Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

mayo 9, 2021

Historia de la suerte: un libro de Mario Ramos Méndez

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

Una introducción

La modernización de la suerte (2020), obra del historiador Mario Ramos Méndez publicada por Editorial Las Marías es uno de esos libros que, como tantos otros, ha pasado bajo el radar. Se trata de una elucidación ágil alrededor de un tema poco trabajado y sugerente: la legalización de las máquinas tragamonedas en 1974 en Puerto Rico bajo la administración de Rafael Hernández Colón (1936-2019). La aprobación de la ley del 30 de julio de aquel año representó un giro radical al enmendar en un sentido liberalizador la Ley 221 del 15 de mayo de 1948.

Si bien, como anota el prologuista Carmelo Delgado Cintrón, el 1948 fue una fecha “determinante y simbólica”, nada menos se puede decir  del 1974. A mediados de la década de 1970 el proyecto industrializador articulado alrededor de la Sección 931 del Código de Rentas Internas estadounidense, el cual había dado aire a Operación Manos a la Obra (1947-1976) colapsaba. Paralelamente se  preparaba el terreno para la aprobación de un recurso que sustituyese a aquel alrededor de la Sección 936 (1976-2005) del mismo código. El Informe Tobin de 1976, en particular sus observaciones en torno a la deuda pública y los gastos gubernamentales, representó una sentencia de muerte para aquel diseño tan ligado a la figura del gobernador Luis Muñoz Marín (1898-1980)

La muerte de una forma de capitalismo liberal animado por los valores keynesianos de la segunda posguerra el cual respondía a un tipo peculiar de Estado, abría paso a mediados de la década de 1970, acorde con el historiador David Harvey, a una nueva fase de desarrollo del capital que acabó por conocerse como neoliberalismo. El propósito de poner “freno al poder del trabajo” guiaba aquel esfuerzo. En el caso particular de Puerto Rico el giro se dio en el marco de la persistente dependencia colonial.

En aquel emblemático año 1974, en el cual las expresiones del capitalismo global y el capitalismo dependiente local se torcían, Ramos Méndez narra cómo los juegos de azar entraron con fuerza a formar parte del mercado y de la vida cotidiana puertorriqueña. Había algo de paradójico en ello: una jurisdicción como esta había resistido y condenado consistentemente aquella tentación por cuestiones culturales y morales. La frase del autor, esa “modernización de la suerte” (que bien podría nombrarse “postmodernización”) recoge aquel momento de transición de modo lúcido.

En torno a un libro

“Alea iacta  est”, una expresión que podría traducirse como “la suerte está echada” que sirve de título al breve prólogo Delgado Cintrón, es un sugestivo convite a la lectura. Debo recordar que Ramos Méndez es un experto en el tema y ya había entregado en el año 2012 el volumen Sin los dados cargados. Breve genealogía de la ley de juegos de azar. El autor nacido en Yauco fungió como Director de la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. En Ramos Méndez la experiencia concreta alrededor del ámbito de estudio y la formación historiográfica se unen a la hora de formular su reflexión sobre el asunto tratado. Me parece que si se precisa una imagen de conjunto del tema propuesto, uno  y otro volumen deben ser leídos en conjunto.

Mario Ramos Méndez, historiador

En el texto “Introducción” se dispone el esquivo tema y se contextualizan las políticas de 1948 y 1974 realzando los contrastes entre la una y la otra. Tal vez sin proponérselo, el autor hace una velada invitación a que se module una mirada cultural a la actitud del Estado ante los juegos de azar y los casinos a lo largo del tiempo. A través del texto el autor aclara la situación de Puerto Rico en la historia de la introducción de la industria del juego y los casinos en el conjunto de los Estados de la Unión, ámbito en el cual se le introduce  no empecé su condición de territorio no incorporado. Lo cierto es que en 1974 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue la segunda jurisdicción después de Las Vegas Nevada en 1931, en tener una legislación de casinos. Aquella autorización precedió la que se dio a  Nueva Jersey, jurisdicción que obtuvo la autorización legal para Atlantic City, en 1978. Las circunstancias de ello no deben pasar inadvertidas. Todo sugiere cierta resistencia del Gobierno Federal a admitir ese tipo de prácticas en el territorio continental. El hecho de que Las Vegas sea conocida como la “ciudad del pecado” es un indicador cultural interesante respecto a la impresión que generaba la industria en el estadounidense común.

En la sección “Breve historia de las tragamonedas” se muestra al lector la figura del mecánico californiano Charles Fey (1862-1944) quien en 1895 inventó la primera “slot machine”. Su modelo más famoso fue la Liberty Bell, signo que no necesita presentación alguna. En 1925 y como resultado del pleito State vs. Ellis, se dispuso que aquella máquina no era otra cosa que un “gambling device” y que su uso recreativo reunía los rasgos de un “juego de azar”. Una historia llena de tropiezos culminó en la década de 1930 cuando las “fruit machines”, como se les denominaba en Inglaterra por los iconos que utilizaba, o la “one-armed bandit” como se les identificaba en Estados Unidos por la palanca que había que halar para hacerla correr, se convirtieron en un objeto común en las salas de juego de los casinos en medio de la Gran Depresión en el marco concreto de la invención de la “Sin City”: Las Vegas. 

Llama la atención el hecho de que los momentos de inflexión más relevantes de la historia de  este artefacto de la industria de las apuestas coincidan, una y otra vez, con momentos de crisis económicas generales: la había en 1895 cuando se les inventó, crisis que sirvió para legitimar los eventos del 1898, y también en 1930, preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, cuando vivieron su época de oro. La actitud del “volver la cara hacia la suerte” ha sido recurrente y parece ligada al reconocimiento de la irracionalidad del mercado capitalista y, claro está, a la disolución del prejuicio  teórico inventado por el economista escocés Adam Smith (1723-1790) respecto a la “mano invisible”, otra metáfora de la “mano de Dios”, que tanta relevancia simbólica tuvo para el desarrollo del capitalismo emergente durante los siglos 18 y 19. A mi modo de ver, era como si la cognición de la irracionalidad del mercado, con los efectos sociales que generaba cada crisis, legitimara la necesidad de “echar a correr los dados” o apostar, tal y como sugiere la frase latina citada por el prologuista Delgado Cintrón.

La sección titulada “La Ley” contiene la tesis fundamental del volumen. El capítulo gira en torno a la Ley Núm. 2 del 30 de julio de 1974, anota sus antecedentes y apunta los parámetros del debate que generó su aprobación en un Puerto Rico distinto tanto al de 1948 como al del presente. Ramos Méndez se cuida de detallar los sectores que se opusieron y los que favorecieron la implementación de una ley que resultaba innovadora y necesaria para algunos y, disruptiva respecto a la tradición para otros. Dos retóricas entraron en conflicto en aquel momento, asunto que valdría la pena trabajar con más detalle. En el recuento no olvida señalar las fidelidades político-ideológicas y partidistas de uno y otro bando, así como tampoco la forma en que aquellas incidieron en la toma de posición ante el proyecto. Esta parte de la discusión ilustra al lector sobre otro registro de discrepancias en cuanto a la representación de lo “puertorriqueño” y su “futuro” que han marcado a los defensores de cada proyecto de estatus con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

En alguna medida la discusión de esta sección demuestra que el Puerto Rico moderno y económicamente exitoso que soñaban restituir los ideólogos populares en la década de 1970, precisaba recurrir al azar, a la suerte o a la Diosa Fortuna, a fin de asegurar su supervivencia. La racionalidad a la que se había apelado desde los primeros momentos del proyecto desarrollista asociado al novotratismo ya no era suficientes para los fines propuestos. El proceder también ratificaba que el liderato popular de 1974, el cual se había formado en medio de la crisis iniciada en 1971, había recalibrado los lentes con los cuales oteaba un mañana para el Estado Libre Asociado. La representación de la meta hacia la que conducía el camino “jalda arriba” era por completo distinta a la forma en que el liderato popular había imaginado las posibilidades del país en 1948 cuando se podían depositar todas las esperanzas de crecimiento material y espiritual en el mito de la “planificación” sostenido sobre la idea de la racionalidad. La clase política vinculada al PPD no estaba dispuesta a aceptar que el “jalda arriba” se había transformado en un “cuesta abajo”. Todavía hoy hay quienes no son capaces de verlo.

En la “Conclusión” Ramos Méndez contextualiza la situación de las tragamonedas o traganíqueles y los casinos en el marco de la revolución tecnológica que irrumpió en el mercado desde la década de 1990 en adelante.  

