Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

febrero 23, 2018

Crónicas del siglo 20: el PNP y Ferré Aguayo en el poder (1968-1971) (2)

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador

El triunfo del PNP en 1968 demostró que había una gran incomodidad con el orden instaurado desde 1952. La victoria de un partido estadoísta, la primera desde 1940, y los cuatro años de gobierno de Luis A. Ferré Aguayo colocaron al PPD en la difícil posición de partido de minoría que habían tenido en el cuatrienio de 1940 al 1944. La gran diferencia era que en 1968 no existía la posibilidad de aliarse con otros bloques políticos para quitarle poder efectivo Ferré Aguayo. Los populares se habían hecho de muchos enemigos desde 1944 en medio de su proceso de trasformación ideológica.

Unos estilos de gobierno distintos

No solo eso, el nuevo gobierno cambió las prácticas de la gobernanza local. Es cierto que cuando Ferré Aguayo accedió al poder el estatus no estaba en issue. El triunfo no debía ser interpretado como un visto bueno para “traer la estadidad” como se decía en aquel entonces. Por otro lado, todavía el PNP no había adoptado la postura de que Estados Unidos era un poder colonial y que el ELA era una colonia retrógrada. Al contrario, Ferré Aguayo era comedido al tratar aquel el asunto y se sentía “en la obligación legal y moral de defender la Constitución” del ELA en 1972. De igual manera su comisionado residente, Jorge Luis Córdova Díaz, habría de afirmar categóricamente  cuando se discutía el caso de Puerto Rico en el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que “ciertamente no somos colonia” con argumentos análogos a los de los populares. El PNP no se concebía como un partido anticolonial tal y como comenzó a proyectarse durante la era de Carlos Romero Barceló a partir de los 1980.

Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón

El estadoísmo se movía todavía en las aguas de un gradualismo moderado que se justificaba por el hecho de que, en general, su victoria electoral de 1968 era explicada a la luz de la división del PPD y pocos pensaban que, bajo condiciones de unidad en aquella organización, pudiese repetirse. Ello no impidió que el PPD, encabezado por Rafael Hernández Colón, los acusara de querer imponer subrepticiamente la estadidad. Tampoco impidió que los actos de Ferré Aguayo se proyectasen como un intento genuino de adelantarla y hacerla atractiva ante un electorado que, en general, temía al cambio.

Los efectos de la crisis económica que se produjo a partir de 1971, y esto es muy importante para conocer el Puerto Rico de los 1980, legitimaron el aumento de las transferencias federales de beneficencia en un estilo que es plausible denominar como un “nuevo Nuevo Trato”. Uno de los componentes más emblemáticos de aquel momento fue el programa de “Food Stamps” o “Cupones de Alimentos” auspiciado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Uno de los logros de Ferré Aguayo fue que, durante su administración, se negoció la aplicación del mismo al país en crisis. La lógica del programa era que, con la dádiva, se generaría una mayor “demanda agregada” en un mercado donde el consumo se venía al suelo en medio del estancamiento económico, la escasez y la carestía de los bienes de consumo.

Los “Food Stamps”, unos de los signos más claros del Estado Benefactor y Asistencial, existían desde la Segunda Guerra Mundial cuando fueron creados con el fin de  suplir las necesidades de las familias de los soldados activos y favorecer la producción agraria estadounidense. El programa fue extendido parcialmente a los territorios no incorporados o coloniales mediante sendas leyes de 1971 y 1974. A la altura de 1977 ofrecieron cubierta completa y, en 1982, se transforman en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que la lógica neoliberal acabó por condenar como el generador de una masa empobrecida dependiente del Estado. El efecto más visible de la beneficencia en el ELA, según algunos observadores, fue que profundizó la dependencia y estimuló la moderación política de las masas las cuáles, de por sí, estaban acostumbradas a la mesura. Aunque no niego los efectos de ello, me parece que se trata de un argumento simplificador que, por sí solo, no explica el complejo asunto de la dependencia colonial y psicológica creciente desde el final de la Segunda Guerra Mundial al presente.

De otra parte, el PNP en el poder revisó uno de los pilares de Operación Manos a la Obra: la Ley de Tierras de 1941. Como resultado de ello, los usufructuarios de tierras cedidas por el Estado comenzaron a recibir un título de propiedad. Los predios, fuesen fincas de beneficio mutuo o parcelas, fueron devueltos al mercado libre. En alguna medida aquel fue un proceso de “privatización” que, a la vez que creaba “propiedad privada”, rompía la subordinación del usufructuario con el Estado convirtiéndolo en propietario.

