Cuatrienio de grandes retos para Alejandro García Padilla y el PPD: una mirada retrospectiva

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Historiador y escritor

En 2012 los observadores del proceso electoral pensaban que el PNP iba a revalidar en los comicios. Yo era uno de ellos, lo confieso. La victoria de García Padilla nos sorprendió pero resultaba comprensible a la luz de la erosión de la imagen de la administración Fortuño Burset. Varios elementos favorecieron su triunfo.

Uno fue su apelación por medio de un lenguaje populista que recordaba al PPD de los años 1938 y 1940. El 25 de julio de 2012 García padilla ofreció un discurso en la conmemoración del ELA en Mayagüez vestido de impecable blanco como Muñoz Marín en sus mejores años. Otro recurso eficaz fue la promoción de su imagen de líder cercano a la gente y accesible que desarrolló cuando ejerció como Secretario de DACO entre el 2005 y el 2007. Parece que en Puerto Rico esos índices emocionales son suficientes para movilizar al electorado popular e indeciso.

Alejandro García Padilla, gobernador saliente

Los pilares de victoria fueron varios. Primero, la promesa de enfrentar el asunto del estatus o de iniciar una discusión serena sobre el mismo. Segundo, enfrentar de la crisis fiscal poniendo el pueblo por delante de los acreedores. Eduardo Bhatia y su reclamo para que hablara el pueblo fue importante en ese momento. Tercero, había un compromiso de afrontar la crisis económica que se aceleró desde 2005. La oferta de crear 60,000 empleos y el hoy olvidado proyecto económico de Ángel Rosa, eran parte de sus municiones. Un elemento importante de todo aquello fue la seducción que provocaba su confianza inocente en la capacidad del país para enfrentar las contrariedades.

El estancamiento y el decrecimiento de la economía es uno de los ejes de la crisis fiscal, y la cuestión del estatus colonial es el entramado en el cual aquellas se cuajan. La interrelación de esos tres componentes es innegable y no se puede resolver la una sin resolver las otras. En ello radica la dificultad de nuestra situación.

Si se trata de las áreas menos exitosas me parece que allí están las mismas. La devaluación el crédito y el cierre de los mercados financieros minaron la unidad del PPD y lesionaron su liderato: el país era gobernable pero el PPD no lo era. El debate al interior del partido por el asunto de IVA y la rebelión de los soberanistas encabezados por Carmen Yulín Cruz lo ratifican. Me parece que la unidad perdida en 2013 no ha sido recuperada a la altura de las elecciones de 2016. David Bernier Rivera no ha sido capaz de restablecerla. Nada me indica que un PPD unido tenga mayores opciones que con uno que no lo está. Me sorprende, no lo niego, el silencio reciente de figuras de la legislatura en las cuáles solía confianza: Rossana López León, por ejemplo. La crisis creciente silenció a las mejores voces más confiables y le dio voz a los acólitos. La imagen de que el PPD se derrumba es ineludible.

Los mayores éxitos, al menos los que ha reclamado esta administración, tienen que ver con el estímulo de la agricultura, el crecimiento del turismo en general y del de cruceros en particular y con el establecimiento de representantes de negocios del ELA en algunos países. Los tomo con pinzas y con mucho escepticismo. Ese es un discurso que está circulando desde la década de 1990 con muchas altas y bajas. Se trata de escenarios que se caracteriza por la fragilidad. Me consta que la aplicación de PROMESA puede erosionar los avances de la agricultura y las relaciones interamericanas del ELA. No solo eso: un fenómeno natural como un mosquito y el zika lastiman con facilidad las posibilidades del turismo en un momento en que una Cuba que retorna al mercado capitalista apasiona al turista con dinero de Estados Unidos continental. En los tres renglones las trampas de la relación colonial se hacen evidentes. El cabotaje marítimo y aéreo, la competencia de la agricultura de aquel país con la nuestra y la falta de soberanía para proteger los interese de los puertorriqueños limitan las posibilidades del país.

Un último punto: la tolerancia, a pesar de todo, ha ganado algo durante este cuatrienio tan intolerante y trágico. La discusión, atropellada y superficial en ocasiones, de algunos asuntos tocantes al género, al cannabis medicinal y recreativo y a las minorías, resultó refrescante. El problema, me parece, es que su utilización para fines político-partidistas era muy obvia y generó contradicciones. El liderato PPD quería rejuvenecer su imagen de organización liberal y abierta. No funcionó. La justicia y el partidismo son asuntos que chocan y, una vez se les vincula en la gobernanza, no subsanan los defectos de una cultura dominada por el prejuicio, el discrimen y el conservadurismo.

Nota: Versión completa de una reflexión publicada en Metro 10 de noviembre de 2016:8.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia adentro

Uno de las prácticas más comunes ha sido afirmar la necesidad de enfrentar el gigantismo del estado reduciendo su nómina mediante varios mecanismos. El más visible ha sido la privatización de las corporaciones públicas o de algunos de sus servicios esenciales. Los escollos que esa praxis produjo favorecieron la subsecuente aprobación de la Ley #29 (2009) que creó la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una versión atenuada de la privatización que, a la larga, cumple la misma función que aquella. La experiencia no ha sido exitosa en todos los casos.

Años antes de la Ley #29 (2009) ya se había privatizado el sensitivo sector de la salud. La Reforma de Salud de Puerto Rico y la creación Administración de Seguros de Salud (ASES) en 1993 bajo la administración Rosselló González, ha sido citado con razón como el gran fracaso en el marco de la privatización. Un proceso similar ejecutado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2002-2004) también naufragó y fue revertido por la administración Calderón Serra. El más sonado evento privatizador sigue siendo el de la Telefónica de Puerto Rico (1998)  bajo la administración Rosselló González en cuyo proceso de oposición corrió la sangre.

