las primeras décadas del dominio estadounidense sobre la Isla. Pero, y tras enfrentar una dura crisis en los años treinta, se transformaría ente 1940 y 1952 en un estado colonial con algo de autonomía vis-a-vis el gobierno Federal de los Estados Unidos.

Esa transformación ocurrió en una coyuntura marcada por la transformación de la economía capitalista, una crisis política, y una legislación federal…

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marzo 30, 2013

Reformas económicas y cambio social: el papel de la Guerra Fría

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La “Operación Manos a la Obra” inició formalmente bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín, una vez este fue electo por voto popular en 1948. Aquellas prácticas marcaron el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico hasta 1964, cuando el veterano líder abandona el poder y señala como sucesor al ingeniero  Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). “Operación Manos a la Obra” se desarrolló en el contexto peculiar: el capitalismo acababa de salir de salir de una crisis económica enorme que había desembocado en la debacle política de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) mientras en el horizonte maduraba la Guerra Fría (1947-1991). La Gran Depresión había conducido a la conflagración mundial pero la paz no había impedido la división del mundo de la posguerra entre socialistas y capitalistas. En verdad, la competencia por el control de los mercados coloniales y el capital internacional seguía siendo la orden del día en la posguerra.

En el campo socialista dominaba una aparente seguridad con respecto a la función del Estado como agente protagónico de los procesos económicos. En el campo capitalista, el momento era apropiado para revisar algunos artículos de fe de la economía liberal tal y como se había conducido hasta aquel momento. Los cuestionamientos al capitalismo clásico miraban hacia sus fundamentos teóricos. La idea de que el Mercado se autorregulaba por obra de la “mano invisible” y la “ley de oferta y demanda”, comenzó a parecer una ilusión y fue dejada atrás.

Del mismo modo, la confianza en que el avance del capitalismo garantizaría acceso igual a la riqueza a todos y eliminaría las carencias sobre la base de la libre competencia ya no resultaba convincente. Los espasmos producidos por la Gran Depresión y la profundización de la desigualdad, fenómenos que se repiten en la crisis del presente, minaban la confianza en el capitalismo liberal y estimulaban la oposición a ese orden social a nivel global. Después de la guerra el socialismo internacional encontró el terreno preparado para su difusión como una opción real. Incluso los teóricos del capitalismo reconocían la validez de ciertos razonamientos del socialismo teórico: la experiencia concreta de aquel orden social podía palparse en la Unión Soviética desde 1917.

Earl Browder, dirigente de Partido Comunista de Estados Unidos

Earl Browder, dirigente de Partido Comunista de Estados Unidos

Para Estados Unidos y  Puerto Rico aquello significaba que se penetraba en una nueva era económica. El Estado no sería un observador ajeno de la actividad económica y el mercado sino que intervendría como un agente activo en ambas e incluso competiría como un agente más en igualdad de condiciones y, por aquel entonces, con numerosas ventajas. Con ello se consolidaba lo que se ha denominado el Estado Interventor. La implicación era que el Estado fungiría como un árbitro o mediador que representaría los intereses del Pueblo en aquel juego de lucha de clases e intereses contradictorios. Su arbitraje iría dirigido a reducir o  podar los desequilibrios y las injusticias del mercado capitalista, a la vez que estimularía una justa distribución de la riqueza a la vez que adelantaba la igualdad y la justicia social. Para ello articularía políticas que favorecieran a los parados o desempleados, los pobres y los marginados.

El parentesco intelectual de aquella propuesta con los movimientos asociacionistas, mutualistas y cooperativistas del siglo 19 era  evidente. En cierto modo, los capitalistas clásicos podían ver con resentimiento un esfuerzo público que parecía atentar contra la libre competencia a favor de un sistema menos competitivo pero más eficaz y estable. Al día de hoy se sabe, ya se reconocíaen aquel entonces, que la intención  era estimular la descomprensión de las contradicciones sociales existentes que, en el contexto de la Guerra Fría, podían estimular las respuestas socialistas al problema. Se trataba de una bien articulada campaña para salvar el capitalismo con un nuevo rostro más humano. El producto neto de ello fue lo que se ha denominado el Estado Providencial o Benefactor. La justicia social sería planificada y administrada desde arriba.

