Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

noviembre 18, 2022

Jayuya: monólogo de un historiador

Por Mario R. Cancel-Sepúlveda

La transición hacia el Estado Libre Asociado y su cuestionable legitimación internacional por la Organización de Naciones Unidas (1946-1953), fue objeto de la crítica jurídica de figuras que estuvieron estrechamente vinculados a la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático. La opinión de Vicente Géigel Polanco[1], quien abandonó esa organización en 1951, el juicio de José Trías Monge [2] en sus memorias, y los comentarios al Congreso de Estados Unidos firmados por el diplomático estadounidense Jack K. McFall, son un ejemplo de ello.[3] Las tres fuentes convergían en que el proceso constitucional no era sino una farsa jurídica o un juego diplomático vacío para mejorarla imagen internacional de Estados Unidos. Las interpretaciones provenían de un militante popular que abrazó el independentismo, un popular que era una autoridad en derecho que comprendía el problema de la soberanía y que sirvió al ELA desde su Tribunal Supremo, y uno de los agentes políticos que manufacturó el entramado del presunto proceso de descolonización en Washington.

Pero la crítica jurídica no fue la única reacción en aquel momento y, en general, fue desoída. El proceso que a la larga condujo a la consolidación del ELA en 1952, combinado con otras circunstancias particulares, estimuló al Partido Nacionalista a tomar otra vez, como lo había hecho en la coyuntura de 1930, el camino de la “acción inmediata” por medio de la protesta armada. Lo cierto es que desde diciembre de 1947, una vez Pedro Albizu Campos regresó a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, la militancia nacionalista atravesó por un proceso de reavivamiento notable. Otros sectores del independentismo de nuevo cuño que no compartían el pasado del Partido Nacionalista, a pesar de las notables diferencias ideológicas que podía haber entre ellos, también vieron en el retorno del líder al cual denominaban el “Maestro”, una oportunidad histórica que no podían dejar pasar por alto.

En diciembre de 1947, un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, izó la bandera puertorriqueña que había servido de signo del nacionalismo político desde la década de 1930. Con ello ejecutaban un gesto de “saludo a Albizu Campos” y un reto a la estabilidad del régimen colonial. La emblemática torre universitaria había sido bautizada con el nombre del presidente Franklyn Delano Roosevelt en 1939 como reconocimiento al novotratismo y su papel en la recuperación económica del territorio en medio de la Gran Depresión por lo que tenía un valor simbólico extraordinario. Albizu Campos había sido un crítico exacerbado de aquel presidente y su política del Nuevo Trato siempre.[4] El Rector Jaime Benítez, otro icono de la historia de la institución, ordenó la expulsión sumaria de los jóvenes que habían organizado la protesta: Jorge Luis Landing, Pelegrín García, José Gil de Lamadrid, Antonio Gregory y Juan Mari Brás. El castigo funcionaba como una censura de la expresión y la opinión, por lo que desató una huelga estudiantil de un fuerte contenido político.

La huelga estalló en abril de 1948 y, entre mayo y junio, ya se estaban aprobando en la legislatura local la Ley 53 o Ley de la Mordaza que convertía en delito punible la expresión y el activismo independentista, nacionalista o socialista en el país. El lenguaje fundamentalista y autoritario de la ley sigue siendo impresionante: predicarorganizarpublicardifundir o vender información que fomentara el derrocamiento del régimen estadounidense eran actos equiparados ante la ley y tratados como una acción delincuente. En última instancia, “pensar” era un acto tan peligroso como “hacer”. Las figuras detrás de la aprobación, hay que decirlo con propiedad, fueron el entonces Senador Muñoz Marín y el citado jurista Trías Monge. La calentura del Guerra Fría, la presión del discurso anticomunista, la amenaza a la hegemonía estadounidense en Europa en la segunda posguerra, había contaminado a la clase política local controlada por el Partido Popular Democrático.

Esta es una historia que se repite por lo que a nadie debe sorprender el giro a la derecha que esporádicamente domina a un segmento significativo de la dirección de los populares en el presente: la necesidad de afirmarse en el poder aliándose a los sectores moderados, presumiblemente mayoritarios, los domina. La Ley 53 era un acto de sumisión al Congreso de Estados Unidos. No era sino la expresión local de Ley Smith de aquel país redactada a la orden de la Doctrina Truman y el anticomunismo. En aquel país numerosos dirigentes sindicalistas, socialistas, comunistas, anarquistas o demasiado liberales, fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. La Ley Smith estimuló la creación de “listas negras” en Estados Unidos y de “carpetas de subversivos” en Puerto Rico.

La huelga universitaria de 1948 representaba una amenaza a la tesis de Benítez de que la universidad debía ser un centro aséptico e ideológicamente inmune a la militancia. La tesis de la “Casa de Estudios” negaba siglos de tradición intelectual en la cual la crítica y el reto ideológico se reconocían como unos cimientos respetables de la tradición occidental moderna y, acaso, fundamento de aquella. Para Benítez, ser occidental en Puerto Rico en tiempos de la Guerra Fría, significaba todo lo contrario a lo que había sido desde la Revolución Francesa de 1789. La universidad era un espacio para el estudio y no para la participación ciudadana por lo que los estudiantes no poseían medios para la coordinación de sus reclamos tales como los Consejos de Estudiantes ni se debían organizar en grupos de opinión. En cierto modo, la participación y la política, estaban limitados a los administradores del poder.

Pensar que aquellas decisiones se tomaron por cuenta del regreso de Albizu Campos y las protestas de los estudiantes universitarios rebeldes, sería reducir el fenómeno a la eventualidad local. Lo cierto es que Puerto Rico estaba entrando a la Guerra Fría como un personaje de relevancia reproduciendo las ideologías dominantes en Estados Unidos. El efecto que aquella ley represiva e irracional pudiera tener en frenar la “ola revolucionaria” que se temía era cuestionable. Albizu Campos lo demostró de inmediato cuando, en junio de 1948, retó la censura de la Ley 53 en un discurso público en el pueblo de Manatí[5]. Las consecuencias de ello fueron las esperadas. La vigilancia sobre las actividades nacionalistas por parte de la policía aumentó. Albizu Campos tenía asignado un agente taquígrafo de nombre  Carmelo Gloró, quien llevaba récord de sus discursos con el fin de recuperar prueba para, en el futuro, establecer el acto delictivo. Bajo aquellas condiciones la violencia parecía una salida inevitable y justificada.

