Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

noviembre 29, 2009

Mensaje en la víspera de las elecciones de 1952

  • Gilberto Concepción de Gracia
  • Presidente del PIP

Ya faltan sólo siete días para que nuestro electorado acuda a las urnas —el 4 de noviembre— a decidir con sus votos si ha de continuar el gobierno irresponsable y despilfarrador que padecemos rigiendo los destinos de nuestra patria, o si ha de poner las riendas del gobierno en manos capaces y responsables al pueblo de Puerto Rico.

El Partido Independentista Puertorriqueño, el nuevo partido que el pueblo ha creado con un nuevo programa y una nueva actitud ante los problemas de administración pública, comparece ante la conciencia honrada de nuestras muchedumbres campesinas y obreras y de la clase media, y les pide su voto en las urnas el próximo 4 de noviembre para terminar con el desgobierno, con la corrupción, con la irresponsabilidad, con el atropello y con el sistema colonial. Para lograr tal objetivo es preciso hacer el 4 de noviembre una cruz —una sola cruz— debajo de la bandera de la cruz, que es la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño en la papeleta electoral.

Ayer demostré que el Partido Popular, a consecuencia de la traición de su Presidente y hoy gobernador colonial de Puerto Rico, no cumplió con la promesa que le hiciera al electorado de liquidar la colonia en nuestro suelo.

Revelé detalles de dos conferencias sostenidas con el Presidente del Partido Popular y hoy gobernador colonial de Puerto Rico en 1944 en las que él contrajo el compromiso de presentar para su aprobación en la legislatura legislación encaminada a poner fin a la colonia mediante la consulta al pueblo, en unas elecciones especiales, de si quería que Puerto Rico se constituyera en un pueblo libre o fuera admitido como un estado federado norteamericano.

Indiqué que el gobernador de Puerto Rico y Presidente del Partido Popular no cumplió su palabra empeñada. Agrego ahora que no la cumplió, a pesar de que me autorizó, al hacer el compromiso, a aplicarle los calificativos más fuertes si no cumplía su palabra.

Invité hoy al Presidente del Partido Popular, y a un mismo tiempo Gobernador colonial de Puerto Rico, a negar mis palabras, si podía, y de aceptarlas, como es de rigor que las acepte, a explicar las razones que tuvo para violar su compromiso y el compromiso del Partido Popular Democrático, de resolver el problema de status político sobre la base de una consulta pública, hecha directamente al pueblo, para que éste dijera si quería su soberanía en la independencia o si la quería en la estadidad, únicas fórmulas de status político proclamadas por Muñoz Marín como capaces de dotar de soberanía, o sea, de autoridad política última, al pueblo de Puerto Rico.

Muñoz Marín no ha contestado mi pregunta todavía, pero tiene la oportunidad de hacerlo dentro de breves minutos. Yo espero que lo hará.

Ahora bien, a partir de 1945 Muñoz Marín, a pesar de realizar actos contrarios a la independencia, le decía a los populares en privado que él era independentista y que en su oportunidad él haría la independencia de nuestra patria. Llamaba impacientes a los que querían que no se esperara más y caracterizaba como inoportuna toda reclamación de que se nos reconociera nuestra soberanía.

Así como tomó como pretexto de 1940 a 1944 el que el Partido Popular no tenía de dominio de ambas cámaras, de 1944 a 1948 se amparó en la alegación primero de que había que esperar que terminara la segunda guerra mundial y después que había que esperar que subieran nuestros índices económicos.

Había que esperar, que esperar, que esperar. Siempre la espera. Mañana sí, pero nunca hoy. Esa era la filosofía engañosa y perversa que ponía en práctica Muñoz Marín.

Le decía a los populares que no acudieran a los Congresos Pro Independencia porque él iba a hacer la independencia. Argumentaba que tenían que mantenerse todos los líderes en silencio, que había que hacer el sacrificio del silencio, para no poner en peligro el advenimiento de la independencia traída por él, Luis Muñoz Marín.

A mí me dijo personalmente en 1944 que era independentista, que el silencio que había mantenido por espacio de cuatro años le había quemado las entrañas y me gritó, citamos: “Gil­berto, Quítame esas amarras, Quítame esas amarras”. Cuando así hablaba se refería a que quería que le escribiera la carta que a solicitud suya le envié, consultándole cuándo iba el Partido Popular a hacer la consulta sobre status político.

Después de celebradas en Washington las vistas en torno al proyecto Tydings, yo denuncié ante el país las prácticas saboteadoras de la independencia y de la estadidad, realizadas en Washington por Luis Muñoz Marín.

Yo era entonces Presidente del Congreso Pro Independencia. Muñoz Marín declaró incompatible la condición de popular con la condición de miembro del Congreso Pro Independencia. Pero le dijo a los miembros de su partido que él era independentista y que él iba a traer la independencia a Puerto Rico.

Llegadas las elecciones de 1948 hizo grandes esfuerzos para atraerse a los partidarios de la independencia y de la estadidad. Con ese propósito hizo aprobar unas bases programáticas en las que el Partido Popular, a solicitud de su Presidente, se comprometía a gestionar del Congreso la aprobación de una ley mediante la cual se facultara a nuestra legislatura para, en cualquier momento que entendiera que el desarrollo económico del país lo justificara, consultar al pueblo sobre si quería la independencia o la estadidad, fórmulas que fueron declaradas como las que pueden resolver el problema de soberanía de Puerto Rico. Muñoz hizo además el compromiso en el programa de gestionar del Congreso el que se comprometiera a respetar el derecho de opción del pueblo de Puerto Rico. En otras palabras, Muñoz se comprometía a obtener del Congreso que pusiera en manos de la legislatura el poder de declarar cuándo se debía consultar a nuestro pueblo sobre el problema del status político y a obtener una declaración del Congreso comprometiéndose a respetar la voluntad expresada en las urnas por el electorado puertorriqueño.

Muñoz no cumplió su promesa. Por el contrario, después de las elecciones de 1948 Muñoz se dedicó a combatir tanto la independencia como la estadidad. Abiertamente empezó a meterle miedo al pueblo y a tratar de desacreditar el estado y la independencia.

Manifestó que a la puerta de la independencia estaba un toro bravo para fajarnos y a la puerta de la estadidad un tigre hambriento para devorarnos. Así se burló Muñoz de los millares de independentistas que todavía en 1948 creían en él y votaron por él creyendo que era independentista.

En 1949 Muñoz intensificó su campaña en contra de la independencia. La combatió en todo foro: ante el pueblo de Puerto Rico, ante la Conferencia de Territorios Dependientes, ante la Organización de Estados Americanos, ante el Congreso de Estados Unidos y ante todo el mundo civilizado. Se convirtió entonces en un aliado abierto de las fuerzas reaccionarias que quieren mantener a nuestra patria en estado de coloniaje.

Se entregó en manos de los ricos, de los poderosos, de los latifundistas, de los banqueros, de los pulpos navieros, de los inversionistas ausentes, de los bonistas de Wall Street, de las fuerzas de la gran finanza, en fin, de todos aquellos intereses que se benefician con la colonia y no quieren la libertad de Puerto Rico.

Entonces sus amigos dejaron de ser los defensores de la independencia en el Partido Popular y fueron sustituidos por los coloniales y por los renegados del ideal.

De ahí en adelante, los hombres y mujeres que ayudaron a funda el Partido Popular Democrático; aquéllos que siguieron a Muñoz en el Partido Liberal Puertorriqueño; aquéllos que con él fundaron Acción Social Independentista; aquéllos que se fueron del Partido Liberal porque él había sido expulsado en Naranjales; aquéllos fueron declarados enemigos del pueblo.

Muñoz quiso negarles la sal y el agua. Quiso destruirlos. Quiso pulverizarlos. Quiso eliminar todo vestigio de independencia en nuestra patria.

Fue entonces que conspiró para que se aprobaran la Ley 600 , y la mal llamada Constitución en un intento maquiavélico para destruir el movimiento independentista y perpetuar la colonia en nuestro suelo con el consentimiento de los propios puertorriqueños.

Muñoz utilizó entonces ilegalmente el poder público y usó a mares el oro corruptor para matar en el alma del pueblo el santo ideal de independencia.

Un día, en Jayuya —el 2 de junio de 1951;— creyéndose dueño y señor de todas las voluntades en Puerto Rico, hizo su más rudo ataque contra la independencia y declaró que la defensa que en el pasado había hecho del sagrado ideal era, citamos, “un error de juventud”.

Esa es la historia de la traición de un hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Esa es la historia de la traición de un hombre que pudo ser un capitán de almas y que, triturado por la colonia, se convirtió en un lacayo de las fuerzas que mantienen a Puerto Rico en estado de coloniaje. Esa es la historia triste del hombre que el pueblo deberá derrotar en las urnas el próximo 4 de noviembre, haciendo una cruz debajo de la bandera de la cruz redentora del Partido Independentista Puertorriqueño.

En breve él hablará por esta estación. Conteste esa pregunta: ¿Por qué usted, Luis Muñoz Marín, traicionó el ideal de la independencia y a los independentistas que con usted hicieron el Partido Popular para lograr la independencia?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Tomado de Pablo Marcial Ortiz Ramos, ed. En nombre de la verdad. San Juan: Instituto Gilberto Concepción de Gracia, 2007: 215-219.

Comentario

El documento del Lcdo. Gilberto Concepción de Gracia resume la interpretación que el independentismo no violento y electoral maduró para explicar el giro ideológico de Luis Muñoz Marín. Los momentos claves del cambio ideológico fueron, de acuerdo con Concepción de Gracia, las elecciones de 1940 y 1944. Lo que sugiere el argumento es que la necesidad de ganar los comicios justificó la moderación ideológica del PPD. Sólo cuando el PPD está seguro de que puede ejecutar un cambio estatutario -1950- se hace pública la renuncia de Muñoz Marín a la independencia. El alegato clásico de que se trató de un “error de juventud”, se realizó en Jayuya en 1951, después de la derrota de los insurrectos nacionalistas.

El otro punto interesante es la insistencia de Concepción de Gracia en términos de que las únicas soluciones soberanas para poner fin el estatus colonial en Puerto Rico son la estadidad o la independencia, asunto en el cual coincidía con el Muñoz Marín independentista que había sido expulsado del Partido Liberal.

Resulta curioso que Concepción de Gracia no mencione la Ley 53 o Ley de la Mordaza entre los argumentos para confirmar el anti-independentismo de Muñoz Marín. En Puerto Rico aquella fue interpretada como una ley “antisubversiva” y “anticomunista” y el PIP compartía en parte aquellos valores con el PPD. En las elecciones de 1952, Concepción de Gracia se negó públicamente a aceptar los votos que le ofrecía el Partido Comunista Puertorriqueño y el intelectual y líder obrero César Andréu Iglesias por temor a que calificaran al PIP como una organización subversiva.

La idea de que Muñoz Marín “traiciona” al pueblo, se cimenta sobre la percepción liberal de que la independencia es un “derecho natural” y como un “destino inevitable”. La traición es contra el “estado natural” de los pueblos. Por eso el lenguaje acusatorio del líder recuerda, en ocasiones, un sermón moral.

noviembre 27, 2009

La Constitución de 1952 y la comunidad internacional

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

 

El próximo movimiento de Estados Unidos fue presentar su informe sobre el proceso constitucional en la ONU. El anuncio de que Puerto Rico había alcanzado un “gobierno propio” se hacía con el objetivo de que se le retirara de la lista de territorios coloniales y se liberara a su país de presentar informes periódicos sobre la situación de la isla. Con ello se obtenía una victoria mediática importante  en una comunidad internacional que veía a Estados Unidos como una amenaza imperialista. Con ese fin en mente, se presentó lo que luego fue conocido como la Resolución 748 (VIII).

1950

La aprobación de la contención de la Delegación de Estados Unidos en la ONU fue cuesta arriba. Los representantes de la Comunidad Internacional se resistían a reconocer al ELA como una forma de soberanía legítima. Las presiones de Estados Unidos sobre los miembros indecisos de la organización fueron enormes. A pesar de ello, solo se consiguió que 26 países votaran en favor de la Resolución 748 (VIII). El hecho de que 16 le votaran en contra, y que 18 se abstuvieran, es demostrativo de que lo sucedido en Puerto Rico tampoco convenció a la comunidad internacional. Sin embargo, la aprobación de la misma a principios de 1953, junto conla victoria del PPD en Puerto Rico, diseminó la opinión oficial de que la organización internacional había reconocido “la condición de gobierno propio del Estado Libre Asociado”. La guerra mediática internacional para sostener aquella postura fue enorme. La palabra de la ONU en 1953 ha sido apelada con mucha insistencia por los populares moderados para ratificar sus posturas por lo menos hasta el 2016.

Una presión que me parece fue crucial para demostrar la “sinceridad” del gobierno de Estados Unidos fue cuando, el delegado de Estados Unidos Henry Cabot Lodge, llevó un mensaje directo del Presidente Dwight D. Eisenhower al foro. En el mismo se afirmaba que aquel país le concedería a Puerto Rico cualquier tipo de gobierno que quisiera cuando lo quisiera -ya fuese la estadidad o la independencia-, siempre y cuando mediara una petición formal del gobierno del ELA. La lógica de la petición era curiosa: el control del PPD de la maquinaria de gobierno local cancelaba cualquiera de aquellas posibilidades. Se trataba en realidad de una propuesta vacía.

Con todo, el mensaje conmocionó a los puertorriqueños. Estimuló a los anexionistas a continuar su labor militante con un joven Luis A. Ferré a la cabeza. Y asustó a los populares más moderados quienes no parecían preparados para considerar el ELA como un estatus interino. La idea de Eisenhower parece haber sido la de producir un efecto concreto en la comunidad internacional: que Puerto Rico tenía en el ELA el gobierno que quería darse. Las campañas de Muñoz Marín y los ideólogos del PPD que pintaban un futuro apocalíptico y catastrófico en la independencia, y la disolución cultural en la estadidad, habían sido efectivas en la conciencia de la gente.

 

1954

Una respuesta nacionalista

La contestación política más contundente se dio en marzo de 1954 cuando un comando nacionalista de 4 personas, ataque al Congreso de Estados Unidos en Sesión. Lolita Lebrón comandó el grupo compuesto por Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero. La actitud de Muñoz Marín –trasladarse a Washington a pedir disculpas en nombre del país- demuestra que el efecto de la agresión fue enorme en su momento. La situación era por demás tensa. Pedro Albizu Campos, quien había sido indultado en 1953 con el propósito de “cerrar el asunto de 1950”, justificó públicamente  la agresión. Su alegato era que, dado que Puerto Rico era un país ocupado militarmente desde 1898, existía un estado de guerra con Estados Unidos. La acción del comando nacionalista era un acto de justi belli y rebelión legítima contra el tirano. La guerra entre la nación y el imperio no siempre se redujo al choque de metáforas. Las expresiones de Albizu Campos fueron interpretadas como una nueva violación de la Ley 53 o de la Mordaza por lo que fue preso otra vez, acto que generó una nueva ola de arrestos contra independentistas y nacionalistas.

El efecto moderador  de todo ello en el independentismo electoral está por estudiarse. En las elecciones de 1956,  el PIP cayó a un 12.4 % del apoyo electoral en unos comicios en los cuales la abstención alcanzó el 26 % del universo electoral. Todo parece indicar que la cuestión de la violencia fue crucial en el debilitamiento electoral del PIP igual que había sido uno de los puntos de debate más divisionistas en el seno del nacionalismo desde 1930. En la práctica, el estado represivo disolvió la distinción entre independentistas violentos y no violentos en la medida en que la aplicación de la  Ley 53 o de la Mordaza afianzó la tradición del “carpeteo” o el “fichado” de ciudadanos que cuestionaban el orden o mostraban reservas sobre la situación local. Aunque la Ley 53 o de la Mordaza fue derogada en 1956, ello no detuvo la vigilancia. Como se sabe, entre 1948 y 1989, más 133,000 personas fueron consideradas  subversivas por el Estado. Cuando se junta la mano dura, la vigilancia y el temor con el cambio de régimen vivido en la década de 1950, se comprende mejor la debacle del independentismo por aquel entonces. En realidad, el proyecto nunca se ha recuperado del todo de aquella tragedia histórica.

La Constitución de 1952 y Estados Unidos

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

El proceso que condujo a la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, arreglo político inaugurado el 25 de julio de 1952, fue puesto en duda desde el momento en que se inició. En general se alegó que el mismo solo permitía la creación de un “Gobierno Propio Local” con “Soberanía Interna”, a la vez que mantenía la relación colonial establecida en la Ley Foraker (1900) y la Ley Jones (1917). En ese sentido, no fue un proceso de “Libre Determinación”. Mantuvo las estructuras básicas de la Ley Orgánica –denominadas como Ley o Estatuto de Relaciones Federales– y con ello dejó intocadas las relaciones fiscales y políticas entre ambos países.El artículo  5 de la Ley 600 decía que  el estatuto titulado “Ley para proveer un gobierno civil para Puerto Rico, y para otros fines”, aprobada el 2 de marzo de 1917, según ha sido enmendado, por la presente continúa en su fuerza y vigor y podrá en adelante citarse como la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.”

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1950

El proceso no liberó a Puerto rico de la cláusula territorial dado que el Congreso retuvo la soberanía en las mismas condiciones en que la tenía desde 1899. Ello significaba que el Congreso podía legislar sobre el ELA sin consultarlo y que la idea de que la Ley Pública 600 autorizaba un “convenio entre iguales” no era cierta. Vicente Géigel Polanco (1952) alegó que aceptar la Ley Pública 600 en un referéndum, se interpretaría como que Puerto Rico “consentía” con el coloniaje. No se equivocaba al respecto. La única puerta abierta para un proceso futuro de revisión de estatus era que Puerto Rico no renunciaba formalmente a su “Soberanía Natural”. La idea de que la “soberanía” era un “derecho natural” de las “naciones” era un paradigma cultural confiable por aquel entonces. Esa había sido una de las bases más importantes de las visiones modernas de la historia y uno de los fundamentos del nacionalismo en todas partes del mundo desde la revolución de 1789.

Visto desde una perspectiva pragmática, aquel no fue un procedimiento apoyado por todo el Pueblo de modo masivo o unánime. Incluso se podría alegar que solo tradujo las aspiraciones de acomodo del Partido Popular Democrático. El hecho de que el independentismo electoral moderado, el Partido Independentista Puertorriqueño, no participara  fue crucial. El Partido Nacionalista, que había propuesto la Convención Constituyente para resolver el estatus en las décadas del 1930 y el 1940, tampoco vio en esta experiencia ninguna legitimidad y la boicoteó activamente desde 1950. La Insurrección de Jayuya fue parte de aquella campaña de repudio. También un sector mayoritario del anexionismo lo condenó y se negó a participar de la “farsa” como la denominó Géigel Polanco.

Un argumento importante es que la abstención electoral durante el proceso fue muy alta. Para el referendum del 4 de julio de 1951, ejecutado para  aprobar o rechazar la Ley Pública 600, solo votó el 65 % de los electores capacitados. La  abstención fue de 35 % y la participación electoral fue 22% menos que en las elecciones de 1948. Con todo el 76.7 % de los participantes votó “Sí”. Y en el referendum de marzo de 1952 para aprobar o rechazar la Constitución, solo compareció el 59 % de los electores capacitados lanzando la abstención hasta el 41 %. La lógica de la historia oficial se ha fijado en que el 81  % votó “Sí” para argumentar el apoyo masivo al proceso. La actitud contrasta con la opinión adoptada ante los resultados de la consulta de 2012 aunque las circunstancias son enteramente distintas. Una lectura a la distancia de aquel fenómeno indica que buena parte del electorado no confiaba en la forma en que se estaban llevando las cosas. Las campañas del independentismo, el nacionalismo y el anexionismo fueron eficaces en ese sentido.

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1952

Por otro lado, hay que reconocer que aquel no fue un “proceso libre”. La Constitución proclamada el 25 de julio de 1952,  no fue la que aprobó la Convención Constituyente en marzo de 1952. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, le podaron importantes secciones del Artículo II de la Carta de Derechos, en especial la parte que incluía  los “Derechos Humanos”  proclamados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).  La eliminación de la Sección 20 y la Sección 5 del Artículo 2 de la Constitución, convirtió un documento jurídico muy avanzado, en uno corriente, convencional y hasta moderado. Si a ello se une el argumento de que en 1952 todavía estaba activa la Ley 53 o de la Mordaza (1948-1956), se percibe mejor el contrasentido.

La abstención siguió siendo alta, el 24.7 %, en  las elecciones de 1952. Pero dado que el PPD volvió a ganar ampliamente, la situación legitimó el proceso. La victoria popular se interpretó como una afirmación de la validez del ELA. En aquellos comicios el PIP obtuvo el 19 % y era el segundo partido del país. En cierto modo, allí se encontraba el “voto de protesta” más visible . La situación parecía indicar que se aproximaba un proceso de polarización entre estadolibristas e independentistas y que el PIP crecería como una opción real pero aquella organización tenía problemas internos muy particulares que limitaban su capacidad opositora. El discurso adoptado por Luis Muñoz Marín quien afirmaba que Puerto Rico ya no tenía “vestigios coloniales” y que se había creado un “nuevo tipo de relación estatutaria” o “nuevo tipo de soberanía”, fue más efectivo y canceló el proceso de polarización. Con la Ley 53 o de la Mordaza activa, ser independentista o nacionalista resultaba peligroso. Las facultades omnímodas del siglo 19 parecían haber retornado con más fuerza desde 1948.

El hecho de que el referéndum para la aprobación de la Ley Pública 600 se realizara un 4 de julio, y que la proclamación del ELA se llevara a cabo un 25 de julio, demuestran que detrás de todo el proceso había una batalla simbólica por restablecer una relación amigable entre los puertorriqueños y los americanos.  Sin duda, la necesidad de “borrar el pasado colonial” fue uno de los propósitos culturales mayores de aquel cuestionable proceso constitucional.

noviembre 15, 2009

José Trías Monge y el ELA

“Capítulo 8. En la Secretaría de Justicia” (Fragmento) de Cómo fue. Memorias.  San Juan: EDUPR, 2005, 2007. Págs. 200-201.

Las discusiones con delegados de otras naciones en la ONU (en 1953) sobre el estatus de Puerto Rico fueron arduas. Había entonces y todavía hay al menos doce razones indicativas de la condición colonial de Puerto Rico:

Jose_Trias_Monge1)      Las leyes de Estados Unidos se aplican a Puerto Rico sin su participación o consentimiento.

2)      Las leyes de Estados Unidos tienen rango superior a las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico. En caso de conflicto prevalecen aquéllas sobre éstas. Eso ocurre también con las constituciones estatales, pero al menos cada estado participa en la aprobación o rechazo de esas leyes.

3)      El presidente y sus delegados pueden negociar tratados y tomar otras acciones que afecten a Puerto Rico sin su participación o consentimiento.

4)      En virtud de concesión unilateral del Congreso de jurisdicción por diversidad de ciudadanía, la corte federal en Puerto Rico puede resolver asuntos de carácter local. Filipinas no tuvo nunca una corte federal, creándose en el caso de Puerto Rico sin su consentimiento.

5)      No existe igualdad o aun comparabilidad de derechos entre los ciudadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico y los residentes en los estados de la Unión.

6)      El gobierno de Estados Unidos sostiene que la soberanía sobre la isla reside en él y no en el pueblo de Puerto Rico.

7)      El Congreso de Estados Unidos asume que puede ejercer poder plenario sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos.

8)      Tanto el Congreso como la rama ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos actúan en consecuencia como si no existiera pacto alguno entre Estados Unidos y Puerto Rico y aun algunos funcionarios argumentan que ninguno es constitucionalmente posible. A pesar de expresiones judiciales en contrario, las otras ramas del Gobierno de Estados Unidos se comportan como si Puerto Rico continuase siendo un territorio o posesión de Estados Unidos.

9)      Aun si se sostuviese finalmente que las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos se fundan en un pacto irrevocable entre las partes, excepto por mutuo acuerdo, y que dicho pacto comprende la Ley de Relaciones Federales, el consentimiento prestado en 1951 a dicho arreglo fue demasiado amplio. No se puede consentir, por ejemplo, que las leyes de un país, todas las pasadas y todas las futuras, gobiernen a otro y sostener a la vez, que ello es compatible con un estatus de libertad. Por eso es por lo que desde la creación del Estado Libre Asociado se ha intentado convertir el consentimiento genérico prestado en consentimiento específico.

10)  Puerto Rico no juega papel alguno en la vida de la comunidad internacional, ni directamente ni mediante participación en las decisiones que tome el Gobierno de Estados Unidos.

11)  El estatus actual de Puerto Rico no satisface los criterios establecidos por las Naciones Unidas en 1960 para determinar si un pueblo ha sido descolonizado.

12)  No se conoce situación alguna en que un pueblo ejerza sobre otros poderes tan vastos como los que Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico y aun así se sostenga que la relación entre ellos no sea de carácter colonial.

Para el momento en que se discutió el caso de Puerto Rico ante las Naciones Unidas en 1953 y 1954 todavía no se habían aprobado por la Asamblea General los criterios para precisar cuándo un pueblo dependiente dejaba de ser colonia. Aun así, la decisión fue atrevida. Los delegados aun de naciones muy amigas de Estados Unidos escuchaban con cortesía, pero con evidente escepticismo, los argumentos al efecto de que se había descolonizado a Puerto Rico. A la larga Estados Unidos lograría una escueta mayoría a favor de su punto de vista pero al costo de una extraordinaria presión política y la expresión por la Asamblea General de su jurisdicción para determinar si un pueblo dependiente podía ser descolonizado o no. Quince años más tarde  (1967 y 1968), cuando la composición de la Asamblea general aumentaría notablemente con la admisión de gran número de países africanos y caribeños, a Estados Unidos le hubiese sido imposible obtener un voto favorable a su decisión de descontinuar el envío de información sobre Puerto Rico por razón de que éste se había convertido en un pueblo autónomo.

Vicente Géigel Polanco y la Ley 600

“Ni constitución ni convenio” (Fragmento). Publicado en El Mundo, a 19 de mayo de 1951. Tomado de La farsa del estado Libre Asociado. Río Piedras: Edil, 1972. Págs. 21-24.

Pues bien, la Sección 4 (de la Ley Pública 600) provee que todas las disposiciones  de la Ley Jones que tratan sobre las relaciones políticas y económicas entre Puerto Rico y Estados Unidos quedarán subsistentes y se conocerán como la “Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico”. Esto significa que quedarán inalteradas las actuales relaciones políticas y económicas

Nada menos

Esas relaciones son, nada menos, que las siguientes.

Geigel_Munoz1)      Que Estados Unidos ejerce y seguirá ejerciendo soberanía sobre Puerto Rico, en virtud de la cesión que consagró el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898;

2)      Que Puerto Rico es y seguirá siendo una posesión territorial de Estados Unidos, según se expresa en la sección de la Ley Jones, que pasará a ser también la sección 1 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico;

3)      Que Estados Unidos tiene y seguirá teniendo plenos poderes sobre el territorio de Puerto Rico bajo los términos del inciso 2, sección 3, del artículo IV de la Constitución federal, que faculta al Congreso para disponer de los territorios pertenecientes a Estados Unidos y dictar en cuanto a ellos las leyes, reglas y reglamentos que considere necesarios;

4)      Que Puerto Rico seguirá sujeto a las leyes de tarifas de Estados Unidos en sus relaciones comerciales con países extranjeros, quedando todas las importaciones que haga la Isla de tales países sujetas al pago de los derechos de aduana que imponen las referidas leyes de tarifas, en cuya redac­ción y aprobación no ha intervenido ni podrá intervenir el pueblo de Puerto Rico.

5)      Que Puerto Rico no podrá negociar tratados de comercio con países extranjeros;

6)      Que Puerto Rico está y seguirá sujeto a las leyes de cabotaje de Estados Unidos, que significa que está y seguirá obligado a usar barcos de matrícula norteamericana en sus relaciones comercia­les con Estados Unidos;

7)      Que continuará la presente relación de comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos, en virtud de la cual la mercadería de Estados Unidos entrará libre de derechos en Puerto Rico, y la de Puerto Rico, a su vez, libre de derechos en Estados Unidos;

8)      Que los habitantes naturales de Puerto Rico seguirán siendo ciudadanos de Estados Unidos;

9)      Que los ingresos por concepto de arbitrios federales sobre artículos producidos en Puerto Rico que entren al mercado de Estados Unidos, tales como ron, cigarrillos, etc., y los ingresos de aduana sobre mercaderías importadas por Puerto Rico, se seguirán devolviendo al Tesoro de Puerto Rico;

10)  Que la industria azucarera de Puerto Rico seguirá sujeta al sistema de cuotas fijado por el Congreso de Estados Unidos, quedando así limitada por acción congresional la capacidad de producción de nuestro pueblo en su industria básica;

11)  Que el refinado de azúcar en Puerto Rico quedará igualmente sujeto a la exigua cuota, que se fija ahora bajo la Ley Azucarera del Congreso de Estados Unidos, quedando así la Isla impedida de refinar todo su azúcar;

12)  Que Puerto Rico seguirá sujeto a numerosas leyes del Congreso de Estados Unidos, tales como la Ley Federal de Horas y Salarios, la Ley de Inquilinato, la Ley del Servicio Selectivo, las leyes que proveen ayuda económica a los estados y territorios para fines educativos, de fomento agrícola, protección de la salud, construcción de puertos y carreteras, etcétera.

13)  Que en Puerto Rico seguirá funcionando la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Dis­trito de Puerto Rico (Corte Federal) con su actual jurisdicción;

14)  Que todas las diligencias judiciales en Puerto Rico se harán a nombre de «Estados Unidos de América, SS, El Presidente de Estados Unidos»;

15)  Que Puerto Rico seguirá sujeto al sistema judicial de Estados Unidos, en el sentido de que las decisiones de nuestro Tribunal Supremo no serán finales, sino revisables por la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston y el Tribunal Supremo de Estados Unidos conforme a las leyes federales;

16)  Que todos los funcionarios en Puerto Rico deberán ser ciudadanos de Estados Unidos y antes de entrar en el desempeño de sus respectivas funciones, prestarán juramento de sostener la Constitución de Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico;

17)  Que el pueblo de Puerto Rico seguirá eligiendo cada cuatro años un Comisionado Residente, sin voz ni voto, quien tendrá derecho a reconocimiento oficial como tal Comisionado por todos los Departamentos del Gobierno de Estados Unidos:

18)  Que Puerto Rico seguirá sujeto al sistema monetario y postal de Estados Unidos.

Bajo la Ley 600, tales son, en apretada pero no agotadora síntesis, las relaciones políticas y económicas que subsistirán como «Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico».

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