La Revolución Socialista era una “amenaza” real después de 1945.  La Unión Soviética no abandonó los territorios ocupados durante la guerra tras su avance hacia Europa. Aquellos territorios comenzaron a adoptar bajo la presión interna y externa, el modelo socialista de producción. En 1946 lo hicieron Albania y Bulgaria, aquel  mismo año en China y Filipinas los comunistas presionaban militarmente. Ya para el 1947,  las tensiones entre Estados Unidos y Unión Soviética llegaron al extremo de la confrontación en Berlín. Y en 1948, Checoslovaquia y Corea del Norte proclamaron el socialismo con apoyo soviético. Para esa fecha ya se hablaba de la existencia de un “Telón de Acero” que separaba las dos Europas, la occidental y la oriental, el  “Bloque Socialista” comenzaba a consolidarse y el bipolarismo de la era de la Guerra Fría estaba por madurar.

Norman Thomas, dirgente del Partido Socialista de Estados Unidos

Norman Thomas, dirigente del Partido Socialista de Estados Unidos

El Estado Interventor, Providencial y Benefactor se instituyó para frenar aquella tendencia y el Puerto Rico el “Nuevo Trato”, el Partido Popular Democrático, Rexford G. Tugwell, Luis Muñoz Marín, la Ley 600 y el Estado Libre Asociado, representaban cabalmente la situación. La meta de aquel esfuerzo reformista y racionalizador era estimular el crecimiento  y evitar una crisis que podría facilitar la expansión de los movimientos socialistas.

Una pregunta que se cae del tintero es si Puerto Rico corría peligro de “caer en manos de los comunistas” en los años 1940 y 1950. En la isla existía un Partido Comunista desde 1934. Se trataba de una organización  prosoviética pequeña que, en 1938 recomendó a su militancia que apoyara al Partido Popular Democrático a la luz de la política de “frentes populares” auspiciadas por el Comunismo Internacional. También existía desde 1915 un Partido Socialista. Pero se trataba de una organización amarilla y no roja, es decir, no respaldaba la revolución proletaria y tendía al reformismo y al obrerismo. Por otro lado, su dirección era estadoísta y se reconocía que estaba asociada al capital puertorriqueño y extranjero por lo que  no era para nada amenazante. Aliados con el Partido Republicano, habían estado en el poder entre 1933 y 1940 en la denominada Coalición Puertorriqueña. Una vez ganó el PPD, su influencia en el movimiento obrero quedó en entredicho. Ninguno de ellos era un agente capaz de hacer una revolución socialista en el país.

Mirando hacia fuera del país, el Partido Comunista de Estados Unidos, dirigido por Earl Browder (1891-1973) hasta 1945, apoyaba abiertamente a la independencia para Puerto Rico. Las relaciones entre aquella organización y el Partido Nacionalista se habían profundizado por los contactos entre prisioneros políticos de ambas tendencias en la cárcel de Atlanta entre los años 1937 y 1943. Una vez los presos comenzaron a salir de la penitenciaría, las mismas se hicieron más profundas. En Nueva York, militantes nacionalistas bona fide como Juan Antonio Corretjer, Clemente Soto Vélez, Juan Gallardo Santiago, José Enamorado Cuesta, entre otros, se afiliaron al comunismo. Sin embargo, las relaciones entre las comunistas y nacionalistas se rompieron cuando Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial como un aliado de la Unión Soviética.

Por último, el Partido Socialista de Estados Unidos dirigido por Norman Thomas (1884-1968), apoyaba las políticas del “Nuevo Trato” y prefería mayor autonomía para Puerto Rico y no la independencia ni la estadidad. En realidad, la amenaza socialista en Puerto Rico era un fantasma y una invención de la histeria anticomunista estadounidense. La única revuelta política violenta, la Insurrección Nacionalista de 1950, no respondía a reclamos socialistas o de igualdad social en el sentido que las izquierdas adjudican a esos principios. Lo cierto es que el Partido Nacionalista no encajaba en el lenguaje de la Guerra Fría sino más bien en el discurso antifascista de la Segunda Guerra Mundial.  La tendencia de las autoridades federales y estatales a asociarlos al fascismo, al nazismo e incluso a la Cosa Nostra o mafia fue muy común. A pesar de ello se les arrastró hacia las invectivas propias de las Guerra Fría y se les asoció al comunismo y al socialismo si mucho recato.