El proyecto insurreccional

La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950 fue, entre otras cosas, una respuesta bien articulada a los retos políticos impuestos por la Guerra Fría, el proceso de descolonización que condujo a la fundación del Estado Libre Asociado y la actitud colaboracionista y sumisa del liderato del Partido Popular Democrático con las autoridades de Estados Unidos con el fin de asegurar las reformas que se les ofrecían. La acción protestó además contra la Ley 53 o La Mordaza de 1948, contra la Ley 600 y contra la Asamblea Constituyente que por aquel entonces se planificaba. Pero sobre todo fue un arriesgado acto de propaganda que se elaboró con el propósito de llamar la atención internacional sobre el caso colonial de Puerto Rico y confirmar las posibilidades de la resistencia armada en el territorio caribeño. En un sentido simbólico representó la reinvención de la situación que produjo, con efectos análogos, la Insurrección de Lares en septiembre de 1868. La retórica nacionalista de aquel entonces realizó un esfuerzo ingente por demostrar la continuidad espiritual, cultural y política entre el 1868 y el 1950.

El centro militar de la conjura fue el barrio Coabey de Jayuya. La finca de la militante Blanca Canales (1906-1996) sirvió como centro de entrenamiento y de mando, así como de depósito de armas para los rebeldes. Fue allí donde se proclamó la República y se izó la bandera de la Nación, muy parecida a la que en 1952 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico oficializara como signo del nuevo orden político. Allí se fundó, como en Lares, la Nación Simbólica y se sacralizó mediante la palabra su soberanía política.

El plan de los rebeldes era, una vez tomada la municipalidad de Jayuya, resistir el tiempo que fuese necesario hasta que la comunidad internacional reconociera la beligerancia puertorriqueña y legitimara su voluntad soberana. Algunos veteranos del ejército me comentaron en Jayuya en el 2008 que la selección de la localidad se había hecho sobre la base del notable potencial agrario de la región montañosa y sus posibilidades de sobrevivir en caso de que la insurrección no fuese efectiva en otras partes del país.  El Puerto Rico agrario que Operación Manos a la Obra dejaría atrás pesaba mucho en la cultura revolucionaria de una parte significativa del liderato, asunto que habría que indagar con más detenimiento en el futuro. Las fuerzas nacionalistas de aquella localidad estaban al mando de Carlos Irizarry, militante que era además, veterano de la Segunda Guerra Mundial. La experiencia militar en las fuerzas armadas estadounidenses o en conflictos internacionales como la Guerra Civil Española era valorada por la organización militar nacionalista.

El centro político o público fue, desde luego, San Juan donde se encontraba la casa del Partido Nacionalista y vivía su líder Albizu Campos. La voz de la nación era aquel abogado. La prensa puertorriqueña, estadounidense e internacional, miraría hacia donde él estuviese y los actos que se ejecutaran contra su persona con el fin de arrestarlo, servirían para proyectar el hecho de que en Puerto Rico se luchaba a favor de la descolonización por un camino alterno al que había marcado la Ley 600. Los centros rebeldes mejor preparados para los combates parecen haber sido los de Utuado, Mayagüez y Naranjito, aunque los combates en cada una de esas localidades fueron desiguales. Sin embargo la presencia de comandos nacionalistas era visible en una parte significativa del país.

Las acciones de Jayuya se combinaron con dos atentados que demostraban los riesgos que era capaz de tomar la militancia nacionalista. El primero fue encabezado por el militante y también veterano de guerra, Raimundo Díaz Pacheco (1906-1950) y tuvo por objetivo la residencia oficial del gobernador Muñoz Marín, es decir, La Fortaleza. Se trataba de un atrevimiento histórico que recordaba las conjuras militares del siglo 19 que siempre tenía por objetivo la toma de la casa de gobierno y la proclamación de la república. El otro estuvo compuesto por los militantes Griselio Torresola (1925-1950) y Oscar Collazo (1914-1994), quienes atacaron la Casa Blair, residencia temporera del presidente Truman en Washington.[6] Ninguno de los dos magnicidios consiguió su objetivo pero el impacto propagandístico de ambos fue enorme.

Antecedentes inmediatos

La Insurrección Nacionalista estalló el 30 de octubre de 1950. Todo parece indicar que los días previos fueron de intensa preparación para una situación que Albizu Campos había planeado con mucha calma desde su salida de la cárcel de Atlanta en 1943.  Los registros del taquígrafo de récord y funcionario de la Policía Insular Carmelo Gloró, documentan que el 26 de octubre, cuando se conmemoraba el día del natalicio del General Antonio Valero de Bernabé en Fajardo, Albizu Campos adoptó un tono marcial que inevitablemente resultaba en un llamado al combate inminente. Para quienes conocen el calendario patriótico del Partido Nacionalista, la relevancia de Valero de Bernabé y su vinculación con el mito bolivariano, explican por qué aquella fecha  resultaba idónea para informar a la militancia sobre la necesidad de una movilización.

El día 27 de octubre, un grupo de nacionalistas fueron detenidos por las autoridades mientras transitaban por el Puente Martín Peña en la capital. Durante la intervención  se les ocuparon dos pistolas  calibre  37, una subametralladora, cinco explosivos de bajo y mediano poder que incluían los clásicos cócteles molotov, algunas bombas tipo niple y varias cajas de balas. Todo parece indicar que aquel acontecimiento fue crucial para que se tomara la decisión de que la Insurrección sería el día 30 dado que se llegó a temer que aquellos arrestos fuesen la primera de una serie de intervenciones policiacas que pondrían en peligro el objetivo de los rebeldes.

El 28 de octubre estalló un motín en la Penitenciaría Estatal de San Juan bajo el liderato del presidiario Pedro Benejám Álvarez. El mismo desembocó en un escape masivo de presos. Benejám era también veterano de guerra y había sido traficante de armas robadas al ejército de Estados Unidos. Por aquel entonces se alegó que el motín estaba conectado con la conjura nacionalista y se aseguraba que Benejám estaba comprometido a suplir armas y hombres a la revuelta.

Durante los días 28 y 29 de octubre, las tropas nacionalistas se movilizaron y se reconcentraron en el Barrio Macaná de Peñuelas. La residencia de militante Melitón Muñiz Santos, fue usada como centro de distribución de armas y tareas para el evento que se acercaba.

Objetivos militares y el plan de combate

La meta principal de los Comandos Nacionalistas, cuerpo con entrenamiento militar que en 1934 se habían identificado como los Cadetes de la República, fue la toma de los cuarteles de la Policía, prioridad que parece demostrar la necesidad de armas que caracterizaba al movimiento rebelde. Aquel objetivo militar se unía a un plan concertado para ocupar las oficinas de teléfono y telégrafo locales con el fin de incomunicar las localidades una vez fuesen tomadas. Un segundo objetivo de los Comandos Nacionalistas fue ocupar las alcaldías, centro que representaban el poder colonial concreto cercano a la gente y ratificaban el colaboracionismo de los populares con las autoridades estadounidenses.

