Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

mayo 26, 2016

Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XVIII


  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia

El panorama del futuro de Puerto Rico a  principios del siglo 21 era incierto. El consenso de los observadores era que el ELA no encajaba en la era global y neoliberal por razones precisas. La principal era la falta de soberanía: el ELA era un régimen político pensado para la Guerra Fría (1947-1991) al servicio de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Tras la caída del socialismo real el Congreso y la clase política local habían sido incapaces de  transformar esa relación en un sentido soberano e innovador. El resultado fue que Puerto Rico advino a la pos-guerra fría sin las condiciones para insertarse en una economía global interdependiente compuesta de países independientes.

Un recurso desde mi punto de vista demagógico usado para tranquilizar a los observadores ha sido afirmar que el ELA adelantó en 1952 un orden en el cual la “independencia” abría paso a la “interdependencia”. La integración europea se usaba como marco de comparación: aquellos países avanzados y modernos estaban en disposición para ceder parte de su soberanía al calor de un proyecto común. La intención era que se viera la relación de Puerto Rico y Estados Unidos como algo equivalente cuando, en realidad, no lo era. El argumento ha regresado esporádicamente a la palestra pública hasta el presente. La argucia interpretativa no toma en cuenta que nuestra “interdependencia”, como se limita políticamente a Estados Unidos, ha hecho del ELA un régimen dependiente, colonial y pobre. La inmoralidad de la situación no es más importante que su ineficacia y su impunidad.

 

Populares y soberanistas

Las soluciones al desencaje parecían claras. La estadidad, en el contexto del nuevo federalismo del 1990 o del federalismo clásico, parecía ser la más popular desde 1990. Las otras eran la  independencia, la libre asociación o “la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. La fuente a la que se ha apelado es la Resolución 2625 de la vigesimoquinta Asamblea General de la ONU autorizada el 24 de octubre de 1970. Aunque se presume que la estadidad, la independencia o la libre asociación son propuestas transparentes, la situación real de Puerto Rico en cualquiera de las tres sigue siendo poco discutida.

tiemposLos estadoístas y los independentistas confían en el ideal que defienden de un modo, en ocasiones, irracional o cándido, elemento que conduce a un irreflexivo exceso de confianza en las virtudes de su meta. Claro que, dada la situación que vive el país y el colapso de orden establecido, ello resulta comprensible. Pero, a no dudarlo, esa es una actitud apropiada para una militancia poco informada sobre la complejidad que implica un cambio de esa naturaleza. El lenguaje jurídico ha tenido un  impacto ideológico negativo en el campo de los populares por que el ELA no se encuentra entre las alternativas.

Los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, los más cuidadosos o moderados, se han amparado en esa descripción abierta -“cualquier otra condición política”- con el fin de legitimar una reformulación del ELA adjetivado como “soberano”, “mejorado” o “culminado”. También han re-articulado inteligentemente el significado del concepto soberanía  insistiendo en que se refieren a la soberanía popular que consideran más democrática, y no a la nacional que estiman más restrictiva. El argumento es que la soberanía nacional depende de la soberanía popular y no al revés. Para lo que creemos que la gente está por encima del estado a la hora del hacer social el argumento es bueno.

Pero la cultura política en una colonia es un medio extraño. El propósito de ese procedimiento parece ser tomar distancia de los independentistas y los nacionalistas que usan el concepto soberanía vinculado a la nación con un sentido distinto presuntamente más radical. Para los populares soberanistas que no aceptan el lenguaje de la libre asociación, la soberanía popular o del pueblo es distinta de la soberanía nacional. Probablemente imaginan que es más democrática. En cierto modo el PPD está a las puertas de un debate frontal entre soberanistas radicales y moderados que no sé si habrá de darse en lo inmediato. El  proyecto definitivo de ese sector soberanista moderado todavía está por precisarse pero, en muchos aspectos, coincide con el de los radicales. Ese procedimiento interpretativo, sin embargo,  acerca mucho a los soberanistas moderados a la discursividad de los más conservadores del PPD que confían en que el ELA pueda servir de base para la formulación de una estructura innovadora que no será la Libre Asociación pero que la equipará en virtudes jurídicas.

Lo único claro es que las 4 opciones que se barajan tiene que garantizar que no son coloniales por lo que deben responder al “principio de la igualdad soberana de los pueblos” defendido por la ONU. Me consta que un segmento de los soberanistas del PPD favorece la Libre Asociación pero son tímidos a la hora de expresarse al respecto. La educación política de la militancia en organizaciones grandes como el PPD y el PNP siempre plantea problemas: un taller de formación se convierte en un mitin con mucha facilidad. Aquellos que aspiran al ELA “soberano”, “mejorado” o “culminado”, tendrán que negociar con los soberanistas radicales que defienden la libre asociación una alianza inteligente a fin de descolonizar al Puerto Rico sin asustar a los populares conservadores remisos al cambio.

Desde mi punto de vista, se  trata de una discusión a destiempo sin que ello signifique que no es urgente o relevante. La decisión sobre el estatus debió tomarse en la década de 1980 o, a más tardar, la del 1990. Debió ser parte del acomodo de Puerto Rico alrededor de los tratados de libre comercio de 1994. Un problema es que en el país dominaba el PNP y el Congreso no quería un Puerto Rico estado 51. De haber sido así, los resultados pudieron haber sido más llevaderos para el país.  Se trata de una especulación legítima solamente. A la altura del 2016, si se presume que un cambio de estatus, es decir la descolonización en la dirección que sea, será un atenuante para la crisis o creará las condiciones para superarla, entonces estamos a tiempo para esa discusión pospuesta. Esa es la actitud de los estadoístas y los independentistas pero no parece ser la de todos los populares.  La gran  pregunta es, ¿cuán dañada está la economía local para un cambio de esa naturaleza hoy?

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