Conclusiones

El Puerto Rico contemporáneo, como se habrá podido palpar, se configuró en el contexto de complejas crisis globales y nacionales. La Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la Guerra Fría y el anticomunismo exhibicionista de la Doctrina Truman de 1947 impactaron, sin quitarle toda su autonomía de acción, a la clase política puertorriqueña dominada por el Partido Popular Democrático. Pero es importante recordar que Puerto Rico pasó por aquel proceso sin soberanía política, lo que significa que siempre alguna fuerza externa decidió en su nombre hacia dónde debía dirigirse y cuál discurso era legítimo esgrimir desde la oficialidad y cuál no. La transfiguración de la Ley Smith en Ley de la Mordaza (1947-1948) es la prueba más dramática de ello. Fue en aquel contexto complejo que las reformas se aplicaron al país.

marzo 4, 2013

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1950-1954)

  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950 fue, entre otras cosas, una respuesta bien articulada a los retos políticos impuestos por la Guerra Fría, el  proceso de descolonización que condujo a la fundación del Estado Libre Asociado y la actitud colaboracionista y sumisa del liderato del Partido Popular Democrático con las autoridades de Estados Unidos con el fin de asegurar las reformas que se les ofrecían. La acción protestó además contra la Ley 53 o La Mordaza de 1948, contra la Ley 600 y contra la Asamblea Constituyente que por aquel entonces se planificaba. Pero sobre todo fue un arriesgado acto de propaganda que se elaboró con el propósito de llamar la atención internacional sobre el caso colonial de Puerto Rico y confirmar las posibilidades de la resistencia armada en el territorio caribeño. En un sentido simbólico representó la reinvención de la situación que produjo, con efectos análogos, la Insurrección de Lares en septiembre de 1868. La retórica nacionalista de aquel entonces realizó un esfuerzo ingente por demostrar la continuidad espiritual, cultural y política entre el 1868 y el 1950.

Residencia de Pedro Albizu Campos en San Juan Residencia de Pedro Albizu Campos en San Juan

El centro militar de la conjura fue el barrio Coabey de Jayuya. La finca de la militante Blanca Canales (1906-1996) sirvió como  centro de entrenamiento y de mando, así como de depósito de armas para los rebeldes. Fue allí donde se proclamó la República y se izó la bandera de la Nación, muy parecida a la que en 1952 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico oficializara como signo del nuevo orden político. Allí se fundó, como en Lares, la Nación Simbólica y se sacralizó mediante la palabra su soberanía política.

El plan de los rebeldes era, una vez tomada la municipalidad de Jayuya,  resistir el tiempo que fuese necesario hasta que la comunidad internacional reconociera la beligerancia puertorriqueña y legitimara  su voluntad soberana. Algunos veteranos del ejército me comentaron en Jayuya en el 2008 que la selección de la localidad se había hecho sobre la base del notable potencial agrario de la región montañosa y sus posibilidades de sobrevivir en caso de que la insurrección no fuese efectiva en otras partes del país.  El Puerto Rico agrario que Operación Manos a la Obra dejaría atrás pesaba mucho en la cultura revolucionaria de una parte significativa del liderato, asunto que habría que indagar con más detenimiento en el futuro. Las fuerzas nacionalistas de aquella localidad estaban al mando de Carlos Irizarry, militante que era además, veterano de la Segunda Guerra Mundial. La experiencia militar en las fuerzas armadas estadounidenses o en conflictos internacionales como la Guerra Civil española era valorada por la organización militar nacionalista.

El centro político o público fue, desde luego, San Juan donde se encontraba la casa del Partido Nacionalista y vivía su líder Albizu Campos. La Voz de la Nación era aquel abogado. La prensa puertorriqueña, estadounidense e internacional, miraría hacia donde él estuviese y los actos que se ejecutaran contra su persona con el fin de arrestarlo, servirían para proyectar el hecho de que en Puerto Rico se luchaba a favor de la descolonización por un camino alterno al que había marcado la Ley 600. Los centros rebeldes mejor preparados para los combates parecen haber sido los de Utuado, Mayagüez y Naranjito, aunque los combates en cada una de esas localidades fueron desiguales. Sin embargo la presencia de comandos nacionalistas era visible en una parte significativa del país.

Las acciones de Jayuya se combinaron con dos atentados suicidas que demostraban los riesgos que era capaz de tomar el Nacionalismo Revolucionario. El primero fue encabezado por el nacionalista y también veterano de guerra, Raimundo Díaz Pacheco (1906-1950)  y tuvo por objetivo la residencia oficial del gobernador Muñoz Marín , es decir, La Fortaleza. El otro estuvo compuesto por los militantes Griselio Torresola (1925-1950) y Oscar Collazo (1914-1994), quienes atacaron la Casa Blair, residencia temporera del presidente Truman en Washington. Ninguno de los dos magnicidios consiguió su objetivo pero el impacto propagandístico de ambos fue enorme.