El tercer objetivo fueron las dependencias del Gobierno Federal en Puerto Rico tales como los correos y las oficinas del Servicio Selectivo de las Fuerzas Armadas. El Partido Nacionalista había conducido una campaña muy persistente en contra de la participación de los puertorriqueños en el ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.  Debo llamar la atención sobre otro elemento que me parece crucial. La Guerra de Corea, la primera confrontación violenta de la Guerra Fría, había iniciado en junio de aquel año y, como se sabe, ya en las primeras semanas de octubre la tropas de la Organización de la Naciones Unidas al mando del General estadounidense Douglas MacArthur, habían sido movilizadas contra los ejércitos de Corea del Norte y la República de China.  El mundo estuvo al borde de una conflagración atómica en aquel contexto por lo que la Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, se iniciaba en un momento muy complejo en que la fiebre anticomunista dominaba el lenguaje político internacional.

La táctica utilizada fue la de las guerrillas urbanas. Se trataba de bandas o grupos pequeños que se tomaban enormes riesgos militares hasta el punto de que algunos de ellos funcionaban más bien como comandos suicidas. Los soldados nacionalistas más experimentados contaban, como se sabe, con formación militar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, todo parece indicar, que los nacionalistas constituyeron un cuerpo disciplinado y dispuesto a cumplir con las órdenes de sus superiores. Los logros militares más notables de aquel esfuerzo se redujeron al hecho de que Jayuya, el centro de la conjura, permaneció en poder de los Nacionalistas hasta el 1ro. de noviembre, pero la movilización de la Guardia Nacional, cuerpo militar que contaba con armas de repetición, morteros, artillería ligera y aviones de combate, forzó la rendición de la plaza con el fin, según algunos, de evitar la devastación del barrio. En aquel momento la desventaja en capacidad de fuego de los rebeldes se hizo patente.

Un juicio tentativo

La impresión que deja aquella situación es que, igual que en el caso de la Insurrección de Lares de 1868, la Insurrección de Jayuya de 1950 parece haber sido producto de la precipitación y la prisa. Los defensores de Jayuya no contaban con armamentos capaces de enfrentar vehículos blindados, ni con artefactos bélicos antiaéreos. Entre los pertrechos ocupados a los rebeldes había pocos explosivos de alto poder: las bombas tipo niple y los explosivos a base flúor o cloro parecen haber sido el límite de su capacidad explosiva.

El gobernador Muñoz Marín, la Policía y la Guardia Nacional manejaron el asunto de una manera muy diplomática con el fin de evitar el golpe de propaganda que podría producir a nivel internacional un acto de rebelión y represión masiva contra los rebeldes. El prestigio de Albizu Campos y su proyección internacional debieron pesar mucho en aquel momento. Ejemplo de aquella actitud cuidadosa fue el hecho de que nunca se declaró un “estado de emergencia” o “ley marcial” y que, con el fin de disminuir el efecto negativo que aquel acto podía tener sobre su imagen, Muñoz Marín pidió disculpas a Estados Unidos en nombre Puerto Rico y proyectó la Insurrección como un acto aislado y de poca relevancia.

Albizu Campos, arrestado en su casa tras una intensa resistencia, fue condenado a 53 años de prisión. Su destino parecía ser morir en la cárcel. Sin embargo, la presión de una campaña humanitaria internacional a favor de su excarcelación, provocó que el líder rebelde fuese indultado por Muñoz Marín en 1953.  Como dato curioso, el indulto se ordenó el 30 de septiembre de aquel año y Albizu Campos lo rechazó. Las autoridades carcelarias tuvieron que expulsarlo de la penitenciaria a pesar de su oposición.

Albizu Campos era un mito político muy poderoso, una figura que estaba, por decirlo de algún modo, más allá de la política cotidiana y de la domesticidad. Su proyección internacional como un mártir de la independencia era incuestionable. Reducirlo a las pequeñeces de la política local en tiempos de la Guerra Fría requeriría un esfuerzo monumental. Lo cierto es que figuras como la de Albizu Campos representaban una contradicción en aquella década del 1950 en la cual el realismo, el cálculo y el pragmatismo se imponían en la vida política local. Albizu Campos era demasiado irreal para una generación política que había decidido someterse y ajustarse a la corriente que provenía de Washington.

Publicada originalmente en Claridad-En Rojo (1ro de noviembre de 2022)

[1] Mario R. Cancel Sepúlveda, notas a “Vicente Géigel Polanco y la Ley Pública 600” (1972) “Ni constitución ni convenio” (Fragmento). Publicado en El Mundo, a 19 de mayo de 1951. Tomado de (1972) La farsa del Estado Libre Asociado (Río Piedras: Edil):  21-24.URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2009/11/15/vicente-geigel-polanco-y-la-ley-600/
[2]Mario R. Cancel Sepúlveda, notas a “José Trías Monge y el ELA” tomado de (2007) “Capítulo 8. En la Secretaría de Justicia” (Fragmento) Cómo fue. Memorias (San Juan: EDUPR): 200-201.URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2009/11/15/jose-trias-monge-y-el-ela/
[3]“The Origin of the Commonwealth Label” (April 20, 2011) Puerto Rico Report. URL : https://www.puertoricoreport.com/the-origin-of-the-commonwealth-label/#.Y161xXbMKUk
[4] Refiero a los interesados a Mario R. Cancel Sepúlveda (2010) “El Partido Nacionalista, los obreros y Mayagüez (1934)” en Puerto Rico entre siglos URL: https://puertoricoentresiglos.wordpress.com/2010/08/09/partido-nacionalista-obreros-mayaguez-1934/
[5] Los mejores recursos para comprender el fenómeno siguen siendo Ivonne Acosta Lespier (1989) La Mordaza. Puerto Rico 1948-1957 (Río Piedras: Edil) e Ivonne Acosta Lespier (2000) La palabra como delito (San Juan: Cultural)
[6] Un relato detallado del acto puede leerse en Ramón Medina Ramírez (2016) El movimiento libertador en la historia de Puerto Rico (San Juan: Ediciones Puerto) reproducidos en redacción (25 de octubre de 2022) “CLARIDADES- 1 de noviembre de 1950” URL: https://claridadpuertorico.com/claridades-1-de-noviembre-de-1950/

mayo 9, 2021

Historia de la suerte: un libro de Mario Ramos Méndez

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

Una introducción

La modernización de la suerte (2020), obra del historiador Mario Ramos Méndez publicada por Editorial Las Marías es uno de esos libros que, como tantos otros, ha pasado bajo el radar. Se trata de una elucidación ágil alrededor de un tema poco trabajado y sugerente: la legalización de las máquinas tragamonedas en 1974 en Puerto Rico bajo la administración de Rafael Hernández Colón (1936-2019). La aprobación de la ley del 30 de julio de aquel año representó un giro radical al enmendar en un sentido liberalizador la Ley 221 del 15 de mayo de 1948.

