La crisis del PPD (1960-1980): la política nacional

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La década de 1960 fue crucial en el deterioro del poder electoral del Partido Popular Democrático. Los procesos de industrialización y urbanización que le mantuvieron en el poder desde 1940 minaron las bases de su  poder. Una serie de condiciones propiciaron el desprestigio del proyecto y del Estado Libre Asociado y facilitaron el triunfo del estadoísmo en 1968 a través de una organización original llamada Partido Nuevo Progresista.

El choque generacional

Lo primero que llama la atención del observador es el desarrollo de una confrontación generacional dentro del PPD. La denominada “Vieja Guardia”, representada por el liderato que había dado vida al partido en 1938, fue retada por la “Nueva Generación”, un conjunto de  líderes producto del proceso de industrialización y urbanización al que los hombres de Muñoz Marín habían dado vida desde 1940. El choque entre ambas tendencia  estaba en proceso de maduración desde 1960 y coincide con el último cuatrienio de Muñoz Marín como Gobernador.

La reacción inicial de la “Vieja Guardia”, como era de esperarse, fue resistirse al cambio. Todo parece indicar que una de las pocas figuras de poder que se identificó con la “Nueva generación” fue el ingeniero mayagüezano Roberto Sánchez Vilella (1913-1997). Sánchez Vilella no solo poseía un “estilo” distinto al de Muñoz Marín sino que se había proyectado como uno de posibles sucesores de aquel para las elecciones de 1964.

La “Nueva Generación” se organizó alrededor del llamado “Grupo de los 22” asociación fundada en Manatí. Algunas de las figuras, entre los ya fallecidos, que llaman la atención de aquel colectivo están el abogado y profesor Juan Manuel García Passalacqua (1937-2010) y el legislador Severo Colberg Ramírez (1924-1990). Entre los que aún viven habría que destacar a Victoria Muñoz Mendoza (1940- ) y el abogado Rafael Hernández Colón (1936- ), dos personalidades que todavía hoy siguen siendo pilares del PPD. Otras figuras que se han distinguido en las últimas década por su presencia publican vinculados a aquella vanguardia son el abogado Marcos A. Rigau, el historiador y profesor Samuel Silva Gotay, el profesor y abogado José Arsenio Torres (1926- ) y el abogado independentista Noel Colón Martínez , entre otros. El grupo fundó el periódico Foro libre para expresar sus ideas.

Juan Manuel García Passalacqua

Las críticas del “Grupo de los 22” a la “Vieja Guardia” al PPD fueron incisivas. En términos generales se quejaban de la poca participación que tenían los jóvenes en el partido y del  distanciamiento que la organización había desarrollado con respecto del pueblo común al cual, alegaban, reducían a la condición de votantes o electores. Para algunos militantes del grupo, Muñoz Marín se había convertido en un líder obsoleto que ya había cumplido su función histórica y debía abrir paso a los más jóvenes. Visto desde la distancia, de lo que se trataba era de una lucha abierta por el control de una maquinaria política exitosa. La confrontación se justificada sobre la base del reconocimiento de que la política práctica en la era industrial y urbana, ya no podía hacerse con las tácticas que habían sido exitosas en el Puerto Rico agrario y rural que produjo la experiencia del primer PPD, el de las elecciones de 1940. Aquella lógica era más que razonable pero la racionalidad no produce respuestas de la misma índole cuando se trata del poder político.

Los efectos de las críticas fueron diversos. Por una parte, promovió la discusión ideológica y llamó la atención sobre la necesidad de revisar el ELA en busca de “más soberanía”. Aquella había sido también una preocupación de Muñoz Marín, por cierto, pero en la década del 1960 el lenguaje se tornó más incisivo y exigente. Lo cierto es que algunos ideólogos del PPD reconocieron los rasgos coloniales del ELA. Uno de ellos fue el abogado y escritor Vicente Géigel Polanco (1904-1979) quien acabó fuera del partido militando en el Partido Independentista Puertorriqueño. Otro fue el historiador y jurista José Trías Monge (1920-2003) quien llegó a ser Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Un segmento significativo de la intelligentsia del PPD, favorecía la idea de culminar el ELA sobre la base de una mayor soberanía respecto al Gobierno federal, pero temían que en ese proceso se les confundiera con los nacionalistas y los independentistas a quienes tanto habían atacado. El atasco más importante en e proceso de revisión del ELA, aparte del desinterés del Congreso de Estados Unidos, ha sido ese sin duda.