Antecedentes inmediatos

La Insurrección Nacionalista estalló el 30 de octubre de 1950. Todo parece indicar que los días previos fueron de intensa preparación para una situación que Albizu Campos había planeado con mucha calma desde su salida de la cárcel de Atlanta en 1943.  Los registros del taquígrafo de  record y funcionario de la Policía Insular Carmelo Gloró, documentan que el 26 de octubre, cuando se conmemoraba el día del natalicio del General Antonio Valero de Bernabé en Fajardo, Albizu Campos adoptó un tono marcial que inevitablemente resultaba en un llamado al combate inminente. Para quienes conocen el calendario patriótico del Partido Nacionalista, la relevancia de Valero de Bernabé y su vinculación con el mito bolivariano, explican por qué aquella fecha  resultaba idónea para informar a la militancia sobre la necesidad de una movilización.

Ataque a La Fortaleza en 1950 Ataque a La Fortaleza en 1950

El día 27 de octubre, un grupo de nacionalistas fueron detenidos por la Policía Insular mientras transitaban por el Puente Martín Peña en la capital. Durante la intervención  se les ocuparon dos pistolas  calibre  37, una subametralladora, cinco explosivos de bajo y mediano poder que incluían los clásicos cócteles molotov, algunas bombas tipo niple y varias cajas de balas. Todo parece indicar que aquel acontecimiento fue crucial para que se tomara  la decisión de que la Insurrección sería el día 30 dado que se llegó a temer que aquellos arrestos fuesen la primera de una serie de intervenciones policiacas que pondrían en peligro el objetivo de los rebeldes.

El 28 de octubre estalló un motín en la Penitenciaría Estatal de San Juan bajo el liderato del presidiario  Pedro Benejám Álvarez. El mismo  desembocó en un escape masivo de presos. Benejám era también  veterano de guerra  y había sido traficante de armas robadas al ejército de Estados Unidos. Por aquel entonces se alegó que el motín estaba conectado con la conjura nacionalista y se aseguraba que Benejám estaba comprometido a suplir armas y hombres a la revuelta.

Durante los días 28 y 29 de octubre,  las tropas nacionalistas se movilizaron y se reconcentraron en el Barrio Macaná de Peñuelas. La residencia de militante  Melitón Muñiz Santos, fue usada como centro de distribución de armas y tareas para el evento que se acercaba.

Objetivos militares y el plan de combate

La meta principal de los Comandos Nacionalistas, conocidos desde 1934 como Cadetes de la República, fue la toma de los cuarteles de la Policía Insular, prioridad que parece demostrar la necesidad de armas que caracterizaba al movimiento rebelde. Aquel objetivo militar se unía a un plan concertado para ocupar las oficinas de teléfono y telégrafo locales con el fin de incomunicar las localidades una vez fuesen tomadas. Un segundo objetivo de los Comandos Nacionalistas fue ocupar las alcaldías, centro que representaban el poder colonial concreto cercano a la gente y ratificaban el colaboracionismo de los populares con las autoridades estadounidenses.

El tercer objetivo fueron las dependencias del Gobierno Federal en Puerto Rico tales como los correos y las oficinas del Servicio Selectivo de las Fuerzas Armadas. El Partido Nacionalista había conducido una campaña muy persistente en contra de la participación de los puertorriqueños en el ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.  Debo llamar la atención sobre otro elemento que me parece crucial. La Guerra de Corea, la primera confrontación violenta de la Guerra Fría, había iniciado en junio de aquel año y, como se sabe, ya en las primeras semanas de octubre la tropas de la Organización de la Naciones Unidas al mando del General estadounidense Douglas MacArthur, habían sido movilizadas contra los ejércitos de Corea del Norte y la República de China.  El mundo estuvo al borde de una conflagración atómica en aquel contexto por lo que la Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, se iniciaba en un momento muy complejo en que la fiebre anticomunista dominaba el lenguaje político internacional.

Arresto de Pedro Albizu Campos en 1950 Arresto de Pedro Albizu Campos en 1950

La táctica utilizada fue la de las guerrillas urbanas. Se trataba de  bandas o grupos pequeños que se tomaban enormes riesgos militares hasta el punto de que algunos de ellos funcionaban más bien como  comandos suicidas. Los soldados nacionalistas más experimentados contaban, como se sabe, con formación militar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, todo parece indicar, que los nacionalistas constituyeron un ejército muy disciplinado y dispuesto a cumplir con las órdenes de sus superiores. Los logros militares más notables de aquel esfuerzo se redujeron al hecho de que Jayuya, el centro de la conjura, permaneció en poder de los Nacionalistas hasta el 1ro. de noviembre , pero la movilización de la Guardia Nacional, cuerpo militar que contaba con armas de repetición, morteros, artillería ligera y aviones de combate, forzó la rendición de la plaza con el fin, según algunos, de evitar la devastación del barrio. En aquel momento la desventaja en capacidad de fuego de los rebeldes se hizo patente.

Un juicio

La impresión que deja aquella situación es que, igual que en el caso de la Insurrección de Lares de 1868, la Insurrección de Jayuya parece haber sido también producto de la precipitación y la prisa. Los defensores de Jayuya no contaban con armamentos capaces de enfrentar vehículos blindados, ni con artefactos bélicos antiaéreos. Entre los pertrechos ocupados a los rebeldes había pocos explosivos de alto poder: las bombas tipo niple y los explosivos a base flúor parecen haber sido el límite de su capacidad explosiva.

Nacionalistas indultado por la administración de Roberto Sánchez Vilella en 1968 Nacionalistas indultado por la administración de Roberto Sánchez Vilella en 1968

El gobernador Muñoz Marín, la Policía Insular y la Guardia Nacional manejaron el asunto de una manera muy diplomática con el fin de evitar el golpe de propaganda que podría producir a nivel internacional un acto de represión masiva contra los rebeldes. El prestigio de Albizu Campos y su proyección mundial debieron pesar mucho en aquel momento. Ejemplo de aquella actitud cuidadosa fue el hecho de que nunca se declaró un “estado de emergencia” y que, con el fin de disminuir el efecto negativo que aquel acto podía tener sobre su imagen, Muñoz Marín pidió disculpas a Estados Unidos en nombre Puerto Rico y proyectó la Insurrección como un acto aislado y de poca relevancia.

Albizu Campos, arrestado en su casa tras una intensa resistencia, fue condenado a 53 años de  prisión. Su destino parecía ser morir en la cárcel. Sin embargo, la presión de una campaña humanitaria internacional  a favor de su excarcelación, provocó que el líder rebelde fuese indultado por Muñoz Marín en 1953.  Como dato curioso, el indulto se ordenó el 30 de septiembre de aquel año y Albizu Campos lo rechazó. Las autoridades carcelarias tuvieron que expulsarlo de la penitenciaria a pesar de su oposición.

Albizu Campos era un mito político muy poderoso, una figura que estaba, por decirlo de algún modo, más allá de la política cotidiana y de la domesticidad. Su proyección internacional como un mártir de la independencia era incuestionable. Reducirlo a las pequeñeces de la política local en tiempos de la Guerra Fría requeriría un esfuerzo monumental. Lo cierto es que figuras como la de Albizu Campos representaban una contradicción en aquella década del 1950 en la cual el Realismo Político y el pragmatismo se imponían en la vida política local. Albizu Campos era demasiado irreal para una generación política que había decidido someterse y ajustarse a la corriente que provenía de Washington.

marzo 3, 2013

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1946-1950)

  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su cuestionable legitimación internacional por la Organización de Naciones Unidas (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron  estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco, quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monge en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por el diplomático estadounidense Jack K. McFall, son un ejemplo de ello. Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular soberanista que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo y uno de los agentes politicos que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Juan Maldonado Noriega, líder estudiantil (1948) Juan Maldonado Noriega, líder estudiantil (1948)

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento y, en general, fue desoída. El proceso que a la larga condujo a la consolidación del ELA en 1952, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la «acción inmediata» por medio de la protesta violenta. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el «Maestro», una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, izó la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político desde la década de 1930, ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos”. La emblemática torre universitaria había sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939 como reconocimiento al novotratismo y su papel en la recuperación económica del territorio en medio de la Gran Depresión y tenía un valor simbólico extraordinario. Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre. El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión y el activismo independentista, nacionalista o socialista en el país. El lenguaje fundamentalista y autoritario de la ley sigue siendo impresionante: predicar, organizar, publicar, difundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran actos equiparados ante la ley y tratados como una acción delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación , hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monge. La calentura del Guerra Fría, la presión del discurso anticomunista, la amenaza a la hegemonía estadounidense en Europa en la segunda posguerra, había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de la dirección de los populares en el presente: la necesidad de afirmarse en el poder aliándose a los sectores moderados, presumiblemente, mayoritarios, los domina. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

Juan Maldonado Noriega se dirige a los estudiantes en el Teatro de la Universidad Juan Maldonado Noriega se dirige a los estudiantes en el Teatro de la Universidad

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la «Casa de Estudios» negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición occidental moderna y, acaso, fundamento de aquella. Para Benítez, ser occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta del regreso de Albizu Campos y las protestas de los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquella ley represiva e irracional pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” que se temía era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades nacionalistas por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo de nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.

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