Una lectura cultural

Este breve trabajo de Ramos Méndez  ilustra al investigador en torno a aspectos poco problematizados que formaron parte del proyecto modernizador impuesto durante la segunda parte del siglo 20 en Puerto Rico. En torno al juego y la industria de los casinos y otros temas relacionados, el lector apenas cuenta con algún trabajo del Dr. Luis López Rojas en torno a la mafia y la industria del turismo durante el dominio del PPD, y a algún trabajo esclarecedor de la Dra. Mayra Rosario Urrutia en relación con el popular juego de la bolita. Se trata de aproximaciones y ámbitos distintos pero los autores citados convergen en la intención de aclarar el lugar de esta práctica polémica a la hora de mirar el largo periodo de control del PPD sobre el gobierno de Puerto Rico. En su conjunto el interés señalado parece ser un elemento propio de un puñado de investigadores de los últimos 20 años. Valdría la pena mirar en esa dirección y estimular una revisión más sistemática y detallada del fenómeno y su impacto en la transición de la modernidad a la posmodernidad en el país, en especial por el hecho de que el turismo se fue convirtiendo después de 1976 en uno de los nichos económicos en el que más esperanzas se depositaron en el marco de la era de las industrias 936.  

Los juegos de azar poseen un pasado nebuloso documentable en las fuentes más diversas, asunto que ningún investigador se ha propuesto aclarar todavía. En general se les proyecta como una serie de prácticas caracterizadas por su pasado “cuestionable”. El desinterés puede deberse a la  complejidad ínsita de la práctica, pero tampoco se puede descartar la ambigüedad moral que siempre genera su ejecución en un entorno cultural, histórico, social y moral como el puertorriqueño.  Esta observación me parece aplicable tanto para la evolución cultural del país antes del 1898 cómo después de esa fecha. El sentido que se le ha dado a ese pasado “cuestionable” no ha sido formulado de manera apropiada. Las pistas sin embargo están allí, como se verá de inmediato. El ejercicio no es exhaustivo. Se trata a lo sumo de un muestreo con la intención de sugerir pistas respecto a la percepción cambiante de esta práctica en el imaginario puertorriqueño moderno a ambos lados de 1898.

El juego  fue  condenado por la moral católica y la jurisprudencia civil como un nicho de subversión propio de gente inconveniente al orden público. Por un lado, fue en medio de un juego de naipes celebrado en San Juan en 1795 donde se identificó la que ha sido considerada la primera conjura señalada como separatista en la historia de Puerto Rico. Los hallazgos hablaban por sí solos: la efigie de un rey en una moneda mutilada con letras diminutas a la altura del cuello del monarca recordaba la amenazante guillotina.  El detalle fue suficiente para que se levantara una investigación e interrogatorio a la gente que ocupaba la mesa. En el proceso investigativo el pintor José Campeche actuó como perito ilustrando el hecho subversivo en un dibujo.

Por otro lado, una de las acusaciones que con más intensidad esgrimió el periodista José  Pérez Moris en su Historia de la Insurrección de Lares (1872) a la hora de representar las personalidades de Ramón E. Betances Alacán y el licenciado segundo Ruiz Belvis tenía que ver con su propensión a la bebida, las mujeres y al juego en garitos propios para conjurarse contra el orden establecido. El hecho de que en otra parte del volumen equiparaba el separatismo a un virus ofrece al historiador cultural una imagen precisa de la idea que se tenía de aquellos espacios.

Todo sugiere que la condena del juego y el azar fue esgrimida lo mismo por el poder instituido y las fuerzas conservadoras como por la oposición crítica y educada de los liberales. Para ambos extremos se trataba de una práctica degradante y deshumanizadora indigna.  El conservadurismo moral integrista y el liberalismo racionalista recurrieron a la censura del juego como una práctica impropia de la condición moderna. Uno de los textos narrativos autobiográficos del joven  Eugenio María de Hostos escrito en 1859, el relato “La última carta de un jugador”, presenta una imagen atroz del jugador compulsivo. Hostos describía un comportamiento rayano en lo antisocial y la locura. El registro de citas podría ampliarse a numerosos observaciones de la intelectualidad criolla desde las estampas  de Manuel Alonso Pacheco hasta la observación social de Salvador Brau Asencio.

En términos generales el juego, la fortuna, el azar, se percibían como un atentado contra cualquier presunción de “orden” ya fuese teológico, natural o social. La idea de un “orden universal” era puesta en  entredicho cada vez que se tiraban los dados o se repartían los naipes. Aquellos actos proyectaban una discursividad que llamaba la atención sobre la contingencia, el acaso y la casualidad: de allí su carácter subversivo. En aquel escenario sin “orden” solo quedaba  lugar para la veleidad y la inconstancia. La feminización de la suerte parece haber jugado un papel en todo ello. Nicolás Maquiavelo, al discutir la Rueda de la Fortuna, identificaba aquel fenómeno con el culto a la popular Diosa Fortuna de origen latino, entidad que chocaba con el estricto ordenamiento patriarcal y masculino dominante. En cierto modo, el patriarcalismo del culto al orden estaba agazapado detrás de todo ataque o censura al juego. Resultaba innegable que el poder subversivo y desordenador estaba siendo asociado al femenino azar.

El juego también fue un entorno cuya praxis generó opiniones discordantes durante el siglo 20 en el marco de la presencia estadounidense. La situación se hizo más tensa en el contexto de la Gran Depresión desde 1929, condiciones que pusieron a prueba la relación entre las elites puertorriqueñas y el poder colonial. Los argumentos morales tradicionales y los económicos modernizadores pujaban en direcciones opuestas. Los primeros pugnaban para, con el fin de proteger  una  tradición y herencia comprendida de modo peculiar, oponerse a su legitimación. Los segundos para, con el fin de respaldar una modernidad comprendida de modo peculiar, favorecer su legitimación.

Aquella ambigüedad explica por qué en 1930 Muñoz Marín, un activista que se movía entre las izquierdas y el nacionalismo moderado, se opusiese a las tragamonedas o traganíqueles. Permite también comprender por qué mediante la Ley 11 del 22 de agosto de 1933 se ilegalizó aquellos artefactos hasta el punto de que, en un simbólico espectáculo, las máquinas existentes confiscadas fueron “destruidas y lanzadas al mar frente al Morro”. Era como si la tradición se hubiese impuesto ante un signo modernizador que se despreciaba:  la presunción de que Puerto Rico podía ser moderno sin apelar a la “suerte”, es decir, dependiendo sólo de la razón instrumental, estaba allí. Las posturas reflejaban valores culturales distintos.

La legitimación del juego de azar en 1948 puso frente a frente el conjunto de los valores tradicionales y modernos. El dualismo maniqueo de la oposición no me sorprende. Puerto Rico se encontraba entre dos aguas, al garete quizá,  si pienso en la metáfora de Antonio S. Pedreira. El país se movía por las aguas inseguras de su modernización material y espiritual dependiente. En aquel momento daba sus primeros pasos dentro del proceso de industrialización por invitación conocido como Operación Manos a la Obra (1947-1976).  Los opositores al juego se apoyaban en los parámetros de un idealismo abstracto y en el culto a la limpieza moral y al valor del trabajo propios de la ética burguesa. Los defensores del juego se apoyaban en los parámetros de un realismo pragmático y en el culto a la necesidad de un hipotético acceso a los bienes materiales a cualquier costo.

A nadie debería extrañar que la revisión del estatuto de 1948 se diese en 1974, momento en que la crisis del proyecto económico de 1947 era evidente y se cuajaba su reformulación en el marco de Era de las Empresas 936 (1976- 2005). La garantía de que los juegos de azar no desembocaran en la disolución moral correspondía el Estado. Estatalizadas las traganíqueles se presumía que cumplirían una función sanadora en un mercado que se asomaba al colapso. De igual manera los avatares del mercado, revisión que debe hacerse con sumo cuidado, justificaron la privatización del recurso y estimularon su multiplicación en el año 1996 bajo una administración PNP, la de Pedro Rosselló González (1944- ).

Este libro de Ramos Méndez ratifica la importancia de la historia de las tragamonedas o traganíqueles y la industria de los casino como un indicador  más de la evolución de un mercado dependiente y anómalo desde el periodo entreguerras y la Gran Depresión hasta la fractura del orden de posguerra y la intrusión del neoliberalismo colonial. El autor hace un esfuerzo loable por comprender el papel de aquel giro, la intolerancia o la tolerancia a los juegos de azar por cuenta de las fuerzas del Estado, en el contexto mayor de la transición de una economía liberal moderna desarrollada en medio de la segunda posguerra mundial, a una economía neoliberal posmoderna en medio de la transición al fin de la guerra fría y el inicio de la posguerra fría, siempre en el marco de la dependencia colonial. Tampoco pasa por alto las transformaciones del productor directo y el ciudadano de consumidores moderados a consumidores neuróticos o gente que “vive para consumir” como sugería el sociólogo Zygmund Bauman. La transición de un estadio a otro, fases siempre superpuestas e imposibles de separar,  requería acorde con este volumen,  una mayor confianza en la alea o la suerte y el liderato del PPD estuvo dispuesto a negociar en esa dirección.