Después de la Ley # 29 habrá que investigar con calma el de las autopistas PR-22 y PR-5 entregadas a la corporación “Metropistas”. Las polémicas del 2015 y el 2016 por el aumento en los costos de los peajes o tasas de tránsito, por el descuido de las vías de rodaje y la emisión de multas impunes o arbitrarias han sido múltiples. Otro caso ha sido el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (2012-2013) entregado a “Aerostar Holding Company” bajo la  administración Fortuño Burset y refrendada por la administración García Padilla sobre la base de una discursividad del “honor” y la “honra” que no hacía sentido en el marco del orden neoliberal y del capitalismo salvaje.

Alejandro García Padilla

La discusión sobre la privatización de la producción de energía eléctrica (2013), de los servicios de desganche de las zonas por las pasan las líneas eléctricas (2016), de las brigadas de cuidado e instalación de contadores de agua potable (2015), la de ciertos servicios educativos como los servicios de tutorías y las Escuelas Charter (2015), asuntos que han proliferado bajo la administración García Padilla siguen todavía sin resolverse. En el campo educativo el más visible promotor de una llamada “reforma” que sirva para desmantelar un sistema educativo público con numerosas carencias  de fondo (contenido) y forma (estructura), iniciativas ha sido Eduardo Bhatia Gauthier, Presidente del Senado. Lo mismo puede decirse de su activismo en el campo energético y el enfrentamiento con el llamado “cartel del petróleo”.

La privatización y las APP no han sido alternativa solo para el gobierno estatal y sus corporaciones. Los municipios también han privatizado parte de sus servicios a fin de ahorrar en nómina y en pago de derechos a empleados a la vez que se han lanzado a la empresa de ofrecerse como subcontratistas del gobierno central y sus corporaciones en tiempo de crisis. En 2016 las secciones de obras públicas municipales han ofrecido sus servicios para el desganche de las zonas por las están ubicadas las líneas eléctricas y en 2015 se hablaba de la posibilidad de municipalizar la educación pública para paliar la crisis del sistema. Los procesos de conflicto/colaboración entre el gobierno municipal/estatal, sin embargo, padecen por  los cambios de poder entre rojos y azules. Estas competencias no dejan de ser parte de una tradición. Recuérdese que uno de los reclamos afirmativos de los municipios y ayuntamientos tanto bajo España como bajo Estados Unidos ha sido esa “autonomía” cónsona con el republicanismo, el federalismo y el localismo de viejo cuño que las clases políticas locales siempre han cultivado.

Los procesos de privatización y las APP han partido de la premisa no demostrada de que, en manos privadas o de particulares los servicios ofrecidos serán más eficaces y más baratos porque las fuerzas del mercado y la competitividad así lo promoverán. El retrógrado “dios provee” ha sido sustituido por el “mercado provee”. Un efecto que se considera “natural” y “forzoso” no tiene la necesidad de ser demostrado o documentado pero lo cierto es que ambas tácticas, privatización y APP, pueden garantizar menos gastos para el Estado pero no así para la gente llámese pueblo, trabajadores o consumidores. La libre empresa no ha demostrado ser más eficaz que la empresa estatalizada.

El enanismo y la tecnología digital no aseguran milagrosamente la eficacia y justicia en el proceso de acceso a un bien o un servicio. El enanismo como alternativa sanadora de los problemas del gigantismo, se ha convertido en un acta de fe canónica que no puede ser cuestionada porque hacerlo convierte al crítico en un opositor del “progreso de los tiempos”. Recuerden que durante la Gran Depresión se usó la misma lógica en sentido contrario con el fin de crear el mundo que desde 1990 se ha ido desmantelando. El “progreso de los tiempos” parece un “regreso de los tiempos” al momento ante bellum a sabiendas, soy historiador, de que se “regresa” pero nunca se termina en “mismo lugar”. Este “providencialismo de mercado” que pretende deja todo en manos de fuerzas que son indomables e incomprensibles en espera de la “utopía de consumo” no es un tema nuevo pero resulta ofensivo en un país  sumido en la pobreza y el inmovilismo como lo es Puerto Rico.

Los opositores a la privatización y las APP ven esos procesos como una “venta de activos” que beneficia al “capital privado” en detrimento del “pueblo” o “sociedad” al cual el Estado representa. De un modo otro luchas contra la privatización los pone del lado de un estado que es tan responsable de la crisis como el mercado mismo. En un orden en el cual esos conceptos jurídicos o filosóficos cargados con la herencia del 1789 han sido sustituidos con el de “consumidor”, la protesta convencional pierde funcionalidad. En términos de su compromiso con desmantelar el orden heredado, el  PNP y PPD no difieren del 1993 al presente.

Cónsona con la ansiedad enanista ante el gigantismo ha sido la práctica de reducir la nómina de estado. Lo más común ha sido la creación de ventanas de retiro incentivado y la congelación de plazas vacantes: en 2006 se favoreció ese procedimiento bajo Acevedo Vilá y en 2010 bajo Fortuño Burset. El otro extremo ha sido el despido de empleados temporeros o transitorios, como ocurrió en 2009 legitimado por la Ley # 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal (2008) bajo la administración Fortuño Burset. La cantidad fluctuó entre los 11,699 y los 24,786 obreros de acuerdo con azules y rojos. Nada se ha hecho para eliminar el virus del clientelismo político, una forma de la corrupción que sigue tan viva como siempre en todos los niveles de gobierno.

El otro frente de acción ha sido la reducción de los beneficios de retiro y el aumento de las cotizaciones para el mismo ramo a dos grupos de empleados estatales: los del ejecutivo y los maestros del sistema público. La reducción de pensiones, beneficios marginales y regalías y la privatización de sus sistemas de retiro se impuso desde 2013 bajo García Padilla reduciendo sus haberes a lo que puedan ahorrar estos trabajadores mal pagados de por sí en sus años de servicio. El principio jurídico de los “derechos adquiridos” no fue tomado en cuanta por los tribunales cuando se apeló al mismo.