Por último, Ferré Aguayo articuló una política de aumento salarial a los empleados públicos que le ganó enormes simpatías entre la burocracia gubernativa media. Si bien la política laboral del PNP no podía eliminar la desigualdad salarial entre Puerto Rico y Estados Unidos en el mercado privado, sí se sentía en posición de mejorar los estándares de vida de los funcionarios públicos y ganarlos para su causa. Junto a ello creó un “bono de navidad” aplicable lo mismo a la empresa privada que a la pública. Es ese sentido, comenzó un proceso de encarecimiento del costo de administrar que no encontró freno sino en medio de la crisis fiscal después del 2010. Ferré Aguayo, sin darse plena cuenta de ello, fue parte de la construcción del orden que está en entredicho hoy en medio del hundimiento de las finanzas del Estado Libre Asociado y la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal.

Efectos políticos a mediano plazo de un triunfo electoral

El triunfo del PNP y Ferré Aguayo tuvo otra secuela política: exacerbó lo mismo a las izquierdas y a los nacionalistas que a los populares. La actitud era comprensible: no había habido un partido estadoísta en el poder desde 1940 y los populares que, desde 1944, habían perdido la costumbre de ser un partido de minoría no atinaban a la hora de ajustarse al cambio. Además, la capacidad de negociar que el PPD había demostrado 1940 ante la Coalición Puertorriqueña ya no existía en 1968. Las elecciones de 1968 se constituyeron en un índice del giro inesperado que iba a tomar la política electoral puertorriqueña en adelante. El terreno estaba abonado para que un sector de los independentistas comenzase a ver en los populares identificados con la autonomía un aliado potencial. El nacionalismo de la década del 1930 nunca lo hubiese interpretado de ese modo. El fenómeno del “melonismo”, la irracionalidad y la agresividad a la hora del voto se impusieron sobre una parte significativa del electorado.

En el territorio de los populares la erosión de las simpatías se manifestó en el constante “cambia cambia” ampliamente difundido por la prensa. Se trataba de los mea culpa públicos y las conversiones de populares en penepés, las cuales constituyeron un componente llamativo de la campaña estadoísta. Cuántas de aquellas transformaciones ideológicas fueron reales y cuántas un mero truco publicitario es un asunto que nunca se podrá aclarar del todo pero su efecto en el acontecer parece haber sido relevante. Una de las fuentes del crecimiento del PNP fueron populares disgustados con el continuismo de aquella organización y los nuevos pobres de la era de la industrialización por invitación

Claro que aquel fenómeno no explica por completo un problema tan complejo. Los historiadores sociales también reconocen el papel cumplido por la inmigración cubana, el “Éxodo Camarioca” de 1965, sector que, en general, se convirtió en un aliado del estadoísmo y el PNP en el marco del discurso anticomunista auspiciado por Estados Unidos. De ese modo el anticomunismo, que ya era un fenómeno visible en la década de 1930 y 1940 entre nacionalistas y estadoístas republicanos, se intensificó. Es importante afirmar que el anticomunismo en la década de 1960 no fue solo una fiebre que contaminó a los estadoístas. El PPD no se quedó atrás en la manifestación de esa actitud y la paranoia de Luis Muñoz Marín respecto a la amenaza nacionalista/comunista a su seguridad es emblemática. La diferencia no era de fondo sino de meros grados.

En general Ferré Aguayo no resultaba simpático ni para el PPD, ni para los nacionalistas ni para  izquierdas socialistas democráticas o marxistas. Sin embargo, es importante señalar que también tenía adversarios dentro del PNP. El estadoísmo era una tendencia ideológica tan heterogénea como el independentismo y el estadolibrismo. Una fracción visible que representaba los intereses del capitalismo tradicional no comulgaban con la democracia cristiana y el corporativismo que emanaba de la retórica del «Patrimonio Para el Progreso”. Para aquellos sectores ese lenguaje no pasaba de ser una expresión idealista que no encajaba en el marco del capitalismo competitivo más eficaz. La actitud recuerda el lenguaje anti Nuevo Trato de los republicanos en el marco de la aplicación de ese proyecto a la isla en la década de 1930.