La “Vieja Guardia” se organizó en el llamado “Grupo de Jájome”, localidad de Cayey donde ubica la residencia veraniega del gobernador y el mismo estuvo encabezado por las figuras de Santiago Polanco Abreu (1920-1988) y Luis Negrón López (1909-1991), ambos personas de confianza de Muñoz Marín y con aspiraciones a la candidatura a la gobernación para los comicios de 1964. En medio de aquella pugna se decidió el retiro político de Muñoz Marín. El anuncio se hizo en una Asamblea celebrada en Mayagüez (1964) donde se impuso la candidatura de Sánchez Vilella a pesar de las protestas intensas de multitud que no estaba en condición de desprenderse de su caudillo político. Lo cierto es que el retiro de Muñoz Marín implicaba un giro histórico. El líder o no quería o no se sentía capaz de gobernar con la “Nueva Generación” y sacrificaba sus aspiraciones por el bien de la unidad del partido.

Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Villella

¿Qué había cambiado? En 1964 Puerto Rico era otro -urbano e industrial- y se reconocía que Muñoz Marín representaba un pasado que se había dejado atrás. Las campañas políticas directas con el pueblo que había caracterizado al PPD entre 1938 y 1940, apoyadas en el contacto directo, micro y el macro mitin, cumplieron la función de comprometer a la gente con unas estructuras político-partidistas en las que no tenían confianza. La evolución de los medios masivos de comunicación alteró aquel panorama: los medios masivos de comunicación se fueron convirtiendo en el espacio protagónico para el diseño de la opinión pública. La radio estaba accesible en Puerto Rico desde 1922 -WKAQ en San Juan fue la primera de ellas-, y entre 1934 y 1937 se inauguraron la WNEL también en la capital, la WPRP en Ponce y la WPRA en Mayagüez. Del mismo modo, en 1954 apareció la televisión y ya en 1958 había radio y televisión del Estado. Aquellos fenómenos tecnológicos innovadores junto con el desarrollo de la prensa diaria masiva, fueron decisivos para las formas de hacer política en el país.

El asunto no ha sido estudiado con propiedad, pero lo cierto es que ya en 1968 sátira política televisada: se trataba de la comedia “Se alquilan habitaciones” con la actriz y escritora Gilda Galán (1917-2009) transmitida por el Canal 11. La sátira fue tan intensa que el programa fue sacado del aire cinco veces por presiones políticas de Partido Nuevo Progresista organización que entró en el panorama electoral exitosamente en 1968. Ese mismo año se fundó el grupo musical satírico “Los Rayos Gamma”,  obra del ingenio del periodista y comediante Eddie López (1940-1971), quien falleció víctima del cáncer en plena juventud. Y en 1969 ya se difundía la serie de pasos de comedia y crítica, “Esto no tiene nombre”, producido por Tommy Muñiz (1922-2009) para el Canal 4. La mordacidad de la sátira y la crítica seria de programas como “Cara a cara ante el país” democratizaron la relación entre la gente, el Gobierno y el Estado.

Una confrontación con la  Iglesia Católica

En 1960, la Iglesia católica todavía conservaba algunos de los rasgos que había obtenido producto de la invasión de 1898. La institución estaba dominada por obispos de estadounidenses y una jerarquía puertorriqueña en la que el papel de los sacerdotes estadoístas parece haber sido decisivo. Las relaciones ideológicas dentro del sacerdocio y en la jerarquía eclesiástica puertorriqueña, es un asunto que, me parece, requiere una discusión sosegada que no puedo desarrollas en este espacio. Las figuras dominantes en aquel escenario eran el Obispo de Ponce James Edward McManus (1900-1976), el Obispo de San Juan James P. Davis (1904-1988) y el Padre Luis Aponte Martínez (1922-2012), quien fungía como superintendente de colegios católicos para la diócesis de Ponce.