Notas en torno al libro de Mario Ramos Méndez (2020) La modernización de la suerte: la legalización de las máquinas tragamonedas en 1974. (San Juan): Editorial Las Marías. 87 págs.

julio 24, 2020

Pensar el separatismo: el planteamiento de un problema

  • Historiador

De cara a la conmemoración del 151 aniversario de la Insurrección de Lares de septiembre de 1868, volver a mirar las circunstancias que rodearon la rebelión reviste una peculiar importancia. Revisitar los caminos que condujeron a Lares, podría animar una comprensión más abierta de los problemas que rodean a los que al presente se consideran herederos de aquel actó único en muchos sentidos.

El separatismo: una aproximación conceptual

El separatismo fue un movimiento político ideológico diverso que aparece mencionado por primera vez en documentos puertorriqueños del año 1795. En aquellos pliegos el concepto sugería una aspiración amenazante que atemorizaba a las autoridades hispanas en la medida en que ponía en peligro su control soberano sobre las colonias Hispanoamericanas y Caribeñas. La meta política inmediata del separatismo era separar o enajenar a Puerto Rico del Reino de España. La meta política futura, la cuestión de hacia dónde conduciría la separación, no estaba clara. El separatismo no terminaba con la ruptura con el poder colonial hispano. Durante el primer tercio del siglo 19 las posibilidades tras la separación eran varias. Por un lado, se podía asociar a Puerto Rico separado a otro poder mayor en busca de seguridad política y económica. Por otro lado, se podía vincular a Puerto Rico separado a las otras Antillas en una federación en el modelo de la estadounidense emanada del 1776 que desembocó en la constitución de 1787, o de la germánica articulada por Napoleón Bonaparte en 1815 en el escenario del Congreso de Viena. En ocasiones ambas posibilidades se entremezclaban, elemento que complicaba el panorama ideológico del separatismo decimonónico.

En diversas instancias, la unión que se buscaba constituir debía convertirse en parte de un poder internacional estable. En aquel entonces no se confiaba en la capacidad de los territorios pequeños o insulares para la independencia y la soberanía. Después de 1819, los poderes que parecían idóneos para ese fin fueron la Gran Colombia creada por el Congreso de Angostura y Estados Unidos. A pesar de que era probable que muchos separatistas deseasen constituir el Puerto Rico separado en un país independiente y soberano, aquella no parece haya sido la tendencia dominante. El separatismo fue un movimiento internacional encabezado por criollos radicales que seguía el modelo de lo que luego se denominó el Ciclo Revolucionario Atlántico en América. En términos geopolíticos y culturales, concebía a Puerto Rico como parte integrante de Hispanoamérica, modelo figurado en las estructuras seculares del Imperio Español por lo que su probable integración a aquel “otro” no planteaba problema alguno. En síntesis, el separatismo fue la base no solo del movimiento independentista en sus diversas manifestaciones sino también de todo movimiento anexionista a otro territorio continental.

El separatismo anexionista tenía como meta política separar a Puerto Rico del Reino de España para anexarlo a otra unidad política. Su tradición ha sido documentada con varios modelos más o menos conocidos por los investigadores.

  • El primero fue la conjura de 1815 organizada por el diputado a Cortes de origen hispano-cubano, el militar y mercenario José Álvarez de Toledo y Dubois (1779-1858). Álvarez de Toledo aspiraba separar las tres Antillas Mayores del Reino de España con el fin de fundar una confederación que, una vez constituida, solicitaría su integración a Estados Unidos como un territorio más. La conjura fue promovida por intereses económicos de aquel país pero no gozó del respaldo de su gobierno y el conspirador cayó en manos de las autoridades hispanas.
  • El segundo fue la conspiración de 1821 cuyo cerebro organizativo fue el General Antonio Valero de Bernabé (1760-1863). El militar nacido en Fajardo redactó un “Plan de Invasión a Puerto Rico” que proponía separar a Puerto Rico del Reino de España con la finalidad de convertirlo en el Estado de Borinquen de la Gran Colombia.
  • El tercero fue otra conjura del año 1822, preparada por el militar y mercenario alemán General Luis Guillermo Doucoudray Holstein (1772-1839) la cual tuvo como centro de operaciones la isla holandesa de Curaçao. Se sabe que poseía contactos en la ciudad de Filadelfia, Pennsylvania. El conspirador planeaba invadir y administrar su proyecto desde la costa oeste del territorio probablemente Mayagüez o Aguadilla y se proponía convertir a Puerto Rico en el Estado de Boricua de Estados Unidos.

El separatismo anexionista estuvo especialmente activo durante la década de 1850 en particular en Cuba alrededor de la figura del militar venezolano Narciso López de Urriola (1797-1851) y en 1868, cuando estallaron Lares y Yara, era una de las fuerzas ideológicas más pujantes dentro de los sectores separatistas. En Puerto Rico, el médico José F. Basora (1832-¿1882?) y el empresario Juan Chavarri, ambos de Mayagüez y cercanos de Ramón E. Betances Alacán (1827-1898) y Segundo Ruiz Belvis (1829-1867), fueron anexionistas militantes antes de la insurrección de Lares.

“1868-1968” por Lorenzo Homar, serigrafía

El separatismo independentista por su parte tenía la meta de separar a Puerto Rico del Reino de España para convertirlo en un país soberano y, desde la soberanía, promover la constitución de una federación o confederación de las Antillas hispanas, Cuba y República Dominicana. A fines del siglo 19 los potenciales miembros de la unión ya se habían ampliado hasta incluir todo el orbe antillano insular.  Como se dijo, los archivos registran su presencia desde 1795 cuando se investigó a supuestos separatistas en la isleta de San Juan en el contexto del temor producido en la oficialidad colonial por motivo de la Revolución Francesa. Aquel año se había aprobado la Constitución del Año III de la Revolución tras la desaparición del Club de los Jacobinos, como antesala del golpe militar del 18 Brumario de Napoleón Bonaparte. La presencia esporádica del separatismo independentista entre 1808 y 1827 ha sido documentada pero todo parece indicar que aquella propuesta alcanzó madurez política entre los años 1837 y 1865.

Aquellos años representaban dos lugares claves para el relato tradicional de la historia política de aquel siglo que la historiografía del 1930 y el 1950 consagraron no a la luz del desarrollo del separatismo sino del autonomismo. El relato aludido enlazaba el desarrollo del separatismo independentista al hecho de que en 1837 se había excluido a Puerto Rico del amparo de la Constitución de 1836, a la incumplida promesa de Leyes Especiales o autonomía regional y al fraude que significó la Juan Informativa de Reformas citada en 1865 y celebraba en 1867. Bajo la presión de las circunstancias los separatistas independentistas favorecieron el establecimiento de alianzas con los separatistas anexionistas y con los liberales reformistas más exigentes, en especial los que defendían la autonomía moderada o radical. La manifestación política más conocida del separatismo independentistas fue la Insurrección de Lares de 23 de septiembre de 1868 y todas las conjuras que le sucedieron hasta los Comités de Pólvora animados por Betances Alacán antes de radicarse en París que seguían activos en 1874.

El separatismo independentista no era  un movimiento homogéneo. Las tendencias dominantes parecen haber estado determinadas por la naturaleza del liderato y sus preferencias tácticas por lo que es posible distinguir entre una facción militarista y otra civilista.

  • El separatismo independentista militarista era antimonárquico y republicano. Su liderato estaba constituido por militares profesionales que provenían del Estado Mayor del Ejército Español en Puerto Rico y su centro de acción estaba en la capital, San Juan. Su activismo ha sido documentado en una diversidad de actos conspirativos  ejecutados entre 1848 y 1865. Se sabe que negociaban el apoyo político y económico de los gobiernos de la República de Venezuela y de la Monarquía de Gran Bretaña para su causa. Su republicanismo no les impedía negociar con un régimen monárquico como el británico. Hacia el 1863 se organizaron alrededor del Gran Club de Borinquen cuyos encargados eran los militares Andrés Salvador (1804-1897) y Juan Eugenio Vizcarrondo y Ortiz de Zárate (1812- ¿?). La táctica que los definía era simple: debía articularse un golpe militar eficaz con el más amplio apoyo popular a fin de proclamar la independencia. Los gastos de la guerra de independencia se pagarían con un préstamo a los británicos, pagadero después de la independencia. La confianza en que las fuerzas armadas y la gente apoyaría al liderato era completa, hecho que sugería una concepción pasiva del papel de la comunidad en el proceso.
  • El separatismo independentista civilista era también antimonárquico y republicano.  Fue una facción liderada por civiles, profesionales e intelectuales activos en Puerto Rico y atrajo a numerosos exiliados que habían hallado refugio en el Caribe y Estados Unidos. Hacia el año 1857, su centro gravitacional estaba en Mayagüez y sus dirigentes más notables eran Betances Alacán y  Ruiz Belvis quienes negociaban el apoyo de Estados Unidos y de las Repúblicas de Perú y Chile para su causa. La correspondencia de Betances Alacán demuestra que también este, a pesar de su republicanismo radical, nunca descartó  el respaldo de monarquías como la británica si se trataba de adelantar la causa de las islas. Desde 1865, se aliaron con la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico en Nueva York, organización encabezada por el cubano Cirilo Villaverde (1812-1894) y el citado Basora, ambos anexionistas. La comunidad de intereses entre los separatistas independentistas civilistas y los anexionistas era visible pero no impidió que se desarrollaran tensiones en algunos momentos. Su táctica consistía en  organizar una invasión a Cuba y Puerto Rico desde Estados Unidos con el apoyo de algunos países de Hispanoamérica, a la vez que se estimulaba un levantamiento o insurrección popular en ambas islas. Todo sugiere que estaban dispuestos a contratar militares profesionales para coordinar la fase bélica pero querían asegurarse de que el protagonismo del proceso recayera en el liderato civil a fin de que la revolución representara los intereses de la gente o el pueblo común. Las relaciones con los militares profesiones siempre fueron ambiguas como quedó demostrado en los eventos de Lares y Pepino.