Sin embargo una decisión análoga respecto a la judicatura no tuvo el mismo efecto sobre los beneficios de ese privilegiado sector laboral. Otros beneficios de retiro como las escoltas de ciertos ex funcionarios del alto rango siguen intocadas y han sido protegidas por los tribunales. El argumento que se usa para justificar esa asimetría es contable: siempre será un expendio mayor el de los numerosos empleados de bajo rango pobres que el de las exiguas elites privilegiadas. El discrimen social se legitima mediante una lógica a toda prueba. Lo cierto es que en términos de sus  políticas laborales, el  PNP y el PPD no difieren desde 2005 en adelante: ambos aplicaron un tipo de terapia de shock o medicina amarga similares y protegieron a la clase política profesional de cualquier amenaza. El síndrome de la austeridad para los muchos y la abundancia para los pocos resulta evidente.

Y  además de privatizar ¿qué hacemos?

Las otras tentativas, las más importantes y las peor articuladas, tuvieron que ver con animar una economía estancada camino a la crisis desde el 2000. La lógica consistía en elaborar una reforma del mercado para estimular la inversión de capital tras el fin de la era de las 936. Para ello había que construir, alegaban, el Estado Facilitador soñado por Clinton y Rosselló González. Esta es una paradoja interesante: el estado colonial siempre había servido bien como facilitador de la inversión del capital foráneo. “Facilitar” comenzó a significar algo distinto desde aquel entonces: había que disponer menos requisitos para la circulación del capital y desalentar la intervención gubernamental en los asuntos del capital. En 2016 dos compañías internacionales demostraron que el Estado no tiene poder alguno ante el capital tras los avances de la facilitación como remedio: Wal-Mart y Uber.

La otra panacea era elaborar una reforma contributiva que redujera la cuota de impuestos por contribuyente asegurando que tuviese más dinero en el bolsillo con el fin de garantizar la circulación de numerario. Los extremos resultaban simpáticos para la gente común. En 2004 el exgobernador Rosselló González habló de una política de cero contribuciones sobre ingresos y en 2011 la reforma contributiva de Fortuño Burset ofrecía hipotéticos alivios sin precedente que, a la larga resultaron insubstanciales.

Las revisiones contributivas fueron en otra dirección desde 2006, momento en el cual además de las contribuciones sobre ingreso y sobre la propiedad hubo que añadirle los de consumo. El déficit presupuestario y el endeudamiento galopante del Estado entre los años 2000 al 2012 así lo justificaron. El IVU de 7% de del 2006, luego de una absurda oferta de reducción que nunca se consumó, fue aumentado al 11.5 en 2013 por causa de las frágiles finanzas del gobierno. No solo eso. La base de bienes tributables se ha ampliado de modo constante entre los 2006 al presente. A pesar de la utopía neoliberal y consumista que ofrecía reducir la responsabilidad contributiva del ciudadano para aumentar su voracidad en el mercado, ha ocurrido todo lo contrario y la tendencia no parece tener fin.

Un hecho circunstancial que no puede pasar inadvertido y que sembró la esperanza en muchos observadores fue el aprovechamiento de los fondos dispensados por la administración Obama y su “Plan de Rescate Económico” (2008-2011). De acuerdo con las fuentes Puerto Rico recibió cerca de 6 mil millones de dólares durante ese cuatrienio pero, si bien las trasferencias federales aumentaron, los efectos sobre la economía local fueron pocos. El uso que se dio a esos dineros no ha sido investigado y la administración Fortuño Burset ha sido cuestionada por ello sin respuesta alguna.

Un futuro que nunca fue

Las bases del nuevo modelo económico se sostenían sobre una hipótesis frágil pero comprensible. Había que apoyarse en lo que se había heredado de la era de las 936 para reinventar al país en el marco colonial. Lo dejó aquella época fue un enorme sector terciario y la experiencia en la transferencia de servicios. Ello debía combinarse con el estímulo del desarrollo de pequeños y medianos negocios. El proyecto “La llave de tu negocio” (2007) bajo administración Acevedo Vilá y el discurso de los PYMES del 2009 al presente bajo Fortuño Burset y García Padilla son los ejemplos más notables de ello. El “empresarismo de avivamiento” esperaba convertir a todo desempleado en un microempresario que pudiese para sus gastos porque el Estado había dejado de sentirse responsable de ello. Claro que se requería un amplio sector consumidor dispuesto a gastar, pero un sistema contributivo que crecía como una hidra no favorecía la voluntad de gastar.

A ello habría que añadir el renglón del turismo el cual se convenía debería ser enriquecido y diversificado más allá de la venta del exotismo tropical vinculado al resort y a la playa. Las perspectivas de redirigir los esfuerzos hacia el turismo de aventura, profesional, ecológico, religioso, médico, deportivo, cultural y de cruceros, entre otros, no ha sido suficiente para paliar la depresión por la que atraviesa una economía colonial. El fenómeno de la vuelta de Cuba al escenario capitalista de manera formal afectará cualquier esfuerzo en esa dirección. Como se verá, en términos de su compromiso, no hay diferencias entre el PNP y el PPD desde 1996 al presente. De igual modo resulta innegable que ambos han fracasado en el desarrollo de un nuevo modelo económico eficaz.