Luis Aponte Martínez y el Papa Pablo VI

La Iglesia Católica desarrolló una campaña contra las políticas de control natalidad impuestas por el PPD en el poder: me refiero  a la esterilización masiva y la distribución de píldoras anticonceptivas. A aquella campaña de fuerte tinte moral, se añadió otra que presionaba a favor de que se instituyera la educación religiosa en las escuelas públicas a pesar de la división de la Iglesia y el Estado que se había instituido desde 1898, y otra para que se usara el inglés como idioma de la educación pública como se hacía antes de 1947. La moral, el conservadurismo político y la americanización cultura propia de los estadoístas más exigentes se daban la mano para retar la legitimidad del PPD y su figura dominante el gobernador Muñoz Marín, un hombre con una pasado bohemio que no pasaba la prueba de  “probidad moral” a la que los católico extremos aspiraban.

La propuesta atrajo a numerosos adversarios políticos del PPD: estadoístas, independentistas y nacionalistas quienes, en vista de su catolicismo y su oposición común al PPD, se comprometieron con aquel discurso. Sobre aquella base se fundó en julio de 1960 el Partido Acción Cristiana, un partido social cristiano que aspiraba instrumentar las aspiraciones del liderato católico. Durante la campaña de 1960, desde la tribuna del PAC se amenazó con excomulgar a quienes votaran por el PPD. Lo cierto es que en las elecciones de 1960 el PAC obtuvo 52,096 votos muchos de los cuales parecen haber sido militantes del PIP, situación que provocó que aquel partido perdiera su franquicia electoral. Fue la primera vez, y no la última, que el PIP fue descertificado como partido legalmente inscrito por falta de apoyo electoral.

Durante el cuatrienio de 1961 a 1964 el PPD y el PIP, organizaciones que chocaban abiertamente la una con la otra, tuvieron la capacidad de concertarse con el fin de acusar al PAC de haber cometido actos fraudulentos en el proceso de inscripción. Ese mismo año, consiguieron que los candidatos electos a la Legislatura por el PAC fueran  expulsados del cuerpo y el partido descertificado. La situación es interesante. Todo parece indicar que el PPD prefería la oposición del PIP a la del PAC. Las autoridades fueron eficaces en aquel propósito: entre 1962 y 1964, la organización católica fue desmantelada desde el poder y el catolicismo organizado no volvió a representar un peligro para el PPD. La situación culminó con la intensificación a las autoridades católicas estadounidenses y la “puertorriqueñización” la Iglesia Católica.

Reformas económicas y cambio social: una introducción

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

 

El período que va de 1940 a 1964 fue determinante en la configuración de la imagen del Puerto Rico moderno. A lo largo de aquellos 24 años, se consolidaron las estructuras de lo que se denominaría el Estado Interventor, Providencial o Benefactor que el país ha visto disolverse desde la década de 1990. Aquel proceso tuvo la peculiaridad de que se ofreció en el contexto de una relación de dependencia colonial con Estados Unidos que fue refinada en 1952 por medio de la constitución del territorio no incorporado en un Estado Libre Asociado. El caso de Puerto Rico es, por lo tanto, único.

La victoria parcial del Partido Popular Democrático en las elecciones de 1940 jugó un papel determinante. La intención de los populares estaba por cumplirse: la relación entre la gente y el Estado sufrió un cambio interesante. En términos generales, la impresión de que el Estado actuaría como un mediador justo en las tensas relaciones entre el Pueblo y el Mercado se afirmó. Los cuadros administrativos del PPD tenían una gran responsabilidad a cuestas. La tarea no debía ser difícil por el hecho de que el referente inmediato que poseía la gente era el gobierno de la Coalición Puertorriqueña. Los Republicanos y los Socialistas eran considerado como lo socios naturales de los grandes intereses y el capital absentista.