Ambas tendencias, la separatista independentista (militarista y civilista) y la anexionista apoyaban en principio el libre mercado, la libre competencia y, tras el fin de la Guerra Civil en Estados Unidos (1864), la abolición de la esclavitud de manera más o menos unánime. A pesar del elitismo del liderato, simpatizaban con la construcción de un sistema democrático o representativo que se apoyara en la gente común o el pueblo siguiendo el modelo francés y estadounidense. Todos reconocían que el proceso de separación de Puerto Rico de España debía tener un componente de violencia armada. La experiencia de los procesos de emancipación de las ataduras del Antiguo Régimen en América desde fines del siglo 18 así lo indicaba.

Todos aquellos sectores estuvieron presentes en los procesos que condujeron a la Insurrección de Lares del 23 de septiembre de 1868. La complejidad y heterogeneidad del separatismo tiene que ser tomada en consideración  a la hora de evaluar su manifestación más relevante.

El separatismo: una aproximación historiográfica

El separatismo fue uno de los proyectos político ideológicos más visibles durante el siglo 19. A pesar de que nunca consiguió la meta última que se propuso, desasir a Puerto Rico del control hispano por la fuerza de las armas, asunto que se resolvió con una invasión extranjera en 1898, su impacto sobre la figuración identitaria puertorriqueña ha sido significativo. El esfuerzo del gobierno español por suprimirlo ocupó a muchos investigadores desde fines del siglo 19, momento en el cual el periodista ponceño radicado en la ciudad de Nueva York, Sotero Figueroa Fernández (1851-1923) se propuso historiarlo. Aquel intelectual vinculado a los sectores artesanales había transitado del liberalismo, al autonomismo radical, y de allí al independentismo confederacionista.

Uno de los rasgos distintivos del proyecto de Figueroa fue que no vio la experiencia separatista previa a aquella fecha: la de fines del siglo 18 y la que se había articulado desde 1808 hasta por lo menos 1848. Figueroa investigaba en una situación de emergencia, desde el exilio político y bajo la vigilancia de las autoridades hispanas. El interés que manifestaba no podía desembocar en una historia sistemática del separatismo por toda una diversidad de circunstancias materiales y espirituales. El hecho de que él no fuese un historiador, los reclamos de la inmediatez que imponían la militancia y el activismo, la ausencia de archivos o registros documentales formales a los cuáles recurrir aparte de los periódicos revolucionarios disponibles, entre otros, debe ser tomado en consideración en cualquier juicio que se haga sobre su esfuerzo. Figueroa escribió desde la experiencia conspirativa y la pasión del militante. Los registros o archivos de los que dependió fueron el testimonio del liderato separatista puertorriqueño puesto sobre papel a petición suya, en especial el de Betances Alacán. El médico de Cabo Rojo, desde su punto de vista, representaba la tradición más vigorosa del separatismo independentistas puertorriqueño a la luz de su papel en el 1868. Al apelar a la memoria de los participantes en especial los protagonistas, inauguró un tipo de historia oral sin oralidad porque muchos de sus testigos vivían dispersos por América y Europa y solo eran asequibles por correspondencia.

La discursividad de Figueroa tanto en sus notas biográficas sobre algunos líderes separatistas en el Ensayo biográfico…  (Ponce, 1888), como en sus artículos sobre la Insurrección de Lares de La verdad de la historia (Nueva York, 1892), osciló entre dos polos. Por un lado, la nostalgia respecto al punto de viraje que representó para la memoria separatista decimonónica el 1868 puertorriqueño y cubano, Lares y Yara. Por otro, la insistencia en la uniformidad ideológica de aquellos proyectos. Ambos intentos rebeldes terminaron por ser identificados como la  expresión de un separatismo de fines independentistas homogéneos. Lares, dados los numerosos mártires que produjo, fue imaginado como un acto heroico iniciático no exento de sacrificios. Un acto de aquella naturaleza invitaba a la reverencia. Ese fue el tono que le imprimió el Partido Nacionalista cuando retomó e hizo suyo aquel hito en 1930 bajo el influjo intelectual de Pedro Albizu Campos. Los historiadores del nacionalismo hicieron un esfuerzo por extender las raíces de lo que llamaban la gesta de Lares hasta las fuentes bolivarianas a través del rescate de una de las grandes figuras de aquel proyecto histórico: el General Antonio Valero de Bernabé (1790-1863)

Que el separatismo de las décadas de 1880 y 1890 estuviese integrado por personalidades identificadas con la autonomía radical, como Figueroa, y la independencia era comprensible. Los portavoces del orden español insistieron en acusar a los autonomistas moderados o radicales de ser antiespañoles y separatistas potenciales. En ocasiones también los señalaron como favorecedores de los avances de los intereses de Estados Unidos en las Antillas españolas y el anexionismo, asociación difícil de negar cuando se observa el problema desde el presente. Aquello significaba que la mirada que poseían las autoridades policiacas y de alta política o espionaje hispanas del separatismo, distaba mucho de la homogeneidad que le adjudicaba Figueroa en sus textos de fines del siglo 19 y de la que le impusieron los nacionalistas desde la década de 1930.

¿Qué le faltaba al modelo de Figueroa y de los nacionalistas? Le faltaba el componente separatista anexionista que tanto había preocupado a Eugenio María de Hostos Bonilla (1839-1901) durante sus primeros días en Nueva York en 1870. La exclusión de los anexionistas en la ola subversiva alrededor del 1868, práctica que cumplía una función política concreta en aquel entonces, llama mucho la atención. La omisión de los observadores del siglo 19 fue reproducida por los del siglo 20. En una serie de expresiones públicas vertidas entre 1923 y 1930, los ideólogos del nacionalismo argumentaron que la integración de Puerto Rico a aquel país como estado era imposible.

Los procesos a través de los cuales se ejecutó la purga del pasado anexionista del separatismo no han sido investigados con propiedad. El discurso a través del cual ello se realizó nunca ha sido problematizado por lo que el sentido cambiante de la anexión desde 1820 hasta 1930 tampoco ha sido precisado. La exclusión no se circunscribió al componente anexionista por cierto. La reflexión sobre el pasado de la lucha por la independencia elaborada desde el nacionalismo devaluó la herencia de los autonomistas radicales. En un artículo publicado en partes entre 1930 y 1931 en el marco de un argumento jurídico, Albizu Campos afirmaba que una autonomía liberadora si bien había sido posible bajo el orden español, su modelo era la Carta Autonómica de 1897, ello no era posible bajo el estadounidense.

Todo sugiere que las fronteras entre independentistas, anexionistas y autonomistas radicales en el siglo 19 eran bastante fluidas, débiles o porosas. La experiencia política emanada del 1898 parceló y distanció aquellas tres expresiones de la resistencia antiespañola cancelando de ese modo los vasos comunicantes que habían existido entre aquellas. Después de todo las necesidades y las circunstancias de la política y el activismo de cada día eran diferentes en los siglos 19 y 20. El problema no radica en el distanciamiento en sí mismo sino más bien en la forma en que unos y otros sepultaron ese pasado y no volvieron a reflexionar en torno el mismo. El resultado neto de aquellos para la historiografía del separatismo fue la reducción de un discurso y una praxis compleja. Circunscribir el separatismo a la propuesta independentista  simplificaba una experiencia que irradiaría la cultura política puertorriqueña de los últimos dos siglos. Aclarar el papel que cumplió aquella madeja de tendencias camino hacia el 23 de septiembre es por lo tanto esencial.

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 17 de julio de 2020.

marzo 6, 2020

Del anexionismo al estadoísmo: contextos e intersecciones

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

En una columna publicada en noviembre de 2019 indiqué que  la situación actual ameritaba una revisión del desarrollo del anexionismo durante el siglo 19 y el estadoísmo o el movimiento estadista en el siglo 20. El pasado de ese discurso político durante el siglo 19 y su presencia en el espectro ideológico puertorriqueño como una “tercera voz” al lado de los autonomismos y los independentismos hasta la década de 1950, no me dejaba duda al respecto. La implicaciones sociales, culturales y económicas de la integración a otro país propuesta por sus defensores fue motivo de debate desde antes del 1868 y constituyó uno de los entornos ignorados de la Insurrección de Lares.