Conclusiones

La sumisión colonial ha producido un interesante fenómeno. A principios del siglo 20 un sector del independentismo, el más visible y recordado por cierto, apropió la relación de sumisión colonial instituida por la Ley Foraker como un rito de paso legítimo hacia la libertad según la ofrecían los republicanos: ese fue el caso de José De Diego Martínez. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación no fue distinta. Los liberales y los comunistas depositaron las esperanzas de redención y descolonización en el Nuevo Trato y  los demócratas quienes expresaron su compromiso con el gobierno propio a través del gobernador electivo y puertorriqueño y la contradictoria mancomunidad o commonwealth denominada Estado Libre Asociado o Free Associated State desde 1952. Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín son el emblema de ese momento.

El fenómeno del sanderismo en 2016 posee un parentesco con aquellos antecedentes que no debe ser pasado por alto.  Representa una tradición que sigue circulando alrededor de la necesidad de una independencia en “buenos términos” con Estados Unidos.  El problema es que los “buenos términos” con Estados Unidos siempre han significado una nueva forma de sumisión colonial. No hace falta recordar la Enmienda Platt a la constitución de Cuba en 1901 y los términos de la oferta Tydings en 1936. A nadie debe extrañar que, en todos los casos, la confianza no haya conducido a donde se esperaba o que haya producido tanta resistencia en los sectores que desconfían de las buenas intenciones del liderato demócrata o republicano con respecto al país. Los efectos divisionistas de estos debates solo sirvieron  para disminuir las posibilidades de una concertación en los tres casos. Unos pedían más desconfianza a los otros y viceversa, pero se trataba de un diálogo imposible porque los extremos hipotéticos eran sordos el uno al otro.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XX

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La impresión que dejan en el observador entrenado los años que van de 1990 al presente es que las estructuras responsables de “orientar” a la ciudadanía sobre la naturaleza del cambio no cumplieron bien esa función. El sistema público y privado de enseñanza pre-universitaria y universitaria, los medios de comunicación masiva y los representantes de la burocracia estatal, salvo contadas excepciones, prefirieron dejar que las cosas sucedieran y observar desde la distancia. Para la gente común el neoliberalismo se ha reducido a la posibilidad de acceder a las tecnologías de consumo más diversas con una tarjeta de crédito, al privilegio de ver televisión digital o satelital de origen fundamentalmente estadounidense a un precio alto o a la proliferación de centros comerciales y megatiendas de todo tipo en las cuáles cualquier identidad puede ser construida cargándola contra una insegura línea de crédito. Los costos de una apropiación superficial del cambio más importante del mercado desde la Segunda Guerra Mundial han sido la enajenación generalizada y la despolitización de las masas quienes parecieran volver a depositar toda su confianza en la “mano invisible” de capital.

Los sectores responsables de evaluar el cambio no han podido hacer comprensibles las  tensiones que produce el giro hacia el neoliberalismo y la globalización porque ellos mismos se han visto forzados a evolucionar en direcciones inéditas o inesperadas que desestabilizan su situación en el sistema de relaciones sociales. La escuela, la universidad, los medios y la burocracia también se alteran en el nuevo orden dominante. Me parece que en conjunto hemos sido testigos de una crisis en todos esos territorios como producto de su pasividad ante el cambio, crisis que se expresado en la forma del silencio cómplice o el cinismo más decidido.

La responsabilidad por la situación crítica ha sido desplazada hacia el “abajo social”, es decir, los empleados que laboran  para permitir la subsistencia del sistema y los clientes de cada día: estudiantes, educadores, consumidores de información y la burocracia gubernamental menor que subsiste con bajos salarios al amparo de unas estructuras materiales e ideológicas decadentes. La actitud asumida ante la huelga estudiantil del sistema universitario público en   2010 por la cuestión de la imposición de una cuota de estudios que luego fue eliminada en 2013 para reanimarla en 2016; y el conflicto con los maestros por la debacle de su sistema de retiro en 2012 y 2013 adjunto a la prisa de las fuerzas políticas en el poder por “reformar” el sistema de educación pre-universitaria pública al costo de la estabilidad del magisterio, demuestra que demagogia y democracia se han convertido en sinónimos para la clase política dominante en el país.

Esa democracia selectiva que protege los derechos adquiridos de unos pocos -empresas foráneas, judicatura, ex-gobernadores, alcaldes- pero en nombre de la debacle demuele los derechos adquiridos por las mayorías, actúa como una oligarquía que lucha por su supervivencia en medio del naufragio. Un asunto que llama la atención es la forma en que un sector no pequeño del “abajo social” adopta el discurso de la oligarquía y lo hace suyo contra los que, bien o mal, protestan contra el mismo. El neoliberalismo no han necesitado que un gobernador, un presidente del senado o de la cámara, un intelectual, un periodista ancla, un economista o un comentarista político  lo apoyen. En Puerto Rico no hay mucha gente de prestigio capaz de ello. La gente común ha legitimado el desplazamiento hacia un nuevo orden producto de la furia y el encono aliándose de facto con la misma clase política que lo ha conducido a esa deplorable condición.

Las opciones en la primera década del siglo 21: Puerto Rico hacia afuera

La lógica de la historia de un siglo sugería la posibilidad de aprovechar la relación con Estados Unidos y nuestra condición de pueblo Latino (Hispano) Americano y Caribeño pare insertarnos en la economía global de modo eficiente. Pero en la era global habría que mirar el “mundo” más allá de “Estados Unidos”. La probabilidad de que una clase política asociada al penepé o a los populares fuera capaz de ello era ninguna. Las limitaciones de esa opción resultan innegables. El pasado de Puerto Rico como posesión sumisa y representante de los intereses de Estados Unidos en el orbe tampoco ayudaba mucho a su imagen. Además las tensiones regionales e internacionales no facilitaron el proceso. El ascenso de Hugo Chávez (1999-2013) y su discursividad presuntamente “bolivariana” con matices de “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, y el fenómeno trágico por demás pero comprensible del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas que involucró a la organización islámica Al Qaeda, reanimaron las tensiones y los temores de la Guerra Fría, todavía frescos en el recuerdo de muchos, en Latino (Hispano) América y alentaron el etnonacionalismo más feroz en Estados Unidos. Del fenómeno George Bush hijo al disparate Donald Trump existe una distancia muy corta.