Una porción más agresiva políticamente rechazaba el “estadoísmo gradualista”. Para algunos de los más jóvenes la estadidad era “urgente” o una necesidad “inmediata”, actitud que recuerda la de Pedro Albizu Campos cuando advino a la presidencia del Partido Nacionalista en 1930. Otros ponían en duda el valor y las posibilidades de la “estadidad jíbara” y comenzaban a expresar un lenguaje que trataba a la estadidad como proyecto de “igualdad” capaz de enfrentar, de la mano del Estado Benefector y Asistencia, la “pobreza”.

Una parte de aquellos grupos tomaron distancia de Ferré Aguayo y se movieron alrededor de la figura de Carlos Romero Barceló (1932-) quien en 1976 publicó su panfleto La estadidad es para los pobres. Romero Barceló fue co-fundador del PNP y el primer alcalde electo de la capital en tiempos modernos en 1968, puesto que ocupó hasta 1976.  Su victoria en la contienda por la alcaldía de San Juan abrió un periodo de hegemonía del PNP sobre esa ciudad que continuó con Hernán Padilla (1977-1985) y culminó con Baltasar Corrada del Río (1986-1989). La relevancia del control de San Juan para el juego político colonial se hizo determinante. La alcaldía de la capital se convirtió desde aquel momento, igual que la presidencia del Senado antes, en una plataforma para aspirar a la candidatura de la gobernación.

Las desavenencias al interior del PNP y la agresividad del PPD encabezada por Hernández Colón, un miembro de la “Nueva Generación” de populares fieles a la memoria de Muñoz Marín, explican la derrota del Ferré Aguayo en los comicios de 1972 tras los cuales el PPD volvió al poder. Durante la campaña electoral Muñoz Marín regresó al país tras su retiro y, en un acto mediático de masas, le pidió a la concurrencia que votara por el joven candidato. El acto legitimó el liderato y la fidelidad del abogado de Ponce como heredero de la “Vieja Guardia”. El pasado de Hernández Colón como miembro del rebelde “Grupo de los 22” quedó atrás.

Resulta evidente que, desde aquel momento, el énfasis en el proyecto de “culminación” del ELA cambió y el PPD se vio precisado a acentuar el principio de la “asociación” o “unión permanente” entre ambos pueblos siguiendo la pauta del Muñoz Marín conservador de la década de 1960. En aquel proceso de moderación el triunfo del PNP en 1968 parece haber sido decisivo. La afirmación de la “separación” o “diferenciación” disminuyó ante la afirmación de la “integración” e «igualación». Las circunstancias permitieron que los sectores “integristas” del PPD se impusieran sobre los sectores “soberanistas” tal y como había sucedido en 1940 y en 1946. Cuando Muñoz Marín murió en 1980, el PPD estaba en manos seguras y moderadas.

octubre 31, 2013

Puerto Rico en la década de 1970: la política y la economía (II)

  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

En Puerto Rico las reacciones fueron diversas. Por una parte, se lanzó una campaña para explotar el petróleo de la costa norte del territorio pero la propuesta animó la  resistencia de la militancia ambientalista que había ido creciendo y politizándose a lo largo de la década de 1960. Por otra parte, como ya se ha sugerido, el Estado se hizo más autoritario ante las protestas. La Guardia Nacional fue activada para paliar las resistencias, una práctica común en el país para enfrentar los procesos de crisis desde la Gran Depresión al presente.

Huelga universitaria de 1981

Huelga universitaria de 1981

En tercer lugar, se trató de atenuar el impacto de la debacle en el pueblo mediante los recursos del Estado. Entre 1971 y 1972, el ELA negoció la inclusión de la isla en la lista de territorios  que recibiría “Food Stamps” o “Cupones para Alimentos” del Departamento de Agricultura, un programa creado en Estados Unidos con el fin de apoyar la agricultura de aquel país. A la larga, la decisión demostró una de las debilidades más notorias de “Operación Manos a la Obra” porque, hacia 1981, el 56 % de la población recibía  “Food Stamps”. El esfuerzo planificador del Estado no había conducido a la superación de la pobreza y la “Vitrina” estaba rota. Con aquel esfuerzo el Estado Interventor evolucionó en Estado Benefactor o Beneficencia con el fin de salvaguardar el orden siempre en el marco de las relaciones coloniales.

Desde entonces, la “cuestión de los fondos federales”  o las “transferencias”, se ha convertido en un tema central de la praxis del Estado. El Estadoísmo las ha interpretado como un mecanismo que favorece su proyecto de integración a Estados Unidos. El Independentismo ha tenido una relación incómoda con ellas. En la década de 1930, el Partido Nacionalista criticó el Nuevo Trato sobre la base del argumento de que trataba a los puertorriqueños como mendigos y los degradaba moralmente. En la década del 1970 y el 1980, las izquierdas y el “Nuevo Movimiento de Independencia”, que se movían ideológicamente entre el nacionalismo y el socialismo, las vieron  como un “mecanismo de control de crisis” que atentaba contra las posibilidades de una revolución social y popular en el país.

Las transferencias problemáticas para nacionalistas, izquierdistas e independentistas siempre fueron los destinados a “beneficencia” o “asistencia social”. Pero es innegable que, antes y después de 1972, las transferencias federales que llegaron a manos de ciudadanos  del ELA nunca han sido mayoritariamente de “beneficencia” o “asistencia social”. Históricamente la mayortía de las transferencias federales ciudadanos del ELA han sido “transferencias federales devengadas o ganadas”: pensiones de seguro social, veteranos, laborales o por incapacidad.

Lo único que ha pasado después de 1972 es que las “transferencias federales no devengadas o ganadas” -“Food Stamps”, Educación, Salud-, aumentaron su participación en el total de las transferencias y llegaron a representar el 37 % de la totalidad en 1980. La crisis que vivía el país entre 1980 y 1983 las justificó. Pero también es cierto que la tendencia de las mismas desde  1980 y el 2000 ha sido a la baja consistente llegando a significar el 23 %. La reducción del monto no ha tenido que ver con la disminución de la pobreza, como con la puesta en duda de los valores del “Welfare State” o Estado beneficencia de  camino al “Workfare State” o “estado Facilitador (del Capital)”  que domina en la Era Global y el Neoliberalismo.

Vistas del Cerro Maravilla

Vistas del Cerro Maravilla

Políticamente lo más relevante es que la larga crisis, en lugar de alejar a Puerto Rico de Estados Unidos, lo acercó más a la metrópoli. La nueva situación desanimó la discusión del cambio político hacia una mayor autonomía o la independencia entre los populares, y favoreció el avance del Estadoísmo y su reformulación El Estadoísmo, bajo Ferré y Romero Barceló, se articuló sobre un lenguaje neo-populista y se proyectó como un representante fiel de los humildes o los  pobres. Romero Barceló, además, presionó para que se disociara al PNP del Partido Republicano continental y militó en el Partido Demócrata. El proyecto Populista, el ELA,  “Operación Manos a la Obra” estaban llegando a su fin sin pena ni gloria. La Corporaciones Públicas y las medidas creadas desde 1940, dislocaron el Servicio Público politizándolo. De un modo u otro, para trabaja en el gobierno entre 1940 y 1968, había que ser popular. Después de 1968, ocurrió lo mismo con las administraciones del PNP.

El clientelismo político se desarrolló paralelamente con el crecimiento de la nómina del Estado lo mismo en administraciones del PNP que del PPD. La nómina del Gobierno creció sobre la base del “clientelismo”. El servicio público nunca maduró en el camino de valorar al candidato sobre la base del “mérito” como criterio de integración a la fuerza laboral estatal. El empleado público acabó por ser considerado un trabajador privilegiado que disfrutaba de buenos salarios, excelentes beneficios marginales y seguridad después de su jubilación tras la cual, en buena parte de los casos, disfrutaría de dos ingresos, el estatal y el federal. El clientelismo es un mal que todavía hoy aqueja a agencias como la Autoridad Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado lo mismo en todos los niveles de su jerarquía.

Lo cierto es que, si bien en 1950 el servicio público representaba el 7% del total de la fuerza laboral; en 1998 había su participación en la población laboralmente activa había aumentado hasta el 22 % convirtiendo al Estado en uno de los principales empleadores del país. El resultado fue que el Gobierno y sus procesos se burocratizaron, la gestión pública se hizo más lenta y la administración de la cosa pública más costosa, argumento que se ha utilizado persistentemente para justificar la reducción de la plantilla gubernamental y para eliminar derechos adquiridos en especial en contexto de las crisis que regularmente afectan las arcas públicas. Hacia el 1950 la maquinaria del Estado se componía de 60 organismos; pero en 1998 ya alcanzaba las 138 cuando fueron reorganizadas en 18 departamentos «sombrilla» cobijando 82 dependencias bajo la administración de Pedro Roselló González. La precariedad económica del Estado desde aquella fecha al presente ha forzado una tímida revisión del organigrama estatal que nunca ha producido los efectos deseados.

 

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