Los imperativos del presente

Tras medio siglo de altas y bajas, el meteórico crecimiento electoral del estadoísmo desde mediados de la década de 1950, su papel protagónico en el desenvolvimiento de bipartidismo en los últimos 50 años a partir de la década de 1970 y la heterogeneidad de su formulación ideológica abonaban en la misma dirección. El fenómeno de la Ley 600 y el Estado Libre Asociado disparó procesos políticos en direcciones opuestas tales como la Insurrección Nacionalista y el moderno auge del movimiento estadista. El ejemplo más reciente de la maleabilidad de esa ideología ha sido su reformulación en el marco de la conmemoración del centenario de 1898 bajo el concepto de “estadidad radical”, concepto  afín al radicalismo decolonial; y la crisis que desde fines de la década del 2010 asomaba en el seno de su organización más visible, el Partido Nuevo Progresista, pugna que sin ser la primera poseía una peculiar complejidad. Todos esos elementos justifican otra mirada en torno a este problema historiográfico y sus posibilidades futuras.

Es cierto que los dilemas que agobian al estadoísmo hoy tampoco son nuevos. Me refiero, por un lado, a la agresiva campaña del presidente Donald Trump, representante de un republicanismo que recuerda las actitudes de Elihu Root, Secretario de Guerra de William McKinley, y el gobernador George Davis en el contexto de la elaboración de la Ley Joseph Foraker en 1900; y por el otro, al colapso de la gestión del gobernador Dr. Ricardo Rosselló tras el verano de 2019. Este caso llama mucho la atención por el hecho de las afinidades que desde ciertos sectores se adjudicaban a esta figura con la “estadidad radical” y el discurso decolonial a la luz de su experiencia militante con “Boricua Ahora Es” desde 2012.

La aparición del fenómeno del “estadoísta no afiliado”, una práctica análoga a la del “independentista no afiliado” a la cual suele achacarse una parte de la crisis del movimiento independentista, es otro elemento relevante. Aquel repuntó al interior del estadoísmo desde mediados de la década de 1980 a través  de “Puertorriqueños en Acción Ciudadana” encabezados por la Dra. Miriam Ramírez de Ferrer y culminó con la experiencia promovida por el Dr. Hernán Padilla por medio del Partido Renovación Puertorriqueña en 1983. Pero rupturas de un carácter análogo han estado presentes en la historia del estadoísmo siempre: los hechos de 1903, 1921 y 1967 son ejemplo de ello.

Desde mi punto de vista el auge del elemento “no afiliado” confirma, por una parte, la desconfianza generalizada en las organizaciones partidistas de tradición moderna que han llegado a ser consideradas como entidades autoritarias. La “no afiliación” expresa la voluntad de emancipación del ciudadano de la condición de militante o fiel. Por otra parte, demuestra el dinamismo de los proyectos político-ideológicos que lo experimentan por lo que su estudio puede decir mucho sobre las transformaciones del siglo 20. Esta hipótesis es válida lo mismo para la “no afiliación” independentista como la estadoísta. El alcance de esta práctica queda evidenciado en las reiteradas llamadas morales a la disciplina que han caracterizado a los núcleos defensores de una tendencia o de otra durante las últimas décadas.

Por último, la presencia de activistas estadoístas en la organización Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de cara a las elecciones 2020, recuerda los afanes unionistas y frentistas que dominaron dos momentos críticos del siglo 20. Me refiero a los primeros días del régimen impuesto por la Ley Foraker de 1900, en especial el periodo iniciado en 1903 y el llamado a la “unión” por Rosendo Matienzo Cintrón el cual culminó con la crisis de 1909 y la creación de un instrumento de descolonización original pero efímero -el Partido de la Independencia en 1912-;  y los de las conmociones emanadas de la Gran Depresión durante en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial que desde las izquierdas justificó la configuración de “frentes amplios populares”. En el caso de Puerto Rico aquel reclamo, si bien sedujo a una parte significativa del Partido Comunista Puertorriqueño (1936) y el Partido Popular Democrático (1938), no tuvo el mismo efecto sobre los sectores que no defendían la independencia como aquellos. Es probable que el pasado de “mogollas”, ligaos, alianzas y coaliciones (1922-1944) actuase en contra de la tendencia aunque es obvio que un “frente” popular y un “convenio” entre partidos no eran la misma cosa.  No se debe pasar por alto que “Boricua Ahora Es” en su momento también participó de esa retórica unionista y frentista con la misma pasión que las experiencias antes señaladas.

A dónde conducirá la crisis actual es lo que está en discusión. Claro que las justificaciones teóricas para afrontar un problema interpretativo como este no forzarán a ninguno de los involucrados a enfrentarlo. El énfasis militante acrítico de los partidos políticos no les deja mucho tiempo para este tipo de reflexión, ni siquiera cuando un segmento de su liderato proceda de los sectores llamados “intelectuales”. La mirada a la bidireccional relación pasado/presente resulta urgente.

José Celso Barbosa

Anexionismo/estadoísmo: subversión e izquierdismo

El estudio del anexionismo, el estadoísmo o el movimiento estadista, así como el de cualquier otra ideología, es un territorio lleno de escollos. Para desarrollar una interpretación ecuánime del problema planteado habría que desarrollar definiciones precisas de los conceptos a los que se alude. Anexionismo, estadoísmo, movimiento estadista así como autonomismo, independentismo, traducen prácticas diversas, cambiantes, volubles o líquidas que, en parte, son el resultado de las especificidades históricas y culturales en las cuales se desenvolvieron.

Ser anexionista en 1868 no es lo mismo que ser estadista en 1968. Aquel de 1868 tenía el escollo de que Puerto Rico era posesión colonial de España por lo que para conseguir su meta debía separar a Puerto Rico de aquel país por los medios que tuviese a su alcance para, desde la soberanía y la independencia, completar su proyecto de anexión. Por eso el anexionismo era parte de un proyecto subversivo que apelaba a las armas lo mismo en Cuba que en Puerto Rico en 1868. El estadoísta del 1967 había pasado por un proceso de anexión producto de una guerra (1898), un tratado de paz (1899) y una conversión ciudadana (1917). Dadas esa condiciones, a nadie debería sorprender que los estadoístas imaginaran que la anexión conduciría de manera “natural” a la estadidad en un futuro cercano, cosa que no sucedió.

La nueva situación no les dejó en posición de reclamar por medios agresivos el acta de incorporación que se le había negado en 1900 durante las discusiones para configurar la Ley Foraker, por lo que un “estadoismo gradualista” y “paciente” se impuso en figuras como Miguel A. García Méndez y Luis A. Ferré Aguayo. Un juicio análogo podría utilizarse para describir la actitud de los independentistas y nacionalistas moderados que, como José De Diego en el seno del Partido Unión, esperaban que el tutelaje colonial desembocara de manera “natural” en la independencia con protectorado y que la República de Puerto Rico se transformaría en una facsímil de la Cuba plattista. Unos y otros eran esclavos del mismo pecado moderno: la confianza acrítica en un determinismo progresista mal entendido, actitud que también había penetrado a las izquierdas, por cierto.

Una de las cosas que habría que evitar a toda costa en una indagación de esta naturaleza sería aislarlo de los contextos ideológicos y políticos con los cuáles interactuó durante el siglo 19. La ruptura entre los separatistas anexionistas y los independentistas a raíz de los eventos del 1898 y el 1900, no fue total: ninguna ruptura lo es. Esto significa que para comprender la experiencia anexionista en el siglo 19 sería necesario aclarar su dialéctica con los autonomismos, los independentismos, los movimientos anticoloniales y las izquierdas en general. Lo mismo puede afirmarse respecto al estadoísmo durante la primera mitad del siglo 20: confinarlo equivaldría a  amputarle una parte significativa de su complejidad. En ambos casos las fronteras entre unas y otras de las propuestas aludidas siempre fueron porosas, condición que solo los esencialistas y los fundamentalistas obtusos de uno y otro sector son incapaces de reconocer. Anexión, autonomía e independencia son conceptos políticos históricos cuyos significados concretos han cambiado a lo largo del tiempo.

El asunto es más complejo porque incluso una parte importante de las izquierdas socialistas, anarquistas, sindicalistas e incluso comunistas de fines del siglo 19, en medio de la pugna entre socialismo y nacionalismo, favorecían la anexión de territorios como Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos en lugar de su independencia. Ni siquiera la insistencia en la futura confederación antillana, un emblema de la solidaridad internacional les hizo cambiar de opinión. El tema ha sido ampliamente documentado en los estudios de Paul Estrade sobre la negociaciones diplomáticas de Ramón E. Betances Alacán con las izquierdas mientras fungió como representante de los intereses de Cuba en Armas en París entre 1898 y 1898.