La ausencia de soberanía no permitía a Puerto Rico participar plenamente en las organizaciones internacionales que hubiesen allanado su inserción en el orden emergente, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), por ejemplo. Las Leyes de Cabotaje (1900) constituían y constituyen un monopolio que veda las posibilidades de que el país se inserte en el mercado libre global y lo niegan por su condición análoga a la de un oligopolio mercantil. El contexto es, por demás, sugerente. Desde  1936 se sabe que se puede ser una dependencia de Estados Unidos sin las Leyes de Cabotaje: esa es la situación de las Islas Vírgenes, por ejemplo. Desde 1984 se sabe que las autoridades imperiales  pueden hacer excepciones a las mismas como ha ocurrido con su Ley de Pasajeros y Cruceros en la isla, uno de los pocos reglones económicos en el cual la administración de Alejandro García Padilla ha podido reclamar algún éxito en 2015 y 2016. A pesar de que en la praxis la necesidad de revisar la aplicación de cabotaje parecía mandatoria, en Puerto Rico fue poco lo que se hizo en esa dirección hasta el 2013 cuando la senadora Rossana López León (PPD) se interesó vivamente en el tema. El éxito de su gestión en 2016, cuando la crisis arropa al país, ha convertido un tema cardinal en un asunto secundario a pesar de que estados como Alaska y Hawai han caminado en la misma dirección de manera persistente y con un auditorio más grande que el de la senadora popular.

Los extremos ficticios -estadoísmos e independentismos- debieron avanzar sobre el centro o estatus quo con agresividad hasta demolerlo durante la década de 1990 a 1999. Después de todo, a la altura de 2010, muy poco quedaba en pie de aquel orden emanado de la Segunda Guerra Mundial. Algo inmunizó al centro dominante de los ataques de los extremos ficticios, probablemente la inacción, la ignorancia o el desinterés de las autoridades del imperio. Pero, sin lugar a dudas, la ventaja en la ofensiva parece haberla tenido el estadoísmo.  Lo más  interesante es que la fragilidad del centro -representado por los populares, el ELA, la colonia, la tercera vía que conduce a un callejón sin salida- no creciera tanto como lo esperado hasta que las mismas autoridades federales por voz del Congreso, el Departamento del Tesoro, el Tribunal Supremo o el presidente se expresaron sobre la nulidad del orden de 1952 en 2016. Me da la impresión de que, incluso para el reclamo legítimo del cambio, la autoridad de Estados Unidos tenía  que expresarse primero. El coloniaje había cumplido bien su función.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVII

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

La década de 2000 a 2009, dominada por las administraciones populares Calderón Serra y Acevedo Vilá (2001-2008), se caracterizó por el comportamiento errático de la economía como era de esperarse. En el bienio del 2003 y el 2004, aún bajo la gobernadora,  mostró un crecimiento moderado entre el 2.1 y el 2.7 %. Sin embargo, a la altura del 2006, ya bajo Acevedo Vilá cuando el periodo de transición al mundo post-936 canceló y se impuso el IVU, el crecimiento  se redujo al 0.5 %. La economía estaba en caída libre: en 2009 cuando la gobernación la ocupaba Fortuño Burset, decrecía en un 3.8 %

 

Crisis económica, crisis social ¿qué más?

Los efectos sociales de aquel fenómeno que se veía venir fueron devastadores. Durante la década la población se redujo en un 2.2 %. El país perdió 82,821 habitantes y lo que habían sido considerados nuestros grandes centros urbanos -San Juan, Ponce, Mayagüez- vieron disminuida su población entre un 9-10 %. El censo presentaba un panorama paradójico. Si durante los primeros 30 años del siglo 20 y durante el proceso de industrialización de la segunda pos-guerra la población urbana crecía dramáticamente, en el mundo postindustrial y en medio de la desindustrialización dominante en los 2000 las ciudades aparentaban vaciarse.

Una cosa no cambió. La gente huía de las ciudades en crisis pero no regresaba al campo. El círculo se completaba con el clásico “salto del charco” hacia los espacios de la “promesa americana”. Durante esa década el porcentaje de la población puertorriqueña viviendo en Estados Unidos alcanzó el 55 % cuadruplicando la estadística de 1950 cuando el tope fue del 12 %. Eso significaba que había más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla. En términos matemáticos unas 300.000 personas emigraron a alguno de los estados de la unión.

La diferencia más visible entre ambos procesos es que, si bien en 1950 el estado auspiciaba la emigración con lo que reconocía la incapacidad de la economía colonial para enfrentar el problema de la superpoblación, en el 2000 se oponía. La nueva actitud se concretó por medio de un discurso nacionalista y moralizador que pretendía comprometer emocionalmente a la gente para que no se fuera de su patria en crisis. Lo cierto es el centro de la preocupación parece haber sido puramente material. La emigración hacía el mercado más pequeño y la crisis cumplía la función de moderar al consumidor más moderado por lo que  los ingresos del estado, la captación de impuestos,  se estaba reduciendo de manera notable. La desindustrialización, la emigración y la moderación del consumo en un orden económico que atravesaba por una crisis fiscal y económica  sin solución plausible en lo inmediato hablaban de la profundidad y complejidad de la crisis. La sociedad de consumo conspicuo o hiperconsumo que produjo el proceso de industrialización por invitación y dependiente ha ido perdiendo consistencia. Los efectos de ello en el orden político y en la confianza de la gente en la clase política y en el sistema de relaciones con Estados Unidos fueron enormes.