Puerto Rico, Puerto Pobre

Para consolidar su imagen, el PPD se apoyó en un conjunto de actos que confirmaban su compromiso moral y material con la gente. El lenguaje del “Nuevo Trato” fue instrumentalizado con eficacia por el liderato que rodeaba a Luis Muñoz Marín, una figura carismática no exenta del autoritarismo que caracterizó a los líderes de los movimientos populistas de su tiempo. Las acciones de los populares traducían las políticas de los Demócratas en Estados Unidos. Muñoz, Roosevelt y Tugwell, fueron las figuras emblemáticas de aquel momento de cambio al cual todavía se apela en momento de crisis hoy.

El proceso no se desarrolló sin tropiezos. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, las derechas políticas, identificadas con los Republicanos, calificaron como socialistas aquellas prácticas. Su alegato era que el Novotratismo atentaba contra los valores de la Libre Empresa y la Libre Competencia y minaban las bases del capitalismo liberal clásico. Pero no tomaban en cuenta que aquellas prácticas se llevaban a cabo con el fin de salvar el capitalismo y no con el propósito de socializar la riqueza y eliminar la propiedad privada. Las derechas perdieron la compostura ante el reformismo una vez vieron amenazado el control sobre el capital y, con ello, su posición social.

La aplicación del “Nuevo Trato” tuvo el efecto de suavizar las tensiones políticas y las tensiones de clase en Puerto Rico dentro de los sectores más propensos a la moderación. El único sector que no se tranquilizó fue el Partido Nacionalista, representado por la voz de su Presidente Pedro Albizu Campos. Tanto en 1930, en medio de la Gran Depresión, como en 1950 en el preámbulo de la construcción del ELA, sus posturas se endurecieron y respondió con la violencia.

El elemento más característico de aquel período fue, como se ha dicho, que el Estado desempeñó un papel muy activo en el mercado y la economía. La práctica de “dejar hacer, dejar pasar” propia del capitalismo clásico fue revisada, y el Estado comenzó a intervenir y regular las prácticas económicas y, cuando fue posible se convirtió en un agente activo. La novedad era que el capital público estuvo en posición de competir con el capital privado, todo ello en nombre del Pueblo. La diversificación de las funciones del Estado fue clave en el proceso de profesionalización de su plantilla de funcionarios y el crecimiento del mismo. El servicio público según lo conocemos y lo que acabó por denominarse el “gigantismo estatal”, encuentran sus fuentes en aquel proceso.

Teodoro Moscoso: un signo del Puerto Rico industrial y dependiente

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la imagen que se tenía en aquel entonces se apoyaba en el convencimiento de que el Estado podía ofrecer servicios de más alta calidad y a un costo más bajo que la empresa privada. El egoísmo en que se apoyaba la empresa privada no era entonces una característica atribuible al Estado. La percepción dominante era que el Estado era el representante sincero del pueblo ante la explotación del capital. Si se compara aquella situación con los argumentos que se han utilizado en los últimos 20 años para justificar las privatizaciones de los bienes públicos, se comprenderá el abismo que existe entre aquel momento y el presente.

El PPD consiguió sus metas inmediatas mediante la instauración de una serie de medidas y la creación de un conjunto de entidades que estimularon y racionalizaron las estructuras económicas del país. El modelo más importante fueron una serie de corporaciones públicas que tuvieron el deber de invertir capital público en infraestructura útil y una serie de obras modernizadoras. El proceso marcó el camino del país a la modernización de una manera convincente y palpable, y cambió las percepciones sociales y culturales de la mayoría de los puertorriqueños. La idea de que se estaba “rompimiento con el pasado” resultaba innegable para aquella generación de puertorriqueños. La gente estuvo en posición de apreciar el “cambio que se ve” más que en ninguna otra época de la historia nacional. Si fuera a hablar de un momento “traumático” en el pasados colectivo, no escogería el 1898 y el “cambio de soberanía” sino el camino que se abrió para el país después de 1940.

 

Las medidas

Las medidas más significativas que se tomaron iban en dos direcciones: una miraba hacia el pasado y la otra hacia el futuro. De cara al pasado, en 1941 se aprobó una Ley de Tierras con el fin de cumplir una promesa esperada por muchos: la articulación de una reforma agraria y minar el latifundismo mediante el cumplimiento de la vieja Ley de los 500 acres que prohibía a la corporaciones acaparar tierras más allá de aquella extensión. Para ese fin se fundó una agencia denominada Autoridad de Tierras. De cara al futuro, luego de algunos esfuerzos infructuosos en aquella dirección en 1944 y 1945, no fue hasta 1947 que se aprobó una Ley de Incentivos Industriales que concedía exención contributiva a los inversionistas extranjeros y que fue la base de la “Operación Manos a la Obra”, fundamento del proceso de industrialización del país. La industrialización había sido sugerida como una alternativa de futuro para el país del 1934 por el entonces Canciller o rector de la Universidad de Puerto Rico el Dr. Carlos Chardón por lo que se trataba de una opción que habían compartido los intelectuales del Partido Liberal Puertorriqueño y luego del PPD.

La meta era convertir a Puerto Rico en un lugar apropiado para la inversión de capital americano. Las razones para ello era que Europa y Japón estaban reconstruyéndose de la devastación producida por la guerra; mientras África y el Sudeste Asiático, estaban en proceso de salir del coloniaje a la vez que China caminaba hacia el Comunismo, sistema que se consolidó en aquel inmenso país en 1949. Recuerde el lector que tras la guerra, los imperios coloniales inglés, francés y holandés se estaban disolviendo y la Unión Soviética, el principal aliado de Estados Unidos contra el nazismo, se había convertido en el enemigo desde 1947.

Aquellas políticas de los populares trabajaban los dos frentes más importantes del partido de gobierno y de Muñoz Marín. El agrario, con la intención de establecer acceso democrático a la tierra, y el industrial, estableciendo las condiciones concretas para su fomento: hacer de Puerto Rico un paraíso fiscal sobre la base de exenciones. Es curioso que, todavía al presente, se siga pensando en que esa es la única salida que tiene el país a pesar de que históricamente, se pueda demostrar que aquellas prácticas nunca han garantizado un crecimiento seguro y permanente.

 

Las entidades

Las entidades de mayor relevancia fueron la Junta de Planificación, creada en 1942, la cual tendría la responsabilidad de desarrollar un “Plan Maestro de Desarrollo” cuya articulación descansaría en manos de la Compañía de Fomento Industrial. El culto a la “planificación” como alternativa a la “anarquía capitalista” se generalizó después de la Gran Depresión en espacios tan disímiles como Washington y Moscú. Roosevelt y Stalin caminaban el mismo sendero que trataba de imponer la racionalidad al mercado en nombre del progreso material.

Aquel mismo año 1942, se creó el Banco de Fomento, institución que apoyaría con crédito barato el financiamiento de empresas privadas y públicas que allanaran el camino a la industrialización. Otra vez mirando hacia el pasado agrario, se estatuyó en 1945 Compañía de Fomento Agrícola cuyo objetivo era responder los reclamos de los agricultores medianos y los colonos de la caña. Cuando en 1950 la Compañía de Fomento se puso en manos de Teodoro Moscoso, el Banco de Fomento ya era uno de los motores de crecimiento de renglones como el de la construcción que ha sido considerado uno de los pilares del desarrollo industrial del país hasta el presente.

Sobre esa base se manufacturó una imagen de Puerto Rico en la que este ofrecía un espacio privilegiado de producción caracterizado por la paz social, la mano de obra barata y la exención contributiva al capital extranjero. El problema era que el “extranjero” en Puerto Rico, que tenía una relación de libre mercado con Estados Unidos, se limitaba a aquel país. El paraíso fisca fue también un paraíso para la inversión americana y, mientras aquellas condiciones se mantuvieran, el esquema debía ser al menos funcional.