Aquella proximidad de las izquierdas al anexionismo a fines del siglo 19 explica las afinidades de una parte significativa de las izquierdas y el movimiento obrero puertorriqueños con el estadoísmo en la primera parte del siglo 20 en organizaciones tales como el Partido Obrero Socialista, el Partido Socialista, la Federación Regional de Trabajadores y la Federación Libre de Trabajadores, entre otras. Un estadoísmo apoyado por las izquierdas sólo resultará una anomalía para quien desconozca la evolución de las propuestas anticapitalistas en general. En realidad las afinidades entre estadoístas y socialistas amarillos o rojos ratificaba una tradición interpretativa.

Me parece sustancial tomar en cuenta los referidos antecedentes a la hora de evaluar la “estadidad radical” de los años 1990 en la medida en que esa reflexión rompió con un mito que se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría: que la izquierda y el independentismo poseían una relación “natural”. Cualquier mirada que no tome en cuenta esa dialéctica será fragmentaria y parcial. Una discusión de ese tipo llamaría la atención en torno a la polisemia del anexionismo/estadoísmo y serviría para abrir un diálogo inter ideológico que involucrase de manera pensada a estadoístas, independentistas y soberanistas en busca de un lenguaje anticolonial común estable. En efecto, siempre deberá tomarse en cuenta la contingencia e historicidad del sentido de los conceptos ideológicos que han guiado esos intercambios. Como se sabe, a lo largo de todo el siglo 20 los intentos en aquella dirección que he identificado antes como unionistas o frentistas, siempre condujeron a un callejón sin salida en medio de intensas luchas caudillistas por el poder y nada sugiere que los esfuerzos del presente no desemboquen en lo mismo.

Un problema teórico central salta a la vista: tomar como “natural” cualquier práctica o asociación y como “homogénea” y “definitiva” siempre obstaculizará su apropiación. En estos territorios no hay “sustancias” sino “formas”, es decir, no hay nada “fijo” sino “acomodos” que pueden ser explicados al socaire de numerosos componentes. Sobre la base de ese principio abordaré las tenues fronteras entre estadoísmo, autonomismo e independentismo más adelante.

Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 21 de febrero de 2020.

diciembre 26, 2019

¿Por qué estudiar el anexionismo y el estadoísmo puertorriqueño?

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

 

Para los amigos y colegas José Carlos Arroyo Muñoz, Mario Ramos y Néstor Duprey por comenzar una conversación

 

Confieso que mi curiosidad por el asunto del anexionismo del siglo 19, el estadoísmo o el movimiento estadista del siglo 20 tiene una explicación histórica. Mi formación universitaria comenzó en 1978 por lo que coincidió con el calentamiento del conflicto Moscú / Washington durante la Guerra Fría. La inquietud respondía al fenómeno de lo que en aquel entonces los adversarios de la estadidad llamaban el “romerato”. El nuevo auge del estadoísmo, que a algunos nos recordaba el de la Coalición Puertorriqueña entre 1932 y 1940, debía mucho a la figura de Carlos Romero Barceló (1977-1985). Su gestión coincidió con el tránsito entre la Deténte (1962-1979) y la Segunda Guerra Fría (1979-1991), atmósfera atestada de tensiones útil para entender el giro del discurso estadoísta del molde tradicional representado por Luis A Ferré Aguayo y la “Estadidad Jíbara”, a la concepción moderna de Romero Barceló que vinculaba la estadidad al concepto de igualdad. El vuelco era una manera de enfrentar el elefante que se había sentado en el medio de la habitación representada por el ELA, la pobreza, según se deduce del panfleto La estadidad es para los pobres (1976). No creo tener que recordar que el populismo y el estadolibrismo también habían sido pensados para los pobres con las secuelas que ya sabemos.

Mi atracción se profundizó en la década de 2000 cuando me involucré en el estudio crítico del separatismo independentista, el confederacionismo antillano y sus figuras en el siglo 19. El ejercicio me permitió confirmar que el separatismo anexionista habitaba en los entresijos del activismo antiespañol radical en aquel siglo. Visible desde la década de 1810, se había hecho notar con más intensidad desde 1850. Mis investigaciones me ubicaron ante el enigma de las alianzas entre independentistas y anexionistas y a evaluar las proyecciones de aquellas en el tránsito entre 1890 y 1910 por cuenta del 1898. Sabía que ninguna ruptura era limpia y total. Las huellas de su pasado como aliados debían estar en algún lugar.

Un recurso que encontré para documentarlas fue la indagación en torno a la “Vieja Guardia” republicana por medio de la obra impresa y la colección documental de Roberto H. Todd que obra en la biblioteca de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce. Todd había sido cercano de Ramón E. Betances Alacán y José Celso Barbosa Alcalá antes y después del 1898. El otro recurso fue lectura de la literatura creativa no canónica en torno al 1898 a la cual me había acercado durante la conmemoración del centenario de la invasión. A la altura del 2010 aquellas pesquisas tomaron un giro innovador por los estudios que realicé en torno a la representación estadounidense de los puertorriqueños entre los años 1898 y 1926 por invitación de José Anazagasty Rodríguez, sociólogo teórico y especialista en estudios americanos.

Justificación ¿qué nos dice del pasado?

Entonces ¿por qué estudiar el anexionismo y el estadoísmo puertorriqueño? Una de las razones se relaciona con su remoto pasado. El activismo separatista ante España con el fin ulterior de anexar el territorio a México,  Gran Colombia o Estados Unidos, era notable desde los años de la Guerra de Independencia de Hispanoamérica (1808-1821). En 1821 el Gen. Antonio Valero de Bernabé planeó una incursión militar en Puerto Rico con el deseo de convertirla en un estado de la Gran Colombia. De igual modo, en 1812 y 1822 mercenarios al servicio de intereses separatistas antillanos y estadounidenses se propusieron enajenarlas del Reino de España a fin de adelantar la meta de una Confederación Antillana que tentara a Estados Unidos a anexarla. Los cerebros habían sido José Álvarez de Toledo y Luis  Guillermo  Doucoudray Holstein. Las implicaciones de ello era que la fórmula “separar para anexar” y “separar para independizar” surgieron en medio del Ciclo Revolucionario Atlántico como alternativas progresistas y modernizadoras paralelas. El sentido de los conceptos “separatismo” y “confederacionismo” estaba abierto a varias posibilidades.

“Dos patriotas”: tomada de “Havana Times: Cuba sin prejuicios”

A la coexistencia pacífica o conflictiva de ambas tendencias, asunto que no se ha estudiado con propiedad, había que añadir que el anexionismo compartía matrices ideológicas con otros movimientos radicales de aspiraciones independentistas y autonomistas. En la práctica no se trataba de opciones opuestas o irreconciliables sino de alternativas a un problema común: la insolvencia del régimen absoluto español y la apelación a nuevo orden que desafiaba la tradición señorial. La presencia de republicanos y monarquistas en cualquiera de los tres proyectos en aquella temprana fase podría documentarse sin dificultad. El bagaje compartido estaba ligado al  liberalismo clásico, al 1789 y al movimiento democrático y republicano de fines del siglo 18 y la primera mitad del 19 que culminó en el 1848. Pero también arraigó en la resistencia a los desmanes del liberalismo burgués y el imperialismo de la segunda parte del siglo 19 que dividió a unos y otros en facciones populistas (que lo resistían), y burguesas (que lo toleraban) desde 1870. El anexionismo, el independentismo y autonomismo no eran propuestas homogéneas como sugieren las miradas ortodoxas y poco documentadas del presente.

Al hecho de su remoto pasado y su complejidad, habría que añadir la relevancia política, social y cultural que adquirió el anexionismo durante el siglo 19. A la altura del 1831 el Secretario de la Gobernación de Miguel de la Torre, Pedro Tomás de Córdova, veía en el separatismo hispanoamericano y en el anexionismo a Estados Unidos los mayores peligros para España. En sus textos insinúa que representaba al independentismo como un subsidiario del anexionismo. Es posible que el fantasma del poder sajón, cada vez más presente desde 1815, incidiera en su presunción y lo condujera a exagerar la relevancia del anexionismo, pero el dato no deja de ser valioso. De igual modo, en 1872 José Pérez Moris en su comentario sobre la Insurrección de Lares, reiteraba la postura y llamaba la atención sobre la estrecha relación entre Betances Alacán y el representante de negocios de Estados Unidos en Mayagüez para tildarlo, junto a Segundo Ruiz Belvis, como jefes del anexionismo. Para aquellos observadores el independentismo era un apéndice del anexionismo y no al revés como presume la discursividad dominante hoy.