Las alternativas del estado eran varias. La lógica administrativa le sugería, por un lado, que debían mejorarse  los procesos de captación de impuestos de todo tipo  y enfrentar la evasión, asunto que si bien insistía en mirar hacía lo que se llamaba la economía subterránea o ilegal, también debía tomar en cuenta aquella que no lo era, es decir, la visible o la legal. Un problema de esta actitud es que resulta más sencillo refinar la captación de tributos de los sectores medios y medios bajos que laboran para el estado que para los sectores medios y bajos medios que laboran independientemente o para la empresa privada. La experiencia en el 2016, los embargos preventivos del Departamento de Hacienda, han demostrado que la evasión contributiva era muy común de empresas medianas y grandes en tiempos de crisis y fuera de ellos y que el estado era más tolerante con esos sectores que con los sectores medios y bajos que trabajan bajo condiciones de presión.

La otra alternativa y la más utilizada por las administraciones PNP y PPD, ha sido crear nuevos renglones impositivos o aumentar significativamente las áreas de aplicación de los ya existentes. A ese se ha llamado con insistencia “meter la mano en el bolsillo” de los ciudadanos. La cantidad de renglones impositivos innovadores creados por las administraciones de Fortuño Burset y García Padilla del 2009 al presente ha sido impresionante pero sus efectos concretos en el ámbito del endeudamiento o la estabilidad financiera del fisco han sido muy pocos. No  se debe pasar por alto que el problema de ambas políticas, así lo han reconocido numerosas autoridades en economía,  es que ambas prácticas ralentizaban el consumo y la inversión.

Al final de la década de 2000-2009 la situación tendió a agravarse y la tendencia se profundizó desde 2010 en adelante. De hecho, el desempleo alcanzó el 14.7 % y la tasa de participación laboral se redujo a un 41.7 % en 2013 bajo la administración de Fortuño Burset y entre los años de  2010 a 2013 la emigración a Estados Unidos  se aceleró. Los observadores se han fijado en especial en el destino de la Florida. En 2014  un total de 1,006,542 personas de origen puertorriqueño vivían en la península subtropical. El destino preferido de los viajeros era Orlando-Kissimmee-Sanford donde su presencia sumaba 324,301.  La fuente más confiable en el análisis de ese fenómeno el colega Jorge Duany (UPR) quien los nominó recientemente como “Floriricans”

La emigración, un viaje doméstico desde la perspectiva legal, ha vuelto a ser un problema en el país en el siglo 21. Algunos han interpretado el fenómeno como una “válvula de escape” que servirá para evitar o retrasar el colapso del sistema. En ese sentido, actúa como un mecanismo de control de crisis. Otros se han referido a la misma como una expresión de rechazo al ELA y a la colonia y una afirmación de la ansiedad por “vivir la Estadidad”. Pero lo cierto es que ambos recursos retóricos miran hacia los aspectos y las posibles consecuencias políticas del fenómeno y dan la impresión errada de que la emigración soluciona todos los problemas de los que emigran. La recepción de los emigrantes o refugiados puertorriqueños en sus destinos migratorios es un asunto que está todavía por investigarse. La percepción que de ellos desarrollan las comunidades de los estados que los reciben tampoco ha sido indagada. Me consta por experiencia personal que los puertorriqueños de Chicago o Nueva York, a pesar de que llevan allí decenas de años, siguen siendo vistos en términos generales como una minoría hispana más por el estadounidense común. La impresión que daba Puerto Rico en la prensa internacional era que, por primera vez desde el siglo 19, Puerto Rico parecía “vaciarse”

 

Los avatares de un fisco en desbandada

En el ámbito fiscal los años 2000 a 2009 mostraron un panorama patético: lo que se denominaba de modo genérico el “gigantismo” del estado y los costos de su mantenimiento se convirtieron en temas claves. La cuestión del “gigantismo” se combinó con la crítica a la burocratización la cual comenzó a verse como un freno al crecimiento económico y a la ineficacia del servicio público. El discurso favorecía el “enanismo” del estado, la desburocratización que sugería la necesidad dejar hacer, dejar pasar al capital y el desplazamiento de bienes públicos al sector privado, es decir, la privatización.

Todo aquel discurso redundaba en la devaluación del servidor público cuya imagen nunca había sido del todo buena, por cierto. Un problema de ese tipo de juicios es que el “gigantismo” y los costos de mantenimiento se explicaban preferentemente a la luz de los muchos puestos de trabajo producto del caciquismo político partidista. Reducir los puestos de empleo, congelar plazas de trabajo y despedir trabajadores fue legitimado. Sin embargo, la mirada al ámbito gerencial bien pagado, espacio ocupado por cuadros ideológicos sumisos a las maquinarias políticas penepé o populares que los nombraron, parecía intocable. Lo cierto es que, en aquel contexto, la sentencia de muerte del estado interventor emanado de la segunda posguerra mundial estaba completa. El acta de nacimiento del estado facilitador que pugnaba por salir del vientre de la colonia desde la década de 1990 fue adjudicada como algo inevitable.

Desde 2003, bajo Calderón Serra,  la brecha entre el Producto Nacional Bruto (PNB) que se reducía,   y la Deuda Pública (DP) que aumentaba, se fue cerrando. En 2003 la DP era el 61.3 % del PNB, mientras que en 2012 la DP era el 93.6 % del PNB. Resulta imposible negar que la reducción en la producción y el endeudamiento público, fue el rasgo dominante desde 1996 al 2013. Desde esa fecha  ya no era posible emitir más deuda porque el sistema estaba en quiebra. La actitud de Standard & Poors, Fitch y Moody’s de degradar el crédito de Puerto Rico fue la expresión más concreta de ello. La deuda, intereses aparte, no ha crecido más desde 2013 al presente porque el mercado no lo ha permitido.

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVI

 

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia

El plebiscito de la Gran Recesión (2012)

Ello explica que el plebiscito de 2012 fuese obra de la administración del PNP de Luis Fortuño Burset (1960- ) quien justificó la consulta por varias vías. La primera era puramente estadística: la victoria electoral apabullante (52.84% de los votos) ante un candidato del PPD, Acevedo Vilá débil  marcado por una acusación federal por corrupción de la cual no resultó “inocente” sino “no culpable” (marzo de 2008 a marzo de 2009). Acevedo Vilá, acusado por las autoridades federales en un caso con fuertes visos políticos, impuso su candidatura a pesar de que numerosos alcaldes, soberanistas y no soberanistas, presionaron para que se retirara. La crisis gubernamental y fiscal de 2006, que condujo al cierre temporero del gobierno y a la imposición del Impuesto de Ventas y Uso (IVU)  del  7 %. El déficit presupuestario forzó al gobierno a tomar prestados 500 millones de dólares para pagar la nómina poniendo los ingresos del IVU como fuente de repago de la deuda.

Los informes del “Comité Interagencial del Congreso” de 2005 y 2007, ambos emitidos bajo la administración del presidente Bush, hijo, dieron continuidad a las conclusiones del “Informe John Bennett Johnston” (1989) y del “Proyecto Donald Young” (1996). En 2005 cualquier observador  más o menos informado debía reconocer que el ELA tal y como se había formulado en 1952, ya no era una alternativa válida para el futuro de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Curiosamente, no fue hasta el 13 de mayo de 2016 que el presidente del Senado de Puerto Rico Eduardo Bhatia, en medio de la discusión para la creación de una Junta de Control (o asesoría) Fiscal para el ELA, afirmó que “En EE.UU. nadie cree en el ELA”. El subtítulo del parte de prensa no debía sorprender a nadie: “El presidente del Senado dice que no ha encontrado una persona en ese país que crea que la relación entre Puerto Rico y Washington puede seguir como ahora”. El planteamiento pudo haber sido hecho en los mismos términos en el 2000 o en el 2005, sin lugar a dudas.

Luis Fortuño y Pedro Pierluisi

En 2007 el “Comité…” sugirió una consulta de estatus en  dos fases. La primera, cuestionaría sobre la deseabilidad o no de continuar como territorio no incorporado, entiéndase, colonia o ELA. De ganar el “Sí”, terminaba el proceso y se aceptaría esa expresión de apoyo a la condición colonial como válida. De ganar el “No”, como era de esperarse, se celebraría una segunda  consulta. El asunto de la misma no sería el futuro político sino el método a utilizarse para resolverlo: o un plebiscito o una asamblea constituyente. La fase final del proceso -la solución- era territorio abierto para la imaginación. Me parece que resulta imposible negar que el ELA ya no anduviera bien aspectado en Washington desde la década de 2000. La respuesta del PPD respondió al imperativo moderado: no reconoció legitimidad a los informes de 2005 y 2007 porque representaban la posición republicana. La respuesta era comprensible pero ello implicaba tomar distancia de un asunto que requería mayor atención.

El plebiscito de 2012 auspiciado por Fortuño Burset y el PNP combinó unas elecciones generales con la consulta de estatus. Para la mayor parte de los observadores el estatus futuro y la política doméstica están fuertemente vinculados pero la práctica de separar una discusión de la otra siempre ha respondido a la consideración de que no todos lo penepés son estadoístas y no todos los populares son estadolibristas. Una fragilidad obvia que manifestaba aquella decisión política era que la imagen de Fortuño Burset en 2012 ya no era la misma que en 2008. Algunos observadores apuntaban que la táctica de apelar al asunto del estatus se elaboraba con la esperanza de ganarle apoyo electoral para una reelección que resultaba dudosa.

El actual gobernador, entonces candidato, Alejandro García Padilla (1971-) fue quien dirigió la campaña de los populares. El joven abogado  de Coamo  provenía de una familia de profesionales vinculados a la educación, la política y a la industria de los seguros de salud. Su hermano Luis Gerardo administraba  Medicare y Mucho Más (MMM),  su también hermano Antonio fue presidente de la Universidad de Puerto Rico entre 2001 y 2009, y Juan Carlo alcalde de Coamo desde el 2000. La consulta de 2012 fue diseñada de acuerdo con las recomendaciones del “Comité Interagencial del Congreso” de 2007. Pero la segunda fase de la decisión fue revisada. Adoptó la forma de dos preguntas formuladas en dos papeletas distintas.

La tasa de participación alanzó un significativo 78.19 % del electorado. La primera papeleta inquirí en torno a un “Sí” o un “No” al Estatus Territorial, es decir, al ELA o la colonia. Esa era la fórmula de un referéndum cualquiera. El “Sí” obtuvo  828,077 votos o 46.03 %.  Las dudas era muchas ¿Eran colonialistas sinceros o populares fieles a su partido? El “No” obtuvo  970,910 votos  53.97 %. La lógica afirmaba que se trataba de una coalición natural de estadoístas, independentistas, soberanistas y defensores de la libre asociación, el ELA soberano y/o la república asociada. Del total de 1,775,893 de votos emitidos, 65,863 fueron en blanco y 13,160 protestadas. Lo más relevante, desde mi punto de vista, fue que aquella resultó ser la primera victoria de un “No” al ELA

La segunda papeleta no preguntó por el método de solución de estatus sino por la preferencia futura entre la estadidad, el ELA soberano y la independencia. La  estadidad obtuvo 834,191 votos o $61.16 %, la independencia consiguió 74,895 votos o 5.49 %, y el ELA Soberano  449,679 votos o 33.34 %. En blanco se contaron  498, 604 o el 28.07 % considerados como el equivalente de los populares fieles y moderados que votaron como les pidió la dirección de la campaña. Un total de 18,357 fueron protestadas. Lo más relevante, desde mi punto de vista, fue que la indicación de dejar en blanco la segunda papeleta no fue respondida como esperaban lo moderados. El ELA soberano, si equivalía a la libre asociación, había obtenido un respaldo inesperado en el proceso. La opción de la estadidad se impuso solamente por el hecho de la división de los populares aunque ello, me parece, no debe ser interpretado como una debilidad de esa propuesta. Las mayorías votaron por la estadidad y esa parece ser la preferencia de un número cada vez más significativo de electores en el país.

La consulta de 2012 se caracterizó por la ambigüedad del lenguaje. La legitimidad de sus resultados ya estaba comprometida cuando se contó el último sufragio. Por un  lenguaje no se ajustó al derecho internacional: el “ELA Soberano” es un concepto extraño al mismo. Por otro lado, las condiciones de la estadidad y la independencia por la cual se votaba, no estaban claras. Los resultados volvieron a ser contradictorios. El “No” al Estatus Territorial no fue tan masivo como se hubiese esperado. El PPD consiguió convencer a una parte significativa de su militancia de votar “Sí” a la colonia. Es bien probable que el grueso del voto “No” fuese de origen estadoístas penepés y no afiliados.

Las lecciones políticas más complejas del plebiscito de 2012 son varias. El estadoísmo no representa todavía la mitad más uno del electorado: su crecimiento desde 1990  al presente, se ha lentificado por consideraciones que habrá que discutir en otro momento. El PPD no pudo convencer a su militancia de que rechazara el “ELA Soberano” o la libre asociación que, en efecto, obtuvo 449,679 votos o 33.34 % en la segunda papeleta. Los resultados, en cierto modo,  expresaron cierto disgusto o apatía con el liderato tanto en el  PNP como con el PPD. A la luz del proceso eleccionario, el poder de convocatoria de Alejandro García Padilla estaba en entredicho: su condición de estadolibrista moderado actuaba contra él y los resultado podían animar a los soberanistas del PPD a adoptar un actitud más agresiva en lo sucesivo.

 

Azules y rojos  después del plebiscito de 2012

La consulta en medio de la crisis fiscal y económica fue el propició una reestructuración parcial de las fuerzas políticas involucradas. En el PNP se levantó un nuevo liderato estadoísta exigente y radical. Ricardo Rosselló Nevares (1979-), sobre la base del grupo amplio “Boricua Ahora Es” ha retado las estructuras del PNP. Una “Asamblea de Pueblo” celebrada en octubre de 2014,  se ha planteó exigir la estadidad mediante la articulación del “Plan Tennessee”. Durante aquellos actos se habló de la posibilidad de crear un nuevo Congreso Pro Estadidad (CPE) como lo hubo en la década de 1930.

Ricardo Rosselló

En 2015 Rosselló Nevares hacía público su aspiración a la candidatura a la gobernación a pesar de que Pedro R. Pierluisi Urrutia (1959-) Comisionado Residente del PNP, confiaba en obtener la nominación sin oposición. En Rosselló Nevares la innovación y el retorno a lo mismo se combinan muy bien. Su apertura ideológica con anticolonialistas no estadoístas compartiendo tribuna con reconocidos independentistas, su apelación a tácticas de lucha olvidadas hace tiempo, su capacidad para mimetizar y amoldar la discursividad anticolonial radical a la causa estadoísta llaman, sin duda, la atención de los observadores. Incluso la juventud que la campaña de Pierluisi Urrutia usa contra su figura y el pasado de su apellido, le han rendido algunos frutos en su escalada política. Sin embargo la funcionalidad de todo ello en procesos concretos como una primaria y unas elecciones generales en las cuáles esos giros retóricos no cuentan mucho, está por verse.

Pierluisi Urrutia ha reclamado sin éxito la estadidad en el Congreso sobre la base de los resultados de la consulta de 2012. La competencia entre estos dos líderes por la candidatura a la gobernación se sostiene sobre la base de cuál de ellos hace más esfuerzos, fructíferos o no,  por alcanzar la estadidad. De hecho, la petición de Pierluisi Urrutia no fue tomada en cuenta en el Congreso por lo contradictorio de los resultados obtenidos. En respuesta a la presión, en 2013 el Comité de Recursos de la Cámara de Representantes pidió a la Oficina de Contraloría General (GAO) un informe sobre el costo de un Puerto Rico Estado 51 para el Tesoro Federal. El informe circuló en 2014 y no fue auspicioso para los estadoístas

En el PPD los soberanistas se han nucleado alrededor de Aníbal Acevedo Vilá (1962- ) y de Carmen Yulin Cruz (1963-). El ELA Soberano como eufemismo de la libre asociación, se esgrime como un recurso para enfrentar la crisis fiscal y económica, mientras que la ahora llamada Asamblea Constitucional de Estatus se concreta como mecanismo jurídico para alcanzar ese fin. Acevedo Vilá fue muy enfático en la necesidad de comprometer al Tesoro Federal para que la refinanciara en su panfleto Hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado (2014). Yulin Cruz ha sido mucho más proactiva y radical a la hora de cuestionar una relación política que ha perdido eficacia, si algún día  la tuvo,  y en oponerse al recrudecimiento del coloniaje que representaría la imposición de una junta se control (o asesora) que cogobernara la colonia. Las fisuras en rojos y azules no parece que vayan a producir rupturas mayores en esas organizaciones. No creo que los soberanistas abandonen al PPD por todo lo que esa estructura significa en términos de acceso al poder. Me parece poco probable que haya otra división en el PNP equiparable a la de Romero-Padilla. El bipartidismo y el sistema de turnos persistirán durante  mucho tiempo todavía.