 

Turismo: el paraíso tropical

Las corporaciones públicas

Las corporaciones públicas cumplieron un papel protagónico en la inversión en infraestructura, aspecto más visible del cambio y la modernización. En 1941 se fundó la Autoridad de Recursos Hidráulicos que tenía la responsabilidad de promover la electrificación del país mediante el aprovechamiento del potencial hidrológico de la isla, una de las mejor irrigadas del Caribe, y facilitar el acceso a agua potable a bajo costo a las mayorías. El papel que tuvo el consumo de agua potable en la higiene y la salud pública fue enorme, por cierto, pero es un asunto que no se puede discutir en este espacio. En 1942 se instituyó una Autoridad de Transportes que desarrollaría la transportación pública en la zona metropolitana de San Juan, región privilegiada de las políticas desarrollistas de los populares; y una Autoridad de Comunicaciones que difundiría la telefonía y la telegrafía, recurso que apenas habían asomado en las zonas urbanas del país hacia la década de 1890. En 1945, como último ejemplo, se creó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cual se encargaría de distribuir agua potable y de disponer eficazmente de los desperdicios sanitarios por medio de un sistema de alcantarillados urbanos que todavía en el presente no ha llegado a todas las regiones del país.

Vistas en su conjunto, aquellas reformas significaban el aspecto más visible de la modernización de Puerto Rico y desprenderlas del Partido Popular Democrático resulta extremadamente difícil. En su conjunto, hacían al país más atractivo para los inversionistas americanos quienes, en su mayoría, estaban acostumbrados a las comodidades de la vida moderna desde hacía más de 50 años. Para los puertorriqueños comunes, los cambios eran una demostración de progreso social que había que aplaudir. Celebrándolos celebraban al PPD en el poder, organización que entre 1940 y 1964, ganó todas las elecciones por una amplia mayoría.

El Estado Libre Asociado y el Partido Nacionalista (1950-1954)

• Mario R. Cancel-Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950 fue, entre otras cosas, una respuesta bien articulada a los retos políticos impuestos por la Guerra Fría, el  proceso de descolonización y la actitud colaboracionista del Partido Popular Democrático con las autoridades de Estados Unidos. La acción protestó además contra la Ley 53 o La Mordaza de 1948, contra la Ley 600 y contra la Asamblea Constituyente que por aquel entonces se planificaba. Pero sobre todo fue un arriesgado acto de propaganda que se elaboró con el propósito de llamar la atención internacional sobre el caso colonial de Puerto Rico y las posibilidades de la resistencia armada en el territorio. En un sentido simbólico representó la reinvención de la situación que produjo, con efectos análogos, la Insurrección de Lares en septiembre de 1868.

Residencia de Pedro Albizu Campos en San Juan

El centro militar de la conjura fue el barrio Coabey de Jayuya. La finca de la militante Blanca Canales (1906-1996) sirvió como  centro de entrenamiento y de mando, así como de depósito de armas para los rebeldes. Fue allí donde se proclamó la República y se izó la bandera de la Nación, muy parecida a la que en 1952 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico oficializara como signo del país. Allí se fundó, como en Lares, la Nación Simbólica y se sacralizó su soberanía política.

El plan de los rebeldes era, una vez tomada la municipalidad de Jayuya,  resistir el tiempo que fuese necesario hasta que la comunidad internacional reconociera la beligerancia puertorriqueña y legitimara  su voluntad soberana. Algunos veteranos del ejército me comentaron en Jayuya en el 2008 que la selección de la localidad se había hecho sobre la base del notable potencial agrario de la región montañosa y sus posibilidades de sobrevivir en caso de que la insurrección no fuese efectiva en otras partes del país.  Las fuerzas nacionalistas de aquella localidad estaban al mando de Carlos Irizarry, militante que era, además, veterano de la Segunda Guerra Mundial.

El centro político o público fue, desde luego, San Juan donde se encontraba la casa del Partido Nacionalista y vivía su líder Albizu Campos. La Voz de la Nación era aquel abogado. La prensa puertorriqueña e internacional, miraría hacia donde él estuviese y los actos que se ejecutaran contra su persona con el fin de arrestarlo, servirían para proyectar el hecho de que en Puerto Rico se luchaba a favor de la descolonización por un camino alterno al que había marcado la Ley 600. Los centros rebeldes mejor preparados fueron los de los pueblos de Utuado, Mayagüez y Naranjito, pero la presencia de comandos nacionalistas era visible en una parte significativa de la isla.

Las acciones de Jayuya se combinaron con dos atentados suicidas que demostraban los riesgos que era capaz de tomar el Nacionalismo Revolucionario. El primero fue encabezado por el nacionalista y también veterano de guerra, Raimundo Díaz Pacheco (1906-1950)  y tuvo por objetivo la residencia oficial del gobernador Muñoz Marín , es decir, La Fortaleza. El otro estuvo compuesto por los militantes Griselio Torresola (1925-1950) y Oscar Collazo (1914-1994), quienes atacaron la Casa Blair, residencia temporera del presidente Truman en Washington. Ninguno de los dos magnicidios consiguió su objetivo pero el impacto propagandístico de ambos fue enorme.

Antecedentes inmediatos

La Insurrección Nacionalista estalló el 30 de octubre de 1950. Todo parece indicar que los días previos fueron de intensa preparación para una situación que Albizu Campos había planeado con mucha calma desde su salida de la cárcel de Atlanta en 1943.  Los registros del taquígrafo de  record y funcionario de la Policía Insular Carmelo Gloró documentan que el 26 de octubre, cuando se conmemoraba el día del natalicio del General Antonio Valero de Bernabé en Fajardo, Albizu Campos adoptó un tono marcial que inevitablemente resultaba en un llamado al combate inminente. Para quienes conocen el calendario patriótico del Partido Nacionalista, la relevancia de Valero de Bernabé y su vinculación con el mito bolivariano, explican por qué aquella fecha  resultaba idónea para informar a la militancia sobre la necesidad de una movilización.

Ataque a La Fortaleza en 1950

El día 27 de octubre, un grupo de nacionalistas fueron detenidos por la Policía Insular mientras transitaban por el Puente Martín Peña en la capital. Durante la intervención  se les ocuparon dos pistolas  calibre  37, una subametralladora, cinco explosivos de bajo y mediano poder que incluían los clásicos coctel,  algunas bombas tipo niple y varias cajas de balas. Todo parece indicar que aquel acontecimiento fue crucial para que se tomara  la decisión de que la Insurrección sería el día 30 dado que se llegó a temer que aquellos arrestos fuesen la primera de una serie de actos represivos que pondrían en peligro el objetivo de los rebeldes.

El 28 de octubre estalló un motín en la Penitenciaría Estatal de San Juan bajo el liderato del presidiario  Pedro Benejám Álvarez. El mismo  desembocó en un escape masivo de presos. Benejám era también  veterano de guerra  y había sido traficante de armas robadas al ejército de Estados Unidos. Por aquel entonces se alegó que el motín estaba conectado con la conjura nacionalista y se aseguraba que Benejám estaba comprometido a suplir armas y hombres a la revuelta.

Durante los días 28 y 29 de octubre,  las tropas nacionalistas se movilizaron y se reconcentraron en el Barrio Macaná de Peñuelas. La residencia de militante  Melitón Muñiz Santos, fue usada como centro de distribución de armas y tareas para el evento que se acercaba.

Objetivos militares y el plan de combate

La meta principal de los Comandos Nacionalistas, conocidos desde 1934 como Cadetes de la República, fue la toma de los cuarteles de la Policía Insular, prioridad que parece demostrar la necesidad de armas que caracterizaba al movimiento rebelde. Aquel objetivo militar se unía a un plan concertado para ocupar las oficinas de teléfono y telégrafo locales con la intención de incomunicar las localidades una vez fuesen tomadas. Un segundo objetivo de los Comandos Nacionalistas fue ocupar las alcaldías, centro que representaban el poder colonial y el colaboracionismo de los populares con las autoridades estadounidenses.

El tercer objetivo fueron las dependencias del Gobierno Federal en Puerto Rico tales como los correos y las oficinas del Servicio Selectivo de las Fuerzas Armadas. El Partido Nacionalista había conducido una campaña muy persistente en contra de la participación de los puertorriqueños en el ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.  Debo llamar la atención sobre otro elemento que me parece crucial. La Guerra de Corea, la primera confrontación violenta de la Guerra Fría, había iniciado en junio de aquel año y, como se sabe, ya en las primeras semanas de octubre la tropas de la Organización de la Naciones Unidas al mando del General estadounidense Douglas MacArthur, habían sido movilizadas contra los ejércitos de Corea del Norte y la República de China.  El mundo estuvo al borde de una conflagración atómica en aquel contexto por lo que la Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, se iniciaba en un momento muy complejo en que la fiebre anticomunista dominaba el lenguaje político internacional.

Arresto de Pedro Albizu Campos en 1950

La táctica utilizada fue la de las guerrillas urbanas. Se trataba de  bandas o grupos pequeños que se tomaban enormes riesgos militares hasta el punto de que algunos de ellos funcionaban más bien como  comandos suicidas. Los soldados nacionalistas más experimentados contaban, como se sabe, con formación militar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, todo parece indicar, que los nacionalistas constituyeron un ejército muy disciplinado y dispuesto a cumplir con las órdenes de sus superiores. Los logros militares más notables de aquel esfuerzo se redujeron al hecho de que Jayuya, el centro de la conjura, permaneció en poder de los Nacionalistas hasta el 1ro. de noviembre , pero la movilización de la Guardia Nacional, cuerpo militar que contaba con armas de repetición, morteros, artillería ligera y aviones de combate, forzó la rendición de la plaza con el fin, según algunos, de evitar la devastación del barrio. En aquel momento la desventaja en capacidad de fuego de los rebeldes se hizo patente.

Un juicio

La impresión que deja aquella situación es que, igual que en el caso de la Insurrección de Lares de 1868, la Insurrección de Jayuya parece haber sido también producto de la precipitación y la prisa. Los defensores de Jayuya no contaban con armamentos capaces de enfrentar vehículos blindados, ni con artefactos bélicos antiaéreos. Entre los pertrechos ocupados a los rebeldes había pocos explosivos de alto poder: las bombas tipo niple y los explosivos a base flúor parecen haber sido el límite de su capacidad explosiva.

Nacionalistas indultado por la administración de Roberto Sánchez Vilella en 1968

El gobernador Muñoz Marín, la Policía Insular y la Guardia Nacional manejaron el asunto de una manera muy diplomática con el fin de evitar el golpe de propaganda que podría producir a nivel internacional un acto de represión masiva contra los rebeldes. El prestigio de Albizu Campos y su proyección mundial debieron pesar mucho en aquel momento. Ejemplo de aquella actitud cuidadosa fue el hecho de que nunca se declaró un “estado de emergencia” y que, con el fin de disminuir el efecto negativo que aquel acto podía tener sobre su imagen, Muñoz Marín pidió disculpas a Estados Unidos en nombre Puerto Rico y proyectó la Insurrección como un acto aislado y de poca relevancia.

Albizu Campos, arrestado en su casa tras una intensa resistencia, fue condenado a 53 años de  prisión. Su destino parecía ser morir en la cárcel. Sin embargo, la presión de una campaña humanitaria internacional  a favor de su excarcelación, provocó que el líder rebelde fuese indultado por Muñoz Marín en 1953.  Como dato curioso, el indulto se ordenó el 30 de septiembre de aquel año y Albizu Campos lo rechazó. Las autoridades carcelarias tuvieron que expulsarlo de la penitenciaria a pesar de su oposición.

Albizu Campos era un mito político muy poderoso, una figura que estaba, por decirlo de algún modo, más allá de la política cotidiana y de la domesticidad. Su proyección internacional como un mártir de la independencia era incuestionable. Reducirlo a las pequeñeces de la política local en tiempos de la Guerra Fría requeriría un esfuerzo monumental. Lo cierto es que figuras como la de Albizu Campos representaban una contradicción en aquella década del 1950 en la cual el Realismo Político y el pragmatismo se imponían en la vida política local. Albizu Campos era demasiado irreal para una generación política que había decidido someterse y ajustarse a la corriente que provenía de Washington.