De igual modo, los vínculos del anexionismo con el radicalismo político de lo que Andrés Ramos Mattei llamó el Ciclo Revolucionario Antillano (1867-1875) son múltiples. Se han documentado desde 1850, y son considerables en los actos de Yara y Lares (1868-1878) y del Partido Revolucionario Cubano, la Sección de Puerto Rico y Baire (1892-1898). La presencia de anexionistas en la cúpula y en la base de ambas organizaciones y su peso en las decisiones de una y otra de cara al conflicto entre España y Estados Unidos en ruta al 1898, era enorme. La idea de que la vocación antiespañola y anticolonial de anexionistas e independentistas era la misma no era puesta en entredicho como solía ocurrir cundo se miraba hacia el campo del autonomismo. Ello no negaba las reservas que una parte del liderato de ambos bandos tenían respecto al otro. Pero, por lo menos hasta el 1898, nunca fue suficiente para quebrar la solidaridad  entre las partes. Estudiar de manera abierta las tensiones entre independentistas y anexionistas dentro de separatismo decimonónico y el balance de poder entre esas facciones en los casos de Cuba y Puerto Rico podría orientar sobre las condiciones en que se elaboraban las alianzas bajo España y las condiciones culturales y políticas que las imposibilitaron después de la invasión. La correspondencia de Betances Alacán con los anexionistas es una fuente idónea para ese fin.

El anexionismo tenía una gran plasticidad ideológica y elaboró una praxis radical que incluyó la opción de la lucha armada ante España. En ese sentido no difería del independentismo encabezado por Betances Alacán. Una parte significativa de los activistas que planearon invasiones a la isla con el respaldo de la República de Cuba en Armas o que se alzaron contra España en Yauco en 1897 eran anexionistas. Pero tras el 1898 el anexionismo se redireccionó en apoyo de la estadidad para Puerto Rico, con incorporación previa o sin ella, y renunció calladamente a su pasado militarista. El giro era comprensible: nunca habían visto en Estados Unidos un adversario sino más bien un aliado en sus pugnas contra España. Es importante destacar que muchos independentistas y autonomistas, tanto en Cuba como en Puerto Rico, hicieron lo mismo. Para otros independentistas del periodo español bastó con el silencio, por lo que se enajenaron del asunto de estatus político de Puerto Rico o celebraron el “cambio de soberanía” pero se cuidaron mucho de expresarse públicamente a favor de la estadidad. Todo sugería que su compromiso con la independencia que había sido determinante ante España había dejado de serlo bajo Estados Unidos.  A la altura de 1920 una nueva generación de independentistas miraría con recelo aquella actitud.

Tampoco puede pasar inadvertido el papel protagónico que tuvo la intelectualidad anexionista, estadoísta tras la invasión del 1898, en el registro de la memoria del separatismo confederacionista independentista y anexionista del siglo 19. Dejar atrás el pasado militarista y violento no despintaba los actos rebeldes y las conjuras perpetradas contra España. Aquellos hechos eran proclives a la idealización en la medida en que podía insertarse en la memoria del estadoísmo. El pasado antiespañol y sus signos más reverenciados, la bandera y el himno, fueron valores compartidos por los puertorriqueños en el exilio cubano que habían defendido la independencia ante España, y los republicanos puertorriqueños de la “Vieja Guardia” que defendían la estadidad. Los ricos apuntes en el archivo de Todd o la documentación de Luis Sánchez Morales, por ejemplo, son una demostración de ello. La posesión de la memoria rebelde por destacados intelectuales anexionistas debería evaluarse a la luz de la ausencia de una memoria de la intelectualidad independentista durante el siglo 19, asunto que he comentado en otras ocasiones. Aquella carencia fue notable hasta que una parte del liderato del Partido Unión de Puerto Rico, fundado en 1904 sobre la base de un independentismo de nuevo cuño moderado que como el estadoísmo había desistido de la lucha armada y respetaba a Estados Unidos, comenzó a animar la misma.

Por último, la tolerancia del estadoismo con Estados Unidos tenía sus límites. La colonial  Ley Joe Foraker desengañó a anexionistas y estadoístas que esperaban más del Congreso del invasor. Agravió a Eugenio María de Hostos Bonilla, Manuel Zeno Gandía y José Julio Henna Pérez, miembros de la Comisión Puertorriqueña del 1899. Pero también ofendió a Federico Degetau y González quien ocupó la comisaría residente desde 1900 al amparo de la injusta ley orgánica. De un modo u otro, todos se sintieron traicionados porque el Congreso no había cumplido con las expectativas que tenían de aquella nación. No solo eso. Todos reconocían que los responsables principales del régimen de desigualdad que emanó del 1900 eran los intereses del Departamento de Guerra y sus fuerzas armadas bajo cuya jurisdicción estuvo la isla hasta 1934 y los grandes intereses corporativos que querían aprovechar sin frenos de derecho el potencial de la isla por lo que favorecían una relación asimétrica y colonial a cualquiera otra. La conciencia de que aquellos sectores eran el obstáculo más fuerte tanto para la estadidad como para la independencia era clara a la altura de 1930. Ello explica la consistente oposición del Partido Republicano Puertorriqueño, fundado en 1899, y de los estadoístas no vinculados a esa organización como Henna Pérez, a la ley colonial Joe Foraker en 1900. Un proyecto por desarrollar sería auscultar la reacción de los estadoístas de viejo y nuevo cuño ante ese hecho e indagar en los efectos de aquel rechazo en su representación de Estados Unidos como signo de libertad.

Lo cierto es que entre 1899 y 1904 el anexionismo estadoísta excedía los límites del Partido Republicano Puertorriqueño. El Partido Federal Americano, antecedente del Unión, y las organizaciones obreras anarcosindicalistas como el Partido Obrero Socialista y la Federación Regional de Trabajadores lo respaldaban. Había un anexionismo estadoísta “flotante” que no se comprometía con ninguna de aquellas organizaciones y era abiertamente anticolonial y puertorriqueñista. Dos ejemplos de ello fueron el citado Henna Pérez en Nueva York y Gerardo Forrest en La Habana. Algunos significados miembros de la “Vieja Guardia” republicana, pienso en Todd y Sánchez Morales, conservaron excelentes relaciones con la comunidad puertorriqueña de La Habana que había estado vinculada al Partido Revolucionario Cubano y la Sección de Puerto Rico antes de 1898. Sánchez Morales distinguían el valor de Forrest, de Sotero Figueroa Fernández y de Lola Rodríguez de Tió, entre otros. El punto en común era el antiespañolismo: todos convenían en celebrar, con más o menos pasión o cautela, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos después de 1898 como la superación de un pasado atroz. Las posibilidades de investigación son infinitas: las continuidades y discontinuidades entre el anexionismo, el estadoísmo y el movimiento estadista, su pasado y su presente, esperan por ser aclaradas.

Notas de un conversatorio compartidas en la Mesa Redonda: Diálogo sobre la figura de Degetau el miércoles 2 de octubre de 2019, Teatro Inter-Metro. Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 29 de noviembre de 2019.

enero 9, 2018

Crónicas del siglo 20: el PNP y Ferré Aguayo en el poder (1968-1971) (1)

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

En el contexto concreto de su tiempo el pensamiento y la praxis política de Luis A. Ferré Aguayo (1904-2003) y el Partido Nuevo Progresista representaron lo que puede denominarse como un “nuevo estadoísmo”. Su actitud revisionista de la experiencia del Partido Estadista Republicano (PER) merecería un comentario más profundo a la luz de los condicionamientos de clase y el escenario cultural en el cual se desarrollaron. Sus posturas se apoyaban en varios principios.

Primero estaba su “estadoísmo gradualista”, una propuesta moderada con respecto al proceso de integración política de Puerto Rico a Estados Unidos que recordaba la del abogado José Tous Soto en la década del 1920. En el caso de Ferré Aguayo ello no tenía que conducir a una componenda con el autonomismo colonial como ocurrió con Tous Soto. Su lógica, atinada por demás desde mi punto de vista, era que el Estado 51 no era una opción para Estados Unidos en lo inmediato. El tono que tomó la discusión del estatus entre el Proyecto Fernós-Murray de 1959 y el plebiscito de 1967 parecía demostrarlo. Por lo tanto, para Ferré Aguayo la meta alcanzable no era “hacer la estadidad” durante el cuatrienio que estuviese en el poder sino “adelantarla” por medio de una administración justa que enfrentara los problemas que el Partido Popular Democrático (PPD) no había resuelto. Durante las elecciones que lo llevaron al poder el estatus no estaba en issue igual que tampoco había estado en cuestión para Luis Muñoz Marín en 1940. Me da la impresión que, para Ferré Aguayo, lo que por aquel entonces se denominaba la “analogía” del Estado Libre Asociado con un Estado garantizaba la estadidad futura. Lo que había que mirar con reserva era cualquier esfuerzo en profundizar la “diferencia” entre el ELA y un Estado por lo que cualquier proyecto que aspirase a una mayor “autonomía” levantaba sospechas.