Si bien, como anota el prologuista Carmelo Delgado Cintrón, el 1948 fue una fecha “determinante y simbólica”, nada menos se puede decir  del 1974. A mediados de la década de 1970 el proyecto industrializador articulado alrededor de la Sección 931 del Código de Rentas Internas estadounidense, el cual había dado aire a Operación Manos a la Obra (1947-1976) colapsaba. Paralelamente se  preparaba el terreno para la aprobación de un recurso que sustituyese a aquel alrededor de la Sección 936 (1976-2005) del mismo código. El Informe Tobin de 1976, en particular sus observaciones en torno a la deuda pública y los gastos gubernamentales, representó una sentencia de muerte para aquel diseño tan ligado a la figura del gobernador Luis Muñoz Marín (1898-1980)

La muerte de una forma de capitalismo liberal animado por los valores keynesianos de la segunda posguerra el cual respondía a un tipo peculiar de Estado, abría paso a mediados de la década de 1970, acorde con el historiador David Harvey, a una nueva fase de desarrollo del capital que acabó por conocerse como neoliberalismo. El propósito de poner “freno al poder del trabajo” guiaba aquel esfuerzo. En el caso particular de Puerto Rico el giro se dio en el marco de la persistente dependencia colonial.

En aquel emblemático año 1974, en el cual las expresiones del capitalismo global y el capitalismo dependiente local se torcían, Ramos Méndez narra cómo los juegos de azar entraron con fuerza a formar parte del mercado y de la vida cotidiana puertorriqueña. Había algo de paradójico en ello: una jurisdicción como esta había resistido y condenado consistentemente aquella tentación por cuestiones culturales y morales. La frase del autor, esa “modernización de la suerte” (que bien podría nombrarse “postmodernización”) recoge aquel momento de transición de modo lúcido.

En torno a un libro

“Alea iacta  est”, una expresión que podría traducirse como “la suerte está echada” que sirve de título al breve prólogo Delgado Cintrón, es un sugestivo convite a la lectura. Debo recordar que Ramos Méndez es un experto en el tema y ya había entregado en el año 2012 el volumen Sin los dados cargados. Breve genealogía de la ley de juegos de azar. El autor nacido en Yauco fungió como Director de la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. En Ramos Méndez la experiencia concreta alrededor del ámbito de estudio y la formación historiográfica se unen a la hora de formular su reflexión sobre el asunto tratado. Me parece que si se precisa una imagen de conjunto del tema propuesto, uno  y otro volumen deben ser leídos en conjunto.

Mario Ramos Méndez, historiador

En el texto “Introducción” se dispone el esquivo tema y se contextualizan las políticas de 1948 y 1974 realzando los contrastes entre la una y la otra. Tal vez sin proponérselo, el autor hace una velada invitación a que se module una mirada cultural a la actitud del Estado ante los juegos de azar y los casinos a lo largo del tiempo. A través del texto el autor aclara la situación de Puerto Rico en la historia de la introducción de la industria del juego y los casinos en el conjunto de los Estados de la Unión, ámbito en el cual se le introduce  no empecé su condición de territorio no incorporado. Lo cierto es que en 1974 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue la segunda jurisdicción después de Las Vegas Nevada en 1931, en tener una legislación de casinos. Aquella autorización precedió la que se dio a  Nueva Jersey, jurisdicción que obtuvo la autorización legal para Atlantic City, en 1978. Las circunstancias de ello no deben pasar inadvertidas. Todo sugiere cierta resistencia del Gobierno Federal a admitir ese tipo de prácticas en el territorio continental. El hecho de que Las Vegas sea conocida como la “ciudad del pecado” es un indicador cultural interesante respecto a la impresión que generaba la industria en el estadounidense común.

En la sección “Breve historia de las tragamonedas” se muestra al lector la figura del mecánico californiano Charles Fey (1862-1944) quien en 1895 inventó la primera “slot machine”. Su modelo más famoso fue la Liberty Bell, signo que no necesita presentación alguna. En 1925 y como resultado del pleito State vs. Ellis, se dispuso que aquella máquina no era otra cosa que un “gambling device” y que su uso recreativo reunía los rasgos de un “juego de azar”. Una historia llena de tropiezos culminó en la década de 1930 cuando las “fruit machines”, como se les denominaba en Inglaterra por los iconos que utilizaba, o la “one-armed bandit” como se les identificaba en Estados Unidos por la palanca que había que halar para hacerla correr, se convirtieron en un objeto común en las salas de juego de los casinos en medio de la Gran Depresión en el marco concreto de la invención de la “Sin City”: Las Vegas. 

Llama la atención el hecho de que los momentos de inflexión más relevantes de la historia de  este artefacto de la industria de las apuestas coincidan, una y otra vez, con momentos de crisis económicas generales: la había en 1895 cuando se les inventó, crisis que sirvió para legitimar los eventos del 1898, y también en 1930, preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, cuando vivieron su época de oro. La actitud del “volver la cara hacia la suerte” ha sido recurrente y parece ligada al reconocimiento de la irracionalidad del mercado capitalista y, claro está, a la disolución del prejuicio  teórico inventado por el economista escocés Adam Smith (1723-1790) respecto a la “mano invisible”, otra metáfora de la “mano de Dios”, que tanta relevancia simbólica tuvo para el desarrollo del capitalismo emergente durante los siglos 18 y 19. A mi modo de ver, era como si la cognición de la irracionalidad del mercado, con los efectos sociales que generaba cada crisis, legitimara la necesidad de “echar a correr los dados” o apostar, tal y como sugiere la frase latina citada por el prologuista Delgado Cintrón.

La sección titulada “La Ley” contiene la tesis fundamental del volumen. El capítulo gira en torno a la Ley Núm. 2 del 30 de julio de 1974, anota sus antecedentes y apunta los parámetros del debate que generó su aprobación en un Puerto Rico distinto tanto al de 1948 como al del presente. Ramos Méndez se cuida de detallar los sectores que se opusieron y los que favorecieron la implementación de una ley que resultaba innovadora y necesaria para algunos y, disruptiva respecto a la tradición para otros. Dos retóricas entraron en conflicto en aquel momento, asunto que valdría la pena trabajar con más detalle. En el recuento no olvida señalar las fidelidades político-ideológicas y partidistas de uno y otro bando, así como tampoco la forma en que aquellas incidieron en la toma de posición ante el proyecto. Esta parte de la discusión ilustra al lector sobre otro registro de discrepancias en cuanto a la representación de lo “puertorriqueño” y su “futuro” que han marcado a los defensores de cada proyecto de estatus con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

En alguna medida la discusión de esta sección demuestra que el Puerto Rico moderno y económicamente exitoso que soñaban restituir los ideólogos populares en la década de 1970, precisaba recurrir al azar, a la suerte o a la Diosa Fortuna, a fin de asegurar su supervivencia. La racionalidad a la que se había apelado desde los primeros momentos del proyecto desarrollista asociado al novotratismo ya no era suficientes para los fines propuestos. El proceder también ratificaba que el liderato popular de 1974, el cual se había formado en medio de la crisis iniciada en 1971, había recalibrado los lentes con los cuales oteaba un mañana para el Estado Libre Asociado. La representación de la meta hacia la que conducía el camino “jalda arriba” era por completo distinta a la forma en que el liderato popular había imaginado las posibilidades del país en 1948 cuando se podían depositar todas las esperanzas de crecimiento material y espiritual en el mito de la “planificación” sostenido sobre la idea de la racionalidad. La clase política vinculada al PPD no estaba dispuesta a aceptar que el “jalda arriba” se había transformado en un “cuesta abajo”. Todavía hoy hay quienes no son capaces de verlo.

En la “Conclusión” Ramos Méndez contextualiza la situación de las tragamonedas o traganíqueles y los casinos en el marco de la revolución tecnológica que irrumpió en el mercado desde la década de 1990 en adelante.  

Una lectura cultural

Este breve trabajo de Ramos Méndez  ilustra al investigador en torno a aspectos poco problematizados que formaron parte del proyecto modernizador impuesto durante la segunda parte del siglo 20 en Puerto Rico. En torno al juego y la industria de los casinos y otros temas relacionados, el lector apenas cuenta con algún trabajo del Dr. Luis López Rojas en torno a la mafia y la industria del turismo durante el dominio del PPD, y a algún trabajo esclarecedor de la Dra. Mayra Rosario Urrutia en relación con el popular juego de la bolita. Se trata de aproximaciones y ámbitos distintos pero los autores citados convergen en la intención de aclarar el lugar de esta práctica polémica a la hora de mirar el largo periodo de control del PPD sobre el gobierno de Puerto Rico. En su conjunto el interés señalado parece ser un elemento propio de un puñado de investigadores de los últimos 20 años. Valdría la pena mirar en esa dirección y estimular una revisión más sistemática y detallada del fenómeno y su impacto en la transición de la modernidad a la posmodernidad en el país, en especial por el hecho de que el turismo se fue convirtiendo después de 1976 en uno de los nichos económicos en el que más esperanzas se depositaron en el marco de la era de las industrias 936.  

Los juegos de azar poseen un pasado nebuloso documentable en las fuentes más diversas, asunto que ningún investigador se ha propuesto aclarar todavía. En general se les proyecta como una serie de prácticas caracterizadas por su pasado “cuestionable”. El desinterés puede deberse a la  complejidad ínsita de la práctica, pero tampoco se puede descartar la ambigüedad moral que siempre genera su ejecución en un entorno cultural, histórico, social y moral como el puertorriqueño.  Esta observación me parece aplicable tanto para la evolución cultural del país antes del 1898 cómo después de esa fecha. El sentido que se le ha dado a ese pasado “cuestionable” no ha sido formulado de manera apropiada. Las pistas sin embargo están allí, como se verá de inmediato. El ejercicio no es exhaustivo. Se trata a lo sumo de un muestreo con la intención de sugerir pistas respecto a la percepción cambiante de esta práctica en el imaginario puertorriqueño moderno a ambos lados de 1898.

El juego  fue  condenado por la moral católica y la jurisprudencia civil como un nicho de subversión propio de gente inconveniente al orden público. Por un lado, fue en medio de un juego de naipes celebrado en San Juan en 1795 donde se identificó la que ha sido considerada la primera conjura señalada como separatista en la historia de Puerto Rico. Los hallazgos hablaban por sí solos: la efigie de un rey en una moneda mutilada con letras diminutas a la altura del cuello del monarca recordaba la amenazante guillotina.  El detalle fue suficiente para que se levantara una investigación e interrogatorio a la gente que ocupaba la mesa. En el proceso investigativo el pintor José Campeche actuó como perito ilustrando el hecho subversivo en un dibujo.

Por otro lado, una de las acusaciones que con más intensidad esgrimió el periodista José  Pérez Moris en su Historia de la Insurrección de Lares (1872) a la hora de representar las personalidades de Ramón E. Betances Alacán y el licenciado segundo Ruiz Belvis tenía que ver con su propensión a la bebida, las mujeres y al juego en garitos propios para conjurarse contra el orden establecido. El hecho de que en otra parte del volumen equiparaba el separatismo a un virus ofrece al historiador cultural una imagen precisa de la idea que se tenía de aquellos espacios.

Todo sugiere que la condena del juego y el azar fue esgrimida lo mismo por el poder instituido y las fuerzas conservadoras como por la oposición crítica y educada de los liberales. Para ambos extremos se trataba de una práctica degradante y deshumanizadora indigna.  El conservadurismo moral integrista y el liberalismo racionalista recurrieron a la censura del juego como una práctica impropia de la condición moderna. Uno de los textos narrativos autobiográficos del joven  Eugenio María de Hostos escrito en 1859, el relato “La última carta de un jugador”, presenta una imagen atroz del jugador compulsivo. Hostos describía un comportamiento rayano en lo antisocial y la locura. El registro de citas podría ampliarse a numerosos observaciones de la intelectualidad criolla desde las estampas  de Manuel Alonso Pacheco hasta la observación social de Salvador Brau Asencio.

En términos generales el juego, la fortuna, el azar, se percibían como un atentado contra cualquier presunción de “orden” ya fuese teológico, natural o social. La idea de un “orden universal” era puesta en  entredicho cada vez que se tiraban los dados o se repartían los naipes. Aquellos actos proyectaban una discursividad que llamaba la atención sobre la contingencia, el acaso y la casualidad: de allí su carácter subversivo. En aquel escenario sin “orden” solo quedaba  lugar para la veleidad y la inconstancia. La feminización de la suerte parece haber jugado un papel en todo ello. Nicolás Maquiavelo, al discutir la Rueda de la Fortuna, identificaba aquel fenómeno con el culto a la popular Diosa Fortuna de origen latino, entidad que chocaba con el estricto ordenamiento patriarcal y masculino dominante. En cierto modo, el patriarcalismo del culto al orden estaba agazapado detrás de todo ataque o censura al juego. Resultaba innegable que el poder subversivo y desordenador estaba siendo asociado al femenino azar.

El juego también fue un entorno cuya praxis generó opiniones discordantes durante el siglo 20 en el marco de la presencia estadounidense. La situación se hizo más tensa en el contexto de la Gran Depresión desde 1929, condiciones que pusieron a prueba la relación entre las elites puertorriqueñas y el poder colonial. Los argumentos morales tradicionales y los económicos modernizadores pujaban en direcciones opuestas. Los primeros pugnaban para, con el fin de proteger  una  tradición y herencia comprendida de modo peculiar, oponerse a su legitimación. Los segundos para, con el fin de respaldar una modernidad comprendida de modo peculiar, favorecer su legitimación.

Aquella ambigüedad explica por qué en 1930 Muñoz Marín, un activista que se movía entre las izquierdas y el nacionalismo moderado, se opusiese a las tragamonedas o traganíqueles. Permite también comprender por qué mediante la Ley 11 del 22 de agosto de 1933 se ilegalizó aquellos artefactos hasta el punto de que, en un simbólico espectáculo, las máquinas existentes confiscadas fueron “destruidas y lanzadas al mar frente al Morro”. Era como si la tradición se hubiese impuesto ante un signo modernizador que se despreciaba:  la presunción de que Puerto Rico podía ser moderno sin apelar a la “suerte”, es decir, dependiendo sólo de la razón instrumental, estaba allí. Las posturas reflejaban valores culturales distintos.

La legitimación del juego de azar en 1948 puso frente a frente el conjunto de los valores tradicionales y modernos. El dualismo maniqueo de la oposición no me sorprende. Puerto Rico se encontraba entre dos aguas, al garete quizá,  si pienso en la metáfora de Antonio S. Pedreira. El país se movía por las aguas inseguras de su modernización material y espiritual dependiente. En aquel momento daba sus primeros pasos dentro del proceso de industrialización por invitación conocido como Operación Manos a la Obra (1947-1976).  Los opositores al juego se apoyaban en los parámetros de un idealismo abstracto y en el culto a la limpieza moral y al valor del trabajo propios de la ética burguesa. Los defensores del juego se apoyaban en los parámetros de un realismo pragmático y en el culto a la necesidad de un hipotético acceso a los bienes materiales a cualquier costo.

A nadie debería extrañar que la revisión del estatuto de 1948 se diese en 1974, momento en que la crisis del proyecto económico de 1947 era evidente y se cuajaba su reformulación en el marco de Era de las Empresas 936 (1976- 2005). La garantía de que los juegos de azar no desembocaran en la disolución moral correspondía el Estado. Estatalizadas las traganíqueles se presumía que cumplirían una función sanadora en un mercado que se asomaba al colapso. De igual manera los avatares del mercado, revisión que debe hacerse con sumo cuidado, justificaron la privatización del recurso y estimularon su multiplicación en el año 1996 bajo una administración PNP, la de Pedro Rosselló González (1944- ).

Este libro de Ramos Méndez ratifica la importancia de la historia de las tragamonedas o traganíqueles y la industria de los casino como un indicador  más de la evolución de un mercado dependiente y anómalo desde el periodo entreguerras y la Gran Depresión hasta la fractura del orden de posguerra y la intrusión del neoliberalismo colonial. El autor hace un esfuerzo loable por comprender el papel de aquel giro, la intolerancia o la tolerancia a los juegos de azar por cuenta de las fuerzas del Estado, en el contexto mayor de la transición de una economía liberal moderna desarrollada en medio de la segunda posguerra mundial, a una economía neoliberal posmoderna en medio de la transición al fin de la guerra fría y el inicio de la posguerra fría, siempre en el marco de la dependencia colonial. Tampoco pasa por alto las transformaciones del productor directo y el ciudadano de consumidores moderados a consumidores neuróticos o gente que “vive para consumir” como sugería el sociólogo Zygmund Bauman. La transición de un estadio a otro, fases siempre superpuestas e imposibles de separar,  requería acorde con este volumen,  una mayor confianza en la alea o la suerte y el liderato del PPD estuvo dispuesto a negociar en esa dirección.

Notas en torno al libro de Mario Ramos Méndez (2020) La modernización de la suerte: la legalización de las máquinas tragamonedas en 1974. (San Juan): Editorial Las Marías. 87 págs.

enero 9, 2018

Crónicas del siglo 20: el PNP y Ferré Aguayo en el poder (1968-1971) (1)

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

En el contexto concreto de su tiempo el pensamiento y la praxis política de Luis A. Ferré Aguayo (1904-2003) y el Partido Nuevo Progresista representaron lo que puede denominarse como un “nuevo estadoísmo”. Su actitud revisionista de la experiencia del Partido Estadista Republicano (PER) merecería un comentario más profundo a la luz de los condicionamientos de clase y el escenario cultural en el cual se desarrollaron. Sus posturas se apoyaban en varios principios.

Primero estaba su “estadoísmo gradualista”, una propuesta moderada con respecto al proceso de integración política de Puerto Rico a Estados Unidos que recordaba la del abogado José Tous Soto en la década del 1920. En el caso de Ferré Aguayo ello no tenía que conducir a una componenda con el autonomismo colonial como ocurrió con Tous Soto. Su lógica, atinada por demás desde mi punto de vista, era que el Estado 51 no era una opción para Estados Unidos en lo inmediato. El tono que tomó la discusión del estatus entre el Proyecto Fernós-Murray de 1959 y el plebiscito de 1967 parecía demostrarlo. Por lo tanto, para Ferré Aguayo la meta alcanzable no era “hacer la estadidad” durante el cuatrienio que estuviese en el poder sino “adelantarla” por medio de una administración justa que enfrentara los problemas que el Partido Popular Democrático (PPD) no había resuelto. Durante las elecciones que lo llevaron al poder el estatus no estaba en issue igual que tampoco había estado en cuestión para Luis Muñoz Marín en 1940. Me da la impresión que, para Ferré Aguayo, lo que por aquel entonces se denominaba la “analogía” del Estado Libre Asociado con un Estado garantizaba la estadidad futura. Lo que había que mirar con reserva era cualquier esfuerzo en profundizar la “diferencia” entre el ELA y un Estado por lo que cualquier proyecto que aspirase a una mayor “autonomía” levantaba sospechas.

Segundo, estaba la cuestión de la “Estadidad Jíbara”. Ferré Aguayo criolliza la estadidad a fin de frenar el temor a la asimilación o absorción cultural por el otro. También se trató de una actitud moderada y cuidadosa respecto al proceso de asimilación o americanización dada la persistente voluntad de la cultura sajona por devaluar la cultura hispano-latina a lo largo del siglo 20, asunto que ya he discutido en al menos dos libros. Ferré Aguayo usaba recursos retóricos del populismo agrarista en un nuevo nivel. La idea de que se podía ser estadoísta y puertorriqueño a la vez era clave: el Estado 51 no tenía que ser interpretado como la tumba de una identidad nacional que los estadoístas valoraban. El objetivo concreto de aquel argumento era atraer a los sectores no soberanistas y ruralistas de la base del PPD hacia su proyecto.

El debate sobre la absorción cultural en la Estadidad no era una novedad: había estado allí desde el siglo 19 y era uno de los paradigmas del Estado Libre Asociado y el PPD, organización que desde 1956 dio un giro decisivo hacia la defensa de la “unión permanente” con Estados Unidos. El lenguaje de Ferré Aguayo encajaba en el pluralismo cultural manifiesto en Estados Unidos en la década de 1960. En cierto modo, el populismo ruralista del PPD de 1940 había sido sustituido por el populismo urbano original del PNP desde 1968. En el proceso la organización se alejó del lenguaje del republicanismo estadounidense y se acercó al lenguaje de los demócratas de una manera inteligente, asunto que también había sido tema de discusión en el seno del movimiento estadoísta a lo largo del siglo 20.

 

Gobernar en tiempos de la Guerra Fría

El programa social de Ferré Aguayo y el PNP, la “Nueva Vida”, estaba dirigido a los olvidados del proceso de crecimiento industrial dependiente generados por la experiencia de “Operación Manos a la Obra” (OMO) que pronto llegaría a su fin: los “nuevos pobres” urbanos. Su lenguaje reproducía el optimismo estadounidense de mediados de la década de 1960. En aquel inquieto decenio el presidente Lyndon B. Johnson (1908-1973) había firmado la “Ley de Derechos Civiles” (1964), una transacción con las minorías negras que reclamaban la igualdad ante la ley en el centenario del fin de la Guerra Civil. La situación era más complicada porque las minorías hispanas e indígenas presionaban en la misma dirección. El propósito de la administración Johnson era construir “The Great Society”, plan que funcionaba como un “mecanismo de control de crisis” para mediar con la conflictividad de una década de revolución cultural.

Lo que resultaba innegable era que el orden emanado de las paces de la Segunda Guerra Mundial se venía abajo. La Guerra Fría alcanzaba un nivel de tensiones extremo en medio de la era de la “mutual deterrance” o “mutua disuasión” entre estadunidenses y soviéticos. El consenso alcanzado afirmaba que poseer arsenales de armas nucleares masivos impediría una guerra este-oeste a la vez que beneficiaría al complejo militar industrial.  Vietnam, conflicto heredado de Francia tras la II Guerra Mundial (1955-1975), era el problema principal para Moscú y Washington. El choque con los vietnamitas del Frente Nacional para la Liberación de Vietnam (Vietcong) movilizó intereses chinos y rusos y las tres potencias involucradas poseían capacidad nuclear.

La situación colocó al ELA en una situación incómoda: la fidelidad de los puertorriqueños estuvo bajo examen más que nunca. Un efecto de ello en la praxis política local fue que favoreció la moderación del centro y la derecha, a la vez que estimuló la radicalización de las izquierdas políticas: fue una década de polarización irracional pero comprensible. Entre 1960 y 1971, el FBI administró el programa COINTELPRO que vigiló, investigó e intervino con las actividades del independentismo, el socialismo e, incluso, con estadolibristas sospechosos que boicotearon el plebiscito de estatus de 1967. El anticomunismo se convirtió en un signo de lealtad a Estados Unidos alcanzando cotas tan notables como el antinacionalismo en 1930 y 1940. El arribo a Puerto Rico del “Éxodo Camarioca” (1965 ss.) de Cuba, estrenada como república socialista desde 1961, hizo la situación más difícil para los elementos radicales en la isla

 

Un programa social para los “humildes”

Al final de su gobierno Ferré Aguayo había madurado su proyecto emblemático para la década del 1970. El “Patrimonio Para el Progreso” (PPP) era su “carta de triunfo” para las elecciones de 1972. Ferré Aguayo era un demócrata cristiano que se apoyaba en los principios del corporativismo católico. Una de las fuentes de su propuesta de futuro derivaba de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. En la década de 1960 esa institución había intensificado la reflexión sobre la desigualdad social. El revisionismo del rito religioso, la nueva práctica de ofrecer la misa en lengua vulgar por ejemplo o con el sacerdote de frente a la feligresía, fue un gesto interesante que vino acompañado de una revisión de su actitud ante las injusticias sociales: había que despertar del letargo y avivar la fe. Una de las razones para actuar de ese modo en aquel momento era, sin duda, la amenaza que representaba la socialdemocracia, el socialismo y el comunismo al orden cristiano. El cristianismo y el anticomunismo se combinaron para generar un justicialismo que no fuese acusado de anticapitalista. El PPP requería una convergencia racional y humanitaria entre el Estado por su capacidad para intervenir en el mercado, y la buena fe de la burguesía por su acceso al capital.

Ferré Aguayo no estaba descubriendo el Mediterráneo en 1972. Muñoz Marín y el PPD habían afirmado las virtudes de Estado Interventor para construir una sociedad más justa siguiendo el modelo del Nuevo Trato (1941-1946). El Estado debía servir como mediador entre el capital y el trabajo en nombre del pueblo pobre y sencillo en el marco de la sociedad industrial. Y el Partido Nacionalista (PN) tenía en su programa electoral de 1932 el corporativismo cristiano como modelo, actitud que también necesitaba de Estado Fuerte capaz de articular un orden de igualación social desde arriba mediante una alianza eficaz con el capital nacional. Las diferencias entre el PPP y el Estado Interventor o el Estado Fuerte eran varias. Primero, que el PPD y el PNP buscaban articular su meta al lado de Estados Unidos y el Partido Nacionalista separándose de ese país. Y segundo, que si el PNP y el PN se apoyaban en la iglesia, el PPD era un partido más secular que había chocado con esa institución en 1960.

El corporativismo cristiano del PPP requería un compromiso de la burguesía capitalista con sus fines y la disposición a elaborar una distribución de la riqueza más justa e igualitaria. Pero una de las peculiaridades del ELA y OMO era que la asimetría entre la burguesía puertorriqueña débil y la foránea, en lo esencial estadounidenses, fuerte. Aquellos sectores no veían a Puerto Rico del mismo modo. El Estado Corporativo cristiano no era fácil de construir sobre esa base pero, como expresión de protesta ante el orden, poseía una gran riqueza. El PPP crearía un fondo de inversiones que facilitaría el acceso al capital para los potenciales inversionistas puertorriqueños. Sin duda, aquella era la mejor crítica a OMO y al PPD, fuerzas que habían favorecido al capital foráneo minando las posibilidades del desarrollo del capital puertorriqueño.

El propósito final era simple: “todo puertorriqueño, un capitalista”. Aspiraba construir una sociedad de mercado idealmente competitiva con justicia distributiva para los productores directos para con ello atenuar la conflictividad y la lucha de clases. Las contradicciones se cancelarían en la medida en que los productores directos y los dueños de los medios de producción armonizaran sus intereses. Al abolir la desigualdad y atenuar la pobreza, se evitaría la revolución social y la confianza en el Estado se restauraría. El PPP era una refinada política anticomunista de improbable aplicación a una realidad social que la excedía. Los hechos de Cuba (1961) y los de República Dominicana (1963), donde los gobiernos de Fidel Castro y Juan Bosch miraran hacia la izquierda, fueron determinantes. Ferré Aguayo se proponía una Revolución Social Burguesa Humanitaria desde “arriba”. EL PPP se hizo público cuando la promesa de “progreso” estadounidense estaba en problemas. El capitalismo se abocaba a una crisis enorme (1971-1973) y OMO se derrumbaría hasta desaparecer en 1976.

 

Últimos apuntes

Dos situaciones afectaron el gobierno de Ferré Aguayo. En lo local, un gobierno “compartido” con el Senado controlado por el PPD, cuerpo presidido por el Lcdo. Rafael Hernández Colón (1936-2019), limitó las posibilidades de acción del ejecutivo. En lo internacional, la crisis iniciada en 1971 que implicó el abandono del patrón oro y la primera devaluación del dólar en su historia junto a la crisis petrolera y el aumento de los precios del crudo en 1973, inauguraron una era nueva. El comportamiento del capitalismo de posguerra comenzó su larga evolución hacia el capitalismo neoliberal (1970-1990). El estadoísmo tendría que reformularse sobre bases innovadoras.

noviembre 10, 2016

Cuatrienio de grandes retos para Alejandro García Padilla y el PPD: una mirada retrospectiva

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

En 2012 los observadores del proceso electoral pensaban que el PNP iba a revalidar en los comicios. Yo era uno de ellos, lo confieso. La victoria de García Padilla nos sorprendió pero resultaba comprensible a la luz de la erosión de la imagen de la administración Fortuño Burset. Varios elementos favorecieron su triunfo.

Uno fue su apelación por medio de un lenguaje populista que recordaba al PPD de los años 1938 y 1940. El 25 de julio de 2012 García padilla ofreció un discurso en la conmemoración del ELA en Mayagüez vestido de impecable blanco como Muñoz Marín en sus mejores años. Otro recurso eficaz fue la promoción de su imagen de líder cercano a la gente y accesible que desarrolló cuando ejerció como Secretario de DACO entre el 2005 y el 2007. Parece que en Puerto Rico esos índices emocionales son suficientes para movilizar al electorado popular e indeciso.

Alejandro García Padilla

Alejandro García Padilla, gobernador saliente

Los pilares de victoria fueron varios. Primero, la promesa de enfrentar el asunto del estatus o de iniciar una discusión serena sobre el mismo. Segundo, enfrentar de la crisis fiscal poniendo el pueblo por delante de los acreedores. Eduardo Bhatia y su reclamo para que hablara el pueblo fue importante en ese momento. Tercero, había un compromiso de afrontar la crisis económica que se aceleró desde 2005. La oferta de crear 60,000 empleos y el hoy olvidado proyecto económico de Ángel Rosa, eran parte de sus municiones. Un elemento importante de todo aquello fue la seducción que provocaba su confianza inocente en la capacidad del país para enfrentar las contrariedades.

El estancamiento y el decrecimiento de la economía es uno de los ejes de la crisis fiscal, y la cuestión del estatus colonial es el entramado en el cual aquellas se cuajan. La interrelación de esos tres componentes es innegable y no se puede resolver la una sin resolver las otras. En ello radica la dificultad de nuestra situación.

Si se trata de las áreas menos exitosas me parece que allí están las mismas. La devaluación el crédito y el cierre de los mercados financieros minaron la unidad del PPD y lesionaron su liderato: el país era gobernable pero el PPD no lo era. El debate al interior del partido por el asunto de IVA y la rebelión de los soberanistas encabezados por Carmen Yulín Cruz lo ratifican. Me parece que la unidad perdida en 2013 no ha sido recuperada a la altura de las elecciones de 2016. David Bernier Rivera no ha sido capaz de restablecerla. Nada me indica que un PPD unido tenga mayores opciones que con uno que no lo está. Me sorprende, no lo niego, el silencio reciente de figuras de la legislatura en las cuáles solía confianza: Rossana López León, por ejemplo. La crisis creciente silenció a las mejores voces más confiables y le dio voz a los acólitos. La imagen de que el PPD se derrumba es ineludible.

Los mayores éxitos, al menos los que ha reclamado esta administración, tienen que ver con el estímulo de la agricultura, el crecimiento del turismo en general y del de cruceros en particular y con el establecimiento de representantes de negocios del ELA en algunos países. Los tomo con pinzas y con mucho escepticismo. Ese es un discurso que está circulando desde la década de 1990 con muchas altas y bajas. Se trata de escenarios que se caracteriza por la fragilidad. Me consta que la aplicación de PROMESA puede erosionar los avances de la agricultura y las relaciones interamericanas del ELA. No solo eso: un fenómeno natural como un mosquito y el zika lastiman con facilidad las posibilidades del turismo en un momento en que una Cuba que retorna al mercado capitalista apasiona al turista con dinero de Estados Unidos continental. En los tres renglones las trampas de la relación colonial se hacen evidentes. El cabotaje marítimo y aéreo, la competencia de la agricultura de aquel país con la nuestra y la falta de soberanía para proteger los interese de los puertorriqueños limitan las posibilidades del país.

Un último punto: la tolerancia, a pesar de todo, ha ganado algo durante este cuatrienio tan intolerante y trágico. La discusión, atropellada y superficial en ocasiones, de algunos asuntos tocantes al género, al cannabis medicinal y recreativo y a las minorías, resultó refrescante. El problema, me parece, es que su utilización para fines político-partidistas era muy obvia y generó contradicciones. El liderato PPD quería rejuvenecer su imagen de organización liberal y abierta. No funcionó. La justicia y el partidismo son asuntos que chocan y, una vez se les vincula en la gobernanza, no subsanan los defectos de una cultura dominada por el prejuicio, el discrimen y el conservadurismo.

Nota: Versión completa de una reflexión publicada en Metro 10 de noviembre de 2016:8.

julio 13, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

la-nueva-pavaLa otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

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