Segundo, estaba la cuestión de la “Estadidad Jíbara”. Ferré Aguayo criolliza la estadidad a fin de frenar el temor a la asimilación o absorción cultural por el otro. También se trató de una actitud moderada y cuidadosa respecto al proceso de asimilación o americanización dada la persistente voluntad de la cultura sajona por devaluar la cultura hispano-latina a lo largo del siglo 20, asunto que ya he discutido en al menos dos libros. Ferré Aguayo usaba recursos retóricos del populismo agrarista en un nuevo nivel. La idea de que se podía ser estadoísta y puertorriqueño a la vez era clave: el Estado 51 no tenía que ser interpretado como la tumba de una identidad nacional que los estadoístas valoraban. El objetivo concreto de aquel argumento era atraer a los sectores no soberanistas y ruralistas de la base del PPD hacia su proyecto.

El debate sobre la absorción cultural en la Estadidad no era una novedad: había estado allí desde el siglo 19 y era uno de los paradigmas del Estado Libre Asociado y el PPD, organización que desde 1956 dio un giro decisivo hacia la defensa de la “unión permanente” con Estados Unidos. El lenguaje de Ferré Aguayo encajaba en el pluralismo cultural manifiesto en Estados Unidos en la década de 1960. En cierto modo, el populismo ruralista del PPD de 1940 había sido sustituido por el populismo urbano original del PNP desde 1968. En el proceso la organización se alejó del lenguaje del republicanismo estadounidense y se acercó al lenguaje de los demócratas de una manera inteligente, asunto que también había sido tema de discusión en el seno del movimiento estadoísta a lo largo del siglo 20.

 

Gobernar en tiempos de la Guerra Fría

El programa social de Ferré Aguayo y el PNP, la “Nueva Vida”, estaba dirigido a los olvidados del proceso de crecimiento industrial dependiente generados por la experiencia de “Operación Manos a la Obra” (OMO) que pronto llegaría a su fin: los “nuevos pobres” urbanos. Su lenguaje reproducía el optimismo estadounidense de mediados de la década de 1960. En aquel inquieto decenio el presidente Lyndon B. Johnson (1908-1973) había firmado la “Ley de Derechos Civiles” (1964), una transacción con las minorías negras que reclamaban la igualdad ante la ley en el centenario del fin de la Guerra Civil. La situación era más complicada porque las minorías hispanas e indígenas presionaban en la misma dirección. El propósito de la administración Johnson era construir “The Great Society”, plan que funcionaba como un “mecanismo de control de crisis” para mediar con la conflictividad de una década de revolución cultural.

Lo que resultaba innegable era que el orden emanado de las paces de la Segunda Guerra Mundial se venía abajo. La Guerra Fría alcanzaba un nivel de tensiones extremo en medio de la era de la “mutual deterrance” o “mutua disuasión” entre estadunidenses y soviéticos. El consenso alcanzado afirmaba que poseer arsenales de armas nucleares masivos impediría una guerra este-oeste a la vez que beneficiaría al complejo militar industrial.  Vietnam, conflicto heredado de Francia tras la II Guerra Mundial (1955-1975), era el problema principal para Moscú y Washington. El choque con los vietnamitas del Frente Nacional para la Liberación de Vietnam (Vietcong) movilizó intereses chinos y rusos y las tres potencias involucradas poseían capacidad nuclear.

La situación colocó al ELA en una situación incómoda: la fidelidad de los puertorriqueños estuvo bajo examen más que nunca. Un efecto de ello en la praxis política local fue que favoreció la moderación del centro y la derecha, a la vez que estimuló la radicalización de las izquierdas políticas: fue una década de polarización irracional pero comprensible. Entre 1960 y 1971, el FBI administró el programa COINTELPRO que vigiló, investigó e intervino con las actividades del independentismo, el socialismo e, incluso, con estadolibristas sospechosos que boicotearon el plebiscito de estatus de 1967. El anticomunismo se convirtió en un signo de lealtad a Estados Unidos alcanzando cotas tan notables como el antinacionalismo en 1930 y 1940. El arribo a Puerto Rico del “Éxodo Camarioca” (1965 ss.) de Cuba, estrenada como república socialista desde 1961, hizo la situación más difícil para los elementos radicales en la isla

 

Un programa social para los “humildes”

Al final de su gobierno Ferré Aguayo había madurado su proyecto emblemático para la década del 1970. El “Patrimonio Para el Progreso” (PPP) era su “carta de triunfo” para las elecciones de 1972. Ferré Aguayo era un demócrata cristiano que se apoyaba en los principios del corporativismo católico. Una de las fuentes de su propuesta de futuro derivaba de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. En la década de 1960 esa institución había intensificado la reflexión sobre la desigualdad social. El revisionismo del rito religioso, la nueva práctica de ofrecer la misa en lengua vulgar por ejemplo o con el sacerdote de frente a la feligresía, fue un gesto interesante que vino acompañado de una revisión de su actitud ante las injusticias sociales: había que despertar del letargo y avivar la fe. Una de las razones para actuar de ese modo en aquel momento era, sin duda, la amenaza que representaba la socialdemocracia, el socialismo y el comunismo al orden cristiano. El cristianismo y el anticomunismo se combinaron para generar un justicialismo que no fuese acusado de anticapitalista. El PPP requería una convergencia racional y humanitaria entre el Estado por su capacidad para intervenir en el mercado, y la buena fe de la burguesía por su acceso al capital.

Ferré Aguayo no estaba descubriendo el Mediterráneo en 1972. Muñoz Marín y el PPD habían afirmado las virtudes de Estado Interventor para construir una sociedad más justa siguiendo el modelo del Nuevo Trato (1941-1946). El Estado debía servir como mediador entre el capital y el trabajo en nombre del pueblo pobre y sencillo en el marco de la sociedad industrial. Y el Partido Nacionalista (PN) tenía en su programa electoral de 1932 el corporativismo cristiano como modelo, actitud que también necesitaba de Estado Fuerte capaz de articular un orden de igualación social desde arriba mediante una alianza eficaz con el capital nacional. Las diferencias entre el PPP y el Estado Interventor o el Estado Fuerte eran varias. Primero, que el PPD y el PNP buscaban articular su meta al lado de Estados Unidos y el Partido Nacionalista separándose de ese país. Y segundo, que si el PNP y el PN se apoyaban en la iglesia, el PPD era un partido más secular que había chocado con esa institución en 1960.

El corporativismo cristiano del PPP requería un compromiso de la burguesía capitalista con sus fines y la disposición a elaborar una distribución de la riqueza más justa e igualitaria. Pero una de las peculiaridades del ELA y OMO era que la asimetría entre la burguesía puertorriqueña débil y la foránea, en lo esencial estadounidenses, fuerte. Aquellos sectores no veían a Puerto Rico del mismo modo. El Estado Corporativo cristiano no era fácil de construir sobre esa base pero, como expresión de protesta ante el orden, poseía una gran riqueza. El PPP crearía un fondo de inversiones que facilitaría el acceso al capital para los potenciales inversionistas puertorriqueños. Sin duda, aquella era la mejor crítica a OMO y al PPD, fuerzas que habían favorecido al capital foráneo minando las posibilidades del desarrollo del capital puertorriqueño.

El propósito final era simple: “todo puertorriqueño, un capitalista”. Aspiraba construir una sociedad de mercado idealmente competitiva con justicia distributiva para los productores directos para con ello atenuar la conflictividad y la lucha de clases. Las contradicciones se cancelarían en la medida en que los productores directos y los dueños de los medios de producción armonizaran sus intereses. Al abolir la desigualdad y atenuar la pobreza, se evitaría la revolución social y la confianza en el Estado se restauraría. El PPP era una refinada política anticomunista de improbable aplicación a una realidad social que la excedía. Los hechos de Cuba (1961) y los de República Dominicana (1963), donde los gobiernos de Fidel Castro y Juan Bosch miraran hacia la izquierda, fueron determinantes. Ferré Aguayo se proponía una Revolución Social Burguesa Humanitaria desde “arriba”. EL PPP se hizo público cuando la promesa de “progreso” estadounidense estaba en problemas. El capitalismo se abocaba a una crisis enorme (1971-1973) y OMO se derrumbaría hasta desaparecer en 1976.

 

Últimos apuntes

Dos situaciones afectaron el gobierno de Ferré Aguayo. En lo local, un gobierno “compartido” con el Senado controlado por el PPD, cuerpo presidido por el Lcdo. Rafael Hernández Colón (1936-2019), limitó las posibilidades de acción del ejecutivo. En lo internacional, la crisis iniciada en 1971 que implicó el abandono del patrón oro y la primera devaluación del dólar en su historia junto a la crisis petrolera y el aumento de los precios del crudo en 1973, inauguraron una era nueva. El comportamiento del capitalismo de posguerra comenzó su larga evolución hacia el capitalismo neoliberal (1970-1990). El estadoísmo tendría que reformularse sobre bases innovadoras.

Página siguiente »

Blog de WordPress.com.

A %d blogueros les gusta esto: